ESPECIAL COLOMBIA.

 

Duque: autogolpe o renuncia

Por Piedad Córdoba Ruíz. Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

La grave crisis que vive la democracia colombiana nos está llevando a un dilema encarnado en el destino mismo del actual presidente Iván Duque Márquez: autoritarismo o apertura democrática, guerra o paz, golpe de estado o renuncia. Por ahora, estamos presenciando una nueva modalidad de autogolpe: el autogolpe gradual. Sin necesidad de anunciarlo al estilo fujimorista, Duque y su grupo en el poder concentran hoy más poder legal y real que cualquiera de sus antecesores tras la caída de Rojas Pinilla, lo que no implica lastimosamente que el desequilibrio antidemocrático no tienda a agudizarse aún más.

Se percibe un clima de caos, que al mismo tiempo que posiciona salidas autoritarias permite los mayores desafueros del Ejecutivo. Se vive una ola de violencia funcional a aquellos que promueven una mayor militarización del país y a darle continuidad al conflicto social armado ante la perfidia al Acuerdo de Paz. La escalada de muerte en Colombia parece la antesala a un golpe de estado. Las masacres en Nariño, el Cauca y buena parte de los territorios otrora ocupados por las Farc-EP, el genocidio a cuentagotas contra los excombatientes, la masacre contra manifestantes desarmados en Bogotá, el asesinato de Juliana en el Cauca por un miembro del Ejército no son hechos aislados, sino manifestaciones de una grave crisis humanitaria y de la generación de una zozobra que favorece el despotismo

Revisemos los pilares básicos de una democracia en la actual coyuntura colombiana: subordinación de las FF. MM. al poder civil; equilibrio de poderes entre las ramas y órganos del Estado; ejercicio efectivo de las libertades civiles y garantías democracia; confianza y legitimidad de los procesos electorales. Es tal la actual asfixia democrática, que es inevitable pensar respecto a Duque, que hijo de turbayista, sale represivo.

¿Cuáles son los logros militares del Gobierno Duque? Bombardeo a niños, perfilamiento a opositores, violación permanente a los DD. HH. de la población civil, cúpula castrense cuestionada por DDHH, presencia irregular de tropas extranjeras, participación en ejercicios de guerra internacional utilizando nuestro territorio, desconocimiento de las autoridades locales y de los fallos judiciales, masacre policial y represión violenta a la protesta con amparo jurídico del fuero penal militar e hipertrofia del presupuesto militar para el 2021 a más de 37 billones. Este apretado resumen expresa el poder real omnímodo de la Fuerza Pública, sus sectores económicos y sus áulicos como el ministro Holmes Trujillo, al punto que el presidente Duque termina literalmente uniformado con ellos. Con estas gabelas a militares y policía ¿Para qué se necesita un cuartelazo? Hay de facto en nuestro país un gobierno autoritario sustentado –y condicionado- por el poder militar, como lo llamara el Mayor Bermúdez Rossi, y es claro que el presidente respalda y es respaldado por la facción mayoritaria de la fuerza pública.

Miremos el llamado equilibrio de poderes. Duque y su partido tienen medio Estado en el bolsillo: fiscal, procuradora, defensor del pueblo, y próximamente podrían consolidar mayorías en el Banco de la República y la Corte Constitucional. Entre fichas gubernamentales y amigos personales del Presidente, la independencia de las ramas del poder y órganos de control ha sido reducida a una ficción. Esta concentración de poder no solo demuestra el anacronismo de los mecanismos actuales para la elección de los altos cargos del Estado, sino que exige una reforma política de fondo al respecto.

