Qué es el Alerta Sofía, el programa de búsqueda de menores desaparecidos
y en grave peligro
El Ministerio de Seguridad creó el programa de alerta de emergencia
ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse
en grave peligro.
17 DE MARZO, 2021
Caso Maía Beloso: el Alerta Sofía es un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. Está conformado por el Ministerio de Seguridad, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, cuenta con el apoyo internacional de Facebook e ICMEC (Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados) para ampliar las redes de búsqueda.
Asimismo, en un primer momento forman parte del Programa el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), las Fuerzas Federales de Seguridad, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y la ONG Missing Children.
Con la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en 2016, el Estado argentino se sumó al esfuerzo conjunto con otros países e instituciones para generar políticas públicas activas a fin de contar con procesos más eficientes de búsqueda de personas perdidas.
Para qué sirve el Alerta Sofía
El sistema de alerta del programa Alerta Sofía difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales, especialmente Facebook.
El caso Sofía
El programa Alerta Sofía surgió con el caso de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Su caso generó un gran revuelo y sensibilizó profundamente a la sociedad, por lo que surgió la idea de crear una herramienta para poder alertar sobre el caso y crear un protocolo. "Creemos sinceramente que de haber contado en su momento con una herramienta como la Alerta que se crea a través de este Protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado", afirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
A 10 años de la desaparición de Sofía Herrera, su búsqueda continúa. Cualquier denuncia se puede realizar de manera anónima a través de la línea 134 o del correo denuncias@minseg.gob.ar.
La desaparición de Maia
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad emitió el Alerta Sofía por la desaparición de Maia Yael Beloso, una niña de 7 años en situación de calle del barrio de Villa Lugano. Según informó la madre de la menor, Maia estaba junto a "Carlitos", un amigo de la familia con quien solían salir a cartonear.
La niña fue vista junto al hombre sobre la rotonda ubicada en Zelarrayán, Av. Argentina, Larrazábal y Dellepiane. Ahora, tras el alerta, comenzó la intensa búsqueda de Maia y se dieron a conocer imágenes de una cámara de seguridad en las que se lo ve al hombre subiendo al tren en la estación Liniers junto a Maia. Ambos iban arriba de una bicicleta. Luego, a las 10:29 del lunes, el principal acusado y la menor bajaron en la estación Castelar.
"La niña podría encontrarse en compañía de una persona de sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad y aproximadamente 1,70 metro de altura", se precisó en el aviso de búsqueda, y aclararon que se pueden hacer denuncias anónimas al 134 o a denuncias@minseg.gob.ar
Fuente:ElDestape
La niña de 7 años había sido secuestrada en Villa Cildañez
Encontraron con vida a Maia Yael Beloso
“Ya apareció, está bien, está en un hospital, la están revisando, el hombre ya esta preso”, confirmó la abuela de Maia. "Esta riendose, está bien. Todavía no sabemos nada más”, dijo la mujer en la puerta de la casa donde fue llegando la familia.
La niña era buscada intensamente desde que su madre denunció ante la policía que un hombre le prometió que juntos irían a cambiar su bicicleta por una más grande, se la llevó y desde entonces se desconocía su paradero.
Ante la desaparición de la pequeña el Ministerio de Seguridad nacional activó el Alerta Sofía, un sistema de difusión de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados, previsto para casos de extremo riesgo, y se puso en marcha un intenso operativo de búsqueda por parte de las policías de la Ciudad y bonaerense.
La desaparición de Maia se produjo a las nueve y media de la mañana del lunes. A esa hora se fue con Carlos Alberto Sierra (o Savanz), el sospechoso de haberla secuestrado, cuya captura fue ordenada el miércoles por la jueza en lo Criminal y Correccional Nº 57 Fabiana Galletti, que investiga el hecho.
Los investigadores lograron identificar al hombre y la niña en imágenes registradas por cámaras de seguridad en la estación Castelar del tren Sarmiento y otras zonas del conurbano bonaerense.
Las filmaciones, de horas después de que se la llevara de la zona de Parque Avellaneda donde Maia vivía en situación de calle junto a su madre, permitieron reorientar la búsqueda hacia la zona de General Rodríguez y el zoológico de Luján, al que Savanz había prometido llevar a la niña, según su propia madre.
Las autoridades sanitarias analizan la propagación de las nuevas variantes
Coronavirus: alertan sobre la inminencia de la segunda ola
La llegada de la segunda ola al país ya fue asumida como un hecho. Tanto que a las 11.30 el presidente Alberto Fernández mantendría desde Olivos una reunión por zoom con los gobernadores para analizar la situación sanitaria, las estrategias a seguir, como también la campaña de vacunación, aunque se descarta el anuncio de nuevas restricciones. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya había admitido que la segunda ola “es una realidad”, tal como publicó Página/12. En este sentido, el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós advirtió que “tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos". Para cerrar la trilogía de discursos que se orientan con el mismo enfoque, el ministro bonaerense, Daniel Gollan, en su conferencia de prensa, aseguró que los contagios continúan en aumento e insistió en la necesidad de “no abandonar los cuidados y la prevención”.
