Registra más de 1.900 casos de
violencia policial durante
manifestaciones
Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
«Recomendamos a la ciudadanía que utilice nuestros canales de denuncia, recepción de denuncias y asesoría legal», advierte Temblores. | Foto: Colprensa
La ONG Temblores señaló que se han presentado 40 homicidios cuyos presuntos autores son la fuerza pública.
La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores informó este martes que desde el inicio de las manifestaciones en Colombia el pasado 28 de abril hasta el reciente 10 de mayo, se han registrado 1.956 casos de violencia policial.
De acuerdo a Temblores del total de casos de violencia policial, 313 casos son de violencia física, 1.003 ciudadanos sufrieron detenciones arbitraria, 418 intervenciones violentas pese a las jornadas pacíficas de la ciudadanía.
La ONG denuncia que por el momento se han presentado 40 homicidios donde el presunto autor es un agente del Ejército o del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), mientras que los casos de violencia sexual pasó de 10 a 12 en los últimos tres días.
En los últimos 14 días de masivas manifestaciones, Temblores comunica 28 casos de colombianos que sufrieron lesiones oculares, «la ciudadanía continpua ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, a pesar de la evidente sistematicidad de la violencia por parte del Estado», agrega la ONG.
«Nuestro trabajo de documentación, registro y atención legal de los casos de violencia policial continúa (…) continuaremos trabajando por la garantía de los derechos fundamentales de quienes se manifiestan», indica Temblores.
Frente a los hechos suscitados por parte de miembros de la fuerza pública colombiana, así como de grupos paramilitares que atacan a los manifestantes, la ONG recomienda a la ciudadanía cesar las manifestaciones después de las 18H00 (hora local).
«Recomendamos a la ciudadanía que utilice nuestros canales de denuncia, recepción de denuncias y asesoría legal», advierte Temblores.
Los datos ofrecidos llegan en medio de la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país a causa de las políticas de Iván Duque, además, los colombianos se mantienen movilizados exigiendo un modelo político más justo, así como Justicia ante los casos de asesinatos perpetrado por el ESMAD y el Ejército.
Desde Cali, los jóvenes advierten que la
lucha sigue y que si el Gobierno quiere
diálogo «que venga a los puntos de
resistencia» /Este miércoles jornada
nacional de lucha
Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
El Paro se mantiene en
Bucaramanga
Durante casi dos semanas la ciudadanía se ha movilizado a través de expresiones artísticas que han copado las jornadas de protesta organizadas durante el Paro Nacional en la ciudad. Las marchas, conciertos, ollas comunitarias y jornadas pedagógicas han nutrido una fuerte movilización que se mantiene a pesar del terrorismo de Estado en contra de quienes protestan.
“El Paro no para” es una de las principales consignas que repiten estudiantes, profesores, artistas, mujeres, entre otros sectores que a diario han recorrido las calles de Bucaramanga (Santander).
Aunque el entusiasmo y el aliento de mantener las protestas sigue firme, como en otras ciudades del país en Bucaramanga también se han presentado múltiples casos de abuso policial contra los manifestantes. “Se han registrado múltiples vulneraciones al derecho fundamental a la protesta social, a la vida, a la integridad personal y a otros derechos humanos”, asegura el Equipo Jurídico Pueblos en el boletín de Derechos Humanos que publicó el 5 de mayo.
Entre el 28 de abril y el 10 de mayo el Equipo Jurídico Pueblos registró 28 personas heridas por parte de la policía y el Esmad, 69 detenciones arbitrarias en Bucaramanga y su área metropolitana, y ocho vulneraciones a la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos (golpes, hostigamientos, torturas, ataques con gases lacrimógenos y granadas).
“Seguimos fortaleciendo el Paro
Nacional”, afirma la Minga Indígena
Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 11 de mayo de 2021.
