Es hora de desarmar los cimientos patriarcales de la Justicia
El Poder Judicial está en la mira como nunca antes. Desde distintos ángulos, con cuestionamientos que llegan a todos sus niveles y fueros. Y la lucha de los movimientos feministas, que todo lo atraviesa, también incide aquí para exigir perspectiva de género en la casta judicial. El reclamo no es nuevo, pero se reavivó tras más de medio centenar de femicidios en lo que va del año que dejaron en evidencia falencias urgentes en un sistema donde muchas denuncias que podrían prevenir el peor desenlace caen en saco roto. ¿Qué implica hablar de reforma judicial feminista? ¿Es posible? ¿Por dónde empezar? ¿Sólo es pensable a largo plazo o pueden introducirse herramientas concretas y rápidas? Demasiadas preguntas y una sola certeza: así, no va más.
La lucha contra la violencia de género como política de Estado y una reforma judicial que incluya la perspectiva de género para evitar que los femicidios “se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos” fueron parte del discurso del presidente Alberto Fernández en la inauguración del 139° período de sesiones legislativas ordinarias. “Algunos actores deben transformarse o irse del Poder Judicial si no incorporan la perspectiva de género”, dijo luego el ministro de Interior Eduardo “Wado” De Pedro. Mientras la reforma judicial es discutida y resistida desde el vamos, la meta de una transformación en clave feminista adquiere peso propio. Aunque no todas las miradas lo ven factible a mediano plazo.
“Pueden empezar por cumplir las leyes”
“La idea de reforma de justicia desde perspectiva feminista todavía es un concepto al que falta dotarlo de mayor contenido”, advierte Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Hay que tener en cuenta los procesos de administración de justicia frente a las expresiones de violencia en diferentes fueros y eso lleva a un debate amplio y más complejo, que requiere mayor evidencia empírica sobre qué reformar y en qué sentido”, señala en diálogo con Tiempo. “Por ahora hay muchas consignas y poca precisión. Es sumamente importante acercar la justicia en términos de servicio a la población. Es central para la democracia”, remarca.
Pero, ante la urgencia que implica un femicidio cada 23 horas en lo que va del año, sí hay medidas que se pueden tomar en lo inmediato. “Pueden empezar por cumplir las leyes, cada uno en su competencia. El Poder Judicial tiene hoy la obligación de juzgar y considerar las pruebas y acompañar a las víctimas desde una perspectiva de género –enfatiza Gherardi- Ya tiene la obligación de tomar en serio las denuncias, creer las palabras de las mujeres, hacer esfuerzos investigativos para lograr la prueba de los delitos que denuncian, dictar medidas de protección y preocuparse por su cumplimiento”, detalla.
“La incorporación de la perspectiva debe ser estructural. Este eje de trabajo no es una cosa que pueda ser voluntaria –coincide Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)- Porque hay compromisos del Estado argentino al suscribir tratados internacionales”.
De todos los proyectos de cambio en curso –el del Poder Ejecutivo de ampliación de cargos, el de reforma del Ministerio Público, la implementación general del sistema acusatorio- la abogada considera que “la herramienta más potente de transformación es la del sistema acusatorio, porque desarma un poco la concentración de funciones, trae oralidad y eso implica mayor transparencia y participación de las víctimas”. En la lógica actual, señala, “hay un lugar que fue asignado a las mujeres en los procesos de muy poca escucha (…) En un sistema acusatorio tiene un rol súper protagónico”.
Pensar en la perspectiva de género atravesando todo el sistema judicial, en todos sus niveles, implica también pensar –en el orden federal- “en las expresiones de violencia de género que no son violencia doméstica o sexual o femicidios, como las mujeres imputadas en delitos de narcotráfico. Con perspectiva de género, pueden ser víctimas de trata o explotación”.
