03 de febrero de 2021
Reclaman que el TOF de Santa Fe mande a prisión a un genocida
El condenado amenaza con matar a sus vecinos
"Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio", le gritó a Juan el ex militar Jorge Balla, condenado por crímenes de lesa humanidad en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, de 1977. Juan llevaba en brazos a su hija de seis meses. Es hijo de un ex preso político y junto a su esposa Daiana no salen al patio de su casa desde junio de 2020, cuando recibieron la primera agresión del genocida, que vive en la casa lindera, en prisión domiciliaria. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe está a la espera de una resolución del Tribunal Oral Federal de esa ciudad, al que presentaron un escrito el pasado 18 de enero para pedirle que Balla vuelva a prisión. "El genocida no solo violó reiteradamente las restricciones que le impone esa condición, sino que viene realizando acciones de intimidación y amenazas de muerte", dijeron desde el Foro y alertaron que el represor "representa un verdadero peligro para la comunidad, que la Justicia debería evitar, haciendo que regrese a la cárcel".
"Tenemos que coordinar para salir de casa, y siempre estar con cuidado, porque sufrimos agresiones y amenazas de parte no sólo de Balla sino también de su familia, que no se queda atrás", dijo Daiana en diálogo con Rosario/12. "Me amenazaron con que iba a aparecer con un tiro en la frente, amenazaron a nuestra pequeña hija. Es una situación muy triste, angustiante y traumática. El vivir con miedo nos está llevando a un cambio en nuestros hábitos y nuestras cosas y esa sensación de que algo nos va a pasar", agregó la joven.
"Tenemos una beba de seis meses, y ni siquiera podemos usar la piletita que le compramos porque nadie nos da una respuesta"
El pedido de revocación se presentó ante la Fiscalía Federal y el Tribunal Oral Federal, con la firma de las víctimas de las amenazas y el patrocinio del abogado Guillermo Munné, acompañado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos. Daiana y Juan comenzaron a sufrir agresiones en junio, pero recién hicieron la denuncia en diciembre, tras una agresión colectiva, comandada por el convicto.
En junio pasado, Daiana y el hijo de Balla tuvieron una discusión. "En ese momento el condenado Jorge Balla sale de la vivienda que ocupa a la vereda, esto es, transgrediendo los límites espaciales en que puede desplazase bajo las condiciones de prisión domiciliaria. Fuera de la casa, entonces, el condenado Jorge Balla toma del cuello a Juan Schumacher diciéndole: 'mugriento de mierda, te voy a matar', a la vez que intentaba golpearlo", expresa el escrito presentado ante el TOF para que Balla vuelva a prisión. Según se jacta con sus vecinos, el represor tiene un acuerdo con peritos que fraguan su situación de salud para mantener la domiciliaria. En aquel momento, la violencia ejercida por el condenado fue tan desmedida, que no sólo su hijo intervino, sino también otros vecinos que lo persuadieron de regresar a la vivienda. "Todas esas personas, además, de advertir la intensidad de la violencia con la que Balla atacaba, tuvieron perfectamente en claro que el condenado estaba incumpliendo rotundamente las condiciones de su prisión domiciliaria y que le corresponde cesar irremediablemente luego de estas conductas", expresa la denuncia.
En aquel momento, y con temor a sufrir represalias, Daiana --que estaba con un embarazo avanzado-- y Juan optaron por no hacer la denuncia. "El hostigamiento por parte de Jorge Balla y sus familiares se mantuvo continuo", dice el escrito en el que consignan que Balla no cumplió con las premisas judiciales de cercar su casa, para cumplir la condena. "La desprotección en que se encuentra así el patio de la pareja es determinante para que vivan la pesadilla de una intimidación constante y el riesgo de un ataque que les cueste la integridad física o la vida", sigue el escrito firmado por Munné. "Los patios de ambas viviendas son separados por un tapial que no es ni muy alto ni muy grueso. Balla se trepa al mismo, se ha subido al techo de su quincho o a avanzado sobre la propiedad misma de sus vecinos y en otra ocasión se trepó sólo para mostrarse ante la familia vecina que hostiga. Parece contar con alguna saliente de la construcción que le facilita de modo permanente el trepar con inmediatez el tapial cada vez que sea su antojo", describe la presentación.
