Juventud precarizada
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021
La crisis que afronta la Argentina golpea fuerte a los sectores más desprotegidos y con menores recursos, y también afecta a quienes integran la «Generación Z», jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que el 96% percibe salarios inferiores a los $ 50.000, según un sondeo privado.
El relevamiento asegura que los integrantes de este grupo etario tienen un bajo nivel de endeudamiento y siguen eligiendo a las entidades financieras tradicionales como medio para tomar financiamiento.
Apenas el 4% de ese sector social tiene ingresos que superan los $50.000, de acuerdo con un análisis realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics.
Otro indicador que refleja el estado financiero y económico de los «centennials» es el nivel de endeudamiento tomado.
Este sector social tiene deudas promedio por $53.000 mensual, y quienes están endeudados tienen ingresos por $44.000 mensual promedio, siendo una de las generaciones que muestra menor porcentaje de deuda en cuanto a sus ingresos.
El 11% están bancarizados y de ese universo el 5,4% posee algún producto crediticio como tarjetas, préstamos (2,5%) o cuentas corrientes (2,5%).
Además, dentro del universo de los bancarizados, el 62% trabajan en relación de dependencia, el 30% son autónomos o monotributistas, el 26% están desempleados y el 8% tiene una situación laboral no declarada.
Entre los que tienen crédito de la Generación Z, más de la mitad (67%) continúa eligiendo bancos tradicionales para financiarse.
Según el informe, estos jóvenes que en la actualidad tienen entre 18 y 23 años, representan el 12% de la estructura poblacional argentina, el 49% son mujeres y el 51% hombres.
En el Top 5 de las principales actividades de empleo de este grupo etario figura el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, la industria manufacturera, actividades administrativas, alojamiento y servicios de comidas.
El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinados con información laboral del ANSES, y segmentó a un universo de 4.474.595 jóvenes.
Intento de homicidio a campesina
de MOCASE-VC
Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
Marina Aguirre es parte del pueblo sanavirón y está organizada en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC). El 16 de agosto pasado, en las tierras de su hermano en Campo Pinto, Aurora Álvarez la amenazó de muerte y la atacó con un arma blanca. Mientras se recupera, Marina denuncia a los empresarios del agronegocio y a sus bandas armadas que atropellan campesines para despojarles de sus tierras ancestrales.
Es conocido el nivel de violencia, atropello y abuso de los empresarios del agronegocio contra les campesines en la provincia de Santiago del Estero. Ante un despojo que no cesa, las personas encuentran en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) un espacio de resistencia colectiva. La organización nació hace más de 30 años por la defensa de los derechos de las familias rurales frente a los atropellos de los grandes empresarios. Actualmente enfrenta numerosos intentos de usurpación de los territorios comunitarios por parte de terratenientes con bandas armadas, frenando y denunciando desalojos, desmontes y fumigaciones.
Marina Aguirre es integrante de la comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra, del Pueblo Sanavirón. Hace 31 años que su familia se organiza en el MOCASE-VC. En medio de un conflicto por sus tierras ancestrales, el 16 de agosto pasado fue atacada por Aurora Alvarez con un arma blanca, propinándole una herida en el abdomen. El campo de su hermano Miguel, legítimo poseedor de las tierras, está en Campo Pinto, Departamento Aguirre, una de las regiones amenazadas.
En diálogo con La tinta, Marina relató que ese lunes se encontraban con su hermano y su niña de 9 años, cuando llegaron Aurora Alvarez con su hija Luciana Quinteros, Elizabeth Quint y dos personas más de la zona. “Llevaban un arma blanca y palos. Nos gritan que nos tenemos que ir, que nos van a matar, que se la van a agarrar con nuestros niños. Han amenazado a mi hermano con agarrarle la nena de él. Nos han tirado gas pimienta, primero a mi hermano y después a mí, y entramos a forcejear. Salen diciendo que Miguel le pegó a la hija de Aurora, pero no fue así. Aurora me apuñaló a mí”, explicó.
