La Usina de Datos de la UNR midió las desigualdades
Muchas horas de trabajo gratuito
Imagen: Usina UNR/Indec
En el Gran Rosario, el ingreso promedio en la ocupación principal de los varones superó un 31,7% al de las mujeres. Para entender la brecha salarial hay que tener en cuenta que "la gran diferencia entre las tasas de actividad de varones y mujeres, que supera los 25 puntos porcentuales para la población de edad central, parece indicar que la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que tienen las mujeres impide su incorporación al mercado laboral y las mantiene, mayoritariamente, lejos de la posibilidad de generar sus propios ingresos”. Así lo explica el informe Desigualdades de género en números, elaborado por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, que por segundo año consecutivo procesa y recopila la información estadística disponible. Otro dato relevante es que el 71 por ciento de las tareas reproductivas no remuneradas la realizan mujeres, y si bien sigue siendo altísimo, ese número bajó cinco puntos porcentuales desde el informe del año pasado, cuando el 76 por ciento de esas tareas gratuitas pero esenciales para el funcionamiento de la sociedad las hacían las mujeres.
¿Qué es la tasa de actividad? La población económicamente activa contabiliza a las personas que trabajan o buscan trabajo. De ese total, se distingue entre personas ocupadas y desocupadas. El índice de desempleo de mujeres se ubica en el 10,4% y el de subocupación en el 16%.
“Hay una mayor subocupación de las mujeres, no sólo que trabajan una jornada reducida, sino que quieren trabajar más. En 2020 aumentó al 16 por ciento, cuando la de los varones, que también aumentó, sigue siendo más baja. Esa población de personas que trabajan una jornada parcial y quieren trabajar más horas, habla de las dificultades de las mujeres para insertarse plenamente en el mercado de trabajo”, explicó Paula Durán, coordinadora del informe. La tasa de subocupación para varones se encuentra en 9,6%.
Un indicio de la informalidad laboral que afecta a las mujeres puede leerse en las prestaciones por desempleo. “En el mes de mayo de 2020 el 72,9% de las mismas fueron otorgadas a varones, una proporción similar a la nacional (70,9%). La cantidad de prestaciones por desempleo aumentó 11% entre mayo de 2019 y mayo de 2020. Mientras que la cantidad de beneficiarias mujeres de prestaciones por desempleo no aumentó, la cantidad de beneficiarios aumentó 16%”, explica el informe.
La brecha de ingresos por género actual es 10,1 puntos porcentuales mayor a la del total nacional, donde ronda el 21,6%. La disparidad de ingresos entre varones y mujeres demostró una notoria mejora a nivel nacional, disminuyendo 4,5 puntos porcentuales (en el Gran Rosario se atenuó tres puntos). “Esta brecha no es por igual puesto o igual jornada, sino sobre el total del ingreso promedio que perciben mujeres y varones por su trabajo principal. Justamente, entendemos que lo que sucede con el trabajo no remunerado impacta en las posibilidades de las mujeres de desarrollarse en el trabajo fuera del hogar, o remunerado y genera esta brecha”, explicó la coordinadora del informe, quien enfatizó que ese condicionamiento quedó "aun más en evidencia durante la pandemia".
Por eso, el primer dato que muestra el informe tiene que ver con los trabajos reproductivos no remunerados. “En el aglomerado Gran Rosario, según los datos relevados por la EPH, la mayor parte de las tareas del hogar −sin tener en cuenta al servicio doméstico− son realizadas por mujeres. Se evidencia que 2 de cada 3 personas que asumen las tareas del hogar son mujeres”, se lee en la página 7. La buena noticia es que algo está cambiando. En relación al año 2019, "se observa una distribución menos desigual al interior de los hogares durante el año 2020. Se advierte una disminución de 5 puntos porcentuales en las tareas asumidas por las mujeres en el aglomerado Gran Rosario, mientras ganan terreno las labores llevadas adelante por la población masculina", plantea el informe. Esa proporción es de 71 a 29 en el Gran Rosario y de 72 a 28 en todo el país.
