14 de enero de 2021
Embargan todos sus bienes y peritan su evolución patrimonial
El dinero oculto de Alberto Nisman: el juez investiga lavado de dinero
Imagen: Télam
En los seis años transcurridos desde la muerte de Alberto Nisman -el aniversario se cumple el lunes próximo-, las pruebas indican que el fiscal se suicidó en el baño de su departamento, en el edificio Le Parc. Por el contrario, en estos seis años no fue posible esclarecer el origen de la fortuna oculta que tenía Nisman, empezando por más de 600 mil dólares descubiertos en una cuenta en Nueva York. Para tapar las cosas, la coalición judicial-política-mediática con sede en Comodoro Py puso a cargo de la causa a su stopper tradicional: el fallecido juez Claudio Bonadio. Pero tras la muerte del magistrado, el nuevo juez, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó medidas impactantes: por de pronto dispuso que un cuerpo de peritos especializado en corrupción analice la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, incluyendo específicamente la cuenta del Merrill Lynch de Nueva York. Pero, además, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de todos los bienes que fueron de Nisman, de su madre y de su hermana, e incluso dispuso la intervención de dos empresas que prestaron la lujosa camioneta Audi que usaba el fiscal. Para redondear, el magistrado pidió copias de la causa por la desaparición de un financista, Damián Stefanini, del que no se sabe nada desde 2014, y que figura habiéndole depositado 150 mil dólares a Nisman en la cuenta neoyorquina.
Lavado
El delito que se investiga es el de lavado de dinero, ya que consistió en el ocultamiento y disimulo de dinero proveniente de un delito. La cifra total que Nisman tenía oculta no pudo ser determinada hasta ahora. En principio está la cuenta de Nueva York que, según parece, tenía un saldo de 660 mil dólares. Pero, además, aparecieron dos departamentos en la calle Dorrego, en pleno Palermo Hollywood, y tres terrenos en el complejo Pueblomio de Punta del Este. Hay una porción de la fortuna que está en el misterio total y que es el contenido de las cuatro cajas de seguridad en bancos y en una empresa privada de caudales que la madre de Nisman, Sandra Garfunkel, vació en los días posteriores a la muerte del fiscal.
Muerte
Existe un dato al que tampoco se pudo acceder nunca: una cuenta de Nisman, supuestamente en Colonia, Uruguay. La información que publicó en su momento Página/12 daba cuenta de transferencias que sumaban unos 280 mil dólares provenientes de Israel. Quien habría mandado ese dinero, en forma clandestina, era el megamillonario Sheldon Adelson, el Rey de Las Vegas, dueño de algunos de los casinos de mayor envergadura, fallecido este lunes a los 87 años. Adelson fue uno de los mayores financistas de las campañas de Donald Trump y respaldó con fondos a una gran cantidad de fundaciones de derecha, entre ellas la Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD según las siglas en inglés). La sospecha es que el dinero venía, justamente, de esas organizaciones que, en el terreno geopolítico, favorecen el bombardeo de Irán. El Banco Central de Uruguay nunca acreditó la existencia de la cuenta en Colonia pero se sospecha que eran fondos off-shore que se manejaban desde allí, en especial dinero que fugaban y escondían ciudadanos argentinos. Es muy probable que con ese dinero recibido de Adelson se hayan comprado los valiosos terrenos de Punta del Este.
Candado
La causa original sobre la fortuna oculta de Nisman la tenía el juez Rodolfo Canicoba Corral que arrancó con el descubrimiento de bienes y cuentas. El fiscal fue Juan Pedro Zoni. Pero el aparato de Comodoro Py se ocupó de sacar a ambos de la cancha, quitándole el expediente a Canicoba y desplazando de manera arbitraria a Zoni. El operativo cerrojo se completó poniendo la dupla Bonadio, juez-Eduardo Taiano, fiscal. Tras la muerte del magistrado, el expediente llegó a manos de Martínez de Giorgi quien dispuso en noviembre una gran cantidad de medidas. Sucede que uno de los financistas, Claudio Picón, reclamó que le devuelvan la camioneta Audi que le había prestado a Nisman, apeló ante la Cámara Federal y el tribunal ordenó que se aceleren las investigaciones.
Un detalle que no es pura coincidencia es que quien representa a la madre de Nisman, Sandra Garfunkel, y a la hermana del fiscal, Sandra Nisman, a cuyo nombre figuran parte de los bienes escondidos, es el ex fiscal Pablo Lanusse, el también abogado de Mauricio Macri en varias causas vinculadas con espionaje ilegal. Como es obvio, Lanusse se opuso a casi todas las medidas del juez: no quiere que se avance en la investigación de la fortuna oculta de Nisman.