Según el análisis de datos que realiza con detalle el físico Jorge Aliaga, a partir del 8 de diciembre los contagios comenzaron a incrementarse en el país: si el 9 de diciembre había un promedio semanal de 5 mil casos diarios, en la actualidad, ese número se eleva a 6 mil. Soledad Retamar, docente e investigadora de la UTN Regional Concepción del Uruguay, apuntó que el promedio de casos diarios aumentó en la última semana un 11%, con jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires donde el incremento llega al 19%. En las últimas 24 horas se reportaron 8304 contagios y 195 muertes, y la curva comenzó a subir. ¿La hipótesis de los especialistas? A la circulación con pocas restricciones, el relajamiento de la sociedad y el impacto por el regreso de las clases, podría sumarse la propagación de nuevas variantes con mayor transmisibilidad.
¿La buena noticia? Vienen más vacunas: un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió hacia Moscú en busca de cientos de miles de dosis –la cifra no fue confirmada pero fuentes de Salud informaron a este diario que serían entre 300 y 500 mil–. La semana que viene, además, llegarán las 3 millones de dosis de Sinopharm, que se sumarán al millón de dosis que aterrizaron el mes pasado provenientes de Beijing, a las 2.470.540 dosis de Sputnik V ya distribuidas en el país y a las 580 mil Covishield elaboradas por el Serum Institute de la India. Con estas nuevas adquisiciones, Argentina superará los 7 millones de dosis recibidas. Según el Monitor de Vacunación, 2.762.672 fueron aplicadas, de las cuales 2.253.351 recibieron la primera y 509.321 las dos.
Variantes que preocupan
El Ministerio de Salud de Córdoba identificó la presencia de la variante de Reino Unido en dos casos y la de Manaos en otro. Se trata de personas que ingresaron a la provincia tras viajar al exterior desde regiones en las que circulan ambas. Están asociadas a una mayor capacidad de transmisión, con lo cual, podría generar un incremento de su prevalencia en un breve lapso y promover la chance de una segunda ola en el país, del mismo modo que está sucediendo en otros países de la región. Sin ir tan lejos, durante el último mes, los casos diarios se incrementaron un 110% en Paraguay, un 80% en Uruguay, un 50% en Brasil y un 35% en Chile.
Al respecto, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, expresó: “Es importante señalar que esto no es sinónimo de transmisión de esta nueva variante sino de detección oportuna, gracias al trabajo constante del equipo de Epidemiología y del Laboratorio Central, en donde se viene monitoreando la circulación de estas variantes en todo el territorio cordobés”. Luego enfatizó: “Esto nos va a permitir por un lado reevaluar las estrategias de las personas que ingresan del exterior, como así también reiterarle a la comunidad que si vuelve de un viaje del exterior se haga el test al ingresar a la provincia, permanezcan en aislamiento estricto durante 10 días y antes del alta de esos días volver a realizarse la prueba de PCR”. Vale destacar que las variantes fueron reportadas a partir del trabajo de vigilancia epidemiológica que realiza el Laboratorio Central provincial, el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba UNC), en el marco del Proyecto PAIS del Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2.
Daniela Hozbor, bioquímica e Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, ofrece precisiones al respecto: “Son variantes de interés epidemiológico. La de Manaos, por ejemplo, tiene una probabilidad de reinfección que va desde el 25% al 60%, según las últimas investigaciones. Ambas, tanto la de Reino Unido como la de Brasil incrementan la posibilidad de una segunda ola”. Y remata: “De hecho, la OMS realizó un llamado a redoblar esfuerzos frente a la amenaza que significan estas variantes”.
Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Entre Ríos aguardan los resultados de análisis enviados al Instituto Malbrán para conocer si un camionero brasileño internado en la provincia está infectado con la variante de Manaos. El caso fue difundido el domingo pasado, cuando el transportista oriundo de Brasil ingresó al territorio nacional vía Misiones y solicitó ayuda porque la fiebre le impedía continuar camino. Una ambulancia lo trasladó hasta el hospital San José, donde se le realizó un hisopado y dio positivo de covid.
“Ambas variantes ya habían sido detectadas. De hecho, de la de Reino Unido ya se reportó transmisión comunitaria en el país. La de Manaos ya había sido detectada previamente en dos oportunidades, en un viajero que había estado en Brasil y en otro individuo que había sido contacto estrecho de otra persona que había viajado”, destaca Hozbor. Luego continúa: “Son más contagiosas, en particular, los últimos datos de la variante de Manaos indican que duplicó su capacidad de contagiosidad respecto de lo que era el virus original”. La variante P.1 de Manaos ya había sido identificada en Argentina por el Instituto Malbrán. A la fecha, aunque su transmisión comunitaria no fue reportada, el estatus podría modificarse de un momento a otro. La variante, originada en la ciudad brasileña, ya circula en más de 25 países alrededor del mundo, es más transmisible y, según se está observando, ocasiona la reinfección de personas que ya se habían recuperado de la covid. De manera reciente, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre. En el decreto se definieron nuevas restricciones vinculadas a la reducción de los vuelos a distintos países con el propósito de evitar el ingreso de nuevas variantes de Sars CoV-2 y extremar los controles con aquellos individuos que retornan del exterior y deben cumplir una cuarentena estricta.
