Reactivación, cupo trans y reinserción laboral en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán
Una reasignación de futuro con trabajo digno
Karen Onzari y Giuliana Lescano ingresaron por el cupo. Celina García es una de las reincorporadas de los despidos de 2018. Sus historias en primera persona y el resultado del cruce de políticas productivas, sociales y de derechos.
“Jamás tuve esto. Jamás tuve, primero y principal, un trabajo digno”, dice Karen Onzari, mujer trans que trabaja desde el 2 de junio en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Su incorporación en cumplimiento del decreto presidencial del cupo laboral travesti trans le provoca emoción, y el recuerdo de sus compañeras que ya no están. Se considera una sobreviviente. Giuliana Lescano cambió su vida en un mes: con el primer sueldo planifica mudarse a una casa cerca de la planta del cordón industrial donde, como todes sus compañeres, cumple horarios rotativos: de 6 a 14 y de 14 a 22. Se define como mujer transgénero y ya convirtió a varias de sus compañeras de trabajo en amigas. Celina García es una mujer cis y vive a cinco cuadras del lugar de trabajo. Ingresó en 2014, se certificó en la confección de chalecos multiamenazas y fue una de las despedidas por el gobierno de Mauricio Macri. En enero de este año perdió a su esposo, que murió de covid-19. Tiene una nena de 6 años. Se le quiebra la voz cuando cuenta que la reincorporación, en mayo, le permite iniciar una nueva vida. “El trabajo es el gran ordenador social”, dijo el ministro de Defensa Agustín Rossi en el acto que se realizó el viernes en el predio, donde anunciaron el aumento del 1300 por ciento en la producción de chalecos desde 2019, y un 300 por ciento en la de municiones.
Fueron 48 las personas reincorporadas y 2 incorporadas ante el incremento de la producción. En la Fábrica de Fray Luis Beltrán trabajan 298 fabriquerxs, 244 varones y 52 mujeres, además de 2 personas trans.
Karen
Karen Onzari llora. Se seca las lágrimas para que no mojen el barbijo con el logo FM. Está en primera fila en el acto y cuando escucha al ministro, le brotan las lágrimas. El 2 de julio se cumple un mes desde que, con el apoyo de ATE Rosario, ingresó a su primer trabajo formal, a los 45 años. Karen es una mujer trans, comenzó su transición a los 15 años y desde ese momento, la echaron de la escuela secundaria y de su casa. “Mamá aceptaba pero papá no”, cuenta después, en la sala donde ahora trabaja confeccionando chalecos multiamenazas. Allí recuerda también que pasó muchos cumpleaños de su mamá, domingos y día de la madre presa, en los calabozos de la entonces seccional 4°, en La Paz al 400, adonde las confinaban 30, 60 y 90 días por orden de los jueces de Faltas. “Esa emoción es porque después de tanto dolor, de tanto sufrimiento que vivimos, de la represión policial, que hoy un ministro del poder nos reconozca a nosotras como trabajadoras dentro de esta empresa que es tan importante...”, empieza a decir. Está entusiasmada: después de un mes de levantarse -cuando le toca el turno matutino-, a las 3 de la mañana, hoy cobrará su primer sueldo.
“Mi transición empezó a partir de los 15 años. Cuando en la escuela empezaron a descubrir mi género, fui expulsada del secundario y bueno, ahora gracias a todo el esfuerzo y lucha colectiva y también del aporte del Estado nos dieron la oportunidad de volver a ingresar y terminar con lo que uno había empezado, con los estudios y las capacitaciones para un cupo laboral digno”, relata su historia con entusiasmo, una vez que termina el acto.
La expulsión de la escuela fue el primer paso de la segregación. “La llamaron a mi mamá, me mandaron una nota para que les diera a mis padres. Yo se las llevé, porque nunca les oculté nada. Para ingresar a la escuela tenía que ir con ella. Cuando fuimos a la dirección, la directora le dijo que yo ya no podía ingresar más porque tenía actividad física y yo no quería hacer el deporte masculino, no me sentía cómoda con ese deporte”, cuenta lo ocurrido en 1998.
La transición hacia su identidad de género significó muchos despojos. “Ahí quedé sin escuela, sin nada. La pelea fue con mi papá, porque mamá aceptaba, papá no. Y bueno, tuve que irme de mi casa con tan solo 15 años, ahí conocí lo que es el mundo trans como decimos nosotras y conocí a unas amigas gracias a dios y a la vida que me puso gente buena en el camino. Con ellas pude conocer lo que es el trabajo sexual de noche. Fue muy duro, te imaginás que yo con 15 años no había tenido ningún contacto físico con mi mismo género, así que yo empecé nueva”, cuenta sin necesidad de subrayar que, para la población trans, las posibilidades laborales eran inexistentes. “Estuve trabajando hasta los 40 años. yo viví la época de la represión policial, cuando existía Moralidad Pública. Nos llevaban ahí al segundo piso, desde ahí nos trasladaban a la seccional 4°, que era la comisaría para solamente chicas trans. La jueza que en esa época estaba era la doctora Liliana Puccio y también había un juez. Si te condenaban te daban 30, 60, 90 días y lo cumplías”, sigue.
Esos encierros compulsivos marcaron lo que debió ser “la mejor etapa” de su vida. “Te tocaba la condena que te daban ellos, y ahí pasaban, a veces te comías tu cumpleaños, las fechas festivas como por ejemplo la Navidad, el Día de la Madre”, y se le quiebra la voz al pensar que el próximo domingo podrá festejar el cumpleaños de su mamá, por primera vez, con un trabajo digno.