Desde el 28 de abril ciudades y campos convergieron en un grito nacional contra la crisis humanitaria y el empobrecimiento del pueblo, producto de la profundización de la política neoliberal. La respuesta del Gobierno ha sido la criminalización y trato militar a la protesta social, dejando hoy más de 47 personas asesinadas, otras desaparecidas, judicializadas, mutiladas, abusadas sexualmente y violadas.
De igual forma y desde diferentes territorios, se ha podido evidenciar a través de fotografías y videos que hay personas de civil portando armas y disparando contra manifestantes.
En ese contexto, el domingo 9 de mayo, siendo aproximadamente las 2:30 pm, una chiva con personal de la Guardia Indígena acudió a mediar ante la situación de tensión, el rescate del consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- Tutenas, Harold Secué, quien se encontraba hostigado por sujetos desconocidos que se movilizaban en tres vehículos blindados de color blanco sin placas, en la ruta del sector de Pance.
Fueron recibidos a disparos por hombres que estaban de civil, resguardados por la Policía Nacional. Este ataque dejó doce comuneros heridos, cuatro de ellos de gravedad.
Los hechos ocurrieron momentos después de que el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, diera unas declaraciones señalando al pueblo movilizado de desarrollar acciones en contra de su “autoridad”, instando con esto a la estigmatización y el señalamiento. Igualmente, se denuncia que en el mismo lugar se hizo un intento de represión y secuestro a consejeros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -Aconc- y la Guardia Cimarrona.
Igualmente, el ultraderechista exsenador Álvaro Uribe se ha encargado desde su cuenta de Twitter de estigmatizar a la protesta social, a las comunidades indígenas y dar las órdenes de tirar a matar.
El Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- rechazó el Terrorismo de Estado para deslegitimar la protesta y criminalizarla. Afirman que esto genera miedo y terror al pueblo movilizado, que resiste en las calles con dignidad.
“Desmentimos a la policía que afirma que se hicieron actos vandálicos, e igualmente un video que circula llamando a un paro armado usando los símbolos del CRIC. Son campañas que promueven desinformación, aumentan la tensa situación que se vive en el marco del paro nacional y la violencia contra el pueblo movilizado”, expresaron en su comunicado.
En este sentido, las organizaciones sociales y populares que se encuentran en Minga en el marco del Paro Nacional exigen al Gobierno:
- Garantías para el ejercicio legítimo de la protesta social, la labor de la defensa de los Derechos Humanos y los medios alternativos de comunicación.
- Desmilitarización de los territorios rurales y urbanos.
- Respuesta de las autoridades nacionales y locales ante el accionar de grupos extremistas y los hechos de intento de secuestro a uno de los voceros de la minga y los ataques a las comunidades.
- Que el Ministerio publico a desarrolle su tarea en defensa de los Derechos Humanos y no mantenga una actitud pasiva ante la violencia Estatal.
- Responsabilizan a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por los niveles altos de represión y por sus declaraciones que instan a los ataques, aumento de la violencia y negación de los hechos criminales que se viven en la ciudad.
- Responsabilizan al Estado Colombiano por esta masacre y el genocidio en curso que se desarrolla hacia el pueblo movilizado.
- Desmienten el comunicado donde la Policía Nacional asegura que auxilió a la Guardia Indígena en el sector de Cañas Gordas. Por el contrario, quienes dispararon contra los mingueros se resguardaron por la policía.
- Exigen la renuncia del Ministro de Defensa, del Comandante del Ejército Nacional y de la Policía, como directos responsables de esta situación.
- Instan a la Comunidad Internacional a exigir al Estado Colombiano que pare la violación de los DD.HH. y la violación al Derecho Internacional Humanitario.
- Responsabilizan al Presidente de la República, Iván Duque, de lo que pueda ocurrir ante una inminente intervención a la concentración de la movilización que se encuentra en la Universidad del Valle.