Junto al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Carla Vizzotti, analiza propuestas para sumar nuevas medidas de control. Una de las que se baraja y que podría ser aplicada es que –como sucede en otros países como Canadá– sea obligatorio para cada pasajero el pago de un test PCR y el alojamiento para realizar la cuarentena. En esta línea, el Gobierno bonaerense propuso ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que la prueba de PCR para detectar Covid adquiera carácter obligatorio y no sea optativa.
En un diálogo reciente con este diario, la ministra de Salud Carla Vizzotti lo expresaba en este sentido: “No hay una medida específica que detenga al coronavirus. Cerrar una frontera no solucionará el problema. Ya lo hemos visto durante la pandemia de 2009, si se cancelan los vuelos a un destino puntual, como Brasil en este caso, los contagios se triangulan y llegan desde otros destinos”. Luego siguió con su explicación: “Lo que preferimos, por ahora, es desalentar los viajes. Necesitamos que la gente entienda que viajar es un riesgo, individual y también para la sociedad. Todo el mundo necesita vacaciones, pero si no es por cuestiones laborales o de fuerza mayor, la recomendación es no hacerlo. Al mismo tiempo, cada viajero debe cumplir con una serie de requisitos: un testeo PCR, la firma de la declaración jurada y la cuarentena estricta cuando llega del país al que viajó”.
El domingo pasado comenzó a circular una carta impulsada por científicos, científicas y profesionales de diversas instituciones, en la que diferentes referentes expresaban su preocupación y solicitaban el control estricto del reingreso al país. El pedido incluyó "el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por un lapso de 14 días para todos aquellos que reingresen al país, en hoteles o centros previamente asignados a esta tarea". En el documento, indicaron que estas medidas “deberían ser independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que los mismos son incapaces de descartar la existencia de un proceso infeccioso incipiente”.
Vacunas que vienen
Cuando los casos comienzan a experimentar una leve suba, el gobierno sigue negociando para asegurar la llegada de nuevas dosis. Al cierre de esta edición, Aerolíneas Argentinas confirmó la partida de un nuevo vuelo con despegue a la 1 de la madrugada del jueves, que traerá aproximadamente entre 300 mil y medio millón de dosis de la tecnología elaborada por el Centro Gamaleya. A las dosis que lleguen se sumarán las 3 millones de Sinopharm, la empresa estatal china, cuyo contrato ya fue firmado días atrás. El principal impedimento al respecto es la autorización por parte de Anmat de su aplicación en mayores de 60 años. En Argentina, según el Plan Estratégico de Vacunación, se calcula que 3.7 millones de personas tienen más de 70 años y una cifra equivalente tiene entre 60 y 70 años. Si la aprobación se concretase en el corto plazo, sería posible –prácticamente– cubrir con una dosis a buena parte de esa población objetivo.
Recordó, además, que rechazó el privilegio de no pagar ganancias
Cristina Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta
Imagen: NA
“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación, para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año. En ese sentido, le solicito se sirva disponer lo pertinente para materializar dicha decisión” explicita la misiva de Cristina Kirchner en su encabezado.
Con la renuncia a su sueldo de vicepresidenta, cobrará a partir de abril su jubilación y la pensión que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
En el mismo texto, la vicepresidenta explica que su decisión “obedece a haber sido notificada el día de ayer -la carta está fechada el 5 de marzo- de la Resolución de Anses Nro. COM-A 02503/21 de fecha 03 de marzo de 2021, por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de expresidenta de la Nación durante los periodos 2007-2011, 2011-2015, de la cual había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri”.
La titular del Senado hace referencia a la sentencia judicial del 29 de diciembre de 2020, que restituyó los beneficios previsionales suspendidos por decisión administrativa del Ministerio de Desarrollo Social que entonces conducía Carolina Stanley.
El juez de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nani consideró que la exmandataria había sido despojada de sus derechos previsionales de modo irregular, por lo que ordenó la restitución de las asignaciones vitalicias que la ley prevé para los exmandatarios.
“Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo”, enfatiza la titular de la Cámara alta en el párrafo final de su carta a Vitobello.
Ganancias
En el tramo final de la misiva, Cristina Fernández recuerda que tomó una decisión similar cuando una sentencia judicial le otorgó el beneficio de no descontar ganancias de sus asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, “quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias”, enfatiza.
El abogado de la vicepresidenta, Miguel Fernández Pastor, se había presentado en Anses y renunciado por escrito al beneficio de que no le descuenten ganancias, así como a cobrar el retroactivo (esto es, el pago de su jubilación desde que dejó de ser presidenta).