Giuliana
A Giuliana Lescano la vida le cambió en un mes. Desde el 2 de junio cumple horario rotativo en Fray Luis Beltrán. Los días que trabaja de 6 a 14, se levanta a las 4, se toma dos colectivos desde Corrientes al 3000, en Rosario y llega a tiempo para confeccionar los chalecos. Con su primer sueldo, y la ayuda de las nuevas amigas -sus compañeras de trabajo de la fábrica- se mudará cerca de su lugar de trabajo, junto con sus cinco perros y sus dos gatos, que considera “los hijos” que le dio la vida. “Me dediqué a rescatar animales de la calle, entonces tengo todos los que puedo tener en casa realmente para que no me eche el dueño de la casa” donde vive actualmente.
Giuliana creció en el barrio San Agustín de la ciudad de Santa Fe. Vivían muchos en un ranchito de chapa. “Pasé muchas más carencias de las que cualquier ser humano se puede imaginar, yo conocí lo que es la pobreza extrema durante muchos años en mi vida, muchos años, al extremo de nunca tener un televisor, nunca acceder a una información, así que mi transición fue a los 30 años, cuando me mudé acá a Rosario”, cuenta.
Entonces, hace 17 años, una decisión drástica la encontró con su verdadera identidad. “Me vine a los 30. Esa es una historia muy loca que tengo, estoy escribiendo un libro y cuando salga mi libro van a poder conocerla. Estuve en pareja seis años, fue la única pareja que tuve en toda mi vida y cuando me separé entré en un pozo depresivo muy grande, me dolió mucho, sufrí muchísimo la separación. Entonces para escapar de ese dolor y no cometer cualquier locura que mi familia no se la merece, porque amo a mi familia y la respeté siempre como ellos lo hicieron, vine a Rosario para escapar de esa depresión”, relata el momento de quiebre.
Fue en Rosario donde pudo imaginarse un futuro tal como lo quería. “Conocí y me hice amiga por primera vez en mi vida de una mujer transgénero. El barrio en el que yo viví, como te dije, era muy violento y las personas como yo terminaban muertas. Yo tuve la suerte de no terminar igual porque tuve la suerte de nacer en una familia grande, que me protegió siempre, entonces pude salir viva de ahí, pero las personas del colectivo trans terminaban muertas en ese barrio”, sigue el relato. Rosario fue también la ciudad donde se construyó. “Si bien siempre supe que era una mujer transgénero, mi amiga me dotó de información que me fue muy útil y así comencé mi proceso de adecuar mi cuerpo a cómo debió ser siempre”.
Para Giuliana, formar parte de un acto como el ocurrido el viernes pasado fue inédito. “Nunca participé personalmente. Lo había visto siempre desde la televisión, entonces hasta en eso me siento incluida porque fui parte, fui parte de un acto tan lindo, me emocionaron mucho las palabras del señor ministro Agustín Rossi, mencionando todo lo maligno del gobierno anterior, siendo que una persona como yo lo vivió y lo sufrió”, consideró.
A sus 47 años, tuvo trabajos, pero no duró “demasiado”. “La persona transgénero no tiene las oportunidades”, plantea. Por eso, el primer día de trabajo fue “emocionante”. “Tenía nervios, miedos internos de no servir para el trabajo, de sentirme capaz. Sé que lo sabía hacer, pero también quería cumplir las expectativas de los jefes, de los supervisores, rápido. Entonces, gracias a dios se dio, me relajé, vi un ambiente laboral muy sano, muy lindo, muy limpio, gente muy accesible, así que me dieron la oportunidad de relajarme, soltarme y demostrar mis capacidades. Lo logré en una semana”, relata su inserción en un trabajo donde ya tiene amigas.
Celina
Celina volvió a trabajar el 12 de mayo. “Ingresé a Fabricaciones Militares en 2014, durante la gestión de la doctora Cristina de Kirchner, ahí se generaron fuentes de trabajo, ingresamos muchos trabajadores y trabajadoras, y en 2018, con la nefasta gestión de Mauricio Macri nos dejaron a muchos en la calle. Yo ingresé a la planta de chalecos multiamenazas, donde me certifiqué, estoy certificada para hacer chalecos y en 2018 tuve la mala suerte, entre comillas, de ser parte de los varios despidos que hizo Mauricio Macri”, dice Celina en una charla en la que más de una vez se le escapan las lágrimas.
“Mi situación es muy particular porque en enero de este año yo perdí a mi esposo por el covid, y estoy sola con una nenita de 6 años, pero muy contenta porque esto me cambió la perspectiva de la vida. Estoy muy contenta, más allá del dolor, de la pérdida de mi marido, de mi compañero de vida”, cuenta sobre la muerte de David, de 41 años. Ella tiene 40.
Sobre su vida cotidiana, la reincorporación significó una nueva perspectiva. “Vivo acá, a cinco cuadras de la fábrica. A nosotras nos cambió totalmente. Yo estaba sin trabajo, teníamos un comercio con mi marido que tuve que cerrar porque no pude seguir sola y me quedé sin nada, estoy actualmente viviendo con mi abuela porque alquilábamos en su momento y como mi marido falleció, obviamente se me complicó todo. Y esto me cambió la perspectiva de la vida para mi hija y para mí porque gracias a dios tengo sustento para ella y para empezar una vida nueva”, cuenta. Sobre la lucha de 2018, la recuerda como “muy dura”. “Estuvimos en una carpa afuera de la fábrica, hicimos una olla popular, mucha gente nos ayudó. Un día nos sacaron con la Gendarmería, como si fuéramos ladrones. Y no éramos ni más ni menos que trabajadores que estábamos cumpliendo con el trabajo”, relata.
Perspectiva de género
La revitalización de Fabricaciones Militares, que este año cumple 80 años, fue encomendada por Rossi al director Iván Durigón. El 4 de marzo se creó la Secretaría de Género, a cargo de Gina Chiavarino.