“Atravesar los muros del Poder Judicial”
“Es muy difícil atravesar los muros del Poder Judicial. Cuando decimos que tenemos que cambiar el paradigma, la perspectiva de género viene a decir que la complejidad del fenómeno social, la violencia, tiene una multidimensionalidad y no puede ser interpretada si no es a partir de la interdisciplina”, resalta Mila Montaldo, coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima, que le presentó su proyecto de reforma al Presidente, para transversalizar una mirada jurídica de género en la justicia federal, “descolonizar” el sistema de justicia y democratizarlo propiciando una composición igualitaria en paridad de género, cupo laboral trans, indígena y de personas con discapacidad.
Este abordaje de requiere, según Montaldo, de un “indicador único construido por un organismo que nuclee a los tres poderes, para dar una estadística cuantitativa y un insumo cualitativo para pensar políticas públicas, directamente relacionadas con las jurídicas”. Así grafica el problema: “Si elevo un oficio y digo que el dispositivo de asistencia de género de tal municipio tiene que darle asistencia a la mujer y darle un botón antipánico, pero si no tengo un hilo para ver si ese oficio llegó, si la mujer lo recibió, si no tengo un ida y vuelta sobre qué pasó con ese oficio y esa mujer, y qué medidas de protección se efectivizaron, caigo en el vacío”.
“Cuando las reformas se plantean como normativas, sin considerar qué prácticas hay que corregir, probablemente estemos en el mismo camino del fracaso porque el problema es estructural”, alerta Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Las investigaciones muestran que lo que marca la diferencia para las personas que sufrieron episodios de violencia en el marco de la pareja es tener acompañamiento especializado, incluso operadores judiciales dicen que ven el proceso con una calidad mejor cuando las víctimas tienen ese acompañamiento. Pero en las estructuras del Ministerio Público y demás son marginales”, señala sobre una cuestión concreta a modificar. En la misma línea, trabajar sobre la identificación del riesgo, con evaluaciones específicas para saber cuál es el riesgo a evitar y cómo. “Si no hay un circuito claro de quién interviene, va a haber hermosos informes de fin de año pero poca capacidad de transformación”.
Así resume Montaldo las dimensiones de la transformación que se necesita encarar: “Los femicidios son crónicas de una muerte anunciada y ese anunciamiento lo tiene el Estado, que no está pudiendo dar respuesta. De la evidencia de los últimos casos, estamos hablando de la desidia del sistema judicial y la fuerza policial, los más refractarios a incorporar perspectiva de género y cambiar el modelo fálico que tienen de instrumentación”.
La formación de género como requisito excluyente
“La reforma judicial en su lógica habla de administración de justicia y unificación de fueros, y consideramos que hay dos patas fundamentales aún más importantes: paridad de géneros y formación de postulantes”, plantea Melisa García, referente de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina). “Es un paradigma que hay que cambiar y la única manera es que haya formación cada vez más acorde para que no nos encontremos más ni con jueces ni con fiscales sin formación en género y termine pasando que muera una mujer cada 23 horas”.
Por eso, Abofem impugnó ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces de primera y segunda instancia, a 52 de los 138 secretarios, fiscales y abogados que se habían postulado a un concurso público, y tiene a otras postulaciones en la mira.
La formación, plantea García, es imprescindible para romper con prejuicios aún vigentes como la concepción de la “víctima estereotipada: una mujer desecha, que no puede rehacer su vida, sufriente, donde el Estado patriarcal tiene que venir a sacarla. Si rompe ese esquema, no es tan víctima. Como Thelma Fardín: rompe el esquema de la víctima que se espera que sea y se empieza a poner en tela de juicio su relato. La justicia busca esa víctima en sus preguntas. ¿Por qué estabas vestida de tal manera? Todavía está eso en las sentencias”.
Botón o tobillera
La impronta de cambio atraviesa al sistema judicial de punta a punta, desde la formación de los magistrados y magistradas hasta las medidas de protección más básicas que se definen en un juzgado. Como la asignación de botones antipánico. Así como hay casos en los que el recurso llega tarde –ocurrió con Úrsula Bahillo en Rojas-, se cuestiona además su efectividad y se propone que el monitoreo pase de la agredida al agresor, mediante tobilleras. Pero centrar el reclamo ahí también genera cuestionamientos.