La jueza le había otorgado a CFK la jubilación y el retroactivo, sin el descuento de ganancias, porque lo equiparaba a lo que sucede con los integrantes de la Corte.
La última línea de la carta de la vicepresidenta remite a ese privilegio de los magistrados, que próximamente volverá a ser debatido en el Parlamento a raíz de un proyecto de ley que se propone suprimir la exención de la que gozan jueces y fiscales.
Pagó los productos un 20 por ciento más caro con la excusa de la suba de precios
El Gobierno denunció a la gestión de Rubinstein por beneficiar a una empresa de leche en polvo
El gobierno nacional denunciará penalmente otra irregularidad cometida durante la gestión de Adolfo Rubinstein al frente de la cartera de Salud, durante la administración macrista de Juntos por el Cambio. Según una investigación interna, el ministro luego degradado a secretario autorizó la compra leche fortificada en polvo a un precio y luego pagó otro, readecuado al índice de inflación del momento. El posible delito que generó un "perjuicio económico para el Estado" llegará a la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La decisión tomada por la cartera que conduce Carla Vizzotti fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 8323/2020. Allí se detalla la maniobra y se ordena a la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud a “formular denuncia penal” contra los ex funcionarios de Juntos por el Cambio que participaron de “la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública”.
No es la primera vez que se detecta una irregularidad en la gestión de Rubinstein, quien no para de recorrer medios de comunicación dando recomendaciones de cómo debe administrarse la salud pública.
Cuando el ministerio estuvo encabezado por Ginés González García, se reveló cómo el gobierno de Mauricio Macri había dejado vencer más de 4 millones de vacunas en momentos en que reaparecían en el país cientos de casos de sarampión, una enfermedad que había sido eliminada desde hacía años. Es más, el propio ex secretario de Salud también fue denunciado por la readecuación de contratos con distintas empresas farmacéuticas por la compra de medicamentos.
Según esta nueva denuncia, en febrero de 2018, antes de aceptar sin reproches que su cartera de Salud fuera degradada de Ministerio a Secretaría, Rubinstein firmó una compra por licitación de leche fortificada en polvo de la empresa Manfrey Cooperativa de Tamberos, por un total de 76.280.000 pesos.
Sin embargo, en enero de 2019, ya degradado a secretario, permitió que se ampliara ese valor en un 20 por ciento con la excusa de la suba de precios por inflación. Es decir que no se respetó el precio originalmente pactado sino que se lo readecuó a discreción.
El pedido lo había hecho Manfrey, que planteó la “renegociación de precios” con el argumento de que el que se había pactado en la adjudicación había quedado “totalmente distorsionado” tras las subas generalizadas, producto de las sucesivas devaluaciones de Macri.
El monto que se pagó de más fue 4.576.800 pesos, según la aprobación hecha por la Dirección de Compras y Contrataciones que recalculó el pedido de la compañía tambera.
La renegociación de precios fue avalada por las direcciones de Economía de la Salud y Maternidad, Infancia y Adolescencia, con la explicación de que en ese momento había una “falta de stock del insumo de referencia para satisfacer la demanda”.
Esta medida "no solo infringe la normativa aplicable en la materia, sino que además constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración Nacional", sostuvo la Resolución 832 firmada por Vizzotti, que detectó la maniobra.
Según el documento publicado esta mañana, la maniobra contradice lo que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que data de 2001. De esta manera, la ministra ordenó que se inicie "acción de lesividad" contra Rubinstein por el "perjuicio económico para el Estado" que produjo su decisión.
Además se abrirá un sumario administrativo “con el objeto de esclarecer los hechos y circunstancias” relativas a esa irregularidad del gobierno de Juntos por el Cambio. De la misma manera, siempre según la Resolución 832, se iniciarán acciones judiciales para el “recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación” denunciada.
A través de esa misma medida, la ministra Vizzotti solicitó también que se diera aviso del caso a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), así como también a la compañía tambera involucrada en el hecho.
La empresa del Grupo Macri sigue creando planteos dilatorios
Correo Argentino: las mil y una maniobras para zafar de la deuda
La creatividad del Correo Argentino para evitar llegar a la quiebra y eludir el pago de su deuda millonaria con el Estado, no tiene límites. La empresa de la familia Macri se presentó ante la jueza que tiene a cargo el concurso de acreedores para pedirle la nulidad de la resolución que puso como fecha límite el 29 de marzo para que se presenten oferentes para rescatar a la compañía y que también decía que sus acciones tienen valor cero.
Junto con eso le trasladó al juzgado una pregunta absurda a esta altura: le pidió que le diga cuál es el monto de su lo que adeuda. La misma pregunta hicieron otras dos empresas que se postularon para el salvataje. Una es Transporte Chimiray, de Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones e histórico aliado de Mauricio Macri, que fue su embajador en España.
