Salta: El Gobierno intentó desalojar con la Policía una sentada pacífica de docentes en lucha
En el inicio de esta cuarta semana de paro que tiene el pedido de aumento salarial entre sus principales demandas, el gobernador de Salta llenó de Policías el Centro Cívico Grand Bourg para desalojar una sentada pacífica. La docencia permanece en el lugar defendiendo su derecho a protestar.
El Gobierno de Sáenz sigue atacando a la docencia en lucha que hoy inicia su cuarta semana de paro y movilizaciones en toda la provincia.
En el marco de una sentada que organizó el sector de autoconvocados de la Plaza para presionar al Gobierno y que reciba a este sector de delegados, una Policía envalentonada, armada y enviada así por el gobernador Gustavo Sáenz intentó desalojar a las y los presentes alrededor de las 17 y 30 h. «Todo Policía tiene que seguir un protocolo. No se por qué se sacaron la identificación los policías», dijo el jefe de Policía José Ibarra, intentando lavarse la cara.
Luego de empujones y golpes de la Policía, la situación se tranquilizó y en estos momentos la manifestación sigue. El sector que encabeza el corte tiene pensado acampar sobre la calle principal del Centro Cívico, donde se encuentra la Casa de Gobierno. También, algunas docentes se encadenaron en el lugar como forma de protesta.
Una docente presente en el lugar manifestó en las redes sociales que «aquí en el Centro Cívico Grand Bourg nos están reprimiendo a las mujeres, les están pegando a todos/as. Así Sáenz dio la orden, una vergüenza colegas. Aquí hay maestras ensangrentadas y pateadas, y con cortes en el brazo. Son muchos los docentes lastimados/as».
Desde la agrupación docente 9 de abril repudiaron la represión del Gobierno de Sáenz «que con su Policía busca disciplinar la lucha docente, sin dar ninguna respuesta a un reclamo legítimo luego de 3 semanas de paro. Como es el derecho a un salario digno, para que ninguna docente sea pobre».
Envalentonado
En menos de dos semanas el Gobierno de centro derecha desalojó un corte en Aunor, valló la plaza 9 de julio y ahora arremetió contra una acción pacífica. También, amenazó con descuentos a los días de paro a las y los miles que están llevando adelante esta medida en toda la provincia, y dejó en claro que no se sentará con ningún sector de autonvocados para discutir aumento salarial. Una línea alejada del diálogo que parece reforzar, por un lado, su relación con los sindicatos de la intergremial (ADP-CTERA, ATE, AMET, UDA, UPCN, NdR), garantes de la paz social en este año y medio de gestión del gobernador y que en estas tres semanas no han llamado siquiera a una acción de protesta, ni hablar de paro. Pero también, que expresa un envalentonamiento tras su triunfo en las elecciones del pasado 15 de agosto, donde ganó el ala romerista del Gobierno y a la vez, el voto en blanco y la abstención del 40 % fueron los grandes protagonistas.
Eternizar los juicios laborales
El traspaso de competencias nacionales al Tribunal Superior de Justicia porteño tiene efectos devastadores para la justicia laboral ya que avanzan sobre facultades de otros poderes y normas legales vigentes. A su vez, últimamente se multiplican acciones judiciales que pretenden subordinar la justicia laboral al Tribunal de la Ciudad, afectando la celeridad de sus causas con un escenario altamente inquietante. Por Luis A. Raffaghelli
Memoria
El 7 de julio es el Día del Abogado Laboralista y víctima del terrorismo de Estado. Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, dotado de un finalismo singular como lo evidencia esa gran obra inclusiva y de justicia social de 1974, luchó además por un procedimiento judicial oral, con inmediatez y celeridad, para responder a las urgencias de los créditos laborales. Este recuerdo tiene mucho que ver con el tema en análisis.
El problema
La Justicia Nacional del Trabajo, amén de sus crónicas debilidades, afronta la dilación creciente por conflictos de competencia entre distintos juzgados del fuero civil y laboral o comercial y laboral, ya que la Corte Suprema de Justicia no los resuelve directamente.
Las soluciones adoptadas por la mayoría de la Corte, derivando la resolución al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, causan un tremendo atraso porque avanzan sobre facultades de otros poderes y normas legales vigentes.
A su vez, últimamente se multiplican acciones judiciales que pretenden subordinar la justicia laboral al Tribunal de la Ciudad, afectando la celeridad de sus causas con un escenario altamente inquietante.
Irrumpen recursos deducidos contra sentencias definitivas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en una ley local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la elevación al Tribunal de la Ciudad con fundamento en la doctrina de la Corte.
La competencia del juez para intervenir en un caso, es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un órgano judicial para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.
Hasta ahora la Corte se limitó a establecer cuál es el órgano jurisdiccional apto para resolver las contiendas de competencia, concluyendo que el Tribunal Superior porteño es el encargado de conocer en las originadas entre dos órganos judiciales con aptitud jurisdiccional no federal, con asiento en esa Ciudad, como son las distintas Cámaras Nacionales.
La ministra Alicia Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia, expresó en disidencia que una cosa es tener aptitud para decidir qué juez o jueza debe intervenir y otra muy distinta habilitar al Tribunal para entender en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra las sentencias emitidas por tribunales nacionales en cuestiones diferentes a los conflictos de competencia. Cuestión que si bien afecta a todos los fueros nacionales es particularmente grave para el laboral.
Si así fuera, sólo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia llegarían a la Corte Suprema.
Es el máximo tribunal el que debe conocer en los recursos extraordinarios planteados contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia de los fueros nacionales de la Capital Federal y no el Tribunal de la Ciudad, colocándolo por encima de las Cámaras Nacionales de Apelación, en todas las causas.
La jurisdicción es una función pública asignada al Poder Judicial, y los jueces la ejercen dentro de los límites de su competencia, que están previamente fijados por las leyes vigentes.
El artículo 129 de la Constitución Nacional, al reconocerle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, establece que tendrá facultades propias de jurisdicción; sin embargo, también aclara el texto constitucional que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación.
En cumplimiento de esta disposición, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.588 que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “Ley Cafiero”, precisando los alcances de aquella facultad jurisdiccional, tal como lo ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Dicha ley ha sido objeto de severas críticas por sectores afines al gobierno de CABA que reclaman el traspaso de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal, con todo lo que ello implica.
Los acuerdos o convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires no han alcanzado a las controversias que atañen al fuero laboral.
Hasta ahora, el Congreso de la Nación no ha instrumentado legislativamente el traspaso de competencias en asuntos laborales, ni se han celebrado convenios al respecto en el marco de la citada ley 24.588.
Por ello, tal como lo sostiene la Fiscalía Nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aquellos recursos de inconstitucionalidad basados en una ley local como la 402 de CABA han sido rechazados en los fueros nacionales, ya que no se encuentran regulados por ninguna ley procesal nacional.
Ello implicaría crear, de forma pretoriana, un procedimiento inexistente en este ámbito, invadiendo la esfera propia del Poder Legislativo en contra de la normativa vigente.
La atribución de competencia a los tribunales inferiores de la Nación no es tarea de los jueces sino que concierne en forma exclusiva y excluyente al Poder Legislativo, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Nacional y anterior jurisprudencia de la Corte Suprema.
La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, doctora Graciana Peñafort, se expresó en similares términos en su fundada nota Choque de libros, publicada en El Cohete a la Luna el 27 de junio.