“Las reformas que solo se dirigen a proponer ajustes cosméticos probablemente fracasen: en lugar de botón, tobillera. En principio es más eficiente, pero siempre estamos alrededor de una herramienta insuficiente”, advierte Ileana Arduino. Y señala que “si las víctimas no denuncian los incumplimientos el Estado no tiene idea, y muchas veces no se denuncian”.
“Entiendo la idea de generar algunas consignas pero cuando pienso que viene asociado a la promoción de tobilleras además de pulseras o las denuncias a jueces porque no controlaron medidas, estamos todo el tiempo en el plano de la intervención posterior, bastante demagógica”, remata. Y propone que no se confunda “importancia con aumento de pena”.
La formación de género como requisito excluyente
“La reforma judicial en su lógica habla de administración de justicia y unificación de fueros, y consideramos que hay dos patas fundamentales aún más importantes: paridad de géneros y formación de postulantes”, plantea Melisa García, referente de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina). “Es un paradigma que hay que cambiar y la única manera es que haya formación cada vez más acorde para que no nos encontremos más ni con jueces ni con fiscales sin formación en género y termine pasando que muera una mujer cada 23 horas”.
Por eso, Abofem impugnó ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces de primera y segunda instancia, a 52 de los 138 secretarios, fiscales y abogados que se habían postulado a un concurso público, y tiene a otras postulaciones en la mira.
La formación, plantea García, es imprescindible para romper con prejuicios aún vigentes como la concepción de la “víctima estereotipada: una mujer desecha, que no puede rehacer su vida, sufriente, donde el Estado patriarcal tiene que venir a sacarla. Si rompe ese esquema, no es tan víctima. Como Thelma Fardín: rompe el esquema de la víctima que se espera que sea y se empieza a poner en tela de juicio su relato. La justicia busca esa víctima en sus preguntas. ¿Por qué estabas vestida de tal manera? Todavía está eso en las sentencias”.
Tenemos ley: los primeros pasos tras la conquista del aborto legal, seguro y gratuito
El reclamo histórico impulsado por los feminismos en Argentina y que dominó la agenda de la lucha y reivindicaciones del movimiento de mujeres y disidencias en los últimos años ya es ley. Ahora queda la lucha por la implementación, que se sabe no será fácil. El aborto por causales, (ILE), que rige desde hace un siglo en Argentina y fue ratificado por el fallo FAL en 2012, fue obstaculizado innumerables veces, y el movimiento de mujeres de cada provincia tuvo que salir en infinitas oportunidades a exigir que se garantice el derecho a decidir. ¿Pasará lo mismo con la IVE? ¿Qué mecanismos se están implementando desde el Estado para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo?
El 14 de enero fue promulgada la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A partir del 24 de enero, los servicios públicos de salud, las obras sociales y prepagas tienen la obligación de garantizar la práctica en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud de las mujeres y personas con cuerpos gestantes que decidan interrumpir el embarazo. Ahora solo resta la reglamentación.
“Este va a ser el primer 8 de marzo con aborto legal y es un montón, todavía seguimos muy emocionadas y contentas por lo conquistado después de 15 años de lucha”, dice a Tiempo Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. “La agenda de los derechos sexuales y reproductivos es enorme y la sanción de esta ley es un punto de partida. Aún hay mujeres presas por abortos o eventos obstétricos que tienen un vericueto muy perverso. Nuestro triple lema ‘Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no Morir’ sigue vigente, con la diferencia de que ya tenemos las tres leyes. Ahora hay que seguir por la aplicación a estos derechos sexuales y reproductivos”, remarca.
Con la vigencia de la ley 27610, los llamados a la línea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, (0800 222 3444), se duplicaron. El canal es una vía de consulta para el acceso a la IVE y también de denuncia ante cualquier obstaculización de acceso al derecho. “Las respuestas a las consultas realizadas a la línea 0800 en algunos casos se realizan a través de los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; en otros se requiere de la participación de los programas provinciales, otros organismos y programas gubernamentales”, informaron desde la dirección.