A lo largo de 30 páginas, el informe reelabora con una mirada de género datos y estadísticas oficiales. Hacia mayo de 2020, en la provincia de Santa Fe, se encontraban vigentes 435.120 jubilaciones. De ellas, un 62,6% correspondían a mujeres y un 37,4% a varones. “La importante cobertura en el sistema previsional para mujeres se debe, fundamentalmente, a la implementación de los planes de inclusión previsional que permitieron el acceso, a través de moratorias, a una gran parte de población que, de otra manera, no se hubieran jubilado”, dice el informe, que recupera un dato contundente: “De las 272.404 mujeres jubiladas, el 81,6% accedió al derecho con una moratoria. Por el otro lado, de los 164.139 de jubilados varones, el 42,6% accedió a la jubilación mediante una moratoria”, puntualizan y afirman que se puede concluir que “la chance de jubilarse con moratoria es 6 veces mayor para las mujeres que para los varones de la provincia de Santa Fe”.
Durán plantea que “fue también clave en la pandemia que estas personas tengan un acceso a un ingreso, aunque sea mínimo garantizado, y una cobertura de salud”. Al encontrar una reducción en la cantidad de jubilaciones vigentes, el informe alerta sobre la necesidad de actualizar las “políticas de inclusión previsional para el acceso a un derecho central como el de la jubilación”. Para Durán, “más que una prórroga de los planes existentes, se requiere una revisión, porque se ve claramente que sin estas medidas, las mujeres no llegan a contar con los 30 años de aportes que se requieren a la edad de jubilarse. Y eso hace más difícil que una mujer pueda llegar a ese derecho”. La mayor informalidad laboral y el retiro --o disminución de las horas-- del mercado laboral por la maternidad, además de la gran cantidad de horas de trabajo gratuito en sus hogares, explican los aportes previsionales que les faltan a las mujeres.
Pastor
Paro internacional y plurinacional del movimiento feminista
Un nuevo 8 de marzo en la calle
Imagen: Sebastián Granata
"Si nosotras y nosotres paramos, se para el mundo”. Con esa consigna se conmemora hoy un nuevo paro internacional y plurinacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex, identidades no binarias, personas con discapacidad, afros, originarias e indígenas. Esta tarde, algunas organizaciones marcharán desde la Plaza San Martín, a las 17, hacia el Monumento. Otras, se concentrarán a las 18 en el Parque Nacional a la Bandera, donde habrá feria y presentaciones artísticas. A las 19, unas y otras confluirán para la lectura de una proclama con reclamos a los distintos poderes y niveles del Estado. La convocatoria insiste con los cuidados ante la pandemia: piden asistir con barbijo, alcohol y mantener el distanciamiento. También se invita a participar desde casa, con cintas violeta o carteles en puertas y ventanas; y en las redes sociales (#ParamosRosario8M2021, #Paro8M2021Rosario). Como en años anteriores, los femicidios aparecen como uno de los datos más preocupantes: según el informe del equipo de género de la concejala Norma López y La Corriente Mujeres, hubo 53 víctimas fatales de la violencia machista en el país, en lo que va de 2021; 3 casos son de la provincia de Santa Fe: dos en Rosario, en contexto de criminalidad, y un transfemicidio en Granadero Baigorria. En tanto, a la Fiscalía de la regional Rosario ingresan entre 30 y 40 denuncias de violencia de género por día.
Desde la asamblea feminista por el 8M señalaron que "el tradicional Día de la Mujer amplió su conformación sumando año a año a nuevos colectivos y, entre las múltiples acciones recordatorias, adoptó la huelga". En ese sentido, indicaron que "el cese de actividades varía según las posibilidades de cada sector laboral".
En la proclama que se leerá esta tarde habrá nuevos e históricos reclamos, expresados en casi cuarenta puntos, como la necesidad de abordar integralmente las situaciones de violencia de género, entre los tres niveles del Estado, además de "fortalecer las redes y organizaciones territoriales que trabajan en prevención y acompañamiento" de los casos. También hay exigencias en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad, reconocimiento de las identidades no binarias, por urbanismo feminista, apoyo al reclamo de tierra y vivienda; aplicación efectiva de políticas LGTBIQ y ley Micaela; separación de la Iglesia y el Estado; condiciones dignas de trabajo; reconocimiento de les trabajadores de economía popular e informales. Además, exigen "una inminente reforma judicial, con mirada feminista y popular", entre otros puntos.
Viviana Della Siega, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señaló que "este 8M nos encuentra en una situación diferente a la del año pasado, pandemia mediante, y hemos planteado un escenario diferente, por eso hay quienes mancharán y quienes nos concentramos en el Parque Nacional, para después confluir en la proclama". Si bien destacó "muchos logros"; también manifestó preocupación "por la situación económica y los femicidios que día a día se cobran una vida. Más allá de las leyes, no queremos más punitivismo sino que necesitamos un cambio de la matriz patriarcal; necesitamos la aplicación de la ESI (Educación Sexual Integral) para que desde las infancias se aprenda el respeto. Hemos sabido articular con los diferentes colectivos y cada vez somos más y más conscientes de la necesidad de la unidad en la lucha", aseguró.
