11 de abril de 2021

ROSARIO - SANTA FE.

 


11 de abril de 2021

Distribución federal de vacunas 

Se acelera la llegada a Santa Fe

La provincia obtuvo un nuevo criterio que tome, además de la cantidad de habitantes, los adultos mayores, el ritmo de inoculación y los conglomerados urbanos.
Por Pablo Feldman





Perotti propuso combinar otras variables para la llegada de dosis.  

Hasta ahora Santa Fe --con una cantidad de habitantes similar a Córdoba y CABA-- venía recibiendo un número de vacunas inferior, de acuerdo a los parámetros demográficos. A partir de esta semana, se modifica el criterio de distribución y la provincia se verá beneficiada a la hora del reparto. En los próximos dias llegarán más de 31 mil vacunas a Santa Fe, y 27 mil irán a la docta, revirtiéndose la tendencia que regía hasta el momento. El cambio de criterio que demandó el gobierno de Santa Fe incorpora otras variables más efectivas -según los expertos- que el número de habitantes, y toma en cuenta los "conglomerados urbanos" de las provincias, la población de adultos mayores, el número de profesionales de la salud y "el ritmo" de vacunación.

Después de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que nuclea a los ministros de salud de todo el país, se conoció la lista de distribución de vacunas para todas las provincias tomando en cuenta desde el inicio de la campaña el número de habitantes. Ese criterio, aun si hubiera estado bien hecho el cálculo, perjudicaba a Santa Fe en comparación con Córdoba y con CABA, con poblaciones similares, que superan los 3 millones de habitantes.

En ese mismo cuadro se advierte que Santa Fe registra la mejor performance en torno a la aplicación de las dosis recibidas. Con estos elementos, y las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional --a las que adhirió Santa Fe--,  el gobernador Omar Perotti tomó contacto con la Ministra de Salud Carla Vizzotti para asegurar que el nuevo criterio de distribución de vacunas corrigiera las asimetrías. Hasta ahora, Santa Fe recibió 466.650 dosis, mientras Córdoba recibió 545.000 vacunas y CABA, 636.856. 

En cuanto a la aplicación, del total recibido, Santa Fe había aplicado hasta ayer 399.725 vacunas, mientras CABA aplicó 523.538 y Córdoba 470.397 dosis. 

En ese sentido, el cambio de criterio que toma de ahora en adelante los "conglomerados urbanos" en lugar de las provincias, beneficiará a Santa Fe, dado que cuenta con dos de esas áreas, Gran Rosario y Gran Santa Fe, que reúnen a 1.8 millones de habitantes, medio millón más en relación a la provincia mediterránea que aparece con un solo conglomerado; Gran Córdoba de 1.3 millones de habitantes. La lista la encabezan provincia de Buenos Aires, CABA, y detrás de las mencionadas, la completan el Partido de la Costa , Tucumán y Mendoza.

Otra variable que se tomará en cuenta para la distribución -esta semana serán 400 mil dosis recién llegadas al país- será la "tasa de mortalidad", que se mide en proporción a los habitantes. Es CABA la que registra el mayor número, seguida de Mar Del Plata, la región Metropolitana, Tucumán, Mendoza , Rosario (859 cada millón de habitantes) y Córdoba (con 597).

Se completa el nuevo criterio con la cantidad de adultos mayores en cada conglomerado: Santa Fe tiene 716 mil distribuidos en toda la bota  y Córdoba 650 mil, mientras CABA llega a los 741 mil. 

A partir de variables combinadas, Santa Fe va a comenzar a recibir más dosis que Córdoba. Del próximo lote de 400.000 vacunas, Santa Fe recibirá 31.800 y Córdoba 27.000

Otro elemento para la modificación de la distribución de las vacunas es la "población médica", y allí también el impacto favorece al AMBA (Área metropolitana de Buenos Aires) no solo porque no han completado --a diferencia de Santa Fe -- la vacunacion de la totalidad de los equipos. Además, se observa una concentración de profesionales de la salud en una reducida geografía urbana que tiene mayores recursos, otra objeción de las provincias.

