En el día 44 del paro exigen que
cese la represión /Nuevas
movilizaciones y bloqueos
Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
Manifestantes exigen cese de la represión en Colombia
Diferentes colectivos convocaron este jueves a una manifestación en la entrada de la Universidad Nacional en Bogotá (capital). | Foto: Congreso de los Pueblos
Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el Gobierno colombiano ha tomado medidas para evitar que sigan ocurriendo estos hechos?
Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.
Los agentes del Estado continúan vulnerando los derechos humanos de la población, precisó Congreso de los Pueblos.
Organizaciones, colectivos y estudiantes continúan las protestas en Colombia en los 44 días ininterrumpidos de Paro Nacional, exigiendo transformaciones en el país y el cese de la represión contra los manifestantes.
La plataforma Colombia Informa precisó que este jueves se convocó a una “concentración de estudiantes en la entrada de la Universidad Nacional en Bogotá, a punto de movilizarse hacía el Búnker de la Fiscalía en una jornada más del Paro”.
Por su parte, la organización social Congreso de los Pueblos, denunció el miércoles que en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, la Fuerza Pública, especialmente el Esmad, agredió a manifestantes. “El ataque indiscriminado e irregular de los agentes del Estado continúa vulnerando los derechos humanos de la población”, precisó.
Asimismo la plataforma comunicativa Hekatombe informó, también el miércoles que organizaciones de derechos humanos, medios alternativos y congresistas denunciaron uso continuado de armas de fuego contra la ciudadanía movilizada en Andrés Sanin, Cali.
El colectivo Temblores, quien ha informado continuamente sobre las violaciones de la fuerza policial en Colombia, desde su cuenta en Twitter presentó junto a otras organizaciones el pasado 8 de junio un informe sobre las nueves prácticas de violencia policial.
Entre los puntos expuestos resaltan el asesinato a manifestantes, la violencia policial, el lanzamiento de lacrimógenos al interior de las viviendas, la vulneración del principio de publicidad, la imposición de medidas paralelales a las personas detenidas arbitrariamente, la violencia sexual, los traumas oculares y la desaparición forzada.
La CIDH escucha a las personas del Espacio Humanitario Al Calor de la Olla en Portal Resistencia. Las violaciones a los derechos humanos que son sistemáticos en este lugar por parte de la fuerza pública es la mención principal.
Duque y la chulavita del siglo XXI
Por Piedad Córdoba Ruíz. Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
La misma historia: la “gente de bien” que dispara en Cali recuerda los “civiles” que mataron a machete a Uribe Uribe. El ambos, el Estado niega su responsabilidad.
Como en 1948 el régimen político colombiano ante el desborde de un estallido social que aspira romper con la exclusión, acude a la recomposición y fortalecimiento del denominado “bloque de poder contrainsurgente” y a la expansión descarada del mercenarismo corporativo con viejas y nuevas formas, legales e ilegales de paramilitarismo. Retomo estos conceptos de la profesora Vilma Franco y de su texto “Orden Contrainsurgente y Dominación” porque los considero de gran valía y pertinencia para analizar la recurrencia del Estado colombiano en su guerra contra el pueblo. Se trata de dispositivos que se transforman pero conservan su función de buscar impedir el cambio social y político, y que han sido perennes a través de la historia nacional.
Como en la sentencia de Hegel, estamos repitiendo nuestra historia. La “gente de bien” que dispara en Cali, me recuerda a los “civiles” que mataron a machete a Uribe Uribe en plena esquina del Capitolio Nacional. Ayer como hoy, el Estado niega su responsabilidad directa cuando a todas luces promueve con su discurso y políticas la violencia contrainsurgente desde la sociedad civil. La perorata de “los vándalos”, los infiltrados y el terrorismo de baja intensidad, no es otra cosa que un remozamiento del concepto del “enemigo interno” propio de la doctrina de seguridad nacional, que declara como hostil cualquier expresión de inconformismo social y legitima su tratamiento de guerra. En este país con una derecha de referentes ideológicos a la derecha del franquismo, vale recordar que detrás de la reciente exteriorización del paramilitarismo urbano contra las protestas y la poco cabal iniciativa legislativa para armar la ciudadanía -mientras continua el genocidio a cuenta gotas del paramilitarismo en los territorios-, está la larga tradición de violencia política reaccionaria colombiana que no solo ha sido experiencia piloto para estrategias de guerra intervencionista, sino que incluso las ha precedido en algunas ocasiones.
