COLOMBIA.

 

No cede la brutal represión: allanamientos 

y detención de jóvenes para intentar 

frenar la rebeldía

Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.

La policía está perpetrando centenares de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las fuerzas represivas van a las casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para reprimir la protesta (ya hay varios casos de burdos montajes judiciales), o para desaparecerlos.

Es muy importante que siempre griten nombres y apellidos y que la vecindad pueda filmar el hecho, para intentar evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen de Estado de la desaparición forzada. Ya hay más de 600 personas desaparecidas por la policía en poco más de dos semanas de Paro Productivo Nacional. De algunas de esas personas secuestradas y desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida (los cuerpos de dos estudiantes secuestrados por la policía el 28 de abril aparecieron el 5 de mayo flotando en el río Cauca, ayer apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino).

La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado intensivamente contra la población, con particular saña durante este Paro: esta práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.

Exigimos que el Estado colombiano devuelva a los centenares de desaparecidos durante el Paro: a los que todavía tenga vivos en comisarías, batallones militares o casas clandestinas de la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la desaparición forzada.

Las personas que la policía haya enterrado en fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por todo un país que no va a permitir “la desaparición de los desaparecidos”. Nos los arrancaron por ser personas dignas que lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora, Colombia sufre, pero no se rinde.

El levantamiento popular y lxs jóvenes 

en primera línea

Por Germán Muñoz González. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.

Desde que nací, el mismo año del Bogotazo, he vivido prácticamente siempre bajo estado de sitio o de excepción o de conmoción interior, lo cual se podría traducir como Violencia, con mayúscula, pero con ropaje de legalidad. Este es el estallido social de una mayoría de la población, en particular de los jóvenes, que no acepta más la violación de su legítimo derecho a la vida digna.

La Violencia ha sido una especie de fatalidad histórica de la que pareciera no haber escapatoria para los colombianos. Ha sido un nudo ciego, una maraña de hilos donde caben fenómenos como la corrupción, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, la oposición política o la protesta social. Todos ellos están atados a una misma trama, sin raíces explicativas. Hoy necesitamos comprender el origen histórico de esa Violencia, es decir, la desigualdad social, y contraponerla a la figura del ‘enemigo interno’, que se ha convertido en la retórica predilecta para combatirla y que periódicamente cambia de nombre (castrochavismo ha sido la fórmula más usada en lo que va corrido del siglo XXI).

Puedo dar fe de que en 70 años de vida no había visto lo que he presenciado en las dos semanas que han trasncurrido del 28 de abril a la fecha. Protestas y manifestaciones recuerdo muchas: la más notable, tal vez, el paro nacional de septiembre de 1977, en el cual se contaron centenares de heridos, cerca de 30 personas muertas, la mayoría jóvenes menores de 25; sin hablar del movimiento estudiantil que surge en 1971 y, por supuesto, de la Violencia en los territorios nacionales en esa guerra civil no declarada que se desencadó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, momento fundante del fenómeno de las guerrillas. Han sido setenta largos años de guerra que no terminan con la firma del acuerdo de paz en 2016. Recordemos que el respaldo multitudinario de los jóvenes fue definitivo para exigir la refrendación de lo pactado.

Tampoco olvido el movimiento estudiantil liderado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos a la Ley 30 de educación superior en Colombia. Mucho menos el paro agrario de 2013 o el paro histórico del 21 de noviembre de 2020, en el que la gente protestaba en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa, y a favor del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC.

Más cercanas aún son las marchas del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del extremo abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia, y para sentar una voz que dijera ‘basta ya’ a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial, hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano, liderada por las organizaciones indígenas en octubre de 2020, que emocionó por sus consignas y valentía, logrando movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido pacífico por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Sin embargo, la semana pasada y el fin de semana con gravedad inmensa he sido testigo, como lo fuimos todos los colombianos y, a través de las redes informáticas, el mundo entero –pero especialmente, en vivo y en directo, los habitantes de Cali y de Bogotá– de un escenario desconocido, de un escalamiento de la Violencia sin precedentes, de una ‘guerra’ desatada contra la población civil levantada en una justa protesta y que, valiéndose de armamento sofisticado de última generación, ha puesto en juego el terror como política de Estado. Nunca imaginé que a nuestras calles llegarían dispositivos desarrollados para el cuerpo de marines de los Estados Unidos con municiones aturdidoras, gases irritantes y perdigones de alto impacto, armas letales creadas para guerras entre ejércitos. Mucho menos pensé posible que llegáramos a este saldo inmenso y creciente de muertos, heridos, torturados, desaparecidos y abusados.

