El reclamo por la federalización de
la pauta oficial llega a las puertas
del Congreso
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.
Medios comunitarios, populares y alternativos organizados en distintas redes, sindicatos y federaciones presentarán este martes a las 16 horas un documento que exige que se legisle sobre la distribución equitativa de la pauta publicitaria.
Bajo las consignas “Federalizar las comunicaciones” y “Democratizar la pauta publicitaria”, trabajadores de prensa agrupades en las federaciones, sindicatos y redes de medios autogestivos, presentarán un escrito en las puertas del Congreso para exigir la creación de una Ley que regule la distribución justa y equitativa de la Pauta Pública Oficial. La actividad se llevará a cabo este martes 30 de marzo, de 16 a 18 horas.
El documento despliega 12 puntos consensuados de manera federal por distintos grupos de trabajadores de prensa, con la premisa de que “democratizar la pauta es trabajo”. En ese sentido, sostiene que “la Pauta Publicitaria Oficial debería promover la diversidad y pluralidad para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El 54% de les trabajadores de los medios adherentes no reciben ningún tipo de remuneración por sus labores. El 56% de estos 190 espacios tampoco perciben pautas del Estado Nacional. Se trata de televisoras, productoras, radios FM, radios online, diarios, revistas y portales web que imprimen mensualmente 171.605 ejemplares, que llegan a más de 8 millones de usuarios únicos mensualmente de manera digital, y que distribuyen información a lo largo y ancho de todo el país diariamente.
“Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Tal concentración se da en la propiedad de los medios, en la asignación de recursos públicos y privados y en su localización geográfica. Resulta evidente que el Estado al pautar anuncios y mensajes dirigidos a la población no puede utilizar criterios de Mercado. Al sector publicitario privado, le interesa la franja demográfica denominada ABC, que representa el 80% del consumo, pero sólo el 52% de la población”, añade el escrito.
Entre sus puntos fundantes, se expresa que “la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado”, ya que “el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano”. Y agrega: “La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas”. Por esto se propone que “la ley establezca un cupo de no menos del 33% de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro”.
Además, el documento plantea un piso de recepción de la pauta para los medios sin fines de lucro y un techo para los grupos de medios: “A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la Ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir un máximo de 3% del monto total de la publicidad oficial”. El órgano de aplicación de estas medidas sería la Agencia Estatal TELAM S.E, que “debería mantener un Registro Único y público de proveedores de publicidad en el que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad”.
“El objetivo es poner en discusión los criterios de distribución. No puede abordarse solamente desde una mirada comercial privada, sino que debe atender a promover la pluralidad de voces en todo el territorio nacional”, dijo Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en diálogo con Tiempo Argentino.
Fuente: Notas periodismo popular
Recuperar el Escudo Nacional: en
busca de una memoria amputada
Por Marcelo Valko. Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.
Producido el 25 de mayo de 1810, y simultaneo con el despliegue militar de la naciente revolución, un combate de igual trascendencia se desarrolló a nivel simbólico con el propósito de destronar los emblemas ligados a la dominación colonial.