“Cuando ingresamos a la gestión estaba el proyecto de la ley de cupo laboral trans y ya había un decreto presidencial. Lo primero que dijimos fue que íbamos a avanzar con el cupo laboral trans, desde el día cero lo pensamos y para eso hicimos un trabajo previo en la fábrica, porque es una fábrica de una trascendencia fabril muy fuerte y muy masculina, con una dotación de trabajadores hombres muy grande”, relató la funcionaria, quien destacó que su secretaría se propone promover derechos y transformar. Antes del cupo laboral travesti-trans, impulsaron por primera vez a una mujer como supervisora en la fábrica de chalecos, donde hay operarias mujeres. El protocolo de actuación ante situaciones de violencia por motivos de género ya está preparado, a la firma del directorio y también trabajan sobre las masculinidades. Una de las medidas que impulsan es la ampliación de la licencia por paternidad en el convenio colectivo de trabajo. Sobre la incorporación de Karen y Giuliana, Gina subraya: “A mí me hacen ruido en la cabeza dos palabras, independientemente de cualquier discusión, que son reparar e incluir. Y así lo sentí cuando hablé por primera vez con Giuliana, que me dijo ‘cuánto nos deben, cuántas vacaciones pagas nos deben, cuántos aguinaldos nos deben’. Y bueno, yo creo que el Estado, a través de sus políticas públicas, el Estado viene a reparar e incluir”.
Exaltada
Sector socialista promueve lista de concejales en el Frente Progresista
Movimientos de base se hacen lugar
El dirigente Luciano Vigoni afirma que "hay una representatividad política que no llega a los sectores populares".
El planteo es simple. En un país con enormes desigualdades y profunda pobreza, la representación política en los distintos estamentos del Estado no refleja demasiado esa realidad. En ese marco, el secretario de Movimientos Sociales del Comité Nacional del Partido Socialista, Luciano Vigoni, impulsa una lista de candidatos a concejales en Rosario que refleje a los movimientos sociales de base y a las organizaciones barriales. La idea es ir a una PASO con esta representación dentro del Frente Progresista. “Es ir recogiendo un poco la historia del Frente que es progresista, pero fundamentalmente es social”, apunta Vigoni para Rosario/12. Y señala que la pandemia mostró a “las doñas en los barrios en la primera línea de fuego, abriendo sus comedores, sus centros culturales para brindar contención y asistencia. Eso tiene que tener expresión política concreta”, apuntó el dirigente.
Vigoni fue durante mucho tiempo el titular del Programa Nueva Oportunidad en la provincia, política pensada para ayudar a desarmar la espiral de violencia de Rosario y sobre todo el hecho de que la mayoría de los homicidios tenían como víctimas a jóvenes pobres de barrios humildes. Luego se extendió a barriadas de Santa Fe y Reconquista, alcanzando a 17 mil jóvenes. Vigoni plantea que en “una Argentina que no solamente a partir de la pandemia, sino anteriormente, tiene índices de desigualdad muy altos, hay una representatividad política que nunca llega a los sectores populares, a las organizaciones de base”. Asegura que con “un 50% de pobres es hora de que esta dura realidad comience a ser representada en distintos estamentos del Estado tanto en instancias ejecutivas como legislativas”.
Afirma que la pandemia “mostró a las doñas, en su mayoría mujeres de barrios populares, de organizaciones de todo tipo, en la primera línea de fuego. Abriendo su comedor, su centro cultural para dar una asistencia y también con una sensibilidad de entender lo que sucede. Es necesario que la política le pueda dar un lugar a estos espacios”.
Vigoni apunta que “muy humildemente la idea es generar un espacio para que dentro del Frente Progresista vaya una lista de organizaciones que lo que permita justamente es pensar en este tipo de representaciones”. Y aclara que “la nuestra es una convocatoria bien amplia y transversal, y si bien se trata de compartir ideológicamente algunas cosas, no partimos de ningún dogmatismo sino de una perspectiva de pensar la vida colectivamente”.
Para el dirigente socialista, Rosario “tiene una historia de políticas públicas, y lo vemos con el área de salud pero también con muchas de las políticas que se llevaron adelante durante un tiempo”. Rosario tiene “esa tradición de construcción de políticas públicas que es el Estado dialogando con las organizaciones. Creemos que el paso siguiente es aspirar a la cogestión de políticas y a que las organizaciones estén en los lugares de toma de decisiones”.
Para Vigoni, una lista como la que presentarán para estas elecciones “más allá de las aspiraciones electorales, lo que permite es hacer visible una agenda pública que a veces el Frente Progresista tiene, pero casi siempre representada por un sector social que es el que ocupa los lugares”. Sobre las candidaturas en sí apunta a que “hay que buscar mecanismos que nos permitan elegir una representatividad tal que podamos referenciar a todos los sectores. Buscaremos algunos liderazgos que en este primer momento puedan expresar eso”, concluyó.
Va por la reelección en el Concejo con apoyo de Rossi y Sukerman
Norma López, candidata de La Corriente
El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, y el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, respaldaron la candidatura de Norma López, actual vicepresidenta del PJ santafesino, para renovar su banca como concejala de la ciudad por cuatro años más. Los tres encabezaron un plenario de la Corriente Nacional de la Militancia que tuvo lugar el sábado a la tarde de manera virtual con la participación de unas 300 personas de distintos espacios sociales, feministas y partidarios integrantes del Frente de Todos. Con el cierre de listas el próximo fin de semana, falta resolver cómo se plasmará esa candidatura, si como parte de acuerdo de unidad del Frente de Todos o en listas que competirán en las PASO, y en ese caso con qué otros espacios.