Pero el conflicto no empezó ahí. En diciembre pasado Álvarez ingresó al predio en Campo Pinto, instaló una casilla y “sacó el techo de nuestra casa que estaba construida ahí”, dice Marina. La familia Aguirre denunció estos hechos y el conflicto llegó a la justicia. La fiscal a cargo ordenó entonces que hasta tanto se resuelva, un policía haría guardia para evitar disturbios entre las partes. Sin embargo, el lunes el efectivo estuvo presente durante el ataque sin interceder en ningún momento.
Marina asegura que en estos meses Álvarez provocaba continuamente a su hermano, lo filmaba, le gritaba, denunciaba hechos falsos, inventaba agresiones y amenazas. “Lo que pasó ahora es un intento de homicidio, pero ni así vamos a dejar de luchar por lo nuestro, vamos a seguir firmes” agrega mientras se recupera de la herida.
Alianza para el despojo
“Son innumerables las denuncias que se vienen realizando en sedes judiciales, policiales y públicas sobre los actos de violencias que ejerce el grupo asociado a Santiagueños en Defensa de la Tierra, el empresario español Rodriguez Saenz y el líder de Cambiemos, ex senador Emilio Rached que orquestan una campaña de criminalización y violencia contra las comunidades y familias organizadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero” expresa en sus redes sociales la organización campesina.
Santiagueños en Defensa de la Tierra es un espacio que se presenta en la red social Facebook como “autoconvocados en defensa de nuestra tierra, el arraigo y la vida rural”. Publican a diario denuncias contra el MOCASE-VC, criminalizando sus acciones con un discurso similar al de los movimientos rurales. “Hace cuatro meses han armado este grupo, apoyado por todos los grandes empresarios, para confundir al movimiento, publicando falsedades” -explica Marina- “Nosotros no nos vamos a confundir, porque somos quienes vivimos en cada comunidad y cada paraje, y más que nadie sabemos quiénes somos, y que ellos son los que vienen de afuera y nos quieren quitar nuestro territorio”.
Así, el hecho no es aislado, forma parte de un entramado de actores que parecen aliarse y utilizar los mismos métodos en diferentes zonas de la provincia. Algunos de los integrantes de la agrupación son los empresarios David Sandoval, Carlos Roberto Córdoba, pareja de Aurora Alvarez, y el español Fernando Rodriguez Saenz, hoy prófugos por una causa que investiga la privación ilegítima de la libertad de cinco trabajadores rurales en la tierra conocida como “El Guazuncho”. Es vox populi que la organización es liderada por Emilio Rached, referente de Cambiemos y accionista de la empresa AFAGRO SA, señalado como una pieza clave en la avanzada de los empresarios del agronegocio y sus bandas armadas.
El ingreso a la política de Rached se remonta al año 1983 en la Unión Cívica Radical (UCR), siendo en 1993 concejal de Pinto, localidad ubicada a 235 kilómetros de la capital provincial, donde está el campo en conflicto de Aguirre. Dos años después fue elegido intendente de la ciudad, cargo que ocupó durante 10 años, y en 2005 fue vicegobernador de Santiago del Estero, en la lista junto a Gerardo Zamora, por el Frente Cívico por Santiago, una alianza entre radicales y peronista que apoyaban a Néstor Kirchner.
En 2007 asumió como Senador Nacional y tuvo un rol importante en 2008 al votar contra “la 125”, la Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, traicionando a su espacio político y convirtiéndolo en opositor de la gestión zamorista. Hoy integra la UCR y Juntos por el Cambio, y está procesado por “malversación de caudales públicos”, durante su intendencia en Pinto. Se lo acusa de no haber utilizado el dinero enviado desde la Nación durante la gestión de Mauricio Macri para una obra pública de mejoramiento barrial que jamás se realizó.
Desde el MOCASE aseguran que ese dinero fue utilizado para ampliar sus negocios agropecuarios y financiar desalojos a las comunidades campesinas indígenas de la zona, extendiendo así sus campos, en alianza con empresarios del agronegocio. “Este siniestro personaje desplegó bandas armadas por las comunidades campesinas del departamento Aguirre con dinero que debía ser destinado a viviendas sociales, para usurpar tierras”, señalan.