A partir de estas variables combinadas, Santa Fe va a comenzar a recibir más dosis que Córdoba. Del próximo lote de 400.000 vacunas, Santa Fe recibirá 31.800 y Córdoba 27.000. A partir de la próxima semana -cuando Nación prevé la llegada de 2 millones  de dosis de Sinopharm- se observará el "ritmo" de vacunación para acelerar además la distribución, y en ese sentido, Santa Fe tiene los registros más altos, ya que a su vez ha dispuesto el mismo criterio que ahora impone Nación al enviar el mayor número de dosis adonde se registran los más altos valores combinados, es decir: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.

En cuanto las medidas que rigen desde el viernes, el gobierno destacó que la uniformidad en la aplicación de las restricciones obedece a la evolucion de la curva epidemiológica. Desde que se adelantaron las medidas, se pasó de seis "zonas rojas" -de alta circuacion del virus- a nueve. En adelante, se irá observando el comportamiento en los diferentes departamentos y adoptando medidas de flexibilización o restricciónn, según corresponda.

 

La unificación de las medidas de restricción está basada en la necesidad de reforzar para todos la pautas de comportamiento, el distanciamiento social, la utilización de barbijos y la higiene personal, tópicos invariables más allá del número de contagios que se registre en las diferentes localidades. 

 


PROVINCIAS

Compras en el horizonte

Pablo Feldman

"Estamos atentos a cualquier oportunidad que se presente con las empresas que están produciendo vacunas autorizadas por Anmat, pero no queremos crear falsas expectativas, cualquiera de estas empresas tiene que cumplir los compromisos que tiene con el estado nacional, de tal modo que es muy difícil que se pueda concretar algo en el curso de los próximos meses", dijo a Rosario/12 el gobernador Omar Perotti, para dejar en claro que "la estrategia es participar del plan de vacunación nacional y, como en su momento conversamos con los gobernadores Juan Schiaretti de Córdoba y Gustavo Bordet de Entre Ríos, a la hora de buscar respiradores, ahora ocurre lo mismo, ya que por volumen sería más probable una operación conjunta que por separado. Esto significa estar atentos a cualquier oportunidad, pero razonablemente hay que pensar que será la campaña nacional la que garantice la vacunación", remató el mandatario, quien advirtió sobre "gente con buenas intenciones que proponen alternativas, pero también puede aparecer algún oportunista y estamos comprando vacunas, no juguetes", concluyó Perotti, que repitió "hay que seguir cuidándose hasta que estemos todos vacunados".

En la jornada de ayer se confirmaron 1185 casos en la provincia de los cuales 460 corresponden a Rosario.


IMPUTATIVA

El hombre que atropelló y mató a dos personas que intentaron asaltarlo, Diego Pablo C., tendrá hoy su audiencia imputativa, que garantiza su derecho a defensa. El fiscal Patricio Saldutti le imputará la figura de homicidio doloso y aún no se sabe si se considerará el atenuante de emoción violenta, para lo cual será clave el resultado del perfil psiquiátrico y otras pericias realizadas. En este marco, un grupo importante de vecinos de Fisherton se movilizó para pedir la liberación del joven, al que consideran un justiciero. Muchos lo hicieron a pie a pesar de la lluvia y otros en auto, en una extensa caravana que partió desde Wilde y Córdoba hasta Córdoba y Circunvalación. "Liberen a Diego", gritaban y expresaban un fuerte reclamo por la seguridad.