“Norma levantó y levanta las banderas y las luchas más nobles cuando muchos espacios políticos miran o miraron para otro lado. No es una aventura política. Siempre hemos defendido las políticas de inclusión y equidad”, resaltó Rossi durante el encuentro. Por su parte, Roberto Sukerman aseguró que la legisladora rosarina “es la dirigente que más potencialidad electoral tiene en nuestra ciudad" y que "no hay otra mujer política en Rosario que represente mejor que ella a mujeres y trabajadores”. Al mismo tiempo, describió a la edila como "nuestra bandera para lo que viene".
A su turno, la propia López alertó que “Rosario tiene brechas sociales amplísimas, barrios con pésimos servicios públicos y aumentos permanentes, trabajadores fuera del sistema y violencia sin fin". Además, mencionó que "a los desaciertos del Frente Progresista, Cívico y Social y de Cambiemos, hay que sumarle las trágicas consecuencias de la pandemia en salud y economía", por lo que manifestó que desde su espacio están "para construir una Rosario para todos y todas, con Justicia Social y contra los sectores que inoculan odio”.
En su sitio web Norma López se define como "madre, feminista, peronista, kirchnerista, periodista y concejala de la ciudad".
La Asociación de Fiscales y Funcionaries elevó solicitud al Ejecutivo
Piden paridad en los concursos para fiscalías
El organismo gremial busca acelerar la implementación de la nueva ley provincial. La estructura del MPA tiene mayoría de varones, sobre todo en puestos de jerarquía.
La Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación llevó al secretario de Justicia, Héctor Somaglia, el pedido de instrumentación de la paridad de género en cargos de "fiscales y fiscalas". Lo que esperan desde el organismo es que se concrete tanto en los concursos que están en trámite como en los futuros, ya que actualmente la estructura del MPA tiene mayoría de varones, sobre todo en los puestos de mayor jerarquía. Los cargos vacantes también preocupan: para les fiscales es "imperiosa la necesidad de cubrirlos". También se solicitó que la Asociación sea incorporada a los Tribunales Evaluadores de los concursos para fiscales y fiscalas.
El reclamo por la paridad en la Justicia apunta a todos los cargos, tal como lo planteó semanas atrás la Red Mujeres para la Justicia, cuando le solicitó al gobernador Omar Perotti que "se apliquen efectivamente los criterios de paridad vigente y se designen mujeres para los cargos aún no cubiertos en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe". En ese contexto, la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA pidió una reunión con Somaglia para avanzar en la cobertura de los puestos vacantes dentro de las Fiscalías Regionales, que son cinco en la provincia de Santa Fe, y que se instrumente la paridad, ante la vigencia de la ley sancionada el año pasado por la Legislatura provincial y promulgada por el mandatario provincial.
"En esto de poder pensar cómo generar la paridad en los cargos, se conversaron diferentes alternativas de cómo implementarlo y hasta la posibilidad de revisar los requisitos, las cualidades que se esperan, como puede ser el asignar más puntaje a la formación de género, como una manera de incentivar, ya que lo vemos como formas interesantes de generar la igualdad, sobre todo teniendo en cuenta los años que las mujeres dedican a la maternidad, son años que no pueden formarse, y que llegará el momento de revisar esto", señaló la titular de la Comisión de Género de la Asociación, Luciana Vallerella.
Al mismo tiempo, la fiscal indicó que en la estructura, desde la puesta en marcha del MPA, en 2014, "siempre los fiscales generales fueron hombres; y de los regionales hay cuatro hombres y una mujer, que es interina", dijo en relación a María Eugenia Iribarren, quien ocupa el puesto desde el año pasado. "En cuanto a los fiscales titulares --dentro de las cinco regionales--, el 60% son hombres; y entre los fiscales adjuntos, ellos son el 58%". Sobre los cargos de funcionaries, indicó que "el 52% son hombres". También vale decir que "a medida que se baja en jerarquía empieza a haber más mujeres, pero en los cargos más altos hay mayor preponderancia de hombres". Además, se dan situaciones como la de la Circunscripción 4-Reconquista, donde "todos los fiscales son hombres". Y las diferencias se pueden ver también según cada unidad de investigación: en delitos contra la integridad sexual o violencia familiar, donde sí hay más mujeres; no así en delitos económicos o crimen organizado.
Una de las decisiones que marcó una diferencia y llevó "un mensaje claro", en el MPA, fue cuando el año pasado el fiscal general Jorge Baclini resolvió que sería una mujer la fiscal interina para la Regional Rosario, luego de las imputaciones que corrieron del cargo al exfiscal Patricio Serjal --involucrado en una causa que investiga juego clandestino--. "Más allá de que no haya sido fruto de un concurso, que haya una mujer en la regional es importante para que se tome nota y se empiecen a entender estas cuestiones", dijo Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación.
"Hubo avances, pero el tema está en la cumbre. Se parte de un MPA que tuvo dos fiscales generales y cinco regionales varones. En cargos como secretarías hay más mujeres, pero apuntamos a llegar a los cargos jerárquicos", destacó, aunque consideró que "de a poco se van generando cambios". Y ejemplificó: "Cuando se conformó el esquema --en la regional Rosario-- en homicidios dolosos eran ocho varones; mientras que en delitos sexuales había mujeres, con una jefa también mujer. Hoy en homicidios ya hay tres mujeres", dijo sobre los cambios que se vieron en los últimos años. Y se esperanzó con que "en el próximo concurso para fiscales regionales sea diferente el panorama", y que también haya paridad en la presentación de candidates. "Creo que lo que se suele pensar es que 'la mujer es la que busca a los pibes en la escuela, la que tiene que estar cuando se enferman los hijos'; esto de que no se puede despegar de su rol de madre", lamentó sobre estereotipos de género que recaen en muchas trabajadoras. "Lo ponemos permanentemente en jaque, y creo que se van viendo cambios", aseguró sobre diferentes cuestiones que se pidieron desde la Asociación, como las capacitaciones de Ley Micaela, que se vienen haciendo.
