14 de abril de 2021

ROSARIO - SANTA FE-


 14 de abril de 2021

La Municipalidad empezó a despejar la ex zona franca de Bolivia

Rescate de un pedazo olvidado de la costa 

En sesenta días el predio sobre avenida Belgrano deberá estar libre de chatarra y galpones en ruinas. Malestar en el Enapro porque Javkin no le avisó.






El intendente Javkin recorrió ayer el sector. 
Imagen: Prensa Municipalidad

Por primera vez en medio siglo, las viejas cosechadoras arrumbadas entre la maleza de la ex zona franca de Bolivia removieron sus ruedas herrumbradas, y los galpones derruidos empezaron a sucumbir con la faena de máquinas y operarios que ayer empezaron a despejar ese predio de dos kilómetros cuadrados junto al puerto. La remoción de la chatarra y las viejas estructuras fue la fase siguiente que activó la Municipalidad luego de que el Enapro le otorgara en octubre de 2019 la tenencia de esa parcela con destino de parque público, tras más de 30 años en desuso. Pero ayer en el órgano administrador de la franja portuaria había malestar porque el intendente Pablo Javkin no consultó antes de avanzar con la limpieza del predio. 

"La ciudad durante mucho tiempo peleó por la recuperación de este espacio público. Esto implicó primero la recuperación de los terrenos, y estamos haciendo ahora una segunda etapa que es el desmonte de toda la chatarra y el desmantelamiento de galpones, que nos va a permitir gozar de este espacio que los rosarinos fueron ganando en esta franja habilitada con vista completa", ponderó el jefe municipal ayer de mañana, cuando junto al secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, visitó el lugar en el inicio de los trabajos.

La firma Provincias Unidas SRL se hizo cargo de la tarea de desarmar galpones, cortar fierros viejos y llevarselos, a razón de cotizar 15.000 pesos la tonelada: esto implica que la chatarrera debe pagar al municipio la diferencia entre el material retirado del predio (que luego comercializará en su planta de barrio Larrea) y sus costos de logística y mano de obra. El proceso se tramitó por concurso de precios ad referéndum del Concejo, por la urgencia que genera la estructura del muelle luego de los incendios, y el impacto ambiental de la acumulación de la chatarra, se informó de manera oficial.

La empresa tiene un plazo de 60 días para despejar el solar y llevarse los restos de viejas máquinas –las más notorias eran un lote de cosechadoras importadas por Bolivia que nunca llegaron a destino–, durmientes, chapas y metales en general. Además, debe desarmar los galpones y llevarse los materiales para que dejen de hacer peso en la estructura del muelle.

La tarea conllevó alguna dificultad, debido a la fragilidad relativa del muelle donde están establecidos los galpones. Un incendio intencional el año pasado, y el abandono histórico del predio, abonan el riesgo de derrumbe de todo ese sector que tiene más de 500 metros de largo por 60 de ancho. Desde 2019 está desafectada de usos portuarios, pero el deterioro de la zona era de antaño. "Va a quedar una obra más costosa, que es la reconstrucción de los muelles, que tiene los originales y que el año pasado hubo un incendio que los dañó aún más y también a las estructuras de vías. La obra tiene que ver con alivianar ese peso", explicó Javkin.

Además, el intendente hizo hincapié en el enorme perjuicio en materia ambiental, ya que la chatarra tiene más de 50 años en el lugar.

La intervención del municipio en la ex zona franca boliviana fue sorpresiva, y ayer trascendió que no cayó bien en el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro). Es que allí entienden que el Ejecutivo debería haber pedido permiso antes para desmantelar los galpones, cosa que no hizo. Con el retiro de la chatarra no había problema, porque eso estaba en las atribuciones conferidas en 2019, cuando se hizo el traspaso a la Municipalidad, pero no así con los galpones. Ayer se descontaba que el titular del Ente, Guillermo Miguel, y el intendente Javkin se reunirían en breve para allanar el desencuentro. Rosario/12 buscó el testimonio oficial del organismo, pero desde el Ente declinaron de realizar una declaración en ese sentido.

