Este 23 de enero entraría en
vigencia en todo el país la IVE, la
cual es obligatoria
Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021.
No son necesarias las adhesiones provinciales. Luchar tiene sus frutos.
Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito:
Esta ley es el logro de la lucha colectiva sostenida por varios años por mujeres y disidencias sexuales de todo el país. Una lucha que hemos dado de forma transversal y federal, interpelando a diversos sectores de la política para generar una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos a la realidad de los embarazos no deseados y para erradicar la violencia de la criminalización y la negación del derecho a la salud de quienes deciden abortar.
Ha llegado este día tan ansiado, esperado y por el cual hemos militado incesantemente. En Argentina será legal interrumpir una gestación por la sola decisión de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo continúan vigentes los abortos legales en casos de peligro para la salud o en casos de violencia sexual previstos por el Código Penal desde 1921. La ley promulgada hoy debe ser cumplida por las y los profesionales de la salud, por los operadores de la Justicia y por otros agentes del Estado en todas las jurisdicciones del país. No es necesaria su reglamentación ni se requieren adhesiones provinciales desde la puesta en vigencia para ejercer el derecho.
La ley 27.610 reconoce el derecho a la autonomía, al trato digno, a la información, a la confidencialidad, a la privacidad y a la atención de calidad de quienes solicitan un aborto o atención post aborto, tanto en el ámbito público como privado. La lucha que comenzamos hace años, con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate, continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley y con la promoción de este derecho que los feminismos supimos conquistar.
La educación sexual integral, la provisión de anticonceptivos y la garantía del derecho al aborto legal seguro y gratuito será la bandera que seguiremos levantando en cada rincón del país para que el derecho reconocido a través de la ley sea una realidad para todas las mujeres,
niñas, lesbianas, bisexuales, trans y no binaries que habiten el suelo argentino.
En este día de celebración para los feminismos de este país, más que nunca proclamamos nuestro lema de lucha:
¡Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir!
Aborto legal: el Gobierno publicó la ley en el Boletín Oficial con un cambio
El Gobierno formalizó la promulgación de la legalización del aborto y la ley de los mil días a través de la publicación en el Boletín Oficial de los respectivos decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.
Con el decreto número 14/2021 se promulgó -con una observación- la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que según estimaron oficialmente entrará en vigencia a más tardar el 23 de enero, luego de su publicación en el Boletín Oficial.
La «corrección» acordada con los senadores
El Presidente hizo una aclaración sobre el articulado de la ley, acordada tras la aprobación de Diputados y en el marco de su debate en el Senado. Esa negociación a último momento, permitió que la iniciativa recibiera los votos de Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro).
Durante el tratamiento en la Cámara alta, la miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había explicitado que se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra «integral» de los textos de la ley. Se trata de los artículos 4 y 16.
El artículo 4 establece finalmente que «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional».
También dice que «fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación». Además, el texto original decía que si «estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante», pero el PEN dispuso «observar» la palabra «integral».
«El agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso», fundamenta el decreto, que también señala que «la ‘salud’ como concepto es autosuficiente por lo que, a los fines de guardar consistencia normativa y de asegurar que la atención de la salud se realice de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales asumidos para la protección de ese derecho».
El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que «no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional». En este artículo inicialmente también figuraba la palabra «integral», pero se produjo la supresión como en el caso anterior.
El Gobierno aclaró que «la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso».
Los plazos para acceder a un aborto legal
La ley de IVE pone énfasis en el derecho de las mujeres a resolver la interrupción del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicite.
El texto de la normativa establece que «en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional».
Más allá de ese plazo se podrá interrumpir si la gestación fuera producto de una violación, mediante el solo requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional o personal de salud interviniente; o también si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada.
La ley de los mil días
Además, a través del Decreto 15/2021 quedó formalmente en vigencia la Ley 27.611, conocida como «de los mil días.
La ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral consistente en el pago anual de una Asignación Universal por Hijo (AUH) con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida.
Gatillo fácil: un cartonero falleció
tras ser baleado por la Policía de la
Ciudad
Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021.
El hombre había resultado herido de gravedad el último 31 de diciembre, cuando una oficial de la fuerza de seguridad porteña le disparó con su arma reglamentaria.
Luego de permanecer internado durante dos semanas, Pablo Pereyra falleció en el Hospital Ramos Mejía el último miércoles. El hombre, que trabajaba como cartonero, había recibido un disparo por parte de una oficial de la Policía de la Ciudad el último 31 de diciembre. La mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado por abuso de la función como miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de armas de fuego.
La uniformada trabajaba en el Anexo de la Comisaría Vecinal 1 C, en Constitución. Según las fuentes policiales, ese día la oficial abrió fuego cuando un hombre intentó robarle el celular. Sin embargo, la bala terminó hiriendo mortalmente al cartonero, que se encontraba a 100 metros de donde sucedió el hecho. En su declaración, el ladrón aseguró que no estaba armado, lo que complica la situación de la mujer que permanece detenida.
Desde enero del 2017 -cuando la Policía de la Ciudad reemplazó a la Metropolitana- hasta diciembre del 2020, las fuerzas de seguridad gestionadas por Horacio Rodríguez Larreta cometieron 91 fusilamientos de gatillo fácil, según el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Hasta el momento, el cuerpo policial cuenta con 30 mil efectivos, y el Jefe de Gobierno asegura que deberían ser más.
Mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que debería haber 300 policías por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de Buenos Aires hay 750, un 150% más de lo recomendado. “En CABA también hay patrullaje urbano a cargo de prefectura, gendarmería y policía federal, lo que eleva la tasa a 900 cada 100 mil habitantes, lo que convierte a la Ciudad en una de las más militarizadas del mundo”, agrega el informe de la Coordinadora.
Fuente: AnRed
Envio:RL
A seis años de la muerte del fiscal
Alberto Nisman: El único peritaje que sostuvo la hipótesis del asesinato no respetó ningún protocolo
Imagen: NA
“La Gendarmería Nacional no observó los protocolos de actuación en la escena del crimen y en el análisis de lo ocurrido en el peritaje del caso de la muerte de Alberto Nisman. La fuerza que, por otra parte, estaba desactualizado respecto de los avances científicos.” El texto es parte de una revisión completa, ordenada por el Ministerio de Seguridad, de todos los peritajes hechos por las fuerzas nacionales de seguridad en casos de importancia y servirá de base para el establecimiento de un nuevo protocolo que se pondrá en marcha en los próximos meses. Aquel peritaje de la Gendarmería es el único elemento con el que la trama judicial-política-mediática alineada con Cambiemos sostiene la hipótesis de que Nisman fue asesinado. Y como se trató de un estudio delirante, contradictorio con lo señalado por forenses y peritos idóneos, el juez y el fiscal esquivaron lo que se hace en todos los expedientes: llamar a declarar bajo juramento a los peritos para que expliquen cómo obtuvieron las conclusiones. A seis años de la muerte --se cumplen este lunes--, está claro que Nisman se disparó a sí mismo y eso hace que se haya diluido la campaña de Cambiemos y sus aliados para adjudicarle la muerte al peronismo.
El estudio sobre los peritajes de las fuerzas nacionales de seguridad --incluyendo específicamente el del caso Nisman-- y los nuevos protocolos estarían terminados el mes que viene. Por indicación expresa de la ministra Sabina Frederic, participan especialistas de todas las fuerzas, pero también científicos del Conicet y hasta se están realizando consultas con referentes internacionales en la materia. No es un trabajo que se entregará en la causa judicial, pero dejará en evidencia, una vez más, la manipulación que se hizo.
De hecho, el texto que se prepara dice: “Así, el área científica y técnica en cuestión, que --como se ha mencionado-- no había seguido los pasos establecidos por el protocolo arriba aludido, como toda instancia de trabajo profesional requirió de la recomposición de su organización, en función de los saberes que exige el avance del conocimiento científico a nivel nacional e internacional en la materia”.
Nada
El peritaje de la Gendarmería es la base en la que se sostiene --¿se sostiene?-- la causa judicial. Al cumplirse seis años de la muerte de Nisman, el expediente no avanzó ni un paso porque, justamente, al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano les resultó imposible conseguir siquiera una prueba sobre los hechos más elementales que indicarían que hubo un asesinato aquel fin de semana del domingo 18 de enero:
* No hay ninguna evidencia de que alguien haya entrado al edificio Le Parc donde vivía Nisman.
* Tampoco se encontró ningún rastro que indique que alguien entró al departamento del piso 13, cerrado por dentro, con sendos pasadores puestos en la puerta principal y en la de servicio.
* Tampoco dentro del baño se encontró ninguna evidencia del ingreso de otra persona que no fuera el mismo fiscal. O sea, Nisman se suicidó.
* Al técnico informático Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma a Nisman y que, según está probado de manera demoledora, no estaba en el departamento a la hora del disparo --las cámaras demostraron que se fue a las 20.30.54--, no se le encontró en seis años ningún vínculo extraño ni llamadas sospechosas. Se lo imputó como partícipe de un comando que supuestamente mató a Nisman pero no se le detectó relación con ninguna persona sospechosa de integrar el inexistente comando.
* En el departamento no había desorden ni rastros de pelea ni vestigios de lesiones defensivas del fiscal que, por lo tanto --según la hipótesis oficial surgida de la Gendarmería-- se dejó llevar mansamente por tres sujetos hasta el baño.
Falso testimonio
Como el peritaje de la Gendarmería --realizada a pedido de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich-- llegó a conclusiones descabelladas, el fiscal Taiano, que instruye la causa, eludió convocar a los responsables para que declaren bajo juramento y afronten, de manera más clara, el riesgo de ser imputados por falso testimonio agravado en causa penal, que prevé una pena de hasta diez años de prisión. Pese a que los abogados de Lagomarsino, los doctores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron esa medida en forma reiterada, en todos estos años no se concretó. Y mucho menos se aceptó que quienes hicieron la autopsia --el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema-- y quienes integraron la junta médica y la junta de criminalistas que analizaron el caso confronten sus conclusiones con los responsables de la División Pericias de la Gendarmería. Dentro de la misma fuerza verde es un secreto a voces que el peritaje es insostenible.
Delirios
La secuencia imaginada por los gendarmes tenía como punto central que a Nisman virtualmente lo durmieron --anestesia disociativa-- con ketamina, un fármaco inadecuado para sedar a una persona y que, por supuesto, no hubiera sido usado por un comando sofisticado como el que inventaron en la causa judicial. De todas maneras, esa fue la manera en que trataron de explicar por qué Nisman, que medía casi 1.90, no presentó ninguna resistencia ni lesiones defensivas.
