La segunda ola de Covid es funcional al ajuste en marcha
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.
“Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. (…) Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’.”
Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, La Nación, 29 de junio de 1959.
Pese a que el imperialismo yanqui intenta vanamente desacreditar al eje Rusia – China calificando a ambas potencias como “antiliberales y autoritarias”, la transición hegemónica se anota un nuevo y significativo avance con el acuerdo que prevé inversiones chinas por alrededor de 400.000 millones de dólares en los sectores iraníes de la energía y las infraestructuras.
A cambio, Teherán, gran productor de hidrocarburos que está muy golpeado por las sanciones estadounidenses, garantiza a Pekín un suministro estable de petróleoy gasa precios competitivos.
En Nuestra América, 2021 es un año de elecciones legislativas y presidenciales en varios países hermanos. Este último es el caso de Ecuador (7 de Febrero), Perú (11 de Abril), Nicaragua (7 de Noviembre), Chile (21 de Noviembre), y Honduras (28 de Noviembre)
Pero de momento la alarma regional se enciende en Brasil, donde por primera vez en su historia acaba de renunciar en bloque la cúpula militar por sus desacuerdos con el presidente, circulan rumores golpistas, y gana terreno el reclamo de un impeachment contra Bolsonaro.
Mientras, en nuestro país – aunque ese gran amigo del Partido Demócrata norteamericano que es Sergio Massa asegure muy suelto de cuerpo que este será un año de recuperación económica -, allí donde el Ministro de Economía discute detalles técnicos sobre el pago de nuestra abultada deuda externa aparece como bastante improbable conseguir una prórroga mayor para saldarla, y la entidad financiera por ahora se muestra indispuesta a avanzar en un acuerdo político como el que oportunamente selló con Macri (ese émulo del personaje Disney Ralph El Demoledor)
En tanto, durante los últimos meses Guzmán ha sostenido que su programa es el presupuesto. Pero esa ley hace agua, la meta inflacionaria del 29% agoniza,y quienes siguen de cerca su gestión opinan que resistirá mientras vea que puede seguir la negociación con el FMI en los términos que acordó con Fernández, sin inmolarse en el pedido de un plan a 20 años, como exige Cristina.
Lo cierto es que aún ignora cómo tapar los 41.000 millones de pesos de recaudación que perderá por el alivio en Ganancias.
Por lo pronto, de regreso de sus últimas negociaciones, ordenó suspender nuevos ingresos de trabajadorxs informales al programa Potenciar Trabajo, generando la lógica desesperación en aquellos hogares humildes que, ante una recesión agudizada por la cuarentena y recortadas sus posibilidades de “parar la olla” changueando, dependen exclusivamente de esa cobertura para sobrevivir.
Por otra parte, al mismo tiempo que se avanza en el cierre de la principal etapa de la ronda de paritarias del sector privado y el Gobierno acelera los pasos para convocar durante abril al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para definir el nuevo piso salarial que determina los ingresos de unos 300.000 trabajadores fuera de convenio – lo cual se toma como referencia para la actualización de los sueldos en el sector informal de la economía -, ¡se anuncia el incremento impositivo de la luz, el gas, y el agua!
En consecuencia, no hará falta ser Sherlock Holmes para deducir que, en esta emergencia sanitaria nítidamente clasista – al igual que ocurre ante la escasez de respiradores – la macroeconomía decide quién vive y quién muere.
Más aún si se tiene en cuenta que culminó el verano, algunxs privilegiadxs se dieron el gusto de vacacionar en Cancún y reingresar a nuestro país apestadxs pero con certificados truchos, se acercan los fríos, y campea un rebrote del coronavirus (16.056 nuevos casos al momento de publicarse esta nota) que incluye variantes más virulentas, todo lo cual, si bien resulta bastante difícil que se vuelva a Fase 1 – sobre todo después de experiencias fallidas como la vivida recientemente en la provincia de Formosa -, seguramente requerirá adoptar nuevas restricciones circulatorias altamente funcionales a un nuevo vaciamiento del espacio público, principal escenario donde los sectores más perjudicados libran sus batallas por la ampliación de derechos y el mejoramiento de su calidad de vida. De hecho, según trascendidos – ante la enorme dificultad para frenar las reuniones sociales en curso -, no se descartaría consensuar con los gobernadores un toque de queda, a presentarse bajo algún nombre más potable.