Pero la cosa no para allí,  ratificando que el autogolpe gradual ya se está dando. No contento con coleccionar entes supuestamente autónomos, el Gobierno de Duque ha suprimido de facto las competencias de las autoridades locales en lo que respecta al manejo del orden público implantando primero las llamadas ZEEI ( Zonas Estratégicas de Intervención Integral) que pone territorios en conflicto a discreción de los mandos militares y ahora promoviendo la insubordinación policial en las ciudades, dando al traste con la descentralización desarrollada por la Constitución de 1991. De igual forma la pandemia y la crisis del orden público ha sido aprovechada para que el presidente gobierne bajo un estado de excepción permanente, haciéndonos recordar el nefasto estado de sitio perenne de la Constitución de 1886, recortándole las facultades a un legislativo virtualizado al que se le niegan mediante argucias de todo tipo, el ejercicio efectivo del control político. Entre un Congreso virtual con un presidente legislando por decreto,  y el cierre del parlamento solo hay un tenue matiz, que en medio de la crisis propiciada por el mismo Gobierno Nacional se puede cruzar en cualquier momento y sin mucha resistencia de ciertas bancadas que han demostrado ser bastante venales.

Igualmente, el gobierno Duque está convirtiendo las altas cortes en ornamento al desconocer impunemente sus sentencias. Si el rechazo presidencial a la medida de aseguramiento contra el exsenador Uribe Vélez ya era una intromisión inadmisible, el desacato en curso contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, o la burla al fallo del Tribunal de Cundinamarca que suspendía a la brigada militar norteamericana en el país, en la práctica equivalen a licenciar a los togados. A propósito, tras más de 3 meses de su proscripción legal las tropas gringas siguen aquí. ¿A dónde va a llegar el totalitarismo presidencial y su peligroso sometimiento a la campaña electoral de Donald Trump?

En tercer lugar hablemos de los indicadores reales de la democracia colombiana: las garantías de nuestros derechos civiles.  Más de 60 masacres en lo corrido de 2020, más de 230 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, al igual que 573 líderes sociales y de derechos humanos solamente durante el gobierno Duque. Complementan el panorama la represión violenta contra el derecho a la protesta, los seguimientos y hostigamientos legales e ilegales contra la oposición política y social, el linchamiento mediático y la promoción de ideologías fascistas, discriminatorias y antidemocráticas, así como la continuación de la llamada “guerra jurídica” que no es otra cosa que la criminalización de la oposición con el guiño de un Fiscal apéndice del Gobierno Nacional. La semana anterior hubo denuncias de que Barbosa y Holmes preparan una masiva cacería de brujas judicial, retornando a la triste práctica de montajes judiciales.  Si esto llega a ser cierto estas “pescas milagrosas” de la Fiscalía harían ruborizar jornadas similares de las dictaduras del Cono Sur y el autogolpe estaría consumado. Sin embargo ni el Ejecutivo ni la Fiscalía responden.

Lo que para algunos países fue un nefasto periodo de abiertas dictaduras militares, para Colombia se nos vende solapadamente como una especie de “nueva normalidad”, que no obstante, no logra ocultar su carácter antidemocrático. Hoy están negadas de facto las libertades civiles para la mayoría de la población, tanto para las comunidades sometidas a la violencia en los territorios, como para los que realizamos oposición al autoritarismo presidencial o ejercemos el derecho a la movilización. Está avanzando el autogolpe.

Finalmente, miremos la transparencia electoral. La continuidad de Duque en la presidencia es en sí mismo la afirmación de la ausencia de garantías en el proceso electoral en nuestro país. En medio de la paquidermia de un CNE politizado y una Corte Suprema hostigada por el presidente, sigue abierta la investigación de la llamada “Ñeñepolítica” que solo demuestra la intervención de fuerzas ilegales para poner a Duque en la presidencia. Los elementos probatorios son de tal calado que la Corte mantiene la competencia sobre el exsenador Uribe y sobre varios parlamentarios del partido de Gobierno involucrados en este escándalo que sumado al testimonio de la exparlamentaria Aida Merlano, hacen ilegítima la elección de Duque, curiosamente el presidente que mayor poder haya acumulado en el último medio siglo. Incluso aplicando la vieja máxima turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones, esto implicaría cuando menos la renuncia de Duque y de su fórmula vicepresidencial, hasta que no sean juzgadas estos hechos, y -ya que está de moda entre los uribistas- hacer público el caso de la Ñeñepolítica para que todo el país tenga acceso a la verdad, así como darle trámite a las necesarias compulsas de copias derivadas de las denuncias de Merlano.