La simbología ancestral en los emblemas de Mayo esta atestiguada nada menos que por Bartolomé Mitre, a quien de ninguna manera puede acusársele de tener simpatías originarias que acepta que el sol de la bandera es de procedencia incaica y es el mismo que asoma en el escudo y concuerda en un todo con las estrofas del Himno alusivas a los cuzqueños sancionado por la Asamblea del 11 de mayo de 1813. Como cualquiera puede constatar la letra completa del Himno afirma: “Se conmueven del Inca las tumbas / y en sus huesos revive el ardor / lo que ve renovado a sus hijos / de la Patria el antiguo esplendor”. Estos versos no sólo imaginan la emoción del Inca ante el despertar de Argentina, sino que además nos sitúa en calidad de “hijos” recordando “el antiguo esplendor” del Tahuantinsuyo, es decir, de la nueva Patria que asoma a la historia para cobijar a todos sus descendientes. Dichas estrofas, nos presentan como herederos de los incas. Tiempo después, fueron cercenadas del Himno tras un decreto del Poder Ejecutivo del 30 de marzo de 1900, siendo presidente casualmente Julio A. Roca…
Consideraciones sobre el Escudo
El 9 de julio de 1816 la proclama de la Independencia se promulga en castellano, quechua, aymará y guaraní, justamente para que nuestros “paisanos los indios” conocieran los objetivos y beneficios de la Revolución. En aquella oportunidad, Manuel Belgrano hizo moción para gobernarnos por medio de una monarquía atemperada perteneciente a la Cuna de los Incas. Esta adscripción de los revolucionarios de Mayo al imaginario andino no es antojadiza. No olvidemos que los incas habían llegado hasta Tucumán y Santiago del Estero, donde aún subsisten hablantes de quechua, y que a su vez, el límite norte del Virreynato del Río de la Plata incluía no sólo los yacimientos de Potosí, sino también a Tiahuanaco. Estas preocupaciones por posicionarse en el contexto de las naciones desde una determinada conciencia histórica, dejó huellas perdurables en nuestros emblemas oficiales. Uno de estos vínculos intelectuales con lo andino será el sol Inca que aún flamea en la Bandera y asoma en el Escudo, en este último, en la terminación del gorro frigio los revolucionarios de Mayo añadieron un elemento que juzgamos fundamental: la borla incaica que luego sería amputada.
Las pruebas
La que es considerada primera bandera nacional fue donada por Belgrano al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813. La tela de la bandera es de raso, cortado en tres paños y lleva pintado el Escudo de la Asamblea del año 1813. Afortunadamente también subsiste un escudo original pintado en madera, destinado a la escuela que sería construida con el dinero recibido por Belgrano como recompensa por sus victorias. Tomado de la revolución francesa que había proclamado la Libertad, Igualdad y Fraternidad, el gorro frigio condensaba aquellos ideales integrados en la nueva América. Sin embargo, a primera vista se impone una diferencia fundamental entre el gorro frigio de Belgrano y su homólogo francés. Tanto en aquella bandera primigenia como en el escudo que se encuentran en la actualidad en el Salón de las Banderas del Palacio de Gobierno de Jujuy, aparece en forma notoria la borla incaica como suplemento o remate del gorro frigio.
La Asamblea del año 1813 encomendó la creación de un sello oficial destinado a legitimar sus resoluciones y confió la tarea al platero y grabador Juan de Dios Rivera quien fue el artífice material del sello. Rivera había participado de la rebelión de Túpac Amarú. Tas la derrota de 1781 y a raíz de la persecución posterior, huyó de Potosí dirigiéndose inicialmente a Córdoba hasta recalar en Buenos Aires. Lo que verdaderamente importa es que el gorro frigio del escudo esta americanizandolo. Esa borla o tulma es la misma que usan los indígenas del noroeste y del altiplano como remate de las orejeras de sus gorros. El tricornio de la revolución francesa le decía muy poco a Rivera quien decidió vestirlo de acuerdo a la cosmovisión Americana. De esa forma, el Escudo Argentino surgió ligado al ideario de Tupac Amarú II. Un decreto fechado el 27 de abril de 1813 le asigna ya carácter de emblema nacional.
La puja heráldica que terminó por eliminar la borla del gorro frigio, provocaría una anarquía de diseños como puede apreciarse en numerosos frontispicios de edificaciones de fines del siglo XIX y principios del XX. El cercenamiento actual del diseño del escudo quedó establecida en 1900 por Estanislao S. Zeballos, en esos momentos ministro de Estado y quien supo ser Presidente de la Sociedad Rural Argentina y gran coleccionista de cráneos indígenas. La amputación experimentada por el escudo para eliminar los rastros americanos no es un tema menor. Los vaivenes heráldicos que acompañaron a la eliminación de los principales revolucionarios, expresan en última instancia un modelo de país, que opta por enquistarse en el puerto de Buenos Aires con la mirada fija en Europa y luego en EEUU, en lugar de integrarse al continente.
