6 de marzo de 2021

TROPEL 4 del 06.03.2021.

 

La justicia desestimó denuncia contra Dady Brieva por "incitación a la violencia colectiva"

El actor había sido acusado por el abogado Santiago Dupuy Delome, conocido por su militancia dentro del PRO y por sus habituales denuncias contra figuras identificadas con el kirchnerismo, a partir de una serie de dichos sobre la decisión de Alberto Fernández de aumentar las retenciones al campo.

(Foto: Prensa)
5 de marzo de 2021

En febrero del año pasado, luego de que el por entonces flamante presidente Alberto Fernández anunciara que tenía previsto subir las retenciones y establecer cupos al sector agropecuario, el actor y conducto de televisión Dady Brieva opinó sobre el asunto en un programa de televisión. “En momentos de necesidades fuertes como éste, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, fueron algunas de las palabras que eligió por entonces el cómico, cuya simpatía por el peronismo y el kirchnerismo es reconocida.  Por aquellas expresiones Brieva fue acusado del delito de incitación a la violencia colectiva por el abogado Santiago Dupuy Delome, de también reconocida militancia en el PRO y habitual denunciante de kirchneristas.

La instrucción contra Brieva se extendió por más de un año. Pero hoy, finalmente, el juez Marcelo Martínez De Giorgi terminó de desestimar la denuncia por inexistencia de todo delito. La decisión del magistrado siguió a una solicitud de la fiscal a cargo del caso, Alejandra Mángano, en cuyas conclusiones se basó para dictar el cierre de la causa. La funcionario había afirmado que “la situación denunciada no constituye un comportamiento perseguible por la justicia penal por cuanto, las manifestaciones emitidas por Brieva representan meras expresiones personales y políticas, características del debate público democrático que, como tales, no logran configurar el delito previsto en el artículo 212 del Código Penal”.

De Giorgi indicó que Mángano también recordó “que la figura legal en cuestión requiere una adecuada interpretación a los fines de no afectar el derecho constitucional a la libertad de expresión contemplado en la Carta Magna (artículos 14 y 32), así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), entre otros instrumentos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), e indicó que este derecho se despliega en una doble dimensión: por un lado, constituye un derecho inalienable de los individuos y, por el otro, es una precondición esencial para el funcionamiento de un gobierno democrático”.

Brieva había hecho sus declaraciones en una charla con el periodista Mauro Viale, en el programa Mauro, La pura verdad, que este conducía por entonces en la mañana de la señal América TV. Ahí, en referencia a la decisión de Fernández exclamó: “¡Se animó a tocar a los dioses!”.  Y continuó.

“Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas. En momentos de necesidades fuertes como éste, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, concluyó.

La conclusión de la fiscal citada por el juez fue que “en definitiva, al ser el denunciado una figura pública, cuya actividad principal se circunscribe al mundo de la actuación y de la comedia, así como al periodismo radial, sus manifestaciones deben ser enmarcadas en un aporte al debate público y por tanto considerarse expresiones protegidas por el derecho a la libertad de expresión, más aún en este caso en concreto, en el que el eventual exabrupto que el denunciante cita no alcanza por sí a reunir los requisitos de tipicidad objetiva del artículo 212 del Código Penal, en tanto los dichos no están dirigidos a impulsar la realización de acciones lesivas concretas contra grupos o instituciones”.

Por su parte, el abogado del actor, Alejandro Rúa, solicitó que se investigue a Dupuy Delome por falsa denuncia. En la misma resolución en la que Martínez De Giorgi cerró la causa rechazó el pedido para investigar al denunciante.



Gómez Alcorta: "Es falso que la derogación del decreto de Macri permita el ingreso de narcos"

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad respondió a los dichos de diferentes referentes de la oposición que salieron a instalar esta suposición respecto a la anulación del DNU macrista que modificaba la ley de migraciones. “Hay mala fe, porque la ley es clarísima en que de ningún modo alguien que cometa un delito grave estaría exento de esta modificación”, remarcó.