“Ante esta situación, seguimos fortaleciendo el Paro Nacional y de manera contundente rechazamos la política represiva y militar del gobierno. Igualmente, enviamos el mensaje de no aceptar ningún espacio de encuentro con el Gobierno, hasta no tener plenas garantías y responsabilidades del Estado por las víctimas del Terrorismo de Estado”, concluyó la Minga.
Pretenden mostrar a los indígenas
como los agresores, y eso es
totalmente falso
Por John Jairo Hoyos. Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
Era la una de la tarde del 8 de mayo. Yo estaba en el puente de La Viga, sobre la avenida Cañas Gordas, que conduce a las ciudades de Cali y de Jamundí. Allí estaban unas 20 personas vestidas de blanco y con camionetas de alta gama. Nos invitaron a que entre todos atajáramos a los indígenas.
En uno de los vehículos que pasó por aquel punto venían tres indígenas. Ese carro quedó rodeado por otros carros. Estancado. Al que tuviera pinta de indígena, no lo dejaban pasar. Luego llegó una chiva llena de indígenas. Los de blanco se atravesaron en el camino, los detuvieron y les decían que “Cali se respeta”. Así que finalmente la chiva se devolvió.
Algunos de los vehículos de alta gama se movieron como 500 metros, a un punto cercano a la iglesia de La María. Y en ese momento empiezo a escuchar que los indígenas de la minga vienen hacia acá, nos dicen que vienen con palos y que se van a tomar la zona.
Con la ayuda del carro de un espontáneo llegué allá, al semáforo de la 127, donde estaban los indígenas y empecé a grabar. En ese momento, comienzan los disparos que vienen de la parte de arriba; los indígenas que venían en chivas se bajan: unos se tiran al piso y otros van corriendo hacia el sitio de dónde venían los disparos.
Veo que llega una ambulancia y sacan a una persona herida. Veo a lo lejos, a donde los indígenas fueron, las camionetas de alta gama atravesadas. Cuando los indígenas se acercan, cesan los disparos. Recuerdo que una de las camionetas fue incendiada, cerca estaban siete u ocho policías.
Me acerco a los indígenas y uno de ellos me dice: “mire, señor, nosotros venidos desde la Universidad del Valle porque un consejero indígena se encuentra atrapado en el puente de La Viga y nos llamó pidiendo auxilio. Desde que salimos hemos tenido obstáculos; primero, nos levantaron a bala en el rompoi de Ciudad Jardín. Logramos pasar y al llegar de nuevo a este punto, volvieron a atacarnos con balas. Tenemos personas heridas, pero nosotros no queremos inconvenientes. Ya el consejero pudo salir y nosotros vamos a retirarnos”.
Los indígenas se subieron a sus vehículos y en eso llegó un representante de la curia y otro de la alcaldía. Cuando yo iba de regreso hacia el puente de La Viga iban subiendo dos camionetas con las placas cubiertas y una moto de la policía al lado; todos iban dialogando. En el camino encontré tres chivas. Me pongo a hablar con ellos y me explican también que su objetivo era auxiliar al consejero y que habían también recibido disparos en ese punto.
Uno de ellos reconoce que tiraron unas piedras contra un conjunto residencial donde se refugió uno de los vehículos donde se trasladaban los atacantes. Uno de los indígenas me vio grabar y dijo molesto: “Vaya, grabe a los que nos disparan”. Finalmente, se subieron a sus chivas y se retiraron hacia la Universidad del Valle.
Cuando llego a mi casa, empiezo a encontrar en las redes sociales una serie de videos en los que pretenden mostrar a los indígenas como los agresores, que fueron a tomarse los carros, causar daños y a agredir a las personas. Eso es totalmente falso, es una mentira, es una invención.
Esta situación me hace pensar que las personas que hicieron todo esto a la una de la tarde, en Cali, tomaron esas imágenes sesgadas y generaron esa percepción en los medios de comunicación, para desprestigiar toda la labor humanitaria de los indígenas y su protección a los jóvenes en el marco de la represión durante el paro nacional. Ellos tratan de que no se pierdan vidas. Eso es lo que han venido haciendo una cantidad de indígenas en diferentes puntos, tratando de garantizar que no haya personas armadas. Yo soy testigo ocular de todo lo que ocurrió.