El paro nacional ha llegado a lugares recónditos del país, donde nunca antes llegaba, y se ha mantenido sin dar tregua desde el 28 de abril. Ha desnudado las grietas del famoso modelo económico neoliberal, estable y ortodoxo, y ha mostrado palpablemente que en esta democracia formal, supuestamente estable, la clase política es incapaz de llegar a soluciones y su único recurso es la fuerza brutal de las armas. Nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza y falta de credibilidad de la población sobre la clase política, las fuerzas armadas y los medios masivos de seudoinformación. «Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación prerevolucionaria», dice Carlos Caballero Argáez.

Los noticieron de las empresas mediáticas repiten hasta la saciedad que se trata de ‘vándalos’ y ‘terroristas’. Ninguna de las dos palabras nombra lo que está sucediendo, pero ambas hablan de miedos y amenazas latentes para una parte de la población. El estallido social recoge la rabia, la indignación, el repudio de una mayoría de la población que no acepta más la violación de su legítimo derecho a la vida digna, en particular de los jóvenes comunes y corrientes, no pertenecientes a organizaciones ni partidos, que han ocupado la primera línea de las marchas callejeras, que se han movilizado y han visto a sus amigos caer masacrados.

El juvenicidio, sacrificio consensuado de aquellos que ‘no merecen vivir’

Hago parte de un colectivo de investigadores de varios países de América Latina y Europa que se ocupa del juvenicidio. La palabra es un neologismo que tiene seis años de existencia, derivado de la palabra feminicidio, con la cual guarda estrecha relación. Nos convoca una pregunta sencilla: ¿de qué mueren los jóvenes en América Latina? En Colombia, la primera respuesta es que los matan y se matan (se suicidan).

En estos días, se ha hecho evidente que Colombia es un país donde el juvenicidio hace parte de la rutina cotidiana. Hay nombres que entraron en nuestra historia y en nuestra galería de los afectos: Dilan Cruz, asesinado el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá; Nicolás Guerrero, el 2 de mayo de 2021 en Cali; Kevin Agudelo, en Cali el 3 de mayo de 2021; Lucas Villa, el 5 de mayo de 2021 en Pereira. Tantos otros de una lista donde también están los 6.402 del panteón llamado ‘falsos positivos’.

En todos los países de América Latina existe una larga lista de asesinatos sistemáticos de jóvenes no casual, no accidental ni de página roja: se trata de asesinatos planificados. En algunos países, como México, Brasil y Colombia, las cifras son escandalosas (recordemos la masacre de la semana pasada en una favela de Río de Janeiro y la de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014). Más de una vez han coincidido con dictaduras que han hecho de los asesinatos el pan de cada día. Otra cosa es que no se habla de ellos, han permanecido invisibles o han sido aceptados socialmente, producen indiferencia, son parte del paisaje.

Hablar de juvenicidio supone asesinatos, casi siempre atroces y brutales, que son llamados ‘ejecuciones extrajudiciales’ y se encuentra acompañados de desapariciones forzadas y múltiples formas de tortura. También es juvenicidio cualquier otra forma de atentado contra la vida de los y las jóvenes: la precariedad laboral, la exclusión de la vida pública, el silenciamiento y la satanización en los medios masivos de comunicación, las limitaciones a sus derechos, la prohibición de su movilidad dentro de territorios acotados, el cercenamiento de las libertades, la abierta represión. Juvenicidio es amputarles la posibilidad de vivir una vida digna y con sentido, negarles una imagen con contenido de verdad, representarles como predelincuentes o como causantes de peligro para la sociedad entera. Esto, porque no solo se mata a los jóvenes con balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro, su buen nombre, convirtiéndolos en peligro social y creando el estigma en la opinión pública.

Dos conceptos son capaces de dar cuenta de esta dolorosa realidad en el actual contexto. El primero el de necropolítica, según los planteado por Achille Mbembe, que se genera a partir de dos preguntas fundamentales: ¿quiénes merecen vivir? ¿quiénes deben morir? Sin duda, en Colombia los jóvenes se encuentran en la lista de quienes deben morir. Son prescindibles. Algunos más que otros: los pobres, los negros, los pueblos originarios, los que ya no tienen miedo de enfrentar el poder porque lo han perdido todo. En consecuencia, necropolitica es gobernar a los seres humanos en relación con la muerte. Ya no es el gobierno de la vida solamente, es el gobierno de la muerte de los seres humanos.