El 30 de julio de 2021, el MOCASE convocó a una marcha en las calles de Pinto reclamando los derechos ancestrales sobre la posesión de la tierra, la producción y el cuidado de la madre tierra. “Éramos más de 1000 compañeros pidiendo justicia por el tema de las bandas armadas que nos llegan a atropellar en los territorios, y que se entere el pueblo de Pinto quiénes son los cabecillas que están mandando” explica Marina.
Los territorios que pretenden usurpar son tierras ancestrales, reconocidos como territorio de la comunidad indígena. “Además ni siquiera llegan con papeles truchos, nunca nos han presentado nada, pero nosotros sabemos que somos más dueños que nadie de estos lugares, donde vivimos desde hace muchos años”, concluye Marina.
Fuente: La tinta
Inmobiliaria de Estados Unidos
vende tierras de la Quebrada de
Humahuaca
Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
Así lo denunció en un comunicado Claudia Pérez, de la comunidad de Mudana Huacalera: «en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares. Se ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por capitales extranjeros, que ponen el ojo en el uranio, la piedra caliza y otros bienes naturales que pretenden arrasar, en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos. Las y los pobladores se resisten a continuar siendo zona de sacrificio. Exigen la inmediata entrega de los títulos comunitarios indígenas del pueblo nación Kolla, que depende de la voluntad política del Congreso de la Nación, cuya obligación es regularizar los territorios indígenas como Estado Argentino, que hasta el día de la fecha no se ha efectivizado la gran deuda histórica con los pueblo preexistentes», sostiene, en referencia al intento de la empresa de vender tierras en la Quebrada de Humahuaca, además declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
«La inmobiliaria RE/MAX tiene prohibida la actividad según la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) del 10 de marzo del 2021. Autoridades de la provincia de Jujuy, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el intendente de la ciudad de Tilcara, la comisionada del pueblo de Huacalera y concejales de la zona afirmaron a los perjudicados que desconocen el negociado, aconsejando la realización de las denuncias pertinentes«, detalla en el comunicado Claudia Pérez, de la comunidad de Mudana Huacalera.
En la misma línea, amplía: «en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares Se ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por capitales extranjeros, que ponen el ojo en el uranio, la piedra caliza y otros bienes naturales que pretenden arrasar, en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos», denuncia.
Es por eso que sostiene que «las y los pobladores se resisten a continuar siendo zona de sacrificio. Se resisten a la venta de sus territorios con sus familias adentro. Se resisten a la continuación del despojo como en tiempos coloniales». También señala que «reclaman y denuncian el incumplimiento y violación del convenio 169 de la O.I.T, ratificado por ley 24.071, del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, junto a los derechos internacionales de amparo, y violación en el derecho civil siendo turbación de la posesión».
En ese marco «exigen la inmediata entrega de los títulos comunitarios indígenas del pueblo nación Kolla, que depende de la voluntad política del Congreso de la Nación, cuya obligación es regularizar los territorios indígenas como Estado Argentino, que hasta el día de la fecha no se ha efectivizado la gran deuda histórica con los pueblo pre- existentes«, remarca.
Fuente: AnRed
Continúa el «Panazo Nacional» en
rechazo a la autorización del
gobierno del trigo transgénico HB4
Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
En el marco del llamado «Panazo Nacional» las organizaciones que conforman la Plataforma Socioambiental contra la autorización del trigo transgénico HB4 realizada por el gobierno argentino en septiembre del 2020 y que espera la autorización de Brasil para poder ser comercializado, continúan con los panazos y actividades en distintos puntos del país para visibilizar el tema hasta este viernes 20. «El trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres se presenta como resistente a la sequía y tratan de imponerlo como una alternativa sustentable. Pero en realidad es un exponente más de lo que representan los transgénicos: monocultivos industriales que utilizan millones de litros de agrotóxicos. A pesar de no estar liberado comercialmente sabemos que ya hay sembradas alrededor de 25 mil hectáreas del trigo HB4 en siete provincias argentinas. Este es el primer trigo transgénico que tiene posibilidades de comercializarse en el mundo y así estar presente en nuestro pan y muchos de nuestros alimentos básicos junto con los agrotóxicos con los que será fumigado», sostienen.