Aquí en Cali están haciendo esos ataques con carros cubiertos y se escudan diciendo que son vecinos de la zona que nos están protegiendo de los indígenas. Con esa historia, están poniendo en peligro a toda la comunidad de Pance. Tratan de convencernos de que son vecinos armados defendiéndonos de los indígenas, pero lo que quieren es desatar un enfrentamiento y generan terror.
(*) Representante a la Cámara por el Partido de la U.
Adendum:
Boletín de Indepaz (10 de mayo de 2021): Presidente Iván Duque ponga la cara en Cali y responda el pliego de las comunas:
El Consejo Regional Indígena del Cauca ha denunciado la acción combinada de efectivos de la Policía Nacional, con agentes y civiles armados que decidieron atacar en Cali con disparos a la delegación de la Minga y la Guardia Indígena.
Este 9 de mayo la agresión se inició en la mañana cuando una caravana procedente del norte del Cauca pasaba por Jamundí y fue interceptada en forma violenta por gente armada. En operación simultánea en varios sitios de la ciudad, en donde la Minga acompañaba a grupos de manifestantes, llegaron personas a disparar directamente contra los comuneros indígenas acusándolos de propiciar bloqueos y desorden. Como resultado fueron heridos 10 comuneros, una de ellas de mucha gravedad. La reacción de la Guardia para protegerse llevó a enfrentamientos y al daño a vehículos de la Minga y también del transporte de los civiles armados que disparaban.
La Minga ha hecho presencia en Cali, como lo ha acostumbrado en otras jornadas de protesta en esa ciudad, en Bogotá y otras, para llevar la voz de los pueblos étnicos y reclamar atención del gobierno a las demandas propias y de la protesta social.
En el paro del 21 de noviembre de 2019, la Minga de Pueblos indígenas de todo Colombia hizo presencia en Bogotá y de nuevo en diciembre de 2020: su llegada fue acogida con alegría por la ciudadanía y la movilización, y contribuyeron con su disciplina y autoridad a mantener el orden de las protestas controlando a grupos o sujetos violentos destructores de bienes públicos y privados.
En varias ocasiones las autoridades locales y las universidades han ofrecido garantías de estadía a las Mingas indígenas que han encontrado simpatía de la gente y oídos sordos del Presidente que no ha aceptado conversar y concertar soluciones.
En medio de la agresión que ha significado el asesinato de 28 jóvenes en Cali, decenas de heridos y más de 160 desaparecidos, la Minga indígena ha sido un apoyo para proteger la protesta y rechazar la violencia y el llamado vandalismo de infiltrados.
En varias ocasiones en estos días de ataques armados en Siloé y otras áreas de Cali, la Minga ha sido clave para salvar vidas. Al mismo tiempo ha acompañado las asambleas y organización del pliego unificado con las demandas del movimiento destinadas a la conversación y concertación con el gobierno y el presidente de la República.
Ha sido ese apoyo, y papel organizador de la Minga, lo que la ha convertido en objetivo militar y de represión desde el gobierno, la fuerza pública y de estrategias paramilitarizadas de ataques armados. No ha faltado el racismo que quiere negar el derecho a los indígenas a ser parte de la protesta y a reclamar la presencia del Presidente, que se ha negado a ir a Cali a buscar soluciones en 12 días de movilizaciones y de hechos violentos contra la protesta. Por el contrario lo que ha propiciado el gobierno es la estigmatización, el señalamiento a la protesta con la repetida acusación de estar promovida e instrumentalizada por terroristas y narcotraficantes.