La otra es MV Cargo SAS, que la Inspección General de Justicia (IGJ) mandó a investigar tras detectar que no tuvo actividad desde su creación y que su objeto societario no tiene relación con la actividad postal. La magistrada, Marta Cirulli, los mandó a todos a leer el expediente, de donde surge que, según el esquema de cálculos planteados por la fiscala Gabriela Boquin, la deuda con intereses supera hoy los 5.000 millones de pesos.
La jueza Cirulli había firmado a comienzos de marzo una resolución que ponía fecha límite para le presentación de oferentes que quieran hacerse cargo de la empresa Correo --que está inactiva, con acciones sin valor y sólo tiene deudas que afrontar-- el 29 de marzo, y fecha final el 7 de abril.
Lo más impresionante es que esto debió haber ocurrido en el año 2004, según la ley de concursos y quiebras. Ahora las postulantes deben conseguir el aval de los acreedores, que son más de 800, entre los cuales el Estado tiene un lugar preponderante. Si ninguna lo logra, el Correo va a la quiebra y quien deberá pagar las deudas es Socma, integrada por la familia del expresidente Macri (sus hijos, sus hermanos y sus sobrinos por parte de Sandra, su hermana fallecida).
En nombre del Correo se presentaron al juzgado Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, apelaron la resolución del juzgado y pidieron su nulidad. Cirulli rechazó todo por inapelable y, ante el pedido de precisiones sobre la deuda, dijo que todo está en el expediente. Estos escritos son, a todas luces, nuevos planteos dilatorios.
El Correo de los Macri se aferra a estrategias del mismo tenor en varios frentes a la vez, con un gran despliegue de mecanismos de presión. En el propio expediente concursal, intenta desde 2017 sin suerte desplazar a la fiscala Boquin, quien denunció que la empresa y el gobierno del expresidente Macri, a través de sus representantes en el entonces Ministerio de Comunicaciones, habían hecho un acuerdo ruinoso y abusivo para el Estado por el cual se licuaba la deuda del Correo en un 98,7 por ciento.
Boquin impidió que ese pacto se hiciera realidad y desde entonces la empresa logró toda clase de artilugios para trabar su resolución y pagar la deuda. Para sacar del camino a la fiscal, lo último que hicieron pedirle que intervenga al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires --la mayoría de cuyos integrantes fueron designados por Horacio Rodríguez Larreta y algunos tienen posturas abiertamente afines al macrismo-- con esa finalidad.
El expediente del Correo tramita en el fuero comercial nacional, mientras que la TSJ es un superior tribunal local. Sin embargo, éste admitió tratar el caso y en una causa (caso Levinas) donde se dirime un pleito civil pero la discusión es la misma, se arrogó la facultad de intervenir. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de la Nación y será un caso testigo que podría impactar en el del Correo.
En Comodoro Py, el juego del Correo Argentino es el mismo: dilatar definiciones. En la causa que tiene a cargo el juez federal Ariel Lijo, donde hace casi dos años fue indagado el exministro Oscar Aguad, así como su titular de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, y también Robirosa y Kleidermacher, la empresa se presentó para cuestionar un estudio contable que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) que había demostrado que el cálculo de la quita de la deuda que había hecho la fiscala Boquin era apropiado.
El organismo armó una aplicación para calcular la quita con distintos tipos de tasa (tasa activa del Banco Nación, tas Badlar y tasa Libor), y en todos los casos --eran 16 escenarios distintos, en distintos años tomados como referencia de homologación-- le daba que era superior al 90 por ciento. La empresa se presentó en los últimos días de febrero ante Lijo y sostuvo que si se apllicaa la tasa Libor (en dólares) a la deuda y el cálculo se hace teniendo encuenta el valor pormedio de los seis meses anteriores a la mora, la quita les da 45 por ciento, y no sería implicaría un perjuicio. Cuando la DAJuDeCo presentó sus resultados, todo parecía indicar que que se resolvería la situación procesal de Aguad y compañía, pero ante este nuevo planteo eso no ocurrió y el juzgado pidió días atrás opiniones a especialistas.
En forma coincidente, la cuestión de la tasa a tener en cuenta aparece en un escrito del sínidico general, Raúl Miguel Guelman, en el expediente concursal: allí sostuvo que se debe usar la tasa Libor, como planteó la defensa de Cibils Robirosa y Kleidermacher en la investigación penal, porque ellos consideran que es a su favor. En esa misma presentación, informa que Correo y dos empresas más quieren saber sobre la deuda, cuál es el monto. Ahí es donde la jueza los manda a ver la causa.
De las dos firmas que introducen esa consulta, Chimiray es la de Puerta, ligado claramente a Macri, y MV Cargo, que es una sociedad de acciones simplificadas (SAS), un instrumento jurídico inventado durante el gobierno de Macri, para generar sociedades en 24 horas y con pocos requisitos.
