«Así no va más» respuesta de comunidad audiovisual en repudio a las declaraciones
de Luís Puenzo
Resumen Latinoamericano 13 de abril de 2021
Un grupo numeroso de organizaciones que nuclean su trabajo en el cine argentino realizaron un comunicado para responder y repudiar las declaraciones de Luis Puenzo, presidente del INCAA y sobre todo al sentido general de sus políticas.
para difundir y firmar:
ASÍ NO VA MÁS
En declaraciones radiales el Presidente del INCAA Luis Puenzo manifestó que, quienes firmamos un documento crítico a su gestión el diciembre pasado, no lo queremos en el INCAA: “gente que ha lucrado con el cine a lo largo de los años y algunos no de manera honesta”. Esa difamación a la más de 30 asociaciones de distintas partes del país que firmamos el documento y que representamos a un enorme arco de la comunidad audiovisual, expresa de manera brutal el carácter autoritario con que Puenzo gestiona el Instituto. Llamar deshonestxs a los trabajadorxs, como respuesta a las críticas expresadas certera y democráticamente, es un intento de acallarlas.
Su ataque a lxs directorxs, productorxs, tecnicxs, distribuidorxs, exhibidorxs, organizadorxs de festivales y animadorxs no puede ocultar las enormes deficiencias de una gestión que, después de más de un año frente al INCAA, no llevó adelante un proyecto integral para nuestra cinematografía desoyendo las diferentes propuestas que se le acercaron.
En su gestión se profundizó la lentitud administrativa y obtener respuestas a consultas de proyectos en curso se hizo imposible. Se abandonó a su suerte a trabajadorxs y a las pequeñas y medianas productoras, muchas de las cuales quedaron cerca de la quiebra poniendo en riesgo los puestos de trabajos. Hubo una notoria ausencia de perspectiva de género en las políticas y primó una agenda centralista. Los Espacios INCAA y los Festivales Nacionales se abandonaron a su suerte y no se peleó por el aporte de los servicios de streaming al Fondo de Fomento Cinematográfico.
Nosotrxs somos clarxs desde el primer día: queremos un INCAA que fomente una producción audiovisual diversa tendiendo a reducir las desigualdades de clase, género y territorio; que reemplace el actual sistema de puntajes, que establezca una ventanilla continua federal, que incentive a las películas con equipos técnicos equitativos y a las dirigidas, producidas y/o guionadas por personas que por su identidad de género están en desigualdad estructural, que fije cupos por género en los concursos y realice otros específicos, que establezca sistemas de financiación accesibles a productoras medianas y pequeñas, que cree vías de fomento para diseños de producción alternativos.
Nosotrxs queremos un INCAA que impulse una exhibición democrática, que fortalezca y amplíe la red de Espacios INCAA, que no abandone a los festivales nacionales y que legisle por una distribución plural apoyando especialmente al cine nacional.
Nosotrxs queremos un INCAA que atienda con soberanía el nuevo escenario del medio audiovisual, que engrose sus recursos a través del aporte de los servicios de streaming, que fomente la realización de series a nivel federal apostando al surgimiento de focos de producción en distintas partes del país y trabajando en sintonía con las ENERC regionales y poniendo en valor la plataforma Cine.Ar.
Queremos un INCAA que resguarde nuestras obras para las generaciones futuras.
El potencial de nuestro cine es inmenso y necesita una gestión del INCAA a la altura de estos desafíos.
Así no va más.
Firmas Asociaciones completar en el siguiente link: https://forms.gle/iAqbpvr3ZwLL9FrH7
Firmas individuales aca: https://forms.gle/iAqbpvr3ZwLL9FrH7
organizaciones que ya han adherido:
Una mirada feminista sobre la reforma
judicial
Por Leticia Lorenzo, Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021.
«Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que
están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar
y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta
que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de
robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a
defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos
económicos y financieros”. Raúl Scalabrini Ortiz
Introducción
Para quienes no tengan la paciencia de leer a una abogada dando largas sobre cuestiones que quizá podrían sostenerse en un tuit, va dedicada la cita inicial del texto. Lo dicho por Scalabrini Ortiz respecto a la economía vale quizás mucho más para la administración de justicia. Los laberintos judiciales van generando permanentemente encerronas, frustraciones, desgastes, y una cantidad de etcéteras que no enumero para no extenderme más aún en este texto. Muchas de las cosas que suceden en la admininstración de justicia se vinculan con ser Susanita frente a Libertad: complejizar la simpleza. Por ello, para quien desee una síntesis de qué debería contemplar la reforma judicial, me remito a Scalabrini Ortiz y a la simpleza de Libertad. Para quienes tengan una curiosidad mayor, va el resto de este texto.
La reforma judicial viene siendo un tema de debate desde que tengo memoria de estar interesada por las cuestiones judiciales. Mis primeros recuerdos son más aislados o fragmentarios: era una preocupación de grupos especializados de la academia, organizaciones de la sociedad civil, algunos sectores judiciales con una mirada crítica sobre el funcionamiento de la justicia. En las últimas décadas “la reforma judicial” se ha convertido en un tema de debate mucho más amplio y presente en las conversaciones cotidianas. Es una buena noticia que los temas judiciales salgan de los espacios cerrados y sectarios de abogados y abogadas. No sé si es tan buena noticia que tanto se diga y tan poco pase alrededor de “la reforma judicial” en términos de cambios en la forma de administrar justicia en nuestro país.
Hace poco tiempo Alberto Binder, un gran referente en temas judiciales para propios y extraños, ha dicho sobre la reforma judicial y los debates que se nos presentan que “los abogados y especialistas tampoco sabemos ya muy bien de qué se trata, y nuestra dirigencia política nos ha llevado a un duelo de consignas permanentes y frases hechas”.
En la actualidad a “la reforma judicial” se le suma un calificativo: reforma judicial feminista. Y surge un nuevo interrogante: ¿qué es una reforma judicial feminista? Personalmente más que una reforma judicial feminista, lo que precisamos es una mirada feminista sobre la reforma judicial. También creo que buena parte de las discusiones de los últimos años (y de los anteriores también) sobre cómo debe convertirse la administración de justicia hacia un espacio más orientado al acceso, los derechos humanos, la mirada sobre las personas, el encuentro, la proximidad, la escucha, la decisión para las personas usuarias y no para las revistas académicas, la disminución en la voluntad punitiva por el punitivismo mismo, etc., son discusiones que tienen un gran componente de feminismo.
Por ello en lo que sigue probablemente no haya ninguna novedad: me limitaré a recordar algunas ideas que muchas personas (entre las que me cuento) venimos sosteniendo hace bastante alrededor de algunos componentes que no deberían obviarse en una reforma judicial.
¿Qué quisiéramos de una reforma judicial?
“El feminismo es sensible por el mundo en que vivimos; el feminismo es una reacción sensible a las injusticias del mundo” dice Sara Ahmed en vivir una vida feminista. Necesitamos una reforma judicial que incorpore una mirada sensible para responder a las injusticias del mundo en que le toca intervenir. Esto implica, desde mi perspectiva, varios cambios puntuales a los que debería apuntarse y a los que me dedicaré en las próximas líneas.
- ¿Cuál es la mirada global?
Una primera consideración se vincula con cómo concebimos a la administración de justicia más allá de fueros, divisiones y responsabilidades. Y aquí creo que predomina la mirada sobre “el caso indivudual” como la forma de trabajo de los poderes judiciales.
Entiendo que en la mayor parte de las intervenciones judiciales (quizá con la excepción de aquellas situaciones en las que se interviene sobre derechos ambientales o convocan a colectivos antes que a personas) la dinámica del procesos es la de “une a une”.
¿Cuán compatible es la mirada del “une a une” con un enfoque de acceso a la justicia? El acceso a la justicia como paradigma posible del trabajo judicial no implica (solamente) pensar cambios organizacionales y arquitectónicos que permitan mayores y mejores accesos. Compromete también a mirar en los casos las vulnerabilidades concretas. Y ello obliga a una mirada más colectiva, comunitaria no sólo en la toma de decisiones final sino en el curso de un proceso judicial. Las condiciones de vulnerabilidad no pueden considerarse como frases hechas para recitar al final de un proceso, sino que deben entenderse como marcos de análisis para el trabajo cotidiano. En ese sentido, considero que un valor sobre el que debe trabajarse en una nueva justicia es el de la trascendencia del caso a caso y la observación del impacto de las decisiones que se asumen para la comunidad sobre la que se trabaja.
Ello lleva a la vez a plantear otra cuestión: la lógica de trabajo del sistema judicial como un sistema “de productividad”. Si observamos qué se mide en los sistemas judiciales veremos numerosas estadísticas que nos hablan de ingresos, egresos, resoluciones intermedias, etc. Quienes me conocen saben que soy una amante de las estadísticas y de la cantidad de análisis que se pueden hacer sobre las mismas. Sin embargo, con el mismo énfasis con el que defiendo “el conteo” del sistema también me pregunto ¿no deberíamos trascender el sólo conteo y pregunarnos por cuestiones más de fondo? ¿Qué resuelven esas resoluciones? ¿Qué ingresan esos ingresos? ¿Qué les pasa a las personas involucradas con esos ingresos y esas resoluciones? Tenemos escasa información sobre cuestiones cualitativas de los sistemas judiciales. “Producimos” resoluciones. “Producimos” audiencias. “Producimos” sentencias. ¿Conformamos a alguna persona en esas producciones? Y es aquí donde tomo prestada de los feminismos la lucha por el reconocimiento de las tareas de cuidado para intentar trazar una analogía con lo que sucede en el mundo judicial. Con injusta síntesis podríamos proponer que hay dos grandes exigencias en torno a las tareas de cuidado: su reconocimiento como actividad que aporta a la economía pese a tratarse de actividades no remuneradas y la necesidad de asumir esas tareas en forma igualitaria y no como “lo que deben hacer las mujeres por su condición de mujeres”. Es decir: no se reniega de las actividades de cuidado sino que se busca su reconocimiento en condiciones de igualdad. Si trasladamos esta discusión al mundo judicial podríamos trazar un paralelo: dentro del sistema judicial hay numerosas tareas que no son reconocidas en su importancia, en tanto otras actividades son sobredimensionadas. A las primeras las catalogo como actividades de cuidado judicial; a las segundas como actividades de producción judicial.
¿Y qué es el cuidado judicial? Propongo en este universo a la comunicación efectiva (comprensible), el trato adecuado a las personas que concurren al sistema judicial, el respeto por los tiempos (tanto los tiempos de las personas que concurren a los tribunales como los tiempos procesales para tomar una resolución). También encuentro en este universo a lo que podríamos denominar trabajo “tras bambalinas” para la producción de determinados actos: llamar a las personas que deben prestar testimonio, ubicar los espacios, reunir a las personas, realizar los registros, etc.
La “producción” judicial se ve concretamente en las audiencias y las resoluciones judiciales. Esa “producción” está sobredimensionadas porque se cuentan como LA labor judicial, sin una observación sobre cuál es el impacto de esa labor; Tampoco se considera en ese conteo que esas actuaciones son el resultado de una multiplicidad de tareas de cuidado judicial invisibilizadas. Todes queremos que las personas lleguen a declarar a tiempo y sepan para qué fueron llamadas. Pero no todes tenemos claro que detrás de la llegada de una persona a tribunales hay una multiplicidad de tareas que se despliegan (o deberían desplegarse). Esas tareas “no son trabajo”, se les resta importancia, se cree que deben estar en manos de las personas menos experimentadas (a veces de las personas “castigadas”), no se pone atención en su realización ni en el impacto que pueden tener en una buena o mala experiencia para las personas que están involucradas en un proceso judicial. Me atrevería a decir que la mirada sobre las personas y la influencia que el proceso judicial tiene en sus vidas es bastante escasa en los sistemas judiciales.
Esta visión impacta también en la configuración del “producto” decisiones judiciales (sean estas orales o sean escritas en sentencias): la mirada sobre las personas usuarias no aparece muy presente cuando el lenguaje es inaccesible, la llegada no es personal (cuando las decisiones no se explican presencialmente a las personas usuarias sino que se “comunican” formalmente a través de una notificación), la extensión de las decisiones es enorme y atravesada por citas y referencias difíciles de comprender en su relación con lo que debe resolverse.
Entonces, de la mano de la observación del impacto de las decisiones para la comunidad, viene una segunda recomendación para transformar la justicia: poner una mirada más atenta en los aspectos “de cuidado” de los sistemas judiciales, reconocerlos, destacarlos, y reconfigurar la producción de decisiones con una perspectiva más orientada hacia las personas usuarias del sistema y menos “productiva”.
En este primer punto, en definitiva, propongo que la mirada global del sistema de administración de justicia debe trasladarse desde aquella concepción individual, con pretensiones de neutralidad (una neutralidad atravesada por la heteronorma y por tanto, para nada neutral) y dedicada a la producción de decisiones judiciales desapegadas al impacto de tales decisiones. Trasladarse hacia un escenario más consciente de las diversas vulnerabilidades que atraviesan a las personas usuarias del sistema, más concentrado en brindar respuestas prontas, comprensibles, vinculadas a dichas situaciones. Pasar de una justicia de la producción a una justicia de los cuidados, asumiendo el paradigma del acceso no sólo como una reconfiguración de los edificios judiciales sino como una cultura y una práctica laboral.
