Contraofensiva II: la fiscalía pidió la prisión perpetua para Mario Ocampo como coautor de genocidio.

 Contraofensiva II: la fiscalía pidió la prisión perpetua para Mario Ocampo como coautor de genocidio

Por la privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y allanamiento ilegal en perjuicio de los militantes montoneros que formaron parte de la llamada “contraofensiva” entre 1979 y 1980. Además, la fiscalía solicitó que se revoque la prisión domiciliaria del imputado.

Viernes, 18 junio 2021

En la última jornada de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti solicitó la imposición de la pena de prisión perpetua para el ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo, a quien acusó como coautor del delito de genocidio en los modos tipificados en el Código Penal de la Nación para las conductas de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y allanamiento ilegal en perjuicio de los militantes montoneros que entre 1979 y 1980 formaron parte de la llamada “contraofensiva”, tal como se conoció a la reorganización en el exterior de los y las militantes que regresaron al país en esos años para realizar actos de resistencia a la dictadura.

Después de cuatro jornadas de alegato, la auxiliar fiscal Sosti concluyó hoy su exposición con el pedido de la pena máxima para Ocampo, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. Lo acusó de ser coautor penalmente responsable de privación ilegítima de libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio doblemente agravado en 47 oportunidades, y por allanamiento ilegal de homicidio en dos casos.

Además, pidió que se revoque la prisión domiciliaria del acusado y que el modo del cumplimiento de la sentencia sea en la unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal que corresponda. También solicitó que la pena fuera comunicada a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa de la Nación para que se dé cumplimiento al procedimiento de destitución y baja.

En el inicio de la exposición de hoy, Sosti completó el relato sobre los crímenes cometidos contra el grupo de prensa de Montoneros, valoró las pruebas e indicó la calificación jurídica. “La calificación que los jueces dan a estos hechos tiene una proyección que excede lo jurídico, en la medida que no se trata simplemente de aplicar penas”, señaló, y remarcó que “lo dicho en la sentencia se prolonga en el tiempo y es medular en la construcción de la memoria colectiva, y contribuye a rescatar eso que los genocidas pretendieron borrar: nuestra memoria histórica”.

A este debate se lo conoce como “Contraofensiva II”. Ocampo es el único acusado, dado que estuvo prófugo y, por tal motivo, no pudo llegar ser incluido en la causa “Contraofensiva Montonera”, que abordó los mismos hechos y tuvo veredicto la semana pasada. El mismo tribunal condenó a prisión perpetua a otros cinco ex militares de inteligencia.

Genocidio

Durante su extensa exposición, que comenzó pasadas las 9.30 y termino a las 14.00, Sosti argumentó que los hechos analizados durante el debate deben ser calificados como genocidio y no como crímenes de lesa humanidad, ya que esta categoría, según la fiscal, no llega a definir los alcances de los delitos en juzgamiento. “Es fundamental recuperar la identidad de la masacre y nombrarla por su verdadero nombre: genocidio”, resaltó.

Al respecto, citó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada el 9 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Explicó que este instrumento dio cuenta de la voluntad de convertir al aniquilamiento sistemático de grupos de población en un delito imprescriptible y extra territorial, y que buscó poner un límite a la impunidad de los genocidas a lo largo de la historia y de la geografía.

En ese sentido, Sosti indicó que lo que se juzga “excede el dolo de una privación ilegal de la libertad, de un tormento, de un homicidio, sino que la voluntad estuvo expuesta en un daño mayor que incluye esas conductas específicas, pero las supera”. De esta forma, puso de relieve que el objetivo del plan sistemático fue “la destrucción de la selección especifica del enemigo” y agregó que “ese sujeto seleccionado por la dictadura fue la población y no sólo un grupo político, en donde la categorización, su determinación, la definió y la construyó el perpetrador”.

“La dictadura cívico militar argentina no fue una respuesta a la insurgencia armada de distintos signos políticos, fue un proyecto de transformación de la sociedad argentina en su conjunto, mediante modificaciones estructurales de la arquitectura económica, política y social a través del terror, que estuvo dirigida a toda la población”, sentenció.

Ocampo como “engranaje esencial”

La representante del MPF precisó que Ocampo ocupó un lugar en ese plan de exterminio. Desarrolló las distintas funciones que el acusado cumplió “dentro de la arquitectura genocida, todas encaminadas a hacer perfectible el plan común”. Apuntó que “de hecho, por eso está siendo juzgado en este momento en Mendoza por el plan sistemático de exterminio en el que hizo su aporte en aquella zona y área”. Asimismo, agregó que este suceso refleja “la profundidad y extensión que tuvieron el saber y el querer de los delitos que fabricaba la maquinaria, del que Ocampo fue un engranaje esencial”.