El reclamo desde la calle en Cali y desde la Minga solidaria es aparentemente sencillo: que el Presidente llegue a Cali y se ponga al frente del diálogo para concertar respuestas al Pliego Unificado construido en asambleas y publicado en la Declaración Política este 6 de mayo de 2021. Se le pide que no repita la maniobra de llegar de urgencia a reunirse con los mismos en un consejo de seguridad sin dar la cara a la gente.
La alternativa de Iván Duque es poner la cara y dar respuesta a los problemas urgentes o seguir en la ruta de la represión. Algunos de sus copartidarios le dicen que si continúa en el desgobierno, la alternativa será la renuncia.
Antes de que se meta en ese laberinto Duque tiene la opción de ofrecer soluciones a los problemas sociales que han desatado la protesta en lugar de dar la orden de primero militarizar e imponer el orden por el terror, para después pensar en cómo burlar el pliego construido desde las asambleas y comunas.
Gráfica.- Del Cauca, del Huila y Caldas, miembros de comunidades indígenas arribaron a Bogotá el jueves. La imagen los muestra en la Universidad Nacional. Foto: César Melgarejo
Video relacionado:
ÚLTIMO MINUTO: Lo que sucedió ayer en Cali «ESTABA TODO ORGANIZADO»
https://www.youtube.com/watch?v=m8VwdRlRpKY
Tomado del portal de Indepaz
Organizaciones sociales y
campesinas nortesantandereanas
en el Paro
Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
Organizaciones campesinas, cívicas, ambientalistas, comunales y sindicales de Norte de Santander articularon acciones políticas y de movilización en el marco del Paro Nacional, llamando a la unidad y resistencia popular de todos los sectores de la región.
Desde el 4 de mayo, comunidades campesinas del Catatumbo (entre las que se incluyen agricultores, cultivadores de hoja de coca y transportadores) se unieron al Paro Nacional. Como expresión de protesta, las vías que comunican a Cúcuta con Ocaña y la Costa Atlántica han sido bloqueadas, permitiendo solo el paso de misiones médicas y alimentos a través de un corredor humanitario.
“Nos unimos al Paro Nacional en contra de la Reforma Tributaria, en contra de la Reforma a la salud y contra la fumigación con glifosato”, señaló Juan Carlos Quintero, Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat.
Desde inicio del pasado mes de abril, el Ministro de Defensa Diego Molano anunció que en Norte de Santander se iniciaría la primera etapa de aspersión aérea con glifosato, cuya meta para este año es de 26.000 hectáreas erradicadas.
“La aspersión aérea con glifosato no es la solución para el cultivo de la hoja de coca. El Gobierno debe socializar y dialogar con todos los campesinos cultivadores de coca y tiene que considerar las afectaciones ambientales y de salud que trae el glifosato. Esa planta no nos enriquece, pero nos da la oportunidad no de tener una vida digna, de suplir muchas carencias”, agregó Lady Díaz Santamaría, integrante de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam.
Más de 30 organizaciones sociales se dieron cita el pasado 6 de mayo en el sector conocido como “la Y de Astilleros”, vía que comunica a Cúcuta con el municipio Zulia, para proponer una agenda de acciones políticas y de movilización en respuesta al estallido social que vive Colombia y Norte de Santander.
Voceros del gremio de arroceros, mesas de víctimas, transportadores, ambientalistas, sindicales y comunales expresaron que las diferentes problemáticas de sus comunidades y territorios han sido agudizadas por políticas gubernamentales que precarizan la vida, atentan contra el ambiente y violan los DD.HH. de campesinos y trabajadoras.
“Cuando se analizan las reformas que ha generado el Gobierno desde la lógica corporativa, los trabajadores no podemos estar desdibujados de esas realidades. El sector privado ha venido cooptando espacios que realmente son de las comunidades y esta problemática es netamente estructural, es un tema de cambio de modelo de desarrollo social y de las políticas macroeconómicas del Estado. Estamos viviendo un momento histórico”, explicó Luis Suárez Espitia, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -Sinaltrainal.
