Carlos Zannini encabezará la querella criminal contra Macri por el crédito que tomó del FMI
El Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini,
recibió este viernes la instrucción del gobierno nacional para representar al
Estado en la querella penal iniciada contra el expresidente Mauricio Macri por
defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la
administración pública, por el préstamo solicitado al Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Por Alejandro Palladino -
Abr 9,
2021
El gobierno nacional instruyó a la Procuración del Tesoro para que se constituya en parte querellante en la causa que investiga a la gestión del expresidente Mauricio Macri por presunta “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, por el megacrédito solicitado al FMI de más de u$s 44.000 millones.
El decreto 239/2021 publicado esta mañana en el Boletín Oficial remarca la necesidad de que la Procuración del Tesoro “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional”.
El presidente Alberto Fernández instruyó al organismo que preside Carlos Zannini a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
A su vez, el decreto instruyó a que la Sindicatura General de la Nación “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada”.
También solicitó la colaboración técnica del BCRA para la Procuración del Tesoro, con el fin de “ayudar con la tarea de determinación del posible perjuicio patrimonial ocurrido”.
Cabe recordar que Zannini fue uno de los presos políticos que padeció el lawfare impulsado por el macrismo, en coordinación con los medios de comunicación dominantes y sectores del Poder Judicial. En el marco del juicio por el Memorándum de Entendimiento con Irán, el ahora procurador fue detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio el 7 de diciembre de 2017. Recuperó su libertad el 24 de marzo de 2018.
Cómo avanzó la denuncia
La denuncia contra Macri había sido anunciada por Alberto Fernández el 1º de marzo, durante su discurso ante la asamblea legislativa. Allí el mandatario definió el endeudamiento con el FMI como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra». En ese marco, el presidente dejó claro que la querella criminal apunta a una investigación para determinar la existencia de esos delitos.
Primero, la Sigen elaboró un informe de auditoría donde constató que el crédito stand by incumplió la normativa vigente para la toma de deuda pública. La Sigen había tomado como insumo otro informe del Banco Central de diciembre del año 2020, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde vinculó la toma de deuda con la salida de capitales del sector privado y los deficientes controles cambiarios aplicados, en detrimento de las finanzas públicas.
Con los antecedentes de la Sigen y el BCRA, la Oficina Anticorrupción presentó el 12 de marzo la denuncia penal caratulada “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Además de Macri, incluye a funcionarios de su gobierno como Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
El crédito que tomó Macri del FMI fue el más grande de la historia del organismo, después del comienzo de la crisis financiera de abril de 2018 que le cerró el acceso a los mercados tradicionales. Actualmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene negociaciones con las autoridades del organismo para un nuevo programa que tenga como eje evitar poner en riesgo la reactivación económica, según él mismo definió.
Fuente:Contexto
Cómo evitar caer en la mentira
La falsa convocatoria de vacunación por WhatsApp que preocupa a Axel Kicillof
"¡Atención! Nos enteramos de que circula por WhatsApp una falsa convocatoria con turnos para vacunarse mañana (por este viernes), especialmente en el municipio de Tigre", posteó en la noche del jueves el mandatario bonaerense en su cuenta de Twitter.
Según explicaron desde el Gobierno bonaerense, las autoridades sanitarias y municipales de Tigre dieron cuenta de la situación irregular, donde se asignaba el mismo día, horario y hospital para los distintos destinatarios.
Tras tomar conocimiento de los hechos, Kicillof adelantó que su administración presentará este viernes "la denuncia correspondiente para encontrar a los responsables de este boicot a la campaña de vacunación".
Cómo evitar caer en la mentira
Asimismo, recordó que "los turnos genuinos llegan a través de la app, mail oficial y/o desde el número 221 4294002" y pidió a quienes aguardan su turno que chequeen la página oficial de la campaña de vacunación.
Por otro lado, en cuanto a los casos que recibieron la confirmación para vacunarse, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aclararon que aquellas personas que perdieron su turno por diferentes motivos podrán presentarse igual para obtener la vacuna.
"Si no pudiste ver el turno a tiempo en la Web, la APP o el mail y lo perdiste en los últimos 15 días, presentate en el vacunatorio asginado con el turno vencido y te vacunamos. El único objetivo es vacunar, vacunar y vacunar", explicaron desde la cartera que comanda Daniel Gollan.
Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, la provincia de Buenos Aires recibió 2.565.305 dosis de las diferentes vacunas con las que cuenta el país, de las cuales ya aplicó 1.836.553.