Condenaron al ex jefe de la Federal en Santa Fe

La SA que conocía Bullrich

Se trata de Marcelo Lepwalts. La condena alcanza también a cinco de sus subordinados. La ex ministra de Seguridad de la Nación había recibido dos alertas, pero nunca contestó.
Por Juan Carlos Tizziani






Marcelo Lepwalts era jefe de la delegación Santa Fe de la policía Federal 

Desde Santa Fe

El Ministerio Público llamó a la “empresa criminal Delegación Santa Fe SA” y reveló que su “único fin” era “recaudar fondos” para sus partícipes. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó esta semana al ex jefe de la Policía Federal en esta ciudad, Marcelo Lepwalts (“Lechuga”), a cinco subordinados que integraban la SA y a un vendedor de sustancias ilegales, Guillermo Kernc, que aportaba la plata de las “coimas” a cambio de protección. Lepwalts fue sentenciado a cuatro años de cárcel por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público” y “tenencia simple de estupefacientes”, su segundo en el grupo, Cristian Bogetti, a la misma pena por los mismos delitos (más “encubrimiento agravado”), Kernc a cuatro años de prisión por “cohecho”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia de arma de guerra” y los otros cuatro policías federales a tres años de prisión por los mismos cargos que su jefe. Siete condenas.

Lepwalts comandaba la primera de las dos cúpulas de la Policía Federal de Santa Fe que cayeron en cuatro meses –en mayo y setiembre de 2019- cuando el fiscal federal que las investigó, Walter Rodríguez, mandó dos alertas a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre lo que llamó un foco de “corrupción institucional alarmante”, le advirtió que la Policía de la provincia y la Federal “estaban sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales”, lo que “afectaba” las investigaciones del Ministerio Público y le pidió que adoptara “las medidas necesarias”. 

Bullrich nunca le contestó: ni en la primera alerta del 3 de mayo de 2017, un mes después de iniciarse la investigación a Lepwalts y compañía. Ni la segunda en una fecha increíble: el 6 de setiembre de 2019, tres días antes del tiroteo en la autopista al sucesor de Lepwalts, el comisario Mariano Valdés, que Bullrich calificó como un presunto “ataque mafioso”, pero luego se desmintió. Valdés y su número dos Higinio Bellaggio, que eran los jefes de la segunda cúpula, están presos desde el 20 de setiembre de 2019 por otra causa que Rodríguez pidió elevar a juicio el 20 de mayo de 2020.

El juicio a la SA comenzó el 17 de marzo ante el Tribunal Oral de Santa Fe que integran los jueces Luciano Lauría –que lo presidió-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello. Terminó el jueves con la condena a los siete imputados. El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido ocho años de prisión para Lepwalts y Bogetti, cinco años para un tercer policía: Michel Juan Arbildo y cuatro años para los otros tres: Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos. Y cuatro también para Kernc. El Tribunal los sentenció a 4 años y tres meses de prisión a Lepwalts y Bogetti, a 3 años y cuatro meses a Arbildo y a tres años a Gómez Navarro, Duarte y Bustos. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 15 de abril.

El que finalizó esta semana es el primer juicio. El 13 de julio de 2020 el fiscal Rodríguez ya elevó al Tribunal Oral una segunda causa a los mismos seis condenados del jueves: Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos, por supuesta “asociación ilícita”. El 20 de mayo de 2020 cerró la tercera: la investigación a Valdés y Belaggio, a quienes acusó por “haber concertado un plan” y “actos preparatorios para cometer el delito de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de transporte”. Y avanza en la cuarta: un operativo contra la agente Roxana González –que acompañaba a Valdés en la balacera de la autopista, en setiembre de 2019- en la son investigados dos mandos superiores de la Policía Federal y dos jefes del hospital Churruca por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”.

El fiscal del juicio, Martín Suárez Faisal, dijo en su alegato que Lepwalts y compañía “incumplieron sus obligaciones como funcionarios públicos con el único fin de recaudar fondos para su empresa criminal”, a la que llamó “Delegación Santa Fe SA”. El que aportaba las “dádivas” y “coimas” –agregó- era Kernc, a quién le descubrieron en un allanamiento en su casa una pistola 9 mm. de la Policía Bonaerense y 70 proyectiles.