La propia Gendarmería no pudo sostener su hipótesis porque no logró establecer cuánta ketamina tenía Nisman en el cuerpo, al punto que en la página 51 del informe tuvieron que poner las letras N/C, que significa no cuantificable. En el texto admiten que sólo tenía trazas, o sea una cantidad que no serviría para anestesiar a nadie. Tampoco la Gendarmería pudo determinar cómo ingresó la ketamina en el cuerpo, porque no se encontró ningún rastro de una inyección y, peor aún, la ketamina no aparecía ni en la orina ni en ninguna de las vísceras.
El CMF hizo trascender que las muestras se pasaron por dos cromatógrafos --aparatos sofisticados para la detección toxicológica--, ambos modernos, y que no apareció ningún rastro de ketamina.
Golpes
Como es obvio, aún en el delirio de la Gendarmería, Nisman no hubiera permitido que le suministren la ketamina. De manera que en el peritaje inventaron que lo inmovilizaron con una golpiza, empezando con una fractura de la nariz. La afirmación la hicieron sin haber tenido nunca el cuerpo delante, ya que la Gendarmería no hizo la autopsia, sino que únicamente accedió a fotos y radiografías. Los voceros del CMF explicaron que los gendarmes --que no hacen autopsias-- confundieron una toma levemente lateralizada de la nariz con una fractura. Como es obvio --dijeron--, una lesión de esa naturaleza hubiera producido enormes hematomas y marcas, que Nisman no tenía. También confundieron un derrame biliar, habitual por la descomposición del cuerpo, con un golpe y lo mismo ocurrió con la marca que dejan los dientes en los labios cuando se produce la muerte y que también diagnosticaron equivocadamente como un golpe.
Elemental
La manipulación derivó en otro delirio que constituye un récord mundial: la Gendarmería estableció el minuto de la muerte, a las 2.46 de la madrugada del domingo 18 de enero de 2015. La afirmación va totalmente contra la ciencia: no existe peritaje en el mundo que indique el minuto exacto de una muerte, porque juegan un montón de factores, entre ellos las características de cada cuerpo, la temperatura ambiente, la existencia o no de agonía.
Pero, además, está probado que a las 7.30 Nisman estuvo revisando sus mails, leyó PáginaI12 y otros diarios y entró a ver fotos en Instagram de una chica con la que había estado tres días antes. Todo fue establecido por el perito informático Marcelo Torok y no pudo ser rebatido por los demás peritos. La suma de todos los elementos --autopsia, junta de forenses, junta de criminalistas, peritaje de las manos de Nisman, peritaje informático-- llevan a las conclusiones que establecieron los especialistas: “No se observa la participación de terceras personas” o “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”.
Aunque Comodoro Py no quiere ni oír hablar de semejantes desastres que demuelen la causa Nisman, el Estado estaba obligado a analizar cómo se hicieron todas estas barbaridades. En el listado entran también los peritajes sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y otras varias. Por supuesto, el objetivo es evitar que se repitan tamañas manipulaciones. A eso apunta la revisión que está muy avanzada y que se conocerá en el próximo tiempo.
Apuntó contra Macri por su gestión educativa
Alberto Fernández confirmó que "en marzo iniciarán las clases"
"Hemos decidido que las clases vuelvan con los cuidados del caso, por eso estamos en condiciones de confirmar que en marzo las clases se iniciarán. Le he pedido al ministro que el plan de estudio sea revisado para que en el transcurso de este año, se puedan recuperar los contenidos que durante 2020 pudieron haber quedado soslayados producto de las restricciones", manifestó el jefe de Estado en diálogo con el portal Data Clave.
En línea con los dichos del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien señaló esta semana que la presencia en la aulas será "el organizador del sistema educativo", Fernández detalló que "están elaborando esa planificación" y adelantó que se presentará en los próximos días, ya que "el dictado de clases es un aspecto prioritario en este año".
"Hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen. Pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo. Perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad y eso es algo que no nos podemos permitir", remarcó.
Por otro lado, se refirió a las dudas planteadas por los gremios docentes y aclaró que el objetivo es que "todos los docentes reciban la vacuna junto al personal de seguridad, porque es esencial que ellos estén protegidos de los contagios".
Sobre este punto, explicó que "el propósito es minimizar en ellos cualquier posibilidad de que contraigan la enfermedad y que puedan trabajar tranquilos y seguros". Y agregó: "Yo entiendo que a partir de esta cobertura de inmunización no debería haber ninguna oposición por parte de ellos".
Al final de la entrevista, el máximo mandatario habló sobre las recientes críticas del expresidente Mauricio Macri, quien a través de un comunicado de Facebook repleto de mentiras, acusó al Gobierno de negarse a reabrir las escuelas, y opinó que "los mismos que maltrataron a los docentes, convierten el problema en un acto de oportunismo electoral".
"El retorno a las aulas es una necesidad de toda la sociedad. Por eso debemos pensar en ello con los cuidados debidos para los alumnos y con las garantías sanitarias para los maestros y profesores. Muchos no lo entienden así", enfatizó el Presidente.