Conclusión
Proponemos un retorno a las fuentes de nuestro destino Americano. Es hora de regresar al espíritu revolucionario que buscaba verdadera integración defendiendo al pueblo esquilmado y no a quienes ayer hoy se dedican al saqueo en todas las formas inimaginables. Es imprescindible que regrese la borla incaica al Escudo Nacional y dejar de persistir en el error ideológico que ausentificó la presencia de Latinoamérica. EN ESTE CASO EL DETALLE ES EL TODO. Hace unos días volví a presentar en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley ahora con mayores fundamentos (como hice en 2009, 2010 y 2011) para recuperar el Escudo Nacional en “VALKO, MARCELO: REMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SU AUTORIA SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL ESCUDO NACIONAL A SU CONFORMACIÓN ORIGINARIA CREADO POR LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII. (0010-P-2021).” Pasamos Mesa de Entradas. Veremos si algún diputado se anima a apoyarlo y presentarlo. Recuperar el escudo original es recuperar la patria grande, inclusiva, fraterna de raíz ancestral. En su momento Bayer tituló en Pagina/12 “La memoria tergiversada” expresando su apoyo a la iniciativa. Hoy, que tanta gente comienza a derribar en el mundo símbolos que representan la opresión, símbolos que nos obligan a pensar con categorías mentales opresoras, es imprescindible que Argentina recupere la borla incaica del gorro frigio de nuestro escudo como fuera diseñado por aquellos fundadores de nuestra Patria que aspiraba a ser Grande en la Patria Grande de Latinoamérica.
[1] Psicólogo, docente universitario, especialista en etnoliteratura y en investigar genocidio indígena, autor de numerosos textos como Pedestales y Prontuarios y Pedagogía de la Desmemoria.
Andalgalá: Juez rechaza habeas
corpus presentado por pobladores
y siguen los cortes contra la
megaminería
Por Silvina Reguera, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.
Hace ocho días que los pobladores realizan cortes selectivos para evitar que ingrese maquinaria y se lleve adelante el proyecto minero. Hoy, el juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro rechazó el habeas corpus preventivo interpuesto en resguardo de las vecinas y vecinos que llevan adelante los bloqueos. Cecenarro, un conocido juez pro-minero, también ordenó la represión del 15 de febrero de 2010 cuando infantería, grupos especiales y policía local golpeo a cientos de asambleístas lo que desató una pueblada que movilizó a todo Andalgalá.

Juez Rodolfo Cecenarro
Licencia Social, significa pedir permiso para hacer algo. ¿A quién en el “tema minero”? Pues a las poblaciones vecinas al proyecto, a los directamente afectados, a las comunidades con propiedad ancestral de las tierras. Es así de sencillo. Andalgalá tiene de todo para progresar, para vivir en un ambiente saludable, para cultivar todos sus alimentos. Lo que no tiene, es licencia social para las mineras. Eso no tiene. Eso no tendrá jamás.
Andalgalá en estos días está viviendo una situación de inminente riesgo y un acoso continuo, la comunidad ha sido puesta en peligro ante la avanzada minera y para colmo, en plena pandemia, pareciera que la lógica y el sentido común han desaparecido, por lo menos en la actitud de la justicia que, escandalosamente se arrastra para el lado equivocado y en vez de proteger a la gente, que casualmente está protegiendo la única fuente de agua del lugar, todo lo contrario, es funcional al mecanismo perversamente armado para triturar los Nevados del Aconquija.
La sociedad andalgalense ya ha vivido en 2.010 una brutal represión, por orden del juez Rodolfo Cecenarro, una emboscada a traición que marcó una herida que aún hoy, sigue sangrando. Ahora, es el momento de que Cecenarro se haga cargo, se ampare en las leyes y deje de ser enemigo del pueblo que lo vio nacer.
