Carlos Propato: “A los gerentes de Ford los condenaron por nuestra lucha”
El exobrero de la planta Pacheco de la multinacional automotriz y
sobreviviente del genocidio cuenta cómo, junto a organizaciones, se logró la
condena a dos exgerentes, que a casi tres años de la sentencia siguen libres
por no haber “condena firme”. La causa sigue frenada en Casación, garantizando
la impunidad biológica.
Miércoles
14 de julio
La causa Ford es un emblema para todo el movimiento obrero. Años de lucha de sobrevivientes, familiares, extrabajadores de esta y otras automotrices como Mercedes Benz y organizaciones sociales y de derechos humanos, lograron llevar al banquillo de los acusados a dos gerentes de la multinacional, que fueron condenados en 2018 por crímenes de lesa humanidad.
En el juicio que comenzó a fines de 2017 pudo reconstruirse, gracias a los testimonios de sobrevivientes, extrabajadores y hasta profesionales que investigaron la historia de la dictadura, cómo operaba la empresa en complicidad con el Smata y el Ejército.
Carlos Propato es uno de los trabajadores sobrevivientes y querellante en la causa. En diálogo con este diario describe como fue esa lucha y como sigue, exigiendo que Casación, máximo tribunal penal del país, deje firme las condenas para que los gerentes responsables dejen de gozar de libertad, después de los atroces crímenes de los cuales son responsables.
"Llegar al juicio fue muy duro para nosotros, un largo y arduo trabajo, nadie nos reconocía. La lucha de los sobrevivientes, de organizaciones que nos apoyaron, como Adolfo Pérez Esquivel, los sobrevivientes de Campo de Mayo y tantos otros compañeros y compañeras, logró que llevemos al banquillo a estos empresarios. Pero al día de hoy, después de casi 46 años del golpe genocida y a casi tres de haber logrado las condenas en el Tribunal 1 de San Martín, nunca tuvimos contestación de Casación sobre la causa, la archivaron en algún cajón de algún sótano y dudo que hayan novedades, lo que implica garantizar que estos genocidas mueran en sus casas, sin haber pisado una cárcel común".
Propato señala: "Es una vergüenza que los gobiernos permitan esto, que ni siquiera destituyan a miembros del Ejercito y las Fuerzas Armadas que siguen en actividad o cobrando retiros. No nos sorprende, porque todos actuaron función de los intereses de la clase social que nos condenó a nosotros a ser víctimas de los peores crímenes".
Las demoras de décadas en juzgar y condenar genocidas y la impunidad biológica no son casualidad. El Estado desde 1983 y hasta la actualidad, salvo en algunos casos parciales y digitados, decidió mantener bien guardados los archivos de la represión genocida.
Ford fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores -entre fines de marzo y abril de 1976-, muchos de ellos secuestrados de sus puestos de trabajo por el Ejército y llevados en un principio al centro clandestino que la empresa tenía dentro de sus instalaciones en General Pacheco: "El Quincho". Ford aportó no sólo sus instalaciones, sino también económicamente, además que señaló a los obreros que finalmente fueron víctimas del genocidio de clases.
Claro que Ford contó con el aval de la conducción del gremio Smata, cuyo secretario general José Rodríguez reconoció haber entregado la lista con los delegados al Ejército.
Rodríguez murió impune gracias a que, aun cuando reconoció haber entregado la lista negra, el Poder Judicial nunca lo imputó por estos crímenes. Lo mismo ocurrió con otros directivos de la empresa, como el gerente de Relaciones Institucionales Guillermo Gallarraga y Nicolás Enrique Julián Courard, en aquel entonces presidente de la multinacional.
Por los crímenes fueron condenados en una sentencia histórica, en diciembre de 2018, Santiago Omar Riveros, que en ese momento tenía de 94 años. Durante la dictadura fue director de Institutos Militares y de él dependía la guarnición Campo de Mayo. También fueron condenados los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller de 85 años al momento de la sentencia, exgerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla de 90 años, jefe de Seguridad de la planta ubicada en General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires.
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La lucha por llegar al juicio y castigo llevó décadas y todos los gobiernos constitucionales desde 1983 supieron mantener la impunidad para estos empresarios y los directivos de Smata. En mayo de 2013 la jueza Alicia Vence procesó a tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados y como consta en el auto de elevación a juicio, por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el Quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.
En el mismo escrito de elevación a juicio, la jueza Vence dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros.
El texto judicial agrega que “la automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”.
Claro que Ford y el sindicato de los mecánicos no fueron los únicos que participaron del golpe genocida. Sólo por dar algunos ejemplos, son muy conocidos los casos de Mercedes Benz, Siderca, Ledesma, La Veloz del Norte, La Nueva Provincia y tantas otras, con los burócratas sindicales como colaboradores incondicionales.
Propato describe como los empresarios de la automotriz no son los únicos responsables del genocidio: "Los empresarios de Ford fueron condenados gracias a nuestra lucha y la de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Otros siguen totalmente impunes como Blaquier, como los de La Veloz del Norte. Es una vergüenza. No se si vamos a lograr o no que terminen en cárcel común, pero la historia los debe condenar, las nuevas generaciones deben conocer lo que pasó y quienes son los responsables".
Sobre el rol de los distintos partidos tradicionales, Propato asegura: "En su mayoría los partidos tradicionales no ayudaron en nada, pero todo el mundo tiene responsabilidades, incluso aportaron intendentes, gobernadores a la dictadura genocida. Son pocos los que se la juegan, en las últimas décadas los asesinos siempre terminaron tomando café en las mejores confiterías del centro. Quiero decirles a las nuevas generaciones que no hay que darse por vencido, nosotros hicimos una bandera de lucha y sabemos que la única forma defender los derechos es luchando día a día".
Frente a Ford planta Pacheco la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación instaló carteles para señalizar el lugar, pero el reclamo de los sobrevivientes era otro: "Esos carteles no tendrían que haber estado ahí en frente sobre la colectora panamericana, a nosotros la autopista no nos hizo nada. Esos carteles tendrían que haber estado en la puerta de la fábrica donde nos secuestraron y existió en sus instalaciones el centro clandestino de detención y tortura. Pero ese monopolio internacional que es Ford sigue manejando a los gobiernos las personas. La empresa dijo acá no los ponen y no se pusieron. Nos prometieron y juraron que se iban a colocar en la puerta pero después nos dijeron que no porque pasan caños por abajo. Todas mentiras, una burla a tantos años de lucha".
Propato relata la historia de ese cartel, que es tan importante para él y sus compañeros: "Este cartel nació allá por 2010 y después de mucho trabajo lo pusimos, las y los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas nos dieron una mano muy grande, también algunos movimientos sociales y el sindicalismo de base. Logramos ponerlo en frente, pero esos carteles le pertenecen a todo el movimiento obrero, es una bandera de lucha de todos y espero que las y los jóvenes lo defiendan cuando nosotros ya no estemos, porque esta lucha es también por las nuevas generaciones".
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