Uno de los titulares de MV Cargo es un simpatizante del macrismo, Mariano Moiraghi. La IGJ mandó a investigar a estar sociedad porque "no registra entre las activiades descriptas en su objeto, ninguna referida a la prestación de servicio postal, telegráfico o monetario" y tampoco tuvo actividad societaria desde su creación en 2018. Podría ser un sello. Otra sociedad que se presentó para salvar al Correo Argentino que fue objetada por la IGJ y mandada a investigar es Valuaciones SA.
El titular del organismo sostuvo, como reveló el periodista Gustavo Veiga en este diario, que “incumplió la presentación de los estados contables y documentación relacionada por los períodos 2008 a 2019". Tampoco desempeña actividades vinculadas al servicio postal.
Esta compañía fue manejada por José María Fresco, que integró el banco Finansur a mediados de la década pasada, cuanto pertenecía a la familia de Evaristo Jorge Sánchez Córdova, ex tesorero de Boca, en el primer mandato como presidente de Daniel Angelici.
La otra firma presentada es OCASA, que perteneció a Alfredo Yabrán en los noventa. A esta compañía, al parecer, le interesaba la planta de Monte Grande del Correo, y la clasificadora de paquetes, aunque la jueza ya aclaró que están bajo administración del correo estatal. Lo que sucede es que en paralelo al proceso concursal el Correo de los Macri apostó a ganar juicios contra el Estado posteriores a su estatización en 2003. Hasta ahora las resoluciones judiciales señalaron que nada de esas causas, aún indefinidas, puede usarse para compensar la deuda.
El Presidente firmó el convenio "Procrear II Cogestión Local con Sindicatos" para entregar 1200 viviendas
Alberto Fernández: "Celebro que la CGT y la CTA estén juntas para hacer llegar casas a los trabajadores"
Imagen: NA
"Jorge interpretó mejor que nadie lo que era una preocupación mía desde el primer día, que cada familia tenga un techo porque es un derecho humano", dijo el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, en el acto en el que el Gobierno nacional firmó un convenio con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del programa "Procrear II Cogestión Local con Sindicatos" en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios bonaerenses.
Fernández señaló que "sólo se entiende por miserabilidad política que muchas casas no hayan sido entregadas en la gestión anterior".
El Presidente contó que fue el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi quien tuvo la idea de involocrar en el Procrear a los sindicatos. "Jorge tuvo una gran idea al convocar a los representantes de los trabajadores para este plan. Celebro que la CGT y la CTA estén juntas para hacerles llegar casas a trabajadores y trabajadores. Darle una casa a una familia es darles tranquilidad. Ellos las pagan, nosotros hacemos un esfuerzo y ellos hacen el propio. Este instante en el que veo a un matromonio con sus hijos resolver un problema, lo disfruto mucho, le da sentido a la gestión de Gobierno", sostuvo.
La deuda
Como viene haciendo últimamente en cada inauguración, el Presidente compara lo que la Argentina debería pagarle al FMI con las obras que se podrían encarar en el país con el mismo dinero. Ésta no fue la excepción. "Con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al fondo podríamos construir 260 mil viviendas", dijo.
Y reiteró que no va a cerrar con los acreedores por sobre el bienestar y las necesidades de los argentinos. "Cuando me apuran a acordar con los acreedores, digo que mi urgencia son los que no tienen techo. Quiero que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe. Prestarle esa plata a un país que estaba en default...hay responsabilidad por todos lados", reiteró.
A pesar del peso de la deuda, el Presidente señaló: "Estamos empeñados en conseguir casas para 260 mil familias en Argentina".
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y por los los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA, Hugo Yasky.
Las 1.200 viviendas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires en los municipios de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.
El “Procrear II Cogestión Local con Sindicatos” tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de los sindicatos en su asignación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Desarrollos Urbanísticos del programa.
Del acto participaron también el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Además, se entregaron las llaves de diez casas a familias adjudicatarias del Programa “Procrear”.
Se lo dijeron los industriales a funcionarios del Gobierno
Los empresarios ya avalan un crecimiento mayor
La reunión de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó una foto que grafica hoy la relación del empresariado con el Gobierno en los puntos positivos y los contrastes más fuertes: hubo unanimidad sobre la premisa de que el crecimiento de la economía será mayor a lo expuesto en el Presupuesto 2021, pero también hubo quejas importantes por insumos importados para sustentar ese crecimiento y por el impuesto a la Ganancias para empresas. Además, en las últimas horas se sumaron argumentos contra el Sistema de Información de Precios SIPRE, que requiere a las grandes empresas detalles de volúmenes y valores que serán vendidos al comercio mayorista y minorista.
En el encuentro virtual que presidió el titular de la entidad, Miguel Acevedo, fueron invitados a participar el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Ariel Schale. Como ya ha ocurrido con otras funcionarios en reuniones similares. Allí, se habló del tema del “rebote” de la economía y se discutió largo sobre los dólares disponibles para pagar importaciones. Esa discusión, según fuentes industriales, es una novedad luego de años de estancamiento. Es lo que Acevedo describe como un conflicto del crecimiento y no de la crisis.