Comunicado de La Asamblea El Algarrobo:
El juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro -el mismo que ordenó la cruel represión del 15 de febrero de 2.010- rechazó el habeas corpus preventivo interpuesto en resguardo de las vecinas y vecinos que llevan adelante los bloqueos selectivos e informativos en los caminos a Choya y El Potrero.
Denunciamos que esta decisión judicial NO RESPETA EL DEBIDO PROCESO, ya que el _habeas_ _corpus_ fue rechazado por un proveido simple, sin los debidos fundamentos que justifiquen tamaña decisión.
Paradójicamente, el juez Cecenarro emitió su resolución el 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, instaurado para tomar conciencia sobre la inalienabilidad de nuestros Derechos Humanos y la necesidad de defenderlos para que el NUNCA MÁS sea algo más que un slogan.
Este artero ocultamiento y la tardanza en la notificación coartan nuestro derecho a apelar la decisión, ya que el plazo para interponer este recurso es hasta las primeras dos horas hábiles de este lunes 29 de marzo.
Con estas perversas maniobras, el juez Cecenarro, en clara complicidad con los empresarios megamineros y los políticos corruptos, deja abierta la posibilidad a otra brutal represión, como la que sufrimos hace 11 años.
Exigimos, por tanto, la inmediata intervención de quienes se dicen nuestros representantes -presidente Alberto Fernández, gobernador Raúl Jalil, intendente Eduardo Córdoba y todo el cuerpo legislativo departamental y provincial-, de las autoridades judiciales y jefes policiales, y lxs hacemos responsables de cualquier evento que pudiera suceder.
Queremos reiterar que nuestro accionar es en resguardo de nuestros bienes comunes y de nuestro territorio, accionar al que nos vimos obligados ante la pasividad, la negligencia o la clara complicidad de los gobiernos de turno.
Invitamos, finalmente, a lxs vecinxs a sumarse en esta lucha que es de todxs, porque es por la preservación de las sierras del Aconquija: nuestro tanque de agua para el desarrollo de una vida digna. Aquí estamos y estaremos resistiendo por la vida.
Fuente: ANRed – Fotos Susy Maresca
Martín Soria ya es el nuevo ministro
de Justicia
Por Luciana Bertoia, Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.
Martín Soria asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos con una agenda marcada por el impulso de la reforma judicial y del Ministerio Público. Además, deberá retomar la relación con la Corte Suprema e impulsar cambios a favor de la perspectiva de género en la Justicia.
Martín Soria asumió formalmente en el Ministerio de Justicia con una apelación al diálogo y al consenso, que serán fundamentales para conseguir los votos que el gobierno necesita para destrabar los proyectos de reforma que están en el Congreso y para lograr designar a un nuevo procurador.
En una breve ceremonia, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento este lunes por la tarde a Martín Soria en el Museo del Bicentenario. «Es una alegría que estés con nosotros», le dijo el Presidente. Fernández, además, le agradeció a la ministra saliente Marcela Losardo, a quien definió como una entrañable que había hecho exactamente el trabajo que él le había pedido al frente del ministerio.
Soria estuvo acompañado por parte de su familia y por varios ministros, incluido el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Estaban presentes el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, y el vicepresidente, el juez Alberto Lugones. Asistió también Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.
Martín Soria asumió formalmente en el Ministerio de Justicia con una apelación al diálogo y al consenso, que serán fundamentales para conseguir los votos que el gobierno necesita para destrabar los proyectos de reforma que están en el Congreso y para lograr designar a un nuevo procurador.
En una breve ceremonia, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento este lunes por la tarde a Martín Soria en el Museo del Bicentenario. «Es una alegría que estés con nosotros», le dijo el Presidente. Fernández, además, le agradeció a la ministra saliente Marcela Losardo, a quien definió como una entrañable que había hecho exactamente el trabajo que él le había pedido al frente del ministerio.https://c9ca46bd7f7ed868b652a9d353669347.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Soria estuvo acompañado por parte de su familia y por varios ministros, incluido el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Estaban presentes el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, y el vicepresidente, el juez Alberto Lugones. Asistió también Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.