Es hora de romper con la “leyenda rosa” sobre la violencia política en el país. El paramilitarismo en Colombia no es producto del accionar de la insurgencia armada, ni el conflicto armado es engendrado por el narcotráfico. Los “paracos” colombianos no surgen en los años ochenta ni son creatura de los Castaño Gil. Tras un siglo de guerras civiles y cerca de 30 años de relativa paz, ante el irresuelto problema de la tierra y la irrupción del gaitanismo como movimiento popular que permitía el ingreso masivo a la política de sectores excluidos, se recurre no solo a la excedida violencia oficial, con la partidización del conjunto de la Fuerza Pública, sino que ante el desborde de la resistencia popular, prontamente se acude a complementar la represión estatal con el apoyo de “civiles” que quedan integrados al orden contrainsurgente. La incorporación masiva a funciones de policía política de habitantes de la vereda de Chulavita y otros poblados, reclutados por el gobernador de Boyacá, José María Villarreal y su hermano gamonal conservador de la provincia de Norte de este departamento, fue esencial para sofocar el Bogotazo e iniciar la cacería del “millón de cédulas falsas” que señalara Laureano Gómez desde el periódico El Siglo. Tras más de 150.000 muertos a manos de las partidas chulavitas -primer grupo paramilitar en Colombia- y después de más de 7 décadas de sus crímenes, aun ni el Partido Conservador ni el Estado han pedido perdón a sus víctimas por estos cruentos años.
Camuflados en las acciones ilegales de los grupos paramilitares legales y de la tenebroso Popol estatal (Policía Política) surgieron por todo el país bandas privadas que cumplían la misma función contrainsurgente de aplastar violentamente la rebelión gaitanista. Del linajudo y prestante León María Lozano, El Cóndor de Tuluá -gente de bien-, al bandolero Efraín González, pulularon por todo el país “pájaros”, “contrachusmeros”, “planchadores”, “penca ancha” y “guerrillas de paz”, así como hoy campean Rastrojos, Urabeños, Caparros, o “reservas activas” y “gente de bien” convocadas desde políticos del partido de gobierno. Luego del acuerdo del Frente Nacional aparecieron los “bandoleros limpios” para continuar con el accionar paramilitar ya no solo contra el campesinado liberal, sino contra excombatientes comunistas que iniciaban su reincorporación, generando el rearme de estos últimos después de 1960. Y hasta acá no había ni narcotráfico, ni guerrillas comunistas en Colombia, ni Revolución Cubana, ni en estricto sentido Doctrina de Seguridad Nacional. En términos del gran historiador Eric Hobsbawm, el periodo de “La Violencia” fue una gran y sangrienta contrarrevolución preventiva.
De este primer gran ejercicio paramilitar quedan rasgos que serán retomados por las reediciones de este fenómeno criminal: primero, la plena aquiescencia de la fuerza pública, a través de la articulación directa y apoyo logístico del Ejército nacional y las policías regionales que apenas se distinguían de la Chulavita, o el silencio cómplice hacia Los Pájaros, como bien lo puede ejemplificar que el complaciente Comandante de la III Brigada en el Valle del Cauca en tiempos de El Cóndor, General Gustavo Rojas Pinilla, fuese el escogido para el golpe militar de 1953. En segundo lugar, la violencia paramilitar de los 50 acudirá al sadismo y la tortura para infundir terror en la población. La tristemente célebre imagen de los paramilitares conservadores jugando fútbol con la cabeza de un campesino en 1952, se repetirá en Urabá en años de las AUC, y los “cortes” a los cuerpos o los cadáveres inundando el río Cauca han resurgido en medio del actual Paro Nacional de 2021. En tercer lugar, esta sevicia paramilitar solo se puede explicar con un discurso de odio que la sustente. El paramilitarismo como expresión fascista no es solo una práctica armada, sino una concepción ideológica del mundo que la impulsa. Solo diré que el mito del Basilísco de Laureano Gómez y las homilías de Monseñor Builes sobre la “ramera de Babilonia”, -ambos contra el liberalismo y el comunismo- formaban parte del Twitter y el Facebook de la época que de fondo justificaban el genocidio en curso y la acción violenta de la “gente de bien” contra la chusma y los impíos.