El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, visitó la Cámara Nacional del Trabajo a fines de 2016 y afirmó ante el pleno que el traspaso de la justicia laboral a la CABA “estaba en pañales” y no había de qué preocuparse.
Pocos días después, el 18 de enero de 2017, el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Garavano y el ministro de Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, firmaron el convenio de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que no pudo avanzar.
En otro caso reciente, el Tribunal Superior de Justicia en el fallo “Esuvial” se arrogó por mayoría estricta la calidad de tribunal de alzada de la Cámara Nacional en lo Comercial.
El pasado 30 de junio, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen en la causa “Levinas” firmado por el procurador interino Eduardo Casal considerando que no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia la facultad de revocar un fallo de una Cámara Nacional, ya que la ley 402 de CABA no procede contra sentencias dictadas por Cámaras Nacionales con asiento en la Ciudad.
En un virtual alineamiento con la minoría de la Corte Suprema, señaló que admitir un recurso no previsto en la legislación nacional importaría modificar la estructura del Poder Judicial de la Nación sostenida por normas legales que no fueron declaradas inválidas por el Tribunal Superior de Justicia.
El debate toma temperatura… ¿Qué hará la Corte Suprema ahora con su doctrina “Bazán”?
La postura de la Corte
El Centro de Información Judicial tituló el 19 de abril: “La Corte estableció que es el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien debe conocer en los conflictos de competencia entre jueces no federales radicados en esa Ciudad”. Con el voto de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, anunció que ya no intervendría en la resolución de conflictos de competencia entre jueces nacionales y jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (causa “Bazán”).
Señaló que la intervención de ese tribunal local fortalecería el diseño que estableció la Constitución de 1994 en cuanto reconoció un nuevo lugar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrante pleno del orden federal argentino y que el cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional implicaba establecer diversos acuerdos para transferir la justicia nacional al ámbito de la Ciudad.
La citada mayoría alertó que por más de dos décadas resultaba “casi nulo” el avance de la transferencia de la justicia nacional, que por esa razón debía seguir resolviendo conflictos entre jueces que tenían jurisdicción local en la Ciudad de Buenos Aires y que ello había sido advertido. Recalcó que esa omisión tenía concretas consecuencias en el funcionamiento del federalismo en la Argentina porque impactaba en la distribución de los recursos públicos. Concluyó que a la luz del claro mandato constituyente de conformar una CABA con autonomía jurisdiccional plena, será su Tribunal el que conozca y resuelva esos conflictos de competencia.
La jueza Elena Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que la transferencia de las competencias de la justicia nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de CABA se debe realizar, según manda la ley, a través de convenios entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que no corresponde que la Corte dicte resoluciones que puedan interferir en ese proceso pues, de lo contrario, podría comprometer la correcta administración de justicia.
El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que el Tribunal Superior de Justicia no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional con competencia ordinaria, y que corresponde que el conflicto lo resuelva la Corte Suprema.
Ante un tema de semejante trascendencia, es necesario un criterio más claro de la Corte.
Respuesta de la Justicia Laboral. Particularidades e interrogantes
En un caso de contienda positiva de competencia[10]entre un juzgado nacional del trabajo y un juzgado nacional comercial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo entendió que la cuestión debía dirimirla la Corte Suprema, pero el máximo tribunal resolvió con iguales mayorías y minorías del caso “Bazán” que es el Tribunal Superior porteño el órgano encargado de conocer en tales conflictos.
En otra cuestión de competencia entre un juzgado nacional laboral y juzgado nacional civil, con intervención de la Cámara Nacional Civil, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo dispuso en un fallo reciente[11] remitir las actuaciones a la Corte.
Si el resultado es igual al anterior, implicará una grave dilación de los procesos ya que el Tribunal de la Ciudad no tiene la especialización de la justicia laboral ni los medios para resolver la cuestión en tiempos razonables, al margen de los contenidos doctrinarios que podría adoptar, que en la Cámara Laboral tienen 75 años de reconocida construcción.
Corresponde tener en cuenta que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo comprende el conocimiento de causas de carácter federal, que la particulariza.
Por ello sería inadmisible que el Tribunal Superior de Justicia de CABA resuelva acciones y recursos a los que aluden las normas de la Ley Sindical 23.551 en los cuales se cuestionan actos o resoluciones adoptadas por un órgano del Estado Nacional como es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, relacionados con causas que tienen origen en los distintos Estados provinciales que conforman la República Argentina, en cuestiones de encuadramiento sindical de empresas de todo el país, temas de salubridad y medio ambiente, cuestiones electorales sindicales nacionales, conflictos de personería de gremios nacionales y otras vinculadas.
Estos elementos, amén de sus componentes extra laborales y meta jurídicos, hacen que la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso “Bazán” no pueda ser aplicada a la Justicia Nacional del Trabajo, pues lo contrario significa un panorama muy oscuro para los litigios laborales y sus destinatarios.
Lo que no ha podido lograrse por las vías legislativas pertinentes se está dando de hecho en un traslado de competencias al Tribunal de la Ciudad como órgano de alzada de las Cámaras Nacionales de Apelación, que en el caso de la laboral tiene efectos sociales devastadores y que también avanza en otras causas de gran estrépito político de la justicia nacional.
A ello se suma la crisis por el trabajo judicial en pandemia y las dificultades por la falta de infraestructura adecuada, la suspensión de miles de audiencias y menos personal debido al Covid-19, situación que requiere urgentes respuestas y políticas de Estado para hacer realidad el sueño de la justicia laboral con los objetivos que llevaron a su creación hace más de 75 años.
Los temas de competencia en la justicia nacional no deben quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de CABA y debe ser el Congreso de la Nación, sustento de la soberanía del pueblo, el que los solucione definitivamente.
Resolver la cuestión de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes respectivas evitará el riesgo cierto de eternizar los juicios laborales de naturaleza alimentaria, nada menos.
* El autor es juez titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI.
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«Todos somos Pablo»: con la salud mental no se juega
La UBA despidió en pandemia a Pablo Boglio, trabajador no docente del Hospital Roffo, quien desde febrero se encuentra de licencia por tratamiento psiquiátrico. La universidad decidió echarlo por no haber presentado documentación a tiempo. La medida se revirtió el jueves 12 de agosto, en el cumpleaños 200 de la institución. Ahora sus compañeros esperan se haga efectiva la reincorporación. Por Melina Sánchez para ANRed.
Pese a que se encuentra en plena vigencia el decreto presidencial por el cual son ilegales los despidos, si bien estos estuvieron a la orden del día en todos los sectores los durante la pandemia, tanto más grave se vuelve el asunto si se traslada la situación a un lugar de salud, que además es una dependencia de la Universidad de Buenos Aires. El damnificado fue un trabajador de la salud con más de quince años de servicio, que durante 2020 cumplió funciones en el sector febriles. En febrero de este año, presentó él mismo los papeles que acreditaban su tratamiento para pedir licencia; posteriormente lo despidieron, ajenos totalmente a los protocolos propios en relación con esta situación, aunque abunde la literatura sobre salud mental frente al COVID y particularmente las recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental en relación con el personal del sector hospitalario, hayan sido objeto inclusive de documentos del ministerio correspondiente [1].
Hablamos con trabajadores del Hospital Roffo al respecto.
-¿Cuál es la situación de salud, laboral y habitacional actual de Pablo?