- ¿Quiénes componen la administración de justicia?
En el punto anterior aclaré que cuando hablo de la configuración del sistema no pierdo de vista que existe una cantidad enorme de personas que en el día a día están intentando procurar mayor y mejor acceso a la justicia. Sin embargo, en la mirada global seguimos encontrándonos ante una de las funciones estatales más deslegitimadas, en la que la comunidad tiene mayor desconfianza. Una justicia más orientada al acceso y los cuidados desde una mirada global, probablemente contribuiría a una variación en esa desconfianza social reinante. Pero para construir una justicia con esas características es necesario preguntarnos cómo está compuesta, en términos de personas, la administración de justicia. Con esto no quiero plantear si la justicia está compuesta por “buenas” o “malas” personas. Me refiero a otro tipo de preguntas: ¿Cómo se forman quienes ingresan a trabajar en la administración de justicia? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se relacionan?. La respuesta rápida sería: se forman y provienen de las facultades de derecho. Una característica que creo común a todos los sistemas de administración de justicia es una presencia mayoritaria de abogades (y/o estudiantes de derecho) en su conformación.
Quien lea esto podrá pensar “evidentemente, deben ser abogades porque trabajan con el derecho”. Es una posición razonable. Sin embargo, también es razonable pensar que el derecho de un país no debiera ser patrimonio exclusivo de les abogades, si queremos que ese país se reconozca en el derecho vigente. Y me parece también razonable la idea de que ante la complejidad que implica el abordaje de la conflictividad que actualmente debe tratarse en la administración de justicia, la mirada de les abogades probablemente resulte insuficiente.
En ese sentido, entre las discusiones necesarias para una justicia reformada, creo que debemos preguntarnos cuál es el lugar de las otras áreas de conocimiento en la justicia. En cuanto a la relación entre conocimientos (no hablemos de personas sino de procedencias de formación) existe una construcción subalternizada del papel de las otras áreas del conocimiento en la justicia. Pero aun manteniendo un esquema en el que la última palabra en un caso judicial (la decisión definitiva) la tiene un juez o jueza formada como abogada, ello no quiere decir necesariamente que toda la composición judicial deba ser conformada por abogadas y abogados, o que en todas las situaciones sean les abogades quienes deben tener la última palabra sobre las intervenciones a realizar.
Uno de los temas que más se debate en la actualidad es el tratamiento que la justicia brinda a las víctimas. ¿Es lo más adecuado que el punto de contacto con el sistema judicial que tenga una víctima sea una persona que es abogada y que no posee ninguna formación específica para acompañar su proceso sin revictimizarla? No estoy del todo segura. ¿Es lo más adecuado para una justicia de cuidados que el trabajo de campo que suelen realizar psicólogues, trabajadores sociales, sociólogues, antropólogues, sea “traducido” por une abogade en el proceso judicial? No estoy del todo segura. ¿Es lo más adecuado que ese trabajo proveniente de otros campos del conocimiento sea “valorado” por un juez o jueza sin una consideración real de los marcos conceptuales en los que se produce? No estoy del todo segura.
La puesta en debate de esas preguntas debe formar parte de un repensar sobre la administración de justicia. Tanto en términos de quiénes deben integrar los organismos judiciales como en términos de relación entre saberes y formatos para la toma de decisiones. La presencia monopólica de la abogacía como campo de conocimiento en los sistemas judiciales debería revisarse.
Pero aún pensando en un sistema judicial con una presencia más amplia de saberes en su integración, resta un segundo ámbito de reflexión sobre la composición judicial: ¿Cómo se ingresa a la administración de justicia? En prácticamente todos los poderes judiciales del país existen dos mecanismos de ingreso:
- Los cargos de juecxs, fiscalxs y defensorxs tienen un proceso de selección que involucra a organismos del estilo del Consejo de la Magistratura, un paso por la legislatura y finalmente la posibilidad de nombramiento en el cargo.
- El resto de los cargos judiciales (usualmente divididos en dos o tres escalafones: profesionales, auxiliares adminisitrativos y eventualmente personal vinculado con tareas de maestranza) tiene procesos definidos por los propios poderes judiciales. Aquí se suele diferenciar el proceso de ingreso a cargos profesionales, del proceso de ingreso a cargos de auxiliares administratives.
En 2013, en el marco de una de las tantas etapas en que se habló de reforma judicial, se aprobó una ley denominada “de ingreso democrático e igualitiario de Personal al Poder Judicial de la Nación” (la ley 26861), cuyo objetivo principal es garantizar procesos de ingreso públicos, transparentes y en condiciones de igualdad para los cargos de funcionaries (profesionales) y empleades (auxiliares administratives) del Poder Judicial. Establecer la transparencia y la igualdad en el acceso a puestos de trabajo fue un enorme avance para un sistema en el que no estaba del todo claro la forma en que se ingresaba ni se avanzaba en los distintos escalafones. Sobre la base de esa ley fueron el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación quienes establecieron procesos de ingreso a los puestos de trabajo en consonancia con los mandatos de la Ley 23861. Algunos poderes judiciales provinciales tienen también regulados procesos de ingreso adecuados a esa normativa, sobre todo en los escalafones correspondientes a los auxiliares administrativos.
Sin duda es una gran noticia que se transparenten las formas de ingreso, se democraticen las posibilidades y se publiciten las formas de acceder a puestos laborales en los sistemas judiciales. Otra gran noticia es que la discusión sobre la paridad en los cargos judiciales, aun cuando sigue siendo una deuda pendiente (sobre todo en los puestos de decisión, ya que basta ver el mapa de género de la justicia argentina para observar cómo a medida que se va “ascendiendo” en la pirámide judicial, va decreciendo la presencia – mayoritaria en la base, por cierto – de mujeres). Sin embargo en este punto me permito preguntar: ¿un ingreso más igualitario y con más paridad es suficiente para transformar la justicia?.
Sobre todo en el punto referido al ingreso a los cargos judiciales, encuentro que falta aún un componete clave para garantizar igualdad real y no quedarnos en lo formal: generar procesos que permitan una verdadera igualdad a las personas interesadas en el ingreso.
Es decir: si nos limitamos a realizar una inscripción amplia y poner a disposición de todas las personas inscritas una serie de materiales vinculados a los puestos que se concursan ¿generamos un escenario de igualdad? Entiendo que no.
Entiendo que hay un componente faltante tanto para la igualdad real como para la incorproación de una mirada global del sistema asociada a lo que he planteado en el primer punto de este texto: los procesos de formación específicos para las personas que se interesan en acceder a puestos laborales.
En el ámbito de los cargos que se concursan al interior de los poderes judiciales (profesionales y auxiliares administrativos) urge la generación de procesos de formación que se vinculen con la función judicial. Si queremos establecer una administración de justicia orientada al acceso, al cuidado, a la decisión situada, necesitamos incorporar esos conceptos y vincularlos con las prácticas judiciales en forma previa a que las personas se incorporen a los puestos laborales. A la vez, generar procesos de formación que establezcan los marcos de referencia para el cumplimiento de las funciones judiciales no sólo permitirá generar visiones uniformes sobre el rol de la administración de justicia: también posibilitará avanzar hacia un ingreso igualitario más real que formal. Las grandes ventajas de la tecnología actual en materia de formación permiten planear y ejecutar procesos de formación para decenas, cientos, miles de personas sin grandes inconvenientes técnicos ni necesidades de recursos. Si alguna buena noticia trajo esta pandemia para quienes gozamos de los privilegios propios del techo seguro y el salario fijo, fue la posibilidad amplia de acceder a conocimientos que antes estaban reservados sólo a lo presencial.
La formación para el ejercicio del trabajo judicial no puede ser una tarea derivada, externalizada o directamente no considerada por las administraciones de justicia. El núcleo de un cambio judicial, desde mi perspectiva, está en asumir una concepción clara de para qué sirve la administración de justicia, una derivación concreta de esa concepción en cuanto a formas de trabajo y obligaciones funcionales y una transmisión de esa visión a todas las personas que se integran en la administración de justicia. Una polícia de formación inicial y permanente de las personas que integran los poderes judiciales debería ser una obligación central a impulsar en el marco de una reforma judicial.
En el caso de juecxs, fiscalxs y defensorxs considero exactamente lo mismo a nivel de los consejos de la magistratura o la judicatura. La selección de estos cargos, con la trascendencia que tienen para la definción judicial de los conflictos, no puede quedar (únicamente) a la suerte del tribunal evaluadro que toca para cada concurso. Pensar en procesos de formación formales para quienes aspiran a cumplir esa funciones y exámenes derivados de esos procesos de formación no debería ser un tema de discusión en la actualidad sino que debería ser una cuestión asumida, implementada y evaluada periódicamente. No lo es. Aún debemos impulsarlo. Pero si no impulsamos procesos más transparentes e igualitarios (en términos estructurales) para el acceso a los cargos, difícilmente podamos hablar de una justicia diferente a la que conocemos.
En todos los estamentos de selección de cargos judiciales precisamos urgentemente trascender el módulo de evaluación de lo políticamente correcto y transversalizar un nuevo perfil de integrante de la justicia.
- ¿Cómo se diseñan los procesos?
Una nueva visión global del sistema judicial, con una formación acorde a esa visión en el marco de un acceso estructuralmente igualitario y transparente requiere, yendo ya a “lo que hace la administración de justicia” repensar el diseño de los procesos judiciales. Y desde una mirada de acceso a la justicia, ese replanteo de los procesos debe tener la capacidad de trascender las controversias entre “escuelas procesales” y admitir que la mirada sobre las garantias del debido proceso también está atravesada por una visión heteronormada que, quizá nos ha llevado a diseñar sistemas procesales que no generan una verdadera igualdad entre las partes sino que profundizan las desigualdades con las que concurren a la administración de justicia. Digo quizá porque no es algo que tenga del todo claro, por ello considero que debemos replantearnos algunas posiciones que hemos sostenido como indiscutibles y quizá merezcan una nueva reflexión.
Algunos aspectos concretos en los que considero debemos anclar el diseño de los procesos judiciales adecuados a una visión de acceso y un sistema pensado desde el cuidado son:
a. La decisión por encima del trámite
“El mundo judicial debe competir con las retóricas circundantes y tiene muchos elementos para salir ganando en esa competencia, siempre que abandonemos el modo abtruso, miedoso y petulante de nuestras decisiones judiciales” nos dice Alberto Binder. Avanzada esa parte del texto se refiere a las sentencias específicamente. En todo ese tramo de su tratado se refiere a las formas procesales. Una pregunta que cabe realizar a la hora de pensar el diseño de los procesos es ¿Las formas procesales como protección de los valores constitucionales o las formas procesales como burocracia tramiteril para demorar o impedir las decisiones?
Como lo señala Binder en su texto, las formas procesales tienen una relevancia improtante en los procesos. Siempre que las entendamos al servicio de determinadas finalidades. Cuando nos dedicamos a pensar en la forma por la forma en sí misma y ello lleva a anteponer la forma por la forma sobre cualquier tipo de decisión judicial, estamos en serios problemas. Y nuestros procesos judiciales actuales suelen conducir a un laberinto del que pocas veces se sale. Y cuando se sale, no se sale indemne. Vele la pregunta ¿Diseñamos procesos para sanar, para pacificar, para dar respuestas efectivas o para dañar?
Estoy segura que si hiciéramos una comparación entre lo que dicen las leyes procesales de cualquier materia en cualquier punto del país y la conversión que esas leyes procesales padecen en las prácticas de los organismos que deben aplicarlas, nos sorprendería ver la cantidad de pasos innecesarios y no ordenados por la ley que se le suma a cada aspecto legalmente regulado. Desde la necesidad de concurrir con une abogade para prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar, pasando por cuestiones como exigencias de tipos de letra, formatos de papel, lugar específico de las firmas hasta discusiones sobre si los abogados varones tienen una obligación sustancial de concurrir a audiencias con corbatas puestas, podemos encontrar una variación inconmensurable de situaciones y disposiciónes “creadas” por los organismos judiciales para “cumplir con formas” que, en definitiva, evitan las decisiones concretas en los casos.
Asumir el valor de las formas para lograr procesos adecuados a la constitución es también identificar la cantidad de formas dispuestas por pura voluntad de tramitar a las personas sin necesidad, finalidad o mandato constitucional alguno. Allí, una mirada atenta desde la reforma judicial, debería ocuparse de identificar cuántas cosas defendemos en las leyes procesales porque realmente son necesarias para lograr una mejor justicia y en cuántas nos instalamos porque “siempre se ha hecho así”.
b. El encuentro por encima del papel
La audiencia como espacio judicial debería ser el centro de preocupación de la reforma judicial en cuanto a diseño procesal. Parafraseando lo dicho recientemente por mi compañera jueza Carolina González, la audiencia como espacio público donde toca hablar. No la audiencia como un reemplazo actual del viejo escrito judicial, sino la audiencia como lugar de encuentro significativo con las personas que están llamadas a tomar una decisión.