Así las cosas, Daiana y Juan optaron por encerrarse en las habitaciones, y ni siquiera salir al patio de su casa. El 5 de diciembre pasado, Daiana intentaba que su hija se durmiera, pero los nietos de Balla hacían ruido, justo enfrente de su ventana. La beba se despertó y Daiana salió a pedirles que se apartaran para jugar, ya que eran las 23 y la beba necesitaba dormir. La esposa de Balla le respondió que la vereda era pública y el hijo de Balla, Maximiliano, comenzó a insultar a Daiana. "Ella decide buscar el documento de identidad en la vivienda para dirigirse a la comisaría a esta vez sí, denunciar lo que viene padeciendo. Al advertir que había olvidado llevar tapabocas regresa a su vivienda. En ese momento, Juan se dirigía con su beba en brazos hacia la casa de sus suegros que viven cruzando la calle, para estar en un lugar con ayuda. Martín Balla, hijo del condenado, quien pertenece a las fuerzas penitenciaria de la provincia de Santa Fe, increpa a Juan diciéndole: “Vení, puto, que te voy a matar”. No obstante que Juan se apuraba en llegar a la vivienda de sus suegros y le pedía que se calmé, Martín Balla continuaba con sus insultos a los gritos". Juan tenía la beba en brazos. Daiana comenzó a llamar al 911 para pedir urgente protección. "Desde la vivienda en que el condenado Jorge Balla debería cumplir con las condiciones de prisión domiciliaria salió un nutrido grupo para sumarse a la agresión de sus vecinos", relata la denuncia. Martín Balla,personal penitenciario, se fue contra Daiana y le dijo que aparecería con un tiro en la frente si no se va del barrio.
Mientras tanto, en la puerta de esa vivienda permanecía el condenado Balla, insultando a los gritos y en determinado momento amenazó de muerte a Juan. "El condenado no sólo hacía alusión a los crímenes que ya cometió contra militantes políticos y por los que fue condenado a prisión perpetua, sino también a que el padre de Juan, estuvo preso durante la última dictadura cívico-militar", dice el escrito firmado por Munné.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe tiene ahora la palabra.
Recuperación
El ex fiscal Ponce Asahad se quedó sin domiciliaria
Por ahora no se va a la casa
El juez Carlos Leiva denegó ayer la libertad y la prisión domiciliaria del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien seguirá preso otros 70 días en la causa por el cobro de coimas y protección al juego ilegal. En la audiencia de revisión de medida cautelar por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado, asociación ilícita y transmisión de datos reservados, la defensa intentó que se libere o --subsidiariamente-- se modifique la modalidad de detención de Ponce, preso desde agosto pasado, pero una vez más se prorrogó la prisión preventiva, como solicitó el fiscal Matías Edery. A la misma instancia llegaría también el exfiscal regional Patricio Serjal, pero en su caso se postergó para dentro de 15 días, a la espera de un informe de junta médica que pidió su defensa.
Ponce, quien en diciembre pasado reconoció algunas de las acusaciones, volvió a audiencia en la causa que lo tiene imputado por ser parte de una "asociación ilícita con el objeto de usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, sin contar con autorización de la autoridad competente", para lo que "los integrantes, con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal”.
Se trata de una red se desplegó tanto en Rosario y Villa Gobernador Galvez como en las ciudades de Gálvez y Rafaela. La imputación sostiene que los organizadores fueron Leandro Peiti --el capitalista de juego ilegal que pagaba las coimas-- y Patricio Serjal, mientras que al resto de las personas se les atribuye haber participado en carácter de integrantes, cada uno con un rol asignado. "Ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada (del Ministerio Público de la Acusación) a personas con el objetivo de hacer fracasar investigaciones", expresa el expediente.
Para los fiscales de la Agencia de Crimen Organizado la asociación tuvo una duración temporal que va, al menos, desde mediados de diciembre de 2018, fecha en la que Peiti dijo haberse encontrado por primera vez con Ponce Asahad para ofrecerle información sobre sus causas; hasta el 24 de julio de 2020, cuando se reunió en la cochera de Jujuy al 2300 con el abogado de Peiti.