Sosti indicó que la prueba producida muestra que quienes integraron el aparato abocado a exterminar a los militantes montoneros del operativo “Contraofensiva” tuvieron el conocimiento directo de la mayoría de las victimas que, con nombre, apellido y apodo fueron anotados en los informes. “Estas personas no fueron anotadas indiscriminadamente, son el resultado de la elección que fue determinando a cada paso el aparato de inteligencia que integró Ocampo”, resaltó.

Por último, la fiscal dejo en claro que el ex militar tuvo la lucidez para comprender la ilicitud de su accionar, porque “conoció, comprendió y dirigió con vocación y sin arrepentimientos su accionar”.

La audiencia de hoy con la última parte del alegato de la fiscalía puede visualizarse en el siguiente enlace del canal de Youtube de La Retaguardia: https://www.youtube.com/watch?v=fRdvjBy7Nzo

Contraofensiva al prejuicio. Montoneros y el derecho a resistir

“Nada más, buenas tardes”. Son las 15.06 de la tarde soleada del jueves 10 de junio cuando el juez Esteban C. Rodríguez Eggers (57 años, 21 de egresado de la Universidad de Buenos Aires y 35 años después de haber estrenado su primer traje judicial, como auxiliar principal en un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal) quitó la vista de las hojas que terminaba de leer y, con esas módicas cuatro palabras, coronó uno de los capítulos más importantes del revisionismo de la Historia presente: la “Contraofensiva Montonera”.

Viernes, 18 junio 2021

Por Carlos A Villalba (*)

Un minuto antes, el presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de San Martín terminaba de beber el último trago de la bebida cola que lo acompañó en la mayoría de las 78 audiencias que se realizaron desde el 9 de abril de 2019, con más de 200 testigos aportando evidencia sobre el accionar genocida del aparato de inteligencia de la dictadura cívico militar contra aquella política de la organización del Peronismo Revolucionario.

Había entusiasmo en el ambiente del edificio de la localidad de San Andrés, donde estaban presentes 21 personas, entre familiares y querellantes, abogadas, abogados y personal judicial, otro grupo en una sala contigua y un tercero sobre la vereda de la calle Pombo.

Cinco condenas a prisión perpetua sobre cinco acusados asistiendo a la sesión (el sexto zafó por diez días, gracias a una chicana de su abogado, otros tres murieron impunes) y la revocación de las domiciliarias de quienes disfrutaban de las mismas, justificaban la sensación, a pesar de la sombra del terrorismo de Estado de aquellos años.

El castigo, después del juicio, no es lo único que se anunció esa jornada; aunque recién dentro de dos meses se conocerán los razonamientos de la sentencia, semana a semana, sobrevivientes, testigos, familiares, muy especialmente hijas e hijos, fueron reconstruyendo el mapa de un país arruinado, la Argentina de José Alfredo Martínez de Hoz, sus políticas de destrucción del aparato productivo y sus Fuerzas Armadas para aniquilar a quienes se opusieran.

Durante esos 26 meses los testimonios también ayudaron a desempolvar la contracara de los asesinatos y las torturas y sacaron a la luz las protestas, las quejas, los conflictos gremiales, las huelgas, la primera huelga general contra la dictadura convocada por la “Comisión de los 25 Gremios Peronistas” encabezada por el cervecero Saúl Ubaldini.

En la sala de audiencias no solo se habló de torturas, se mostró cómo el cinturón industrial del Gran Buenos Aires y los principales centros del interior se paralizaron, alteraron la “normalidad” en fábricas que había sufrido la desaparición (literal) de gran parte de sus comisiones internas de trabajadores, como sucedió con Celulosa Argentina, Chrysler, Mercedes Benz, Águila Saint, Peugeot, Citroën, La Cantábrica- Plantas y talleres de Avellaneda y Lanús, La Matanza, Morón y Moreno, de Campana, Zárate, de Ensenada y Berisso, Córdoba, Rosario o Santa Fe.