-El compañero Pablo se encuentra desde enero bajo tratamiento médico psiquiátrico, actualmente atendido y contenido. Su cuadro se fue agravando, lo cual lo llevó a pedir la licencia laboral el 12 de febrero de 2021.
-¿Cuál es la legislación que lo ampara y que se incumple con el despido que hace la UBA?
-El convenio 366/06 de los trabajadores no docentes de la UBA nos ampara en cuanto a derechos y a obligaciones. Ha quedado demostrado que no intervino Medicina Laboral en la atención al compañero, ni le han sido notificadas las advertencias vigentes.
Hospital Roffo
-¿El despido responde a una mera desprolijidad o se podría atribuir a una represalia?
–El despido corresponde a una irregularidad desde cero, ya que le imponen el art 143 del Convenio bajo la tutela de «abandono de servicio», lo cual no fue real. Él no se encontraba en sus labores, sino de licencia bajo salud mental, la cual fue solicitada en la oficina de RRHH. La inacción de la CGI del Instituto habla por sí sola. El compañero no era afín desde hace tiempo.
-¿Hay otros compañeros cuyo trabajo peligra?
-A partir del caso de Pablo, nos vimos todos desprotegidos, por tal motivo levantamos «Todos somos Pablo», ya que fueron avasallados todos los derechos que tenemos. En nuestra dependencia tenemos un alto grado de precariedad y trabajo contractual inestable, así que sí.
-El Facebook de Trabajadores del Roffo informa que desde principios de año se vienen organizando para visibilizar diversas situaciones de incumplimiento de derechos por parte de las autoridades y de la representación gremial del hospital, ¿esto se profundizó con la pandemia?
-La pandemia agudizó las demandas postergadas, generó cansancio, y un sector de trabajadores comenzó a reclamar y a organizarse frente a varios reclamos candentes y condiciones laborales.
-¿Tuvieron algún tipo de novedad respecto del despido por parte de autoridades y gremio en los últimos días?
-El pasado 12 de agosto, el Consejo Superior de la Facultad de Medicina, de la cual depende el Instituto de Oncología A. H. Roffo, ha dejado sin efecto el procedimiento que derivó en la resolución de cesantía. Estamos muy contentos de que la lucha que emprendimos logró su objetivo. Fue un resultado justo.
-¿Qué adhesiones y solidaridad recibieron?
-Innumerables apoyos de trabajadores de la salud, comisiones internas, personalidades de cultura y artistas, integrantes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y muchas fuerzas de distintos sectores de trabajadores y gremios de diferentes puntos del país, periodistas y medios audiovisuales que han ayudado a difundir el caso. La consternación que sufrimos dentro del Instituto por esta noticia, contagió y nos sorprendió gratamente. Hemos sido invitados a múltiples asambleas de trabajadores y recibimos una gran contención por lo cual estaremos eternamente agradecidos y siempre a disposición.
-¿Hay alguna actividad convocada para los próximos días?
-En este momento estamos abocados a seguir que la resolución del Consejo Superior se haga efectiva y se active el procedimiento para que pronto reincorporen al compañero y pueda cobrar sus haberes. Estaremos publicando un nuevo parte sobre esto en estos días.
[1] Recomendaciones para equipos de salud mental en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, profesionales y no profesionales en hospitales generales
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Por la defensa de la gestión obrera de Cerámica Neuquén
Mañana viernes 20 de agosto los obreros ceramistas de Neuquén convocan a las 10 hs a las puertas de la fábrica en defensa de la gestión obrera y los puestos de trabajo. A la misma hora tendrán una reunión por zoom convocada por el juez Cosentino, en la que estarán todas las partes involucradas en el conflicto – como venían solicitando los obreros- a fin de avanzar con los acuerdos alcanzados ya el año pasado. Por Corresponsal Popular ANRed.
Los obreros expresan en un comunicado que “Luego de la enorme movilización de ceramistas y distintas organizaciones el pasado 27 de julio, conseguimos dos logros importantes. Uno que el juez cumpliera el compromiso de llamar a todas las partes a la audiencia. Y que en la legislatura de la provincia se votara unánime mente el proyecto de declaración por NO al Remate de cerámica Neuquén y que se pueda resolver por medio del acuerdo. Acuerdo que cuenta con el aval de la jueza del concurso, la sindicatura y de ex trabajadores que justamente reclaman sus acreencias”. Así convocan a las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, juventud y la comunidad, a acompañar realizando una presencia en las puertas de la fábrica el viernes 20 de agosto a las 10 hs. , tal como afirman pretenden que a través de esta acción los acompañen mientras los obreros están en la audiencia que se va a realizar vía zoom.
La gestión obrera de Cerámica Neuquén, gestada luego de la recuperación de la fábrica en 2015, viene atravesando un proceso judicial de riesgo para la continuidad de la cooperativa así como para la integridad de las vidas de los trabajadores y de quienes acompañan las gestiones obreras. Este proceso como ya hemos referido, data de 3 años viene atravesando amenazas de remate producto de una demanda de ex-obreros que no se sumaron a la gestión obrera. Desde la cooperativa junto al sindicato ceramista, se había logrado un acuerdo en una mesa de negociación con: el gobierno, la anterior patronal y los obreros que realizaron juicios laborales.
En marzo pasado el juez laboral subrogante, Hugo Daniel Ferreyra, emitió un oficio de inspección con un protocolo para que un tasador ingrese a la fábrica. En este oficio se autorizaba a la policía a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de cómo ingresarían a la fábrica, y establecía “oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiará también al cuerpo de bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario” además pedía informar al tribunal “cuanto efectivos del GEOP serán necesarios para la realización del operativo en condiciones de seguridad así como las demás medidas de prevención que serán necesarias de modo de proveer a la mejor coordinación de la medida”.
En dos oportunidades la policía provincial ha informado que esto no es factible. En dichos informes de inteligencia, elocuentes y de un nivel de detalle y descripción de la realidad de la fábrica, de la decisión política de los obreros de resistir, de la solidaridad que rodea a las gestiones obreras, haciendo referencia en uno de los informes que firman desde la Jefatura de Policía también a procesos de resistencia en la historia reciente en la que los obreros han estado presente y resistieron, como lo fue el día del acuerdo Chevron YPF (mencionando incluso las icónicas bolitas de cerámica). Uno de los informes está acompañado de fotografías. En ambos la policía provincial es tajante en afirmar que no están dadas las condiciones para un desalojo.
La movilización social de organizaciones sociales del mes pasado fue contundente en el apoyo una vez más a la gestión obrera; asimismo organizaciones políticas, espacios de derechos humanos y académicos han acompañado en una carta abierta de apoyo.
Comunicado completo
Defendamos todos la gestión obrera de Cerámica Neuquén del remate este viernes 20 a las 10 hs en las puertas de la fábrica. Por los puestos de trabajo y la gestión obrera
El juez convoca a los obreros y obreras de cerámica Neuquén a una audiencia por Zoom el día viernes 20 de agosto.
El juez Cosentino el pasado jueves 13 de agosto convoco a todas las partes a la audiencia que los obreros y obreras de cerámica Neuquén le habían solicitado para poder avanzar con el acuerdo logrado el año pasado con los ex dueños de la fábrica.
Luego de la enorme movilización de ceramistas y distintas organizaciones el pasado 27 de julio, conseguimos dos logros importantes. Uno que el juez cumpliera el compromiso de llamar a todas las partes a la audiencia. Y que en la legislatura de la provincia se votara unánime mente el proyecto de declaración por NO al Remate de cerámica Neuquén y que se pueda resolver por medio del acuerdo. Acuerdo que cuenta con el aval de la jueza del concurso, la sindicatura y de ex trabajadores que justamente reclaman sus acreencias.