Asimismo, el espacio permitió hacer el análisis de los avances que se han obtenido en el marco del Paro Nacional. Se incluyen la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda, el retiro de la reforma tributaria (señalando la importancia de que sea archivada) y la no transmisión del programa presidencial que se estaba emitiendo diariamente a través de la televisión nacional.
Como resultado del análisis colectivo, se plantearon actividades en apoyo y fortalecimiento a las jornadas de movilización. Las organizaciones sociales programaron e invitaron a un Cabildo Abierto Popular Departamental el próximo 12 de mayo en la” Y de Astilleros” del Zulia para “condensar y recoger las iniciativas de las diferentes organizaciones sociales y comunidad en general para la construcción de un Pliego Regional”, señala el comunicado público de la Coordinación de Organizaciones Sociales del Norte de Santander, emitido el 6 de mayo.
También proyectaron una Gran Marcha Popular por la Vida y la Paz hacía Cúcuta el 15 de mayo, que cuente con la presencia de todos los sectores populares de la región y desde la que sea posible articular acciones con movimientos sociales, juveniles y estudiantiles de la capital del departamento.
Por último, se convocó la apertura de un espacio de Diálogo Político Regional para el próximo 18 de mayo en el que haga presencia el Gobernador Silvano Serrano, la Asamblea Departamental de Alcaldes de los 40 municipios del Departamento, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera -Corponor- (como autoridad ambiental) y todas las representaciones de las fuerzas vivas de la región; con la claridad de que los acuerdos que se puedan lograr no afecten las jornadas de movilización y vías de hecho del Paro Nacional.
Es necesario recalcar que mientras comunidades campesinas del Catatumbo se reunían para plantear el Diálogo Político Regional, el Fiscal Sergio Barbosa declaró públicamente que la Fiscalía General de la Nación va a proceder a la acción de extinción de dominio a los vehículos que se encuentran bloqueando vías públicas, “La Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extensión, ya hay un grupo especializado de fiscales en las diferentes zonas determinando las placas, propietarios”, afirmó en un comunicado público.
En respuesta, las comunidades campesinas y transportadoras de Norte de Santander siguen resistiendo a través de la protesta y vías de hecho como único mecanismo de presión social para hacer escuchar las exigencias que les garanticen una vida digna en sus territorios.
Fuente: Colombia Informa
Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
Organizaciones campesinas, cívicas, ambientalistas, comunales y sindicales de Norte de Santander articularon acciones políticas y de movilización en el marco del Paro Nacional, llamando a la unidad y resistencia popular de todos los sectores de la región.
Desde el 4 de mayo, comunidades campesinas del Catatumbo (entre las que se incluyen agricultores, cultivadores de hoja de coca y transportadores) se unieron al Paro Nacional. Como expresión de protesta, las vías que comunican a Cúcuta con Ocaña y la Costa Atlántica han sido bloqueadas, permitiendo solo el paso de misiones médicas y alimentos a través de un corredor humanitario.
“Nos unimos al Paro Nacional en contra de la Reforma Tributaria, en contra de la Reforma a la salud y contra la fumigación con glifosato”, señaló Juan Carlos Quintero, Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat.
Desde inicio del pasado mes de abril, el Ministro de Defensa Diego Molano anunció que en Norte de Santander se iniciaría la primera etapa de aspersión aérea con glifosato, cuya meta para este año es de 26.000 hectáreas erradicadas.
“La aspersión aérea con glifosato no es la solución para el cultivo de la hoja de coca. El Gobierno debe socializar y dialogar con todos los campesinos cultivadores de coca y tiene que considerar las afectaciones ambientales y de salud que trae el glifosato. Esa planta no nos enriquece, pero nos da la oportunidad no de tener una vida digna, de suplir muchas carencias”, agregó Lady Díaz Santamaría, integrante de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam.