Por último, dejó un duro mensaje contra la oposición: "Convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso. Pero en realidad cuando se refieren de este modo, nos hacen recordar que son los mismos que cuando gobiernan descreen de la educación pública, maltratan a los docentes y solo han demostrado su desprecio por la educación reduciendo la inversión del Estado en esa área".
El Gobierno reordena prioridades económicas en un año electoral
El giro heterodoxo, en el espejo del establishment
Hay algunas señales de un giro circunstancial en la consideración del Gobierno Nacional respecto a la política económica que empiezan a ser visibles. La más elocuente, una reacción del establishment ante lo que cree es un viraje heterodoxo, con más controles del Estado sobre variables y el ojo puesto en amortiguar los impactos negativos en sectores medios y bajos, más que en cuidar la caja. Si para el Gobierno de Alberto Fernández el 2020 permitió centrarse en la normalización de algunos costos y ordenar el escenario macro, esta primera parte del 2021 lo tendrá ocupado en una economía real dañada por la herencia y la pandemia, justo en un año electoral clave para que el oficialismo recupere el terreno parlamentario perdido y para que, según se explica en Casa Rosada, no queden truncas reformas de fondo que vendrían más adelante.
Naturalmente, en el frente interno también hubo cambios de visión. Cuentan en los ministerios económicos que aquel llamado de atención de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre un proceso de crecimiento con puja distributiva que no debería dejar algunos pocos ganadores, pasó de ser un punto disruptivo a un sujeto aglutinador de una idea. Los movimientos en las carteras y algunas decisiones lo dejan de manifiesto. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, un heterodoxo fiscalista que cree en la política, parece ser uno de los mejores intérpretes de que la nueva etapa del país -con perspectivas de crecimiento, pero luces amarillas en el frente inflacionario, de los salarios y el empleo-, necesita intensificar las vinculaciones políticas y reforzar la mirada mercado internista, agregada a la ya presente idea de un modelo exportador.
Tarifas
Hace unos días, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), que nuclea a firmas como Edesur y Edenor, despertó de un largo letargo comunicacional con un texto que alerta sobre los efectos negativos que el congelamiento tarifario podría tener en la prestación del servicio. Desechando la posibilidad de que los ceos de la luz cuenten con poderes adivinatorios, ese lobby refleja que el sector pasó de pensar, en base a las señales que le dio el gobierno, que habría una recomposición tarifaria acorde a sus necesidades, para entender ahora que la nueva etapa tendrá una reducción de subsidios más moderada y una segmentación tarifaria quirúrgica. Las eléctricas, que ya llevan dos años sin subir pero que en la era Cambiemos aumentaron más de 2000 por ciento, serán parte de las presiones más fuertes.
El Foro de Convergencia Empresarial, que nació en 2014 cuando la interlocución empresaria con CFK se había complicado, salió también al cruce del congelamiento a las tarifas de medicina prepaga y los aumentos autorizados por el Gobierno a telefonía e Internet. Es uno de los polos del establishment que juega a la política partidaria, tras el ostracismo de cuatro años sin actividad más que protocolar en la era Macri. Esos dos servicios tendrán subas, pero sólo justificadas en esquemas de mayores costos, lo que altera los nervios de más de un ceo.
La tercera señal de resistencia del establishment contra un viraje provino del campo. El caso de la intervención, desordenada y luego corregida, en el asunto de los precios del maíz terminó con un lock out patronal de los sectores ultra, que pujan por mercados liberados. En el Gobierno aseguran que la exportación, de diferentes rubros, es central para su modelo, pero que la idea es descalzar los precios locales de todos los derivados de los commodities de los valores internacionales. Por eso, luego de las negociaciones que se siguen dando en ese sentido con la Mesa del Maíz y el Consejo Agroindustrial, seguirá el Gobierno con los precios de la carne, producto que en un año tuvo un alza de 75 por ciento y de 20 por ciento sólo en diciembre, distorsionando el IPC del INDEC de cierre del año. En esa línea está, también, el no descongelamiento total de Precios Máximos, que debía vencer el 31 de enero pero que seguirá en una especie de fin paulatino con muchos productos pasando a la esfera de Precios Cuidados.
Frente interno
“Estamos ordenando la economía real más que con heterodoxia, con pragmatismo”, contó una fuente oficial a Página I12. Es que en el Gobierno entienden que la anormalidad de la pandemia obliga a zigzaguear en soluciones dinámicas, no absolutas. Así, el crecimiento con la menor inflación posible y, a la vez, estabilidad cambiaria, es la meta uno. Viendo la interna oficial, hay en los equipos de Guzmán movimientos en este sentido. El más fuerte, la salida de Haroldo Montagu de la Secretaría de Política Económica, reemplazado por Fernando Morra. Compañero de Guzmán en la Universidad de La Plata, es experto en procesos de desinflación y los que lo trataron aseguran que fue horneado en el mismo molde que el ministro: pocas palabras, cautela, ejecución y escasos gestos a la prensa. Asume en el lugar más incómodo, el frente indomable de los precios, que vienen de dos recesiones en alza: una sin pandemia epidemiológica y otra con la COVID 19.
También cree Morra que la política es central para la supervivencia. En ese terreno se asienta Guzmán para edificar poder de fuego en la interna y hacia afuera. Los ministros de las áreas económicas, en charlas que han tenido en los últimos días, comparten que el crecimiento se logrará en base a consensos, pero que hay sectores como los antes mencionados, que lo que quieren es disputar poder, pesar en las decisiones. Lo graficó en un comunicado posterior al paro Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales (CRA), reclamando que antes de que el Estado decida, debe consultar a los privados. Meses atrás, lo admitió el propio ceo de Clarín, Héctor Magnetto, ante un Guzmán que debió ponerle freno.