El doloroso presente de muchos jóvenes ocurre en el horizonte del necropoder, donde aquellos que han sido llamados ‘el futuro de la patria’, protagonistas del momento más feliz de la vida, son permanentemente vulnerados y precarizados. El poder absoluto permite dictaminar quién vive y quién muere, utilizar el horror y el miedo como modelo de gobierno.

En segundo lugar, me parece fundamental para entender el juvenicidio la noción de Estado penal construida por Loïc Wacquant. Para entender la necropolítica hay que comprender la teoría del Estado después del 11 de septiembre de 2001, en la sociedad de la lucha contra el terrorismo. Se trata de un Estado que reprime hasta la muerte a todos aquellos que considera como potencialmente terroristas, que reprime desórdenes generados por el desempleo masivo porque este genera desórdenes. Igualmente, reprime a quienes no tienen futuro ni lo van a tener, a los que no tienen oportunidades, a los que viven en la incertidumbre porque generan riesgos para los demás. Castiga con puño de hierro y cárceles de miseria a los pobres, a los parias. Decreta pena de muerte a los negros, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes.

Recordemos, en el caso colombiano, la atrocidad llamada ‘falsos positivos’ que alude a bajas en combates que no existieron, un eufemismo canalla. Fueron asesinatos intencionales, planificados y sistemáticos de civiles colombianos, población inerme (algunos con discapacidad), presentados por el Ejército como muertes en combate con el objeto de mostrar resultados exitosos y obtener recompensas económicas. Los cogieron en las calles de los barrios populares, engañándoles con ofertas de trabajo porque eran desempleados. Terminó siendo una política de exterminio de jóvenes pobres, sin trabajo. Juvenicidio es, en este caso, crueldad extrema cometida por un Estado penal. Son crímenes de Estado contra un supuesto enemigo.

Zaffaroni anota que el enemigo es la población civil, el enemigo son los jóvenes, el enemigo son los pobres, el enemigo son los negros de las favelas porque tienen el perfil de aquellos que son sacrificables y no pasa nada. En Colombia son jóvenes pobres que viven en zonas marginales: Siloé y Aguablanca en Cali, Ciudad Bolívar y las periferias de Bogotá, las comunas pobres en Medellín.

Aunque este acontecimiento tiene una larga historia, no es visible ni perceptible y no hay acción política en contra de esta realidad macabra que se ha enquistado en la vida social y política de América Latina, que se ha naturalizado en medio de la guerra y que ha existido en medio de la impunidad. Queda claro que el juvenicidio es sistemático, aceptado socialmente y que los jóvenes no les duelen a nuestras sociedades porque son vistos como un peligro social.

Las identidades de estos jóvenes están desacreditadas, se construyen a través de prejuicios, estereotipos, estigmas y racismo que producen criminalización, vulnerabilidad, indefensión, subalternidades radicales (como las llama Gramsci) o identidades canallas, vidas vulnerables y vidas que pueden ser suprimidas.

Las vidas precarias de los jóvenes colombianos no merecen ser protegidas. Se disparan indiscriminadamente granadas desde tanquetas contra quienes portan rostro juvenil, mientras helicópteros Blackhawk artillados los vigilan desde el aire.

La frase de Lucas Villa, premonitoria el día antes de ser acribillado en Pereira, es lapidaria: “ahorita en Colombia solo el hecho de ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida”. ‘Los Nadie’ son los jóvenes del país más desigual de América Latina, siendo este el continente más desigual del mundo. La guerra es contra ellos, su resistencia es desde la ‘nada’.

Fuente El Turbion

Persiguen, amenazan y roban grabaciones 

al periodista David Escobar

Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.

El reportero alternativo caleño David Escobar, quien hace parte de un equipo de trabajo de prensa internacional, fue víctima de persecución, amenazas y robo de todo su equipo de trabajo y grabaciones, luego de realizar la cobertura de lo que ocurre en el sur de Cali en desarrollo del Paro Nacional, en la noche del jueves 13 de mayo de 2021.