Clara Noceti, médica e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, señala que si bien aumentaron los llamados a la línea, muchas consultas quedan en el camino. “Desde que empezó a regir la ley no cambió tanto la situación. Las instituciones que venían garantizando ILE ahora están garantizando IVE. Hay cambios y preguntas de los efectores de la salud en relacion a cuanto hay que preguntar o cuánto no, por el acostumbramiento a lo que era antes de enmarcar en una causa de no punibilidad del aborto. Esas son miradas que están en construcción”. Noceti relata la preocupación de les profesionales de la salud ante una notable sobrecarga del sistema público de salud, por la creciente demanda. Además, agrega que los efectores privados “casi no tienen protocolo propio”.
Otro punto que señala la profesional es la falta de métodos para el acceso a la IVE: “El misopristol solo tiene menos efectividad. No tenemos misopristona, que garantizaría abortos con menos dolor. Tampoco tenemos técnicas adecuadas al segundo trimestre como el AMEU (aspiración). Sí tenemos un marco legal que dice que el aborto tiene que ser garantizado por los estándares más altos de calidad y con técnicas adecuadas al segundo trimestre”. «
La lucha continúa: la liberación de las presas por abortar
A fines de 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en conjunto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones, presentaron el informe "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina". El estudio relevó 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos en 17 provincias del país. El informe detalla que la mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables. A partir de la sanción de la IVE, las causas penales por abortos practicados dentro de las 14 semanas deberían ser sobreseídas automaticamente, pero desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito explican que la gran mayoría de las mujeres presas no tienen causa caratuladas por aborto, sino "homicidio agravado por el vínculo" o "abandono". Desde la comisión "Libres las queremos" están trabajando en articulación con el Ministerio de Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos para avanzar en la liberación de las mujeres criminalizadas.
Miso y la suba de precios
Para el 2021, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud incorporó al plan anual de compras de misoprostol, más del doble de lo previsto en 2020, equivalente a 80 mil tratamientos, que se distribuye mediante el programa Remediar. Según el último informe elaborado por el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, si bien registraron una suba de precios, a diferencia de otros años lo hicieron por debajo de la inflación. Esta suba “controlada” se debió a los acuerdos del Ministerio de Salud de la Nación con los laboratorios.
Fuente:TiempoArgentino
06.03.2021 / JUDICIALES
Tailhade sobre la necesidad de una reforma en la Justicia: “El Poder Judicial es el peor servicio público que brinda el Estado”
El diputado nacional del bloque Frente de Todos se refirió a la discusión sobre el papel de la Justicia en los últimos años. Bregó por una reforma en el sistema judicial pero se mostró poco expectante dada la actitud de la oposición. También tildó la causa Dólar Futuro como una “payasada”.
El legislador insistió en una reforma judicial al tiempo que consideró que dicha modificación será solo bajo el fruto del consenso político. “La política puede tratar algunas reformas que están frenadas como la judicial o la del ministerio público, pero la oposición no tiene ninguna intención de cambiar al poder judicial porque esta cómoda, la usa para perseguirnos a nosotros. No veo ninguna posibilidad de que se modifique radicalmente ese escenario de bloqueo”, indicó.
Y agregó: “Nosotros no tenemos mayoría, necesitamos de otros bloques que generalmente acompañan pero en estas cuestiones no”. “No digo Juntos por el Cambio, pero sí bloques como el de Córdoba que responde a Schiaretti o el de Lavagna, que son espacios que necesitamos para avanzar en estas iniciativas”, señaló Tailhade en declaraciones a Mundo Agradable de AM530.
También se refirió al alegato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Dólar Futuro. “Todo lo que planteó Cristina tiene que ser parte de la militancia, porque si no hay involucramiento de la sociedad no hay cambio en la Justicia”, señaló.
Para el legislador K, “lo que tiene que pasar es que anulen toda esta payasada, pero por cómo están las cosas no puedo decir que vayan a hacer lo que tienen que hacer”.