Por su parte, Nazarena Galantini, de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género --que ayer inauguró la Casa de las Mujeres Libres, en Buenos Aires 1038--, agregó: "Atravesamos un 2020 que estuvo marcado por el recrudecimiento de la violencia de género y este año también lo empezamos con cifras alarmantes. Se nacionalizó el grito por la emergencia", expresó.
En tanto, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) Rosario, sumaron: "Lxs putxs también paramos". Y lanzaron sus propios reclamos: "Basta de estigma, de violencia institucional, derechos laborales y sociales para lxs trabajadorxs sexuales, aprobación de la ley de reparación histórica". También reiteraron el pedido de "justicia por Sandra Cabrera y lxs compañerxs víctimas de femicidios y travesticidios".
“Este 8 de marzo estamos movilizadas en todo el país, por #NiUnaMenos y para que triunfen las luchas por tierra y trabajo", dijo Irene Gamboa, de Pan y Rosas.
Marcelo Lewandowski y su mirada del conflicto en la Cámara alta
"En el Senado no somos todos lo mismo"
Imagen: Andres Macera
Tal como lo hicieron los ministros de Gobierno Roberto Sukerman, el de Gestión Pública Marcos Corach, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia y hasta el propio gobernador Omar Perotti, el senador provincial del peronismo Marcelo Lewandowski se despegó de la malograda comisión legislativa de seguimiento e investigación de fiscales y defensores públicos. “Por supuesto que voté en contra, como en todos los proyectos que impulsó el senador (Armando) Traferri que pretendieron perjudicar al Ejecutivo provincial”, dijo tajante el senador rosarino. Y subrayó que estos conflictos “no son producto de ninguna interna peronista sino de una alianza del Nuevo Espacio Santafesino con el Frente Progresista, una ‘mayoría automática’ de 13 senadores que hemos visto funcionar aceitadamente desde que asumimos”, remató.
A Lewandowski le preocupa que los ciudadanos vean que en el Senado “somos todos iguales y la verdad que no es así”. Y afirmó que “cuando uno generaliza, en cualquier orden de la vida, siempre se equivoca. Y en este caso pasa lo mismo: ni el Senado provincial es todo lo mismo, ni los senadores somos todo lo mismo”, dijo y agregó que “quienes no hemos tenido funciones públicas hasta ahora, hemos venido para tratar de cambiar algo. Para aportar una mirada distinta porque si no todo se diluye y termina siendo lo mismo que se cuestiona desde afuera”.
El senador por el departamento Rosario explicó que “lo que yo intento hacer desde que asumí es tener una coherencia con el sentido común. Por ejemplo, en todo lo que fue esta discusión por el pedido de desafuero de un senador (Armando Traferri), marcar que la inmunidad que tenemos nosotros de no poder ser sometidos a proceso, no corresponde. Y si hay una justicia que quiere investigar como cualquier ciudadano tenemos que estar ajustados a derecho y a la misma altura que cualquiera”. Y agregó que “en este caso también fue una cuestión de coherencia: por qué crear una nueva comisión investigadora cuando ya hay instancias de control de los fiscales, cuando ya tienen de por sí una auditoría interna en el propio MPA (Ministerio Público de la Acusación). Lo vemos fuera de toda lógica y por eso votamos en contra. La ciudadanía está buscando otra cosa de nosotros”.
Lewandowski describió que “la lógica que maneja hoy por hoy el Senado de la provincia habla de un entendimiento claro, sobre todo en las leyes que más perjudicaron al actual Ejecutivo, entre seis peronistas con seis o siete radicales. Entonces cuando se votaron las llamadas ‘Leyes anti Sain’ que salieron cruzadas, que se votó en una misma tarde en Diputados y después en Senadores; fue una alianza clara del Frente Progresista con el peronismo que representa el NES (Nuevo Espacio Santafesino que conduce el propio Traferri). Así también se votó dejar afuera al Plan Incluir del actual gobierno y dejando en firme el Plan Abre de la gestión anterior. Algunas reformas tributarias o la propia Patente Automotor, también se votaron así. Yo la llamo una mayoría automática de 13 senadores, desde que asumí así también se votó la integración de las distintas comisiones. En realidad son de distintos bloques, pero en las cosas importantes se han puesto siempre de acuerdo. Y no por consenso sino por coincidencia en los intereses políticos”.