En paralelo, también está imputado el técnico informático Diego Lagomarsino, representado por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Como Nisman quería mantenerse oculto en el manejo del dinero, puso como apoderados a su madre, su hermana y a Lagomarsino quien, de todas maneras, sólo aparece firmando dos transferencias desde la cuenta de Nueva York a Uruguay para pagar las expensas de los terrenos de Punta del Este. En total, unos 4 mil dólares.
Medidas
En los escritos que firmó Martínez de Giorgi se ordenó lo siguiente:
* Que un cuerpo de peritos especializados en corrupción haga un informe sobre la evolución patrimonial de Nisman, su madre, su hermana, Lagomarsino y el financista Picón, que figuró también depositándole dólares a Nisman en la cuenta del Merrill Lynch.
* Los abogados de Lagomarsino pidieron que la investigación patrimonial se extienda a la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. El magistrado no resolvió, pero cuando habla de la evolución de los bienes de Nisman menciona que se deben tener en cuenta los vínculos parentales y conyugales.
* El juez ordenó el embargo de todos los bienes de los imputados en la causa, incluyendo sus cuentas bancarias. Esto significa que hoy están embargados Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino, Picón y la sucesión de Alberto Nisman.
* De Giorgi menciona explícitamente que se debe analizar la cuenta del Merrill Lynch. En realidad, los fondos no están bloqueados por la Justicia argentina, pero el organismo antilavado de Estados Unidos, la Fincen, sí estableció un bloqueo. Es que Nisman era una persona considerada “políticamente expuesta”, es decir que debió declarar la cuenta, pero la mantuvo oculta. Lo que se sabe, por un informe de la Fincen, es que el saldo era de 660 mil dólares, pero habría que ver el dinero que pasó por esa cuenta: cuál fue el origen y en qué se utilizó la plata.
* El juez ordenó la intervención judicial de tres empresas, Palermopack, Easypack y Starpack, vinculadas a Claudio Picón. En el departamento de Nisman se encontró un cheque por 200 mil dólares firmado por Picón, además de que hizo hizo un depósito en la cuenta de Nueva York y figura como titular de la camioneta Audi que usaba Nisman como si fuera suya.
Respecto de algunos de los aspectos de esta causa, Lanusse hasta presentó un recurso en la Corte Suprema y habrá que ver si el máximo tribunal sale al rescate. La muerte de Nisman fue y es usada hasta el cansancio para la batalla política contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque la aparición de tantos elementos que exhiben la doble vida del fiscal, en lo económico, lo personal, lo político y lo judicial, golpearon duramente en la campaña que se intentó instalar. Por eso, habrá que ver si la Corte interviene en un expediente tan caliente. El dinero oculto de Nisman fue una causa-tabú y ahora, de a poco, tal vez vaya saliendo de las sombras.
También ajustó en un 70 por ciento los fondos para infraestructura escolar
La tijera de Horacio Rodríguez Larreta le recortó 370 millones al Plan Sarmiento para educación pública y los convirtió en subsidios para escuelas privadas
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le quitó 371 millones de pesos al Plan Sarmiento --destinado a proveer a los estudiantes de dispositivos tecnológicos-- y transfirió ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. El recorte se da dentro de uno más generalizado en el que el Presupuesto de Educación toca su piso en la participación sobre el total de los gastos de la administración porteña en la era PRO. Además, hubo un recorte en el área de infraestructura escolar que supera el 70 por ciento. Curiosamente, acondicionar las escuelas y entregar computadoras se habían vuelto dos prioridades en pandemia. El legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés consideró que "quienes reclaman la vuelta a clases son los mismos que recortan el presupuesto año a año”.