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La tradición paramilitar fue legalizada y reforzada por la teoría del enemigo del enemigo interno de las academias militares norteamericanas
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Esta tradición paramilitar no fue eliminada por el pacto bipartidista del Frente Nacional, sino legalizada y reorientada, reforzada por la recién importada teoría del enemigo del enemigo interno desde las academias militares norteamericanas. En 1962 llega la misión militar en cabeza del Gral W. Yarborough quien presenta el ramillete completo de técnicas de la denominada contención. Junto a aspectos relacionados con el adiestramiento militar bajo la tutela norteamericana, el uso de técnicas de tortura para los interrogatorios resalta del informe Yarborough la creación de fuerzas paramilitares para el desarrollo de guerra irregular, también con el entrenamiento norteamericano. Los sucesivos gobiernos frentenacionalistas crean las llamadas “autodefensas civiles” con los Decretos 3398 de 1965, 1667 de 1966 y la Resolución 005 del Mindefensa de 1969[1], todas estas medidas bajo el amparo del estado de sitio permanente, propio de la “democracia más antigua de América. Así pues que esta nueva legalización paramilitar se da en años donde nadie catalogaba a las nacientes y débiles guerrillas de izquierda como amenaza para la seguridad nacional, y cuando el ingreso al mercado transnacional del narcotráfico apenas se atisbaba como fenómeno regional en la Alta Guajira. Ni Valencia ni Lleras asumieron nunca su responsabilidad política por la privatización del uso de la fuerza en nuestro territorio y sus terribles consecuencias posteriores.
La historia más reciente es más referenciada por todos y todas, aunque no por ello menos reconocida. La irrupción de los carteles de la droga al bloque de poder y su funcionalización del paramilitarismo legal e ilegal, pero cabalgando sobre la práctica sistemática y el guiño del Estado colombiano. La potenciación del proyecto fascista y el fracaso en su apuesta de resolución militar del conflicto social armado. La plena subordinación estratégica de nuestra Fuerza Pública al Pentágono y sus doctrinas de seguridad hemisférica. Para llegar a la actual crisis, donde se permite disparar en Cali y arrollar manifestantes en Bogotá, porque el Gobierno define al Paro Nacional como enemigo interno que requiere tratamiento de guerra. Sin desmonte de la ideología de seguridad Estado colombiano no habrá ni fin del paramilitarismo ni paz, por más cambios de uniforme que se concesionen. Duque como comandante supremo de las FFMM es responsable por acción y por omisión de la masacre en curso en el Paro Nacional, y por este resurgimiento de la Chulavita en pleno siglo XXI. Pero no va a hacer nada, porque el mismo es un chulavita -de camándula y de periódico-, y porque le teme a la chulavita –a la del corte corbata-.
[1] La Resolución reza así: “Organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja de la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” creando las Juntas de Autodefensas, definida ésta como: “Una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de las zonas de combate, que se entrena y equipa, para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que aparecen en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”
Fuente: Las 2 orillas
El mundo alternativo de la cultura
visibiliza en acción la frase «nos
están matando»
Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
Con diversas performance, numerosos artistas alternativos ganaron las calles para repudiar la represión del gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano.
El régimen de Duque agrede al
pueblo y premia la violación de
derechos humanos
Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el Senado de la República le propinó una nueva bofetada al pueblo colombiano al premiar con ascenso al director nacional de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, responsable de la entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la historia contemporánea del país.
A pesar de la férrea oposición de la bancada alternativa, la mayoría abyecta al gobierno en la cámara alta del Congreso aprobó el martes 8 de junio de 2021 el ascenso de Vargas al rango de general efectivo, por 66 votos de los 108 senadores que integran la corporación.
Esta votación se produce en los precisos momentos en que Vargas es quien dirige al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y demás componentes de la Policía, uniformada y no uniformada, que reprime de manera violenta a lo largo y ancho del país al pueblo participante en el Paro Nacional.
Y cuando la cifra de personas asesinadas en las acciones policiales supera las 70, al tiempo que dejan miles de heridos, torturados, detenidos y desaparecidos, como está documentado en centenares de piezas videográficas, de audio, fotográficas y de textos que circulan nacional y mundialmente.
En la cínica votación del Senado participó una mayoría liderada por el partido uribista (el autodenominado “Centro Democrático”, de extrema derecha), e integrada por los partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Mira, los cuales también votaron contra una proposición en el sentido de que las víctimas de la violencia estatal en la actual coyuntura fueran escuchadas en el Capitolio.