“Lepwalts era el encargado de todas las teclas y palancas de la Policía Federal en Santa Fe, tenía el poder de sacar y poner a cualquier policía, controlaba a todos sus elegidos, por lo que utilizó esa autoridad para formar una banda delictiva dedicada a recaudar”, explicó Suárez Faisal. “Él fue quién ordenó, fomentó, favoreció, auspició y consintió la realización de esos delitos, con los más ‘despiertos’” –como se los llamó en el juicio-, “garantizó la impunidad de los ejecutores materiales” y “permitió que se desenvolvieran sin interferencias externas y en la más absoluta clandestinidad para asegurar el resultado pretendido”, que era “el plan de corrupción y enriquecimiento que ejecutaban”.

Lepwalts estaba “al tanto de todo” –dijo el fiscal-. Y citó al ex jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia, que declaró como testigo en la sala de audiencias. “El responsable es el jefe. El jefe siempre sabe lo que pasa y si no lo sabe es un estúpido o un vivo que se aprovecha de lo que está pasando”, dijo Roncaglia ante los jueces. En su alegato, Suárez Faisal concluyó: “No parece que Lepwalts sea ningún estúpido, al contrario, es un delincuente disfrazado de policía”.


Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe

Los riesgos de la puja de poder

El magistrado está preocupado por la crisis institucional y subrayó el necesario equilibrio entre los distintos estamentos.
Por José Maggi






Erbetta fue crítico con algunas acciones de fiscales.  
Imagen: Andres Macera

Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema provincial advirtió ayer que en "Santa Fe hay una puja de poder que pone en riesgo las instituciones". También fue crítico con las acciones de fiscales que suman descrédito al Ministerio Publico de la Acusación, y tajante al afirmar que se puede investigar si Marcelo Sain cometió alguna inconducta, pero siempre sentado en el sillón de director del Organismo de Investigaciones, no con una prohibición adelantada.   

-¿Cómo están analizando los últimos capítulos que tiene a la justicia provincial en el ojo de la tormenta. Lo digo a partir de cierta disputa que parece haber entre actores de la estructura del Ministerio Público de la Acusación y un ministro saliente que ahora forma parte del organismo de investigaciones?

-Como ciudadano con un cargo de responsabilidad institucional lo analizó con mucha preocupación, porque está más que manifiesto que hay una puja de poder y lamentablemente no digo que las pujas de poder no existan o sean malas, sino que son preocupantes cuando esa pelea empieza a comprometer la integridad de las instituciones. Una república se basa en un sistema de pesos y contrapesos, donde ningún sector debe acumular un poder tal que suponga prácticamente carecer de límites, porque el poder tiende a arrasar con cualquier límite. Por eso eso es muy importante en este contexto analizar que cada uno de los sectores institucionalmente asuma su rol, recupere su posición y empecemos a pensar en como en alguna medida preservamos en la institucionalidad de la provincia.

-¿Usted entiende que en esta coyuntura la Corte Suprema de Santa Fe podría jugar ese rol interesante, en ese equilibrio, en ese balance de fuerzas entre avanzadas de distintos sectores?

-La Corte tiene obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, también la tienen los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Ejecutivo y por ende también los legisladores. De modo que sin duda la Corte y el Poder Judicial, digo la judicatura, hasta ahora ha demostrado una actuación destacada y muy independiente a la luz de los fallos que he podido analizar. Justamente, la función de la Corte es poner límites a lo que podría ser un ejercicio arbitrario del poder. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad que fue tomado de la Constitución americana, de modo que la Corte así juega un rol importante. En ese sentido, creo que nosotros estamos a la altura de las circunstancias de un tribunal colegiado que tiene personas con distintas concepciones, de modo que cada uno asume su posición en función de sus propias convicciones, siempre respetando la letra de la Constitución.

-El último jueves el senador Armando Traferri presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa una denuncia contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, a los que acusa de persecución, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y les pidió a los doce legisladores de esa comisión que estudien la documentación proporcionada y la actuación de ambos acusadores. Esa misma presentación que también fue hecha ante la justicia, avanza también sobre un análisis que hace Traferri sobre la imparcialidad o parcialidad de varias juezas que han participado en varias causas ligadas a la suya,  por juego ilegal.