Después que Cafiero dejara al descubierto la campaña de Bullrich
Compra de vacunas: el gobierno porteño ahora dice que contactará laboratorios internacionales
Después de que Santiago Cafiero dejara claro que las provincias nunca tuvieron prohibido comprar vacunas, algo confirmado por el propio ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós, quedó claro que el reclamo de Patricia Bullrich y buena parte de la conducción de Juntos por el Cambio no era más que otro intento político para debilitar la campaña de vacunación.
Preocupados por disminuir daños, funcionarios porteños como el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete , Felipe Miguel, aseguran ahora que las autoridades de la Ciudad se pondrán en comunicación con laboratorios internacionales para gestionar la compra de diferentes vacunas contra el coronavirus. No explicaron, claro, por qué no lo hicieron antes.
La supuesta novedad tiene lugar luego del entredicho entre el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y Patricia Bullrich, quien a principios de esta semana se quejó vía Twitter: “Yo se lo dije 20 veces al presidente: dejen que las provincias compren la vacuna. Dejen que los laboratorios compren. Dejen que las farmacias compren. El sistema más efectivo de distribución de la vacuna en los Estados Unidos son las cadenas de farmacias”. Con esas palabras, la Presidenta del Pro se proponía desprestigiar nuevamente la campaña sanitaria del gobierno nacional, asegurando que desde Nación se les prohibía la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones privadas. En respuesta, Cafiero dijo este miércoles que el reproche era falso: que la ley lo permite, pero que la adquisición es de difícil concreción debido que el mercado no da abasto siquiera con las compras que hacen los Estados como tales.
En el marco de la conferencia de prensa que dio este jueves junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós le dio la derecha al Gobierno nacional: "Hoy esto no encuentra una solución en el mercado, por eso es un debate abstracto. Las empresas han comprometido toda su producción. Las contrataciones serían a fin de año o el año que viene", dijo. De este modo dejó al descubierto a Patricia Bullrich y los demás integrantes del macrismo que venían utilizando ese argumento.
“Vamos a recorrer el camino para conseguir vacunas pero no creemos que sea de forma inmediata”, dijo ahora el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en América TV. No se preocupó por explicar por qué no lo hicieron antes, un camino que había recorrido sin éxito hace meses la provincia de córdoba, y que además le fue reclamado varas veces por el propio Presidente. "Si tienen, como dicen, tan buenos contactos con el mundo, ¿por qué no los usan para conseguir vacunas para todos los argentinos?", preguntó irónicamente Alberto Fernández frente a los reclamos opositores contra la campaña de vacunación.
”Estamos esperando los convenios que se firmaron el año pasado y que lleguen vacunas. El camino que vamos a comenzar es positivo pero no es que mañana llegan las vacunas”, se cubrió Santilli, que sabe que los laboratorios internacionales tiene comprometida su producción por muchos meses.
El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, aportó lo suyo por radio La Red: "Sabiendo lo difícil que va a ser, vamos a hacer el intento". "Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para adquirir vacunas", aseguró en tono electoral, consciente de que cualquier intervención en el mercado sanitario no tendrá efectos para enfrentar la actual emergencia..
Caranchear
La oposición juega con el coronavirus: una apuesta al dolor social
La derecha argentina, que apoyó a la dictadura, ahora rechaza las medidas de precaución sanitaria con el pretexto de defender la libertad. Pero en realidad esta repentina exaltación de la libertad es una excusa para impedir que se afecte la actividad de sus bancos y empresas. Con la perspectiva de una tragedia inminente por la epidemia, los argentinos deben afrontar otra tragedia con 42 por ciento de pobreza. Hay sectores que plantean que esa problemática se resuelve con más IFE y ATP. Pero cuando disminuyan los contagios, los trabajos que se pierdan no se recuperarán con la misma velocidad. El gobierno debe atravesar ese cruce furioso de correntadas divergentes y evitar que se pierdan vidas y fuentes de trabajo por la epidemia.
“No recuerdo que con el golpe del 76 hubiese prohibición de circular después de las 0hs” publicó en las redes el economista y empresario Roberto Cachanovsky, hombre de derecha, macrista, y que ha escrito a favor de la dictadura. Hugo Yasky le recordó que con la dictadura había Estado de Sitio: “y además, te secuestraban, te torturaban y te tiraban con vida al río desde un avión”, antes y después de la 0hs.
El documento de Juntos por el Cambio, oponiéndose a las medidas de precaución sanitaria el mismo día que los contagios sobrepasaban la cantidad de 22 mil personas mostró a una fuerza política en plena especulación con la tragedia. Macri ganó elecciones en CABA después del terrible incendio de Cromañón y quisieron hacer lo mismo con la manipulación mediática sobre la tragedia de Once.