De esta forma, los partidos del Establecimiento oligárquico en el Senado cerraron filas de nuevo en torno de los responsables directos de la represión en Colombia, pues ya lo habían hecho dos semanas atrás, el jueves 27 mayo, cuando respaldaron a Diego Molano, ministro de Defensa.
En esa oportunidad, 69 congresistas de los mismos partidos negaron la moción de censura que se tramitaba contra el alfil de Duque, determinación que se repitió unos días después en la Cámara de Representantes.
Con esta votación, el Senado le escupe al pueblo colombiano y le dice que le importa un comino su sufrimiento a manos de la Policía dirigida por el general Vargas, quien en vez de ser sometido a investigación es premiado.
El oscuro mensaje del Senado de la República es otra evidencia de la dictadura civil que se abre camino a pasos agigantados en Colombia, manteniendo la máscara de los “tres poderes” de un “estado de derecho” carcomido, cooptados por corrupción e intereses de clase y concentrados en un régimen político despótico al servicio de grandes pulpos empresariales y de latifundistas, y bajo las directrices del Pentágono estadounidense.
Así lo demuestra el hecho de que los órganos “autónomos de control” (Procuraduría, Contraloría, “Defensoría del Pueblo”) están a las órdenes del gobierno, y ni qué decir de la Fiscalía de bolsillo de Duque, al tiempo que las dos alas del Congreso (Senado y Cámara) cumplen a pie juntillas los mandatos provenientes de la Casa de ‘Nari’.
El acto del Senado es más escandaloso aún si se tiene en cuenta que ocurre en el segundo día de la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que el mismo martes 8 de junio escuchaba a las víctimas de las espantosas violaciones de derechos humanos por parte de la Policía ocurridas en Cali desde el 28 de abril hasta el día 41 del Paro Nacional.
La capital del Valle del Cauca y municipios como Yumbo, Buga, Tuluá, Vijes, Yotoco, Zarzal, Buenaventura, Cartago, Florida, Palmira, Pradera y Candelaria, entre otros, han sido escenarios de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra la juventud y el pueblo, que dejan más de 40 personas asesinadas en todo el departamento.
UN INFORME QUE GRITA
Desde la plataforma Grita, los colectivos Temblores ONG, Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo, Indepaz, y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, produjeron un documento entregado a la Cidh, en el que se denuncian los crímenes cometidos por la Policía en la represión contra el Paro Nacional.
Grita es, según explican sus integrantes, “una plataforma que busca facilitar la denuncia de violencias policiales para así contribuir a su erradicación”, y agregan que es “un proyecto colectivo, en el que creemos que grabando la violencia policial, registrándola, investigándola, triangulando información de las denuncias y asistiendo a las víctimas, se puede prevenir el abuso de autoridad de la Policía”.
“La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género”, señala en uno de sus apartes el documento.
Y aclara en relación con los homicidios: “De estos 41 casos tenemos evidencias certeras de que en 31 de ellos hay presunta participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial. En los otros 10 casos, se pudo identificar que hubo algún tipo de accionar de agentes del Estado y, por ende, existe posibilidad de que los presuntos victimarios hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Adicionalmente, hemos registrado otros 20 casos de homicidios en los que nos encontramos verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que sucedieron los hechos, al igual que los presuntos victimarios responsables del hecho victimizante”.
Dice también el informe que, además de estas prácticas sobre las que se pudieron establecer patrones de sistematicidad, se han registrado asimismo “casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas que han dejado un número muy elevado de personas afectadas tanto física como psicológicamente en el contexto del Paro Nacional”.
“Así mismo, hemos conocido casos de amenazas perpetradas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que desistan de los procesos de justicia o dejen de hacerlos mediáticos”, añade el documento.
Según los colectivos agrupados en Grita, “se evidencia la necesidad de una reforma policial amplia y estructural que contribuya a desescalar la violencia estatal, que permita consolidar una Policía Nacional que no violente a la ciudadanía y que, siguiendo su mandato constitucional, vele por los derechos y libertades de toda la ciudadanía colombiana”.
EL RÉGIMEN CIERRA SUS FAUCES
Paradójicamente, un proyecto de reforma de la Policía presentado por un congresista de la oposición acaba de ser negado por los partidos del Establecimiento, sin ni siquiera considerarlo.