Los obreros y obreras de cerámica Neuquén en asamblea resolvimos convocar a las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, juventud y la comunidad, a realizar una presencia en las puertas de la fábrica el viernes 20 de agosto a las 10 hs. Acción en la que queremos que nos acompañen mientras los obreros estamos en la audiencia que se va a realizar vía zoom.
Es importante esta instancia ya que marcara el futuro de la lucha, donde los obreros de cerámica Neuquén seguimos defendiendo los puesto de trabajo y la continuidad de la gestión obrera. Por eso es importante que en la audiencia se discuta el acuerdo para darle una salida a este conflicto, como ya se lo plantemos al gobierno.
Los trabajadores necesitamos este acuerdo y el gobierno debe garantizar que el resto de las partes también lo cumpla. De lo contrario, no abandonaremos la lucha y plantearemos la expropiación y estatización de Cerámica Neuquén.
Por ello es importante que nos acompañen para seguir luchando contra el desalojo y el remate de ceramica neuquen.
En defensa de los puestos de trabajo y la gestión obrera.
Obreros y obreras de ceramica neuquen
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El 60% del trabajo infantil está en las zonas rurales del país.
Durante la presentación del Programa Buena Cosecha, el Gobierno reconoció que en Argentina hay más de 760 mil niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan tareas productivas en el campo. La situación se agravó con la pandemia y esperan que el plan reduzca estas preocupantes cifras.
Redacción Canal Abierto | A partir de la publicación del Programa Buena Cosecha realizado el jueves pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dio a conocer que en las zonas rurales se detectó el 60% del trabajo infantil de Argentina.
Este programa tiene por objetivo la creación de jardines maternales y espacios de contención para niños y adolescentes y fortalecer los existentes en todo el país. Está dirigido a las hijas e hijos de trabajadores temporarios del ámbito rural. Estas tareas tienen la finalidad de “erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente”, reza el comunicado.
Así, el Gobierno reconoce que en el país hay 763.500 niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan tareas productivas en el campo, suelen desempeñarse en la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, teniendo a su cargo el cuidado de animales y cultivos, en la participación de las fumigaciones, el acarreo de agua o el acopiado de leña para su uso industrial o comercial.
La problemática se profundizó durante la cuarentena. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, elaborado en conjunto con UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el 16% de los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años realiza tareas orientadas al mercado. De ese total, 1 de cada 2 comenzó a hacerlo durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, el documento revela que el 78% de los niños, niñas y adolescentes consultados realiza tareas domésticas como lavado, limpieza y cocina. 1 de cada 3 no las hacía, o las hace con una intensidad mayor que antes de la cuarentena.
La pobreza empuja a las infancias a tener que ir a trabajar con sus familias. Según los datos publicados por el INDEC, en el segundo semestre de 2020 la pobreza alcanzó a un 57,7% de niños de entre 0 y 14 años.
“El trabajo infantil constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, que obstruye su desarrollo. Contribuye a perpetuar la pobreza de una generación a otra, y a impedir la movilidad social basada en la educación y escolarización adecuadas”, argumenta el texto del Boletín Oficial.
El programa Buena Cosecha ya existe en algunas provincias. Mendoza fue la primera en instrumentarlo para acompañar la cosecha de la uva y otros frutales. Por eso la medida apunta a la creación y/o el fortalecimiento de espacios de cuidado y contención en todo el territorio nacional, contempla la financiación del traslado hacia y desde dichos espacios durante los meses de cosechas, y dispone que los espacios se gestionen conjuntamente entre el Estado, sindicatos, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil.
Según el documento oficial, el trabajo infantil comporta un riesgo asociado al acceso, permanencia y rendimiento educativo adecuado en términos de completitud, finalización de los ciclos y niveles de enseñanza en tiempo y forma en la escuela. Entre quienes trabajan, la condición de repitencia, las llegadas tarde o las inasistencias son más frecuentes que entre quienes no realizan actividades productivas.
Esto lleva a pensar que la sola creación de espacios de contención no sería suficiente para terminar con el trabajo infantil, y resulta urgente abordar los problemas de fondo que desembocan en esta problemática.
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“Se acaba de iniciar el proceso de recuperación salarial para los estatales”
El adjunto de ATE Rodolfo Aguiar habló de la revisión paritaria en la que se acordó un adelanto de las cuotas previstas para diciembre, enero y febrero a agosto (9%), septiembre (11%) y octubre (5%). Se convino además un aumento adicional del 5% y la apertura de una mesa de diálogo a principios de 2022.
Canal Abierto Radio | El Gobierno acordó este jueves con los sindicatos estatales UPCN y ATE adelantar las cuotas previstas para los meses de diciembre, enero y febrero por el mismo monto y en el mismo orden para agosto, septiembre y octubre, y un aumento adicional del 5% en enero, en el mismo mes que se prevé la nueva revisión paritaria.
En diálogo con Canal Abierto Radio, el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar aseguró que la reunión fue positiva y se retiró “muy convencido”. En primer lugar, porque desde el gremio ya venían reclamando que se adelante la cláusula de revisión de noviembre. “Yo hoy me retiré convencido que se acaba de iniciar el proceso de recuperación salarial para todas y todos los estatales desde que asumió el Gobierno”.
“Este Gobierno tenía tareas razonables para llevar adelante cuando asumió: ponerle fin a la especulación financiera, iniciar un proceso de recuperación de jubilaciones y salarios y, por último, instrumentar políticas sociales que permitieran contener a esa mitad de argentinas y argentinos que había dejado excluidos Macri”, expresó el dirigente
En la reunión se focalizó en quienes tienen menores ingresos para lograr el aumento del 40% para 125.000 trabajadores del Estado nacional, y un 53% para 65.000 agentes que dependen del Sistema Nacional de Empleo Público.
Además del adelanto de las cuotas, hay una cláusula de revisión que servirá en caso de que la inflación continúe o se incremente luego de las elecciones. Aguiar subraya que se ha debatido en el Ministerio “con equidad”
Por otra parte, el dirigente subrayó la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores, mientras busca reactivar la economía y mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que. además, en el Estado de “la desvalorización absoluta: no nos podemos olvidar que nos llamaron grasa militante”. “Una cosa era cuestionar el FMI y otra cosa era ver el impacto real que el nivel de endeudamiento que dejaba el Gobierno anterior iba a hacer derrumbar todos los indicadores” y a eso se le suma la pandemia, que se el Estado gestionó con un rol definitivo tanto en medidas sanitarias como económicas.
“A nosotros nos mandan los trabajadores, no nos mandan quienes gobiernan, que circunstancialmente son nuestras patronales. Porque el sindicato de camioneros puede opinar lo que quiera de un ministro, de un presidente, de un intendente, pero no nosotros, porque coincide que son a su vez nuestros empleadores, por lo tanto y frente a esto adquieren más valor estas paritarias” reflexionó Aguiar.
Todos los organismos estatales recuperaron fuerza y gestión: “Hemos sido las y los estatales los que hemos garantizado la contención de todos aquellos sectores que les tocó sufrir de mayor manera los efectos recesivos del Covid”. Pero el rol no se termina solo en el trabajo sino que “también tenemos que describir la Argentina que queremos”, subraya.