No hay subordinación del poder militar al civil, no hay independencia de poderes ni de organismos de control, no hay garantías democráticas ni goce efectivo de los derechos civiles, y no hay transparencia ni equilibrio del sistema electoral. Todas estas transgresiones antidemocráticas, si bien vienen de atrás, han sido exacerbadas para y por Duque. Si Duque continua como si nada, las elecciones de 2022 serán en medio de una dictadura cívico-militar maquillada, porque el autogolpe en curso se habrá consumado. Gran reto tenemos las fuerzas comprometidas con la paz y la democracia en Colombia.

Cayó la reforma, ahora que caiga la

tiranía

Por Julián David Murcia Suarez. Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

El gobierno de Iván Duque alardea frente a los medios de comunicación diciendo que ha retirado la reforma tributaria y luego sale su ministro Carrasquilla presentando la renuncia; esto no ha puesto solo en evidencia la fuerza de poder popular sino también las luchas que aún nos quedan por dar en el marco del Paro Nacional. Estamos claros con que este, no debe concentrar sus esfuerzos únicamente en tumbar reformas, pues las problemáticas que bordean el país siguen siendo muchas y concentran una preocupante profundidad: fracking, detrimento del sistema de salud, pensión y educación, enriquecimiento de la banca en tiempos de pandemia, el asesinato de líderes sociales y ambientales… entre otras miles de problemáticas.

Es que con el pasar de los días se confirma aún más que en Colombia vivimos en una dictadura, que utiliza los mal llamados “héroes de la patria” para en nombre del fascismo llenar las calles con sangre de los hijos de este pueblo, que lo único que están pidiendo bajo el legítimo derecho a protestar es un país más justo, donde se pueda vivir dignamente en paz y justicia social.

No podemos seguir permitiendo que este gobierno siga siendo insensible, que siga negándose al dialogo, que actúe a favor de una violencia armada, de un terrorismo de estado que ya no queremos y que no nos deja alcanzar una verdadera paz. Este gobierno con todas sus acciones demuestra que quiere sumir cada día más a las mayorías en la misma miseria que llevamos padeciendo más de 70 años hundiéndonos en severa pobreza monetaria y social.

La tarea está en la lucha organizada, para seguir llenando las calles de dignidad, de rebeldía, pero sobre todo de poder popular para la construcción colectiva de un proyecto de movilización social sin precedentes, que bajo unos objetivos claros guie el camino del pueblo en la lucha por la transformación de esta realidad en la que nos sumergimos.

La juventud juega un papel importante en este momento, pues está llamada a sacudir el establishment y buscar la caída de esta dictadura fascista narco- paramilitar, por eso, ahora más que nunca asumamos el rumbo de nuestro país, llenos de mucha moral y luces por una nueva Colombia al alcance de nuestros sueños.

Fuente: Rebelión

Soldados señalan que apoyan la lucha 

del pueblo // Una manifestación frente 

al cuartel grita «El pueblo no se rinde, 

carajo»

Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

Sube la levadura de la revuelta colombiana contra la dictadura de Iván Duque y Uribe. A todas las manifestaciones que se vienen produciendo estos días en varias ciudades ahora también comienzan a aparecer testimonios de soldados colombianos que dicen que entre el pueblo y el gobierno, ellos están con este último. Y otro advierte: «Muerte pa’Duque». Ejemplo: Este video grabado por soldados que custodian la represa de la salvajina (Cauca).

Alberto Fernández y Evo Morales 

condenan represión // Dura respuesta 

de Cancillería colombiana

Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

foto: Las manifestaciones en Colombia llegan a su décima jornada y ya se confirman muertes a manos de la policía. | Foto: @TobarteleSUR

El presidente argentino ha expresado este jueves desde su cuenta oficial de Twitter su preocupación por la represión en Colombia, a la que se refirió como violencia institucional.

“Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego por que el pueblo colombiano retome la paz social” tuiteó el  mandatario, y añadió una alusión directa al gobierno del país, instándole a detener la violencia institucional.