Esa parcela olvidada de la ribera sobre avenida Belgrano había sido cedida en 1969 a Bolivia como zona franca para realizar operaciones portuarias. La administración estaba en manos de la Provincia. Rosario en los últimos años ya tramitaba su recuperación ante Cancillería, y fue en 2019 cuando un decreto de Miguel Lifschitz como gobernador facilitó que el Enapro otorgue la tenencia al municipio. 


IGUALDAD

La Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia se convertirá en Ministerio. Así lo anunció ayer el gobernador Omar Perotti, durante la firma de convenios con 172 municipios y comunas para implementar el programa Acompañar, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Géneros. Del acto participaron la ministra de las Mujeres de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y la secretaria del área, Celia Arenas. "Uno viene masticando algo", dijo Perotti, para resaltar la tarea de la Secretaría. "Sentimos que se lo ha valorado, que se ha hecho mucho en poco tiempo, pero tengo que explicar cosas, a veces. Por qué Igualdad y Género. Si es Igualdad por qué no es Ministerio. Y la verdad es que así haya que responder una vez eso, no corresponde. Es el momento de tomar la decisión de que esa secretaría pase a ser Ministerio. Y vamos a enviar el proyecto a la Legislatura", dijo el gobernador entre aplausos de las presentes.  


Coordinar acciones para afrontar la segunda ola de covid

"Todo es mucho más complejo"

Así lo remarcó el secretario de Salud de Rosario tras mantener una reunión en Buenos Aires con funcionarios nacionales del área.
Por Claudio Socolsky






La reunión se realizó en el despacho del secretario de Calidad en Salud. 

El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, mantuvo ayer una reunión con Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de coordinar acciones para afrontar la segunda ola de covid. "Analizamos los aspectos de la pandemia, las variables, los indicadores de la ciudad, compartir con sus equipos y coincidir en las estrategias de trabajo que estamos realizando, seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el territorio, testeos, seguimientos, llamadores, en lo que tenemos amplia coincidencia", dijo Caruana a Rosario/12. El funcionario indicó que otro de los temas abordados con Medina fue la "utilización al máximo de las camas generales y críticas, en un escenario que es también compartido de mucha preocupación en relación a lo sanitario, al ascenso de casos". Según Caruana, "si el contagio es exagerado, siempre hay un porcentaje que hoy necesita terapia intensiva, puede ser población más joven como vimos en las últimas semanas".

Caruana resaltó el vínculo con las autoridades sanitarias, inclusive con una historia previa a la gestión y a los lugares que ocupa Medina, y con todos los equipos de gestión del Ministerio de Salud de la Nación. "Tenemos historias de muchos encuentros y acuerdos en relación al sostenimiento de la salud pública y el derecho a la salud. Pero sí nos parecía necesario un encuentro directo en términos de poder compartir el trabajo, las estrategias que estamos haciendo, como lo hicimos el año pasado, porque la pandemia se aborda con acuerdos nacionales, provinciales y locales", dijo el titular de la cartera de Salud municipal.

Consultado sobre si analizaron acciones puntuales ante el incremento de casos, Caruana señaló: "Ellos compartieron los distintos espacios y encuentros que hubo con asesores y ejecutivos nacionales en relación a distintas instancias de ver primero cuánto de desaceleración del número de casos provoca la actual restricción. Y después nos comentaron las distintas valoraciones que se hicieron públicas en relación a distintas sugerencias, desde ampliar la carga horaria de restricciones, pensarlo en forma segmentada, focalizada". 

El titular de la cartera de Salud municipal agregó que coincidieron en que "todo es mucho más difícil y complejo" en relación al año pasado. "Pero también es cierto que cuando se está en riesgo de saturación del sistema de salud es necesario tomar medidas que restrinjan la circulación, y estas son, aparte de la responsabilidad individual, las poblaciones", dijo Caruana. 

"Entiendo que hoy es una instancia de valoración y evaluación pero aún no de definiciones", describió el secretario de Salud. "No hay definiciones nacionales después de menos de una semana de restricciones. Sí creo que lo están evaluando, es paso a paso, e imagino con el consenso de todos los gobernadores, las organizaciones sindicales y sociales, para avanzar en algo más restrictivas", consideró.