Pensar el proceso en clave de audiencia es pensar el proceso como espacio de encuentros. Encuentros unilaterales (la reunión de la persona afectada con quien ejercerá su representación; la reunión de la persona acusada o demandada con su representante); encuentros bilaterales (aquellos donde se hacen presente tanto la persona afectada como la persona acusada o demandada y sus representacioens, sea para recibir información, sea para solicitar una decisión); encuentros explicativos (aquel en que se explica a las personas participantes en un proceso cómo se desarrollará el mismo); encuentros de decisión (la audiencia como la conocemos: reunión de todas las partes para presentar peticiones y recibir del juez o jueza a cargo la decisión en forma directa). Reuniones. Encuentros. Espacios pensados para las personas que concurren al sistema de administración de justicia. Y espacios pensados también para que el sistema de administración de justicia de explicaciones a esas personas y a la comunidad toda. Espacios públicos. También espacios resguardados en aquellos casos en que deba preservarse la intimidad de las personas involucradas, pero espacios de encuentro.
Pensar el diseño de los procesos judiciales desde la audiencia no es poner un artículo en una ley procesal (o un conjuto de artículos) referidos a la forma de la audiencia. No es generar dentro de un esquema burocrático, escrito, alejado de las personas, un “acto procesal” más en formato oral. Es repensar la estructura entera del proceso en términos de encuentro para la escucha, para la decisión y para la explicación de la decisión.
c. La respuesta oportuna por encima de la letanía
Como derivación de los dos puntos anteriores surge este tercero: la respuesta a las personas que concurren al sistema judicial y a la comunidad en su conjunto no puede llegar mil años más tarde. Cuando escuchamos hablar de “los tiempos de la justicia” pareciera que debemos movernos a un sistema temporo espacial diferente al de las personas que habitamos en la comunidad. Y todo el espacio que le dedicamos al trámite, al papel, a las formas sin sentido alguno consumen y consumen tiempo de las personas que esperan una decisión.
Es real que existen casos complejos que requieren de cierto tiempo para su comprensión completa y para la toma de la decisión más adecuada posible. Pero esta no es la situación de todas las situaciones que se presentan ante la administración de justicia. Me atrevería a decir que si tomáramos cualquier caso judicial, de cualquier sistema judicial del país, y contáramos los tiempos en que no ha sucedido nada en el proceso, esos tiempos superarían a los tiempos en que se ha estado trabajando en alguna cuestión concreta para posibilitar su avance. La idea de que el plazo máximo fijado por la ley es el plazo que debo esperar para hacer algo. O peor aún: la idea de que los plazos máximos son “orientativos” pero carecen de efectos, es sumamente nociva para la justicia. Para muestra, un botón:
Una mirada feminista sobre la reforma judicial
En esa placa podemos observar la cronología del caso Góngora, bastante conocido en función a que se trata del caso en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la imposibilidad de otorgar la suspensión del juicio a prueba en casos que involucren algún tipo de violencia contra la mujer. Vemos que el hecho ocurrió en 2008 y la decisión definitiva del caso fue en el 2015. No se trataba de una investigación sumamente compleja: dos hechos de abuso sexual simple contra dos víctimas en la vía pública; dos hechos prácticamente flagrantes. El proceso no sólo llevó 7 años sino que pese a la sentencia de la Corte y todas las referencias a la necesidad de dar la mejor respuesta posible a las mujeres víctimas de violencia (asumiendo erróneamente desde mi percepción que esa respuesta es el juicio), el caso terminó con la prescripción de la acción que implica la imposibilidad de perseguir al acusado por los dos hechos, el cierre de la causa y su sobreseimiento definitivo. No he tenido la oportunidad de contar los tiempos que ese caso estuvo “en espera” en las distintas instancias judiciales que intervinieron. Intuyo sí que fue mucho más prolongada la espera que la intervención.
Por ello considero que una reforma judicial debe plantearse seriamente la necesidad de salir de la concepción del proceso como una letanía para pasar a diseñarlo para la decisión pronta.
d. La protección como espacio autónomo
Finalmente creo que la reforma judicia tiene que considerar un aspecto específico vinculado con las víctimas de violencia de género: el de la protección.
En la actualidad todos nuestros procesos judiciales están diseñados de forma tal que para brindar medidas de protección a una víctima de violencia de género debe necesariamente dispararse un proceso “de conocimiento” judicial. Las medidas de protección aparecen configuradas como medidas incidentales dentro de un proceso que tiene por finalidad tomar algún tipo de decisión definitiva.
Tengo ciertas dudas sobre la real posibilidad de tomar una decisión definitiva en procesos que involucran violencia de género. Como también tengo dudas en pensar a las medidas de protección dentro de un proceso judicial diferente.
Asumo que este es un tema complejo y que presenta múltiples aristas que me superan en capacidad de abordaje. Desde lo estrictamente judicial (y con la mirada de la abogada, además) me pregunto permanentemente hasta dónde la “foto” que constituye un proceso judicial en una situación de violencia de género puede llegar a una decisión definitiva en el marco de la “película” que es la vida de relaciones entre las personas involucradas en esta conflictividad. También me pregunto hasta dónde este diseño procesal significa una verdadera respuesta al objetivo de erradicar la violencia estructural y hasta dónde no sigue entrampado en aquella mirada del “uno a uno” que refería al inicio del texto.
En materia de violencia de género considero que es necesario replantearlo todo. Los procesos de protección, en principio, deberían ser pensados en forma autónoma de las intervenciones judiciales “de conocimiento” y no atadas a esos procesos. Un ejemplo claro de la dificultad de entender al proceso de protección dentro de un proceso judicial distinto se da, en materia penal, cuando termina el proceso con cumplimiento de condena. ¿El cumplimiento de la condena, cualquiera que ella sea, implica que la víctima en el caso ya no necesita ningún tipo de protección? ¿La protección que debe brindarse a la víctima, necesariamente debe referirse en forma exclusiva a acciones sobre la persona acusada? ¿Dónde queda en este esquema la reparación a la que también estamos obligades?
Creo que la lectura de la Convención Belem do Pará y las obligaciones estatales asumidas en términos de intervención sobre las violencias en el ámbito judicial nos obliga a repensar los procesos, a salir de la clave punitivista como única respuesta y a concentrarnos también en los mecanismos de reparación que podemos ofrecer a las personas que padecen violencia de género. Y dudo que la configuración actual de nuestros procesos y la tendencia a pensar reformas basades en esa configuración, permitan dar respuestas reales en este ámbito.
- ¿Cómo se organiza la administración de justicia?
Brindar una respuesta diferente a todas las preguntas que vengo realizando en el marco de la discusión sobre una reforma judicial no tiene demasiado valor si no planteamos también la necesidad de variar la organización de la administración de justicia que conocemos. Por una parte contamos con una composición mayoritariamente conformada por abogades, que solemos tener una tendencia a pensar que el trabajo se realiza en forma individual, aislada, no colaborativa. Por otra parte, mantenemos estructuras desde hace siglos que favorecen ese aislamiento y la creencia de que cada quien en su pequeño espacio puede entender los procesos como le resulte más conveniente.
a. Los feudos vs. la colaboración
En otra ocasión he referido los problemas feudales de la justicia federal específicamente, que son trasladables a cualquier sistema que cuente con ese tipo de organización. La organización de “une juezx – un juzgado”, “une fiscalx – una fiscalía”, “une defensorx – una defensoría” abruma. Si hablamos de un espacio judicial en el que existe un solo cargo jurisdiccional, un solo cargo de fiscalía, un solo cargo de defensoría, claramente es admisible que sea una persona la que desarrolla la tarea. Pero si hablamos de un espacio judicial en el que existen veinte puestos fiscales, resulta un tanto absurdo pensar que deban generarse veinte estructuras, una para cada fiscalx. Pensándolo desde el mundo del litigio particular, honestamente no conozco ningún estudio jurídico que al incorporar une abogade incorpore también una nueva estructura de soporte administrativo para ese abogade. En general (hasta donde llega mi conocimiento, al menos) lo que suele suceder es que a le nueve abogade se le explica quién hace qué al interior del estudio. Eventualmente podrá contar con una persona de apoyo para que administre su agenda (si se trata de un estudio con mucha carga laboral). Pero no imagino que ante une nueve abogade se genere una nueva estructura para la búsqueda de doctrina y jurisprudencia; o se genere una nueva estructura para el apoyo administrativo en las cobranzas y gestiones no jurídicas. Suena un poco absurdo. Y sin embargo tenemos que seguir insistiendo en que esa lógica de pensar “una nueva posición de fiscal (o de defensa, o de jurisdicción) implica funcionaries propies para esa nueva posición, empleades propies para esa posición” no sólamente no es eficiente sino que atenta contra una mirada colaborativa y con una organización uniforme del trabajo que debe desempeñarse.
Pero claro: sería ingenuo pensar que esto sólo es “porque siempre se hizo así”. Detrás de la organización del feudo propio aparecen cuestiones vinculadas al ejercicio del poder. Porque retomando el punto sobre quiénes componen la administración de justicia, en un sistema que aun no termina de encontrar claramente los caminos de acceso igualitario real y transparencia en el ingreso a los puestos de trabajo, tener el feudo me garantiza nombrar “mi gente”. Y ya podrá quien lee esto imaginar todo lo que viene aparejado con ese “ejercicio del poder”, que pongo entre comillas porque finalmente, desde mi perspectiva, termina derivando en autoridades nombradas para el ejercicio de una función constitucional que consideran mucho más relevante la pelea por el número de cargos y las asignaciones de determinados bienes y servicios, que el litigio responsable y la construcción de decisiones judiciales adecuadas.
Urge entonces salir de la organización feudal de los sistemas judiciales para dar un mejor entorno de condicicones a una justicia orientada al acceso, basada en el cuidado, caracterizada por un ingreso al puesto laboral estructuralmente igual y transparente y con procesos orientados al encuentro y la decisión.
b. El aislamiento vs. la especialidad real
En términos específicos de trabajo sobre violencias de género creo que también se da en este punto un debate puntual: una de las demandas que suele aparecer hacia la administración de justicia es la de la especialización. Y la especialización suele entenderse como la necesidad de creación de fueros especializados. De hecho en nuestro país son varias las provincias (Santiago del Estero entre ellas) que han generado fueros específicos para la intervención en situaciones de violencia de género.
No tengo una posición tomada al respecto. Me preocupa, eso sí, siguiendo la línea de desarrollo que hasta aquí he presentado, que la creación de estos fueros especializados termine en una situación de aislamiento y sobrecarga. Aislamiento con relación al resto del sistema judicial (en el entendido de “si existe un fuero especializado yo, que trabajo en otro fuero, no tengo ninguna obligación al respecto) y sobrecarga en tanto justamente por lo anterior, se genera el riesgo de asumir que cualquier situación vinculada con temas de género debe ser “derivada” al fuero especializado sin obligaciones de intervención por parte de los otros fueros.
En ese sentido me pregunto si la especialización en estos temas, que son transversales a todas las situaciones que pueden ingresar en el sistema judicial (desde un conflicto colectivo por temas ambientales hasta una situación particular vinculada a una sucesión, puede tener o no tener variables de género que deben ser analizadas), no debería ser asumida como una obligación para todas las personas que pretenden asumir un rol dentro del sistema judicial (y retomo aquí la idea de abandonar lo políticamente correcto como una unidad de estudio para los programas de examen y asumir la obligación de transversalizar seriamente los temas en los análisis de casos que se proponen).
Quizá en un sistema que asume la especialidad en esta materia como una obligación estrucutral, la generación de un fuero especializado para el tratamiento de situaciones particularmente complejas no sea una mala idea. En nuestra configuración actual, no dejo de pensar en el riesgo que he mencionado. En ese sentido, una reforma judicial también debería posicionarse sobre este tema.
c. La mirada hacia adentro vs. la mirada hacia las personas usuarias
Un tercer punto vinculado con la organización de la administración de justicia se vincula a otra pregunta ¿organización para quién? ¿para facilitarle la vida a quién? Creo que existen diversas formas de pensar la organización de cualquier sistema según nos posicionemos pensando en la comodidad de sus integrantes o en la comodidad de las personas para quienes ese sistema se desempeña.
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública es una gran guía orientadora para la organización en función a las personas que buscan el acceso a un servicio, en este caso la justicia. Sin embargo, si miramos nuestras organizaciones judiciales podremos hacer un contraste entre esas recomendaciones y nuestras realidades bastante decepcionantes.
Pasar de la mirada gasallezca de la organización judicicial a configurar un sistema que permita a las personas hacer valer sus derechos debería ser parte de la discusión sobre una reforma judicial.
- ¿Cómo rinde cuentas la justicia?