El Plan Sarmiento, creado en 2011 a la par del Conectar Igualdad a nivel nacional, es el programa de entrega de dispositivos informáticos a estudiantes que concurren a escuelas de gestión estatal o bien de gestión social. Mediante una resolución, el Ministerio de Hacienda recortó 371 millones de pesos de ese plan. Esto figura en el anexo de una resolución del Ministerio de Hacienda en la que también se acredita ese mismo dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. Es decir, que el dinero que era para comprar computadoras para estudiantes de escuelas públicas termina en un área que, mayormente, destina su presupuesto a subsidiar las escuelas privadas. La resolución, publicada el 4 de enero, apenas menciona al recorte como "readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
“El Gobierno de la Ciudad vuelve a atentar contra la educación en un año donde sostener la continuidad escolar de nuestras chicas y chicos es fundamental", cuestionó el legislador Valdés. "En un año que sabemos que va a ser de pandemia, la Ciudad decidió desentenderse de la entrega de computadoras. No nos sorprendamos cuando no haya continuidad pedagógica en la Ciudad de Buenos Aires”, indicó. Y le pidió al jefe de gobierno y a la ministra Soledad Acuña que "no sigan mostrándose preocupados por la vuelta a clases, porque la educación nunca fue su prioridad. Esto va acompañado por la falta de vacantes que nunca se dignaron a resolver, mientras gastan fortuna en propaganda electoral".
El dirigente porteño también cuestionó, como habían hecho otros de sus compañeros y compañeras de bancada, el recorte sobre los fondos para infraestructura escolar: medido desde 2019, llega a ser del 78 por ciento. Concretamente, en en 2019, el presupuesto de ese área fue de 1798,1 millones de pesos; en 2020, escaló a 3068,7 millones de pesos, pero en 2021, bajó a 1140,4 millones. Por lo tanto, según calculó Valdés, la caída entre 2020 y 2021 en términos nominales es del 71,2 por ciento, pero en términos reales --considerando la inflación-- en ese mismo período es del 77,7 por ciento. Y el recorte al área desde 2019 a este año es del 78,1 por ciento.
“El jefe de gobierno redireccionó partidas del presupuesto y la infraestructura escolar pasó de tres mil millones de pesos en 2020 a mil millones en 2021. Se ha reducido un tercio el presupuesto en infraestructura escolar. Yo me pregunto cuánto les preocupa a Larreta y Acuña que empiecen las clases. O es una posición de marketing para contrastar supuestamente con la decisión del gobierno nacional. No podemos tener la irresponsabilidad de sacarnos una foto y poner en riesgo a todas las comunidades educativas y por eso es difícil que vuelvan las clases presenciales en épocas de pandemia", consideró Valdés.
Un recorte general
Los recortes en el Plan Sarmiento y en el área de infraestructura escolar se dan en en contexto de un ajuste generalizado en la Ciudad, por el que Larreta culpa el recorte de coparticipación porteña (de fondos que, teóricamente, eran solo para la Policía de la Ciudad, pero estaría afectando todas las áreas). Un dato que se suele medir es cuánto representa del total el presupuesto educativo. El de 2021, según se cansaron de remarcar los opositores porteños, es el más bajo de la historia de CABA, y establece una marca hacia abajo en lo que han sido los gobiernos del PRO.
Como informó este diario, desde que Mauricio Macri asumió como jefe del gobierno porteño, la participación en el total del presupuesto educativo comenzó a caer. En 2010, había caído del 27 al 22 por ciento. Con la llegada de Larreta, siguió el declive desde ese 22 por ciento, con un promedio de un punto porcentual menos por año. En 2021, el presupuesto en educación representa el 17,18 por ciento del total.
Como todo el presupuesto crece año a año, en términos nominales, hay 22 mil millones de pesos más que en 2020. El aumento nominal es de un 26,9 por ciento, pero está por debajo de la inflación que contempla el presupuesto (29 por ciento). En términos reales, entonces, la educación tuvo un recorte del 7,6 por ciento. A nivel nacional, el presupuesto educativo subió un 47 por ciento.
La desinversión educativa también se ve en los magros resultados: como indicó la legisladora Cecilia Segura, "en sus primeros cuatro años de gobierno, Larreta inauguró cuatro unidades educativas públicas. Una cifra muy lejana al plan de 54 escuelas del que se jactan Larreta y la ministra Acuña".
Mientras el presupuesto educativo cae, todas las tarifas de la Ciudad crecen. La tarifa del subte había aumentado de 19 a 21 pesos en noviembre y ahora saltará a 30 pesos. En los últimos tres años, Metrovías tuvo aumentos de tarifa del 180 por ciento. Para aprobar ese aumento, primero tendrán que hacer una audiencia pública en enero.
Además, comenzó a regir un nuevo impuesto sobre las tarjetas de crédito del 1,2 por ciento, se aplicó un aumento del 55 por ciento en los peajes, del 45 por ciento en la verificación vehicular (VTV) y del 82,5 por ciento en las multas de tránsito. El impuesto inmobiliario (ABL), en tanto, subirá como en 2020: todos los meses según el índice de inflación.