Los «panazos» y actividades comenzaron el lunes 16 y se extienden hasta este viernes 20 de agosto. Se realizan en diferentes puntos del país, como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, aunque desde la Plataforma Socioambiental invitaron a «sumarse organizando otras en más ciudades y comunidades».
De esa manera, el lunes 16 en Baradero en la Feria Mercado Raíz hubo molinos para moler trigo agroecológico cosechado en la zona y se compartieron panificados. En tanto, el martes 17 en Plaza de Mayo hubo un panazo para compartir trigos agroecológicos, panes artesanales y tortas fritas, mientras que el mismo día en Rosario en la Plaza San Martín también se compartieron trigos agroecológicos, panes artesanales y chapatis. También el viernes 20 a las 16 en Plaza Independencia se compartirán desde las 16 en Plaza Independencia semillas, arte y panes de harina de trigo agroecológico y, simultáneamente, en Santa Fe a las 16 compartirán trigos campesinos sin agrotóxicos, pan artesanal y habrá una feria campesina.
Para quienes no puedan movilizarse a los lugares en los que tienen lugar las actividades, desde la Plataforma Socioambiental invitan a sumarse con un «amasado virtual»: «consiste en ‘un pequeño video donde te filmes amasando o comiendo un pan diciendo: ‘Yo quiero seguir amasando/comiendo mi pan sin trigo transgénico’. Luego podes subirlo a tus redes sociales y arrobar a alguna de las organizaciones que impulsan la acción o podes enviarnos el video a nosotres y nos encargamos de compartirlo», detallan.
«El trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres se presenta como resistente a la sequía y tratan de imponerlo como una alternativa sustentable. Pero en realidad es un exponente más de lo que representan los transgénicos: monocultivos industriales que utilizan millones de litros de agrotóxicos. En el caso del trigo HB4 el mismo es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida mucho más tóxico que el glifosato y que está prohibido en la Unión Europea para su uso agrícola», denuncian desde la plataforma.
«A pesar de no estar liberado comercialmente sabemos que ya hay sembradas alrededor de 25.000 has del trigo HB4 de Bioceres en 7 provincias argentinas. – sostienen – Este es el primer trigo transgénico que tiene posibilidades de comercializarse en el mundo y así estar presente en nuestro pan y muchos de nuestros alimentos básicos junto con los agrotóxicos con los que será fumigado. Resistir su cultivo y lograr que se retire su autorización es un imperativo ético, social y sanitario», destacan.
Así mismo, desde la Plataforma Socioambiental plantean que «para afrontar la crisis climática hace falta un giro de 180°, transformando (entre otras cosas) los sistemas agroalimentarios y agroindustriales hacia la agroecología, que a lo largo de los años ha logrado experiencias exitosas en producciones de todo tipo (hortícolas intensivas, de granos y oleaginosas extensivas, de carnes, de lácteos, de miel, entre otros) y que hoy en nuestro país representan decenas de miles de hectáreas y una cantidad de productores y productoras que crece exponencialmente». Además, sostienen que «es reconocido por organismos internacionales como la FAO o el propio IPCC que los sistemas agroecológicos son por lejos más sólidos y resilientes ante los eventos climáticos extremos. Además, representan la posibilidad de recomponer la fertilidad de los suelos, detener la pérdida de biodiversidad, crear trabajo y lograr arraigo rural descomprimiendo el demencial hacinamiento urbano que vivimos siendo el 8° país del mundo en extensión. Con la agroecología nuestro país puede desarrollar exportaciones con el valor agregado que el mundo demanda, y nuestro pueblo puede salir de la pobreza, la precariedad y la inseguridad alimentaria, construyendo su soberanía con trabajo genuino, de la mano de alimentos sanos a precios justos», sostienen.