Para tener una idea aproximada del riesgo que supone en este escenario “ahorrar” fondos públicos destinados hasta ahora a mantener la paz social, señalemos que el programa “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, destinado a brindar inclusión laboral sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario, entre enero del año pasado y enero de 2021, recibió del gobierno$82.705.119.547. Para acceder a los beneficios que otorga hay que inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP),dependiente de la Secretaria de Economía Social, manejada por el Movimiento Evita.
Si bien no hay registros oficiales que lo confirmen, se sabe que buena parte de quienes accedieron a estos subsidios son algunos de los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
El 11 de marzo pasado, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, le otorgó la “personería social” a la UTEP, hecho que la dejó a un paso de la sindicalización, aunque ello aún genere cierta resistencia al interior de la CGT.
Como puede apreciarse, en ese damero la extrema necesidad va abroquelando gradualmente a los sectores más castigados por la economía dentro de un “corralito” que incrementa su control mediante la discutible promesa de la “inclusión social”, dejando a la intemperie a cada vez menos organizaciones dispuestas a dar batalla por trabajo genuino y Justicia Social plena, proceso inaugurado en 2003 con el fin de domesticar hasta la última secuela de aquellas rebeldías florecidas al calor del “Argentinazo” de 2001.
A todo esto, crece el reclamo de suspender la presencialidad educativa y laboral: Con la muerte de Federico Aníbal Loza, de 40 años, que se desempeñaba como maestro en la Escuela Agrotécnica de Gastona Sud, Tucumán, lxs docentes fallecidxs en el contexto de la pandemia se acercan a una decena. Y las vacilaciones en la cartera de Salud a la hora de definir hasta dónde se limitarán las actividades en el marco del rebrote en curso no han hecho más que sumar incertidumbre en la población. Desde que se decidió restringir los vuelos hasta que finalmente tomó estado público la nueva regulación entraron por Ezeiza más de 4000 argentinxs provenientes de Brasil sin hacerse testeos al llegar ni someterse a una cuarentena controlada.
De acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación difundidos por el Ministerio de Salud, se aplicaron en la Argentina 3.446.433 vacunascontra el coronavirus. Del total de personas inmunizadas, 2.800.242 recibieron la primera dosis y 646.191, la segunda. Es decir, un 6% de la población recibió hasta ahora al menos una dosis. Un número muy lejano a las previsiones iniciales de la Casa Rosada, que esperaba inocular 10 millones de personas entre enero y febrero.
Cada vez más voces autorizadas opinan que, si queremos evitar muchísimos muertos y enfermos graves tendremos que lograr vacunar a 20 millones de personas antes de que termine abril, y eso depende de una decisión política, no de un problema técnico. Por ejemplo, romper contrato con Astra Zéneca, completar la producción en Argentina, y prescindir de México. Pero, fundamentalmente, hacerlo sin dilación, dado que en la Argentina ya hay transmisión comunitaria de cuatro variantes que preocupan, según informó el Consorcio País, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que está integrado por laboratorios públicos y privados que fueron agrupados para hacer la vigilancia del genoma del virus. Son las variantes de Manaos y Río de Janeiro, Brasil, la del Reino Unido y la de California, Estados Unidos.
Esta crisis ha llevado a que frecuentemente el microcentro porteño sea testigo de 4, 5, o más concentraciones de protesta diarias, escalada que tiene al Gobierno reconsiderando medidas como el IFE y ATP.
En un contexto tan afligente, el kirchnerismo puro y duro intenta radicalizar los planteos para preservar su caudal de votantes, al menos hasta después de las elecciones legislativas, a celebrarse – hasta ahora – en octubre. El resto de la coalición gobernante parece no atinar a otra cosa que bailar al son de la Vicepresidenta. Un proverbio popular sostiene que “lo pequeño se hace grande cuando lo grande no existe”.
El panorama descripto impone a los sectores que aún creen que sin lucha no hay victoria atizar aquellas brasitas que atesoran la experiencia histórica de incontables conquistas populares, pero fundamentalmente – por encima de cualquier otra cosa – entender que hoy más que nunca resulta suicida desagregar su pelea en decenas de reivindicaciones parciales.
Porque cinco dedos hacen un puño. Y porque la esperanza del pueblo no puede depender exclusivamente de la mala suerte de sus enemigos.-
Ecocidio: avanza el desmonte en
Tartagal a pesar de los amparos
judiciales
Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.
La comunidad Territorios Originarios Wichí denunció que recibieron amenazas “por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros” ante la resistencia que sentaron para evitar la tala de los árboles.