(Foto: Prensa Municipio Escobar)
5 de marzo de 2021
Tras la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, del expresidente Mauricio Macri, que facilitaba la expulsión de migrantes, un número creciente de referentes de la oposición salieron a criticar duramente la decisión del actual Gobierno Nacional y, entre otros argumentos, plantearon que esta medida supuestamente facilitaría el ingreso de “narcos y delincuentes” extranjeros al país.
Al respecto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, no sólo celebró la medida gubernamental, sino que aseguró que "es falso" que la anulación del DNU firmado en 2017 permita "el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina".
"La oposición hace alusión a que ahora con la derogación del decreto se va a permitir el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina: eso es absolutamente falso", remarcó Gómez Alcorta a la agencia oficial Télam.
En este sentido la funcionaria recordó que "la ley original (25.871), que estaba antes del decreto inconstitucional de Macri, es muy explícita" y mencionó que en su artículo 29, inciso C, se establece que "son causales para impedir el ingreso o la permanencia a quien fue condenado o esté cumpliendo condena o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, estupefacientes, lavado de dinero o delitos que sean reprimidos con tres años o más de prisión".
"La ampliación que había hecho el decreto de Macri era sobre cualquier delito que tuviera pena de privación a la libertad", puntualizó la ministra, además de recordar "el temor que tienen las mujeres migrantes, que en general viven en la informalidad laboral, de que por una detención ante una contravención implique su expulsión del país".
En ese punto, Gómez Alcorta subrayó: "Eso es vulneratorio a los derechos constitucionales… las menciones que por estas horas hace la oposición tienen un profundo contenido ideológico muy claro".
"Hablamos de un sector de la política que entiende a los migrantes como delincuentes y a los vendedores ambulantes como peligrosos. Hay mala fe, porque la ley es clarísima en que de ningún modo alguien que cometa un delito grave estaría exento por esta modificación", indicó.
Además, la ministra recordó que "desde 2004, la Argentina tiene una política migratoria acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos, y reconocida a nivel internacional. En 2017 el gobierno de Macri, por medio de un DNU, modificó esa ley con una mirada que claramente asimila temas de migración a problemas de seguridad nacional, con un discurso xenófobo y racista".
"Aquel decreto fue enormemente cuestionado por organismos internacionales. Se judicializó y la Sala Quinta de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su inconstitucionalidad íntegra. En el marco de esta situación, el DNU de hoy lo único que viene a hacer es derogar aquel decreto y dejar vigente la norma original", remarcó.
Fuente:TiempoArgentino





05.03.2021 / Escándalo

Denuncian a la gestión de Macri por el programa "3.000 jardines", que costó USD 62 millones pero sólo se hicieron 107

El Ministerio de Educación impulsó una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación sobre posibles irregularidades en torno a la prometida construcción de 3000 jardines de infantes que había prometido JXC. Entre otras cosas, detectaron que el 34% de las obras licitadas en 2016 fueron adjudicadas a una constructora sin capacidad para ejecutarlas.

















El Ministerio de Educación de la Nación avanzó en el día de hoy con una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por USD 62 millones en el marco del Programa denominado “3.000 jardines” impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que escandalosamente sólo construyó 107.

Se trata de una denuncia efectuada por titular de esa cartera, Nicolás Trotta, ante la Oficina Anticorrupción “por una serie de hechos irregulares que podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia". En conferencia de presan, el funcionario detalló que en total se investiga el destino de USD 61.920.462 para el denominado Programa 3.000 jardines.

Este programa fue impulsado en 2016 por Macri, con promesas con bombos y platillos y, según los datos de la cartera educativa, “de los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107".

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido.


Según esta información, se evidencia “una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”.

Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a que el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas S.R.L – Escarabajal Ingeniería, consorcio de empresas sobre el que había un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Esa UTE recibió transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos. Ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

En la presentación del Ministerio de Educación se detalla que el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6000 millones de pesos. También se indica que más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo –según surge del análisis hecho– se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculada a fines del mes de julio de 2018, ascendían a 78 millones de pesos pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente 7 millones pesos.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.

Fuente:PoliticaArgentina




Alberto celebró la vacunación del primer millón de argentinos

El Presidente celebró este viernes que Argentina haya pasado el primer millón de vacunados contra el coronavirus y recordó que el sistema de salud fue "derruido" en la gestión de Cambiemos.

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