OPINION.

 

Cuánto pierde Argentina por evasión de impuestos

Alfredo Serrano y Mariana Dondo analizan cuánto el país deja de percibir en impuestos por la elusión y evasión reinantes en Argentina.

Por Mariana Dondo y Alfredo Serrano Mancilla

El pago de impuestos siempre es un asunto recurrente y controversial. Sin 

embargo, poco se habla de lo que “no se paga”, sea por evasión o por elusión. 

En el primer caso, se hace incumpliendo la ley. Y en el segundo, se logra gracias 

a que la ley ofrece un tratamiento impositivo preferente en determinadas 

situaciones y que, en muchas ocasiones, acaba derivando en la posibilidad real 

de maniobrar torticeramente para dejar de pagar lo que corresponde, 

aprovechándose de algún subterfugio o limbo legal.

Se suele discutir mucho sobre la evasión, pero muy poco de la elusión, y 

tanto una cosa como la otra contribuyen a que cualquier sistema tributario 

padezca un flujo de filtraciones de grandes dimensiones. Se pierde mucha 

recaudación por culpa de esta fuga permanente.

A pesar de todo lo que se publica, el nivel de recaudación en Argentina está por 

debajo de los estándares internacionales. La presión fiscal en 2019 del país fue 

del 28,4 % del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 

34,3 %.

Pero además la composición tributaria en Argentina es muy desigual en cuanto 

a quiénes soportan su carga. La mayoría de lo que pagamos procede de 

impuestos indirectos, o sea, los más regresivos e injustos. En cambio, gran 

parte de lo que se evade y elude se concentra en aquellos que tienen más 

ingresos.

El sistema tributario argentino bien podría recaudar más y con más justicia 

fiscal sin necesidad de aplicar más impuestos. Bastaría, por un lado, con 

simplificar y reordenar la matriz impositiva (que tiene 85 tributos a nivel 

municipal, 39 provinciales y 41 nacionales) y, por otro lado, con unas reformas 

específicas orientadas a detener la evasión y la elusión.

La lucha contra la evasión es la tarea más complicada porque, aunque se 

persiga y se disponga de un conjunto de incentivos para evitarla, en gran 

medida depende de la predisposición de ciertos sectores económicos a realizar 

prácticas ilícitas, por afuera de la ley.

Por eso, una de las vías más plausibles e inmediatas para mejorar el sistema 

tributario es erradicar la elusión. La clave está en una mejor redacción de la 

base legal de cada tributo, de forma tal que no se permita un uso abusivo de 

las ventajas fiscales, sin razón económica ni social.

En Argentina, por ejemplo, es inadmisible que la tasa legal del impuesto que 

tienen que pagar las empresas difiera tan significativamente de la tasa efectiva, 

la que realmente pagan. La tasa legal era en 2018 del 30 %, pero a la hora de la 

verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios fue del 7,8 %. ¿Qué pasó 

con el resto que debían pagar? No lo pagaron (mal) aprovechándose de la letra 

pequeña de la ley. Buscaron y encontraron cada grieta legal gracias a una 

ingeniería fiscal muy bien desarrollada por sus equipos técnicos. Este tipo de 

comportamiento elusivo es llevado a cabo por las grandes empresas, no por las 

pequeñas y medianas.

Entre estas y otras prácticas elusivas, en Argentina se deja de pagar en impuestos 

el equivalente a un 2,74 % del PIB gracias a ventanas legales que lo permiten. 

O, lo que es lo mismo: se pierde un 9 % del total de recaudación. Seguramente 

muchas de esas exenciones tributarias están justificadas, porque se quiere 

promocionar un determinado sector económico, o una zona geográfica. Pero 

cuando se mira con lupa esa caja negra, se encuentran tantas excepciones 

respecto al principio genérico que pareciera que no pagar impuestos es la regla 

general.

El mejor ejemplo se encuentra en la exención del impuesto a las ganancias para 

los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el año 2021 dejarán de pagar

 41.285 millones de pesos. ¿Por qué? Por nada. O, más bien, sí. Porque son un 

grupo de poder que logró este beneficio para sí sin que eso tuviera ninguna 

repercusión social ni económica para el país. Si se estableciera lo contrario, o sea,

 que paguen su correspondiente impuesto sin exenciones, se acabaría esta fuga 

anual que equivale al 21 % del presupuesto anual del Ministerio de Salud, o al 13

0 % del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o al 665 % del Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Aún resta mucho por hacer para avanzar en calidad y cultura tributaria en 

Argentina. Todos los que hablan de equilibrio fiscal siempre se olvidan de esta 

vía, la de evitar fugas y filtraciones que están permitidas por ley, y de la que se 

aprovechan mayoritariamente los que más tienen. Y también obvian lo que no 

se paga por evasión, o por riquezas no declaradas offshore (que según datos de 

2017, suponía el 74,8 % del PIB), o por bases tributarias subevaluadas por no 

existir un catastro de propiedades ajustado a los precios de mercado; o lo que 

dejan de pagar las gigantes tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, 

Netflix) que operan en el país; o lo que poco que tributan las rentas del capital.

Visto lo visto, en Argentina, a la hora de discutir sobre los impuestos, también 

sería más que pertinente hablar de aquellos que no los pagan y deberían hacerlo.


*Mariana Dondo, doctora en Ciencias Sociales y Humanas (U.N.Quilmes). 

Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Política y Gestión Pública 

(U.N.Quilmes). Diplomada en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). 

Licenciada en Economía (UBA). Docente e investigadora en la Universidad 

Nacional de Río Negro.

*Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB), España.Actual director ejecutivo del Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Fuente:Telam