Por el contrario, hacen trámite expedito en el Legislativo una nueva reforma judicial para reforzar el poder hegemónico imperante y un proyecto que le entrega más funciones contra los senadores y representantes de la oposición a la Procuradora de Duque, que quedaría con la libertad de sacar de circulación política a todo el que en el Congreso se oponga al régimen, con investigaciones disciplinarias amañadas.
Ya contra cinco congresistas de la bancada alternativa se están llevando a cabo este tipo de “investigaciones”, típicas de la venganza estatal.
El proceso de concentración del poder oligárquico en Colombia no se detiene, camino a la dictadura civil montada por un régimen despótico, que sigue burlándose de la población y que cierra sus fauces pensando en perpetuarse en 2022.
Por eso es tan importante la unidad de todos los sectores alternativos, en la perspectiva del salto cualitativo de las luchas sociales de hoy a las luchas políticas del futuro mediato.
Imagen: https://bit.ly/2TfWIhg
Cali, miércoles 9 de junio de 2021.
Periodismo Libre.
¿Qué se puede esperar de la
visita de la CIDH?
Por Gearóid Ó Loingsigh. Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
La visita de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) a Colombia para investigar las violaciones de los derechos humanos en el marco del paro ha despertado cierta esperanza entre algunos sobre el paro, el futuro de Duque y lo que viene en camino. No es la primera visita a Colombia y la CIDH ha visitado a varios otros países de América Latina a lo largo de los años, uno de las más recientes siendo la visita que llevaron a cabo a Chile. Teniendo en cuenta que no es un instrumento nuevo, y podemos mirar que pasó en otros casos ¿qué se puede esperar de ellos? y ¿qué impacto tendrá?
Primero, debemos explicar brevemente lo que es la CIDH y su papel. Su propia página explica más o menos bien su papel formal.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).[1]
Y entre sus funciones está:
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización, en cumplimiento de su mandato, la Comisión:
- Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos.[2]
Así, estas visitas son una parte integral y normal de sus funciones para investigar lo anormal.
La situación actual en Colombia, no tiene precedentes en la historia reciente del país, pero sí tiene precedentes en el continente. Los mismos manifestantes hacen referencia a Chile y emulan varios elementos de las protestas en ese país, Primera Línea, Brigadas Médicas, etc. Así ¿qué pasó cuando fueron a visitar a Chile?
Primero la CIDH reconoce a Chile como un país que:
«…cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho con una sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos. No obstante, el país enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas, en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para
superarlo.»[3]
Lo más probable es que digan algo parecido sobre Colombia ahora. La CIDH da fe de todas las denuncias recibidas y el tipo de agresión por parte de los Carabineros de Chile, a la vez que condena las acciones no pacíficas de los manifestantes. Criticó al Estado de Chile en los siguientes términos.
La CIDH observa que la respuesta del Estado frente a las movilizaciones se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otros, destacan detenciones masivas, la apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protestas, en particular las que se ejercen con violencia.[4]
Y el documento sigue con unas 20 recomendaciones al Estado, entre ellas la reforma policial y otras banalidades como:
Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos
vigentes.[5]
Si llegan a decir lo mismo sobre Colombia, no habrán dicho nada que no sabemos ya que no dijeron varios políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos. Aquí no vienen a poner en orden a Duque, aunque según
el lenguaje empleado pueden contribuir al desgaste del régimen, si así lo deciden. Pero las experiencias pasadas en Colombia no son alentadores en ese sentido.
La CIDH realizó una visita al país en 2012, cuando Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa era el responsable de los falsos positivos en el gobierno de Uribe, llevaba dos años en el poder.
Afirmaron:
A través de la presente visita, la CIDH ha podido valorar importantes avances en el desarrollo de la institucionalidad estatal dedicada a la protección de los derechos humanos. La Comisión valora y saluda el importante impulso que el Gobierno de Colombia ha dado a las políticas públicas en materia de derechos humanos y al fortalecimiento de la
atención de las víctimas de violaciones y la protección de personas en riesgo, así como la significativa inversión en recursos tanto humanos como financieros que el Estado está realizando en estas áreas.[6]
¿Alguien reconoce el país de que hablan? Narnia debe ser, pues el año siguiente Santos negó la existencia del Paro Agrario con su infame frase «Tal paro no existe» mientras mandaba el ESMAD a atacar a los manifestantes inexistentes. Claro esta visita se hizo a petición del mismo Estado y el informe se lee como un ejercicio de relaciones públicas a favor del incipiente proceso de paz con las FARC. Es de notar que en todo el gobierno de Uribe la CIDH no vino al país ni por petición del gobierno ni por el clamor de la gente.