El senador rosarino aseguró que por todo esto “cuando a mí me dicen que esta situación es producto de una ‘interna peronista’ ¿qué interna peronista? Esto es producto de una alianza que hay entre estos distintos bloques políticos. Y repito, esto no es diálogo o consenso, consenso es cuando por ejemplo, yo tenia un proyecto sobre las energías renovables y me llama la diputada Clara García (FPCyS) que tenía otra iniciativa similar y nos pusimos de acuerdo y ahora espera sanción. Es una norma que ahora está dormida en el Senado. Y es una ley que dará beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan en energías renovables, esas son las cosas importantes, lo que nos demanda la gente en nuestras funciones”, concluyó.
Docentes, adultos mayores y odontólogos
Sigue la vacunación por covid
Con la llegada de 31500 dosis de la vacuna Sinopharm, de origen chino, que se sumaron el sábado, se continuará la aplicación toda la semana a los docentes de distintos puntos de la provincia,. El primer grupo de docentes vacunados son aquellos de jardines de infantes, primero, segundo y tercer grado, y de escuelas especiales. “Para los docentes de ese nivel es más difícil aplicar los protocolos de distanciamiento, el uso de barbijos, por eso, el Consejo Federal de Educación que definió a este grupo como el de mayor exposición”, explicó la titular de la cartera sanitaria santafesina, Sonia Martorano.
Unas de las cuestiones que se conocieron es que las vacunas que sobren de los docentes serán aplicadas a un millar de policías que son personal de riesgo y están con carpeta médica a causa de la pandemia.
En tanto se sigue aplicando la vacuna Sputnik a los adultos mayores de 80 años o más que pidieron turno a través de la página oficial de la provincia. La aplicación es en las antiguas instalaciones de la Rural en el Parque Independencia.
En tanto, hoy se completará la totalidad de los 4315 profesionales odontólogos de la provincia.
Paro de mujeres
Trabajadoras que se suman
Pueblos en lucha
Rosana Esquivel, integrante del pueblo Qom, fue designada por el gobierno provincial como la titular de la flamante Dirección de Comunidades de Pueblos Originarios. “Es una alegría enorme poder tener esta oportunidad”, destacó.
El gobernador Omar Perotti decretó la creación de la Dirección Provincial de Comunidades Originarias, cuya titular será la integrante del pueblo Qom de Rosario, Rosana Esquivel. Desde la provincia destacaron que esta iniciativa se da “luego de un cúmulo de acciones erráticas en los últimos 12 años en materia de políticas destinadas a los pueblos originarios de Santa Fe y que suman más de 200 mil personas en todas las comunidades que lo conforman”.
Desde la Casa Gris indicaron que el objetivo de esta dirección –que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social– será “conformar en el corto plazo, un registro serio y completo de las más de 100 comunidades de pueblos Qom, Mocoví, Kolla, Corondá, Diaguita-Calchaquí, Guaraní y Mapuche, entre otros, que habitan en el territorio santafesino”. Y que con esa información, “la siguiente meta será implementar estrategias concretas de integración, mediante un trabajo transversal entre todos los ministerios y direcciones provinciales”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Esquivel celebró la designación por partida doble. “Como mujer y descendiente Qom, es una alegría enorme poder tener esta oportunidad que nos brinda el gobernador (Perotti) para, desde el Estado, poder trabajar en toda la provincia”.
Esquivel se afincó en Rosario “hace unos 30 años” en busca de oportunidades, al igual que cientos de integrantes de pueblos originarios que migraron hacia las grandes urbes. La flamante directora estará acompañada por el nuevo presidente del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas), Francisco Saavedra. También se sumará el integrante de la comunidad Mocoví de Melincué, Ariel Araujo.
El Instituto fue creado en 2007 pero hasta la fecha “ninguno de sus objetivos primordiales habían sido concretados”, según aclaró el gobierno santafesino en un parte de prensa, en el que agregó que “las escasas asambleas ciudadanas que se desarrollaron tuvieron poca participación de los pueblos originarios y sus organizaciones, debido a la carencia de un órgano estatal que los integre”.
Ahora, el desafío será “empezar de nuevo”, según dijo Esquivel. Para ello, la nueva Dirección tendrá la misión de discutir y definir acciones para estrategias conjuntas de autodesarrollo y preservación del medio ambiente; así como también establecer una posición común para la integración de sus propuestas en las políticas públicas que ya está implementado el gobierno de Santa Fe, a través de las áreas de Justicia, Educación, Salud, Hábitat, Producción, Trabajo, Cultura, Deportes, Género, Economía y Turismo.