Por otro lado, la fiscal expresó que hasta el momento no llegaron situaciones de personas que están por fuera de los binarismos de género, dentro del personal del organismo, pero aseguró que "hay que generar ese espacio y contarán con la Asociación".
Además de la paridad, se planteó la "preocupante situación de los cargos vacantes en toda la provincia y la imperiosa necesidad de cubrirlos". Por otra parte, la Asociación solicitó ser incorporada al Tribunal Evaluador de los concursos para ocupar fiscalías del MPA. Según indicaron, Somaglia "recibió de conformidad las peticiones". Desde las redes sociales del área dieron cuenta de la reunión para "aplicar la perspectiva de género en los cargos del organismo, buscando las posibilidades que equiparen las designaciones en torno a la igualdad de género".
Fuente:Rosario12
Servicio penitenciario
Las fugas de 10 internos en 40 días de la prisión de Piñero, una cárcel sobrepoblada, desnudaron las debilidades del sistema. Ni puerta giratoria ni condenas firmes. Un interno de alto perfil e inhibidores de señales selectivos.
Contra la idea más o menos extendida por algunos medios de comunicación y en el “sentido común” acerca de la existencia de una “puerta giratoria” mediante la cual quienes delinquen ingresan al sistema punitivo penal y vuelven a salir rápidamente, entre 2008 y 2020 la cantidad de personas privadas de la libertad –presos- se duplicó en las instituciones de encierro de Santa Fe. Uno de los efectos del aumento de la tasa de encarcelamiento es la sobrepoblación en las prisiones, de las cuales la Unidad Penal 11 ubicada en Piñero, de donde en 40 días se fugaron 10 internos, era a fines del año pasado la de mayor porcentaje de exceso, al albergar a un 40,6 por ciento más de detenidos que su capacidad. La evasión cinematográfica del domingo 27 puso la mirada pública sobre el sistema penitenciario, cuyo mantenimiento es costoso y no garpa en términos políticos. Por el contrario. Tres de las cuatro cámaras de videovigilancia de Piñero no funcionaban, las garitas miran hacia el interior del penal previendo intentos de fuga pero excluyendo el ataque externo –lo que ocurrió el domingo- y los inhibidores de señales afectan a los handies de los penitenciarios que no pueden comunicarse entre sí, a diferencia de algunos condenados de alto perfil que usan las celdas de seguros home office para pergeñar acciones delictivas extramuros con aceptable conexión a Internet.
El inicio de la pandemia de coronavirus puso de manifiesto, otra vez, el lugar socialmente asignado a los presos: su potencial peligrosidad, la temida capacidad de daño. Las empresas de comunicación que intermedian entre la “agenda de temas” y “la opinión pública” elevaron a nivel dramático –de “escándalo”- las posibles excarcelaciones frente a los riesgos de contagio en las cárceles, que son sitios cerrados y, habitualmente, despreocupados de los niveles razonables de higiene.
El tema se apagó, como dicta la lógica mediática dominante. El 15 de junio pasado, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para que las personas privadas de su libertad comprendidas en las categorías de grupo de riesgo, o con las edades requeridas, con o sin comorbilidades, sean incluidas en el plan provincial de vacunación contra el Covid–19.
Los presos habían quedado fuera del programa de inmunización y casi nadie lo advirtió. Encerrados no molestan y hasta dejan de ser sujetos de derecho (ver aparte).
Modelo para armar
La Unidad Penal 11 ubicada en la intersección de la ruta provincial 14 con esa segunda circunvalación que es la A-012, en jurisdicción de la comuna de Piñero, fue inaugurada en 2006 como “cárcel modelo”.
El edificio original tenía 30.870 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro prototipos de detención llamados mini-penal. En 2015 se le agregaron otros dos módulos de 5.200 metros cuadrados cada uno y se está terminando un hospital interno con 24 camas y diferentes especialidades médicas, según informó hace días el Gobierno santafesino.
Un trabajo estadístico realizado por el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, con datos hasta diciembre de 2020, revela que en la UP11 había entonces 2.041 internos, con una capacidad máxima para 1.452. Los 589 que sobraban conformaban una sobrepoblación del 40,6 por ciento, la más alta de los 10 penales que posee Santa Fe, además de la Alcaidía Regional y la Sala Penitenciaria.
De acuerdo a ese informe, el índice de sobrepoblación carcelaria promedio en la provincia era del 15,6 por ciento, una nimiedad al lado del 50 por ciento que habitualmente posee el sistema penitenciario bonaerense. Piñero, en cambio, mostraba una sobrepoblación más parecida a Buenos Aires.
Como es más o menos frecuente, más de la mitad (52,3 por ciento) de las personas privadas de la libertad en cárceles santafesinas no tenía condena a diciembre de 2020, sino que cumplía prisión preventiva.
En 2008 ese porcentaje fue del 56 por ciento y en 2015 –el segundo año de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal de la provincia- se redujo a 41,3, uno de los niveles más bajo de la serie analizada por el Observatorio de Seguridad Pública, que comprende el período 2008-2020.
Es decir que de las 7.598 personas privadas de la libertad en diciembre de 2020, 3.978 esperan que el proceso penal determine si son culpables o inocentes.
El número de presos y presas –el 96,7 por ciento de los detenidos en cárceles santafesinas son varones- no paró de crecer desde 2008. En una escalera ascendente que sólo exhibe un descenso entre 2014 y 2016, en los últimos doce años el número de presos en el sistema penitenciario provincial pasó de 3.794 a 7.598. Se duplicó.