Aunque el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Phillip Alston sí vino al país en 2009 para investigar a los falsos positivos. Describió los hechos que encontró y no los describió como simples errores, pues a su juicio no eran, pero al mismo tiempo afirmó en términos muy claros.
No he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial o hubiera sido ordenada por altos funcionarios del Gobierno. Sin embargo, recibí́ informes detallados y creíbles de ejecuciones de ese tipo en todo el país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número de unidades militares diferentes. De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de
Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o «manzanas podridas». [7]
Así, ¿qué creen va a decir la CIDH? Pues algo parecido, asesinatos etc, a manos de varias unidades y se requiere reforma de una cosa u otra y el fortalecimiento del estado de derecho etc.
Valga recordar que pasó luego del informe de Alston. Poca cosa. Los avances que hubo fueron producto de las largas luchas de las víctimas, no de la implementación de alguna recomendación de Alston. Y ¿qué pasó con los responsables políticos de esas masacres? Pues Uribe sigue montando caballo en su finca y manejando la presidencia vía Twitter o
emisarios, entre ellos sus propios hijos. Y ¿su ministro de Defensa quien pagaba a los soldados por cada cadáver entregado? Pues Juan Manuel Santos se convirtió en presidente, gracias al apoyo de varios de los que hoy lamentan los asesinatos ahora.
Alston era un funcionario bastante neutral, y aun así, no pasó mayor cosa. La CIDH tiene que balancear perspectivas e intereses políticos, así la CIDH no va a poner a Duque en jaque, no vienen a arreglar el país. El futuro del país está en las manos de la gente en la calle, no en las elecciones del año que viene y mucho menos en el informe de la CIDH.
Notas:
[1] Véase https://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
[2] Véase https://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp
[3] CIDH (31/01/2020) CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus
observaciones y recomendaciones preliminares
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp
[4] Ibíd.,
[5] Ibíd.,
[6] CIDH (07/12/2012) Observaciones preliminares de la CIDH sobre la
visita a Colombia
[7] UN (31/03/2010) Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston
A/HRC/14/24/Add.2.
«Multiplicar los puntos de resistencia
y bloqueos»
Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
En Bosa, territorio ancestral del pueblo Muisca, en un ejercicio autónomo y auto organizado sesionó la Asamblea Nacional Popular con la participación de más de 2.000 delegados y delegadas, presenciales y virtuales, procedentes de diferentes regiones del país, representantes de comunidades campesinas y negras; pueblos indígenas; procesos y movimiento de mujeres; asambleas y cabildos populares; organizaciones populares urbanas; organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la producción, el magisterio, la salud y el transporte; movimientos sociales y políticos; movimiento ambiental; movimiento de DDHH; colombianos y colombianas en el exterior; procesos culturales, artísticos, deportivos y comunicacionales; organizaciones juveniles y estudiantiles; guardias étnicas, campesinas y populares; primeras líneas; víctimas; diversidades y disidencias sexuales; movimiento de personas en condición de discapacidad; movimiento comunal.
Declaramos la Asamblea Nacional Popular – ANP como un proceso permanente, en perspectiva de constituirse en órgano de poder popular con expresiones sectoriales, territoriales y poblacionales que fortalezca, potencie y desarrolle gobiernos propios, planes de vida, consolide territorios y territorialidades étnicas, campesinas y populares urbanas, y oriente las luchas del pueblo.
Identificamos como tarea central para continuar avanzando en el cambio de la correlación de fuerzas, potenciar política y organizativamente hacia un paro nacional indefinido el ciclo de ascenso de la lucha popular y democrática que atraviesa por un hito histórico que tuvo su inicio el 21N del 2019, continuó durante el 2020 y retomó gran fuerza y beligerancia a partir del 28A del 2021; lo cual nos permitirá continuar el combate al sistema capitalista imperialista, patriarcal, racista, colonial y neoliberal, subordinado a los dictámenes del FMI, el BM y la OCDE, y al régimen autoritario y dictatorial en cabeza del gobierno de Duque; así como allanar el camino para construir e instaurar el poder popular.