Fuente:RedaccionRosario
8M en pandemia: el año peligroso de vivir encerradas con violentos
Mujeres referentes
del feminismo en Rosario cuentan en este informe exclusivo la odisea que
vivieron miles de toda edad, forzadas a convivir todo el tiempo con sus
agresores.
LUNES 8
DE MARZO DE 2021
POR HAGAR BLAU MAKAROFF
Un año atrás salió el decreto presidencial del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y el país se replegó hacia los hogares. Esto implicó que miles de mujeres de todas las edades se encontraran en una convivencia de 24 horas con sus agresores, sin trabajo y sin escuelas, mientras cerraron las atenciones presenciales de Atención a la víctima en violencia doméstica de Tribunales, los Centros de Acceso a la Justicia, los Centros Territoriales de Denuncia, y los fines de semana no había centros de salud tampoco.
Previsoras, las referentes en el trabajo diario de acompañamiento a las víctimas, entendieron que lejos de replegarse como todas las instituciones, debían sostener, reforzar y reconfigurar su trabajo, que más que antes fue considerado esencial. Las oficinas de Teléfono Verde sumaron a su atención un servicio de mensajería por WhatsApp y un servicio de tramitación de denuncias, la presencialidad en casos críticos, y los refugios. Mientras en la Fiscalía de Género se fortalecieron las comunicaciones internas y en red con el Municipio, el Ministerio de Seguridad y los centros de salud. El rol de las organizaciones feministas de los barrios fue clave en la cercanía, y fueron los ojos más cercanos a esta realidad que se recrudeció.
¿Por qué se dice que recrudeció? Los números así lo mostraron: La fiscalía recibió más de 30 casos de denuncias por día durante el encierro, y desde Ampliando Derechos (que trabaja en dos barrios) fueron cuatro o cinco mujeres por semana cuando años anteriores eran la mitad. Aumentó un 70 por ciento las llamadas al Teléfono Verde (de 4500 en 2019 a 7600), y hubo igual cantidad de consultas por la nueva mensajería de Whatsapp del Contacto Violeta. La propia ONU destacó que en Argentina es de los peores cuatro países de América donde aumentaron los casos de violencia de género.
En el cuarto año consecutivo que se realiza la movilización y paro de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre los reclamos del colectivo feminista se destaca que se apruebe la ley Ni una menos, se bajen las tasas de violencia machista, se igualen los salarios en los puestos laborales, y se mejoren las condiciones de trabajo irregulares, entre otras consignas igual de importantes como la capacitación en perspectiva de género con la Ley Micaela en todos los poderes del Estado, sobre todo la Justicia, tras el determinante caso de Úrsula Bahillo por haber realizado 18 denuncias y resultar muerta a manos de su ex pareja.
RosarioPlus dialogó con cinco de las referentes que trabajan en torno a la violencia de género sobre cómo se vivió el año del encierro del ASPO en hogares que padecen la violencia, y los mencionados fueron algunos de los temas que se abordaron. Se pudo conocer que varios de los femicidios del año pasado en Rosario fueron relacionados al narcotráfico, y que hubo todo tipo de situaciones: necesidad de abandonar el hogar, adultos mayores con problemas de convivencia, niños abusados, mujeres muertas.
El registro que lleva adelante Mercedes Pagnutti de femicidios indica que en pandemia murieron 25 santafesinas, de 41 durante todo el año en el territorio provincial. En Rosario fueron 15, o 19 si se piensa en el Departamento, once de éstos en contexto de criminalidad. En el país fueron 302 las muertas a manos de un agresor por contexto de género según este registro, y en consecuencia, 252 niños y niñas quedaron huérfanos. Treinta y dos son niños de Santa Fe.
Todas ellas coincidieron en la necesidad de mayor articulación entre sí. Se reclamó la necesidad de aplicar la figura del acompañante en los procesos que viven las víctimas, antes y luego después de denunciar. Y en algunos casos se recordó la necesidad de capacitar a efectivos que atienden a las víctimas en las comisarías, ya que sigue siendo el lugar por excelencia al que acuden en los barrios de la ciudad.
Las entrevistadas Giacometto desde el trabajo social en los barrios Emaus y Qom de Sorrento, Mercedes Pagnutti desde su seguimiento del mapa de femicidios, Mariana Alonso desde los dispositivos de atención municipal y Mariana Caminotti desde el trabajo de la Secretaría de Género de la ciudad, y la fiscal de Género del MPA Rosario, Luciana Vallarella, relataron cómo fue su tarea cotidiana en torno a las víctimas de violencia de género durante el encierro.