-No puedo opinar sobre la presentación del senador porque no la conozco, pero conozco al trayectoria de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, y no puedo dejar de pensar en los riesgos físicos, incluso personales de estos funcionarios y que los han asumido en los últimos años en distintas actuaciones que les ha tocado llevar a cabo. Por tanto no sólo el principio de inocencia rige para Traferri, también rige para Schiappa Pietra y Edery. Lo que sí me parece es que debemos llamarnos un poco a la reflexión y puedo opinar por ejemplo de un hecho que parece haber pasado inadvertido, que generó mucho malestar en el Poder Judicial, porque no es propio de una república que la legislatura convoque a una sesión especial solamente para dedicarse a criticar a dos camaristas y el contenido de un fallo que esos camaristas habían dictado. Así como la legislatura asumió la actitud de convocar a una sesión especial públicamente para criticar una decisión de otro poder del Estado, me siento en condiciones de poder expresar que no me parece lo más adecuado y me siento en la obligación de pedirle a los legisladores que reflexionen un poco, porque División de poderes, Independencia judicial y Legalidad es una trilogía que hace a la esencia de la democracia y al estado de derecho. Cuando en una provincia o en un país eso se rompe o se interfiere, entonces el problema es un poco más complejo y complicado. Por eso, vuelvo a repetir, creo que los actores institucionales deben asumir en este momento la responsabilidad que a cada uno nos cabe y tratar de que se diriman las diferencias y las distintas posiciones se resuelvan por los canales que prevé la Constitución, que están previstos legalmente. Y tratar de ser lo más delicados posibles para no afectar la institucionalidad de una provincia que durante algún tiempo se jactó de tener niveles de institucionalidad muy altos, y que ahora obviamente se encuentra atravesando una crisis, no hay que negarla.  Usted verá las declaraciones públicas y las decisiones y las propuestas que se hacen y que evidencian que estamos en una crisis de la que hay que salir lo antes posible.

-En esta puja de poder el fiscal regional de Rafaela Diego Vigo le ordenó a sus fiscales de grado no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras Marcelo Sain esté sentado en el cargo de director. Esto motivó una denuncia de parte del secretario de Justicia Gabriel Somaglia . También Vigo se vio acompañado en su estocada a Sain por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti quien lo denunció ante el fiscal general Jorge Baclini por lo que suponen desmanejos. ¿Está en riesgo la conformación, la cohesión del Ministerio Público de la Acusación o su credibilidad pública? ¿Cómo analiza este proceso? 

-Me preocupa mucho el Ministerio Público de a Acusación porque ha representado un avance en términos institucionales en su tarea investigativa. Leo con mucha sorpresa la decisión del fiscal regional de Rafaela, porque los fiscales del Ministerio Público tienen tres pilares que no pueden dejar de observar: uno es el principio de Unidad de actuación, otro es el principio de Objetividad y el tercero no hace falta que esté escrito y  es el principio de Legalidad. Los fiscales están obligados a cumplir la ley antes que cualquiera, por lo tanto me sorprende que un fiscal diga que no va a cumplir por ejemplo con una ley que marca la creación del Organismo de Investigaciones, o que va a darle órdenes a sus fiscales para que no trabajen con un organismo creado con una competencia específica en delitos complejos. Realmente creo que el fiscal general debe poner las cosas en orden, porque no es solo que los fiscales deben cumplir la ley, sino que, además, hacer pública una decisión de este tipo verdaderamente pareciera trasuntar una desconfianza dentro de la propia institución. Creo que hay resortes como para que, si el fiscal regional cometió un error, lo asuma y lo corrija rápidamente. Lo digo con un sentido: hoy vivimos un mundo bastante complicado, donde hay un gran dilema en torno a quién nos gobierna, si nos gobierna la política o las corporaciones.  En ese dilema, hay intentos muy claros que apuntan a generar un descrédito en las instituciones públicas, que apuntan a generar desconfianza en la democracia, que apuntan a debilitar los partidos políticos. Entonces, me parece que en ese contexto, y esto no lo digo yo, sino que se puede relevar es muchísimos trabajo de investigadores y de pensadores de distintos lugares del mundo, en este contexto creo que la política debe ser la primera en defender la política y que los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que ser los primeros en defender las instituciones, porque de lo contrario nos estamos generando un daño muy grande respecto a la base social, respecto de la ciudadanía. Y obviamente estamos alimentando una situación de desconfianza, una situación de descrédito que no es la más conveniente para poder operar en la vigencia plena de un estado de derecho y del funcionamiento democrático.