“Es un enorme retroceso”
Nicolás Trotta criticó los recortes en educación en la Ciudad de Buenos Aires
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió en Las Primeras Noticias a la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de reducir los recursos del “Plan Sarmiento” para la educación pública para transferirlos a la Dirección de Educación de Gestión Privada.
“El presupuesto de CABA a lo largo de los Gobiernos de Cambiemos, se ha caracterizado por la pérdida constante de las partidas educativas”, dijo Trotta.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero, el Gobierno de la Ciudad modificó las partidas presupuestarias destinadas al “Plan Sarmiento", que es la iniciativa de asistencia de equipos de tecnología e Internet en los barrios vulnerables, redireccionando más de 370 mil millones de pesos hacia otras áreas.
“Es un enorme retroceso”, sostuvo el ministro. “La ciudad tiene enormes recursos para la distribución de elementos tecnológicos que, por supuesto, ganan protagonismo en el marco de la pandemia, pero que son una herramienta central no sólo en términos educativos sino en términos sociales”, señaló el funcionario y recordó que Mauricio Macri cuando fue presidente desarticuló el plan Conectar Igualdad.
“El Estado tiene un rol innegable para garantizar la conectividad. Eso implica la voluntad de avanzar en la ruptura de las profundas desigualdades”, completó Trotta.
El diputado que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo fue agredido frente al Congreso
Amenazaron de muerte a Leopoldo Moreau
Luciana Bertoia
Moreau estaba el martes, alrededor de las 16.30, en el bar Casablanca, ubicado en la esquina de Riobamba y Avenida Rivadavia, cuando dos personas empezaron a insultarlo desde el otro lado del vidrio. Como la tensión crecía y la situación se prolongaba, el diputado del Frente de Todos salió para intentar aplacar los ánimos. Allí, según contaron fuentes cercanas al legislador, uno de los agresores atinó a golpearlo con una de las sillas que el local dispuso en la vereda, mientras le decía que iba a matarlo. Su acompañante, en tanto, filmaba la agresión.
Un cabo de la Policía Federal que estaba cumpliendo funciones en el Congreso cruzó para intentar controlar la situación. También intercedió un comerciante de la zona. Por tratarse de un ataque a un diputado nacional interviene la justicia federal y actualmente es Casanello quien está de turno. El juez ordenó que demoraran al único atacante que quedó en el lugar porque el otro aprovechó para irse rápidamente. El hombre fue trasladado a la comisaría 3A, ubicada sobre la calle Lavalle, donde se le tomaron los datos y, después de un rato, se lo dejó ir. Según pudo saber Página/12, se trataría de un hombre de 73 años que no registra antecedentes.
Casanello también ordenó que se le tomara declaración testimonial a Moreau en su despacho del anexo de la Cámara de Diputados. El juez debe analizar en las próximas horas la información recolectada y es posible, como generalmente lo hace, que delegue la investigación en la fiscalía que ocupa Eduardo Taiano. Los investigadores deberán probablemente determinar quién era el acompañante del atacante, que filmó toda la agresión.
“Están empezando a pasar algunas cosas que nos hacen pensar que quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones. Desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política con complicidad judicial”, tuiteó Moreau el martes por la noche, horas después del ataque.
Moreau preside la Bicameral de Inteligencia, que ha tenido una actividad fuera de lo común durante 2020 con miras a investigar el espionaje durante el macrismo. A fines de diciembre, la Bicameral les presentó a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa un informe crítico sobre el manejo de la Corte y del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, sobre el manejo de la oficina de las escuchas. Serán las autoridades de las Cámaras quienes deban definir si ese informe puede servir para cuestiones administrativas o la presentación de una denuncia o incluso el pedido de juicio político.
Como adelantó Página/12, la Bicameral está enfocada ahora en la redacción de un informe final para fines de marzo sobre lo que la mayoría de sus integrantes califican como un “plan sistemático de espionaje”, que habría tenido como vértice a la mesa judicial macrista. Además, durante el verano, la comisión continuará indagando en tres temas particulares: las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017, el espionaje a los familiares del ARA San Juan y la adquisición de un software para la geolocalización por parte del Ministerio de Seguridad que dirigía Patricia Bullrich.