Aquel día se sacaron de encima la parálisis que provocan las botas y el desempleo en alza; pararon, es decir, se pusieron en marcha contra la política de destrucción económica soportada por las balas y la tortura. Una vez más, el peronismo encaró una Resistencia que acortó los tiempos de un régimen que pretendía perdurar. De manera presencial uno de los líderes Montoneros de aquella época, Roberto Perdía, aportó datos recopilados por la organización sobre el volumen de la protesta obrera que sorprendieron al tribunal.

La “Contraofensiva” se dio en ese contexto; la decisión política de Montoneros fue la de contribuir con sus acciones a esa dinámica, a través de la discusión de sus propuestas con la mayor cantidad de “sectores nacionales y populares” y con diferentes actores internacionales, como el Vaticano o la Socialdemocracia de Europa, Latinoamérica y el Caribe; de la acción contra los cerebros económicos de la dictadura, responsables del endeudamiento externo, la inflación, el empobrecimiento y la desocupación, y de la difusión dentro del país de las acciones de resistencia del conjunto de los sectores opuestos a la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos del gobierno inconstitucional.

Como pocas veces en un juicio, los denunciantes tuvieron la capacidad para construir el contexto en el que se produjeron los hechos. El de la Contraofensiva Montonera y, también, el del plan de exterminio del régimen. En sus alegatos, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti y el abogado defensor de la mayoría de los querellantes, Pablo Llonto , terminaron de armar esa radiografía de los hechos, las circunstancias y las razones. En definitiva, destruyeron un relato prejuicioso y abrieron la puerta a la Historia.

El propio nombre de la causa: “Contraofensiva Montonera”, discutido en principio por más de un causante, le puso norte al proceso al elegir una decisión política consciente, ejecutada por hombres y mujeres con compromiso y claridad, en el marco de un movimiento de resistencia más amplio, encarado por distintos sectores del pueblo argentino.
La dinámica de los hechos, dentro y fuera de la sede judicial, permitió desarrollar muchos temas inconclusos y circunstancias tergiversadas.

Sobre Montoneros y su Contraofensiva

• Reconocer el derecho de los pueblos a la resistir contra la opresión
• Inscribir las acciones montoneras de ese período en un contexto general
• Refutar la descalificación de los militantes que participaron de las acciones como “perejiles mandados a la muerte” por la Conducción Nacional de Montoneros.
(El ya fallecido juez Claudio Bonadío detuvo en agosto de 2003 a Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja y pidió la captura de Mario Firmenich, por considerarlos “partícipes necesarios” del secuestro de varios de los militantes durante esas acciones
• Mostrar la dimensión humana, además de su compromiso, de las víctimas

Sobre el terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico militar

• Demostrar que el aparato de Inteligencia del Ejército fue el responsable del exterminio, encargado de pensar y diseñar las acciones; el “nervio motor” de las acciones terroristas del Estado, “la perfecta máquina de matar”, a juicio de la fiscala Sosti
• Juzgar a los acusados por integrar un aparato que planificó y ordenó los crímenes del terrorismo de Estado y no por el solo hecho de delitos cometidos en los centros clandestinos de detención y desaparición o en los operativos represivos
• Generar antecedentes para futuras condenas contra los responsables de inteligencia militar en el resto del país
• A criterio de Llonto, estos aspectos convierten al juicio en “el más importante” después del que se hizo contra las juntas de la última dictadura
• Instalar al familiar directo de un represor en el estrado, para denunciar acciones aberrantes hasta ese momento desconocidas y convertirse en elemento probatorio

El día anterior al veredicto, el propio Mario Firmenich, uno de los fundadores y jefe histórico de Montoneros, durante una charla virtual (conmemorativa del aniversario del levantamiento nacional y popular del general Juan José Valle y de los fusilamientos aramburistas de José León Suárez) afirmó que “es la primera vez que se reivindica el derecho de resistencia a la opresión, que es la base de todo” el accionar de su organización y consideró “emocionante” el desarrollo del juicio.

Del dibujo a La Retaguardia

El tratamiento de la causa también generó cambios importantes en los mecanismos de “publicidad” a los que está obligado todo juicio oral. Una vez que la Fiscalía investigó los delitos cometidos debió probarlos “en público”.

El contexto de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que impuso la pandemia, obligó a suspender su desarrollo hasta el jueves 11 de junio, en que se reanudó el debate. La ex Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Stella Segado, explicó el funcionamiento y la organización de los servicios de inteligencia del Ejército, herramienta principal del Estado en la represión ilegal de la “Contraofensiva”, con un saldo estimado de 94 militantes muertos o desaparecidos entre 1978 y 1980.