La Fiscalía de Género
La fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Luciana Vallarella, relató en torno a las políticas que “si bien hay subsidios para víctimas y hay instancias de acompañamiento, no hay una política pensada para ese acompañamiento de la mujer víctima de género, lo cual muchas veces genera obstáculos en su decisión de terminar esa relación dañina”. Recordó que “los centros de alojamiento funcionan pero son temporarios y no se piensa a dónde irá después, por lo que estos recursos son insuficientes”.
Además de causas de violencia de género también trabajan tentativas de femicidio y casos de violencia con niños menores. En su área hay cuatro fiscales, que durante la pandemia y hasta hoy reciben un total de 32 denuncias diarias. “Es un gran número, sería bueno ser más fiscales de género porque nos superan las cantidades de causas. Si antes de una denuncia, hubiera el acompañamiento suficiente en lo económico, y en lo emocional, quizás se evita que se llegue a una denuncia y habría menos causas”, especuló.
La buena noticia es que Vallarella aseguró que “se está capacitando en perspectiva de género a la policía”, y eso va a frenar en el futuro estas situaciones por un manejo previo al acercarse ellas a las comisarías. Asegura que la situación de las mujeres es cada día más difícil de abordar, y eso es por las balaceras y las drogas, ya que hay vínculos con agresores con problemas de consumo también.
Muchas veces se denuncia en varias ocasiones, “y el caso lo armamos en base a esa acumulación de denuncias, ya que las tipificaciones de violencia de género suelen tener penas muy bajas, y no siempre se consiguen prisión preventiva”.
Para la fiscal, los centros de salud y hospitales son una fuente de información valiosa porque tienen la relación con las dinámicas familiares. “A veces van lesionadas y cuentan lo sucedido, y queda en las historias clínicas. Cuando advierten algo de gravedad nos avisan si necesitan nuestra intervención urgente con esa familia”.
Vallarella reflexiona sobre esto que “se entiende la dificultad de denunciar al padre de tus hijos, es un proceso que lleva mucho tiempo. Sabemos que la denuncia no es por un primer hecho sino haber puesto un límite donde necesitaba pedir ayuda. La dependencia económica y la vivienda hacen que no sea fácil irse de ahí, ya que muchas veces viven en terrenos de sus suegros y pueden ser hostigadas”.
Las organizaciones, junto a las víctimas
Nora Giacometto es de la organización Ampliando Derechos, la cual asegura “era feminista pero debió volverse de trabajo integral con otras problemáticas de toda la familia”.
El comienzo de la pandemia con el encierro, en los barrios se vivió “tremendamente” porque las chicas al no tener acceso a ninguno de los dispositivos locales. “En la emergencia no había absolutamente nada. Quedó demostrado en los números, en el aumento de las llamadas, las situaciones y los femicidios. Es decir el dispositivo estatal no estuvo. La primera batalla la gana el Teléfono Verde pero el tema es después, que la mujer denuncia en soledad”.
Junto a otras organizaciones se armó “una red de contención y en seguida nos enteramos si hay alguna situación de violencia particular, ya que sabemos que a muchas mujeres les cuesta muchísimo tiempo llegar a denunciar, lo que llamamos ‘la ruta crítica de la denuncia’, y en ese proceso la prevención necesita que el Estado esté en territorio, para bajar los femicidios, acompañando en todo el recorrido”.
La clave en esto es lograr empoderarlas para que dejen de ser víctimas: “Les aconsejamos que vuelvan a terminar la secundaria, para percibir con la educación qué está bien y que está mal. También es necesario que tengan capacitaciones en oficio. Necesitan que las empoderemos e insertemos en la sociedad para a que ellas mismas busquen su trabajo y sean el sostén de sus hijos, y dejen la dependencia económica del agresor”.
Además asegura que “va a llegar un momento que si llevás con atención un registro de todas las que ingresan heridas o golpeadas a efectores, se va a bajar la violencia”, pero el problema es que los médicos no se animan a denunciar cuando ven estos casos, algo que la fiscal Vallarella aseguraba que sí, y que el contacto es fluído con la Fiscalía que le compete.