A partir del 28A, además de la persecución sanguinaria, el Gobierno y los grandes capitalistas y terratenientes han desatado una campaña de difamación contra los bloqueos y la juventud, a la que califican como vándala; de tal manera que quienes saquean el país se presentan cínicamente como “gente de bien” y a quienes reclaman derechos, democracia y justicia los pretenden hacer aparecer como malhechores. Revindicamos, celebramos, defendemos y apoyamos incondicionalmente a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, héroes y heroínas populares, que quedarán en la memoria de esta gesta libertaria del pueblo colombiano.
Decidimos multiplicar los puntos de resistencia y bloqueos, clave del éxito de este levantamiento popular, acompañándolos de plantones, marchas, mítines, actos político-culturales y demás iniciativas de la creatividad popular. Hasta la siguiente sesión de la ANP, convocamos movilización nacional todos los miércoles. Invitamos, de manera especial, al movimiento obrero sindical clasista a que cree las condiciones para realizar un paro de la producción, los servicios y el transporte.
Desde las construcciones colectivas de nuestras comunidades y pueblos, así como del reconocimiento de la diversidad de visiones y cosmovisiones ancestrales, culturales, de género, generacionales, históricas y sociopolíticas avanzamos en la formulación de una plataforma que contribuya a guiar las luchas del pueblo colombiano en procura de las transformaciones que den lugar a un país para la Vida Digna, que deberá seguirse debatiendo y profundizando: i)transformación del Estado de cara a la construcción de un gobierno obrero, campesino, popular y de los pueblos; ii)economía de transición fundamentada en fondos públicos destinados al sostenimiento de empresas públicas, sociales y comunitarias que desmonten la gestión económica neoliberal del Estado, garantizando la Vida Digna en líneas trasversales como tributación, trabajo, seguridad social, educación, vivienda y servicios públicos, políticas ambientales, minero energéticas y agrarias; iii) defensa de los territorios, la soberanía social popular, de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas; iv) defensa de la mujer y de las diversidades sexuales con miras a la eliminación del patriarcado.
Igualmente, avanzamos en un plan para apuntalar la capacidad nacional e internacional de denuncia y protección de los Derechos Humanos, con énfasis especial en la autoprotección de la vida, las organizaciones y los territorios, mediante el fortalecimiento de las guardias étnicas, campesinas y populares y las primeras líneas. Declaramos el PortaldelaResistencia como espacio humanitario y campamento permanente de las PrimerasLíneas.
Buscaremos el acompañamiento y la veeduría internacional para exigir garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, y emplazamos al Estado colombiano para que en cumplimiento de la normatividad nacional y el Derecho Internacional de los DDHH, desmonte la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, derogue el decreto 575 mediante el cual se declaró de forma velada la conmoción interior; ponga en libertad inmediata a todas las personas detenidas y judicializadas en el marco del Paro Nacional, retorne sanas y salvas a todas las personas desaparecidas, y se investigue y sancione a los responsables de miles de crímenes contra el pueblo colombiano.
Llamamos a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas y de cooperación con el gobierno de Duque y a enjuiciarlo por genocidio en los Tribunales Internacionales, principalmente independientes, dado que en el contexto nacional la institucionalidad encargada del control político, el control de la función pública y la protección de los Derechos Humanos se ha caracterizado por garantizar la impunidad de los crímenes cometidos desde el poder. El pueblo colombiano demanda la caída del régimen genocida y su gobierno ilegítimo de turno, en cabeza de Duque, al que señalamos categóricamente como responsable de las prácticas de aniquilamiento físico y simbólico contra los sectores y procesos que exigimos cambios estructurales que garanticen condiciones de Vida Digna a toda la población.
Acordamos una ruta para contribuir a fortalecer la unidad del campo popular y democrático, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, poblacional, temática, territorial, nacional e internacional existentes. En tal sentido, convocamos a fortalecer y generalizar las asambleas populares en barrios, veredas, universidades y empresas.
Rechazamos las prácticas hegemónicas y burocráticas del Comité Nacional de Paro – CNP, que llevaron a una negociación con un gobierno genocida a espaldas de la mayoría movilizada. Lo llamamos a que se asuma como un actor más y no como la dirección del paro nacional. Es autonomía de las regiones su articulación a los Comités Departamentales de Paro, la ANP como proceso autónomo no se articula a la dinámica del CNP.