En línea con el presidente Alberto Fernández, insistió en la necesidad de una modificación en las reglas de juego de la Justicia ya que “el poder judicial es el peor servicio público que brinda el estado”. “Con todos los defectos que se le pueden hacer al estado, a la burocracia, al empleado público, el Estado argentino sigue siendo bastante eficiente. El poder judicial también tienen buen nivel de recursos humanos, pero no están en los cargos de poder decisivo”, recalcó.
La caradurez de la derecha ante la represión de Insfrán
Bullrich, Espert, Carrió y otrxs dirigentes de derecha más rancia de la Argentina cargaron contra la brutal represión del gobernador de Formosa. ¿Y antes qué pensaban de la represión?
Patricia Bullrich, Waldo Wolff, José Luis Espert, Elisa Carrió, Florencia Arietto, son solo algunos y algunas de lxs dirigentes de la derecha argentina que salieron a repudiar la furiosa represión que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ordenó contra quienes se manifestaron este viernes en las calles de la provincia por las fuertes restricciones locales en el marco de la pandemia del coronavirus.
El Gobierno y la ONU condenaron la represión en Formosa
Resulta por lo menos curiosa la actitud de quienes antes las numerosas represiones llevadas adelante durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri en el mejor de los casos hicieron silencio, aunque en muchas de esas ocasiones defendieron los palos, las balas de goma y, por qué no, también la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en medio de la brutal represión de la Gendarmería que con mano de hierro comandó Bullrich durante la era Cambiemos.
En este contexto y con este background histórico es que la exministra de Defensa de Macri puso en juego toda su caradurez e hipocresía para rechazar la represión en Formosa.
"Insfrán es el modelo de tirano que avala el Presidente", escribió sin pudor alguno la exégeta de la Gendarmería Nacional y la madrina política de quienes días atrás instalaron bolsas mortuorias en Plaza de Mayo para repudiar a Estela de Carlotto y otros referentes del oficialismo.
Bullrich menciona en su tuit a Waldo Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, defensor a ultranza de la violencia que Israel ejerce contra Palestina y silencioso cómplice de las represiones del período 2015-2019.
Por su parte, Elisa Carrió, uno de los máximos sostenes del desastre macrista, también se anotó en la lista de quienes condenan desde la derecha al gobierno de derecha de Insfrán. En ningún momento del período de Cambiemos se la leyó apelar al artículo 75 de la Constitución ni muchísimo menos hablar de "delitos de lesa humanidad" cuando la Gendarmería que les respondía se veía envuelta en la desaparición de un joven.
Por supuesto, tampoco dijo ni dice nada de la locura institucional que vive Jujuy, donde Milagro Sala está detenida sin una sola prueba que avale su encarcelamiento.
Otro personaje invitado al cartoon de la derecha que se autopercibe republicana es Florencia Arietto, que pasó de repudiar a Cambiemos en los primeros meses de gobierno de Macri a justificar todas las tropelías institucionales que se llevaron adelante hasta 2019. Hoy, como miniatura ideológica de Patricia Bullrich, después de haber llamado "vagas" y decirles que "vayan a trabajar" a las mujeres que con sus hijxs tomaron por unos días el predio bonaerense de Guernica, se ocupa de la libertad de los formoseños.
Otro inefable de la derecha rancia es José Luis Espert, el asesor de empresas, socio de Javier Milei y autoproclamado "libertario" que va de la derecha a la ultraderecha según donde sople el viento del momento. En este caso también se apuntó a las críticas a Insfrán, siendo quizá la primera vez en su carrera política que condena los palos y las balas de goma policiales.
Sin embargo, en redes sociales le recordaron una amistosa reunión que mantuvo con el gobernador formoseño.
Por otra parte, desde el oficialismo, la diputada nacional Gabriela Cerruti condenó la represión del gobernador norteño y también puso en su marco correspondiente a Martín Lousteau, quien se subió al colectivo de las críticas después de avalar los palos de Cambiemos cuando tuvo el poder en la Argentina.
Lawfare: Casal blinda a Stornelli y cierra una denuncia en su contra
El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al
fiscal procesado Carlos Stornelli. Cerró un pedido de remoción que había
planteado el senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal. La
denuncia era por mal desempeño en el caso Cuadernos.