Ampliando Derechos se asienta en barrio Qom de Sorrento, y en Emaus, donde también se acercan vecinos de Stella Maris, La Bombacha, La Antenita, Cristalería, 27 de septiembre. Y lo que Nora observa tras muchos años de patear los barrios es que si bien hay campaña en los distritos, y los servicios municipales, eso no funciona para las mujeres. “Culturalmente nos enseñaron que podíamos ir a la comisaria para pedir ayuda, y eso en el barrio sigue, por más que se hayan creado Centros de Denuncia, porque para ir a ellos te tenés que trasladar”. Entonces para ella, resulta clave “capacitar a dos o tres policías en turno de cada comisaría”.
Giacometto recordó que hace una semana el papá de Micaela -la joven asesinada en Gualeguay por la que se creó la ley de capacitaciones- criticó que los jueces dijeron que se auto capacitaban. “En la provincia de Santa Fe pasa lo mismo, les falta capacitación. Se estuvo haciendo la capacitación de la Ley Micaela, pero todos piensan que no es necesario”.
Finalmente, aseguró que “en esta ciudad La gran mayoría de los femicidios que se dan son relacionados al narcotráfico y por eso los jueces tienen miedo a investigar, y quedan absueltos. En los barrios muchos policías son los que manejan las drogas, y ellos son los que recolectan las pruebas de los hechos. Las causas después las deberían investigar organismos no relacionados con la policía”.
El Teléfono Verde y el Contacto Violeta, protagonistas
“Toda situación de violencia es plausible de ser detenida a tiempo”, asegura la directora de la Atención a la Víctima municipal Mariana Alonso, quien coordina un equipo de 60 personas en la atención en urgencia, intervenciones, acompañamiento y asesoramiento del Teléfono Verde.
Este equipo completo nunca cesó en pandemia con la escucha activa en las vulnerabilidades conexas a la violencia de género, como la vulnerabilidad social, económica, de salud o habitacional.
“En la fase 1 del aislamiento total teníamos una idea cabal que los servicios no se retiraban con el decreto nacional de reclusión, sino incluso íbamos a tener mayor presencialidad, y fue un trabajo considerado de esencialidad ante el confinamiento de tantas familias”, recordó, y agregó que aquellos días fueron “de una articulación constante con el Ministerio de Seguridad y la GUM en traslados de mujeres con protección”.
En pandemia entre marzo y diciembre incrementó un 70 por ciento el nivel de llamadas: en 2019 se registraron 4500 llamados, y en los mismos meses fueron 7.600. “Aparte del Teléfono Verde que recibía llamadas, se entendió que muchas mujeres viven con los agresores y no podían pedir ayuda”.
Entonces se diseñó el Contacto Violeta para que no tengan que llamar, y sólo escriban al número de Whatsapp (341 5781509). En marzo fueron 36 mensajes, y en sept tuvimos un pico de 616 mujeres. Vimos cómo se apropiaron de ese servicio. “Ahora en 2021 este servicio supera en los números al propio Teléfono Verde. Esto significa que es un servicio necesario y significativo”, subrayó.
“Con los fiscales y sus secretarios teníamos una comunicación directa para tomar medidas penales, y como los CTD y los Tribunales estaban cerrados, y se necesitaba seguir creando exclusiones de hogar y prohibición de acercamiento, se hizo un convenio con la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y de Violencia Familiar en abril, y entonces desde el Teléfono Verde se gestionaban y recibían las prohibiciones de acercamiento, que se enviaban directo al Whatsapp de las víctimas”, acortando la odisea de que la víctima deba atravesar unas cuantas ventanillas, un incordio que todas las referentes consultadas observaron.
Había una lista de espera de 40 mujeres que necesitaban botones de alerta, y se entendió que “éstos aparatos se deben entregar de forma inmediata, por lo que se logró gestionar la entrega de todos los que se necesitaba” y otros cincuenta en pandemia.
La primera secretaria de Género
Mariana Caminotti, primera funcionaria en dirigir esta nueva cartera municipal creada poco antes de la pandemia nucleando Diversidades sexuales, Mujer y Derechos Humanos, recordó que “aquellos primeros meses fue inventar protocolos, reinventar formas de trabajo, que los equipos se animen a venir porque tenían miedo a estar en la atención cuando el mensaje era quedarse en cuarentena, y aún sabíamos poquísimo sobre el covid”.
En torno al botón de alertas aseguró que “si bien la entrega es por el sistema judicial, establecimos un sistema de seguimiento continuo de las mujeres que llevaban ese botón, con una línea telefónica exclusiva, para monitorear su situación en cercanía y estar atentos al funcionamiento correcto de los botones”.