Es una fuerza que tiene antecedentes de aprovechamiento y especulación alrededor de este tipo de situaciones. El posicionamiento frente a la epidemia no es aportar a la solución --o a los paliativos, porque la epidemia es inevitable--, sino ubicarse de manera tal que cuanto peor le vaya a la comunidad, mejor les irá a ellos porque el gobierno sería visualizado como el responsable. En el camino quedarán miles de muertos y decenas de miles con secuelas neurológicas, cardiológicas y hasta psicológicas.
En simultáneo con el documento del macrismo, se produjo un bombardeo en los medios hegemónicos y en las redes sociales que combinó el concepto de “fracaso de la campaña vacunatoria”, con el de “defensa de la libertad” ante las restricciones lógicas que anunció el presidente Alberto Fernández. Y son restricciones que incluso provocaron las críticas de quienes esperaban una reacción más enérgica ante el altísimo pico de contagios de esta segunda ola de coronavirus.
El macrismo tiene una expertise (habilidad y experiencia al mismo tiempo) en el aprovechamiento de las tragedias y el sufrimiento de la gente para capitalizarlos políticamente. Así, buscan ubicarse de manera tal que discutirlos a ellos aparecería como si se estuviera justificando esas calamidades. Se supone que la sociedad perdió la ingenuidad frente a este procedimiento más propio de un grupo de linchamiento.
Argentina no saldrá indemne de la epidemia. La cantidad de víctimas ya configura de por sí una tragedia sobre la que revolotean los caranchos. La estrategia de Juntos por el Cambio desde que comenzó esta pandemia ha sido oponerse a todo y responsabilizar de todo al gobierno, que es una estrategia similar a las que usó en otras situaciones dramáticas para la comunidad. Se indignan, se arrogan la defensa de una libertad que nunca demostraron y hablan de fracaso de la campaña vacunatoria, cuando al principio convocaron a movilizarse contra las vacunas.
“Me contaban que hay una denuncia gravísima en España, en determinados lugares, que los hisopados tienen unos metales extraños, que te ponen eso, y te va a dar positivo. Que en realidad no sos vos, sino lo que le ponen al hisopado para meterte en tu casa”, dijo Viviana Canosa en su programa de televisión.
Es una gran burrada, pero que viene con el paquete de Cachanovsky o del diputado ultramacrista Fernando Iglesias que colgó en las redes una ironía: “¿Me pasás el protocolo de lo que puedo hacer con mi novia, Alferdez?” Los memes críticos e irónicos le llovieron. Todas las burradas apuntan a instalar que el gobierno atenta contra la libertad porque esa es su esencia. Y más adelante lo harán responsable por las víctimas.
No importa la dictadura, ni la sustancia misteriosa en los hisopados, ni la novia de Iglesias. Son todas burradas que sirven para decantar un sustrato, naturalizar la idea de que al gobierno no le interesa la epidemia sino restringir las libertades.
En las redes apareció una frase adjudicada a Luciano Cohan, que fue subsecretario de Planificación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda de Macri, o sea uno de los crápulas que endeudaron a los argentinos hasta las cejas y facilitaron la fuga de esa deuda: “Mi hija de cuatro años está llorando desconsolada porque escuchó que vuelve la cuarentena, Alberto, la puta que te parió”. Uno espera que nadie use a la hija de cuatro años para hacer propaganda política. Y realmente es difícil que una nena de esa edad se preocupe porque no la dejen salir después de la medianoche.
Al mismo tiempo, el activista Yamil Santoro --ahora libertario, antes macrista--, convocó a una fiesta “por la libertad” en Plaza Serrano. No fue nadie, pero le sacó una foto a la botella de vino que se tomó en soledad.
La misma Patricia Bullrich habló de “fracaso vacunatorio”. El macrismo suele referenciarse en el presidente derechista uruguayo Luis Lacalle como ejemplo de respeto a las libertades en la epidemia y en el presidente chileno Sebastián Piñera por su campaña vacunatoria.
Lacalle no estableció medidas de precaución y planteó que cada quien asuma la actitud que le parezca ante los contagios. Bautizó a su política como “Libertad responsable”. En este momento Uruguay está en el podio de los países con mayor nivel de contagios en todo el planeta. Y según Federico Fassano, veterano periodista del país vecino, mucha gente está muriendo en sus casas por la covid-19. En este momento en Uruguay han suspendido las clases y aplicaron restricciones mucho más severas que en Argentina.