Cuando se encontraba haciendo una serie de grabaciones en el barrio Siloé, Escobar y el periodista de un medio europeo con el que colabora fueron abordados por agentes de la Policía que les exigieron documentación y les prohibieron hacer tomas del sector donde se encontraban.

Una vez finalizado su ejercicio profesional en el barrio, y ya en el hotel donde se aloja el reportero de prensa internacional, en el oeste de la ciudad, fueron de inmediato abordados por dos sujetos armados, vestidos de civil, quienes amenazaron a Escobar y le exigieron la entrega de todo su equipo de trabajo (cámara, micrófonos, filtros, etc.) y de las grabaciones hechas en Siloé.

Los dos individuos partieron, pero se devolvieron para reclamarle al reportero un disco duro con más grabaciones. “No te vas a hacer matar por esto”, le dijo uno de los delincuentes en moto, momentos antes de marcharse, reveló Escobar a PERIODISMO LIBRE.

El periodista denunció, asimismo, que los asaltantes les exigieron la entrega de sus teléfonos celulares bajo amenazas de ser asesinados si no lo hacían.

Todo indica que luego de la cobertura noticiosa en el sur de Cali, Escobar y su colega fueron perseguidos hasta el oeste, con el propósito de evitar que lo grabado en Siloé sea conocido en el mundo.

En días recientes, el reportero ha sido objeto de amenazas vía redes sociales, cerca de su lugar de residencia se sitúan sujetos vestidos de civil durante horas, todo lo cual evidencia actuaciones de persecución por parte de agentes estatales o paraestatales.

Además, recientemente, durante una cobertura efectuada en el sector de La Luna, donde jóvenes caleños han sido brutalmente reprimidos por la Policía de Cali y atacados por civiles de extrema derecha armados, agentes del Esmad le dispararon directamente balas de goma.

De acuerdo con el testimonio de Escobar, tales elementos de represión no le causaron daños mayores por los mecanismos de protección en el pecho que personas solidarias le ayudaron a conseguir para poder realizar su trabajo de reportería alternativa.

Escobar y el colega de la prensa internacional realizaban en Siloé un trabajo de reportería sobre los graves hechos de los últimos días, en los que la Policía de Cali ha ejercido una brutal represión contra los jóvenes que participan en el Paro Nacional.

La violencia estatal en el barrio del sur occidente de Cali ya deja tres jóvenes asesinados y decenas de heridos y detenidos, sin que hasta el momento haya investigaciones que conduzcan al castigo de los responsables.  

PERIODISMO LIBRE expresa toda su solidaridad a David Escobar y espera que la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip y demás agremiaciones se pronuncien frente a esta nueva violación al libre ejercicio de la información veraz en Colombia, de manera especial en Cali.

En la capital del Valle han sido denunciados 27 asesinatos en desarrollo de la oleada represiva contra el Paro Nacional, centenares de heridos, detenidos, desaparecidos y por lo menos doce casos de jóvenes violentadas sexualmente.

Fuente: TeleSUR

Denuncian asesinato de guardia 

indígena en Jamundí

Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.

El instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo el asesinato del guardia indígena Geovanny Cabezas Cruz en el municipio colombiano de Jamundí, situado en el departamento del Valle del Cauca. Aunque se desconoce el grupo armado que perpetró el crimen, la comunidad ha denunciado la presencia de núcleos paramilitares conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Indepaz señala que en menos de seis meses del año, en el país se han asesinado a 65 líderes sociales.

De acuerdo a Indepaz, Cabezas Cruz de 18 años fue asesinado a las afueras de Jamundí, en la zona conocida como Caribes Quinta de Bolívar, al parecer dos hombres lo interceptaron y le propinaron varios disparos en la espalda.

Aunque se desconoce el grupo armado que perpetró el crimen, la comunidad ha denunciado la presencia de núcleos paramilitares conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Los habitantes de la zona también expresaron su preocupación ante el amedrentamiento de ciertos grupos al margen de la Ley, quienes amenazaron a líderes indígenas que participaron en la Minga por la Dignidad que se desplazó hasta Cali el pasado fin de semana.

Con el asesinato de Cabezas Cruz en menos de seis meses del 2021, Colombia registra 65 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) asesinados.

Asimismo, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 hasta la presente fecha, Indepaz reporta un total de 1.181 líderes masacrados.

Fuente: TeleSUR

Envio:RL