Los cargos principales de la administración de justicia (juecxs, fiscalxs, defensorxs) no tienen participación popular. Salvo el caso de la provincia de Santa Fe, en que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa tienen regulada una periodicidad para los cargos más altos (fiscalía general, fiscalías regionales, defensoría general y defensorías regionales) en el resto del país los cargos duran hasta tanto la persona se jubila, se muere o es sometida a juicio político y se dispone su destitución. Un escenario con esas características podría hacer pensar que quienes integran la administración de justicia tienen obligaciones periódicas de rendir cuentas sobre los temas que son de su competencia, informar a la comunidad sobre los asuntos en que ha intervenido, las decisiones que ha tomado, las razones por las que lo ha hecho, los avances que ha tenido, las dificultades que ha atravesado…
La indignación sobre el sistema judicial y su funcionamiento es bastante constante a nivel social, al igual que las exigencias de cambios. Los poderes judiciales se encuentran entre los organismos públicos con menos legitimidad social. Sin embargo, el rol de cada quien al interior del sistema judicial no es tan conocido, tampoco los esquemas procesales ni las obligaciones para llegar a una u otra decisión. Incluso entre determinados sectores especializados (el periodismo, por ejemplo) las confusiones sobre lo que cada interviniente judicial puede hacer y en qué momento, aparecen con frecuencia.
Arriesgo que una de las razones para que esto ocurra es que los propios sistemas judiciales no suelen tener demasiado interés en comunicar a qué se dedican, quién hace qué cosa ni cuáles son las expectativas que están en capacidades de cubrir. En términos globales, salvo contadas excepciones la comunicación judicial como política de trabajo suele ser inexistente o estar en manos de personas con poco conocimiento sobre el área (abogades destinadas a ocupar la función, básicamente).
La rendición de cuentas tampoco aparece como una inquietud judicial. Diría que básicamente queda reducida a la publicación periódica de aquella estadística a la que me he referido con anterioridad (ingresos, resoluciones, nro. de audiencias) y, quizá, a la asignación presupuestaria y la distribución de personas al interior del sistema. La “apertura del año judicial”, instalada en algunos poderes judiciales como una actividad que se realiza periódicamente, puede entenderse como uno de los pocos espacios en que hay una presencia y anuncio de parte de las autoridades judiciales. Sin embargo esa actividad aparece pensada más para la propia integración judicial que como una actuación de información a la comunidad sobre la que se interviene.
a. La necesidad de incorporar mecanismos de participación.
Uno de los aspectos que considero de necesaria discusión como parte de una reforma judicial es el de los mecanismos de participación. Tanto en los procesos como en la observación del funcionamiento del sistema.
Estoy convencida que el juicio por jurados como mecanismo de juzgamiento debe instalarse y extenderse más allá de los procesos penales. Desde una provincia que ha implementado el juicio por jurados penal desde 2014, considero que no hay una forma más imparcial de juzgamiento de los casos que llegan al sistema judicial que el del jurado popular. Y a la imparcialidad como valor procesal clave se suman la transparencia, la publicidad, la generación de una comunicación más efectiva. No hay ningún asunto judicial que tenga tanta complejidad como para no poder ser definido por un jurado popular. Y si se dice tan complejo, propongo una reflexión análoga a la de Raúl Scalabrini Ortiz en la cita de partida de este artículo.
El jurado popular no puede quedar fuera de una reforma judicial ya que como organismo específico para asignar derechos y atribuir responsabilidades es, desde mi perspectiva, el gran ordenador de todo el proceso judicial y el mejor evaluador no sólo de los hechos y el derecho en disputa (tema central) sino también de la actuación y profesionalismo de quienes llevan adelante el litigio (tema nada menor).
Otro aspecto que no puede quedar fuera de una discusión sobre la reforma judicial se vincula con los mecanismos de justicia de proximidad. Tendemos a pensar que la reforma judicial debe pensarse para conflictos difíciles de analizar, con participantes múltiples, con enormes intereses contrapuestos. Y sin dudas esa porción de la conflictividad debe ser considerada por una reforma judicial. Sin embargo, hay cuestiones mucho más mínimas, sencillas y con necesidades de análisis y respuestas inmediatas. Allí es donde aparece la necesidad de pensar formas próximas de justicia y mecanismos concretos de participación. Espacios como la justicia de paz no profesional, por ejemplo, suelen ser relagados a un segundo plano cuando no desconocidos en las discusiones sobre reformas judiciales. Sin embargo, los poderes judiciales que cuentan con una regulación de justicia de paz bien saben la cantidad de conflictos en los que quienes ejercen funciones allí intervienen y la importancia de sus intervenciones para sostener convivencias comunicatiras no violentas. Los formatos de justicia de paz y la participación ciudadana en esos esquemas también debería considerarse como mecanismo de participación y monitoreo sobre el funcionamiento de la justicia y no debería quedar fuera de la mesa de una reforma judicial.
b. El reconocimiento de la participación técnica externa
Me he referido con anterioridad a la especialización y sus diversas formas de abordaje en cuanto al diseño y organización de los procesos judiciales. Considero que también debe considerarse la posibilidad de regular mecanismos de participación extenra para los conflictos que requieren cierto grado de especialización.
Pensando concretamente en los casos que involucran violencias de género, no hará falta que me extienda en detallar cómo son las organizaciones de apoyo a mujeres y diversidades sexuales las que en numerosas ocasiones se ocupan de promover las acciones judiciales, buscar la prueba, identificar especialistas para declarar en los juicios, realizar el seguimiento de los casos, cuestionar prácticas inadecuadas. Muchas de estas acciones generadas por personas comprometidas con las temáticas u organizaciones suelen desplegarse desde la sociedad, a veces (muchas) incluso disputando el espacio con los organismos judiciales y generalmente en forma gratuita o dependiendo de la posibilidad de cubrir costos y honorarios a partir de otras voluntades y militancias. Es decir: profesionales precarizades procurando hacer funcionar un sistema judicial que no funciona porque profesionales muy bien pagues se dedican a obstaculizar el funcionamiento de dicho sistema. Paradójico.
Una reforma judicial también debería considerar cómo se generan ámbitos de participación efectiva y reconocimiento en términos financieros para estos espacios.
Claramente el mundo judicial ideal es para mi un mundo donde a partir de lograr aquella mirada global común y una composición judicial comprometida con esa visión, no es necesario que se traccione desde ámbitos externos el buen funcionamiento de la administración de justicia y la generación de decisiones en consecuencia. Sin embargo, hasta lograr ese mundo ideal me parece muy necesario revisar estas dinámicas de funcionamiento, abrir los espacios concretos, reconocer efectivamente el trabajo que se realiza y potenciar a profesionales y organizaciones externas al sistema judicial para aprender de ellas, incorporar sus miradas y generar los espacios para que ese “afuera” se convierta en el “adentro”.
c. El control de calidad sobre las investigaciones y sentencias
Trascender el conteo de casos es mirar cómo se desarrollan las investigaciones y cómo se componen las sentencias judiciales. Desconozco la existencia de algún tipo de investigación en nuestro país sobre la calidad en esos dos ámbitos. Existen organizaciones externas (CELS, INECIP, APP, ANDHES, entre muchas otras) que dedican buena parte de su trabajo organizacional a observar el funcionamiento de los sistemas judiciales y producen investigaciones al respecto.
Sin embargo, no conozco que ningún poder judicial del país tenga una política de revisión periódica y presentación de resultados alrededor de las sentencias judiciales. Tampoco conozco que un ministerio público fiscal del país tenga una política de monitoreo sobre las investigaciones que permita detectar inconvenientes y potenciar buenas prácticas.
El control de calidad no necesariamente debe estar vinculado con una mirada disciplinaria del estilo “tu investigación es mala, te echo”. Pero si no identificamos las malas acciones en las investigaciones, difícilmente podemos incoporar conocimientos y herramientas que mejoren el accionar de las personas que llevan adelante malas investigaciones. Y si no identificamos malas construcciones de sentencias judiciales, difícilmente podremos generar contenidos y herramientas que permitan a les juexs construir mejores decisiones judiciales. Trascender la indignación que sube como la espuma de una gaseosa cola y baja con la misma velocidad que esa espuma ante una mala decisión o una mala investigación implica obligarnos a realizar un seguimiento más permanente. Un seguimiento que supere la dinámica del “observatorio” y asuma el compromiso de revisar las prácticas propias y transofrmarlas cuando son inadecuadas para el cumplimiento del rol que nos toca ocupar. En ese sentido, necesitamos también que la reforma judicial ponga en debate cómo se construyen estos mecanismos de seguimiento, cómo se incorpora la revisión de prácticas y qué consecuencias pedagógicas antes que disciplinarias se disparan a partir de un trabajo sistemático y permanente de observación, evaluación, identificación de necesidades de cambio, impulso de los cambios y vuelva a la observación.
d. La información sobre el uso de los recursos
Es necesario también pensar en procesos de transparencia en la cantidad de recursos que reciben los sistemas judiciales y cuál es su utilización concreta. A nivel de justicia federal, la disparidad de posibilidades existente entre un organismo judicial situado en la Ciudad de Buenos Aires y uno situado en el norte o sur del país debería obedecer a decisiones de política institucional más que al centralismo reinante en la toma de decisiones en nuestro país. En los niveles provinciales seguramente encontraremos una situación similar entre las ciudades capitales y el resto de los organismos judiciales. Probablemente para optimizar el uso de los recursos sea necesario pensar en estructuras administrativas menos concentradas en “el centro” y con una mirada más regional.
Se trata de un tema que me supera por mucho ya que no cuento con herramientas suficientes para proponer, una mirada concreta.
Sí tengo la intuición de que establecer mecanismos concretos de transparencia en el ingreso, utilización y resultados a partir del uso de los recursos asignados, es un punto que no puede perderse de vista en una reforma judicial.
- ¿Qué lugar ocupa el federalismo?
Finalmente, no puedo dejar de mencionar que vivimos en un país en el que conviven un sistema judicial por cada provincia, más el sistema judicial de Ciudad de Buenos Aires, más el sistema judicial federal, más la justicia nacional (que en algún momento, ve tú a saber cuál será, se fusionará definitivamente con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires). Probablemente haya un consenso cercano a la unanimidad al afirmar que el sistema judicial más atrasado en todos los aspectos que he desarrollado en este texto (y muchos más, seguramente) es el sistema judicial federal. Por ello es que cuando hablamos de “reforma judicial” parece que prácticamente estamos hablando en exclusiva de la justicia federal y su hermana menor actual (que en algún momento será justicia de la C.A.B.A) la justicia nacional.
Pero debe considerarse, más aún en situaciones vinculadas con violencias de género, que todas las justicias provinciales tienen procesos diseñados que deben ser observados. En algunos casos para aprender de sus avances; en otros casos para evitar sus fracasos.
Un diálogo federal sobre la reforma judicial debe considerar el mapa nacional, conocer sus situaciones, identificar aquellos aspectos que resultan importantes para resaltar.
Probablemente ello signifique un proceso más lento. Pero debería ser un proceso que se inicie en algún momento. Porque, como también dice Sara Ahmed en Vivir una vida feminista “las ideas no deberían ser algo que se produce en la distancia, una forma de abstraer de algo, sino a partir de nuestra participación en un mundo que a menudo nos deja, francamente, perplejas”. En ese sentido, conocer las diversas realidades de nuestro país para pensar una reforma judicial, de seguro es una forma de darle una impronta feminista.
Conclusión
Cambiar la mirada hacia una justicia del acceso y el cuidado, que humanice las intervenciones judiciales implica necesariamente evaluar las formas en que se integran los sistemas judiciales.
Un sistema judicial integrado por personas con esa mirada requiere, necesariamente, diseños procesales que posibiliten la humanización; y el encuentro es una gran forma de humanizar la administración de justicia. Por ello la audiencia debería ser el centro desde el que se piensen los nuevos procesos.
Un proceso diseñado para el encuentro, con una composición comprometida con la humanización y el acceso, requiere una organización que fomente la colaboración y el aprendizaje; que impida al máximo posible la idea de que el poder se ejerce a través de las pequeñas ganancias de corte administrativo.
Una organización judicial con mirada en el acceso, composición estructuralmente igual y transparente y procesos basados en los encuentros, debe revisarse a sí misma en forma permanente, posibilitar las revisiones externas y pensar en crecientes formas de participación comunitaria. Adicionalmente, debe dar cuenta sobre el uso de los recursos públicos que le son asignados.
Y todo ello debe realizarse en el marco de un gran diálogo federal que posibilite extender los logros, revisar los inconvenientes y construir soluciones verdaderamente nacionales. De eso he intentado hablar en este texto y aunque no haya aparecido numerosas veces la afirmación “con perspectiva de género” estoy muy convencida de que el aporte del feminismo a la reforma judicial va de la mano con estas ideas. Después de todo, lo imposible solo tarda un poco más.
Fuente: Diario Femenino
Movilización frente a la Secretaría
de Minería de la Nación exigiendo
la inmediata liberación de lxs detenidxs
en Andalgalá
Resumen Latinoamericano,13 de abril de 2021.
Movilización frente a la Secretaría de Minería de la Nación exigiendo la inmediata libertad de lxs compañerxs detenidxs en Andalgalá por defender el derecho humano al agua y el inmediato cierre del proyecto Mina Agua Rica La Alumbrera (Mara)
«Para decir no a la criminalización de la lucha, no al proyecto Agua Rica- Alumbrera. En defensa del agua, la vida y los territorios en pie de lucha frente al atropello y la violencia de la megaminería y su mayor cómplice: el Estado Argentino», convocan #AndalgaláResiste
Fotos y videos: Julia Mottura
CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA Y A LAS AUTORIDADES NACIONALES
Por la presente expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo la población de Andalgalá en la provincia de Catamarca a partir del ingreso de máquinas perforadoras en el cordón montañoso del Aconquija, con fines de explotación a gran escala del yacimiento minero Agua Rica.