Los desafíos
La relación con Diputados — un territorio que Soria conoce y transitó hasta el sábado pasado — es clave porque ahí están trabados tanto el proyecto de la reforma judicial como el de la reforma de la ley del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría necesaria para designar un nuevo procurador y reduce el mandato del jefe de los fiscales. La prioridad está dada por la designación de un nuevo procurador, que permita avanzar con la implementación del sistema acusatorio y que deje atrás el largo interinato de Eduardo Casal, apoltronado en el edificio de la calle Perón al 600 desde finales de 2017, cuando el macrismo — con la ayuda de la justicia federal — forzó la salida de Alejandra Gils Carbó. El candidato del gobierno sigue siendo el juez federal Daniel Rafecas.
Parte de la reforma para una justicia con empatía y legitimidad social — como Soria anunció en su cuenta de Twitter — es la introducción de la perspectiva de género para operadores y operadoras judiciales. Para eso, tendrá una aliada clave en la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que viene reclamando que la Corte Suprema se capacite — como establece la Ley Micaela — y que la Casación Federal tome medidas por los mensajes misóginos del camarista Juan Carlos Gemignani. Ambos ministros ya conversaron y es probable que se reúnan en los próximos días para avanzar en la agenda conjunta.
La relación con la Corte será prioritaria. Soria dijo que entre sus primeras medidas estará pedirle una reunión al tribunal que preside Carlos Rosenkrantz. En la Corte dicen que, por el momento, no hubo contacto oficial. De hecho, Rosenkrantz está de licencia hasta el próximo lunes, por lo que es probable que no haya encuentro esta semana — que es breve por los feriados de Pascuas.
El eje en el Consejo
Como diputado, Soria fue una de las voces de denuncia del lawfare. Fue quien analizó los ingresos a la Casa Rosada del presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, durante el macrismo y detectó que el camarista se había visto con Mauricio Macri en, al menos, seis oportunidades. Soria denunció penalmente a Hornos en la causa en la que se investiga el accionar de la mesa judicial macrista, de la cual el propio Soria es uno de los impulsores. Además, pidió su remoción ante el Consejo de la Magistratura. Lo mismo hizi con otro de los emblemas de la justicia durante el macrismo, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que dio origen a la «doctrina» que permitió la prisión preventiva de funcionarios kirchneristas durante el gobierno de Macri.
La relación con el Consejo será uno de los ejes de la gestión de Soria. Allí quien ordena las piezas es el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el hermano del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
En el Consejo interesa el destino de los expedientes disciplinarios más calientes, entre los que se cuentan las denuncias a Hornos, Gemignani y Eduardo Riggi — todos integrantes del máximo tribunal penal del país. Pero, además, la clave pasa por lograr los acuerdos para avanzar con designaciones fundamentales. Sólo en los célebres tribunales de Comodoro Py, la administración de Fernández debe completar dos casilleros en la Cámara Federal — los que ocupan actualmente Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi — y designar a los titulares de los juzgados que dejaron vacantes Sergio Torres, Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral. Si Rafecas va a la Procuración, ya serán cuatro los juzgados a cubrir. Comodoro Py es sólo una muestra. En el Consejo se entusiasman con tener avanzado el concurso para la Cámara para mediados de año y en avanzar todo lo que la pandemia permita.
Un cambio de perfil
Martín, de 45 años, es el hijo de Carlos Soria, el exgobernador de Río Negro y exjefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) durante el gobierno de Eduardo Duhalde. El Presidente destacó su conocimiento de los tribunales de Comodoro Py, donde trabajó en el juzgado de Juan José Galeano, el magistrado que terminó destituido por su accionar el caso AMIA. Soria también ejerció como relator del juez Arturo Pérez Petit en la Cámara Federal de General Roca antes de dedicarse de lleno a la política provincial.
Soria fue legislador provincial y durante ocho años intendente de General Roca. Es actualmente el presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) en Río Negro. Cultor de un discurso fuerte y agudo, algunos vaticinan que esa inclinación puede dificultar la búsqueda de consensos, algo que el propio Soria buscó despejar en sus redes sociales tras la asunción.