Manifestamos nuestros agradecimientos a la comunidad educativa del Colegio Claretiano por recibirnos y brindarnos su espacio para desarrollar la Asamblea. Le expresamos nuestra solidaridad y condenamos la violación de su autonomía por parte de las fuerzas represivas del régimen, que violentaron sus instalaciones para aterrizar un helicóptero usado para reprimir los puntos de resistencia en Bogotá.
Convocamos al movimiento popular y al pueblo colombiano a participar en un segundo momento de la Asamblea Nacional Popular que se llevará a cabo en Cali, entre los días 17 y 20 de julio del presente año, para continuar fortaleciendo el poder popular mediante un ejercicio democrático popular que garantice la implementación de las decisiones mayoritarias y continuar debatiendo las diferencias.
A PARAR PARA AVANZAR…VIVA EL PARO NACIONAL
HOY EL GRITO NO ES EL GOL, ES POR LA DIGNIDAD Y RESISTENCIA DEL PUEBLO COLOMBIANO.
Asesinan a líder social y a su hijo
en Arauca // Desmentida del ELN
por crimen de lideresa indígena
Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2021.
Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. El homicidio ocurrió en la vía que conduce al centro poblado de La Esmeralda.
Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.
Los cuerpos sin vida de padre e hijo fueron hallados por residentes de la zona que transitaban por el lugar.
Este miércoles 9 de junio, un grupo de hombres armados asesinaron al trabajador por los derechos de los pueblos indígenas Danilo Galindo junto a su hijo, de solo 23 años de edad, en horas de la tarde.
El líder social era funcionario de la alcaldía de Fortul, Arauca, donde se desempeñaba como conciliador en equidad.
El hecho fue perpetrado en las inmediaciones del poblado de La Esmeralda, cuando varios sujetos con armas de fuego lo interceptaron.
De acuerdo a medios locales, el padre fue encontrado en el punto conocido como “Case sinz” y la víctima más joven a la altura de la vereda “Palo de agua”, aproximadamente a tres kilómetros de distancia uno del otro.
De acuerdo con la información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) el homicidio a Danilo sería el número 70 a líderes y defensores de los derechos humanos en lo que va de 2021.
La administración municipal de Fortul y compañeros de trabajo de Galindo, a través de un comunicado, ofrecieron condolencias a sus familiares, manifestando su rotundo rechazo a este crimen y exigen la investigación por parte de las autoridades.
También el miércoles tuvo lugar el asesinato de la lideresa Nasa Argenis Yatacue, quién igualmente fue interceptada junto a su pareja en horas de la madrugada. En el mismo día ocurrieron dos homicidios dobles a líderes sociales.
Las autoridades locales declararon que se intenta determinar las razones del crimen contra Galindo e intentan encontrar a los autores, a la vez que se preparan para determinar nuevas medidas que garanticen el orden público a través de un consejo de seguridad.
Sin embargo, Colombia continúa sumergida en una jornada de violencia por la represión a las protestas, principalmente en Bogotá y Cali. Tan solo durante la jornada del 9 de junio se registraon 68 personas heridas y diez de ellos tuvieron que ser remitidos a centros hospitalarios.
DESMENTIDA DEL ELN: «ATENTADO DE FALSA BANDERA»
Rechazamos el asesinato de Argenis Yatacué profesora y Sa’t We’sx
(autoridad ancestral) del resguardo Páez de Corinto y su compañero
Marcelino Yatacué Ipia, hechos que se presentaron en la madrugada del 09
de junio de 2021 en la entrada del casco urbano de Corinto, Cauca.
- Aclaramos al pueblo colombiano y en especial a la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) que NO SOMOS LOS AUTORES. - Con el propósito de deslegitimar nuestra lucha política en armas
realizan esta acción de bandera falsa. - Invitamos a los medio de comunicación de carácter “independiente”
hacer investigación y contrastar información para no informar sobre
supuestos. - Nos solidarizamos con los pueblos indígenas y las comunidades
víctimas del terrorismo de Estado.
Guerrilla Comunicacional
Comunicamos para ¡VENCER!
10 de Junio de 2021
Telegram: t.me/InsurgenciaComunicacional
Envio:RL
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