En este escenario el jefe de Economía salió y saldrá a la ruta con diferentes padrinos políticos, llevando al interior un evangelio con algunas ideas fuerza. El capítulo más reciente, la visita a Entre Ríos con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Allí, les dijo a los empresarios que el BCRA está en un proceso de recuperación de reservas, que habrá crecimiento pero que se necesita el apoyo de todos para salir de la volatilidad cambiaria. También señaló algo clave: bancó la reestructuración de deuda de la provincia que comanda Gustavo Bordet y alineó esas negociaciones a la nacional deslizando que los dólares están todos en una sola caja. Hará lo propio la semana próxima en Chilecito y días más tarde en el Chaco.
El Fondo a la derecha
Días después de que Ford anunciara que dejó de producir vehículos en Brasil, el mercado más grande la región, el titular de la compañía para Argentina se reunió en Casa Rosada con el Presidente Fernández. Le garantizó la inversión y le dijo que quieren que el país sea un polo de relevancia. El secretario de Industria, Ariel Schale, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le acercaron al mandatario números impactantes de producción de vehículos, que reflejan alzas superiores al 100 por ciento.
Todos los papeles que estos funcionarios tienen sobre su escritorio reflejan, como los datos de la UIA, que la industria parece caminar en terreno firme no sólo en actividad sino en empleo. El crecimiento de la capacidad instalada fabril del 60,7 a 63,3 interanual en noviembre, es leído por el Estado y los privados como el inicio de la incorporación de personal.
Si bien hay otros rubros en alza, como la construcción, en el Gobierno toman como indicador principal el de la recaudación de la AFIP, que ya tiene 5 alzas al hilo, cuando el Estado tuvo meses de caída, producto de menores tributo por pandemia. En esta línea, el Gobierno también marcará la cancha, en cada partido, respecto a las presiones de bajas de impuestos.
Ante los empresarios de Entre Ríos, Guzmán contó una anécdota vinculada al tema. Se enteró de que en cada reunión que la misión del FMI tuvo con empresarios, les dijeron que había que bajar impuestos, pero mantener las políticas de salvataje a empresas en pandemia. “Así no cierra, ¿se dan cuenta?”, expresó.
De este modo, la pregunta que queda en el aire ante este giro menos conservador del Gobierno es cómo repercutirá eso en la negociación por la deuda con el Fondo Monetario. Cuando se les pregunta a los funcionarios locales y operadores internacionales sobre el asunto, advierten que, quizás, esto no afecte directamente pero sí juegue en los plazos. Ese acuerdo que se pensaban más para marzo o abri,l podría extenderse hacia adelante, aun cuando deba empezar la negociación con el Club de París.
La pulseada de la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria contra el gobierno
A quién representa y a qué juega la Mesa de Enlace
¿A quién representa la Mesa de Enlace? Mientras el gobierno lograba juntar a la más amplia representación del complejo agroindustrial en la denominada Mesa Sectorial de Maíz (una iniciativa privada para buscar concertar con las autoridades políticas para el consumo interno y la exportación), tres de las cuatro entidades rurales de renombre iban a un cese de comercialización de tres días. "Una medida banal, sin efectos en la práctica", señalaron en el sector, teniendo en cuenta que el cierre de registros de exportación de maíz se planteaba en un momento con muy poco movimiento en materia de nuevas solicitudes de embarque. "Sólo los mueve el interés de mostrarse como opositores", apuntaron también algunos sectores de la actividad. Los por qué de la medida quizás haya que buscarla en la composición actual de cada una de las entidades que fueron al lockout: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria. La cuarta, Coninagro, desistió de acompañar la medida de fuerza y terminó sumándose al debate de la Mesa Sectorial.
Sociedad Rural Argentina
Históricamente, representó a los grandes hacendados, primeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país, Llegó a tener más de mil socios, siempre fue una entidad muy exclusiva. Pero hoy tiene nada más que 800 socios y, de ellos, más de la mitad no tiene ni dirige ninguna actividad agropecuaria. Eso sí: conservan apellidos ilustres.
Entre los menos de 400 que siguen en alguna actividad, gran parte son cabañeros. Es decir, se dedican a la cría de animales de raza, que una vez al año se lucen y buscan premios en la exposición tradicional (Angus, Hereford, Brahman, Brangus, etc). Otra parte importante, a las razas caballares. Ni uno ni otro tiene mucho que ver con las oscilaciones de los precios del mercado, financiación para capital de trabajo o traslado de hacienda a frigoríficos.
Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural desde que reemplazó a Miguel Etchvehere, cuando Macri lo convocó para su gabinete, no es productor. Es lo que se diría un "funcionario de línea" de SRA, entidad a la que se vinculó de muy joven participando de las actividades de El Ateneo, más tarde condujo la escuela de formación de posgrado de la SRA (en el barrio porteño de Belgrano) y se ubicó finalmente como secretario general de la entidad, un puesto administrativo desde donde cautivó la atención de Etchevehere. Poco afecto a mover papeles, lo consideró el candidato ideal para acompañarlo como vice. Luego, con su salto al gobierno, lo convirtió en presidente.