Desde la década del ‘90 que la ciudad de Tartagal, Salta, convive con emprendimientos agrícolas y forestales que desmontan los suelos para poder desplegarse sobre ellos. Esta práctica comenzó a perjudicar a las comunidades wichí en el año 2017, cuando los procesos de tala y depredación del monte llegaron hasta las “fronteras” de los territorios originarios. A pesar de los múltiples procesos judiciales, los miembros de la comunidad Territorios Originarios Wichí están “al borde de ser cercados” por estas empresas, según denunciaron en un comunicado.
La comunidad, junto a la organización de mujeres indígenas ARETEDE y la radio comunitaria “La Voz Indígena”, “han presentado denuncias a la policía en diferentes ocasiones desde 2017, llegando en 2018 a presentar una denuncia incluso en la Fiscalía Penal. Ese mismo año se solicitó la intervención de la Secretaría de Ambiente, la cual constató la tala a través de una visita y la elaboración de un acta”.
Luego del reconocimiento legal de la existencia del desmonte en el territorio comunitario, la comunidad recibió el 10 de marzo de este año una “carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y público del territorio”.
Gracias a la resistencia de la comunidad junto a las organizaciones que la acompañan, el 30 de noviembre de 2019 consiguieron una medida cautelar que establecía la prohibición de la innovación, logrando frenar el desmonte por parte de las empresas agrícolas. Sin embargo, “la situación en el monte no ha mejorado”, ya que “este año, la comunidad Territorios Originarios se enfrenta nuevamente a la tala del monte y al ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad, puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son para ellos integrantes de sus vidas como comunidad wichi”.
Ante la resistencia que planteó la comunidad junto a las organizaciones, algunos de sus miembros y una antropóloga recibieron amenazas por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos ya fueron denunciados ante la justicia pero, mientras tanto, continúa la tala indiscriminada e ilegítima. En las últimas semanas, Francois Toussaint, activista belga, junto a Martin Kraft y la productora audiovisual 3Roots, lograron captar imágenes de cómo se sigue avanzando con el desmonte.
Según la radio comunitaria La Voz Indígena, “la tala indiscriminada y el perjuicio ocasionado en la comunidad” tiene consecuencias directas “sobre la producción comunitaria y actividades tradicionales, para las que el monte es elemental en función de la continuidad de los mismos”. Además, la presencia del monte resulta fundamental “por la importancia cultural y simbólica de los alimentos del monte que impactan en la reproducción socio- organizativa del pueblo Wichi”, y por “la producción de oxígeno en zona de alta producción de monocultivos”.
“Los miembros de la comunidad sufrieron grandes padecimientos espirituales al ver que extraños habían ingresado a sus tierras con motosierras, tractores y camiones, a destruir sus árboles, arbustos, campos de cultivo, modificando definitivamente el paisaje natural y tradicional en los que sus ellos y sus abuelos crecieron y se desarrollaron de acuerdo a sus propias pautas culturales”, añadieron.
Fuente: Notas del periodismo popular
Indec: el 42% de las personas son
pobres y la indigencia superó el 10%
Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.
Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el año de la pandemia la pobreza aumentó un 6,5%. Se identificó que los ingresos familiares promedio fueron de $29.567 sobre una canasta básica de $50.854, y que casi el 58% de los menores de 14 años son pobres.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) lanzó este miércoles los resultados de los efectos económicos de la pandemia del año 2020. En el último semestre de ese año, la pobreza alcanzó al 42% de las 28 millones de personas que contempla la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y se registró que el 10,5% de esta población está en situación de indigencia.
En comparación con los datos del segundo semestre del 2019, la pobreza aumentó 6,5 puntos porcentuales, y la indigencia 2,5. Además, con respecto al primer semestre del 2020, se registró un incremento de personas por debajo de la línea de pobreza de 1,1 puntos porcentuales, mientras que la indigencia se mantuvo en el mismo valor para el universo cubierto por la encuesta.
El Indec contempla como “personas en situación de pobreza” a aquellas que viven en hogares que con sus ingresos monetarios promedio no pueden acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT). Mientras esta última alcanzó un valor de más de 50 mil pesos, la encuesta registró que el valor medio de los ingresos hogareños fueron de casi 30 mil pesos.