Sin embargo, la diferencia entre trabajadores dependientes de Nación, de las Provincias o los Municipios sigue siendo un problema para equiparar los sueldos de todo el universo de trabajadores y trabajadoras estatales. Aguiar remarca que no se ha podido superar ni la precarización ni la tercerización de servicios heredados desde el menemismo en los ‘90.
“Por eso decimos que el salario mínimo, vital y móvil es una demanda ATE, y tiene que ser un piso de dignidad que esté presente en la mayoría de los municipios de nuestro país, porque sino no se cumple esa máxima constitucional porque por igual tarea debe existir igual remuneración”.
La discusión del gremio no se centra solo en el sueldo sino en las políticas públicas y en la distribución de los ingresos, porque hay un régimen de coparticipación “tremendamente injusto” en Argentina. “De cada 100 pesos que se recaudan por impuestos en la Argentina, 75 pesos se quedan en Buenos Aires, 24 pesos vuelven a las provincias, de los cuales 4 pesos se distribuyen en cada uno de los municipios. Entonces, por más que hagamos el mejor paro, la mejor medida de fuerza, el intendente no va a tener la plata para darnos el aumento de sueldo y para pasarnos a planta permanente”, detalló.
Vuelta a la presencialidad de los y las trabajadoras estatales
Aguiar comentó que no toda la dirigencia de ATE piensa igual, pero concluyen en la dificultad para volver a las dependencias en los tiempos estimados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Hay que pensar en trabajo por turnos, o en sistemas semi-presenciales para evitar aglomeramientos, así como hay que acondicionar los espacios con mamparas y siempre tomar en cuenta las recomendaciones del personal de salud.
“Hay algunos que sostienen que las nuevas variantes del virus, menos mortales pero más contagiosas, nos ponen en la puerta de una tercera ola de la pandemia. que no debiéramos subestimar. Volver a la presencialidad de manera masiva implica 150.000 personas de golpe, por lo menos en el transporte público de pasajeros. Son aglomeraciones que no tenemos porqué producir en este momento”
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UTE inicia semana de protestas contra la presencialidad sin distanciamiento en escuelas
Los docentes porteños harán una clase pública este lunes, como parte de un plan de protestas contra la decisión del gobierno local de clases sin restricciones.
Los docentes porteños del sindicato UTE realizarán a partir de este este lunes distintas protestas con «semaforazos» y clases públicas en rechazo a la «presencialidad plena sin distanciamiento ni cuidados del nivel inicial» de las escuelas, dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
«El día de hoy (Horacio Rodríguez) Larreta, (Fernán) Quirós y (Soledad) Acuña culminan su plan marketinero, electoral y negacionista con la incorporación a la presencialidad plena sin distanciamiento ni cuidados del nivel inicial», criticó el gremio que lidera Eduardo López. A través de un comunicado consideraron que la decisión oficial «es irresponsable» y «continúa poniendo en evidencia el desinterés del gobierno de la Ciudad por la salud y la vida» de quienes «transitan diariamente las escuelas».
Frente a esto, remarcaron, durante esta semana del 23 al 27 de agosto continuarán «realizando clases públicas, semaforazos y abrazos en las escuelas» a la par que avanzarán con «la conformación de Comités de Autocuidado por escuela conformados por docentes, estudiantes y familias».
Sin distanciamiento
Recordaron que la decisión del Gobierno de Rodríguez Larreta comenzó hace tres semanas en el nivel secundario y continuó la semana pasada con el nivel primario. Por eso, para comenzar con las protestas, este lunes 23 de agosto a las 12:00 harán una clase pública frente a Jefatura de Gobierno (Uspallata 3150). En ella Gabriela Piovano, médica infectóloga trabajadora del Hospital Muñiz, conversará acerca de la importancia de las medidas de cuidados y los protocolos responsables.
«Exigimos se respete el distanciamiento social, la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad para monitorear la ventilación de las aulas mientras se dictan clases y elementos de protección e higiene suficientes», concluyó el comunicado de UTE.
Irresponsabilidad
En este sentido, la secretaria general del sindicato, Angélica Graciano, aseguró que «realizamos una nueva clase pública para seguir expresando nuestro rechazo a la presencialidad irresponsable que imponen el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña».
“Nuestros relevamientos arrojaron que las aulas no tienen los suficientes metros cuadrados, que la situación de los comedores escolares es crítica y que no llegaron los elementos de cuidado que el Gobierno porteño le prometió a los equipos directivos. Por eso seguiremos exigiendo que se cuide la salud y la vida de la comunidad educativa en todas las escuelas de la ciudad», remarcó la dirigente.
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Participación femenina al 50% en CGT: Qué opinan las dirigentes sindicales
Sindical / Nacionales / Mundo gremial /2 personas /6 temas23AGO
La renovación del consejo directivo del próximo 11 de noviembre implicaría una duplicación en la cantidad de mujeres participantes.
Durante la última semana se confirmaron los rumores de los nuevos posibles cambios para el próximo consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se llevará a cabo en la renovación de autoridades del 11 de noviembre próximo.
La intención es elaborar una reforma estatutaria que permita la ampliación de la participación de las mujeres en la conducción de la central obrera de un 30% a un 50%. Si bien la discusión acerca de cómo será la implementación acaba de comenzar, diversas dirigentes sindicales de distintos sectores emitieron su postura.
Cuál es la mirada de las dirigentes sindicales
La única integrante mujer del actual Consejo Directivo e integrante del sindicato de la moda, Noé Ruiz, precisó que este cambio se debe dar sobre tres pilares fundamentales: “La autonomía física, la económica y la posibilidad de acceder a los cargos de máxima decisión”.
“La autonomía física es indispensable para que las mujeres avancen, y lo acaban de lograr con la sanción de la ley del aborto, pero también es elemental la autonomía económica, para dejar de depender de la administración masculina, y en tercer lugar es fundamental que las mujeres puedan acceder a cargos de máxima conducción”, detalló.
Al mismo tiempo, Maia Volcovinsky, de la UEJN, remarcó que desde la entidad sindical judicial son pioneros en la modalidad que propone la CGT, con una mujer y un hombre en representación de cada gremio.
“Con Julio Piumato desde hace varios años ejercemos la representación en CGT, de manera alterna. Eso es posible porque hacia dentro del sindicato las mujeres judiciales tenemos un rol protagónico en todas las áreas y no existe mesa de discusión o decisión de la que no participemos, sean éstas de índole gremial o político. Muchas veces se cree que por tener una Secretaría de Género cumplimos con la participación de las mujeres. En algunos gremios puede ser la puerta de entrada a la participación, en otros puede ser el corset de donde no salen”, explicó.
La referente judicial aclaró que en la medida que las mujeres sean bienvenidas pero no solo para cumplir un cupo, el proceso “se dará más naturalmente y será para que el sindicalismo y la política se nutran de nuestra mirada y se perfeccionen en la unidad de hombres y mujeres en posta de una Argentina libre, justa y soberana”.
Por su parte, la secretaria general de AMRA Santa Fe y exintegrante del Consejo Directivo de CGT, Sandra Maiorana, aclaró que “las mujeres cotizamos en bolsa hace rato, entonces todos los sectores están de alguna manera mostrando que el patriarcado ya no existe, y el patriarcado sí existe. Estas reformas son positivas por que las cosas se pelean desde adentro, y me parece bien que el Gobierno nacional apoye que se haga esto”.