En tanto, dado que tras la autorización de su uso por parte el gobierno de Alberto Fernández se espera que Brasil autorice su comercialización, la plataforma socioambiental también se replica en el país vecino de la mano de la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida que, con la consigna «Trigo transgénico: ¡no en nuestro pan!», sostienen: «el gobierno brasileño puede autorizar la importación y el consumo de trigo transgénico en Brasil. El producto ha sido modificado genéticamente para que sea resistente a un pesticida altamente peligroso ya prohibido en Europa y otros países. De aprobarse, la medida afectará la alimentación de todos los brasileños. El producto fue lanzado recientemente para plantar en Argentina, con la condición de que Brasil apruebe su importación. Esto se debe a que nuestro país es destino de las exportaciones de más del 50% del trigo argentino. Se trata de una situación sin precedentes, que afecta la soberanía de los países mientras pocas multinacionales se benefician. Si se aprueba el trigo transgénico en Brasil, no solo los brasileños, sino también los argentinos y países como Indonesia, donde va el 20% del trigo argentino, se verán afectados. La aprobación también podría abrir las puertas para la siembra de trigo transgénico en otras partes del mundo, especialmente en Brasil», alertan.
Fuente: ANRed
Después de sufrir injusta prisión
conceden la libertad condicional a
dirigente social Luis D’Elía
Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
La justicia concedió la libertad condicional desde el próximo 24 de agosto a Luis D’Elía, en la causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca en junio de 2004.
El beneficio se concretará desde el próximo martes 24 de agosto, por decisión de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
D’Elia está en la actualidad con prisión domiciliaria bajo control de tobillera electrónica y obtuvo la libertad condicional porque alcanzó el requisito temporal para acceder a este beneficio.
El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022.
Pero el 4 de abril de 2020 se le concedió arresto domiciliario en la causa en la que fue condenado en 2017 por «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación».
La condena se dictó a raíz de la toma de la comisaría 24 el 25 y 26 de junio de 2004, en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de un referente de su agrupación, Martín ‘Oso’ Cisneros.
En la resolución la jueza Namer destacó que D’Elia se presentó «a estar a derecho una vez que la sentencia recaída a su respecto se tornó ejecutable, lo que también se vio reflejado en los informes de control de la prisión domiciliaria agregados al legajo y en la no comisión de nuevos delitos verificada en autos».
Fuente: Telam
Carpinchos invasores y la inversión
de la culpa
Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
En medio de todo lo que ocurre en este tiempo prelectoral, LA NACION alertó sobre los carpinchos invasores de Nordelta apareciendo numerosos memes como los que aquí reproduzco casi haciendo una extraña asociación mental con la invasión de Kabul. El diario de los Mitre señala que “los invasores” atacaron mascotas y dañaron jardines…más allá de los comics sería interesante ahondar en la causa de la “invasión”.
Los carpinchos y otras especies están perdiendo sus hábitats, en particular los humedales, sitios que efectivamente fueron destruidos y usurpados por los countries que ahora son “atacados”. Sucede lo mismo con otras especies por ej las cotorras que antes no abundaban por Buenos Aires y alrededores y fueron perdiendo sus habitas a manos de la sojización. En la naturaleza todo efecto produce una consecuencia y lo estamos padeciendo con el cambio climático. La baja del caudal del Paraná no es efecto de la sequía sino consecuencia de la desforestación que impide la evaporación creando los llamados ríos voladores que llevan las lluvias.
El Calentamiento Global que provoca un aumento de temperatura generado por los gases de invernadero que se acumulan en la atmósfera y que absorben la radiación del Sol, incrementando el calor de la atmósfera que causa un aumento considerable de la temperatura que origina por ej menos nieve en la cordillera y por eso el caudal del Limay y el Colorado tiene una baja alarmante. A proteger a los carpinchos del chetaje y los escribas del diario La Nación. Es lento pero viene…
Costanera Sur: aprobaron el convenio
entre IRSA y el GCBA para construir
un barrio de torres de lujo
Por Santiago Brunetto, Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2021.
Con los votos de Vamos Juntos (VJ) y sus bloques aliados, el oficialismo porteño aprobó en primera lectura el convenio entre el Grupo IRSA y el GCBA que habilita la construcción del barrio de torres de lujo en Costanera Sur y ahora el proyecto deberá pasar por audiencia pública. El Frente de Todos (FdT) y los partidos de izquierda rechazaron el convenio y volvieron a denunciar el “tratamiento exprés” de un proyecto que fue aprobado en el recinto con solo dos plenarios de comisiones previos y sin que se presentara el estudio de impacto ambiental, aunque los terrenos donde IRSA pretende construir se encuentran en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica, sitio protegido internacionalmente.