“Las canastas regionales promedio aumentaron 16,5% (CBA) y 16,2% (CBT). Este incremento en los valores de las canastas muestra una desaceleración con respecto al semestre anterior”, explicaron desde el Instituto. “La suma de ingreso total familiar aumentó un 8,5% con respecto al semestre anterior, por debajo de la suba de las canastas en el período en cuestión, lo que explica el aumento de la tasa de pobreza del conjunto de la población en el promedio del semestre”, añadieron.
Teniendo en cuenta que la EDH identificó a 12 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza dentro de su universo, llevando estas cifras a la totalidad de los habitantes del país se deduce que estos índices afectan a 18,9 millones de personas. En ese marco, las infancias de entre 0 y 14 años son las más afectadas, ya que la encuesta arrojó que el 57,7% de esta población es pobre. “El mayor crecimiento con relación al semestre anterior se observó en este grupo con un aumento de 1,4 puntos porcentuales; y en el grupo de 30 a 64 años, con una suba del 1%”.
Fuentes: Notas del periodismo popular
La Corte demora sin explicación las
resoluciones de distintas causas de
lesa humanidad recurridas
Por Felipe Celesia, Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.
La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución varias causas de lesa humanidad, consideradas relevantes por el movimiento de derechos humanos y que, en algunos casos, esperan desde hace años una definición.
La más desconcertante de estas demoras tiene que ver con el recurso extraordinario presentado en el alto tribunal contra el fallo de Casación que dispuso la falta de mérito de Carlos Pedro Blaquier por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976 en el ingenio azucarero Ledesma, de su propiedad.
Si bien el procesamiento de Blaquier había sido confirmado en Cámara por la justicia salteña en 2013, la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, revocó la decisión y, para ello, se tomó dos años: el fallo se firmó en marzo de 2015. Desde esa fecha, es decir, desde hace seis años, la Corte tiene el recurso pendiente y, en los organismos, suponen que los magistrados no quieren pagar el costo público de rechazarlo. Mientras tanto, el tiempo corre a favor de los imputados.
También pendiente de definición está el recurso ante la Corte presentado en 2017 por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, y por el Ministerio Público Fiscal, contra el sobreseimiento del juez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti.
El magistrado fue quien entregó en una adopción sumamente irregular al nieto recuperado Manuel Gonçalvez Granada, sobreviviente de la “Masacre de San Nicolás”, en la que su madre, Ana María Granada, lo protegió con almohadas en un placard del ataque con gas lacrimógeno y ametralladoras de efectivos del Ejército Argentino, la Policía Federal y la Bonaerense.
En ese funesto 19 de noviembre de 1976, Ana María Granada y otros dos adultos murieron por los disparos policiales; los chicos de la casa, Fernando y María Eugenia, fallecieron asfixiados por los gases; Manuel, de cinco meses, fue el único sobreviviente y el juez Marchetti lo entregó en adopción, bajo un nombre falso, tres meses después del episodio.
Están pendientes, del mismo modo, varias sentencias de la Causa Campo de Mayo y los recursos vinculados con la “Masacre de Capilla del Rosario”, en la que Casación revocó las condenas y absolvió a los imputados.
La masacre de Capilla del Rosario se refiere a la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Catamarca, a manos del Ejército Argentino, en agosto de 1974.
Los organismos que intervinieron en el proceso cuestionaron el fallo de Casación por lo regresivo en los estándares de prueba y mantienen expectativa por la resolución, ya que no existen antecedentes de condenas de la Corte en episodios previos al golpe de Estado de 1976.
Otra causa emblemática de crímenes de lesa humanidad que aguarda una sentencia definitiva del máximo tribunal es la del secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un joven que, a los 15 años, se convirtió en la víctima más joven de los denominados ‘vuelos de la muerte’. Los restos de Floreal, hijo de militantes comunistas, fueron hallados en las costas de Uruguay, con signos de empalamiento, y por esa causa están condenados los miembros del Ejército Argentino Raúl Horacio Harsich y César Amareo Fragni.
Ambos fueron condenados a una pena de ocho años en 2009, que se apeló y se elevó tres años después a doce años; pero que la defensa de los imputados recurrió.
La causa llegó a la Corte el 24 de junio de 2013 y todavía permanece allí, a la espera de una sentencia firme, y, mientras tanto, los condenados se mantienen en libertad, resguardados por la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.
Otro de los reclamos al máximo tribunal es la puesta en funcionamiento pleno de la ‘Comisión Interpoderes’, creada en 2008 por la propia Corte con el objeto de agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión tuvo lugar en 2016.
Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo demandó a la Corte la “puesta en funcionamiento” de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.
La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre de 2020, en una sesión con pocos miembros, ya que la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla “oportunista”.
Tampoco participó Estela de Carlotto, quien, en esa oportunidad, reprochó que la reunión hubiese sido pedida en mayo y que recién fue convocada para octubre. Además, la titular de Abuelas atribuyó al contexto que se organizara la reunión de la Comisión Interpoderes en ese momento dado que, planteó por entonces, “la Corte está tan cuestionada”. “No queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de (Carlos) Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos”, fueron las palabras de Carlotto.
Sólo se reunieron con Rozenkrantz el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, el titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, y representantes del CELS, quienes luego emitieron un documento con los reclamos del colectivo.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en doce causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, reafirmando que estas investigaciones constituyen para el Gobierno “una política de Estado”.
Tanto el Estado como los organismos de derechos humanos y también los imputados interesados en definir su situación legal, reclaman que la Corte defina la resolución de más de medio centenar de causas de crímenes de lesa humanidad.
Fuente: La tinta
Santiago del Estero: dueño de la
empresa Manaos intenta desalojar
a familias campesinas
Resumen Latinoamericano, 1 de abril de 2021.
Integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Vía Campesina) denunciaron que el 25 de marzo, la Fisacalía de Estado, junto a la Dirección de Tierras y la Policía, intentaron realizar un operativo de desalojo a 5 familias de campesinos poseedores de tierras en la zona de Arbol Blanco Sur, para luego vendérselas al empresario Orlando Canido, dueño de Manaos. «Es inconcebible que Fiscalía de Estado defienda los intereses del empresario Orlando Canido, desconociendo su rol como Estado y en complicidad con el poder judicial, una vez mas violan los derechos humanos de las familias campesinas indígenas. Ojala este organismo tuviera la misma eficiencia y celeridad para regular la situación de tierras de las familias campesinas indígenas, pero no es así» expresaron mediante un comunicado.
Integrantes del Movimiento Campasino de Santiago del Estero (MOCASE vía campesina) denunciaron que el 25 de marzo, la Fisacalía de Estado, junto a la Dirección de Tierras y la Policía, intentaron realizar un operativo de desalojo a cinco familias de campesinos poseedores de tierras en la zona de Arbol Blanco Sur, para luego vendérselas al empresario Orlando Canido, dueño de Manaos.
El conflicto con Canido se remonta desde hace mas de cuatro años y según los campesinos el empresario viene «generando miedo y negociando de forma oscura» terrenos a su favor en la zona de Arbol Blanco, justo al límite entre las provincias de Santiago del Estero y Chaco.
«Es inconcebible que Fiscalía de Estado defienda los intereses del empresario Orlando Canido, desconociendo su rol como Estado y en complicidad con el poder judicial, una vez mas violan los derechos humanos de las familias campesinas indígenas. Ojala este organismo tuviera la misma eficiencia y celeridad para regular la situación de tierras de las familias campesinas indígenas, pero no es así» explicó el MOCASE mediante un comunicado.
Agregaron «otra vez Orlando Canido, que parece tener una ambición sin límites, quiere despojar de sus tierras a pobladores campesinos y comunidades indígenas, ya sea desalojando por la fuerza con bandas armadas o con la técnica mejorada de perseguir, presionar y apretar a pobladores para que arreglen venderle la tierra donde viven ancestralmente y entreguen a Canido».
En ésta oportunidad se trata de 19 familias que habitan 3000 hectáreas en la zona de Arbol Blanco Sur. Los intentos de desalojo comenzaron con amenazas sobre dos familias, pero a la fecha la policía informa que se trata de 5 familias las que se pretenden desalojar. En la comunidad hay 22 menores, una Escuela primaria y una sala de primeros auxilios.
«Como Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunciamos estas prácticas viles de intentar despojarnos a los humildes del campo de nuestra tierra, es decir de nuestra vida. Las familias campesinas de Arbol Blanco hemos armado una carpa de resistencia en la zona del conflicto, donde ahora mismo hay policía haciendo guardia y comiéndose la producción de las familias. Mejorar la condiciones de arraigo de comunidades campesinas indígenas y de la agricultura familiar hará de este país un lugar mas justo y con menos hambre, incluso con menor impacto de las pandemias globales como la que nos afecta actualmente» finaliza el comunicado.
Fuente: ANRed
Envio:RL
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