Los militantes de la Contraofensiva montonera no fueron engañados, señaló la fiscal Sosti

12-06-2021

La fiscal federal Gabriela Sosti consideró que los integrantes de la organización Montoneros que participaron de la “Contraofensiva” de 1979 y 1980 “no fueron engañados y obligados a retornar al país” y volvió a reivindicar “el derecho a la resistencia” ante la dictadura como lo hizo en el alegato del juicio que concluyó el jueves pasado en los Tribunales de San Martín.

“Los integrantes de Montoneros que decidieron volver al país para combatir a la dictadura no fueron engañados ni obligados por la conducción de la organización. Ese es uno de los grandes mitos que rondaron en torno a este tema y dejamos claro en nuestro alegato que eso no sucedió”, señaló Sosti en declaraciones a Télam.

La Contraofensiva fue un intento de Montoneros de generar una etapa de resistencia social en la Argentina que era gobernada por la dictadura y fue llevada a cabo por militantes que volvieron al país desde el exilio.

La acción fracasó y los integrantes de esta organización político-militar sufrieron hechos de terrorismo de Estado que se analizaron en un proceso oral y público que comenzó en abril de 2019.

El Tribunal Oral Federal número 4 (TOF) de San Martín condenó esta semana a prisión perpetua de cumplimiento efectivo a Roberto Dambrosi, exjefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, exjefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.

Todos ellos formaron parte de la estructura de inteligencia de la última dictadura cívico militar que utilizó un aparato para perseguir, secuestrar y torturar a militantes de Montoneros en delitos de lesa humanidad que se cometieron incluso más allá de los límites de Argentina, y en países como Brasil, España, Bolivia y Perú.

En un extenso alegato formulado a fines del año pasado, Sosti defendió “el derecho a la resistencia a la dictadura por parte de los militantes que formaron parte de la “Contraofensiva”, y describió los hechos de represión ilegal que padecieron como parte de un plan sistemático de genocidio.

“Lo que intenté en este juicio de lesa humanidad y en todos los que tengo que acusar es dar un contexto histórico, social y político en el cual se cometieron los crímenes. El derecho tiene a veces un discurso pobre; una mirada que se esconde desde una pretendida neutralidad, como si las leyes no fueran el resultado de una puja”, sostuvo la fiscal.

En ese sentido, la funcionaria judicial afirmó que el aparato de inteligencia de la dictadura ejerció “una acción psicológica que hizo posible la invisibilización” de los sectores que se enfrentaron a ella.

“Nos cuentan que la dictadura terminó con la derrota en la Guerra de Malvinas y se ignora la lucha que dio el movimiento obrero y las organizaciones políticas. Los asesinos que fueron condenados formaban parte de una estructura de inteligencia que sabían que los militantes venían a recomponer una red de resistencia y por eso los persiguieron y mataron. Hubo una invisibilización del poder de esa lucha”, apuntó.

Al emitir su sentencia, el TOF 4 ordenó que se abrieran nuevas investigaciones judiciales a partir de los hechos que se ventilaron en el juicio de “Contraofensiva”.

En la actualidad, hay un proceso que se denomina “Contraofensiva II, que se encuentra en la etapa de alegatos y en el cual Sosti ejerce la representación del Ministerio Público Fiscal.

“Lo importante es que se profundicen las investigaciones y que continuemos indagando sobre el aparato de inteligencia de la última dictadura militar y ese poder que montó en Argentina 600 centros clandestinos de detención ilegal”, subrayó la fiscal.

Fuente:GrupoLaProvincia.com