07 DE MARZO, 2021
Por
El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al fiscal procesado por espionaje ilegal, Carlos Stornelli. Este viernes cerró una denuncia que había realizado el senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal. La presentación del legislador nacional era por mal desempeño de Stornelli en el caso Cuadernos. Había pedido su remoción. Casal, que había sido recusado por Parrilli, intervino igual y la desestimó.
El jefe de los fiscales interino basó su posición en la defensa de Stornelli y, fundamentalmente, en lo resuelto por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado en su mayoría por fiscales generales relacionados al propio Stornelli. El consejo es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que nutre de ideas al procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la denuncia, que este 5 de marzo Casal ordenó archivar.
El blindaje
Uno de los ejes de la denuncia fue el modo irregular en que se inició la causa de las fotocopias. Parrilli denunció que hubo fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el mentado espía y falso abogado, Marcelo D’Alessio.
Casal se tomó de la defensa de Stornelli e indicó que ya hubo planteos judiciales al respecto y que las instancias superiores ratificaron lo actuado por la dupla Bonadío-Stornelli. Lo que no dijo Casal es que quienes revisaron todo lo actuado fueron Martín “Doctrina” Irurzun y cuatro jueces designados por Macri, entre los que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por el entonces presidente en la instancia revisora de Comodoro Py.
Algo similar sucede en torno a la discusión sobre cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, que no fueron grabadas tal como los dispone la Ley del Arrepentido. “No puede afirmarse que el magistrado hubiera incurrido en error o apartamiento manifiesto del derecho o perdido su objetividad, pues su interpretación del modo de proceder para conducir las declaraciones de los imputados colaboradores, es una de las posibles y como tal deviene en una cuestión opinable, que fue ponderada y avalada por el juez de la causa y luego, por diversos magistrados de las instancias superiores que han intervenido frente a planteos concretos de las partes”, señaló Casal.
Entre quienes ratificaron este accionar figuran los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barreotaveña, recientemente fustigados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una audiencia que se realizó en el marco de la causa “Dólar Futuro”. La tercera integrante de esa sala, Ana Figueroa, había votado en disidencia: sostuvo que la falta de registro con “medios técnicos idóneos” torna “nulas las declaraciones prestadas”.
Para Casal, “acceder al escrutinio disciplinario a que se pretende someter la actuación del doctor Stornelli sobre este aspecto importaría utilizar la vía administrativa para revisar cuestiones judiciales vinculadas con un proceso en trámite (…) lo que no resulta admisible”. También en defensa de Stornelli dijo “que los fiscales no pueden ser sometidos a proceso disciplinario por el contenido de sus dictámenes o por errores cometidos durante su actuación”. Hasta citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para blindar a uno de los protagonistas del Lawfare.
Sobre las extorsiones que se habrían ejercido en el marco de algunas de las declaraciones de los arrepentidos, tal como los sostuvo Parrilli en su denuncia, Casal afirmó que “hasta el momento nadie se ha manifestado en ese sentido o, al menos, no con la suficiente robustez para que los magistrados que intervinieron pusieran en duda la validez de dichos acuerdos”.
Parrilli también cuestionó la forma en que Centeno se transformó en arrepentido. Pero a Casal le alcanzó lo explicado por Stornelli. “Cabe referir que el fiscal federal efectuó en su descargo una explicación sobre cómo sucedieron los hechos y rememoró las razones que expuso Centeno para decidir que su defensa fuera asumida por el defensor oficial”. El jefe interino de los fiscales agregó que “del análisis realizado a ese respecto y en concordancia con lo sostenido por la mayoría del Consejo Evaluador, entiendo que tampoco existen elementos para considerar que esa conducta pueda tener relevancia disciplinaria”.
La denuncia contra Stornelli, que había revelado El Destape en mayo del 2020, apuntaba a una serie de delitos cometidos por el fiscal en el marco de la causa de las fotocopias. Canalizada la denuncia en el MPF y con una estrategia para blindar al fiscal porteño hacia el interior de la procuración, Casal se preocupó por que el caso no levante vuelo en Comodoro Py.