A solo un mes de su ingreso a comisiones de la Legislatura, el convenio entre el grupo empresarial de Eduardo Elsztain y el GCBA fue aprobado con 37 votos a favor y 20 en contra. La normativa modifica los usos de las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors — que aún mantenían el uso deportivo — para habilitar la construcción inmobiliaria de edificios que podrán alcanzar hasta los 145 metros de altura.
Además de advertir sobre el impacto ambiental del proyecto, la oposición y las organizaciones que trabajan en defensa del espacio público denunciaron que el convenio, que se aprobó con mayoría simple, debió haberse votado con dos tercios del recinto — 40 votos — por modificar normativa que atañe al espacio público. De ese modo, al oficialismo no le habrían alcanzado los votos para la aprobación. Ahora, la norma deberá pasar por audiencia pública, al igual que lo sucedido con la Ley de Rezonificación de los terrenos de Costa Salguero.
Esta votación se realiza violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. A la violación de la democracia ambiental y participativa se suma la gravedad institucional de votar un proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).
¿Qué implica el proyecto Costa Urbana? El GCBA le otorga a IRSA la posibilidad de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados, destruyendo un humedal costanero. Las torres estarían dedicadas principalmente a viviendas suntuosas pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.
Esto se debe a que el 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se otorga a IRSA la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.
Este grupo inmobiliario compró los terrenos a 51 millones de dólares. Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo. Un negocio neto del Grupo IRSA de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares.
La Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, sostuvo que: “Hoy se aprobó el Proyecto Costa Urbana impulsado por el Gobierno de la Ciudad y el grupo IRSA, violando las mayorías que establece la Constitución. Este mega proyecto de torres de 150 metros de altura en la Costanera Sur, es la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica y el barrio Rodrigo Bueno: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales”.
Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad expresó: “La sesión de la Legislatura fue la clara muestra de que la democracia representativa se encuentra capturada por el poder inmobiliario. La violación de las normas que regulan la democracia ambiental y participativa, la violación de las mayorías que se necesitan para votar una ley, el tratamiento vip y exprés en un par de semanas para autorizar un nuevo barrio porteño, se explican por la ganancia exponencial que tendrá IRSA por el cambio de normativa urbanística. Estamos presenciando un nuevo fraude democrático y un nuevo paso para la consolidación de una costanera privatizada y cementada en aras de alimentar la especulación inmobiliaria. Como hicimos en Costa Salguero, como ciudadanía ejerceremos nuestros derechos políticos y ambientales que derivan de la democracia ambiental y participativa para frenar este delirio urbanístico y defender nuestros humedales ”.
Desde Diversas organizaciones presentamos el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para «declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación» la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una Reserva Ecológica.
Este proyecto de ley se titula «Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río», y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos.
Alejo Caivano, integrante de DEFENSORÍA DE LABURANTES planteó: “En una ciudad con muy pocos espacios verdes para la ciudadanía, el gobierno de la ciudad con sus socios de IRSA avanzan en forma violenta sobre la última parcela de tierra disponible e instalando como lógica que un porcentaje del predio será parque público. Esto es similar a Costa Salguero y por ende creemos que la ciudadanía expresará en audiencias públicas su máximo rechazo. Nadie que conozca el enorme volumen de personas que asisten a la reserva ecológica aceptará este chantaje. Agradecemos den difusión a la convocatoria que hacemos este domingo 22”.
CONVOCATORIA
La ciudadanía está convocando a un abrazo y bicicleteada para este domingo 22 de agosto. La Bicicleteada iniciará en el Congreso a las 14 hs, llegaremos a la Costanera Sur a las 16 hs. para efectuar el abrazo.
📷 Instagram: https://www.instagram.com/costaneraverde/
🐥 Twitter: https://twitter.com/costaneraverde
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