Su llegada al ministerio se da después de casi un mes surcado por el recambio en la cartera estratégica. Losardo no participó de la jura, pero ya trascendió que aceptó la oferta del Presidente de asumir la representación del país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, que quedó vacante tras la muerte de Fernando «Pino» Solanas.
El FIT y Trabajadores Unidad reclaman
que el Gobierno declare de utilidad
pública la producción de vacunas e
intervenga el Grupo Sigman
Por Alfonso de Villalobos*, Latinoamericano, 29 de marzo de 2021.
En un acto realizado en la localidad de Garín donde se produce la vacuna Astrazeneca/Oxford, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, pidió la suspensión de la ley de patentes para que las millones de dosis que se producen allí queden en el país. En el mismo sentido se pronunciaron, entre 200 personalidades y organizaciones de profesionales de la salud, Nora Cortiñas y Donato Spaccavento.
Con un acto del que participaron los dirigentes de los cuatro partidos que lo integran, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) reclamó la intervención del Grupo Sigman propiedad de Carlos Slim que gerencia el laboratorio que produce en la Argentina la variante AstraZeneca de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de cuatro veces la cantidad de vacunas que ingresaron al país para abastecer el plan de vacunación de la población en la Argentina.

A pesar de semejante volumen de producción ninguna de esas dosis regresó al país una vez que fueran envasadas en México y allí es donde apunta el reclamo de la izquierda: que la producción nacional sea utilizada en beneficio de la población del país en vísperas de la segunda ola de contagios que, para los epidemiólogos, está comenzando.
El domingo ingresaron al país algo más de 200 mil dosis de la Astrazeneca que se suman a otras 500 mil que lo habían hecho con anterioridad pero que, paradójicamente, no corresponden a la producción local.https://drive.google.com/file/d/1uggcsQ2CxrawQnmxUZIORHw0EV0kkiTf/preview
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero que propuso a sus aliados plasmar ese reclamo en un acto político en la propia planta situada en la localidad de Garín señaló que “Sigman está produciendo vacunas en Argentina que exporta y no cumple con los convenios firmados con el gobierno” por eso, planteó, “exigimos la intervención del laboratorio, la prohibición de las exportaciones y su envase en laboratorios nacionales”.
El dirigente señaló además que “la concentración del 95% de las vacunas en los países más ricos no solo es injusta, sino que representa un riesgo epidemiológico al dejar a la mayoría de la población mundial sin vacunas pomoviendo la aparición de nuevas cepas del virus. En Argentina solo recibió la inoculación completa el 1,39% de la población”.
Por otro lado destacaron que resulta falsa la imposibilidad de proceder en el envasado de las vacunas en territorio nacional y que existe la tecnología y la capacidad productivas para avanzar en ese camino.
El dirigente señaló que » entre la vida y la economía, el gobierno prioriza la economía y sus vínculos con los empresarios, en lugar de evaluar posibilidades de nacionalizar el envasado”.
En un comunicado los dirigentes del FITU puntualizaron las medidas que, creen, deben ser tomadas de manera urgente: En primer lugar la declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience, propiedad del grupo Sigman. En segundo lugar suspender las exportaciones del principio activo de la vacuna y poner la administración y ocupación temporaria de la empresa mAbxience Argentina a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Por último proponen que se la autoridad de aplicación quien “garantice la continuidad de la producción del principio activo y tome medidas para incrementar esta producción y completar el proceso de envasado disponiendo para ello de los laboratorios públicos y privados existentes en todo el territorio nacional”, así como se “reconviertan todos los laboratorios públicos que estén en condiciones de producir vacunas contra la covid-19 o alguno de sus insumos.»
Para avanzar en esa política sería necesario, en nombre de la emergencia sanitaria suspender la ley de patentes y, acorde el espíritu de la ley de abastecimiento vigente en el país, declarar la vacuna de utilidad pública afectando los intereses privados que se encuentran involucrados.