El ingreso reciente de esta maquinaria ha provocado confusión y malestar, poniendo en alerta al pueblo de Andalgalá así como a quienes venimos acompañando su reclamo en contra de la explotación megaminera. Entendemos que la presencia de dicha maquinaria obedecería a la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020), del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold. Lo que esta autorización no ha considerado es la existencia de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), así como de ambientes periglaciares dentro de la zona de exploración, violando lo dispuesto por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La existencia de estos cuerpos de hielo perennes ha sido incluso constatada por el propio Ministerio de Minería de Catamarca en una inspección llevada a cabo en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como por otra inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizada el 5 de marzo del corriente. Respecto de la existencia de ambientes periglaciares, el Ministerio de MInería provincial consideró que deberían realizarse estudios al menos por dos años, no obstante lo cual autorizó la exploración, violando el principio precautorio y preventivo dispuesto en Ley General del Ambiente.
Asimismo, esta exploración implica perforaciones y extracción de agua del río Minas, el cual forma parte de la cuenca del río Andalgalá, siendo este último el que nutre de agua a la población local.
En este sentido, la exploración autorizada implica contaminación ambiental y social, pues no solo se afecta el agua, el suelo y el aire -elementos de los que dependen los seres humanos y toda la biodiversidad de especies vegetales y animales de la zona- sino que también afecta la identidad cultural de Andalgalá al deteriorar la continuidad de trabajos tradicionales, como el cultivo de frutales -especialmente nogal, membrillo y vid-, la producción de conservas vegetales, aceite de oliva y dulces, por mencionar algunas, para las que es imprescindible un ambiente sano y seguro. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectándose la vida de la población presente y de las futuras generaciones.
A esto debemos sumar que en el día de la fecha, la Policía de Catamarca está allanando domicilios particulares y deteniendo a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, involucrándolos en el incendio de las oficinas de Agua Rica en la ciudad de Andalgalá. La coincidencia entre el reclamo social provocado por la presencia de maquinaria en el cerro y estas detenciones resulta altamente sospechosa, más aún si se tiene en cuenta que el pueblo de Andalgalá, así como la Asamblea de vecinos mencionada, viene manifestándose todos los sábados desde hace 11 años en las Caminatas por la Vida y siempre de manera pacífica, aún cuando no encuentren respuesta institucional a sus denuncias. Nos preocupa sobremanera la persecusión política que se está dando, viéndose afectados los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal y a la libre expresión de la población en el marco de un sistema de gobierno democrático.
En función de todo lo expuesto, exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente, la salud y la vida. Asimismo, requerimos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de 11 años por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.
Nora Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nóbel de la Paz y Pte. Honorario del Servicio Paz y Justicia.
SERPAJ (Servicio Paz y Justicia).
Beverly Keene. Economista. Cátedra Cultura para la Paz y los DDHH, UBA. Coordinadora «Diálogo 2000».
Mariana A. Katz. Integrante del SERPAJ y abogada de la Asamblea El Algarrobo.
Marcos Filardi. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Gabriel Fernando Bicinskas. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Juan Pablo Vismara. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Lis Sablé. Ingeniera Industrial Especialista en Ingeniería Ambiental.
Jessica Visotsky. Docente-investigadora Universidad Nacional de Sur.
Sebastián Quintana. Docente Universidad de Buenos Aires-Facultad de Derecho.
Laura Roda. Docente-investigadora Universidad Nacional de Catamarca.
Néstor Ruiz. Antropólogo. ONG Juntos podemos en un ambiente sano, Jujuy.
…
Para sumar firmas AQUI
Movilizaciones y responsabilidad política
Los asambleístas de Andalgalá responsabilizan al gobernador Raúl Jalil por la persecución iniciada y sostienen que, aunque «quieren que tengamos miedo», se tiene que saber que «el pueblo de Andalgalá está unido y está resistiendo.»
Uno de los comunicados de la asamblea destaca que “somos un pueblo que viene demostrando hace más de 20 años que no quiere la destrucción de su territorio, que no se vende ante la ilusión de un falso progreso que piensa que puede repartir espejitos de colores mientras echa mano a infiltrados y violencia para promover un modelo inviable e insostenible con la vida de los pueblos”.
Violentos allanamientos
«Rompieron las puertas de nuestra casa y también las de la casa de mi tío, que está al lado, él está enfermo y sin embargo ingresaron con toda violencia. Mi mamá estaba sola, con mis hermanos, a quienes también golpearon. Tiraron un cartucho en el fondo de mi casa, nosotros no utilizamos armas, no tenemos nada de todo eso, pero sin embargo ellos se llevan eso como prueba», declararon desde la familia Paz, otra de las víctimas de los allanamientos.
“Acabo de ser allanada violentamente en mi domicilio. Seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Revolvieron todo. Lamentable”, publicó en sus redes sociales Graciela Chayle, integrante de la asamblea.
«Las únicas pruebas en las que se basan son personas que concurrieron a la caminata del sábado pasado. La marcha fue multitudinaria, por lo cual debieran detener a todo el pueblo», aseguran desde la asamblea, en medio de una nueva avanzada que hace recordar a la histórica represión del 15 de febrero de 2010.
Este lunes se realizaron allanamientos y detenciones de personas identificadas con la lucha contra la instalación del proyecto Agua Rica. Son 25 órdenes de detención», denuncian desde la Asamblea El Algarrobo, en Aldalgalá, Catamarca. Fueron 7 las personas apresadas injustamente -entre ellas la del reportero gráfico Walter Mansilla y del comunicador Enzo Brizuela, de Radio Algarrobo- durante los allanamientos ordenados por la fiscal subrogante de Andalgalá, Soledad Rodríguez, tras las movilizaciones del sábado y el incendio de la oficina de la minera propiedad de las multinacionales Yamana Gold,Glencore y Newmont.
El proyecto MARA (Agua Rica) supera tres veces en magnitud a Bajo la Alumbrera, que es el primer mega-emprendimiento hidro-químico del país que explota yacimientos mineros desde el año 1997 en el departamento Belén (Catamarca)
La Gremial de Abogados y Abogadas
en relación con el tema de los Derechos
Humanos
Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2021.
LA GREMIAL EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A PROPÓSITO DE LAS DENUNCIAS QUE TRAMITAMOS SOBRE LA REPRESIÓN EN PARAGUAY.
PROFUNDIZAR LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE LAURA Y CARMEN VILLALBA Y LAS DENUNCIAS POR LAS NIÑAS
SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Gremial ha dado al respecto, innumerables veces, su punto de vista y lo reiteraremos acá porque hace al criterio con que venimos llevando las denuncias internacionales relacionadas con la represión en Paraguay.
Nosotros y nosotras partimos de la base de que el “mito” de los Derechos Humanos se asienta sobre el supuesto falso de que todos los seres humanos somos iguales, sin distinción alguna, escondiendo la división de clases y las relaciones de explotación a las que se encuentra sometida la mayoría de la humanidad.
El concepto de Derechos Humanos que predomina y que “marca la cancha” es el que esconde las legítimas luchas contra los crímenes que cometen los estados en el capitalismo en el marco de la pretensión de “fin de la historia” que constituye un pilar de la hegemonía ideológica de la burguesía.
Para esta concepción no hay otro mundo posible y la sucesión de modos de producción que constituye la historia humana ha alcanzado su cumbre definitiva.
Así, por lo tanto, se ha alcanzado, por un acuerdo de los estados y pueblos del mundo, la comprensión de que hay derechos consustanciales a la persona humana, inherentes a ella, ahistóricos, universales.
En ese sentido, una de las frases paradigmáticas en Argentina, y que representa este pensamiento, ha sido la de “Nunca Más”, como si la represión de 1976 fuera el punto final de la lucha de clases que fue el marco en la que se produjo; como si su sola enunciación, o la mera voluntad, pudieran poner un límite a la barbarie o hacer desaparecer sus causas estructurales.
Partiendo de la concepción individualista del ser humano (también ahistórica, o mejor dicho, negadora de la historia), que sólo entiende “los derechos” como propios de los sujetos individuales y a los “derechos humanos” dentro de una supuestamente eterna dicotomía entre individuo y estado, el concepto permite otorgar un marco teórico desde donde despojar las violaciones de DDHH de los contextos en que se producen y particularmente de la historia de la lucha de clases.
No hace falta mucha análisis para notar que la sub-ideología de los Derechos Humanos es sólo una expresión de la ideología de la burguesía, partiendo de los presupuestos básicos de ésta y sin ponerlos jamás en cuestión.
Por eso siempre dijimos que, para la Gremial, el tema “Derechos Humanos” debe considerarse en relación con situaciones históricas determinadas más que con relación a la puntualidad de represiones específicas.
Dicho de otra manera, la Gremial entiende que, en la Argentina, en Paraguay o en el mundo, existen procesos de luchas, procesos de cambio, luchas nacionales, territoriales y/o luchas de clases o luchas anticolonialistas y antiimperialistas.
En este marco, nuestra Asociación ha dicho que siempre, en todos los casos, estará del lado de los Pueblos, de los luchadores y luchadoras, y sobre todo de las organizaciones que lleven adelante esas luchas, cualesquiera sean los métodos, los medios o las vías que sean utilizadas.
No le corresponde en absoluto a la Gremial analizar, criticar o evaluar las formas de lucha de cada pueblo u organización.
Siendo así las cosas, a nuestro entender, la calidad de esas luchas (dicho esto en el sentido del nivel de organización de los pueblos y, por supuesto, del nivel de violencia que conlleva), generará siempre y en todos los casos, determinadas consecuencias.
Eso es inevitable; no hay luchas del tipo de las aquí mencionadas sin consecuencias, eso no existe.
En la historia de la defensa de su poder y sus privilegios por parte de las distintas clases dominantes (y la burguesía no es excepción), hay muertos, presos, desaparecidos, asesinatos en masa, secuestro de niños y niñas, violaciones y todo tipo de aberraciones inimaginables. Esto no es una descripción arbitraria de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, esto es lo que nos dice la Historia.
Si no existen las luchas aquí indicadas, la represión tampoco existe al nivel mencionado, a lo sumo será una represión preventiva y aleccionadora –que tiene como objetivo el control social– como la que se produce contra nuestros jóvenes de los barrios pobres en casos de “gatillo fácil” o “causas armadas”, pero también en el hecho de que las cárceles están, casi exclusivamente, llenas de ellos.
Pero la lucha político-ideológica genera siempre consecuencias terribles para los luchadores y luchadores, porque la crueldad silenciosa que condena a millones de seres humanos a la desigualdad más atroz que haya vivido nuestra historia se acrecienta aun más contra quienes amenacen o pongan en peligro el sistema que la sostiene; y ahí aparece, entonces, la violencia que ejercen, en particular los Estados, en su forma más explícita, la represión en su máxima expresión: la represión a las organizaciones populares y a sus miembros.
Entonces, como se ve, el concepto de “violación a los Derechos Humanos” es algo sobre lo que la Gremial tiene su particular punto de vista. Por esa razón decimos siempre que no somos una organización de DDHH, sino de Solidaridad; solidaridad con esas luchas, solidaridad en la que colocamos nuestra organización, con todas sus limitaciones, a disposición de quienes las llevan adelante.
Nosotros tenemos un concepto que podemos denominar histórico. Entendemos, como dijimos, que son las luchas populares o las revolucionarias o antiimperialistas, las que generan represión. Y que esa represión es, en general, acorde al desafío al que la clase dominante cree enfrentarse.
En ese marco es que no aceptamos el concepto de “víctimas” que recorta –obviamente sin inocencia– y quita el contexto de las luchas de fondo donde se desenvuelven; en particular, el protagonismo de quienes las llevan adelante.
La Gremial de Abogados, entonces, no defiende “víctimas” sino luchadores y luchadoras, en referencia al nivel de conciencia y compromiso de quienes asumen esas luchas. Tampoco representa a los y las jóvenes pobres y a sus familias en calidad de “víctimas”, sino como parte de nuestro pueblo trabajador que son tratados como enemigos por un Estado que representa y pertenece a los explotadores. Un Estado que, desde nuestra visión, no comete “errores ni excesos”, sino, simplemente, cumple su misión de abatir a la clase explotada.
Un luchador o una luchadora consciente de por qué pelea, por qué se expone, por qué se arriesga, no puede ser considerado una “víctima” para la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina.
Y decimos más: incluso aquellos y aquellas que podrían (hipotéticamente y en casos específicos) ser “víctimas”, en el sentido de no ser militantes o combatientes; aun en esos casos, si las mismas son consecuencias de las luchas, de los enfrentamientos, al estar relacionadas, aunque sea indirectamente a ellos, tampoco serían víctimas, puesto que sus padecimientos por crueles que fueran, tienen que ver con los procesos que relatamos.
No es lo mismo la víctima de un accidente que considerar víctima a un luchador o una luchadora. Tampoco los hechos que sufren son obra de sujetos perversos que desde un lugar de poder se les ocurre atacar gente.