De este modo, Fernández se une a la lista de líderes y entidades internacionales que se pronuncian por la crisis de derechos humanos que se vive hoy en Colombia, con el enfrentamiento de las fuerzas policiales contra los manifestantes en paro nacional contra la reforma tributaria.

También el expresidente boliviano Evo Morales se pronunció hoy al respecto, analizando la situación como una oportunidad para generar cambios estructurales en la nación. Asimismo, Evo llamaba a los organismos internacionales a intervenir ante la situación. “Los organismos internacionales deben parar la violencia”, dijo desde Twitter.

Esta semana el rechazo a la represión policial en Colombia llegó también desde instituciones de Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido, cuando se cumple hoy la décima jornada de manifestaciones en el país latinoamericano.

Asimismo expresaron preocupación el Grupo de Puebla, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, que pidieron calma, y un reparto de poderes equilibrado.

Los actos violentos en Colombia iniciaron el pasado 28 de abril después de que sindicatos y grupos sociales comenzaran un paro nacional contra el reciente aumento de tributos por parte de un decreto del Ejecutivo la reforma pensional y la reforma de salud, así como otras medidas antipopulares.

Dura respuesta de Colombia a Alberto Fernández por sus dichos sobre las manifestaciones: “Una intromisión que alimenta la polarización”

La cancillería de Iván Duque rechazó los dichos del presidente argentino, quien había acusado a Bogotá de “violencia institucional”. Para el gobierno colombiano se trata de una “intromisión arbitraria”

7 de Mayo de 2021El presidente colombiano Iván Duque junto a su par argentino, Alberto Fernández (Esteban Collazo)

La Cancillería Colombia emitió un durísimo comunicado en respuesta a los dichos del presidente argentino Alberto Fernández quien por medio de su cuenta de Twitter había cuestionado el accionar de la administración de Iván Duqueen la crisis desatada a partir de las múltiples manifestaciones que se dan en las principales ciudades colombianas. “Alimenta la polarización”, acusó la dependencia dirigida por Claudia Blum.

“Cancillería, en nombre del Gob. de COL, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández,que desconocen que miles de colombianos han tenido,conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, comienza el mensaje emitido por la cuenta oficial de el ministerio de relaciones exteriores de Duque.

Fernández publicó su mención sobre la crisis colombiana en la noche del jueves: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia”, expresó el jefe de estado argentino en su cuenta de aquella red social. “Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social”, continuó y agregó que “instaba” al gobierno de Duque a que, “en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, lo que provocó la respuesta de Bogotá.

La cancillería colombiana continuó: “El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.

Bety Ruth Lozano, dirigente social:

«No es suficiente con parar la reforma 

tributaria»

Por Verónica Gago. Resumen Latinoamericano, 07 de mayo de 2021

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

Desde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comuidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena…

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombianade Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

«Coalición de la Esperanza» y su 

diálogo con el gobierno: aflora el 

oportunismo de siempre de la 

politiquería, mientras el pueblo pelea 

en la calle

Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

No es nuevo que en medio de la lucha popular, donde colombianos y colombianas de a pie, ponen el cuerpo y también la vida en su repudio al régimen uribista, aparezcan de pronto los que quieren sacar rédito de ese esfuerzo. Son los «demócratas», blanquitxs, con ropas caras y modales delicados. Casi todxs ellxs has usufructuado de cargos gubernamentales y ganado buenas sumas de dinero. O sea, son totalmente diferentes en lo que hace a clase social a los que están en la calle manifestándose y peleando contra la brutalidad represiva del Esmad o el ejército.

Sus nombres son conocidos; Sergio Fajardo y Carlos Amaya, los senadores Jorge Enrique Robledo y Antonio Sanguino, la representante Ángela María Robledo, el exsenador Juan Manuel Galán, el exvicepresidente Humberto de la Calle y el exministro Juan Fernando Cristo, entre otros. A todos ellos se les ocurrió la «idea salvadora» de ir a encontrase con el dictador Iván Duque, hijo putativo de Uribe Vélez y en nombre de pedir «firmemente» que «cese la violencia» abrir una puerta al diálogo.