En ese contexto, el rol atribuido a Ponce Asahad consistió en "haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero a cambio de transmitir directa o indirectamente información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso, o por aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal".
Justamente, a mediados de diciembre de 2018 el exfiscal se comunicó con el capitalista para informarle que existían investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. Así, junto a su empleado, Nelson Ugolini --también imputado--, "obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo". Además, realizaron medidas para interferir en los allanamientos que estaba por realizar ese fiscal. Entre las imputaciones se le atribuye haber ido con Serjal al Organismo de Investigaciones a ver una investigación y luego darle información a Peiti.
Entre los imputados en la causa aparecen también el comisario retirado Alejandro Torrisi --ya condenado-- y el fallecido David Perona; además de los ya nombrados como parte del Ministerio Público de la Acusación. En diciembre pasado, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo en el mismo expediente; sin embargo, la cámara alta no hizo lugar al pedido de quitarle los fueros.
Movilización a Santa Fe
Por estabilidad
El comunicado de les trabajadores recuerda que "en noviembre de 2020 nos enteramos por los medios de comunicación sobre esta situación inédita en la Provincia de Santa Fe, que comenzó con los decretos firmados por la Ministra de Educación Adriana Cantero, dando de baja los procesos de titularizaciones de trabajadoras y trabajadores de la EEMPA Nº 1330, Equipos Territoriales de Convivencia y Formación Profesional".
Los decretos, adujo la ministra de Educación Adriana Cantero, tenían "irregularidades en los procesos concursales. AMSAFE inició acciones legales que incluyen una acción de amparo y una medida cautelar quedando a la espera de su resolución por la feria judicial", recuerdan los trabajadores movilizados. "La medida tomada arbitrariamente por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe deja un precedente inadmisible y bochornoso en la historia de los acuerdos paritarios entre trabajadores, gremios y gobierno, quitar derechos adquiridos", recordaron.
Movilización de organizaciones sociales en reclamo de paritaria popular
Piden las herramientas para volver a trabajar
Una multitudinaria marcha de organizaciones sociales unió ayer, martes a la mañana, la sede del gobierno provincial, en Santa Fe y Moreno, con la oficina del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad, donde terminaron, para exigir una “paritaria social” que contemplen a los trabajadores de las economías populares. “La idea es llegar a los tres niveles del Estado”, aseveró uno de los manifestantes y abundó: “Vamos a llevarles la hoja de ruta de la paritaria nacional y popular consensuada con centenar de organizaciones”, completó.
"Para generar más de 4 millones de puestos de trabajo", dice el petitorio difundido por los manifestantes, que llaman a "reactivar la producción" y recuerdan que "lxs trabajadorxs de la Economía Popular" pueden "aportar experiencia y orientar nuestro trabajo hacia la el desarrollo de polos productivos".
Entre los puntos reclamados está que lxs trabajadorxs de las cooperativas de todo el país hagan obras públicas, la urbanización de los Barrios Populares, así como el llamado a repoblar el campo argentino e impulsar la producción de alimentos agroecológicos. También piden la creación de circuitos populares de comercialización y el impulso a las cooperativas de trabajo. "Creación de polos productivos en todas las ramas y tareas de cuidado: textil, construcción, reciclado, trabajo rural, cuidados y acciones comunitarias, educación popular, infraestructura", es otro de los puntos que plantean para la paritaria, que exige reparto de las horas de trabajo. La consigna es "todxs adentro". "Para lograr todo esto es necesario reorientar el presupuesto nacional hacia el desarrollo de estas áreas y establecer como prioridad la generación de nuevos puestos de trabajo a partir del fortalecimiento de las unidades productivas", plantearon.
De forma inmediata pidieron herramientas para las Unidades Productivas y Cooperativas, semillas para la agricultura familiar, urbanización en barrios con participación protagónica de los vecinos y referentes del barrio. También plantean que hacen falta alimentos, tierra para trabajar y vivir, espacios de primera infancia, así como salario igual a la canasta básica y reconocimiento de trabajadorxs esenciales.
Fuente:Pagina12












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