Acompañando al concepto ahistórico de lo que se suele denominar “Derechos Humanos”, existe otro que podríamos llamar coyuntural o quizás humanista o probablemente justiciable.
Esta concepción minimiza la lectura de la historia del concepto como fruto de los horrores cometidos (particularmente durante el siglo 20) por los Estados capitalistas o los imperialistas y, a la vez, como respuesta de esos mismos Estados. Un concepto ahistórico que se pretende como un concepto de “justicia”, de seres humanos a quienes se les privó de justicia; todo ello a partir de una coyuntura determinada, sea un golpe militar o represiones de cualquier tipo.
Los y las que así opinan suelen no otorgarle peso al proceso histórico que lleva a esas violaciones, ni mucho menos las identidades de las organizaciones a las que pertenecen los reprimidos y reprimidas. Consideran la coyuntura específica a partir de la cual se afectan determinados derechos y, por tanto, el reclamo especial es el de “Justicia”, la que se suele requerir muchas veces al mismo Estado que produjo las represiones y en muchos casos hemos asistido que se les requieren también a los mismos gobiernos.
Por supuesto que este concepto de Justicia deja de lado los objetivos o, incluso, las injusticias sociales que puedan haber sido el origen de las luchas colectivas y la represión.
En términos generales, las “reparaciones”, cuando las hay, siempre apuntan a lo individual y a los efectos, nunca a las injusticias estructurales que explican el conflicto y los comportamientos.
Estas dos definiciones que esbozamos son absolutamente diferentes en lo conceptual y por tanto originarán distintas acciones, distintas formas de actuar; incluso hasta en lo jurídico.
La Gremial, claro está, guarda respeto y consideración por los compañeros y compañeras que no opinan como nosotros, a quienes en muchos casos conocemos y apreciamos.
Y también reconocemos que nuestro pensamiento es muy minoritario, tanto entre los organismos de Derechos Humanos como en sectores progresistas y de izquierda en la Argentina.
Pero, no por ello podemos dejar de plantear nuestros criterios. En primer lugar, porque estamos en nuestro derecho de hacerlos conocer y, luego, porque planteadas con sinceridad y buena fe las convicciones, siempre serán más fáciles las discusiones.
Escondiéndolas, como a veces nos piden, o poniendo por delante “la unidad” como muchas veces invocan para que no digamos lo que pensamos, se hará un daño mucho mayor que poniéndolas sobre la mesa como acá lo hacemos.
Dicho esto, eso no significa que resignemos el espacio de Derechos Humanos como un ámbito desde el cual pueda contribuir a los procesos emancipatorios, siempre y cuando este espacio sea parte de la agenda de los pueblos y no de organizaciones creadas, financiadas o promovidas desde el enemigo (Imperialismo, enemigos de clase), que se condene la acción del Estado y/o sus sirvientes en cada caso particular sin que ello lleva a condenar las variadas formas de lucha que cada pueblo y sus organizaciones adopten en cada caso concreto. Sin dudas, desde ese lugar, las acciones permiten conocer y difundir las luchas que se llevan adelante debilitándose la actividad y/o fortaleza estatal y tienden un puente en la sociedad que permite una mayor comprensión del marco en el que se desarrollan.
SOBRE LA HISTORIA DE LA GREMIAL DE ABOGADOS
Este punto no pretende sino volver a explicar de dónde venimos; para facilitar entender por qué pensamos de la manera expuesta arriba y para, finalmente, entrar el tema de nuestro accionar en el conflicto en Paraguay por la disputa de la tierra entre el campesinado y los latifundistas.
La Asociación Gremial de Abogados nace a fines de los 60, principios de los 70, en tiempos de las dictaduras militares encabezadas por el General Onganía, primero, y el General Lanusse, después. Tiempos de represión, aunque no de la dureza, gravedad y escala que vendría posteriormente.
Los abogados que defendían presos políticos eran perseguidos y represaliados. Y los Colegios de Abogados que, se suponía, debían defender a los colegas, en lugar de ello representaban los intereses de los poderosos estudios jurídicos ligados a las multinacionales y las grandes empresas (al igual que ahora) o ponían incluso a sus miembros al servicio del propio Estado represor.
Es por eso que la Gremial debe su denominación, su identidad, a que era una especie de estructura propia para defenderse de esas represiones, ya que los Colegios no lo hacían.
Eran tiempos de auge en las luchas populares y de gran crecimiento de las luchas nacionales y sociales, al tiempo que se desarrollaban con fuerza las organizaciones armadas revolucionarias.
El concepto de “Derechos Humanos” como hoy se lo conoce, no existía; y tampoco tenía porqué existir. En general, salvo poquísimas excepciones, nadie clamaba por “respeto” a los Derechos Humanos, ni menos se pedía “Justicia”. La Justicia, se sabía, sólo podía provenir de la lucha social y política, no de uno de los poderes del Estado. Los revolucionarios y revolucionarias, los y las dirigentes sindicales, sociales o barriales luchadores peleaban y morían o eran detenidos y/o torturados en una lucha que se elegía con conciencia y sus consecuencias eran parte del compromiso asumido.
En procesos como aquellos, los revolucionarios y revolucionarias ejercían su propia Justicia revolucionaria contra las fuerzas represoras o los dirigentes sindicales traidores o los propios capitalistas; y todos estos últimos también operaban con todo el aparato del Estado para exterminarlos.
La Asociación Gremial de Abogados (así su nombre original, hoy los descendientes políticos y jurídicos de aquellos gloriosos colegas denominamos “de Abogados y Abogadas” a nuestra Gremial) se creó para autodefensa y también porque nucleaba a los defensores de presos políticos.
Sin la Gremial habrían sido mucho más difíciles gestas heroicas como la famosa fuga del penal de Rawson, para dar un ejemplo, o de otras prisiones.
Como decimos en nuestro material “La Historia que nos honra”, que recomendamos leer, la Gremial se desarrolló en toda la Argentina y llegó a producir asambleas nacionales de hasta 300 colegas y tuvo materiales de prensa propios.
Y, como corresponde, porque no podría ser de otra manera, esa Gremial fue duramente reprimida. En tiempos de su fundación ya hubo abogados asesinados y desaparecidos. Posteriormente en 1974/75, durante el gobierno peronista y con la creación de la Triple A, esa represión se incrementó. Varios de sus fundadores fueron ejecutados o desaparecidos.
Y entonces, la Gremial, por razones de seguridad entre otras, no pudo seguir funcionando organizadamente. Los compañeros y las compañeras de las organizaciones caían presos y ya no era posible una defensa jurídica como a principios de los 70, porque los abogados eran igualmente secuestrados o asesinados. La dictadura militar de 1976 dio la puntada final a todo esto y la Gremial desapareció por completo.
La Gremial tiene más de 150 colegas desaparecidos, asesinados o muertos en las torturas.
Aun así, durante la feroz represión de un gobierno constitucional y luego durante el golpe militar, nadie pedía “Justicia” o respeto a los derechos humanos.
El cambio en las formas de dominación a nivel global tuvo, justamente, una expresión temprana en la política de “Derechos Humanos” llevada adelante por el Departamento de Estado de EEUU de la administración Carter que comenzó a marcarles un cambio de rumbo a las burguesías que, hasta allí, se manejaban preferentemente con dictaduras militares, también impulsadas por los Estados Unidos.
Este cambio de rumbo, y no era un detalle menor, se da cuando las organizaciones revolucionarias en toda América habían sido derrotadas. Y es en este escenario político en el que aparece en un papel principal la heroica lucha de los familiares de los compañeros caídos, expresada principal y simbólicamente en las Madres de Plaza de Mayo.
De ahí en adelante se fue desarrollando el concepto de Derechos Humanos tal como hoy se lo conoce. Los criterios y conceptos de la histórica Gremial de Abogados carecían de defensores, quizás por la sencilla razón de que muchos de ellos estaban muertos; y lo mismo puede decirse respecto de las organizaciones guerrilleras de los 70 y sus miembros, como tales.
Estos, y aquellos, en cambio, sí pudieron ser reivindicados, pero como “víctimas”.
Y es absolutamente lógico que familiares de presos o desaparecidos pidieran “justicia” y “respeto” a los Derechos Humanos. Hoy vemos lo mismo en relación a las madres de los jóvenes muertos por la política del “Gatillo Fácil”.
Con organizaciones revolucionarias derrotadas en toda la línea, con las estructuras obreras y populares arrasadas, con una Argentina donde se llevó la conciencia de la clase trabajadora a niveles muy bajos, era imposible discutir estas cuestiones.
El criterio mencionado imperó y ya no fue posible explicar ni discutir como ahora lo hacemos.
Los familiares de muertos y desaparecidos, aun con su entrega y sus gloriosas luchas, no eran ni pensaban como los compañeros caídos; y durante años y años no hubo posibilidad alguna de discusión de estos temas tal como aquí los planteamos.
Hoy mismo cuesta mucho; le cuesta a la Gremial como les cuesta a algunas organizaciones políticas que nos acompañan. Y en eso no somos ingenuos, la gran mayoría no piensa como nosotros.
En el 2008 un pequeño y reducido grupo de colegas, más algunos estudiantes de abogacía, hicimos renacer aquella gloriosa Gremial, ahora llamada Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y la dotamos, en su Plenario fundacional, de la Declaración de Principios ya publicada varias veces y que recomendamos también leer.
Y así empezamos esta segunda etapa, con el ejemplo de nuestros predecesores de anteriores generaciones y tratando de rescatar y recrear los criterios históricos.
SOBRE LA SITUACIÓN EN PARAGUAY
Con esta historia ya relatada arriba, con los criterios ya mencionados, la Gremial de Abogados y Abogadas encaró desde el propio 2008 la solidaridad con los luchadores y luchadoras del PARAGUAY (también de otros países).
Y puso mucho esfuerzo, mucha tarea, mucho trabajo jurídico, mucho cuerpo y recursos, mucha voluntad en esa solidaridad.
Como la ponemos con nuestros propios luchadores y luchadoras de Argentina, o con otros de otras latitudes.
Cuando nadie quería saber nada con los seis presos del Partido Patria Libre del Paraguay (que se presentaron a pedir refugio y el gobierno de Kirchner los encarceló), la organización FIDELA, uno de los antecedentes de esta nueva Gremial de Abogados y Abogadas, tomó el caso y luchamos duramente para evitar la extradición. No era aquel un gobierno que se caracterizara precisamente por la solidaridad con los luchadores latinoamericanos perseguidos. Ya constituida la Gremial llegamos hasta la Corte Suprema tratando de evitar esas extradiciones.
Nos entrevistamos con ministros de la Presidenta Kirchner; nos reunimos varias veces con el Obispo Lugo, antes y después de ser presidente, aquí y en Paraguay (siempre con nuestros propios recursos, jamás con dinero del Estado ni de ninguna organización); pero todo fue imposible y finalmente los Seis fueron extraditados.
Los tiempos eran otros, la Gremial recién empezaba y carecía del trabajo que hoy puede exhibir (y quizás del poco prestigio que podemos tener hoy día). También maduraron el tiempo y las condiciones para que el actual gobierno argentino haya tomado una actitud distinta con las persecuciones políticas llevadas adelante por el estado paraguayo.
La Gremial, junto a Nora Cortiñas (ella en soledad, porque tampoco la acompañaban muchos) concurríamos a algunas audiencias en Paraguay. Jamás dejamos de visitar a los presos en las cárceles de Asunción, todo, siempre, con nuestros propios recursos; a lo sumo, contando con alojamiento solidario.
Cuando aparece a la vida política paraguaya el EPP y aparecen también sus primeros presos, la Gremial era la única organización de abogados que los y las visitaba periódicamente, durante años y años, en soledad absoluta. No lográbamos solidaridad alguna ni en la Argentina ni, mucho menos, en Paraguay.
Compañeros y compañeras nuestras hacían largos viajes para uno o dos días de visita con los presos actuales del EPP. Y estuvimos presentes durante los incidentes del golpe interno contra el presidente Lugo que terminó saliendo del gobierno como era esperable: sin pena y sin gloria.
La Gremial colaboró hoja por hoja, y palabra por palabra de los expedientes, con las defensas de los compañeros y compañeras del EPP, estuvo en las audiencias, e incluso compañeros nuestros fueron sacados de la sala de audiencias para ser interrogados por la Interpol.
Y aquí aparecen los criterios de nuestra Gremial: nunca pensamos ni dijimos ni hicimos nada que pusiera a los miembros de esa organización como víctimas. Por el contrario, contra la abrumadora mayoría de las opiniones provenientes de la izquierda y el progresismo y las Organizaciones de Derechos Humanos de Paraguay y de Argentina, siempre sostuvimos su calidad de militantes políticos revolucionarios, de insurgentes, de presos políticos. Calidad que se les negó reiteradamente, cuando no dio paso, lisa y llanamente, a acusaciones vergonzosas (para quienes las emitieron). Y por supuesto que sentimos claramente el vacío que se hizo a nuestro alrededor por defender a presos y presas paraguayas.