Rosario reportó 566 de los 1.830 nuevos casos de coronavirus registrados ayer en la provincia, y 8 de los 18 fallecimientos de las últimas 24 horas en Santa Fe. "El escenario sigue siendo de riesgo, preocupante, para mirarlo día a día y poner a punto todo el sistema de salud, a seguir apelando a los cuidados, a los protocolos, y a cumplir las restricciones hasta hoy", indicó Caruana, para quien "no está lejos la posibilidad de analizar medidas más restrictivas".


Ventilación cruzada en los colectivos de la ciudad

Inspectores en los bondis 

La Municipalidad controló ayer en la Plaza Sarmiento que se respete la ventilación cruzada en las unidades del Transporte Urbano de Pasajeros. Durante la jornada, personal debidamente identificado ascendió a las unidades para verificar que los colectivos circulen con dos de sus ventanillas abiertas de forma permanente y así garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y de prevención establecidas ante el contagio de covid. Además, la Municipalidad comenzó a desarrollar mediciones de dióxido de carbono y flujo de aire en el interior de las unidades.

Los controles en la plaza Sarmiento, un lugar estratégico para el sistema de Transporte Urbano, se realizaron con personal de la secretaría de la Movilidad y de Fiscalización del Transporte, que depende de la secretaría de Control y Convivencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las exigencias establecidas que propician el ingreso de aire limpio y la ventilación cruzada en los coches. 

Las inspecciones, que continuarán a lo largo de la semana, se concretaron sobre todas las paradas ubicadas en el interior de la plaza, tanto sobre calle San Luis como en calles Entre Ríos, San Juan y Corrientes por donde circulan 30 líneas de colectivos. Desde la secretaría de Movilidad señalaron que encontraron algunas unidades que no tenían las dos ventanillas abiertas por lo que recabaron la información del servicio y de la línea y después procedieron a realizar las actas correspondientes. 

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de garantizar la ventilación del interior de las unidades. Por este motivo, los colectivos circulan con dos ventanillas abiertas de forma permanente: la más cercana a la puerta de ingreso y la última ubicada sobre el lateral del chofer. Cada empresa debió implementar un mecanismo que impide el cierre de las ventanillas por parte de pasajeras y pasajeros.

De esta forma, indicaron, se asegura el ingreso de aire limpio y su circulación al contar, con dos aberturas opuestas y disminuye la concentración viral dentro del ambiente. Además, la acción de apertura de puertas para el ascenso y descenso de las y los usuarios favorece y propicia la ventilación en el interior de los coches.

Las mediciones se van a efectuar en colectivos en servicio en distintas líneas, días y horarios, y ante diferentes escenarios (con mayor y menor ocupación pasajeros, con ventanillas y puertas abiertas, entre otros). Los resultados obtenidos permitirán evaluar y analizar el impacto en la calidad del aire ante las distintas iniciativas puestas en marcha como la apertura permanente de aberturas y la habilitación de la puerta delantera.


Concurso 

Obras para la Bolten

“Mujeres y Trabajo” es el título del concurso que se lanzará hoy, a las 18, desde el Concejo Municipal para seleccionar un proyecto para la construcción y emplazamiento de una intervención urbana permanente en el paseo Virginia Bolten. La intervención seleccionada en este concurso, nacida de un proyecto de la concejala Luz Olazagoitía (Ciudad Futura – Frente Social y Popular) estará ubicada en el espacio público constituido en el tramo de la avenida Luis Cándido Carballo y Gorriti.

El concurso está dirigido a mujeres y disidencias del ámbito del arte, el diseño, la arquitectura y el urbanismo y busca aportar a la memoria colectiva y a la re- construcción simbólica de la ciudad, particularmente del barrio Refinería, a través de la figura emblemática de Virginia Bolten, feminista, sindicalista y anarquista, quien vivió, trabajó y militó en ese barrio, convirtiéndolo en emblema de las luchas obreras, sociales y antipatriarcales. La presentación se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Concejo Municipal de Rosario. Para más información: bases y condiciones en http://www.concejorosario.gov.ar.



Reclamo del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Rosario pidió que no se paralice el servicio de justicia ante eventuales restricciones relacionadas con la pandemia por covid-19. Su presidente, Carlos Ensinck, consideró que “se puede mantener la virtualidad como herramienta a distancia” para llevar a cabo las audiencias y otros trámites.