Foto: Sebastián Granata

-¿El hecho de que se siga instruyendo en la Legislatura el juicio político a Marcelo Sain a pesar de haber dejado de ser ministro, es otro capítulo de esta disputa de poder?

-Pareciera que todo gira en torno al ejercicio del Ministerio de Seguridad de parte de Marcelo Sain y ahora su renuncia y reintegro al Organismo de Investigaciones. Me parece que es una situación que probablemente sea parte del problema, pero creo también que en un gran porcentaje sea un pretexto muy grande para otro tipo de cuestiones, de discusiones. No creo que el problema se límite a ese, sino que forma parte de lo que está atravesando la provincia. Hay que ser claros, Sain solicitó una licencia que se le concedió en el Organismo de Investigaciones y lógicamente si él renuncia al cargo, como se le concedió la licencia, tiene derecho ha reintegrarse al Organismo de Investigaciones. Ahora bien, si Sain cometió un acto de inconducta que merece ser juzgado, analizado o investigado, están previstos los canales y las competencias para que ese juzgamiento se lleve adelante. Lo que no se puede es aplicar una especie de cesantía anticipada sin su debido proceso y sin su derecho de defensa. Yo no puedo imponer como sanción, sin un proceso previo, el no ingreso de Sain. Si ya discutimos esto, es evidente que tenemos un problema con los asesores jurídicos. Esto  hay que dejarlo claro: lo que haya hecho Sain que de lugar a un juicio político será decisión de la Legislatura, que verá hasta dónde y cómo lo lleva adelante. En fin, no voy a opinar sobre esa cuestión. Pero si Saín cometió una inconducta que debe ser juzgada en el ámbito del Organismo de Investigaciones y dentro del Ministerio Público de la  Acusación, obviamente se hará con Sain adentro. Lo que no puede haber es ninguna duda para ningún actor institucional en que, de acuerdo a la ley, Sain interrumpió su licencia y pidió la reincorporación al organismo. O sea son dos cuestiones totalmente diferentes una es la cuestión vinculada al retorno de Sain al Organismo de Investigaciones y otra paralela es la cuestión vinculada a si Sain merece algún tipo de investigación por algún acto de inconducta que eventualmente sea motivo de un reproche o de una sanción.

-¿Usted comparte la percepción de que en la Legislatura hay sociedades políticas de distintos partidos o de distintos bloques que sumados terminan teniendo más poder que el propio Ejecutivo? ¿Ahí está el desbalance que tiene que venir a corregir la propia Corte?

-Eso es parte de un análisis, yo tengo mi opinión personal y no sería adecuado que la dé. Lo que digo es que los límites son feos pero existen, la periodicidad en los cargos es un principio republicano, porque apunta a poner límites. Cuando uno tiene la posibilidad de acumular y concentrar poder, obviamente tiene una tendencia natural a veces a pasar un poco por encima de sus límites. De modo que es necesario buscar el equilibrio y encontrar un sistema de pesos y contrapesos entre los límites y las competencias y los roles de cada uno de los actores legislativos, ejecutivos y judiciales. Nosotros tenemos un fallo muy importante, que fue la inconstitucionalidad de las leyes de la Reforma Procesal Penal por parte del anterior Procurador Bassó. Allí la Corte llegó a resignar la potestad que la Constitución le asigna respecto al poder disciplinario sobre los fiscales, en aras precisamente de preservar la autonomía de funcionamiento del MPF. De modo que con esto también le quiero dar otro ejemplo de cómo siempre la Constitución nos da la posibilidad de encontrar los caminos para que esos límites que son imprescindibles en el funcionamiento de cada uno de los poderes del Estado, puedan funcionar armoniosamente.