Lo más valorable del análisis realizado por el Observatorio es la reducción de otro de los problemas más o menos estructurales: los presos en comisarías.
Si bien entre 2019 y 2020 hubo un salto importante –pasaron de 510 a 940 detenidos- la serie permite observar que desde 2013 el descenso de la participación de las comisarías como lugares de encierro más o menos permanentes es marcado.
10 en 40
En ese contexto, en los últimos 40 días se produjeron dos fugas de 10 internos en el penal de Piñero, el más moderno del sistema penitenciario santafesino.
La primera ocurrió el 17 de mayo cuando dos internos escaparon durante las visitas de dos mujeres en los carros que se emplean para ingresar alimentos y otros elementos a los detenidos.
Esa fuga ocurrió a media tarde y estuvo protagonizada por Carlos D’Angelo y Hugo Peralta, dos condenados que cumplían sentencia en la UP11. D’Angelo, condenado por homicidio, fue recapturado dos días después en una casa de Villa Gobernador Gálvez, mientras que Peralta permanece prófugo.
Según la investigación de la Fiscalía, ambos fueron trasladados por sus visitas en carros, tapados por cajas de cartón, para lo cual atravesaron al menos seis puntos de control sin que el personal del Sistema Penitenciario lo advirtiera.
Por esa fuga fueron imputados con prisión preventiva diez miembros del Servicio Penitenciarios, entre ellos el jefe del penal, aunque siete de ellos fueron liberados la semana pasada por no poder probarse que haya existido intención en el facilitamiento de la evasión, sino negligencia en sus acciones.
Si esa fuga encuentra analogías con algún capítulo de la serie televisiva Los Simuladores, la del domingo 27 de junio tiende más al género de acción de la industria cinematográfica.
Por lo que el fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación, pudo averiguar hasta ahora, la evasión se produjo alrededor de las 5 de la tarde cuando al menos tres personas llegaron en un Peugeot 308 hasta un camino lateral de la prisión, que está ubicada en un descampado.
Con una amoladora cortaron el tejido perimetral del penal e ingresaron a los tiros. Portaban, al menos, un revólver, una pistola ametralladora FMK3 calibre 9 mm., una pistola calibre 380 y otra 11.25, según describió el fiscal el miércoles al imputar por la evasión a tres de los cuatro recapturados.
Luego de 200 metros, y tras haber sobrepasado cuatro de las garitas de control mientras disparaban, se apostaron debajo de la número 5 del Módulo D del penal.
Dos siguieron disparando contra el personal del Servicio Penitenciario, que repelió el fuego, mientras el tercero realizó un corte con la amoladora en el segundo cerco perimetral, atravesando el cordón que lo separa del siguiente tejido alambrado, y perforó este último realizando la misma maniobra”, dijo Carbone.
Paralelamente, ocho internos que se encontraban en el patio del pabellón 14 del Módulo D, comenzaron a lanzar elementos contundentes al efectivo de la garita 5 y realizaron, ellos también, un corte en el cerco metálico que defiende el mismo.
Tras atravesarlo, se unieron al grupo de apoyo externo y escaparon en el mismo vehículo que habían llegado, pero más cargado. En la refriega cayó uno de los que llegó desde el exterior, identificado luego como Walter Soraire. Aún no se pudo determinar si fue baleado por el Servicio Penitenciario o sufrió “fuego amigo” en la balacera cruzada.
De los ocho evadidos tres fueron recapturados al lunes siguiente y un cuarto, Ezequiel Romero, se entregó el miércoles, luego de que la Agencia de Investigación Criminal allanara su domicilio.
Los tres primeros, Joel Rojas, Sergio Cañete y Alejandro Schmittlein, fueron imputados por evasión y portación ilegal de armas. También otras dos personas, una mujer y un hombre, recibieron cargos por encubrimiento y resistencia a la autoridad, al intentar sin éxito escapar de un control policial en un Honda Civic en cuyo baúl viajaban armados Rojas y Cañete.
Cabeza morena
Aunque no hay aún claridad total sobre el asunto, los investigadores creen que el cerebro de la fuga fue Claudio Javier Morocho Mansilla, un presunto narco de 38 años que desde cinco días antes de la evasión enfrentaba un juicio oral por un doble crimen, en el que estaba imputado como autor.
También fue acusado, en mayo pasado, de ordenar desde la cárcel de Piñero –en la que está detenido desde fines de 2018- otro asesinato, por el que habría pagado al ejecutor 100 mil pesos, además de brindarle un vehículo y el arma homicida.
El fiscal Carbone pidió esta semana la captura internacional de los cuatro evadidos que aún no fueron recapturados, bajo la hipótesis de que Mansilla podría intentar emigrar a Paraguay, donde mantiene contactos del negocio ilícito de la comercialización de estupefacientes, según se desprende de otra investigación.
El 6 de diciembre de 2018, Mansilla fue detenido en una vivienda de calle Buenos Aires al 600 de Capitán Bermúdez, la misma en la que su pareja, Jésica Fea González, cumple prisión domiciliaria.
Un año y medio después, ese domicilio fue allanado en una causa por venta de drogas que instruye el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, para quien se trataba del lugar en el que una banda de esa ciudad se proveía de los estupefacientes. Esa vivienda también fue baleada en febrero pasado mientras González cumplía prisión domiciliaria, aunque no hubo heridos. Era sólo un mensaje.
Mansilla está acusado de ser el presunto autor de los homicidios de Kevin Neri (16), y Lucas Ozuna Bubacar (18), asesinados a tiros desde un automóvil el 23 de septiembre de 2018 en un pasillo de Lima al 2100, al que salieron engañados por un adolescente que les dijo que quería hablar con ellos.