El otro ejemplo alude a que Chile ya tiene al 20 por ciento de su población vacunada. Critican a Alberto Fernández por no haber aceptado las condiciones truculentas que imponía Pfizer, mientras que Piñera sí lo hizo. Resulta que Pfizer está mandando de a poco las vacunas, como en todo el mundo, por lo que Piñera se vio obligado a comprar la vacuna Sinovac, la menos requerida en el mercado porque es la de menor eficiencia. Mientras espera el efecto de su campaña de inmunización, Chile afronta una tremenda crisis sanitaria. Argentina está entre los 21 países que tienen más vacunados y un proceso vacunatorio en marcha. Las postergaciones por las tensiones en el mercado mundial de vacunas no significan fracaso.
Con el salto exponencial de los contagios, se configura un escenario de mucha gravedad. En pocos días más se verificará la ocupación de más camas de terapia y el aumento de las víctimas. Habrá un cuadro de tragedia empeorado por una oposición que tiene antecedentes de aprovechar el dolor de la sociedad para capitalizarlo políticamente. De manera coordinada, los medios hegemónicos crearán un clima de linchamiento contra el gobierno con el fin de debilitarlo en las próximas elecciones. Será una prueba de madurez para la sociedad.
El debate dentro del Gobierno
La tarifa social que dejó Macri solo alcanza para el piloto del calefón
Los problemas con la tarifa social del gas que identifican los expertos son dos: bajó sustancialmente la cantidad de personas que acceden al beneficio, de 1,7 millones a 1 millón, y cayó a su mínima expresión la disminución en la boleta respecto de la tarifa plena. En la actualidad, las familias que pagan tarifa social abonan entre 10 y 20 por ciento menos que el resto de los usuarios, cuando el descuento debería ser no menos de la mitad.
“La tarifa social se fue desdibujando lentamente hasta representar un descuento ínfimo en el total de la factura, o directamente desaparecer cuando se superan los topes de consumo”, advierte el documento.
La tarifa social cobró relevancia al inicio del gobierno de Mauricio Macri por los aumentos siderales de la luz y el gas. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la tarifa social tenía una incidencia marginal porque lo determinante eran los subsidios que pagaba el Estado, que hacían que las facturas fueran bajas de por sí, accesibles para los sectores populares.
El giro que impuso el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) en la política tarifaria, con eliminación de subsidios y aumento de tarifas, generó una explosión de demanda de la tarifa social.
El universo de beneficiarios, desde aquel entonces, comprende a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciban una remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos, inscriptos en el monotributo social, empleadas de casas particulares, personas que cobran seguro de desempleo, titulares de programas sociales, discapacitados y titulares de pensión vitalicia por ser veteranos de guerra.
El esquema original que implementó Cambiemos establecía que los usuarios residenciales “en situación de vulnerabilidad socio-económica” tendrían una bonificación del ciento por ciento en el precio del gas natural, debiendo abonar los costos de transporte y distribución.
Con ese esquema, la pobreza energética de todos modos escaló rápidamente, porque los aumentos fueron tan violentos que la tarifa social no terminó de amortiguarlos para amplios sectores de la sociedad.
“Fueron cientos de miles los usuarios que dejaron de contar con estos servicios, por la imposibilidad de afrontar el pago de las tarifas. Se produjo un enorme retroceso en el acceso a los servicios de gas natural y energía eléctrica”, recuerdan Boada y Lacey.
Sin embargo, en lugar de buscar alguna solución para esas situaciones de exclusión de servicios indispensables, el gobierno de Macri hizo lo contrario. Desde 2018 redujo la cobertura de la tarifa social en los dos planos señalados anteriormente: cantidad de personas alcanzadas y monto del beneficio.
En noviembre de 2017, después de ganar las elecciones de medio término, el gobierno de Cambiemos empezó a aplicar criterios de exclusión más estrictos y dejó de subsidiar el ciento por ciento del precio del gas natural. En su lugar, dispuso que la bonificación sería aplicable sobre bloques de consumo mínimo. Esa política se profundizó luego del crédito de emergencia que Macri pidió al FMI.
La consecuencia fue que de 1,7 millón de usuarios que pagaban la tarifa social de gas en 2016 se bajó a menos de un millón en diciembre de 2019. En la actualidad, luego de que se removieron algunos de los obstáculos para acceder al beneficio, son 1.035.000 los que pagan tarifa social en gas. El terreno a recuperar, como se aprecia, sigue siendo relevante.
La otra decisión clave que tomó la gestión Cambiemos en 2018 fue limitar el subsidio a un nivel de consumo extremadamente bajo. En total, en un año las familias no deben utilizar más de 501 metros cúbicos de gas. El prorrateo mensual, por razones de estacionalidad, determina que en enero y febrero los usuarios pueden gastar como máximo 15 metros cúbicos. “Eso equivale a la llama del piloto de un calefón. Solo la llama del piloto consume 0,5 metros cúbicos diarios”, precisa el informe. Es decir, en esos meses no hay que lavar los platos o bañarse con agua caliente para estar amparado por la tarifa social.