Más de 30 organizaciones sociales se dieron cita el pasado 6 de mayo en el sector conocido como “la Y de Astilleros”, vía que comunica a Cúcuta con el municipio Zulia, para proponer una agenda de acciones políticas y de movilización en respuesta al estallido social que vive Colombia y Norte de Santander.
Voceros del gremio de arroceros, mesas de víctimas, transportadores, ambientalistas, sindicales y comunales expresaron que las diferentes problemáticas de sus comunidades y territorios han sido agudizadas por políticas gubernamentales que precarizan la vida, atentan contra el ambiente y violan los DD.HH. de campesinos y trabajadoras.
“Cuando se analizan las reformas que ha generado el Gobierno desde la lógica corporativa, los trabajadores no podemos estar desdibujados de esas realidades. El sector privado ha venido cooptando espacios que realmente son de las comunidades y esta problemática es netamente estructural, es un tema de cambio de modelo de desarrollo social y de las políticas macroeconómicas del Estado. Estamos viviendo un momento histórico”, explicó Luis Suárez Espitia, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -Sinaltrainal.
Asimismo, el espacio permitió hacer el análisis de los avances que se han obtenido en el marco del Paro Nacional. Se incluyen la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda, el retiro de la reforma tributaria (señalando la importancia de que sea archivada) y la no transmisión del programa presidencial que se estaba emitiendo diariamente a través de la televisión nacional.
Como resultado del análisis colectivo, se plantearon actividades en apoyo y fortalecimiento a las jornadas de movilización. Las organizaciones sociales programaron e invitaron a un Cabildo Abierto Popular Departamental el próximo 12 de mayo en la” Y de Astilleros” del Zulia para “condensar y recoger las iniciativas de las diferentes organizaciones sociales y comunidad en general para la construcción de un Pliego Regional”, señala el comunicado público de la Coordinación de Organizaciones Sociales del Norte de Santander, emitido el 6 de mayo.
También proyectaron una Gran Marcha Popular por la Vida y la Paz hacía Cúcuta el 15 de mayo, que cuente con la presencia de todos los sectores populares de la región y desde la que sea posible articular acciones con movimientos sociales, juveniles y estudiantiles de la capital del departamento.
Por último, se convocó la apertura de un espacio de Diálogo Político Regional para el próximo 18 de mayo en el que haga presencia el Gobernador Silvano Serrano, la Asamblea Departamental de Alcaldes de los 40 municipios del Departamento, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera -Corponor- (como autoridad ambiental) y todas las representaciones de las fuerzas vivas de la región; con la claridad de que los acuerdos que se puedan lograr no afecten las jornadas de movilización y vías de hecho del Paro Nacional.
Es necesario recalcar que mientras comunidades campesinas del Catatumbo se reunían para plantear el Diálogo Político Regional, el Fiscal Sergio Barbosa declaró públicamente que la Fiscalía General de la Nación va a proceder a la acción de extinción de dominio a los vehículos que se encuentran bloqueando vías públicas, “La Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extensión, ya hay un grupo especializado de fiscales en las diferentes zonas determinando las placas, propietarios”, afirmó en un comunicado público.
En respuesta, las comunidades campesinas y transportadoras de Norte de Santander siguen resistiendo a través de la protesta y vías de hecho como único mecanismo de presión social para hacer escuchar las exigencias que les garanticen una vida digna en sus territorios.
Fuente: Colombia Informa
Convocan a jornada de movilizaciones
para este miércoles /El paro no para!
Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2021.
De acuerdo con la convocatoria, las protestas seguirán hasta que haya voluntad del Gobierno de negociar las demandas populares.
Tras el fallido diálogo de tres horas entre el Comité Nacional de Paro de Colombia y el Gobierno de Iván Duque, este martes seguirán las movilizaciones en varias ciudades del país suramericano y se ha convocado a una gran marcha a nivel nacional para este 12 de mayo.