El 25 de marzo, mediante una carta pública dirigida al presidente de la Nación, más de 200 personalidades y organizaciones de la medicina, la ciencia y los derechos humanos se habían pronunciado en el mismo sentido. Entre ellos, destacan Nora Cortiñas, la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, el ex director del Hospital Argerich y señalado como médico y amigo personal de Néstor Kirchner, Donato Spaccavento.
En la misiva señalan que “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”.
Por eso, aseguran, “los que venimos defendiendo hace décadas la producción pública de medicamentos y vacunas sostenemos que ante la emergencia es imprescindible: 1) Suspender las remesas a México de la vacuna de AstraZeneca hasta que no comience la entrega desde dicho país de manera regular y suficiente de las vacunas envasadas. 2) Se autorice bajo el régimen de emergencia a los laboratorios públicos y privados a envasar la vacuna producida por mAbxience, proveyendo la asistencia técnica y financiera necesaria. Estamos en emergencia. El Estado debe actuar ya en defensa de la salud de la población”.
fuente: Tiempo Argentino
A 15 años del incendio en el taller
clandestino Luis Viale, exigen la
expropiación
Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.
A 15 años del incendio en un taller clandestino de la calle Luis Viale que provocó las muertes de cinco niños y una compatriota embarazada. En el lugar trabajaban y vivían hacinadas 60 personas.
El caso puso en evidencia el sistema de explotación laboral en los talleres textiles clandestinos en Buenos Aires. Este martes exigieron justicia y la expropiación y la patrimonialización del taller textil de Luis Viale.


JUANA VILLCA 25 años (embarazada)
WILFREDO QUISPE 15 años
ELÍAS CARVAJAL 10 años
RODRIGO CARVAJAL 4 años
LUIS QUISPE 4 años
HARRY RODRÍGUEZ 3 años
! LA MEMORIA DE ELLOS NO SE TOCA !




















COMUNICADO:
NUESTRO GRITO ES MEMORIA Y JUSTICIA
El Jueves 30 de marzo del 2006 se incendió el taller textil clandestino ubicado en la calle Luis viale 1269, barrio porteño de Caballito. Murieron quemadas seis personas: una mujer embarazada, un chico adolescente y cuatro niños. Todos ellos eran migrantes víctimas de la explotación laboral. En el taller vivian sesenta y cinco personas de las cuales veinticinco eran niñxs. Con jornadas laborales de 18hs diarias, la situación de precariedad era extrema. Las habitaciones estaban improvisadas con nylon y cartón y contaban con un solo baño para todos. Luego del incendio, los sobrevivientes de la masacre quedaron a la deriva con total desprotección por parte del Estado.
Luego de una un juicio lleno de irregularidades, en el año 2016 fueron condenados los capataces Juan Manuel Corea y Luis Sillerico por reducción a la servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte, Sin embargo a los Patrones Geyler y Fichberg ni los investigaron ni fueron procesados ,en mayo del 2019 la fiscal Betina Vota y el juez Julio Alberto Baños sobreseyeron por supuesta falta de pruebas a los patrones Jaime Abraham Geyler y Daniel Alberto Fischberg, dueños del taller y de las marcas de ropa para las cuales producian los obreros., en octrubre del 2019 la justicia les devolvió a Geyler y a Fischberg las llaves del inmueble.
Este 30 de marzo se cumplen 15 años de la Masacre del Taller de Luis Viale y nosotros nos seguimos preguntando: Cuántas pruebas más que nuestros muertos necesitan para condenar a los responsables?. Cuántos muertos más se va a cobrar la explotación laboral junto con la complicidad del Estado?.
Por más la justicia patronal los hayan liberado de culpa a los patrones asesinos Geyler y Fischberg, pero la condena social continúa.
NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS
Fotos y videos: Julia Mottura
Envio:RL






No hay comentarios:
Publicar un comentario