Otro de los integrantes de la Bicameral de Inteligencia, el senador Martín Doñate, expresó su solidaridad frente a las amenazas sufridas por Moreau y las vinculó con la tarea llevada adelante por la comisión que fiscaliza las actividades de inteligencia. "No hay amenaza ni apriete que nos hagan retorcer en la tarea eliminar los sótanos de la democracia", escribió.
La UIF denunció a la fabricante de jugos Citric por delitos ambientales
Contaminación y lavado, todo en un mismo jugo
La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga a la compañía “El Carmen S.A.”, fabricante del jugo Citric, por contaminación ambiental en la ciudad entrerriana de Chajarí.
Tras cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra la empresa fabricante de jugos, el organismo nacional solicitó que se designe un interventor en la causa y sostuvo que "la contaminación de tierras y cursos de agua mediante efluentes volcados por parte de la empresa en el arroyo “Las Alpargatas” de Entre Ríos, podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental, del cual se obtendrían ganancias de manera ilícita como resultado de su actividad formal". Es que con el volcado de residuos tóxicos al arroyo, sostiene la denuncia, la institución no sólo omite la obligación legal de tratarlos sino que además se ahorra una importante suma de dinero que pasaría a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde la UIF sugieren que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen para conocer la magnitud de los activos.
La empresa se encuentra en la mira desde el 2015 cuando Néstor Masilli, un vecino dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un recurso de amparo por contaminación ambiental. Recién dos años más tarde, una intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, incitó sin éxito a la empresa a disminuir sus descargas tóxicas. En esa ocasión la compañía manifestó contar con un sistema moderno y efectivo para cuidar el medioambiente. Asimismo, aseguró ante el ente regulador que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos a favor del medio ambiente.
Al no ver ningún cambio en la actitud de la empresa, Masilli insistió nuevamente y presentó en mayo del 2019 una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por contaminación ambiental. Esta denuncia fue acompañada por pruebas técnicas que demuestran de qué manera los desechos industriales de la fábrica han derivado en altos índices de contaminación y las consecuencias que tuvieron en el arroyo: produjo la extinción de todo tipo de vida, imposibilitando la utilización del agua como recurso tanto para el riego de cosecha o como líquido para el ganado.
Entre las pruebas que lograron que la causa avanzara figura el resultado del estudio solicitado por la Escuela Manuel Belgrano ubicada cerca del arroyo, para conocer las condiciones en las que se encontraban las napas de donde extraían agua para consumo. Los resultados de los exámenes fueron concluyentes y demostraron que el agua no es bacteriológicamente potable para el consumo humano. El estudio aportó otro dato: el agua dejó de ser potable al menos desde 2017.
Hacia principios del año anterior y ante la insistencia de las denuncias, El Carmen SA difundió un comunicado en el que aseguró que “sí cuenta con un proceso previo de tratamiento de efluentes. Actualmente los efluentes no son químicos tóxicos sino orgánicos y biodegradables y cuentan con el mencionado proceso previo. Desconocemos el origen del resto de efluentes que recibe el cauce”, ya que “en los últimos tres años la compañía ha disminuido sus efluentes en un 60 por ciento“, aclaró.
Buscan definir los mecanismos de "monitoreo" y el desacople de precios
Consecuencia del lockout: Un debate sin la Mesa de Enlace sobre la nueva política para el maíz
El gobierno y la cadena de producción del maíz comenzaron a trabajar sobre las herramientas que acordaron para poder mantener las exportaciones abiertas hasta marzo, a la par de que se sostenga el abastecimiento interno y se incremente el grado de desacople del precio interno respecto del internacional. Tal como anticipó este diario, en las reuniones que se llevaron a cabo este miércoles se analizó la idea del fideicomiso por el cual la exportación subsidiaría una porción del precio de venta a la industria local, junto a un sistema más amplio de garantías y financiamiento para las empresas avícolas y a las productoras de huevos, lácteos y carne, y el "monitoreo" del abastecimiento en el mercado.
Unas horas antes de lo previsto, terminó el lockout agrario, luego del guiño del gobierno al levantar la medida que cerró las exportaciones y dejar de lado el supuesto cupo de 30 mil toneladas diarias para la exportación. El lockout contó con movilización de productores en distintos puntos del país, amplia cobertura mediática pero escasa repercusión en comercio de granos, analizan en la Casa Rosada. "Lo evaluamos como prácticamente imperceptible, ya que no se paró la comercialización”, dijo el ministro de Agroindustria, Luis Basterra.