Sindicalistas, organizaciones sociales, los profesores, entre otros los que se agrupan bajo la sombrilla del Comité Nacional de Paro convocaron para este miércoles a un nueva jornada de protestas a nivel nacional en contra de las políticas neoliberales del Gobierno y la violencia contra las manifestaciones.
Respecto al encuentro con el presidente Iván Duque, el comité señaló que es muy complicado seguir dialogando cuando el Gobierno colombiano sostiene que se vive una «situación de guerra» sin reconocer que las protestas tiene una origen social
No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes, que lo han hecho pacíficamente”, dijo Francisco Maltés, presidente de la CUT.
En particular, el Comité exigió «que se pare la masacre (…) y la violencia oficial y privada» contra las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta.
«Una de las básicas garantías que pedimos es que se respetara el derecho a la protesta pacífica y que se dieran garantías a la movilización», dijo Jennifer Pedraza, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles.
No obstante, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que el Gobierno está listo para negociar con el Comité Nacional del Paro y que ya está en contacto con sus líderes para instalarla, con el acompañamiento de la ONU y de la Iglesia Católica.
La mesa de negociación contará con la intermediación de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas que estuvieron presentes en la reunión exploratoria que se desarrolló este lunes en la Casa de Nariño.
El Gobierno espera avanzar en los temas de la agenda para «garantizar la seguridad y el orden de todos los ciudadanos de Colombia, pero siempre en el marco del respeto por los derechos humanos”, señaló Ceballos en un video.
Por otra parte, organizaciones sindicales y sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas para este miércoles, después de que el Comité y el presidente Duque no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras 13 días consecutivos de movilizaciones sociales.
En Cali, el comité convocó a una nueva jornada de manifestaciones y anunció «una asamblea popular y un encuentro nacional con la presencia del Comité Nacional de Paro en la ciudad de Cali con todas las expresiones de la ciudadanía que participan de este Paro Nacional» para el próximo 13 de mayo.
Desde el inicio del paro nacional, Cali ha sido el epicentro de las protestas, en el contexto de una tensa situación de descontento y de presión social que ha sido atizada por los bloqueos de las vías hechos por algunos manifestantes.
Este martes en Bogotá seguirán las protestas, bajo el asedio de la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbio (Esmad) y ya se registran manifestaciones en Portal Suba y en Carrera 10 con Primero de Mayo.
Por otra parte, la Fiscalía General anunció que propondrá un conflicto de jurisdicciones, para mantener la competencia en la investigación que se sigue por la muerte del joven Santiago Andrés Murillo de 19 años, durante las manifestaciones que se presentaron en Ibagué (Tolima), el pasado 1 de mayo.
Murillo, de 19 años, murió por una herida con arma de fuego mientras participaba en las manifestaciones que se llevaron a cabo en el sector de la calle 60 con carrera Quinta, cerca al centro comercial Multicentro en Ibagué, que terminaron en desmanes en la noche del 1 de mayo.
En una encuesta reciente se reveló que la mayoría de los jóvenes respalda el paro nacional con un 81 % a favor y solo un 18 % en contra. Además, los hechos de violencia que ha habido hacen sentir inseguros para salir a la calle en un 95 % y tan solo al 5 % seguros.,
Entre el viernes 7 y este lunes 10 de mayo, el Centro Nacional de Consultoría realizó una encuesta, para NotiCentro 1 CM&, entre jóvenes de 15 y 35 años para conocer lo que piensan sobre el paro nacional y las manifestaciones que este ha traído desde el 28 de abril.
La Fiscalía y la Defensoría colombianas han activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para las 168 solicitudes que han recibido sobre personas desaparecidas desde el inicio de la huelga general indefinida contra el Gobierno.
Sin embargo, ha dado cuenta de otras 153 solicitudes desestimadas por falta de información suficiente, por lo que han sido declaradas «sin fundamento». Además, las instituciones gubernamentales han informado de que se ha localizado a otras 227 personas en estos días cuya desaparición había sido denunciada.
Fuente: TeleSUR
Envio:RL
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