Aquel día se encontraron dos técnicas comunicacionales: el dibujo y la retransmisión audiovisual en directo de lo que sucedía en la sala. Fue la primera audiencia en la historia judicial argentina transmitida, íntegramente, sin edición y, además, por un medio “alternativo”, la Radio “La Retaguardia”, cuyo vivo tuvo 1.000 personas y, en las primeras horas, su canal de youtube sumó otras 1.700 visualizaciones. Fue una forma de devolverle al juicio el “poder reparatorio” para familiares y víctimas que caracteriza a las causas contra crímenes de lesa humanidad .

Las ilustraciones a lápiz de esos procesos habían surgido una década atrás, cuando el Tribunal Oral y Federal Número 5 de Comodoro Py prohibió los registros fotográficos y de video en los juicios contra los genocidas. Bajo la consigna “No se los puede filmar, no se los puede fotografiar, pero se los puede dibujar”, la agrupación H.I.J.O.S. y el Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA, hoy UNA) convocaron a participar a sus alumnos de “Clases con modelos vivos gratuitos en Comodoro Py”, para que dibujasen a los militares acusados.

El trabajo gestado por Eugenia Bekeris y Paula Doberti se mantuvo y llegó hasta San Martín donde las emisiones de La Retaguardia les permitieron seguir las audiencias de manera remota y dibujar “con la complejidad de atravesar la pantalla. Nos adaptamos a este nuevo modo de ver, de esperar y de escuchar”.

Fernando Tebele es el fundador de La Retaguardia, a la que define como un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular. Junto a la periodista Martina Noailles llevan el peso de dar a conocer los hechos que se producen en la sala, tras haber solicitado un primer permiso de transmisión tras enterarse que las jornadas de testimonios retomarían su ritmo por vía remota. La sorpresa fue que no solo los admitieron sino que el Tribunal delegó en ellos “la publicidad del juicio” en exclusividad.

De las 30 personas que trabajan en la emisora, 10 se dedican a los juicios (Vuelos de la Muerte en Campo de Mayo; Brigadas de Banfield, Quilmes y Avellaneda, Esma IV, Contraofensiva II, Megacausa Campo de Mayo y Puente 12 II). Consideran sus tareas como una militancia, las realizan sin retribución económica y lo recaudado a partir de una campaña de aporte de fondos organizada por los familiares de las víctimas lo dedicarán al “reequipamiento que mejore el trabajo”.

Sentenciados

DAMBROSI, Roberto Bernardo. Jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.

ASCHERI, Eduardo Eleuterio. Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979.

BANO, Jorge Eligio. Jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 14 de febrero de 1979 hasta el 16 de octubre de 1980.

FIRPO, Luis Ángel. Jefe de la Central Contrainteligencia y Jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 desde el 3 de diciembre de 1974 hasta el 31 de agosto de 1980.

CINTO COURTAUX, Marcelo. Jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 7 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.

APA, Jorge Norberto, Jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, de la Jefatura II de Inteligencia, entre el 15 de enero de 1979 y el 14 de noviembre de 1980, logró esquivar la captura de pantalla gracias a una chicana legal de último minuto, que obligó al tribunal suspender la lectura de su sentencia hasta que se constate su capacidad de entendimiento de la misma.

De todos modos, los lápices de los “Dibujos Urgentes” ya lo tenían bocetado. Tiene una condena anterior a prisión perpetua por el crimen de Ana María Martínez, ocurrido en 1982.

Final sentenciado

Festejar una victoria, tan política como judicial, en medio del dolor por quienes ya no están es difícil; es un llorar en medio de la risa, una carcajada saturada de lágrimas. Sin embargo, el juicio por la Contraofensiva Montonera, logró condenar a una estructura estatal de inteligencia más que a un grupo de asesinos, dar vuelta un prejuicio y poner en su justo lugar a una de las tantas herramientas del pueblo argentino para empujar el final de la última dictadura cívico militar.

Esas lágrimas y aquellos festejos son de quienes saben que lo realizado tiene la característica, tal vez única, de ser producto del convencimiento, el esfuerzo y el orgullo de un grupo de sobrevivientes, familiares, compañeras y compañeros, amigas y amigas, por aquello que hizo ese otro grupo, el de detenidos desaparecidos que no prometieron entregar su vida, sino que la dieron, ejerciendo la obligación de usar el derecho a la resistencia.

* Periodista. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)

Fuente: ChacoDiaPorDia