Prácticamente lo mismo ocurre en los meses de marzo, donde el consumo máximo con tarifa social es de 20 metros cúbicos; noviembre, con 23 metros cúbicos, y abril, con 28. En mayo y septiembre son 54 y 55 metros cúbicos, respectivamente, y en los meses de invierno, entre 73 y 89 metros cúbicos.
“En conclusión, la tarifa social que en marzo de 2016 cubría el ciento por ciento del precio del gas duró solo un año y medio. Luego pasó a cubrir unos poquísimos metros cúbicos al mes; algo difícil de cumplir si se pretende calefaccionar una vivienda en los meses de invierno. Claramente dejó de ser una tarifa social para pasar a ser una pequeña limosna que se le da como recompensa a los usuarios que no encienden más que el piloto del calefón”, denuncian los directivos de la Unión de Usuarios y Consumidores.
Su reclamo es producir un quiebre en esas políticas implementadas por el macrismo y garantizar el acceso universal a los servicios básicos. Para el resto de los usuarios, además, rechazan cualquier aumento de tarifas mientras dure la pandemia, lo que choca con las restricciones fiscales del Estado, argumentan en el gabinete económico.
“Tenemos la oportunidad y estamos convencidos que es el momento de reordenar el esquema tarifario y trabajar con seriedad para que la tarifa social cubra las necesidades de muchas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los servicios públicos domiciliarios son derechos humanos, debemos trabajar para que las tarifas sean justas, razonables y asequibles para todos los usuarios y usuarias”, sostienen Boada y Lacey.
Dentro del Gobierno existen diferentes miradas sobre la cuestión. El interventor del Enargas, Federico Bernal, empuja en la misma dirección que las entidades de usuarios y de hecho fue el promotor de quitar varios de los criterios de exclusión para la tarifa social. La Anses, que es donde se gestiona el beneficio, está en la misma sintonía. En cambio, la Secretaría de Energía, que ahora depende del ministro Martín Guzmán, muestra menos entusiasmo en la tarea. La definición expresada por el ministro de mantener constantes los subsidios a los servicios públicos obligará a mejorar su distribución, como mínimo, si se busca que los sectores populares que se cayeron con Macri recuperen niveles de consumo razonables de gas y electricidad.
Arremetida por Twitter
Escándalo del Correo: Mauricio Macri busca ahora condicionar a la jueza Marta Cirulli
Luego de que el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, rechazara la propuesta del Grupo Macri, mayor accionista de "Correo Argentino S.A.", para evitar la quiebra de la empresa, el expresidente Mauricio Macri publicó un duro mensaje en su cuenta de Twitter donde busca condicionar el accionar de la jueza Marta Cirulli, al tiempo que denunció un "plan de venganza" por parte del Gobierno.
"Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza", publicó el exmandatario en sus redes.
El mensaje que busca influir sobre la decisión de la jueza Cirulli se da en el marco de las denuncias contra la gestión de Macri, tras confirmarse que recibió visitas, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, de importantes figuras del Poder Judicial como Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Gustavo Hornos, presidente de aquella Cámara; y el fiscal de Casación Raúl Plee.
En la presentación que se dio a conocer este jueves, Zannini sostuvo que la propuesta del Grupo Macri para salvar la quiebra pone en evidencia "su mala fe y conducta dilatoria".
Correo Argentino S.A. propuso a fines de marzo pagar 1.011 millones de pesos en concepto de deuda total por el canon impago y sus intereses derivados, una cifra que según la fiscal Gabriela Boquín es cinco veces menor al monto de la deuda.
"El salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad", recordó Zannini en el escrito de 17 páginas presentado, en el que abunda en consideraciones sobre el modo en que la empresa condujo la quiebra.
Por este motivo, la Procuración del Tesoro sostuvo que "evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades (para evitar la quiebra), sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión".
Zannini también rechazó la calificación de "acreedor hostil" que alegó la empresa concursada."¿Cómo podría seriamente aceptarse que el Estado es acreedor hostil cuando es la Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó una oferta irrisoria?", se preguntaron los representantes del Tesoro, en referencia a los 292 millones que Correo S.A. dijo deber.
El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y "abusivos", según los dictámenes de la fiscal Boquín. Por todo ello, el procurador, junto al subprocurador Horacio Diez, solicitó a la jueza Marta Cirulli que decrete la quiebra de acuerdo a los términos del artículo 48 de la ley de quiebras.