A diferencia del punto de vista de Nora Giacometto, la funcionaria de Género aseguró que hubo cercanía desde el Estado con los vecinos: “Participamos de consejos barriales sobre violencia de género, tuvimos mucho dialogo con mujeres en los territorios, y con la Red de Mujeres por la No Violencia que está en todos los distritos y hacen un trabajo invaluable”.
Recordó que en noviembre pasado, en el marco del “mes violeta”, de lucha contra la violencia de género, a partir de una iniciativa surgida en un consejo vecinal virtual con mujeres de estas redes surgió la idea de los Puntos Violeta: “Un espacio físico para que las vecinas tengan la intimidad de hacer un llamado por violencia de género o por cualquier otra vulnerabilidad de derechos. Ya se inauguraron cinco, solo resta encontrar un espacio en el sudoeste”.
Caminotti explicó sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en todos los estamentos del Estado: “Nunca sabemos por dónde puede ingresar alguien en situación de violencia, y por eso debemos tener estas alertas para detectar a tiempo. El programa de formación en género “Ley Micaela” es fundamental para la detección, y ayuda a entender qué tipo de mujeres existen, si son cis, trans, originarias, lesbianas. Incorporamos incluso la perspectiva de nuevas masculinidades, la forma hegemónica de masculinidad y problematizar la violencia”.
La mapeadora de los casos
Mercedes Pagnutti registra los femicidios desde 2008, y en 2015 realizó el primer mapa con los casos geolocalizados, desde el equipo jurídico feminista de la concejala Norma López. Recordó que “en el inicio de la pandemia, en abril y mayo se dieron cinco o seis femicidios resonantes seguidos. En ese momento había una movida anti cuarentena en muchos medios, y se culpaba a la cuarentena por los femicidios en la convivencia. Entonces yo hice la comparación con 2018 y 2019 y no hubo más casos”.
En el periodo de Cuarentena desde el 20 de Marzo al 31 de diciembre hubo 228 femicidios en Argentina (25 de Santa Fe). En el mismo período de tiempo pero en 2019, hubo 241 femicidios (27 de Santa Fe), y en 2018 hubo 242 en Argentina (27 de Santa Fe).
En las estadísticas y comparativas, Pagnutti pudo ver que “los casos eran más de relación de parejas y dentro del hogar que años anteriores, algo sí atribuible al encierro. Pero no hubo más cantidad de femicidios”, aclaró.
Su relevamiento es basado en datos periodísticos: “Relevo entre 20 y 25 medios digitalmente por día, los diarios más reconocidos en cada provincia. Tengo un aviso de Google Alert, que me lleva al diario o provincia del caso de femicidio. Cuando encuentro un hecho, busco cuales son los medios de esa localidad y lo agendo”.
El mapeo de los casos los comenzó a hacer con la llegada del Ni Una Menos en 2015 en los lugares de Santa Fe. “Después empezamos a mapear los femicidios del país, por provincias también, además de los detalles de Santa Fe por departamento, en un mapeo aparte, ya que son los datos que más manejamos para aportar a soluciones en nuestra provincia”.
Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con el Teléfono Verde al 0800 444 0420, todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí un Whatsapp al 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.
Fuente:RosarioPlus
Confirmado
El municipio pedirá ante la Justicia el bloqueo de la
aplicación Uber
El secretario de gobierno, Gustavo Zignago, adelantó que este lunes se realizará la presentación en
Tribunales
8 de marzo de 2021
El secretario de gobierno, Gustavo Zignago, adelantó que este lunes se pedirá
ante la justicia el bloqueo de la aplicación Uber. Además confirmó que se están
realizando fuertes controles, pero todavía no se detectó este servicio en la calle.
El secretario de gobierno, Gustavo Zignago, adelantó que este lunes se pedirá
ante la justicia el bloqueo de la aplicación Uber. Además confirmó que se están
realizando fuertes controles, pero todavía no se detectó este servicio en la calle.
“En la plataforma tampoco se ven vehículos disponibles; creemos que se trata mas
de un hecho comunicacional mas que de una realidad”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, la aplicación se encuentra activa y es por eso que es lunes realizarán
una presentación judicial. para que suspenda o elimine la app para los celulares de
las ciudad de Rosario.
Para Zignago, “no hay mucho lugar a dudas; el fundamento de la acción esta
basado en el derecho que le asiste al municipio como ente regulador del transporte
de pasajeros; sino que tenemos la obligación del control”.
“Estamos convencidos que el cumplimiento de la ley forma parte del debate de la
convivencia y la seguridad”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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