-Qué dijo la Corte en el caso Bassó?

-En ese caso se planteaba la inconstitucionalidad de la ley de organización del Ministerio Público, de la Defensa pública y de los tribunales penales porque básicamente el planteo del Procurador decía que se estaba violentando la Constitución provincial. Esto era porque la Constitución de la provincia establece que el Ministerio Público Fiscal esté dentro del poder judicial y que por lo tanto, toda la superintendencia de gobierno y la disciplina de los fiscales la tiene la Corte. Y no lo que preveía la ley 13.013 que era una suerte de tribunal de enjuiciamiento como el que tiene los jueces. Entonces, así la Corte dijo que sí es cierto que la Constitución de la provincia le da a la Corte la potestad disciplinaria, pero después la Constitución santafesina quedó a destiempo luego de la Reforma de la Constitución nacional en el año 94 . Allí se definió un Ministerio Público Fiscal autónomo, y así quedó claro que la Corte no podía disciplinar a los fiscales. 

-Entonces, entiendo que la discusión sobre el planeo de inconstitucionalidad del régimen de remoción de fiscales que se arrogó la Legislatura ya estaría zanjado con este fallo anterior. ¿O en caso de expedirse por la constitucionalidad del mismo sería borrar con el codo lo que escribieron hace poco con la mano, verdad?

-La verdad es que no quiero decir eso. Lo que digo es que uno eventualmente, frente a una hipótesis determinada, puede cambiar de opinión en tanto pueda justificar y argumentar la razón por la cual cambió de opinión. Por eso no le voy a responder esa pregunta sino que voy a dejar como respuesta esta reflexión. 


Entrevista a Matilde Bruera

El lawfare en versión Santa Fe

La diputada provincial denuncia persecución contra el ex ministro Marcelo Sain.
Por Juan Carlos Tizziani






La diputada Bruera considera "vergonzoso" el juicio político a Sain.  
Imagen: Andres Macera

Desde Santa Fe

La diputada provincial Matilde Bruera dijo que la “persecución” al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain está “armada”. “Es un lawfare santafesino”, tan “evidente” y “grosero”, como si alguien dictara el guión. La denuncia de la diputada Lucila Lehmann para iniciarle un juicio político es “vergonzosa” y el operativo de la comisión del ramo en la Cámara de Diputados –con mayoría del Frente Progresista-, “ilegal e inconstitucional”. La Constitución de Santa Fe es muy clara. “El juicio político es contra un ministro. Sain renunció, entonces no puede haber juicio político si no hay ministro. Es imposible legal y constitucionalmente”, explicó la legisladora a Rosario/12. “Esto es una persecución hacia alguien que empezó a desenredar la madeja de la vinculación del crimen organizado con sectores judiciales y políticos”. Pero como el juicio político “ya es un papelón”, ahora la extienden al cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA que Sain ganó por concurso y en el que fue reincorporado porque cesó su licencia. “¿Por qué lo persiguen también en ese cargo? Esto pone en evidencia que lo que no quieren es que Sain investigue, lo que les preocupa no son los audios privados sino las investigaciones públicas que está haciendo”.

Bruera planteó que la denuncia de Lehmann con la que “se pretende abrir el juicio político” debe ser rechazada. “Es vergonzosa. No tiene entidad jurídica. En realidad, no denuncia nada. Habla de injurias, que es un delito de acción privada, si alguien se siente injuriado debe querellar. Dice que ha cometido delitos y no dice qué delitos cometió. Realmente es para descartar. Pero además, hay un hecho previo: Sain ya no es más ministro, no hay juicio político, se terminó. Sin embargo, mantienen abierto ese escenario para hacer campaña electoral, perseguir a un funcionario y evitar que sigan las investigaciones del crimen organizado en esta provincia. Realmente, es muy preocupante”, alertó.

-Pero las decisiones en la comisión de Juicio Político salen por mayoría.