“Son etapas intermedias, este es un primer paso, pero llegar a una igualdad de género todavía estamos realmente muy lejos”, detalló.
Desde la CGT plantearon hace algunos días que el objetivo de la entidad es otorgarle un mayor espacio a las mujeres, y remarcaron la importancia de que esto suceda al igual que la integración de ellas a la Confederación.
Por otro lado, la secretaria general del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) en Capital Federal, Alejandra López, respaldó la iniciativa aunque reconoció que para implementarlo debe darse “un amplio debate y estudio”.
“Habrá que aguardar para saber cómo continúa el proceso de reforma estatutaria. Pero es una iniciativa superadora. Lo importante será conocer qué implicará, qué lugares ocuparán las mujeres y cómo”, aclaró la dirigente.
En simultáneo, la dirigente del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleña, le confió a Télam que espera que la nueva conducción elegida en noviembre “procure que participe un importante cupo femenino, incluso mayor al estipulado por ley, para acompañar los cambios sociales que la clase trabajadora impone”.
Por último, la secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera (Uolra), Ana Lemos, pidió tener en cuenta que “esta necesaria incorporación fue construida por las mujeres trabajadoras durante la resistencia al Gobierno de Cambiemos en la calle, con unidad, articulación, movilización y lucha”.
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Palazzo insiste con que “están dadas las condiciones para reducir la jornada laboral”
El referente bancario aseguró que con el crecimiento de la rentabilidad del último tiempo, “el costo que significaría disminuir la jornada laboral ya debería estar pago”.
El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, volvió a insistir sobre los proyectos de ley que impulsan algunos sectores para reducir la jornada de trabajo en Argentina y remarcó que “están dadas las condiciones” para implementarlo.
Dicha iniciativa continúa adquiriendo mayor presencia en la agenda de las últimas semanas mientras diversos sectores, tanto sindicales, empresarios, como el propio Gobierno, se vienen expidiendo al respecto.
Por su parte, el también precandidato a diputado nacional por la provincia, planteó que a raíz del impacto tecnológico de los últimos tiempo, la rentabilidad de las empresas ha mejorado contundentemente, al igual que la productividad por trabajador. Incluso en algunos casos con la misma cantidad de trabajadores y salarios constantes al nivel de inflación.
“Con el crecimiento de rentabilidad por esto y por la caída del salario en el gobierno de Macri ya debería estar pago el costo que significa disminuir la jornada” siendo esta una más de las herramientas para la generación de empleo”, detalló.
Palazzo contrapuso su visión respecto a lo expresado por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien planteo la reducción salarial como complemento de una reducción horaria de la jornada, a lo que el dirigente aclaró que “en ningún lugar del mundo donde hubo reducción horaria existió una reducción salarial”.
“Durante cuatro años (en referencia al Gobierno de Cambiemos) el sector empresario se apropio de dinero que era del trabajador para aumentar su tasa de rentabilidad por lo que se debe volver a una tasa de rentabilidad normal y devolverle a los trabajadores en plata o beneficio de reducción de jornada”, arremetió.
Por otra parte, sectores del Gobierno salieron a plantear nuevamente la imposibilidad de discutir una posible reducción de la jornada laboral. En este sentido, el titular de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, ratificó su postura al respecto y que “el riesgo que se corre de hacer algo así a los golpes es que se traslade ese costo laboral a precios, que haya más inflación. Si sale bien habría un poco más de empleo con salarios más bajos”.
No obstante, aclaró que “en términos conceptuales bienvenido sea que todos podamos trabajar un poco menos y tener una vida más plácida, pero habría que preguntarse si las empresas pueden absorber ese costo. Algunas sí, pero seguramente muchas pymes no”, finalizó.
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Negociaciones para que vuelva la CTA de Yasky a la CGT
Alberto lo viene pidiendo desde antes de asumir. La sangría al sector del Cachorro.
La CTA de Hugo Yasky avanza en negociaciones para que sus sindicatos se integren a la CGT luego de casi tres décadas, con el respaldo de Alberto Fernández.
El propio presidente se involucró en las negociaciones para que las dos CTA se integren a la central obrera de calle Azopardo, pero recibió un no rotundo de parte de Ricardo Peidro y Hugo «Cachorro» Godoy, uno y dos de la CTA Autónoma.
Yasky, sin embargo, está alineado al kirchnerismo y va de candidato en la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y su cierre con la CGT podría darse si finalmente el sector de la vicepresidenta se queda con la conducción de la central.
Como anticipó LPO, Héctor Daer, el sindicalista más cercano a Alberto, podría ser reemplazado antes de las elecciones generales de noviembre por Sergio Palazzo o Vanesa Siley, cercanos a Cristina Kirchner. Los Gordos resisten esa movida e impulsan a Gerardo Martínez, de la Uocra.
Alberto impulsó la unificación de las CTA con la CGT meses antes de asumir la presidencia y se quedó a mitad de camino. En octubre de 2019, la CTA de Yasky votó la reunificación con la CGT luego de 28 años de división en un acto en Lanús del que participaron Alberto, Hugo Moyano y Máximo Kirchner. El Cachorro Godoy, que sucedió a Pablo Micheli en la CGT no kirchnerista, no aceptó la fusión, que finalmente tampoco se dio con la CTA de Yasky.
Cada vez que Yasky amagó con integrarse a la CGT recibió resistencias de Los Gordos, que no comulgan con el sector «progresista» del movimiento obrero. Pero además sigue encontrando resistencia por «izquierda». Con su alineamiento a la CGT corre el riesgo de que algunos sindicatos, que en definitiva son los que deciden si se integran o no a la central, se le vayan a la otra CTA. Y eso ya está pasando: la semana pasada, el sindicato de la manufactura del cuero dejó la CTA de Yasky por su cercanía al Gobierno y se sumó a la CTA de Peidro y Godoy.
Esa no fue la única migración: Luis D’Elía, que es miembro del secretariado de la CTA de Yasky como líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, también se pasa a la CTA de Peidro. D’Elía recibió durante su arresto domiciliario a Peidro y Godoy, y esos gestos no se olvidan.
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Recordamos a Felipe Vallese, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica secuestrado y desaparecido el 23 de agosto de 1962.
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Jornada laboral de 6 horas: el debate podría llegar al Congreso este año
Los precandidatos del oficialismo Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Walter Correa y Vanesa Siley hablaron junto a Fernanda Raverta, titular de la ANSES, de la problemática laboral. La funcionaria apoyó dar un debate en el Congreso para reducir la jornada laboral.
«La reducción de la jornada laboral se instaló como una de las grandes discusiones de la campaña electoral y apoyó la posibilidad de dar el debate dentro del Congreso de la Nación. Hay que construir una síntesis necesaria para instrumentar legislativamente las definiciones normativas», señaló Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La funcionaria formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa junto a los precandidatos del oficialismo y referentes sindicales Sergio Palazzo (Bancarios), Hugo Yasky (CTA), Vanesa Siley (Judiciales) y Walter Correa (Cuero); también estuvo presente la concejal local del Frente de Todos (FdT), Virginia Sívori.
El encuentro se llevó a cabo en el hotel de Molineros ubicado en la calle 9 de Julio al 3000 de la ciudad balnearia, donde todos plantearon «la necesidad» de discutir la realidad marplatense y se refirieron al debate por la reducción de la jornada laboral.