Duque contento de recibirlos ya que la delegación le tira un salvavidas para poder seguir hablando de dialogar «con los ariscos y revoltosos» que pululan por todo el país. Los de la Coalición, conformes también porque pudieron posar para la foto de los «grandes» y censores medios del establecimiento, y demostrar que eso de apagar fuegos a ellos y ellas les viene como anillo al dedo. Algo similar se vio en el Chile de Piñera, cuando más arreciaba la Revuelta popular, la partidocracia aceptó sentarse a dialogar con el dictador y si bien no lograron que la gente abandonaran las calles, sí pusieron paños tibios para que las protestas ya no fueran tan bien vistas por algunos temerosos y arribistas que nunca faltan.

Pero volvamos a esta «Coalición de la Esperanza». Indudablemente quieren aparecer como generalmente lo intenta la Iglesia, es decir transmitiendo una imagen de «intermediación entre las partes», aunque a la hora de la verdad, estos que este viernes visitaron la Casa de Nariño, están pensando en clave de futuras conveniencias electoraleras.

Los líderes «opositores» pidieron al presidente Duque desplazarse a Cali para escuchar las inquietudes de los manifestantes, pero el dictador dijo que tal posibilidad la estaba evaluando y es muy difícil que la concrete.

Igualmente le plantearon que es necesario que escuche al pueblo porque el «incendio social» que vive Colombia, «el más grande en décadas» según expresó Juan Fernando Cristo, porque hay que dar una solución real a los diferentes problemas sociales y que se han venido aplazando desde 2019.

Otros integrantes de la Coalición de La Esperanza agregaron que se le manifestó al Presidente que «repetir la Conversación nacional» como en 2019, llevará solamente a aplazar las salidas nacionales, que se requiere un cambio de rumbo y que lo más importante es recuperar la confianza en las instituciones, función que dijeron, le corresponde directamente.

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Tras insistir en que hay que parar la violencia para poder facilitar un diálogo fructífero, sostuvieron que con las mismas inquietudes que entraron a la Casa de Nariño, salieron. O sea, con los bolsillos vacíos.

Sin embargo  insistieron que es con el Comité Nacional del Paro con quién se debe hablar para encontrar una salida ya. 

Humberto de la Calle, en una versión colombiana de la «teoría de los dos demonios», planteó: “Consideramos de manera vigorosa los excesos de la fuerza pública… hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas. El presidente debe asumir el liderazgo directo de las fuerzas armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica», indicó. Presuroso agregó que «creemos también que son inaceptables las agresiones contra la fuerza pública, así como los excesos en el derecho a la protesta»

Por su parte el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que en medio de las diferencias se encontraron puntos de convergencia. Tras reiterar su llamado a levantar los bloqueos pidió a los miembros del Comité del Paro Nacional reunirse hoy, tal cual estaba programado. Sin embargo, voceros de dicho Comité rechazaron esa invitación gubernamental.

Por su parte el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó el encuentro como fructífero e instó al Comité Nacional del Paro a reunirse hoy mismo. Reveló que ya se tuvo una primera reunión confidencial esta semana y en la misma se acordó un nuevo encuentro para el lunes, pero que el Presidente Duque y su vicepresidente Martha Lucía Ramírez quieren que se adelante el encuentro para encontrar una solución inmediata.

Como se ve, algo se mueve en el Palacio para difuminar la protesta de la calle, ahora habrá que ver cuanto de resto tiene esta última para no ceder en sus reclamos y seguir llenando de pueblo las plazas de todo el país. Lo hecho hasta ahora es impresionante en lo que hace a demostrar que con su lucha tanto Duque como Uribe han quedado expuestos como lo que son: una banda criminal.

Una canción contra Iván Duque, su 

reforma tributaria y la represión

Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

“Colombia está en alerta roja. SOS pedimos ayuda”: el llamado del rapero McKiller.

Las protestas que sacuden a Colombia dan lugar a reacciones en distintas partes de la región y son varios los artistas que se han hecho eco de lo que pasa. Uno de los que se sumó a esa lista es el rapero McKiller, quien armó un video con una performance en la que advierte que ese país “está en alerta roja” y pide ayuda.