El martes de la semana pasada comenzó el juicio oral por el doble crimen, en el que la fiscal Marisol Fabbro pidió 25 años de cárcel para Morocho, quien según la investigación al día siguiente del doble crimen baleó a familiares de las víctimas.
Mansilla también está acusado de ordenar desde la cárcel que se fugó el asesinato de Mauricio Ezequiel Gómez (21), también baleado desde un automóvil el 26 de abril pasado en Colombia al 500 bis.
En la audiencia imputativa realizada el 14 de mayo, el fiscal Gastón Ávila señaló que desde “el pabellón N° 14 de la Unidad Penitenciaria de Piñero, le ofreció a Ulises Nicolás O. la suma de 100.000 pesos a cambio de que lleve a cabo el homicidio de Mauricio Ezequiel Gómez”.
Sostuvo que Morocho también “se encargó de poner a su disposición su vehículo y un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm para realizar el delito encomendado”.
La investigación incluyó escuchas telefónicas en las que Mansilla le informa al sicario que espera confirmación del hecho, pero que le dicen “uno en la panza y seis en la pata”, en relación a los balazos que recibió Gómez. El sicario se muestra sorprendido y le responde “Naaa, si le dimos con todo cumpa, le descargamos la pistola”. Luego muestra cierta debilidad en sus argumentos al preguntarle al preso si el arma que empleó carga diez municiones, a los que Mansilla responde lacónico: “Trece”.
Inhibidor selectivo
Antes que ese caso que involucra a Mansilla, la historia criminal reciente evidencia el rol que la prisión juega para algunos cabecillas de organizaciones ilegales.
Máximo Guille Cantero, último jefe de lo que se conoció como la banda Los Monos, acumuló más condenas por delitos cometidos desde la cárcel –narcotráfico, balaceras, extorsiones y un secuestro- que las que lo sancionaron por hechos ocurridos mientras gozaba de libertad ambulatoria.
Fabio Giménez, detenido en la Unidad Penal 3 de Rosario, fue imputado hace un mes como jefe de “una empresa de sicarios” por acordar asesinatos a cambio de dinero desde la prisión. El caso más resonante fue el del dueño del laboratorio rosarino Nutrilab, Lucas Farrugia, quien le ofreció 500 mil pesos para matar a un ex empleado devenido en competidor.
Por un crimen ejecutado, Giménez cobró 370 mil pesos, una moto y una pistola; por la planificación del asesinato del empresario había pedido 500 mil y para balear a otra persona pasó un precio de 40 mil –tras rechazar un pago en flores de marihuana- por “tres tiros en la pierna”.
También en el asesinato del ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante, apareció como uno de los organizadores del crimen un detenido en la UP11 de Piñero: el Peruano Julio Rodríguez Grathon, un piloto de aviación de 27 años considerado un capo narco de la ciudad.
Según el fiscal Carbone, que investiga la evasión de los ocho reclusos, los inhibidores de señal de la cárcel impidieron la comunicación por Handy del personal del Servicio Penitenciario. Por lo que se ve, se trata de una tecnología selectiva, como el sistema penal.
Privados de la vacunación
Entre tantos pedidos sectoriales para obtener vacunas contra el coronavirus, el Servicio Público de la Defensa Provincial de Santa Fe advirtió que la población carcelaria había sido excluida del plan de inoculación.
A mediados de mes, su titular, Jaquelina Balagione, interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para remediar esa exclusión.
En el escrito, considera como “una omisión discriminatoria la decisión de la autoridad sanitaria provincial por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general, teniéndose en cuenta que muchas personas podrían estarlo si se encontrasen en libertad”.
Agrega que “el procedimiento implementado por la provincia para el acceso a la vacuna exige que cada persona formule su inscripción completando una declaración jurada a través de un sitio web. En ese sentido, es preciso considerar que las personas privadas de su libertad no poseen dispositivos con conexión a internet para realizar este tipo de trámites”. Como el sistema penitenciario reproduce las dinámicas de desigualdades del exterior, eso sólo ocurre a veces.
Fuente:ElEslabon
Martorano: "El recurso humano de Salud está agotado"
La ministra dio por sentado que la cepa Delta, de mayor contagiosidad, causará una tercera ola de la pandemia de coronavirus. Pidió evitar viajes turísticos en vacaciones de invierno.
La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, volvió a advertir sobre la preocupación de las autoridades sanitarias por el ingreso de la variante Delta al país y remarcó que, a pesar de la disminución en la ocupación de camas críticas, "el recurso humano de Salud está agotado ".
"La gran preocupación es esta cepa Delta, que en el mundo está haciendo estragos", remarcó el funcionario. Aunque no quiso arriesgar una fecha estimada, algunos especialistas hacen referencia a mediados de julio , la médica dijo que "con el ingreso de la cepa vamos a tener una tercera ola".
Respecto al plan de vacunación en la provincia, que ya tiene a más de 1.450.000 santafesinos inmunizados con una dosis y 370 mil con dos, la titular de la cartera de Salud dijo: "Necesitamos que haya mucho más gente vacunada con esquemas completos" .
Para incrementar la cifra de personas con el esquema de vacunación completo, antes de la llegada de la tercera ola, la ministra explicó que se acortarán los plazos para colocar la segunda dosis de Sinopharm (al mes) y AstraZeneca (8 semanas).
"El recurso humano de Salud está agotado", afirmó la médica y agregó: "Hace más de un año que se está trabajando en esta enfermedad, y decirlo es una cosa, pero verlo es otra".
Por último, Martorano hizo referencia al turismo durante las vacaciones de invierno: "Creo que es conveniente un turismo de cercanía, dentro de la provincia. No hay que ir a buscar el virus". "El 6 de abril, cuando se volvió de Semana Santa, comenzó la segunda ola. Por eso es importante no pensar que el virus no descansa en las vacaciones", recordó la funcionaria.