“Hay una mayor reactivación, no sé si será del 6 o del 7, pero se está moviendo, por eso precisamos garantizar el acceso a insumos”, expresó un empresario del interior. A lo que el Gobierno respondió que nunca faltaron partes para la industria, dado que fue el compromiso desde el minuto cero de la gestión. Hace unos días, en una reunión con empresarios del Consejo de las Américas, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, refirió a un crecimiento del 7 por ciento. Día después, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo lo mismo ante inversores extranjeros. Para los empresarios, ese rebote es probable “porque hay sectores que están vendiendo más”.
Incluso algunos adelantaron que se está viendo actividad más dinámica en el consumo, el rubro más planchado pero que puede ser el techo de la recuperación en una economía con 8 de cada diez pesos explicados por el gasto hogareño. Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), dijo a Página I12 que “cuando se crece se demanda importación, no nos oponemos a la administración del comercio, pero sí queremos garantizarnos los insumos. Puede ser más crecimiento, pero heterogéneo, no va a ser parejo, puede ser más alto pero desparejo”.
La información de precios no convence
“Lo están viendo los abogados, si es a fines estadísticos, es innecesario para nuestro sector porque ya están Precios Máximos y Cuidados. Si es para control de precios, ya estamos controlados, es una carga burocrática adicional muy fuerte, que se suma a toda la información fiscal”, dijo Funes a este diario sobre el SIPRE que se formalizó este miércoles en el Boletín Oficial. La iniciativa, que prevé que grandes empresas informes sobre volúmenes de venta y precios para sistematizar un esquema informativo que blanquee el funcionamiento del mercado. A los empresarios les molestó que los funcionarios no les adelantaran el tema en la reunión de la UIA, teniendo en cuenta el nivel de confianza que rige ese vínculo.
En las próximas horas habrá una reunión de Copal donde se analizará el tema, pero descartan que vaya a ir más allá de una queja. Naturalmente, plantearán que están en contra de las sanciones vigentes por incumplimiento de informar, basadas en la Ley de Defensa del Consumidor.
“Es inoportuno, generará más burocracia, por los montos de facturación también abarca a las pymes y estamos en un momento donde hay que pensar en el crecimiento, producción e inversión, y no creo que esta medida lo genere”, explicó a este diario el empresario cafetero Martín Cabrales, dirigente de UIA y Copal.
Las Ganancias y las inversiones
En la UIA hubo también tiempo para ir contra el impuesto a las Ganancias a empresas, que se debate en el Congreso como método para financiar la baja del tributo a personas físicas. “Ya tenemos bastante carga fiscal, y esto en plena pandemia va a ser perjudicial”, advirtió un líder metalúrgico. A su turno, Funes de Rioja expresó que “en el caso de los alimentos, ya hay 40 por ciento de impuesto, un 50 en bebidas y nos suben 35 por ciento más 7 por dividendos, es complicado”.
El proyecto propone alícuotas escalonadas en función del nivel de ganancia neta acumulada. El primer eslabón pagará 25 por ciento para ganancias netas de hasta 1 millón de pesos: el segundo 30 para entre 1.300.000 y hasta 2.600.000; y un último escalón tributará el 35 más los 7 por dividendos distribuidos.
La norma en debate también generó que la Cámara Argentina de Comercio (CAC), le enviara una carta a Sergio Massa, uno de los autores de la norma para personas físicas. Especifican allí que “de no mediar correcciones, los resultados, de este proyecto serán”, entre otros, que “casi la totalidad del sector empresario (en la medida que logre obtener ganancias) se verá alcanzado por alícuotas cercanas al 35 por ciento más la retención del 7 en el caso de distribuir utilidades a sus accionistas o socios”. Puntualizaron además que “se desalentará la inversión ya que la utilidad neta que pueda arrojar un proyecto se verá reducida por el incremento del impuesto”.
La entidad que preside Mario Grinman agregó también que “Argentina estará en una posición desfavorable respecto de otras economías potencialmente receptoras de inversiones (por ejemplo, los restantes integrantes del Mercosur), dado que la alícuota elegida supera a la vigente en la mayor parte de los países exportadores de capital, por lo que la imposición argentina solo parcialmente podrá ser computada como tax-credit”.
El ministro Martín Guzmán adelantó su viaje a Estados Unidos
Agenda con inversores y el Fondo Monetario
Imagen: Kala Moreno Parra
El Ministro de Economía Martín Guzmán viaja este miércoles a la noche a Estados Unidos para participar de reuniones con el FMI y el Banco Mundial. El titular del Palacio de Hacienda busca cumplir además con una agenda de diálogo con inversores internacionales, antes de tener los encuentros previstos con los organismos de crédito.
Fuentes oficiales informaron que Guzmán emprenderá esta noche el viaje hacia Nueva York, donde mañana iniciará su agenda de reuniones con grupos financieros e inversores, a las que luego seguirán encuentros tanto con el Fondo como con el Banco Mundial.
En la agenda del ministro se encuentra pautado el traslado a Washington para reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El objetivo es avanzar en las negociaciones para conseguir un nuevo programa de financiamiento con el organismo.
