Mié, 06/16/2021 

"El Pozo de Vargas", fue utilizado como sitio de inhumación clandestina

"El Pozo de Vargas", ubicado a 10 kilómetros de la plaza central de Tucuman, Argentina, es una construcción subterránea de mampostería de fines del siglo XIX que fue utilizado por la última Dictadura Militar entre 1976 y 1977 como sitio de inhumación clandestina.

A partir de las investigaciones realizadas por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), 113 personas fueron identificadas nominalmente por parte de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de personas desaparecidas, lo que convierte al "Pozo de Vargas" en el lugar de inhumaciones clandestinas con más identificados de Argentina

Historia

Se trata de un pozo de agua diseñado por los ingleses, vinculada al sistema ferroviario, y que tenía como fin abastecer de agua a las máquinas de vapor.

Dicha construcción tiene 3 metros de diámetro y 34 de profundidad. Hacía mediados de la década de 1970 el pozo es utilizado por las fuerzas represoras como lugar de inhumación clandestina donde serán enviados los cadáveres de hombres y mujeres procedentes de distintos Centros Clandestinos de Detención (CCD), entre ellos la Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales.

A partir de las excavaciones forenses más recientes, se recuperaron la mayor cantidad de evidencias óseas y material asociado como textiles, proyectiles, y efectos personales de las personas arrojadas en el pozo.

Actualmente un centenar de familias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, recuperaron a sus familiares inhumados en forma clandestina en el Pozo de Vargas principalmente entre los años 1976 y 1977.

Hallazgo

A partir de testimonios, hacia fines del 2001 se realiza una primera investigación en una finca privada perteneciente a Antonio Vargas, en la que se aseveraba existía un pozo empleado para ocultar los cuerpos de víctimas de la desaparición forzada.

A tan solo dos semanas del comienzo del trabajo de campo, la construcción subterránea fue localizada. Desde entonces comenzó a emplearse el término "Pozo de Vargas" para referirse a esta estructura de mampostería.

Aunque no de manera ininterrumpida, la intervención arqueológica forense posibilitó avanzar con una diversidad de estudios sobre el genocidio y, esencialmente, recuperar las trayectorias de vida de más de un centenar de hombres y mujeres que fueron inhumados allí.

El informe llegó a manos de Enrique Fernando Romero, por entonces Director de Transporte de la Provincia.

Hacia inicios del año 2002 comienza a circular la noticia de que el informe había servido de base para su denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán.

En marzo el grupo de investigadores, docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo se presentó en el Juzgado Federal N° 2 demostrando la autoría del informe, y siendo nombrados peritos por el Doctor Felipe F. Terán. Desde el año 2002 se sucedieron tres jueces federales.

Los orígenes de esta pericia fueron clave para el desarrollo de la Arqueología Forense a escala local: la conformación de un primer equipo, el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT).

A partir del año 2009, y posterior a la disolución del GIAAT se conformaron dos nuevos equipos: LIGIAAT y CAMIT.

Identificaciones

Hasta fines de julio de 2016, un total de 72 personas fueron identificadas, de las cuales 15 son mujeres y 57 hombres. Se han extraído más de 150 toneladas de escombro y tierra para llegar a los restos óseos.

De hecho, la cantidad recuperada de restos óseos es de 37 mil. A eso hay que sumar más de un millar de evidencias textiles, de calzado y objetos personales. Las identificaciones nominales están a cargo de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.

Cabe destacar que, hasta el momento, es la inhumación clandestina con mayor cantidad de identificados en la Argentina y, por el contexto complejo donde el CAMIT realiza la intervención forense, la inhumación con mayor tiempo de trabajo forense. Hasta el año 2019 se identificaron a 111 personas.

Denominación

"El Pozo de Vargas" lleva esa denominación porque el predio perteneció a Antonio Manuel Vargas, quien falleció en marzo de 2005. El año anterior, el fiscal federal Emilio Ferrer habían pedido que se citar a Vargas para que prestara declaración indagatoria y se le detuviera, como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70.

Las víctimas fueron de distintas partes de la Argentina y de otros países, no solamente de la provincia de Tucumán; de Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, España, Perú y Bolivia.

En el 2019 "El Pozo de Vargas" fue expropiado por el Estado Nacional y quedó bajo el control del Archivo Nacional de la Memoria.

Fuente:NVINoticias