Nueve frentes electorales participarán de las PASO en Santa Fe
Sin mayores novedades, las fuerzas políticas avanzan en el calendario electoral. El viernes vence el plazo para registrar las listas de precandidatos de estos mismos frentes políticos.
Nueve frentes provinciales se presentaron ante la Justicia Electoral de Santa Fe para participar de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 12 de septiembre para elegir candidatos a intendente, concejales y autoridades comunales.
Voceros del Tribunal Electoral de Santa Fe confirmaron que en el cierre de la medianoche de este domingo se anotaron para participar el Frente de Todos, el Frente Progresista Cívico y Social, Juntos por el Cambio, Por Más Santa Fe, Frente Federal Vida y Familia, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Soberanía Popular, Mejor y Primero Santa Fe.
El mismo cierre se había concretado el 30 de mayo pasado, cuando se habían anotado siete alianzas de partidos, pero la nueva instancia se habilitó cuando la provincia cambió la fecha de las elecciones (las PASO estaban previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre) para adaptar su cronograma electoral al de la Nación.
Respecto del primer plazo, se inscribieron dos nuevos frentes (de Izquierda y de los Trabajadores y Mejor) y se registró un cambio de nombre: Igualdad y Soberanía pasó a llamarse Soberanía Popular.
El próximo paso en el cronograma electoral de la provincia se dará el próximo viernes, último día previsto para anotar las listas de precandidatos locales.
El Frente de Todos está integrado por el Partido Justicialista, el Partido Producción, Trabajo y Desarrollo, el Partido Comunista, el Partido Solidario, el Partido del Progreso Social, el Frente Renovador, el Partido Fe y el Partido Confluencia Santafesina.
En tanto, el Frente Progresista agrupa al Partido Socialista, Creo, Radicales Libres, Participación, Ética y Solidaridad (Pares), Solidaridad e Igualdad (SI), Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Libres del Sur y Partido Demócrata Progresista.
Por su parte, Juntos por el Cambio está compuesto por un sector del radicalismo, la Coalición Cívica-ARI, el PRO, la Unión del Centro Democrático y Unidos.
Fuente:RosarioPlus
Viajes K: una iniciativa que nació para desterrar la idea del taxista facho
El grupo de Whastapp que integran choferes y pasajeros funciona como una plataforma para pedir un móvil con una particularidad: el saludo es la V de victoria, se dirigen al otro como “cumpa” y comparten ideología política
5 de julio de 2021
A Dante Stano le preocupaba que los pasajeros que subían a su taxi lo consideraran “facho”. Quería derribar el conocido estereotipo que pesa sobre quienes están al volante y empezó a contactar compañeros que compartieran ideología. En septiembre de 2018 armó un grupo de Whastapp integrado por 8 taxistas que pensaban como él. Enseguida, otros se sumaron y rompieron la virtualidad con reuniones mensuales. Con el tiempo, Stano pensó en incorporar pasajeras y pasajeros para hacer más amenos los viajes. En marzo de 2019 lanzó el grupo “Solo viajes k” que tuvo repercusión a nivel nacional y sumó cientos de pasajeras y pasajeros a la propuesta que sirve como plataforma para solicitar un móvil. En la actualidad, “Viajes K” cuenta con más de 1.500 integrantes reunidos en tres grupos de Whastapp. La idea fue replicada en otras localidades del país y despertó grupos paralelos de compra-venta, bolsa de trabajo, arte y cultura, y prensa y difusión.
“Empecé solo y no planeé la repercusión que tuvo. Tenía necesidad de encontrar compañeros de mi palo ideológico. Siempre estuvo la idea de que el tachero es facho. Pude mostrar que no todos lo son. Soy taxista pero de otro tipo”, contó Strano a <El Ciudadano<.
El grupo se activa sólo para pedir viajes y tiene sus propias reglas de funcionamiento. “Pensamos las normativas para organizar el grupo: que sólo sea para pedir taxis, que el pasajero elija con quién viajar en caso que se presente más de un chofer, poner el número de chapa y no pedir la dirección exacta hasta no confirmar el viaje por una cuestión de seguridad”, explicó Strano sobre el grupo al que sumaron sticker con las reglas, una bandera que los identifica y un logo con la foto de Cristina Fernández.
En un viaje K el chofer se dirige al pasajero como “compañera”, “compañero” y saluda con la V de victoria. Sin embargo, más allá de la ideología política, Strano aclaró que el grupo no tiene ningún fin partidario: “Se formó una comunidad virtual donde estamos politizados pero no perseguimos un fin electoral. Si bien adherimos al peronismo, lo hacemos desde diferentes sectores. Tampoco hay un objetivo gremial, ya que hay titulares y peones. Es un grupo de solidaridad entre nosotros y hacia afuera. Hemos hechos colectas y entregado mercadería a merenderos y comedores”.
En la actualidad hay tres grupos de viajes k, uno exclusivo de tacheros k, dos de bolsa de trabajo, uno de compraventa de usados, prensa y difusión, arte y cultura k, mensajería, y pasajero y taxista donde sí hablan de política. “Hay más de mil personas entre taxistas y usuarios. Varía el número de integrantes”, dijo Strano.
La iniciativa se replicó en Capital Federal, Córdoba, Neuquén, Mar del Plata, La Plata y Jujuy, y despertó el surgimiento de otras similares vinculadas a cuadros de fútbol.
“El pasajero espera unos minutos más para viajar con nosotros y nosotros hacemos cuadras de más para buscar a un cumpa. Estamos orgullosos del grupo. No lo pensamos con un fin económico, sino para mejorar la experiencia arriba del taxi”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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