Entre las tareas del titular del Palacio de Hacienda se encuentran previstas actividades hasta al viernes 26 de marzo, cuando se pautó su participación en la Cumbre del Mercosur, en la que Argentina será anfitrión de los encuentros virtuales.
Fuentes oficiales explicaron que el viaje del ministro, al ser considerado un viaje de funcionarios esenciales, no requiere cuarentena, sino sólo que hayan dado negativos los análisis y que no hayan tenido contacto estrecho con personas afectadas.
Por el lado de las noticias financieras globales, este miércoles se destacó que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés en el rango de 0 a 0,25 por ciento. En la entidad mantendrán su estrategia de inyectar en torno de 120 mil millones de dólares al mes con la compra de bonos del Gobierno y títulos hipotecarios.
En el mercado local, mientras tanto, el riesgo país volvió a bajar 0,9 por ciento y se ubicó en 1537 unidades. Esto fue resultado de una suba en el precio de los bonos soberanos de hasta casi 2 por ciento. El dólar paralelo se mantuvo en 144 pesos y el contado con liquidación cerró en 149,45, al marcar un leve aumento de 0,1 por ciento.
La mayoría de los integrantes del Poder Judicial, nacional y provinciales, no pagan Impuesto a las Ganancias
Proyecto de ley para terminar con privilegios tributarios
Imagen: Leandro Teysseire
El costo fiscal de eximir a casi todos los miembros del Poder Judicial del pago del Impuesto a las Ganancias es equivalente al monto que dejarán de pagar más de un millón de trabajadores del sector privado, una vez que el Congreso apruebe los cambios para que dejen de tributar los sueldos menores a 150 mil pesos brutos. En ambos casos, el Estado deja de recibir anualmente un ingreso de más de 40 mil millones de pesos. La diferencia es que en un caso quedan eximidas 26 mil personas, y en el otro, más de un millón.
En el envío del Presupuesto 2021, que el Gobierno considera la “columna vertebral” de todas sus políticas, se detalla que el Estado no recaudará 41.285 millones de pesos debido a que los ingresos de casi todos los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales se encuentran eximidos del pago del Impuesto a las Ganancias.
Según el mismo Presupuesto, se detalla que hay 26.441 empleados, a los que se le destina una remuneración de 76.156 millones de pesos en el año, lo que da un promedio salarial por trabajador de 240 mil pesos. Ese monto, en el sector privado, implicaría que un trabajador pague 37 mil pesos por mes de Ganancias, suponiendo ninguna deducción. En el Poder Judicial, casi todos están exentos.
Por el contrario, los cambios que aprobará el Congreso en el Impuesto a las Ganancias, que implicará que 1.260.000 de personas dejen de tributar por tener sueldos menores a 150 mil pesos brutos, tendrá un costo fiscal anual similar, de 41.250 millones de pesos. El ingreso del decil más alto en los asalariados formales (con descuento jubilatorio) es 88.417 pesos, según los últimos datos del Indec, al tercer trimestre de 2020.
Los cambios en Ganancias que aprobará el Congreso este mes comenzarán a regir desde abril próximo. Así, 93 de cada 100 trabajadores dejarán de pagar el tributo, y sólo seguirán haciéndolo el 10 por ciento de los asalariados. Además, otros 200 mil verán reducido la carga de ese impuesto.
Proyecto de ley
“La exención de Ganancias de un puñado de jueces equivale a bajarle el Impuesto a las Ganancias a la mayoría de los trabajadores y jubilados de Argentina”, afirmó Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos. El legislador presentó este martes en el Congreso un proyecto de ley para que el Poder Judicial empiece a pagar Ganancias.
“En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público Fiscal, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados”, dice el proyecto. Además, agrega un punto clave: “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
Ocurre que, en el 2016, se sancionó una ley que modificó las exenciones para los jueces, siempre y cuando el nombramiento hubiera sido a partir del 2017. Así, actualmente hay 141 magistrados federales y nacionales que pagan el Impuesto a las Ganancias, según datos publicados por el portal Chequeado.
La iniciativa de Casaretto también agrega que deberán tributar “jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto”. Actualmente, un jubilado que no hubiera trabajado en el Poder Judicial paga Ganancias desde los 123 mil pesos. Con los cambios que aprobará el Congreso en los próximos días, el 80 por ciento dejará de hacerlo.
En los fundamentos del proyecto, al que ya adhirieron 40 diputados del Frente de Todos, se destaca que deberían pagar por el “principio de igualdad ante los impuestos y la generalidad tributaria”, debido a que “el Impuesto a las Ganancias es una obligación de los contribuyentes”. Además, destaca que es el Congreso el que debe decidir este tipo de cuestiones a través del dictado de normas. Actualmente, el Poder Judicial no paga Ganancias, pese a que así lo decidió el Congreso en 1996, debido a una acordada de la Corte Suprema que declaró su inaplicabilidad.
Fuente:Pagina12
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