Lejos de subirse a un tractor, la gente de prosapia de la Rural tiene otros menesteres: recaudar lo que le rinde el alquiler de un espacio de entretenimientos en un lugar exclusivísimo del barrio de Palermo (gracias a una cuestionada concesión del Estado) y manejar el Registro Genealógico de los cabañeros. En definitiva, características que lo asemejan más a un club social exclusivo donde expresar su más rancio conservadurismo, que a una entidad gremial empresaria.
Federación Agraria
Con una rica historia de luchas agrarias y defensa del pequeño productor, hoy la Federación se convirtió en un instrumento muy util a intereses políticos muy ajenos a su identidad. Carlos Achettoni, su actual titular, fue destacado al asumir como "el primer presidente de la entidad con origen en economías regionales". Efectivamente, su origen geográfico es la localidad de Bowen, departamento General Alvear de Mendoza. Allí tiene una pequeña finca, herencia familiar, de unas ocho hectáreas, de escasa producción y que "luce abandonada", según descripción de vecinos.
Desde que se dedicó a la política, "anda poco" por la zona. De hecho, sus vecinos lo acusan de no haberse hecho cargo de la desaparición de decenas de fincas en la zona a manos de la política de destrucción masiva de Macri, sin hacer una sola convocatoria a una protesta en cuatro años. La extinción de pequeños productores jugó a favor de la concentración de la tierra. Pero Achettoni ya en 2016/19 era un referente importante de Cambiemos, a través de la UCR a la cual pertenece, como "puntero" de la zona de la ex ministra de Julio Cobos, Laura Montero.
Para muchos observadores, Federación Agraria dilapidó su capital político acumulado en un siglo para convertirse en un instrumento de los sectores más conservadores rurales, habiendo abandonado a los pequeños agricultores para otorgarle una pátina de "amplitud" a la Mesa de Enlace.
Confederaciones Rurales
Es, entre las tres, la más representativa. Con sus organizaciones de segundo grado (Carbap, Cartez, Carclo, etc), abarca la representación de unos 30 mil medianos y grandes productores en todo el país, principalmente en la "zona núcleo", la más rica en la pampa húmeda.
Su actual presidente, Jorge Chemes, reemplazó a Dardo Chiesa en la titularidad de CRA dos días después de la asunción de Alberto Fernández. Chemes, tambero mediano de Entre Ríos, surge como referente del sector en las luchas contra la Resolución 125 de 2008, de la mano de Alfredo De Angelis. Le tomó el gusto a la política, se convirtió en diputado nacional por UCR-Cambiemos, pero volvió a la actividad gremial empresaria "frustrado" (dicen allegados suyos) en el ejercicio de la actividad legislativa.
Quienes lo conocen le critican "la falta de criterio político propio", que sí reconocen en su antecesor, Chiesa. Los mismos conocedores del paño señalan los nombres de dos dirigentes de fuerte influencia sobre Chemes: Matías de Velazco (titular de Carbap) y Santiago del Solar (ex jefe de gabinete de Etchevehere en el Ministerio). Son "la línea dura" del ruralismo, los dirigentes más afines al macrismo. Los que sostienen la línea de que no hay nada para negociar con el gobierno: lo suyo es oponerse y que se escuche.
Chemes es considerado un rehén, aunque voluntario, de estos sectores. Bajo la batuta de los conductores en las sombras de CRA (de Velazco y Del Solar), siempre llevarán la posición de la Mesa de Enlace al punto más extremo. Y si le provoca un daño político al gobierno, mejor. No todos son lo mismo en la Mesa de Enlace, pero los que conducen detrás de bambalinas, tienen color político, ideología y métodos que los identifican.
No declaró que era una persona políticamente expuesta
La fortuna oculta de Alberto Nisman: El fiscal mintió al abrir una cuenta secreta en Estados Unidos
Raúl Kollmann
Alberto Nisman mintió en el formulario original con el que abrió una cuenta secreta que tenía en el Banco Merrill Lynch de Nueva York, con un saldo de 660 mil dólares. El fiscal, para ocultar que era el dueño del dinero, puso como titulares a su madre, Sara Garfunkel, a su hermana, Sandra Nisman, y al técnico informático Diego Lagomarsino. Pero Nisman se puso a sí mismo como apoderado, es decir como la persona que manejaba la cuenta.
El detalle es que en el renglón sobre su profesión consignó abogado y puso por escrito que era abogado en actividad. O sea, escondió que era fiscal y, por lo tanto, lo que los norteamericanos llaman "persona políticamente expuesta".
Por estas falsedades, la Fincen, que es el órgano sobre lavado de dinero de Estados Unidos, bloqueó la cuenta.
Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga el origen de la fortuna escondida de Nisman, pidió un informe completo de esa cuenta, es decir de dónde salió el dinero. Página/12 adelantó la información en forma exclusiva y reveló que el magistrado embargó los bienes de Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y la sucesión de Alberto Nisman. Además Martínez de Giorgi dispuso que se estudie con qué fondos Nisman compró tres terrenos en Punta del Este y dos departamentos en Palermo Hollywood.
Rodolfo Canicoba Corral, el juez que tuvo el expediente al principio, también tenía indicios de alguna propiedad oculta en Miami y otra cuenta en un banco israelí. Los informes están pendientes.