Por eso, “atento que ciertos pasajes de la denuncia radicada se apoyaban en la presunta comisión de delitos, se remitieron testimonios” al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, quien fue designado en ese cargo por el propio procurador interino. Agüero Itrube hizo lo que se esperaba: archivó la investigación preliminar.
Casal se hizo eco del archivo de esa investigación preliminar y resaltó: “Tampoco encuentro elementos concretos que me permitan avanzar con una imputación respecto del resto de las cuestiones que expuso el denunciante, pues su presentación carece de los fundamentos necesarios para circunscribir alguna actividad antirreglamentaria por parte del magistrado”.
El Consejo Evaluador y sus vínculos
Este medio ya había publicado que el caso estaba por cerrarse en noviembre del año pasado, cuando reconstruyó que el Consejo Evaluador del MPF había resuelto por 4 votos contra 1 que debía clausurarse el expediente interno que se había abierto contra el fiscal procesado. Incluso, la mayoría de los fiscales generales había considerado que no hubo delito en no grabar los testimonios de los arrepentidos porque bastaban simples actas como “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones (en su descargo, Stornelli volvió sobre este punto).
¿Quiénes son los cinco fiscales generales que integraron el Consejo Evaluador que resolvió el caso de Stornelli? Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano al fiscal procesado y está relacionado al mundo Boca. Susana Pernas, relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Otro de los integrantes del consejo es Julio Piaggio, jubilado, quien tal como publicó Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y está relacionado al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py. El cuarto miembro es Guillermo Pérez de la Fuente, un exagente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El quinto miembro es Alejandro Alagia, el único que votó en disidencia, cuestionó a sus pares y pidió la apertura de un jury contra Stornelli.
Para Ciruzzi, Pernas y Piaggio “los hechos denunciados consisten en vicisitudes procesales ya discutidas”, indicó Casal en su dictamen. Para estos tres fiscales, como todos los actos fueron respaldados por las instancias superiores, “no pueden tener relevancia disciplinaria”. Como se dijo: quienes revisaron lo actuado fueron Irurzun, Bruglia y Bertuzzi, entre otros.
Pérez de la Fuente, por su parte, coincidió con sus colegas pero se diferenció de la interpretación en lo que hace a la Ley del Arrepentido. Para este fiscal la declaración de los imputados colaboradores requería de un “registro fílmico o audiovisual”. No obstante, sostuvo que eso no era una “falta” porque había diversas interpretaciones respecto a ese tema.
“Alagia sostuvo que no podía seguirse el voto de la mayoría, pues hacerlo implicaría justificar prácticas ilegales con grave daño para la Institución”, indicó Casal pero no se hizo eco de esa fuerte afirmación y volvió a blindar a Stornelli.
Con sus argumentos, Alagia describió el accionar de sus colegas del Consejo Evaluador. Expuestos, Pernas, Ciruzzi y Piaggio le salieron al cruce y calificaron sus definiciones como “inadecuadas y agraviantes”.
La denuncia
Para Parrilli con la causa Cuadernos se puso en marcha “un sistema de persecución judicial” ideado por Macri, que estuvo “auxiliado con la complicidad activa y pasiva de distintos exponentes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal”. Entre ellos, el fiscal Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann, quienes “han posibilitado el encarcelamiento y extorsión de decenas de personas”. Detrás de esta persecución se escondía “como principal objetivo, la descalificación personal y política” de Cristina Fernández de Kirchner “y de sus funcionarios más cercanos del gobierno”.
Entre las irregularidades que rodearon “Cuadernos”, el legislador mencionó el fórum shopping. Además de la forzada conexidad con la causa GNL, Parrilli recordó que la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, ya había prestado una declaración con un relato similar al de Cuadernos y que los hechos a investigar se habían sorteado y recaído en el juzgado que estaba a cargo de Sergio Torres. Cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot le entrega la información del chofer a Stornelli, el fiscal ya sabía de la existencia del relato de Horovitz. “Sin embargo, Carlos Stornelli no envió al periodista Cabot al juzgado del Dr. Torres para que le reciba declaración, sino que se la recibió él – bajo ese formato extraño en bares y su domicilio particular que luego documentó en su público despacho - y envió su testimonio a Bonadío”, quien decidió quedársela.