El representante del colegio profesional dijo en LT8 que durante la pandemia “se pudo avanzar muchísimo para trabajar de manera remota en gran parte del ejercicio de la profesión como ingresar escritos, presentar demandas, notificaciones entre partes. Las notificaciones que no se pueden hacer informáticamente, son las que van al domicilio real de un demandado o un testigo, pero son las que menos salen”, dijo.

“En principio, hoy se puede trabajar de una manera remota con algunas restricciones. Y lo que pedimos es que se siga trabajando de esta manera pensando que se puedan establecer algunas restricciones más a nivel provincial”, dijo para agregar que los actores judiciales "están preparados para no reprogramar audiencias, no suspender términos y poder seguir trabajando. Hoy se pueden tomar audiencias por medios audiovisuales, ya sean testimoniales, de conciliación o de ratificación”, expresó.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso del sistema penal “que trabajó de esta manera durante todo 2020. Se han tomado audiencias imputativas con gente privada de la libertad”, recordó.

Por último, Ensinck se refirió al proyecto de ley que ya tiene media sanción y que contempla licencias para abogados y abogadas. “Hay muchas situaciones en que el o la profesional necesita licencia pero debe ir igual a la audiencia. Entendemos que no debe ser así, y apuntamos a dar seguridad a todos los trabajadores del sistema. Y quien se contagie de covid, por supuesto que puede pedir que se suspenda y se reprograme la audiencia que tenga que tomar por ese tema de salud”.


Dejan sin efecto orden para que Sain no vuelva al OI

El fiscal de Rafaela reculó

Desde Santa Fe

El fiscal regional de Rafaela Diego Vigo reculó en su intento de resistir el regreso del ex ministro de Seguridad, Marcelo San, como director del Organismo de Investigaciones del MPA –un cargo que ganó por concurso en 2018- y “dejó sin efecto” la orden que les dio a los fiscales de su zona para que cesen la intervención de la OI en causas en trámites. Una medida que algunos asociaron a una supuesta “rebelión de fiscales” –por la vuelta de Sain-, pero que se apagó en una semana. A cambio del recule, el fiscal general Jorge Baclini cubrió a Vigo con un manto de piedad: informó al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que la resolución 15/2021 de su subordinado -que la diputada Matilde Bruera calificó como “ilegal”- fue dictada por Vigo “dentro del marco de la ley”. Lo que significa que no avanzará en las otras dos acciones que pidió el Poder Ejecutivo: que gire los antecedentes a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que inicie el proceso de remoción de Vigo y notifique al fiscal en turno para que analice si la “conducta” del fiscal regional de Rafaela encuadra en “algún ilícito penal”, atento a la “manifiesta extralimitación de sus funciones”.

Vigo dictó la resolución el martes 6, en tándem con su ex jefe, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que denunció a Sain por supuestas “faltas graves” y pidió su destitución al frente del Organismo de Investigaciones. La diputada Bruera interpretó que ambos hechos -la denuncia de Arietti y la orden de Vigo- “forman parte del mismo operativo de persecución ilegal” a Sain. “Nosotros nos escandalizamos del lawfare a nivel nacional, pero este es un lawfare mucho más grosero. Acá, abiertamente se persigue al funcionario que desentraña la madeja del crimen organizado”, alertó.

El viernes, el Poder Ejecutivo –en una nota que firmó Somaglia- solicitó a Baclini que anule la orden de Vigo que cesó “de facto y sin sustento legal” la intervención del Organismo de Investigaciones en causas en Rafaela e instruyó a los fiscales de la zona que pidan la devolución de los legajos. Vigo generó una “situación de gravedad institucional en el servicio de justicia”, planteó Somaglia. Y le pidió a Baclini que “deje sin efecto” la orden de Vigo, remita los antecedentes a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que le inicie el proceso de remoción en el cargo y notifique al fiscal en turno para que analice si el “comportamiento” de Vigo encuadra en “algún ilícito penal”.

Ayer, Baclini le respondió a Somaglia. “Es sumamente saludable y positivo –le dijo con cierto tono irónico- el interés que se demuestra en el funcionamiento del Organismo de Investigaciones –que ahora dirige Sain- y en matener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial”.