La secuencia y lo que viene
Después del anuncio del cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo, el grito en el cielo que puso el sector agropecuario, las negociaciones y el lockout organizado por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, las fichas se volvieron a acomodar de esta forma: el gobierno reabrió las exportaciones sin límite oficial pero bajo un “monitoreo” y con el compromiso de los acopios y exportadores para que la industria de transformación, en especial la avícola, pero también los sectores de la producción de huevos, lácteos y carne, tenga suficiente maíz para operar. Adicionalmente, quedó sobre la mesa de la discusión una forma de diferenciar el precio interno del externo del maíz. La Mesa de Enlace sin Coninagro se opone de frente a las medidas, aunque en los hechos no forma parte del diálogo que el gobierno mantiene con el Consejo Agroindustrial (CAA). No obstante, las criticas de la dirigencia patronal están en sintonía con varios de los integrantes del CAA, por más que políticamente éstos últimos estén más contenidos.
“Es un permanente monitoreo para verificar que en ningún momento esté en riesgo la provisión a nuestros transformadores en proteínas animales: huevos, leche, carne de cerdo y aviar. Vamos a hacer un monitoreo ajustado para valorar que los registros de exportación que se hagan no dejen a la producción de proteínas animales en el país sin disponibilidad de maíz", explicó Basterra. En el pasado también quedó un supuesto cupo de 30 mil toneladas diarias destinadas a la exportación, que en un momento parecía que iba a regir el comercio exterior. "Ellos dicen que habrá un monitoreo, necesitamos ver cuál va a ser la modalidad y que no marque ningún tipo de diferencias", criticó Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria.
El otro tema está vinculado a precios. Si bien parece todavía lejano un acuerdo concreto, el gobierno pudo abrir una discusión sobre el grado de desacople del precio interno del externo, en un momento en donde los valores de los commodities del agro están en los máximos de los últimos seis años. El precio futuro del maíz en Chicago registró este miércoles valores que no mostraba desde junio de 2013, con un incremento en dólares del 76 por ciento con respecto a abril de 2020.
La brecha entre el precio internacional y el local es una pelea de corte histórico y eje de la disputa del 2008. Ahora reaparece de manera cada vez más abierta, aunque con la intención de canalizarla por un camino institucional cuyo resultado es incierto, en la medida en que la dirigencia y las bases agrarias no parecen dispuestas a ceder terreno más allá de las retenciones que rigen actualmente y que en los hechos es un mecanismo de desacople.
La herramienta sobre la cual está trabajando el gobierno y los actores de la cadena del maíz es un fideicomiso que permita aplicar un subsidio cruzado entre la exportación y el mercado local, en favor de éste último. Es un instrumento que fue aplicado en el aceite, disuelto por el gobierno de Mauricio Macri y ahora en vías de reeditarse, pero es novedoso en el maíz. "Buscamos que la oferta de maíz se haga desacoplando el precio interno de los valores internacionales y ese precio debe estar articulado con los demás eslabones de la cadena. Los productos que se derivan del maíz tienen que tener un insumo que se ajuste a una política de precios, para que todos los eslabones ganen y que además genere precios accesibles", describió Basterra.
Agregó que “en el programa de Precios Cuidados, los productos que se derivan del maíz deben tener un insumo que se ajuste a esa política, y en función de eso se va a ir definiendo en un acuerdo de mediano y largo plazo la forma en que tiene que estar desacoplado de los valores externos”. "No creemos en el desacople de los precios internos e internacionales. No sabemos qué es", advirtió Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural.
Trastienda del levantamiento de la restricción a exportar maíz
Un lock out que expuso al campo ultra
Es que la interlocución entre la agroindustria y los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, que ya se venía trabajando desde que se creó el CAA y hubo fotos con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, es vista por el campo primario, los autoconvocados y una parte de la Mesa de Enlace como un problema serio para su representación y su poder de lobby contra lo que consideran un modelo económico que hay que combatir.
En su dinámica sinuosa y con idas vueltas en un conflicto menor en el que entró solo y del que le costó salir, el Gobierno consiguió que el Consejo sea un aliado que, inclusive, soporta alguna traición menor, como el cupo de 30 mil toneladas para exportar justo cuando se había hablado de que habría una apertura total de las ventas externas. El CAA es un socio nada despreciable para el Ejecutivo, dado que nuclea a los grandes exportadores de granos, las Bolsas de cereales de todo el país, tres patas de la Mesa de Enlace y casi todas las economías regionales. Un polo que le permitió además abrir una grieta en el campo y exponer a los que decidieron jugar a la política partidaria.