En ese contexto, Raverta señaló que se necesita «un Poder legislativo que tenga muchas voces para que el círculo virtuoso de la economía nos permita que asalariados y jubilados puedan estar siempre con un poco más capacidad de compra».
«Las síntesis se construyen desde las verdades relativas de los espacios. Claramente, en nuestra fuerza, hay distintas miradas sobre los problemas de cómo hacer que la Argentina se reconstruya a partir de poner en marcha el motor económico para que haya cada vez más y mejores trabajos», agregó.
Para finalizar, la titular de la Anses aseguró que «en el Gobierno todos compartimos el objetivo de poner en marcha un motor económico para que el mercado formal de trabajo se amplíe de tal manera que una enorme cantidad de argentinos y argentinos puedan ser incluidos».
Fuente: Télam
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Paritarias 2021
Trabajadores de prensa protestaron en todo el país por una urgente recomposición salarial
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa encara el segundo tramo de la paritaria. En los primeros seis meses había obtenido una suba del 18%.
Foto: FATPREN
Los trabajadores de prensa de todo el país protagonizaron ayer una jornada de protesta y visibilización por la recuperación del salario. La iniciativa surgió del plenario de secretarios generales de la Federación Argentina de Prensa (FatPren) que resolvió el pasado 5 de agosto declararse en Estado de Alerta y Movilización.
La entidad sindical que representa a los trabajadores de prensa del interior del país encuadrados en el convenio 541/08 encara la segunda etapa de la negociación paritaria para el ejercicio 2021-2022. En una primera negociación la FatPren había acordado con la cámara ADIRA un incremento del 18% sobre los salarios de febrero en tres cuotas hasta agosto de 2021.
En aquel momento la pauta anual alrededor de la cual se estaban sellando los acuerdos paritarios se encontraba en el orden del 30% acorde al pronóstico oficial de inflación del 29% plasmado en el presupuesto 2021. De aquel tiempo a esta parte, sin embargo, las previsiones se elevaron hasta casi un 50% y las paritarias se comenzaron a firmar por encima del 40% al mismo tiempo que se adelantaron cláusulas de revisión para llevar los acuerdos ya firmados, en algunos casos, hasta el orden del 45%.
Sin embargo, la cámara de empresas periodísticas del interior del país parece no haber tomado nota de la nueva realidad y ofreció a los representantes subas muy por detrás de ese porcentaje. Por ese motivo la Federación rechazó las primeras propuestas y dio comienzo a un plan de acción que continuará la semana próxima a partir de lo que resuelva un plenario nacional de delegados y dirigentes de los sindicatos de prensa de todo el país.
Carla Gaudensi, Secretaria General de la FatPren explicó a Tiempo que “los trabajadores de prensa realizamos una jornada de visibilización con la intervención en las tapas de los medios en los que trabajamos para mostrar la situación de emergencia salarial que sufrimos. Los salarios que no alcanzan nos llevan a estar en una situación de alerta y movilización y exigir una mejora que recomponga los salarios al ritmos que lleva el proceso inflacionario. Para eso realizamos la jornada de visibilización e iniciamos un plan de lucha con asambleas y el martes que viene realizaremos un plenario de delegados y delegadas y dirigentes de la Federación para ver la continuidad porque la oferta patronal sigue siendo insuficiente y no recompone la pérdida”.
Por su parte el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), cuyos afiliados no se encuentran encuadrados en el mismo convenio, se sumó a la jornada en reclamo de que se produzca una revisión del acuerdo suscripto por la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) con las cámaras de medios de la Ciudad de Buenos Aires que acordaron una suba del 30% hasta abril de 2022 y, a la vez, para reclamar su participación en la negociación atento a la representación que ostenta en los principales medios de prensa escrita del distrito
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Medidas de fuerza de profesionales de la salud en Santa Fe, Chubut y La Rioja
Por Redacción EDA -23 de agosto de 2021
Este lunes desde la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesprosa) confirmaron que se llevarán adelante medidas de fuerza en las provincias de Santa Fe, Chubut y La Rioja para reclamar por la “inacción de los gobiernos provinciales”.
El SISAP Fesprosa, de la provincia de Chubut, prepara para el 24, 25 y 26 de agosto un paro general provincial para denunciar la “falta de respuesta del gobierno de Arcioni ante la deuda salarial mantenida con los trabajadores”.
En Santa Fe, más de 1200 profesionales de la salud nucleados en SIPRUS Fesprosa votaron un paro sin asistencia para este miércoles 25 en hospitales y centros de salud de la provincia, por el incumplimiento de acuerdos paritarios y para exigir la reapertura de las negociaciones salariales, el adelantamiento de la cuota de aumento, el pase a planta y el pago de deudas. En las semanas siguientes, la medida será por 48 horas.
En tanto, el 26 de agosto APROSLAR Fesprosa realizará un paro total en defensa de la salud pública y de los trabajadores de la salud de La Rioja. El paro será en todos los centros de salud de la provincia, con una concentración principal en la puerta del hospital de la Madre y el Niño.
Hacia el Día de la Sanidad, que se conmemora el 21 de septiembre, Fesprosa convoca a todas las organizaciones del campo sanitario a marchar a Plaza de Mayo durante la jornada en unidad por salarios dignos, paritaria nacional de salud, desprecarización laboral, protección de los trabajadores de la salud, y cese de las represiones a los trabajadores del sector.
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Brecha de género en ciencia y tecnología: las mujeres ocupan menos del 25% del total de empleados
Las mujeres representan alrededor del 40% de los egresos de carreras de ciencia y tecnología (CyT) en Argentina, Brasil y México, pero solo ocupan entre el 19% y 24% de los puestos de trabajo especializados en estas disciplinas.
Ciencia y Tecnología es un sector crucial para la economía en términos de productividad y como generador de empleos de calidad; es más, alrededor de 1 de cada 10 dólares producidos en Argentina, Brasil y México proviene de dicha rama. En Argentina y Brasil, este sector implica aproximadamente el 22% de las exportaciones, en México alcanza el 70%. Además, el valor agregado por trabajador/a en CyT casi duplica el de la economía en total en Argentina y México, y es más del doble en el caso de Brasil.
Esto se refleja en los ingresos de las y los trabajadores del sector, que ganan en promedio entre 24% (México) y 65% (Brasil) más que los/as ocupados/as de la economía en su conjunto. Sin embargo y pese a su importancia creciente en la agenda global, ciencia y tecnología está entre los sectores que menor participación de mujeres tiene en el mundo, especialmente en América Latina.
Según el documento “Mujeres en ciencia y tecnología: cómo derribar las paredes de cristal en América Latina” de los programas de Protección Social y Desarrollo Económico de CIPPEC, en Argentina, Brasil y México, del total de ocupados/as en los sectores relacionados con CyT, que tienen empleos de mayor calidad y salarios por encima del promedio de la economía, apenas alrededor de un tercio son mujeres.
“Esta subrepresentación responde a un problema multidimensional. Las barreras que enfrentan las mujeres arrancan a edades muy tempranas y se suscitan a lo largo de sus trayectorias formativas y laborales”, detalla Paula Szenkman, una de las coautoras del informe.
Porcentaje de mujeres por carrera de grado y tecnicatura (Brasil y México 2019, Argentina 2017):
Si bien las mujeres son mayoría entre quienes estudian carreras universitarias en los tres países analizados, su participación se reduce en los campos de estudio CyT. Esta menor participación se traduce con creces al ámbito laboral. Mientras que las mujeres son el 40% de los egresados/as de carreras CyT en Argentina, el 34% en Brasil y el 31% en México, son solo el 24% de los ocupados/as CyT en Argentina, el 19% en Brasil y el 20% en México.