 

Y le aclaró que antes de que el PE se lo pidiera, el propio Baclini había “entendido conveniente” que Vigo “reconsidere la instrucción dada a los fiscales” de su zona para que marginen al OI de las investigaciones judiciales en Rafaela. Baclini dijo que se lo pidió por escrito a Vigo el jueves 8, un día antes de que Somaglia le enviara la nota de la Casa Gris.

Vigo reculó. Porque Baclini le remitió al secretario de Justicia la resolución 17/2021 del fiscal regional de Rafaela que “dejó sin efecto” la anterior, la 15/2021, que estuvo vigente sólo siete días, desde el 6 al 13 de abril.

La respuesta de Baclini a Somaglia no sólo arranca con cierta ironía sino que cierra con un costado salomónico. Le cuenta –como si el secretario de Justicia no lo supiera- cuál es el diseño institucional del MPA. Que Vigo dio la orden –que ahora anuló- “sobre la base de una situación puntual” que es “provisoria” y “está sujeta a decisiones ulteriores de otros órganos”. Y que la resolución 15/2021 de Vigo “fue dictada dentro del marco de la ley”.

Baclini es el primero que dice que la orden de Vigo era legal. El PE –en la nota de Somaglia- la consideró “de facto” y “sin sustento legal”, por eso le pidió que la anule, gire los antecedentes a la comisión de Acuerdos y le inicie una causa penal. La diputada Bruera –de extensa trayectoria en la justicia federal- lo dijo sin eufemismos. “Es una orden ilegal”. Vigo “no tiene facultades para dar esa orden” y la ubicó como “parte de una maniobra política” contra Sain. “Esto es escandaloso en Santa Fe, donde ya tenemos cuatro fiscales cuestionados por el juego clandestinos y fiscales que se prestan a una opereta política. La única intención es impedir que Sain siga investigando sobre el crimen organizado y los vínculos judiciales y políticos”.

Y el domingo, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta dijo que “los fiscales están obligados a cumplir la ley antes que cualquiera, por lo tanto sorprende que un fiscal diga que no va a cumplir con una ley que marca la creación del Organismo de Investigaciones, o que va a darle órdenes a sus fiscales para que no trabajen con un organismo creado con una competencia específica en delitos complejos”. Baclini –planteó Erbetta en Rosario 12- “debe poner las cosas en orden porque no es solo que los fiscales deben cumplir la ley, sino que, además, hacer pública una decisión de este tipo verdaderamente pareciera trasuntar una desconfianza dentro de la propia institución”.


Aclaran que no hubo sanción a una profesional

Un proceso que sigue su curso

Una psicóloga afronta un sumario del Tribunal de Ética del Colegio por la denuncia de un imputado por abuso sexual infantil.
Por Sonia Tessa






El Colegio de Psicólogos de Rosario emitió un comunicado público.  

La psicóloga Natalia Amatiello enfrenta un proceso del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, a partir de la denuncia de un hombre imputado penalmente de abuso sexual gravemente ultrajante a su hija de 4 años. La profesional presentó un pedido de nulidad, al entender que este órgano incurrió en diferentes irregularidades, entre ellas la violación de su derecho a defensa. Tras la publicación de esta situación en Rosario/12, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción emitió un comunicado en el que pide derecho a réplica, para expresar que la profesional no fue sancionada. "No podemos ser más claros en este punto: al momento de publicarse esta nota, la sanción mencionada no existe", dice el documento publicado en las redes sociales del Colegio. "Cabe aclarar que la recepción de denuncias presentadas al Tribunal no constituye a priori sanción alguna", sigue la comunicación oficial del Colegio y aclara que "el funcionamiento del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio es confidencial, independiente y autónomo respecto de las autoridades del Directorio". 

Hecha la aclaración, vale la pena sumar algunas informaciones. La misma conformación del Tribunal es cuestionada por la profesional que enfrenta el sumario, ya que hubo excusaciones de tres integrantes y las nuevas fueron designadas sin mediar el procedimiento estipulado en el mismo Estatuto del Colegio, en su artículo 41. "En caso de recusación o excusación, las vacantes serán cubiertas por conjueces elegidos de una lista de cinco miembros que deberán reunir los mismos requisitos que los integrantes del tribunal y que se designarán por sorteo de una lista que a tal fin confeccionará el Directorio cada año", dice el estatuto. Sin embargo, Amatiello pidió reiteradamente a la comisión directiva del Colegio que se le informe sobre la lista de conjueces. Y no obtuvo respuesta. 