-Por supuesto que las mayorías deciden, pero dentro de la ley. La mayoría no puede decidir fuera de la ley. Es un descrédito institucional muy grande. La Cámara de Diputados no puede seguir con un juicio político cuando la Constitución dice que no puede haber juicio político si no hay funcionario.

-¿Es ilegal?

-Por supuesto. Es inconstitucional, va contra las leyes y las convenciones de derechos humanos que tienen vigencia en la Argentina. El artículo 98 de la Constitución de Santa Fe dice claramente a quiénes se les pueden hacer juicio político. Y si una persona ha cesado en el Ministerio ya no se le puede hacer juicio político. Eso es clarísimo en la Constitución. No se pueden adoptar medidas, citar gente, pedir informes sin decidir previamente el juicio político. Lo que se hizo hasta ahora es ilegal. Por eso digo que afecta la calidad institucional, pero muy seriamente.

-¿Una excursión de pesca?

-Es peor. Una excursión de pesca sería dentro de un procedimiento determinado. Pero acá no se puede abrir el procedimiento. Creo que mantienen abierto un escenario político al margen de la ley. El juicio político a esta altura es sólo una excusa para avanzar en la persecución política al funcionario, que además es evidente. Esto no es una suposición mía, es evidente. Porque en la medida que se les reduce la posibilidad del juicio político aparecen ataques por otros frentes. Aparece la denuncia (del fiscal regional de Santa Fe Carlos) Arietti. Aparece la decisión (del fiscal regional de Rafaela Diego) Vigo. Aparecen todos estos ataques por muchos frentes. Es evidente que lo que no se quiere es que una persona que investiga el crimen organizado siga en Santa Fe. Un crimen organizado que por otra parte mueve mucho dinero. No tenemos instituciones.

-¿Qué opina de la denuncia de Arietti?

-Es un fiscal cuestionado (por Sain) y ahora lo denuncia. No hay dudas que es una persecución armada, en distintos planos. Por eso mantienen el juicio político, pero como se les cae y es un papelón, entonces abren otros frentes. Y los que se prestan a esa persecución son fiscales cuestionados, como Arietti por el caso Oldani. Ninguna de las denuncias tiene entidad alguna. Sain asumió el cargo que ganó por concurso y eso no lo pudo impedir nadie. Además, es vergonzoso que las instituciones no tengan un límite legal para actuar, que se las utilice como una patente de corso. En esta provincia hay patentes de corso, realmente.

-¿Cómo es eso?

-Es una expresión. La patente de corso es la que tenían los piratas del imperio británico, la que le daban a los corsarios. Por eso se llama así. El permiso que la monarquía le daba a los corsarios para depredar. Quiero decir que en esta provincia hay instituciones que se están manejando fuera de la ley. Me refiero que el MPA ya tiene varios fiscales cuestionados por proteger el crimen organizado. Y la Legislatura se está prestando a la persecución del funcionario que ha propiciado esas investigaciones. Lo cual es muy preocupante.

-La denuncia sobre el caso Oldani la hizo Sain.

-Y ahora resulta que el fiscal que fue puesto en cuestión por el caso Oldani, ahora es el que denuncia a Sain. Es lo mismo que la denuncia que se les hace a los fiscales (Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra. Son dos fiscales que discuten un tema jurídico, tengan razón o no, pero discuten un tema jurídico. Bueno, no se los puede denunciar penalmente porque cumplen con su función. Por eso digo que la situación institucional de Santa Fe es muy preocupante, sobre todo en la Legislatura que invade funciones de otro poder. Nosotros nos escandalizamos del lawfare a nivel nacional, pero esto es un lawfare mucho más grosero que el que se produce a nivel nacional. Acá, abiertamente se persigue al funcionario que desentraña la madeja del crimen organizado.

-¿La denuncia de Arietti y la orden de Vigo forman parte del mismo operativo?

-Sí, no hay dudas. Forman parte de la misma operación de persecución ilegal al funcionario que justamente pone en evidencia los vínculos del crimen organizado.



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