Amplió demanda por estafa y cuestionó el informe del síndico del concurso
La Afip reflotó irregularidades de Vicentin
Pese a la sensación de "total normalidad" que el juez el concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, trata de transmitir, nuevos elementos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dejan en evidencia que persisten las irregularidades y el ocultamiento de hechos a los acreedores. Por una parte, el órgano de fiscalización de la Nación amplió la denuncia penal iniciada contra Vicentin por uso de facturas apócrifas ("truchas") para obtener beneficios fiscales en la forma de reintegros de impuestos. Pero, además, la Afip hizo importantes observaciones al Informe General de los síndicos del concurso, del que señalan "la desconexión con la realidad de ese documento", apuntan una serie de hechos "causales del desequilibrio de la concursada" y el vaciamiento de su patrimonio que fueron ignorados por el informe.
En cuanto al primer punto, la Afip informó que amplió la denuncia penal contra Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales, por un monto de $28 millones. La presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista consiste en la ampliación de la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma cerealera por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones. De esta forma, entre ambas presentaciones, la AFIP denunció a Vicentin por maniobras fraudulentas por $140 millones, aproximadamente.
Documentación apócrifa
Las tareas de control de la Afip permitieron detectar nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la firma solicitó reintegros de IVA que se encontraban respaldadas con documentación apócrifa. Se pudo comprobar que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica u operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos. Durante el proceso de fiscalización desarrollado por la AFIP la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.
Afip pidió que se determine si los síndicos del concurso de Vicentin incurrieron en mal desempeño o encubrimiento al no haber advertido sobre dichas irregularidades.
El directorio de Vicentin es investigado hoy por los delitos de balance falso, fraude, estafa y vaciamiento de empresa a lo largo de cinco causas penales, en diferentes fiscalías del país. Y en Paraguay y Estados Unidos también está bajo sospecha. Sin embargo, el Informe General presentado en el mes de marzo por el cuerpo de síndicos nombrados por el juez, los contadores Amut, García y Telesco, parece pretender corroborar ese clima de "normalidad" que Lorenzini trata de preservar para que el concurso de acreedores no salga de su jurisdicción: el tribunal comercial de Reconquista.
Pero las observaciones al Informe que elevó ante el juez la representante letrada de la Afip deja al desnudo las gruesas falencias del documento, que ocultan gravísimas conductas de directores y accionistas en cuanto a la pérdida injustificada de activos, operaciones de ventas del patrimonio burlando las obligaciones ante el concurso y hasta "movimientos económicos de la empresa para descapitalizarla, previos a la declaración del estado de cesación de pagos" que son, indudablemente, el origen de la situación.
Informe bajo sospecha
Los síndicos concursales son los profesionales que controlan el proceso y dan fe sobre la veracidad de la información contable, en base a la cual los acreedores deberán resolver sobre la eventual propuesta de pago que haga la concursada. En este caso, y en medio de un mar de irregularidades y hechos sospechosos, los síndicos presentaron en marzo un informe general que, en vez de reflejar y dar alguna interpretación a dichas irregularidades, toma casi al pie de la letras las argumentaciones dadas por el Directorio de Vicentin y los transcribe textualmente como toda exposición.
La evaluación que hizo al respecto la patrocinante de la Afip, Mariela Romero, en una nota al juez Lorenzini presentada como "Observaciones al Informe General" de los síndicos, es lapidaria. El informe de los síndicos, en un concurso, es el que evalúa en nombre del magistrado la veracidad de la información sobre el estado económico y financiero de la empresa. Es el documento previo a la formulación de la propuesta de pago de la concursada, que los acreedores deberán evaluar para su aceptación (acuerdo de pago para la salida del concurso) o rechazo (lo que determinaría la quiebra o abriría la posibilidad a que un nuevo dueño se hiciera cargo). Por lo tanto, el informe es el insumo esencial del concurso.
Sin embargo, la evaluación de la representante del organismo recaudador del Estado, en su carácter de acreedor, hace una serie de observaciones que prácticamente desarman toda ilusión de que se trate de un informe independiente de los intereses de las familias dueñas de la cerealera concursada.
Algunas de las observaciones que hace la AFip al informe son las siguientes:
"Ha dicho la doctrina (de manera abrumadora) que el síndico debe actuar como un investigador más que como un simple receptor de datos presentados por el deudor. Pues bien, acá el informe general hace casi con “copy paste” de las razones inverosímiles dadas por el deudor para explicar las causales de su crisis, las que deposita en factores exógenos que no estaban en su alcance modificar ni prevenir"
"Durante el año 2019 la soja se mantuvo de enero a diciembre en 248 dólares la tonelada. El maíz, bajo apenas de 149 a 141 dólares. Pero el girasol aumentó de 220 a 237 dólares la tonelada. Se trata de los principales granos con que opera Vicentin, que no tuvieron una volatilidad que pudiera justificar un quebranto económico. Tampoco podría culpar a la devaluación como Vicentin lo hace porque la devaluación le conviene. Vende afuera en dólares, compra adentro en pesos".