Está claro que parte de los fondos provinieron de fundaciones de derecha de Estados Unidos pero la sospecha es que Nisman tuvo otros ingresos clandestinos cuyo origen sigue sin conocerse.
Informe especial: Cómo opera el circuito del contrabando y la simulación de importaciones de la oleaginosa
Dólar, soja y fuga
“En casa de herrero, cuchillo de palo” es un viejo refrán que alude a la paradoja de un bien que debería abundar en cierto lugar y que, muy por el contrario, escasea. Tal parece ser el caso de la economía argentina, considerada como la tercera productora mundial de porotos de soja pero que aun así debe importar desde terceros países esos mismos porotos que sus tierras producen en abundancia.
Si esta paradoja ocurriera en nuestra economía solo de manera excepcional -por ejemplo, ante una disminución coyuntural de la producción agrícola por causas estacionales o por emergencias climáticas- o en contextos donde la existencia de importantes stocks de divisas disipara cualquier expectativa devaluatoria, no habría mayor motivo de preocupación. Sin embargo, la economía argentina no transita por ninguna de estas dos situaciones
Por el momento, el gobierno logró superar con éxito la tormenta cambiaria que se desató hacia fines de octubre cuando el dólar ilegal, el CCL y MEP iniciaron una escalada que parecía no tener techo. En esos días, los habituales voceros del establishment vaticinaban una inminente y brutal devaluación que, por otra parte, asumían como inevitable. Finalmente, ello felizmente no ocurrió y hoy la situación del mercado de divisas pareciera estar controlada.
Claro que la estrategia de intervención para tranquilizar al mercado cambiario no fue gratuita y tuvo su trade off: el precio de esta tranquilidad se pagó con reservas del BCRA que, como ya todos sabemos, son escasas. El stock bruto de reservas al cierre de diciembre (39.216 millones de dólares) mostró que, durante la última turbulencia, el Central debió desprenderse de poco más de 2.100 millones en divisas para lograr que volviera cierta calma al mercado.
Por su parte, el último balance cambiario publicado por la entidad señalaba que, al cierre de noviembre, se registró un nuevo déficit de 753 millones de dólares y que, a esa altura del año, la economía acumuló un “rojo” de 5.795 millones, lo que pone en relieve la clásica evidencia de que la economía argentina consume muchos más dólares que los que logra producir.
La magnitud de déficit no es grave en sí -hablamos de un punto del PBI- sino que la gravedad que hoy representa se debe al contexto económico en el que tiene lugar. Por ejemplo, durante la gestión del macrismo en el Banco Central (2016-2019) se registró en el balance cambiario un déficit acumulado en cuatro años de 57.983 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 14.500 millones por año que fue cubierto a través de un gigantesco endeudamiento, de mayores liquidaciones de agrodólares y del ingreso masivo de capitales especulativos. Hoy, el actual directorio debe enfrentar una situación menos relevante en términos cuantitativos pero seriamente agravada por el hecho de no poder contar con ninguna de las alternativas mencionadas.
La soja es hoy el “cuchillo de palo” del sector externo. Según datos del Indec, entre febrero y noviembre de 2020 se importaron poco más de 5 millones de toneladas de porotos de soja por un valor total de 1.900 millones de dólares, una cifra que tampoco sería relevante si no fuera por el contexto crítico que atraviesan las posiciones cambiarias.
El 92 por ciento de la oleaginosa sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. ¿Cuál es la razón que justificaría que Argentina le compre porotos de soja a los países vecinos cuando es capaz de producir 50 millones de toneladas al año? Los productores y exportadores del complejo sojero suelen recurrir a los siguientes argumentos.
En primer lugar, destacan la necesidad del sector aceitero de cumplir en tiempo con sus compromisos de producción. Esto lo lleva a aprovisionarse en otros mercados de suficiente materia prima que ingresa al país en calidad de importaciones temporarias para, luego, procesarlo y exportarlo al mundo bajo la forma de aceite, harinas y pellets. Hasta aquí la respuesta parece más que atendible, si no fuera por algunas otras evidencias que la tornan inconsistente.
Entre febrero y noviembre, mientras el sector aceitero importaba un promedio mensual de poco más de medio millón de toneladas de soja sin procesar, no se registraban faltantes que justificaran estas compras. Tampoco se interrumpió la exportación, lo que hubiese sido aconsejable para abastecer a la industria local en vez de importar.
El ejemplo más claro para graficar esta situación tuvo lugar en agosto pasado: mientras los productores informaban la existencia de un stock de 14 millones de toneladas de porotos de soja, las aceiteras importaron 471.400 toneladas. Los agroexportadores, por su parte, declaraban ese mismo mes ventas al exterior por 250.150 toneladas que, de haber permanecido en el mercado local, hubiesen servido para absorber más de la mitad de los suministros externos demandados por las aceiteras.
Estas operaciones cruzadas y aparentemente descoordinadas tienen, por cierto, nombre y apellido. En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel (132.000 toneladas) fue realizada por la cerealera santafesina Díaz y Forti SA, firma que también exportó en el mismo mes 25.000 toneladas de aceite de soja. Recordemos al lector que hace un mes el BCRA suspendió las operaciones de cambio de Díaz y Forti SA, una módica empresa que creció exponencialmente gracias a vínculos bastante opacos -hoy minuciosamente investigados- con la intervenida aceitera Vicentin.