La pieza audiovisual combina un rap en el que McKiller narra lo que ocurre en ese país con imágenes del presidente Iván Duque, al que critica duramente, y de la represión desatada contra quienes salieron a manifestarse contra sus medidas económicas.

“Ya no es solo la reforma ahora también es por las almas de la gente que mataron mientras protestaba en calma”, dice entre otras cosas McKiller. El rapero también se pregunta “¿Ahora quién nos matará? ¿La pandemia o en régimen de opresión?” y remarca que “Colombia está en la calle pidiendo una mejor vida”. “Soy colombiano, ni de izquierda ni derecha, soy del pueblo y por mi gente me paro en la brecha”, agrega el artista, que remata su pieza con una cita al clásico de León Gieco: “Solo le pido a Dios que cuide a los que van a frente, sin temor luchando por toda la gente, que la guerra no me sea indiferente porque es un monstruo grande y pisa fuerte. No más violencia, detente”.

Pronunciamiento del SERPAJ América 

Latina // Video de la conferencia de 

prensa en Buenos Aires

Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.  

Ante los acontecimientos acaecidos en el territorio nacional, la Coordinación Latinoamericano (CLA), y la coordinación en Colombia del SERPAJ-AL, en conjunto con los secretariados de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos permitimos manifestar, que:

1º.- Las manifestaciones constituyen un derecho humano fundamental, constitucionalmente contemplado en la Constitución Política colombiana.

2º.- El gobierno y el Congreso se han empeñado en adelantar reformas de leyes concernientes a la tributación y a la salud, aún en medio de la pandemia que aqueja al universo entero.

3º.- De espaldas a la realidad nacional, el gobierno pretende gravar aún más la canasta familiar y hasta los servicios públicos y los servicios funerarios, lo que realmente es un exabrupto.

4º.- Con argucias de toda naturaleza, el gobierno pretendió minimizar el río humano que salió a las calles de las ciudades capitales de la gran mayoría de departamentos del país.

5º.- De manera ligera, una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió una decisión a todas luces en contravía de la Constitución y la ley, el día anterior a la marcha, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos legales de traslado de la decisión a las partes interesadas, sin los protocolos adecuados y sin darle cumplimiento a las normas procedimentales respectivas, pretendiendo desconocer EL RANGO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL DERECHO A MANIFESTARSE QUE TIENE LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA, garantía

respaldada por convenios internacionales, ratificados por el gobierno colombiano.

6º.- Desde varios sectores afines al gobierno se escucharon voces y se leyeron trinos incitando al uso de las armas por parte de la fuerza pública, aún sin mediar las autoridades civiles para buscar el diálogo y la concertación.

7º- Al llamado al uso desmedido y desbocado de las armas, los militares y policías respondieron con agresividad, llegando a retener ilegalmente a miles de jóvenes y adultos que se encontraban marchando y aún sin estar en la marcha, fueron retenidos abrupta y arbitrariamente por el solo hecho de encontrarse en el lugar equivocado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

1. De las organizaciones internacionales de Derechos Humanos su presencia y apoyo con tal de evidenciar, registrar y documentar lo indicado y lograr salvaguardar la vida de los que han sido ilegalmente privados de la libertad y obtener la libertad inmediata de los mismos.
2. Del gobierno colombiano: El retiro de una vez por todas de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, sin intentos de continuar en tamaña pretensión, aún en medio de la pandemia. Así mismo, la instauración de la RENTA BÁSICA que beneficie a la mayoría de la población colombiana, garantizándole el sustento diario de las familias más afectadas por todo cuanto sucede con la pandemia, al estar confinados obligatoriamente, sin salir a buscar el sustento de los suyos.
3. De los Ministros de Hacienda y Protección Social la renuncia de sus cargos.
4. De la Defensoría del Pueblo, que se pronuncie ante los hechos de violaciones de Derechos Humanos, evidenciados ante el concierto nacional e internacional, por parte de la fuerza pública.
5. Del gobierno y el Ministro de Defensa, esperamos el cese de hostilidades y la detención inmediata del derramamiento de sangre, lamentable e injustificado que se ha dado en todo el país, en especial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
6. Que cesen todo tipo de violencias, vinieren de donde vinieren.