En este contexto, con dos entidades de las Mesa de Enlace lanzadas a la guerra ideológica, como Confederaciones Rural y la Sociedad Rural, la interlocución con la agroindustria será clave para sostener un sujeto central del anuncio que hizo el ministro de Agro, Luis Basterra: el fideicomiso que busca desacoplar del valor internacional el precio local del maíz, en una especie de "barril criollo" del grano que garantice la exportación y la provisión al mercado interno. Este punto es el más resistido por los sectores que se niegan a sentarse a la mesa de la política.
Detrás de la fachada del reclamo económico, el affaire del maíz expuso más claramente la existencia de dos campos: uno dispuesto a salir de los conflictos con el Gobierno de forma negociada; y otro que iría a la guerra ante cualquier decisión que no guste. En esta dinámica se inscribe la relación del Gobierno con uno de los sectores del establishment que no esconde sus preferencias políticas.
Cómo es el plan para ampliar la oferta a precio bajo
La carne, a punto del bolsillo
Desde fines del año pasado y con mayor intensidad en la última semana, el Gobierno empezó a ponerse serio para resolver uno de los problemas actuales del consumo y los precios: la disparada en los valores de la carne y la accesibilidad a productos a un costo razonable. Según supo Página I12, los ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Economía charlaron con el consorcio cárnico ABC para encarar un plan que tenga más cortes a disposición del público.
En los últimos días, la Bolsa de Rosario dio a conocer un trabajo en el que consignó que la carne subió casi un 20 por ciento en diciembre y arriba del 75 por ciento en solo en un año, todo con niveles aceptables de faena y un precio internacional a la baja. Toda esta dinámica apuró los planes del Gobierno. Ya a fines del año pasado el presidente Alberto Fernández le había pedido al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ampliar a entre 12 y 20 la cantidad de cortes de carne a precios racionales. Fue luego de que la Secretaría de Comercio cerrara precios económicos de vacío, asado y matambre para el período de fiestas.
Información a la que tuvo acceso este diario refleja que los tres ministerios están charlando con exportadores "un acuerdo inmediato" para sumar a los cortes navideños otras variantes de parrilla, milanesas y carnes para guisar. En paralelo, anunciarán que esos cortes podrán comparse en grandes supermercados en días de oferta que se están definiendo. También buscan que algunas carnicerías que dependen directamente del consorcio ABC, a cargo de Mario Ravettino, uno de los interlocutores del Gobierno que integra el Consejo Agroindustrial, también puedan ofrecer el producto.
En paralelo, se debate cuál será el volúmen de producto disponible. Se especula con con que los frigoríficos habían dispuesto para los cortes de Navidad unas 1500 toneladas, por lo que el Gobierno pretende ahora duplicar e iniciar la venta con 3000 toneladas disponibles. La iniciativa oficial busca marcar referencia de precios y hacer accesible un producto que en la Argentina es esencial en la mesa y que por sus precios empezó a restringir mucho su consumo.
El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió la preocupación oficial por el asunto, y anticipó que “estamos trabajando en eso, en el corto plazo vamos a tener resultados positivos”. “Hubo una primera experiencia sobre Navidad y Año Nuevo que nos está alentando para que trabajemos férreamente, a fin de generar accesibilidad de la población para el consumo de carne bovina”, señaló en declaraciones a radio El Destape. Y añadió que “el Presidente ha sido muy firme al decir que no puede faltar carne vacuna en la mesa de los argentinos”.
Basterra sostuvo que “estamos trabajando en forma permanente todos, articulando con los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, porque es un problema complejo y con inteligencia tenemos que dar instrumentos de mediano y largo plazo para evitar marchas y contramarchas”. Según el ministro, “ya hay criterios consistentes en los fideicomisos de girasol y maíz, y estamos trabajando con trigo y para la carne: queremos reglas claras que pueden sostenerse en el tiempo; sólo una salida estructural nos permitirá seguir creciendo”.
El macrismo intenta condicionar el temario de las sesiones extraordinarias
Juntos por el Cambio busca trabar los proyectos de reforma del Poder Judicial
Miguel Jorquera
Juntos por el Cambio busca nuevamente condicionar el funcionamiento del Congreso en las extraordinarias. Desde el interbloque macrista afirman que no renovarán el protocolo de sesiones con mayoría presencial en la Cámara de Diputados si no hay un temario acordado previamente, del que excluyen el tratamiento de las reformas de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal que ya tienen media sanción del Senado. El Frente de Todos quiere retomar la actividad en la Cámara baja este mes con una batería de temas a consensuar y ya giró la renovación del protocolo con mayoría presencial que respaldaron el resto de los bloques con la excepción de JxC, mientras define la estrategia para avanzar “mas adelante” con las reformas que les pidió el presidente Alberto Fernández.