Otra razón aducida por el complejo aceitero en favor de la importación es que la soja sin procesar de origen paraguayo posee un mayor contenido en proteínas que la que se cosecha en Argentina. Ello permite un proceso más eficiente de la molienda del poroto y, por ende, una mejor colocación del producto final en los mercados internacionales. Este problema planteado como una falta de aptitud de la naturaleza parecería no tener solución.
Sin embargo, un estudio producido por Martha Cuniberti y Rosana Herrero, investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que, entre 1997 y 2018, la soja cultivada en la Zona Núcleo (conformada por los principales departamentos agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) perdió 5 puntos porcentuales de valor proteico y que esta pérdida podría haber sido corregida con una adecuada rotación de cultivos y combinando, durante el proceso de industrialización, cantidades adecuadas de soja de 1ª (que tiene mayor contenido de aceite) con soja de 2ª (con mayor contenido proteico). “Estas pérdidas -señala este interesante estudio que el sector sojero parece haber ignorado- se trasladan al productor que recibe un precio menor, a la industria que disminuye su capacidad de molienda y al país por disminución de las primas de harina argentina implicando una caída importante en los ingresos por exportación, como primer exportador mundial de harinas proteicas”. De modo que no se trataría, entonces, de la falta de una aptitud natural de nuestros suelos ya que, luego de leer el informe, queda bien claro que “lo que natura non da, el INTA sí presta”.
Una tercera respuesta al fenómeno de la importación de soja es la que el propio sector evita comentar. Recientemente, las autoridades policiales y tributarias misioneras detuvieron y decomisaron en la localidad de San Vicente una decena de camiones cargados con soja (aproximadamente 250 toneladas) que se dirigían a Colonia Alicia, en la frontera con Brasil. La fuga de soja argentina desde Misiones al Paraguay y Brasil para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando y, según algunas fuentes, moviliza cerca de 200 camiones semanales que se desplazan desde Chaco, Santa Fe e, incluso, de Buenos Aires hacia la frontera noreste.
En torno a este problema, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, señaló que “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”. Precisamente, parte de la soja que se fuga por la canaleta del contrabando es la misma que vuelve a ingresar al país bajo la modalidad de importación temporaria para ser procesada en las plantas de molienda locales.
Es importante recordar, además, que el régimen de importación temporaria permite que el industrial aceitero pueda deducir el valor de la importación de la materia prima de la base imponible sobre la que se aplican los derechos de exportación que debe pagarle al fisco argentino, de modo tal que solo debe abonar el gravamen por el valor agregado del procesamiento industrial. Ahora bien: ¿qué sucede en términos tributarios si una empresa lograra pasar de contrabando soja a granel a través de alguna de nuestras fronteras con destino a una filial o empresa asociada, por ejemplo, en Brasil o Paraguay para, luego, importar legalmente esa misma soja, en carácter temporario, para producir aceite, venderlo al exterior y pagar derechos de exportación solo por la diferencia de precios existentes entre el aceite y la materia prima? La respuesta es bien sencilla. Tan sencilla, que obliga a mencionarla en voz baja.
En muchos meses consecutivos de esta larga pandemia y sus consecuencias más evidentes (retracción económica, caída de reservas y restricción cambiaria), las miradas del gobierno y de los principales medios estuvieron puestas en el goteo incesante de reservas para satisfacer el deseo de atesoramiento de los pequeños ahorristas, habilitados a comprar de a 200 dólares por mes con el fin de preservar sus ingresos o para obtener una pequeña renta diferencial haciéndolos puré en el mercado ilegal. No intento minimizar este fenómeno sino señalar apenas que, mientras esto ocurría, también sucedían estas otras fugas más relevantes y sofisticadas, sin duda. Fugas sobre las que se habla muy poco y distorsionadas con operaciones mediáticas e infundadas denuncias sobre un supuesto avance del gobierno sobre la propiedad privada.
Una decidida estrategia de intervención pública en el mercado de granos, que no se agote en su aspecto exclusivamente cambiario y que se proponga coordinar la demanda y la oferta, evitando faltantes para el proceso industrial y, al mismo tiempo, combatiendo el contrabando y otras operaciones más complejas de evasión o elusión impositiva, aconsejan a todas luces que la cuestión un lugar de primer orden en la agenda pública. Sin estridencias ni anuncios oficiales que luego deben ser retrotraídos.
En nuestra economía el complejo agroexportador en general -y el complejo sojero en particular- es, tradicionalmente, el principal generador de divisas. Es razonable pensar entonces que el control, la regulación y la transparencia en todas estas actividades merecen una acción coordinada y efectiva de numerosas agencias gubernamentales, y no solo de la cartera económica o del Banco Central de manera aislada.
Por lo pronto, el esfuerzo público por frenar el drenaje de más de 1.900 millones de dólares anuales que van a parar a otras economías en vez de reinvertirse en el país bien vale la pena.
(*) Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias. ruben.achdjian@gmail.com
CLAVES: contrabando dólares
* El 92 por ciento de la soja sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay.
* La fuga de soja para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando.
* En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel fue realizada por la santafesina Díaz y Forti SA, vinculada a la intervenida Vicentin.
* El control, la regulación y la transparencia del complejo sojero merece una acción coordinada de las agencias gubernamentales.
Fuente:Pagina12
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