"El presente proceso, se ha caracterizado por ser una huida hacia adelante. Tratando de que el paso del tiempo tape de facto situaciones de antijuricidad como soslayar que se registran las causales de la disolución de la sociedad, por pérdida del capital social. Algo vigente nuevamente desde el 31 de diciembre del 2020".
"Desde el inicio de estos autos, el deudor no cumplió con los requisitos formales del artículo 11 de la ley de Quiebras. En su presentación a concurso, omitió datos necesarios para conocer debidamente su patrimonio (inciso 3) ya que encubrió el tramado societario hacia donde transfiere sus ganancias y desde donde absorbe las pérdidas. Tampoco aportó su último balance, (inciso 4), justamente el que corresponde al año donde manifiesta se produjo su desequilibrio económico. Diez meses después, adjuntó tardíamente un documento donde ni su mismo profesional firmante responde por la veracidad de lo allí manifestado, lo que así declaró."
"El Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2019 muestra, con respecto al ejercuicuio anterior, una disminución del 79% en las existencias de Bienes de Cambio, equivalentes aproximadamente a 2 millones de toneladas de soja, y un incremento del 693% en las deudas comerciales, lo que equivaldría a una compra de soja no abonada por 2,1 millones de toneladas. Se da entonces una disminución de stocks y aumento de deudas por compras de materias primas al mismo tiempo por montos muy significativos". Este punto tiene estrecha relación con la fecha de cesación de pagos, apenas un mes después del cierre del ejercicio, en la que se declaró el "stress financiero", del cual se pretendió responsabilizar al resultado de las PASO y las condiciones de inestabilidad política y financiera que ello conllevaba.
El directorio de Vicentín es investigado hoy por los diferente delitos en diferentes fiscalías del país. "Una de las primeras medidas de coerción real solicitadas por los fiscales que intervienen en las causas, y autorizadas y trabadas por los Jueces de su fuero, ha sido el embargo o inhibición para transferir acciones de las empresas. Así se trabó embargo e inhibición para transferir la titularidad de las acciones de Vicentin SAIC y de otras sociedades controladas como FRIAR SA, Renova SA, o Algodonera Avellaneda SA".
"Sin embargo, comprobamos que la sindicatura en el Informe General que se observa, hace abstracción de todas estas cuestiones. Hoy por hoy la concursada está inhibida penalmente para transferir la titularidad de una sola de sus acciones. O sea que, si en el acuerdo preventivo llega a proponer entrega de acciones a los acreedores o la capitalización de créditos a través de participación en el paquete accionario, no podrá hacerlo. Y los acreedores no lo saben".
La cantidad de irregularidades es tan grande y de tal importancia, que la patrocinante de la Afip declara que la omisión de tareas legalmente establecidas por la ley concursal por parte de la sindicatura, "ameritaría una investigación a efectos de determinar" si su accionar no incurriría en los delitos de mal desempeño o encubrimiento.
El mejor año de rentabilidad para el complejo agrícola en más de una década
Para el campo, ganancias record en pandemia
Por el boom de precios internacionales y otros factores políticos, el campo atraviesa uno de sus mejores años en la última década. La pandemia está favoreciendo a los sectores que directa o indirectamente están relacionados con la producción de alimentos.
La importante mejora no sólo alcanza a las cifras registradas en la agroexportación. Los productores de granos están obteniendo una rentabilidad, en algunos casos, superior al 40 por ciento, aun descontando retenciones, el arancel que la mayoría del sector asocia a un impacto negativo en sus ingresos.
Según registros que accedió PáginaI12, en la zona núcleo hay negocios fabulosos. Los productores de soja están recibiendo cerca de 350 dólares por tonelada, cuando el año pasado percibían 210. En esa producción, el costo en pesos subió 30 por ciento. Pese a ello, los productores pueden contabilizar una rentabilidad de 40 por ciento.
Con menor intensidad, pero aún fuertes ganancias, se observa ese comportamiento en el resto de los granos: en el caso del maíz, perciben entre 170 y 180 dólares por tonelada, cuando en 2020 ese monto apenas superaba los 110 dólares. En el trigo, el margen es un poco menor. Las mejoras en los precios internacionales en el mercado de Chicago pusieron a los granos a empujar un sector que le da dólares al Gobierno, aporte que suma a la estabilización cambiaria, sumadas a las compras casi constantes del Banco Central.