En la denuncia contra la profesional --especialista en estimulación temprana y con amplia formación en la problemática de abuso sexual infantil--, el padre de la niña asegura no haber dado su consentimiento para el tratamiento de su hija. Los argumentos de la acusada fueron expuestos en la nota anterior. En el marco del sumario, que todavía no tuvo resolución, Amatiello presentó el 22 de marzo un pedido para que se suspenda el proceso, al conocer un "hecho nuevo grave". Allí, rememora lo ocurrido a partir de que el Tribunal de Ética citó al denunciante a ratificar la denuncia, en noviembre de 2019. El 20 del mes siguiente, Amatiello solicitó la aplicación de la Resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria de la FEPRA del 14 de diciembre de 2019. Cabe recordar que se trata de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, cuyo código de ética es el que aplica el colegio local.  

"Los informes que las psicólogas/os brindan durante el trámite de las causas, permiten en sede penal llegar al dictado de procesamientos de sospechosos y luego, en la etapa respectiva arribar a su juzgamiento y eventual condena. En sede civil a su vez, permiten fundamentar medidas de protección a las víctimas y de restricción de acercamiento respecto de los posibles victimarios. Es por esas razones que psicólogas y psicólogos somos sistemáticamente blanco de un sinnúmero de ataques tanto personales como profesionales. Representamos con nuestra actividad, tal vez el mayor riesgo para la impunidad tradicional de quienes a lo largo de los siglos han abusado de la infancia prácticamente sin sanción alguna. A su vez, los avances aludidos, han dejado sin fundamento la habitual afirmación de 'los chicos mienten', argumento que ya no puede ser utilizado para obtener impunidad en nuestro país. Fue entonces que los abusadores y sus simpatizantes, comenzaron a desarrollar nuevas estrategias basadas en la descalificación sistemática de las víctimas, sus madres protectoras y de todo aquel que se preste a darles apoyo y auxilio", dice la resolución de FEPRA. Allí se mencionan los argumentos que se usan en las denuncias, como el "discurso contaminado", la "co-construcción" y el falso "Síndrome de Alienación Parental", que ha sido rechazado por diversas entidades científicas. 

La larga resolución de FEPRA, abundante en argumentaciones, recomienda a los Colegios y sus Tribunales de Ética "ser sumamente cuidadosos desde lo institucional en cuanto al trámite a dar ante las denuncias del tenor de lo expuesto. Ello, porque cuando, desde un Colegio Profesional, se da traslado de denuncias calumniosas y además elaboradas y concretadas con la finalidad de desacreditar profesionales, víctimas y familiares, y perturbar investigaciones judiciales en trámite, se favorece involuntariamente esa ilegal estrategia ya que como es común en lo cotidiano se toma la mera aceptación de la denuncia como un equivalente de la existencia de la falta. En sentido contrario, su rechazo “in límine”, no sólo resulta acorde a la legislación protectora vigente, sino que reafirma la función esencial de cada Colegio y de la Federación, que es el apoyo irrestricto a los profesionales que cada día realizan una labor invalorable desde una incumbencia tan elevada como es la psicología".  

Amatiello, en su presentación del 22 de marzo de este año, consideró "extraño" y "grave" un hecho del que tuvo conocimiento. "Ha existido un requerimiento insistente por parte del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Rosario,  ante la Comisión Directiva de FEPRA (Institución que emitió la Resolución que invoco), y en duros términos por la que se reclamó que la misma se modifique.  En lugar de ajustar su conducta a la norma, se pretende que se modifique la norma. De ese modo, pueden resolver la cuestión que me involucra según su apetencia", dice  la acusada, ante el Tribunal de Ética que continúa el sumario. 

Fuente:Rosario12


Segunda ola de Covid-19

Vacunación y después: piden no relajarse a quienes ya recibieron 

alguna dosis

 






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