Si de algo sabemos es de Paraguay, como también podríamos decir lo mismo de Perú. O del País Vasco. Y quizás, en mucha menor medida, de Chile. Pero sobre todo, si de algo sabemos es de Paraguay.
Cuando asesinaron a Lilian y María Carmen y desaparece Lichita fuimos la primera organización que envió a un compañero, acompañado por un militante de una organización política, a la zona más caliente del Norte paraguayo, a Concepción, a Amambay, al Cerro Guazú, con las tropas militares de la FTC siguiéndolos a sol y a sombra.
Y con estos conocimientos y con esta experiencia real, adquirida en los lugares concretos, es que venimos a dar nuestra opinión sobre la situación del Paraguay y sobre el conflicto.
Entendemos que en el Paraguay de hoy el conflicto principal es por la tierra. Un conflicto que lleva años, muchos años y que enfrenta a los dueños absolutos de la tierra, los latifundistas, contra los campesinos, que son masivamente expulsados de sus lugares de distintas maneras.
Vemos, verificamos –porque hemos estado allí todos estos años–, que ese conflicto se desarrolló a niveles más altos de organización y lucha por parte del campesinado y de represión por parte de los latifundistas. Que la aparición del EPP implicó un avance en la conciencia y la resistencia del campesinado y, por lo tanto, el Estado subió la apuesta e hizo intervenir a las Fuerzas Armadas en el conflicto, creando las FTC y ocupando militarmente todo el norte oriental paraguayo.
Viendo la escalada de violencia que se venía y previendo lo peor, sabiendo por propia experiencia que la crueldad de los represores no tiene límites y se ensaña con los niños y las familias de los luchadores, la Gremial colaboró HACE MÁS DE DIEZ AÑOS, para traer a varias mamás con niños recién nacidos o embarazadas y asentarlas en la Argentina. Eran hijos e hijas de militantes del EPP o sus parejas embarazadas.
Hoy esto se puede decir, en aquellos años era imposible. Entre estas madres estaban las hermanas Myrian, Rosa y Laura Villalba con sus niños y la abuela Mariana. Los niños fueron escolarizados y crecieron rodeados de amor y de cuidados. Las madres también estudiaron. Laura Villalba es hoy enfermera profesional diplomada en Paraguay y en Argentina; Myrian Villalba es abogada y ejerció el Derecho Penal en Paraguay, aun viviendo en la Argentina, fue defensora de presos políticos, particularmente de su hermana Carmen, pero también realizó estudios, al igual que Rosa, para adquirir oficios calificados que permitieran sostener y mejorar las condiciones de vida de la familia.
Tanto Myrian como la respetada colega Daisy Irala trabajaron mucho por los presos políticos y no la tuvieron fácil frente a jueces, fiscales y tribunales paraguayos. Por supuesto, en soledad. Hoy Myrian junto a su mamá Mariana (abuela de las niñas) y su hermana Rosa, están, como todos saben, a la cabeza de las luchas en la Argentina por los reclamos sobre las niñas y la libertad de Carmen y Laura.
De cómo se produjeron las muertes
Como ya sabemos, cinco niñas con su tía Laura cruzaron al Paraguay en noviembre de 2019 y se internaron en el norte, a intentar conocer o visitar a sus padres; la inteligencia militar paraguaya con apoyo de norteamericanos, colombianos, israelíes, etc., detectó la presencia de este contingente no beligerante y desarmado e hicieron lo esperable, algo que es de manual de cualquier guerra sin códigos ni moral como la que lleva adelante el Estado paraguayo contra el campesinado y sus organizaciones armadas. Atacaron el lugar donde estaban las niñas, secuestraron a dos de ellas para luego torturarlas y asesinarlas y no pudieron asesinar al resto porque escaparon.
Cuando los militantes del EPP enviaron un contingente de tres integrantes a rescatar a las sobrevivientes los ejecutaron sin disimulo, sin códigos, sin justicia, sin Derechos Humanos. Simplemente hicieron público que habían sido asesinados por francotiradores emboscados.
El resto es historia ya conocida: la ruptura del cerco de las FTC por Anita y Tania, la captura de Laura y la desaparición de Lichita.
SOBRE LAS RESPUESTAS JURÍDICAS Y EL TRABAJO DE LA GREMIAL
Frente a la conmoción que significó el asesinato y desaparición de las niñas, las distintas visiones con cuya sumaria descripción comenzamos este documento emergieron.
Ahora sí, cuando aparecen las “víctimas”, además niñas, y ya no se trata “solamente” de militantes combatientes, la cuestión del Paraguay tiene lugar en algunas agendas.
La Gremial, como correspondía, se centró en la lucha que había que llevar adelante y, con absoluta amplitud, estuvo desde el primer momento construyendo e impulsando la Campaña #eran niñas, que comenzó como “nacional” y rápidamente se convirtió en “internacional”; y que, desde fines de diciembre, tristemente, debió convertirse en la Campaña Internacional #eran niñas/Aparición con vida de Lichita.
La visión, quizás absolutamente mayoritaria, es la que toma el hecho coyuntural de los asesinatos y la desaparición de las niñas en manos del Estado Paraguayo. Y por tanto se desprende de las razones en las que se originan y consideran que es necesario pedirle al propio estado que “investigue”, que “haga justicia” o que permita una “investigación independiente”.
Ha habido comisiones o plataformas o grupos de respetados compañeros y compañeras que han dicho que hay que hacer eso; e incluso han dado algunos pasos en ese sentido.
En general, nosotros y nosotras hemos hecho siempre un esfuerzo para poder articular en los espacios compartidos, aun teniendo diferencias, porque a veces lo permite la situación, privilegiando los resultados que todos buscamos.
El problema se suscita, y no es la primera vez que nos sucede, cuando después de un trayecto de trabajo realizado, estas organizaciones lo utilizan -generalmente omitiendo mencionar nuestra participación- con fines personales o institucionales que lo desvirtúan justamente en la idea contraria que sostenemos, sin respeto a nuestra concepción de trabajo.
En el tema del Paraguay, comenzaron a intervenir distintos espacios y a expresarse distintas miradas, pero en el caso de algunos de ellos, sin consultarnos en forma previa acerca del trabajo que veníamos desarrollando, desplegaron una serie de pasos, medidas o acciones que se iban a realizar en Paraguay.
Algunas de esas acciones van en sentido contrario a las que veníamos trabajando; y eso es algo que nos ha preocupado.
Sólo a modo de ejemplo: si sostenemos que el Estado del Paraguay es Terrorista (que ya de por sí es difícil impulsar, pues, en general, no siempre los Organismos de DDHH aceptan que esta configuración pueda darse en democracia), estamos hablando de una conformación en la que ya no quedarán resquicios para plantear recurso alguno interno desde donde la legalidad burguesa pueda introducirse. Si ésa es la estrategia, pedir investigación independiente al mismo Estado le quita el carácter de Terrorismo de Estado y le da oxígeno a la idea de que aún existen instancias del “estado democrático de derecho” que pudieran contemplar esa posibilidad.
Esto, por supuesto, es distinto a la necesidad jurídica práctica, en ciertas cuestiones, de agotar, o dar por agotadas, instancias internas antes de recurrir a las instancias internacionales.
Fuera de ello, de verdad creemos que, salvo los abogados y abogadas paraguayos (y no todos), tenemos compañeros colegas de la Gremial que conocen lo suficiente el Derecho Penal del Paraguay, como así también su Constitución, y por si fuera poco, conocen el funcionamiento de los tribunales por haber presenciado e, incluso, participado de los juicios; conocen juzgados de instrucción, fiscalías, etc., y conocen a muchos de los personajes que ocupan esos cargos. Saben lo jodidos que son cada uno de ellos, cómo actúan y cómo las gastan con quienes no son muy avispados en esos procedimientos.
Lo cierto es que, sabiendo de toda esta experiencia que la Gremial acumuló, no nos consultaron para nada. Obviamente están en su derecho, carecían de obligación alguna. Y tampoco tendrán ninguna obligación de consultarnos futuras comisiones que vayan al Paraguay.
Pero nosotros sí tenemos la obligación de hacer saber o reiterar una vez más, todo lo que la Gremial ha hecho por las niñas, por Lichita y por Laura desde el punto de vista jurídico a partir de la ejecución de las niñas.
DEFENSA DE LAURA VILLALBA
La colega que reemplazó a Daisy Irala, Sinthia Ruiz, presentó un pedido de traslado de Laura Villalba desde la cárcel militar donde se encuentra detenida por orden de la jueza interviniente; solicitud que fue denegada, apelada y nuevamente denegada.
Contra esas decisiones en sede judicial no proceden los habeas corpus, sólo agotar las instancias recursivas.
La Gremial y sus integrantes, están a disposición de Sinthia Ruiz, siguiendo nuestra costumbre, para lo que ella y la familia, en este caso, de Laura, decidan en cuanto al rumbo de la causa.
PRESENTACIONES INTERNACIONALES
En este tema también aparecen las dos concepciones explicadas arriba.
Como partimos de la base que estamos hablando de un Estado Terrorista, la Gremial de Abogados y Abogadas estableció dos líneas de intervención de “afuera hacia adentro”: incidir en el Estado Argentino para que se involucre e intervenga, convirtiendo los hechos sucedidos en un conflicto diplomático -que lo es realmente- y, por otro lado, realizar denuncias en el sistema internacional, en el que se eligió el sistema de Naciones Unidas. Nuestro país, en ese sentido, ha tenido amplia experiencia durante la última dictadura militar del valor de estas acciones.
La Gremial hizo las siguientes presentaciones que fueron publicitadas por comunicados y conferencias de prensa masivas en las que intervinieron prestigiosos compañeros y compañeras, entre ellos varios componentes de la última misión al Paraguay
1) Presentación ante la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias de las Naciones Unidas.
Esta presentación se hizo primero por escrito con mucha fundamentación y pruebas, sus textos fueron dados a conocer por la Gremial, están en sus sitios web y quedan a disposición de quienes los requieran o nos pidan asesoramiento.
Justamente deben poseer una gran calidad técnica, fundamentación y prueba puesto que de lo contrario no tendrán acogida favorable por los miembros de la Relatoría.
Una vez acogidos a trámite, el Comité determinó la audiencia donde declararon las testigos Tania y Anita. Las adolescentes relataron, con presencia permanente de la Gremial, todos los pormenores de las capturas de sus primas, como así también las ejecuciones de los tres militantes del EPP que fueron a rescatarlas, incidente en el cual fue herida Lichita por segunda vez.
2) Presentación ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La Gremial hizo esta presentación por las dos niñas asesinadas, con igual calidad técnica que la anterior.
A su vez la Gremial patrocinó a Anita en su denuncia por la desaparición de su hermana melliza Lichita.
En este Comité, una vez aprobado el trámite, declaró Anita acompañada por la Gremial y por Marisa Graham, Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Argentina.
3) Estas dos presentaciones de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, fueron la base con la cual se expide en forma pública la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.
Primero la Alta Comisionada le requiere explicaciones al Gobierno del Paraguay, éste contesta con información que resultó “no satisfactoria” para el Organismo y por lo tanto la Alta Comisionada emite un pronunciamiento declarando su “profunda preocupación” a partir de que “se han conocido testimonios fiables” (o sea los de Tania y Anita), intimando al Gobierno del Paraguay a que busque a Lichita y reclamando una investigación independiente sobre las ejecuciones de las niñas.
Todo a la “luz de los testimonios” dice textualmente.
También pide por la situación de Laura Villalba
4) A partir de todas estas presentaciones, el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a pedido del Comité de los Derechos del Niño, interviene de oficio dando por cierto los testimonios de las sobrevivientes Anita y Tania e inicia una “acción urgente” que sigue en proceso.
El gobierno paraguayo produjo una contestación que era verdaderamente un desastre y, por lo tanto, este Comité sigue aún trabajando en el tema.
GESTIONES ANTE EL GOBIERNO ARGENTINO
La Gremial presentó los refugios de los miembros de la Familia Villalba de nacionalidad paraguaya, cinco de los cuales fueron otorgados y se encuentran en trámite otros dos.
También sostuvo reuniones con Cancillería donde se logró que el gobierno argentino solicitara el ingreso al Paraguay del Equipo de Antropología Forense, con relación a las niñas asesinadas.
Cancillería también sostuvo una postura de reclamo frente al gobierno del Paraguay, siendo parte de la agenda en los encuentros que ha sostenido con dicho gobierno en sus relaciones bilaterales.
Del mismo modo se logró trasladar a la familia desde la Provincia de Misiones a Buenos Aires, asumiendo las gestiones de lugar y contención de los niños, niñas y adolescentes que son parte del grupo familiar.
NADA HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA ACCIÓN DE LA GREMIAL
Todas estas presentaciones implicaron un ingente trabajo muy completo por parte de dos o tres compañeras/os colegas que no dejaron puntos pendientes.
Sin estas presentaciones concretas, tangibles, reales, efectivas, nada hubiera sido posible; y hoy seguiríamos reclamando y declamando por vía de medios de comunicación y por vía de Comisiones o Plataformas.
De esto hablamos cuando hablamos de que sabemos de lo que hablamos.