“Todo el año va a ser así. Va a haber un flujo de dólares fuerte. La duda es qué pasará en mayo”, contó a este diario un importante empresario del agro. La referencia a ese mes tiene que ver con saber qué harán los productores con los pesos. Estiman que la mayoría se volcará al mercado cambiario, y eso podría repercutir en una suba del dólar, pero evalúa que no será de mucho impacto. Otros lo pondrán en inversión, maquinarias y cosechadoras, otro rubro con ventas record este año.
¿Por qué sucede este boom agrícola en Argentina? Hay una demanda muy alta y la oferta global es baja. En los principales países productores, Brasil y Argentina fueron afectados por cuestiones climáticas, lo mismo pasó en Rusia y Ucrania. Algo similar ocurre en Estados Unidos. En la otra esquina del mercado, China está tensionando la demanda con pedidos fuertes para estockearse por temor a que una nueva ola de covid-19 obligue a un cierre fuerte de actividades.
Este combo de factores disparó los precios internacionales de los productos del agro a niveles cercanos al período 2008-2009. A la salida de la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos hubo un flujo especulativo hacia los commodities, que disparó el precio de la soja a un máximo de casi 615 dólares la tonelada.
Precios y política
Con el Gobierno aún sin alcanzar un acuerdo definitivo con el FMI, la plaza cambiaria se estabilizó y la mayoría cree que el puente de peligro de disparada se superó. Especulan que puede haber sacudones pero no grandes sobresaltos. Además, la perspectiva del sector es que los números de la comercialización de la cosecha sigan siendo buenos. Vale decir que el sector fue uno de los que nunca paró de tener actividad desde marzo del 2020, cuando irrumpió con fuerza la pandemia en el país. Como si eso fuera poco, las condiciones globales que generó la crisis del coronavirus lo pusieron a trabajar con valores record y márgenes inusitados.
En este contexto, el ingreso de divisas por liquidación de exportaciones que hizo la agroindustrial fue relevante. Es un sector con el que el Gobierno logró nexos y acuerdos políticos de beneficio mutuo, y que rindieron en divisas. Con los lazos entablados con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se destrabaron operaciones e ingresaron en marzo más de 2700 millones de dólares por liquidaciones de exportaciones, el monto más elevado en 18 años.
Ayer, según datos de la Bolsa de Rosario, los precios futuros de la soja, el maíz y trigo llegaron a subir fuerte y luego retrocedieron. La soja aumentó hasta 520,2 por tonelada (72 por ciento más que a mediados de marzo de 2020) para luego quedar en 515. A la vez, el aceite de soja cotizó a 1168,2 dólares para luego cerrar a 1162, y la harina se negoció a 451,5 dólares por tonelada para mayo, muy por encima de los 680 y los 316 dólares, respectivamente, pactados en mayo del año pasado. Los contratos de maíz subieron hasta 229,3 dólares la tonelada (92 por ciento más que hace once meses y medio), pero a mitad de rueda se ubicaron en 227 dólares. Por su parte, el trigo cerró a 234,70 dólares la tonelada.
Cancillería denunció una “amenaza para toda la región”
El Gobierno repudió maniobras militares del Reino Unido en Malvinas
Imagen: EFE
A través de un comunicado la Cancillería repudió el despliegue de maniobras militares y lanzamientos de misiles por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas.
Bajo el título "Enérgico rechazo del Gobierno argentino a ejercicios militares misilísticos en Malvinas", la cartera encabezada por Felipe Solá denunció la existencia de "una serie de acciones armamentísticas a desarrollarse en los próximos días".
"La República Argentina rechaza en los términos más contundentes la realización de maniobras militares y el lanzamiento de misiles en particular, en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido", comienza la advertencia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró los hechos como "una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas".
El Gobierno precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la embajada argentina en el Reino Unido sobre "la realización por parte del Gobierno británico de ilegítimos ejercicios militares en el área de las Islas Malvinas, en los próximos días, que incluirán el lanzamiento de misiles Rapier".
Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, la administración argentina remitió al Gobierno británico una contundente nota de protesta, donde remarcó que "la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado".
Asimismo, Buenos Aires resaltó que "la presencia militar, y el lanzamiento de misiles, contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región”.
“La alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no solo es totalmente injustificada, sino también representa una amenaza para toda la región”, advirtió Cancillería.
"Una vez que se cuente con la información precisa sobre la fecha del referido lanzamiento, el Servicio de Hidrografía Naval emitirá un radioaviso náutico informando sobre el desarrollo del mismo. A su vez, el Gobierno argentino denunciará la situación al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización Marítima Internacional", concluye el comunicado.
Fuente:Pagina12
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