“Hay que renovar el protocolo de funcionamiento de la Cámara, y Juntos por el Cambio quiere que haya temario acordado para prorrogarlo”, confirmaron desde el interbloque opositor ante la consulta de Página/12. Aunque admiten que no fue una definición que se adoptó en un encuentro formal de los integrantes de la coalición, sino de “charlas entre los diputados” que comandan la bancada: Mario Negri (UCR), Cristina Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC).
La intención de la principal alianza opositora es bloquear el tratamiento de la reforma a la justicia federal, que amplia su actual estructura en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias para avanzar en la implementación total del sistema acusatorio que estará en manos de los fiscales. JxC no quiere que se diluya el poder que ejercen los actuales jueces de Comodoro Py. “En la excepcionalidad de la pandemia no te pueden meter por debajo de la mesa la reforma judicial, que no es prioridad en este contexto”, afirmaron desde el interbloque a este diario. bajo es misma lógica rechazan que se trate la reforma al Ministerio Público Fiscal, cuya media sanción del Senado reduce de los dos tercios de los votos a “mayoría absoluta” (la mitad mas uno de la Cámara alta) el requisito para la designación del Procurador General, cuyo mandato se acotará a cinco años para un cargo que dejará de ser vitalicio. Hasta ahora JxC se aferró a mantener los dos tercios para impedir la designación del juez Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales propuesto por el Gobierno.
La estrategia opositora no es una novedad para el oficialismo. La ejerció a lo largo del año parlamentario atravesado por la pandemia. Reclamó sesionar cuando el Gobierno implemento el Aspo para prevenir la propagación del coronavirus, condicionó el protocolo para sesiones remotas mixtas a temas acordados; volvió a reclamar “sesiones presenciales” e impuso sesiones con “mayoría presencial” para tratar temas como el Presupuesto, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el FdT logró trasformar en leyes. Ahora insiste en condicionar la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyos temas constitucionalmente los propone el Gobierno.
El FdT impulsa una sesión durante este mes de enero con “temas consensuados”. Una batería de temas que incluyen la sostenibilidad de la deuda externa, el traspaso de dominios territoriales de la nación a diversas provincias, el financiamiento del Conicef, y los subsidios a los familiares de la víctimas del hundimiento del ARA San Juan durante la gestión de Cambiemos. Además de la prórroga a la ley de biocombustibles, si el Ejecutivo la incorpora en el temario de extraordinarias.
Desde la presidencia de la Cámara baja, ya se envió la propuesta de prórroga de la renovación del protocolo de las sesiones con mayoría presencial, con la excepción de aquellos diputados que por cuestiones sanitarias soliciten hacerlo de forma remota. Como se había establecido en su última renovación y que se aplicó en las últimas sesiones del año pasado. La mayoría de los bloques e interbloques opositores ya dieron su visto bueno para la continuidad del actual protocolo, con la única excepción de la principal bancada opositora de JXC.
Algunos especulan, que la demora del interbloque macrista se debe a que "muchos de su diputados aun están de vacaciones" y no quieren adelantar el regreso a sesionar sin garantizar las presencia de su tropa en el recinto.
Desde el oficialismo tampoco buscar forzar ahora definiciones sobre otros temas que la oposición considera "conflictivos". Incluso trocaron el dicho popular de "paso a paso" por el de "mes a mes", cuando se renueva el protocolo que vence cada 30 días. En el FdT afirman que buscarán el momento oportuno para avanzar con las reformas judiciales. Una estrategia que podría trasladar su tratamiento a febrero, donde todo el mes forma parte de las sesiones extraordinarias dictadas por el Gobierno o el comienzo de las sesiones ordinarias que arrancan el primero de marzo.
También consideran que no necesariamente se deban tratar en sesiones totalmente presenciales. "Es un tema que la oposición planteó para tratar temas como el tributo a las grandes fortunas, aunque la sesión se hizo con mayoría presencial, como terminaron planteando las mayoría de los bloques", afirmaron a Página/12 desde el oficialismo.
Fuente:Pagina12
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