PEDIMOS EVITAR CONTRADICCIONES CON NUESTRO TRABAJO
Como puede apreciarse se trata de un trabajo intenso que aún está en marcha. La Gremial eligió el camino de las denuncias internacionales ante los organismos de las Naciones Unidas.
Se podía haber elegido otro, u otros, la Gremial eligió este, y por lo que sabemos nadie, ningún organismo de DDHH, ningún abogado u abogada de los tantos que hay en la Argentina y en Paraguay, ninguna Comisión o Plataforma, produjo ninguna otra presentación, ni mejor ni peor, directamente no hubo otras presentaciones.
Por supuesto se podrá criticar nuestro trabajo, pero en tal caso preferiríamos que se lo haga desde otras tareas o presentaciones concretas y no desde la teoría.
Ahora bien, hemos visto que algunos planteos pueden resultar verdaderamente contradictorios con nuestro trabajo ya avanzado, por ejemplo, pedir la intervención del Sistema Interamericano.
Se elige uno u otro camino, y si ya estamos en el nuestro y nadie nos indicó ni nos sugirió otro, vemos mal que todo este trabajo se afecte por presentaciones que pueden ser TÉCNICAMENTE contradictorias con lo que se viene haciendo.
El otro punto está referido respecto de a quién se le pide o requiere intervención. La Gremial entendió que todo reclamo al Estado Paraguayo no debería provenir en forma directa en consideración que son los propios autores de las atrocidades y con ese criterio elegimos que sean los organismos internacionales quienes actúen.
De manera que si se pide ahora una “investigación independiente” tenemos que recordarles que eso ya fue requerido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y está en curso. Todo a instancias de la Gremial. Y todo ello abarca tanto a Lichita, las niñas asesinadas, Laura presa y hasta los tres militantes del EPP ejecutados por los militares.
También, a partir de esas acciones, el Comité de los Derechos del Niño inició una investigación propia que se encuentra en curso.
Reiteramos una vez más, ni consultarnos es una obligación, ni crear comisiones o plataformas con objetivos similares a los ya trajinados por nosotros es una prohibición, ni hacer las presentaciones que se consideren pertinentes es algo que debamos evitar.
Pero nos corresponde y asumimos el derecho de informar todo lo que venimos haciendo.
SOBRE LA LIBERTAD DE LAURA VILLALBA Y SOBRE LAS NIÑAS ASESINADAS
La Gremial de Abogados y Abogadas no dejará de seguir adelante con todo lo que viene haciendo por la aparición de Lichita y acrecentar todo lo que hicimos por la libertad de Carmen Villalba, ya próxima a cumplir su condena.
Para dar un ejemplo sobre Carmen: cuando un comando del EPP atacó un camión militar, dando muerte a ocho miembros de las tropas especializadas, hubo amenazas creíbles de represalias contra su integridad física o de su traslado fuera de la Cárcel del Buen Pastor; es más, la sacaron de allí y la llevaron a un cuartel policial. Temíamos lo peor, sobre todo considerando la experiencia argentina de ejecuciones de prisioneros ante operaciones militares de las organizaciones armadas durante la Dictadura.
La Gremial de Argentina produjo rápidamente una presentación internacional que dio sus frutos y, gracias a esta y el trabajo de las abogadas en Paraguay, Carmen fue devuelta al Buen Pastor.
Lo concreto, entonces, es que la Gremial seguirá con las acciones y presentaciones que nos pidieron desde la familia Villalba en Argentina, salvo que expresamente nos manifiesten otras directivas, cosa que no vemos que ocurra porque nos han ratificado las designaciones.
Además, tenemos que informar que la familia Villalba en la Argentina nos han encomendado expresamente que continuemos e iniciemos una Campaña por la Libertad de Laura Villalba, concretamente nos lo encomiendan su mamá Mariana y su hermana Myrian.
Del mismo modo Laura firmó la presentación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su detención ilegal y su reclusión en un cuartel militar.
Asimismo, nos encomiendan que profundicemos las tareas relacionadas con las denuncias de las ejecuciones de las niñas Lilian Mariana y María Carmen.
La Gremial tomará con la misma seriedad de siempre la tarea encomendada y agradecemos profundamente la confianza que depositan en nosotros.
Pediremos a todas las organizaciones que nos acompañen, que confíen en nosotros como lo han hecho durante muchos años y que nos ayuden en estos trabajos y en las luchas que se vienen.
Diseñaremos todo lo que sea necesario para la campaña, informaremos puntualmente cada paso como siempre lo hacemos y pedimos que nos digan, nos avisen y nos confirmen la voluntad de ser parte de la misma.
Laura Villalba tiene una abogada defensora en Paraguay con la que tenemos muy buena relación y viene trabajando bastante. Valoramos mucho su trabajo.
La colega cobra honorarios, como cobra y corresponde que cobre cualquier profesional. Los abogados viven de su trabajo y cobran, como cualquier otro trabajador.
La familia Villalba nos informa que tiene serios inconvenientes en conseguir los fondos para pagar los honorarios de la abogada, hasta ahora le han podido pagar, pero se trata de sumas que no están a su alcance y probablemente tampoco estarían al alcance de muchísimas organizaciones de la Argentina, de la gran mayoría seguro.
No cuestionamos el valor del trabajo de la colega paraguaya porque sabemos que en Argentina cualquier abogado que se consulte para una causa como la de Laura Villalba cobraría seguramente más; aunque nos resulte mucho dinero, es lo que cobran los abogados y no lo cuestionamos en absoluto.
La campaña por la Libertad de Laura implicará conseguir los fondos para pagar los honorarios de la colega. No será tarea fácil.
CONCLUSIÓN: DARLE CON TODO A LA CAMPAÑA
Jamás dirá la Gremial de Abogados y Abogadas que no pretende polemizar, justamente la polémica es lo que, entendemos, ayudará a intentar síntesis.
Sin plantear lo que pensamos será imposible cualquier acercamiento, síntesis o coordinación.
Nos negaremos siempre a las recomendaciones que nos suelen hacer en Argentina o en Paraguay, respecto de que “lo importante en la Unidad”. Esa “Unidad”, para la Gremial, debe basarse en acuerdos, no en lanzarse actividades sin proyectos, sin objetos claros, sin hojas de ruta respecto de actividades carentes de argumentos. Esas “unidades” duran poco. No es la forma de trabajo de a Gremial, nunca lo ha sido.
La unidad es una herramienta y las características concretas que debe tomar esa herramienta están determinadas por la tarea a emprender.
No nos negamos a sentarnos a conversar lo que fuere, sea en la generalidad o la particularidad de Paraguay, si nos convocan con un planteo concreto y con un temario de acciones que nos sea posible discutir.
Por supuesto, la Gremial planteará con énfasis sus criterios.
Lo que nos caracteriza es que todo, absolutamente todo, lo que decimos, los comunicados, las publicaciones, los escritos (incluyendo éste mismo), siempre tendrán que ver con una práctica.
Jamás escucharán o leerán a la Gremial de la Argentina hablar desde la teoría o desde el plano de las meras ideas u opiniones.
Porque nuestras ideas son siempre y en todo momento sustentadas y acompañadas por una práctica concreta.
Por eso, durante años y años, la Gremial trabajó, produjo, hizo, estuvo, puso todo su saber y su voluntad en las causas que nos encomendaron, incluyendo las causas relacionadas con el conflicto del Paraguay. Convengamos que hacer primero, para luego poner sobre la mesa la producción concreta de la Gremial y por último analizarla, aunque sea en controversia con otros planteos, nos otorga un mínimo de autoridad moral.
Y esto es lo que pedimos se considere.
Cuando se discutan estos puntos, sea sobre los DDHH en general, sea el conflicto paraguayo, pedimos que se haga un esfuerzo en diferenciar entre los que discuten desde las ideas o desde sus propias ideas, y los que discutimos desde la producción y los hechos concretos.
Daría más seguridad y tranquilidad a todos.
Desde este punto de vista y desde este marco, es que ponemos en marcha la campaña por la Libertad de Laura Villalba, con una presentación internacional sobre su detención ilegal y la reclusión en un cuartel militar, denuncia que Laura firmó expresamente y sostendremos las denuncias y planteos internacionales por las niñas asesinadas como aspectos principales que nos encarga la familia.
Nada nos apartará de nuestro compromiso con el pedido de aparición con vida de Lichita y de condena a estado y gobiernos paraguayos por el crimen de desaparición forzada.
Y, por supuesto, mantendremos nuestro compromiso de siempre por la libertad de Carmen Villalba, Francisca Andino y todos los presos y presas políticos del Paraguay.
Todas nuestras presentaciones las continuaremos con misma profundidad, salvo que expresamente se designen otros equipos jurídicos para que nos reemplacen. En definitiva, lo que siempre hacemos.
Si, como creemos, todos los que nos conocen, aun muchos de los que no necesariamente acuerdan en todo con nosotros, nos acompañan; les pedimos a todos y todos que ¡¡vayamos con todo por la Campaña!!!!
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Abril 2021
Salud, tu lucha es nuestra lucha:
cada vez más adhesiones y
solidaridad
Por Rodri Guz, Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2021.
Horas decisivas en el conflicto de Trabajadorxs Autoconvocadxs de salud en #Neuquén
«Es como ir a correr un #elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa porque no tiene forma, lo que se está discutiendo», decía el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. La lucha de salud en Neuquén se acerca a su día 50, pero en realidad la comunidad bien sabe que la gran batalla comenzó hace más de un año y por eso esta rebelión es de toda la población, así lo demuestran banderas y cánticos en cada rincón de la provincia que alientan y abrazan la misma causa: «Unidad de lxs trabajadores».
La rebelión estalló cuando el gobierno de Neuquén y la burocracia sindical de ATE y UPCN, firmaron un techo salarial de un 12 por ciento de aumento a espaldas de lxs trabajadores de la salud: un sector que fue aplaudido meses atrás pero olvidado y traicionado a un año de una de las pandemias más grande de la historia y en su incipiente segunda ola de contagios.
Esta gran manada que despertó, pisa fuerte, es grande , tiene memoria como los elefantes y alertan sobre la situación en general del sistema de salud pública en la provincia, reclaman que su salario esta congelado desde 2019, pero además denuncian vaciamiento de la institución. Son ellxs quienes conocen mejor que nadie la realidad de la sector más sometido y expuesto por el coche 19. Después de realizar caravanas, festivales artísticos, ollas populares, marchas y agotar instancias en búsqueda de ser escuchadas, las asambleas de autoconvocadxs resolvieron llevar adelante una serie de piquetes y cortes en las rutas provinciales que comenzaron en semana santa y hoy se agudizan.
Ante esta situación, el fiscal José Gerez llamo el último sábado a una mesa de mediación entre las partes, pero la misma ha fracasado en varios intentos porque de parte del ejecutivo solo pretenden que se levanten los cortes de ruta sin llevar ninguna propuesta al genuino reclamo.
La «ruta del petróleo» en vaca muerta, es especialmente lo que inquieta tanto al gobierno provincial como nacional que demuestran mayor preocupación por los fondos para pagar la deuda externa que por afrontar el conflicto.
En medio de este panorama se vienen viviendo diferentes situaciónes que demuestran como el poder político opera con medios y formas violentas y perversas, cómo fue el hecho sucedido en un piquete en la zona de Arroyito, dónde punterxs del partido provincial (MPN) simularon ser turistas y realizaron un «contra piquete» impidiendo la circulación de una ambulancia; en Añelo, la policía insto a lxs trabajadores a permitir el paso de camiones, porque ellos ya «no podían hacer más nada y los choferes estaban decididos a avanzar» (una manera educada de liberar la zona); en tanto en Chos Malal fue detenida insólitamente una docente por más de tres horas en el momento en que se presentó en la municipalidad a entregar una nota firmada por vecinxs en apoyo al reclamo de salud y pidiendo la intervención del intendente local; lxs diputadxs provinciales mientras tanto anunciaban el aumentaron de su salario en $70.000 en plena manifestación de lxs trabajadores autoconvocadxs. Y desde ya el pobre papel de los medios hegemónicos de prensa oficialistas al que ya nos tienen acostumbradxs.
A todo esto la población conmovida se solidariza cada vez más con una huelga histórica, también hacen decididamente su apoyo organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, culturales y partidos de izquierda, y la manada crece y avanza a pasos firmes.
«No hay voluntad política del gobierno de destrabar el conflicto, lo único que les interesa es despejar las rutas de vaca muerta. Debemos reforzar el corte en la ruta del petróleo porque ahí es donde a ellos les duele…» Manifestó Gabriela Pérez Guzmán (compañera delegada del hospital Andacollo) este lunes por la noche al salir de la mesa de dialogo citada en el poder judicial de Neuquén, donde se mantuvo un masivo acompañamiento popular en las inmediaciones del edificio.
Se espera una nueva convocatoria al dialogo mientras se profundizan las medidas de fuerza que mantienen en vilo a toda la provincia de Neuquén, la provincia del petróleo ,en el país del extractivismo que claramente pretende hacer de la salud un sistema descartable. La solución está en manos del gobernador y sus ministrxs.
Gutiérrez Con la salud NO se juega!
Si ganan lxs autoconvocadxs, ganamos todxs!
Envio:RL
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