• Crear una comisión de investigación sobre los hechos de violencia contra el pueblo colombiano.

Con la esperanza puesta en los organismos internacionales, repudiamos y condenamos la represión del gobierno contra el pueblo que reclama sus derechos, exigimos Juicio y castigo a los responsables de la violencia esperando que el gobierno nacional de un giro de 180º y retire de verdad los proyectos de ley de reforma tributaria y de la salud, con lo que evite mayores desmanes de lado y lado, nos suscribimos:

BLAS GARCÍA NORIEGA                                                  FABIO MONROY MARTÍNEZ

Miembro Coordinación Latinoamericana                Miembro Coordinación en Colombia. Apoyan:

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – Premio Nobel de la Paz SERPAJ MEXICO

SERPAJ COSTA RICA

SERPAJ EL SALVADOR

SERPAJ NICARAGUA

SERPAJ PÁNAMA

SERPAJ ECUADOR

SERPAJ BRASIL

SERPAJ ARGENTINA

SERPAJ URUGUAY

SERPAJ PARAGUAY

SERPAJ CHILE

Conferencia de Prensa en SERPAJ – Piedras 730 – CABA este viernes 7 de mayo a las 11hs ARG | 9hs COL

Desde un conjunto de organizaciones populares, organismos de DDHH, sindicatos, movimientos y colectivos convocamos para este viernes 7 de mayo a una conferencia de prensa para anunciar las medidas de solidaridad activa que como organizaciones y ciudadanos de la Patria Grande adoptaremos, ante la grave violación a los Derechos Humanos -asesinatos, violaciones, desapariciones- que ya son de público conocimiento desde el inicio del Paro Nacional colombiano.

Denuncian represión en Bogotá 

durante homenaje a las víctimas 

de las protestas

Resumen Latinoamericano, 7 de mayo de 2021.

Con tanquetas, motos, bombas lacrimógenas y armas de fuego, el Esmad ataco a las personas en el homenaje a las víctimas de la represión.

La capital de Colombia vivió el jueves una nueva noche de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que arremetió contra manifestantes que realizaban una velada para recordar a los muertos por la brutalidad policial durante las protestas contra el presidente Iván Duque.

A través de redes sociales, ciudadanos y organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos mostraron videos en los que se observa el accionar de las fuerza policial contra manifestantes en el Portal Américas de Bogotá.

Con tanquetas, motos, bombas lacrimógenas y armas de fuego, los uniformados reprimieron a las personas que participaban en el velatón en homenaje a las víctimas de la represión.

De acuerdo con las denuncias, el Esmad lanzó gases a los conjuntos residenciales y mujeres, niños y niñas y adultos mayores son los afectados.

‘Otra noche de represión contra la juventud, no se compadece al discurso matutino de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al verso del ministro de Defensa Diego Molano, de respetar el derecho a la protesta’, manifestó Prensa Rural en Twitter.

Funcionarios de la consejería de Paz y de integración social de Bogotá se hicieron presentes en el sitio para constatar la situación de violencia generada por el Esmad.

En la ciudad de Cali, un grupo de policías vestidos de civil dispararon contra decenas de personas que protestaban en contra del presidente Iván Duque.

La Plataforma Grita precisó este jueves que, desde el comienzo de las protestas el 28 de abril se han presentado 934 detenciones arbitrarias, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de violencia física.

Además, reporta un total de 341 intervenciones violentas, 37 homicidios, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuero por parte de agentes de la Policía y 11 víctimas de violencia sexual.

A pesar de que el presidente Duque anunció la semana pasada el retiro de la reforma tributaria, las movilizaciones continúan en el país con un nuevo pliego de peticiones en el cual sobresale el respeto al derecho a la vida, a la paz, y el rechazo a la violencia estatal, entre otros.

Fuente: TeleSUR

Envio:RL