“Dos extremos de clarísimo fórum shopping se advierten aquí. Primero, la elección y ‘encuentros’ fuera del ámbito tribunalicio entre un denunciante y un fiscal federal, quien extramuros de todo protocolo conductual recibe y auspicia el avance de una pesquisa, la que además conserva sin recaudo alguno de asignación de causas”, resalta el denunciante. Luego se produce “una presentación directa de aquel fiscal, poco ortodoxo en su labor institucional, ante un juez que elige deliberadamente”.
A esto se suma la presión sobre Centeno para que cambie de abogado. El chofer, ya detenido, mantuvo un encuentro a solas con Bonadio y Stornelli, reunión que luego derivó en que cambiara de abogado y eligiera a Kollmann como defensor. El encuentro ocurrió el 1 de agosto de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, cuando Centeno ya estaba detenido. A partir de entonces, Centeno se convirtió el colaborador. En su descargo, Stornelli dijo que “fue el propio Oscar Centeno quien optó por designar al defensor oficial”.
Allí entra en escena Kollmann. “El Defensor Kollmann no sólo silenció la extorsión y el ‘apriete’ a Centeno por parte del Fiscal Stornelli y el Juzgado de Bonadío, sino que participó en la maniobra cuando al día siguiente ‘simuló’ el arrepentimiento de Centeno con algunas formalidades mentirosas que escondieron el encierro ilegal de éste el día anterior mientras se negaba a su abogado estar presente en la reunión, pese a que la ley así lo exigía”, se narra en el pedido de jury.
En este marco, los cuadernos “no fueron encontrados habida cuenta de que luego de ‘confesar’ Centeno que los poseía en su casa, modificó su declaración en el sentido de que los habría quemado, para finalmente a semanas de la elección general del 2019 el periodista estrella de La Nación, Cabot, los habría obtenido en la calle. Francamente, tamaña ridiculez ofende al sentido común y la inteligencia”, remarca el denunciante.
En el pedido de juicio político también se rememoró respecto a Stornelli que “varias de las defensas particulares de imputados han relatado minuciosamente las extorsiones que llevaba a cabo este impresentable fiscal, hablando de la entrega de sortijas para obtener la libertad para quienes se acogieran al régimen de arrepentido y además, como si esto fuera poco, involucraran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. En su defensa, Stornelli dijo que esa denuncia es “genérica e imprecisa”.
En su presentación de mayo del 2020, Parrilli también apuntó contra otros actores de Comodoro Py: indicó, por ejemplo, que “la obscenidad de la causa” cuenta “con la invalorable colaboración de la Cámara Federal porteña (sala I), con dos jueces apócrifos, trasplantados y serviles a los intereses de la mafia enquistada desde diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019”. La mención es a Bruglia y Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal porteño a dedo, por decisión de Macri. También señaló a Barroetaveña y Petrone de la Casación Penal.
Las justificaciones de Stornelli
Tal como describió Casal, en su descargo Stornelli dijo que las afirmaciones de Parrilli “sólo se basan en relatos tergiversados” y que “la denuncia debía ser rechazada sin más debido a las inmunidades funcionales que goza”. Justificó todo lo actuado en Cuadernos y definió “el relato contenido en la denuncia” como “mendaz, tendencioso y temerario”.
El fiscal procesado también sostuvo que el senador pretende tratar por una vía administrativa “la revisión de actos cumplidos en un proceso penal” que “fueron resueltos en diferentes instancias”. Este es uno de los argumentos que repitió Casal.
Para esgrimir su defensa, Stornelli hasta citó pasajes de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza que realizó la AFI macrista para intentar derribar el D’Alessiogate y alimentaron la Operación Puf, que fue cerrada en Comodoro Py.
Casal quedó conforme con las explicaciones y una vez más respaldó al fiscal procesado.
Fuente:ElDestape
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