El nuevo informe de CIPPEC, además, resalta que diseñar acciones contra la brecha de género en ciencia y tecnología es crucial para mejorar la calidad de vida de las mujeres, mitigar la reproducción intergeneracional de la pobreza, e impulsar el crecimiento económico inclusivo.
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Más de 70 dirigentes de diferentes gremios de todo el país analizarán el fenómeno de la comunicación sindical estratégica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
Ese encuentro federal será a través de videoconferencia y estará a cargo de los profesores Christian Dodaro y Ezequiel Asquinasi. La actividad se realizará este lunes 23 de agosto en el marco de la Diplomatura en Formación Sindical que se está dictando en esa facultad, allí también expondrá, por la tarde, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni sobre «Constitución Nacional y Movimiento Obrero»
La misma es organizada por la Carrera de Relaciones de Trabajo, la Secretaría de Extensión y el Concejo Asesor Sindical de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El coordinador de la diplomatura es el laboralista Luis Roa, secretario académico de Relaciones del Trabajo en dicha universidad y para el desarrollo de la misma diplomatura, que tendrá lugar hasta noviembre, también se destaca el rol de la coordinadora administrativa Ornella Risso.
En tiempos de pandemia la multiplicidad de labor de ambos es clave para el desarrollo de esas jornadas que se han convertido desde su inicio en un foro de capacitación como también de debate resepcto al escenario laboral de los trabajadores y trabajadoras del país, bajo la crisis Covid.
En cuanto a metas la diplomatura propone el análisis de los modelos de conducción, negociación, liderazgo y comunicación gremial y profundizar la articulación entre la universidad y los trabajadores y trabajadoras organizados.
“La universidad tiene mucho para aportar al movimiento sindical y los gremios muchos saberes prácticas y experiencias para sistematizar, mejorar y brindar al mundo académico”, reseñaron los docentes.
Este lunes
Para el inicio de esta semana tendrá lugar segundo de los tres encuentros del módulo de Comunicación Política que desarrollan Dodaro y Asquinasi. En el primero se trabajó sobre cómo son vistos y tratados los sindicatos en los medios, el segundo versa sobre la planificación y gestión estratégica de la comunicación gremial y en el tercero presentarán casos prácticos y exitosos.
Dodaro es secretario de Comunicación de Feduba, doctor en Ciencias Sociales e investigador en temas de comunicación y mundo del trabajo. Ezequiel Asquinasi se desempeña desde hace más de 20 años en la Dirección de Prensa y comunicaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, es especialista en prensa sindical y titular de la agencia Asquinasi Comunicaciones.
“Los sindicatos tienen afiliados y afiliadas, militantes, historia, estructuras y representan a miles de trabajadores y trabajadoras, lo que les brinda potencial de comunicación que ni ellos imaginan.
Para liberar esa potencia deben combinar profesionalismo con militancia, redes sociales con recorrida de ligares de trabajo, identidad, escucha hacia quienes están alejados y fuerte apertura a toda la sociedad”, expresó Asquinasi.
“Si varios gremios empezaran a manejarse de este modo con inteligencia y habilidad, otro sería el panorama de la política, la comunicación y las condiciones laborales y calidad de vida del pueblo en la Argentina”, agregó.
Por su parte, Dodaro señaló “la comunicación es una dimensión estratégica de la acción sindical. Es necesario que el movimiento obrero tenga una palabra propia en tanto es uno de los actores más importantes en el desarrollo de cualquier democracia”.
Cátedra de Zaffaroni
También este lunes y en el marco de la diplomatura habrá una actividad especial y extracurricular, ya que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni brindará una exposición sobre “Constitución Nacional y Movimiento Obrero”, que realza también las ponencias que a la fecha va sumando esta iniciativa que desarrollaron desde la UBA en tiempos donde no sólo por el Coronavirus los temas referidos al trabajo, empleo, informalidad, sindicalismo y derechos de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en la agenda cotidiana con intensos debates.
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Impactante demostración ciudadana en Defensa de la Costanera Sur
Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario.Share on facebookFacebook Share on twitterTwitter Share on whatsappWhatsApp Share on telegramTelegram Share on emailEmail
Este domingo 22 de agosto, miles de porteñas y porteños realizamos una bicicleteada por la ciudad y abrazamos la Costanera Sur para rechazar la propuesta del gobierno de la Ciudad y del grupo IRSA de construcción de megatorres en plena Costanera.
El jueves 19, sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece para este tipo de proyectos, la legislatura porteña aprobó el emprendimiento Costa Urbana. Este mega proyecto de torres de 145 metros de altura en la Costanera Sur, es la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática y sanitaria, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales.
Esta nueva bicicleteada histórica es parte del movimiento ciudadano con el que venimos impulsando UNA COSTANERA VERDE PÚBLICA. Así como el año pasado logramos frenar la venta de Costa Salguero, frenaremos Costa Urbana. Cientos de espacios y asambleas urbanas, ambientales, feministas, sociales, sindicales y políticas presentamos en la legislatura un Proyecto alternativo con más de 5000 firmas para recuperar estas 71 hectáreas de humedales y transformarlas en una nueva reserva ecológica.
Ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA: “Este proyecto tiene que ver con una concepción privatista de la ciudad, heredada de la década del ’90 y profundizada durante la gestión del PRO, que antagoniza con los modelos urbanos más actuales basados en la democracia ambiental. Insistir en consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor.”
Alejo Caivano, abogado y fundador de La Defensoría de Laburantes: «Hoy fue el primer paso de la campaña Costanera Verde publica para visibilizar la falta de acceso de vecines de la ciudad y del AMBA a la costa porteña. Este Humedal, uno de los pocos que quedan, lo defenderemos con todas nuestras energías. No queremos especulación inmobiliaria sino una nueva reserva ecológica pública».
Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que frenó la venta de Costa Salguero y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad: “La Legislatura nuevamente ha decidido violar la Constitución de la Ciudad al no respetar el mandato constitucional de recuperar la Costanera para el uso común. La democracia participativa y ambiental ha quedado nuevamente supeditada al negocio de una empresa, en este caso, IRSA. La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria a capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más.»
Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular: “Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó a la clase política que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario”.
Fuente: https://observatoriociudad.org
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Derecho a la protesta.Salta: Sáenz intentó desalojar con la Policía una sentada pacífica de docentes en lucha
En el inicio de esta cuarta semana de paro que tiene el pedido de aumento salarial entre sus principales demandas, el gobernador de Salta llenó de Policías el Centro Cívico Grand Bourg para desalojar una sentada pacífica. La docencia permanece en el lugar defendiendo su derecho a protestar.
El Gobierno de Sáenz sigue atacando a la docencia en lucha que hoy inicia su cuarta semana de paro y movilizaciones en toda la provincia.
En el marco de una sentada que organizó el sector de autoconvocados de la Plaza para presionar al Gobierno y que reciba a este sector de delegados, una Policía envalentonada, armada y enviada así por el gobernador Gustavo Sáenz intentó desalojar a las y los presentes alrededor de las 17 y 30 h. «Todo Policía tiene que seguir un protocolo. No se por qué se sacaron la identificación los policías», dijo el jefe de Policía José Ibarra, intentando lavarse la cara.
Luego de empujones y golpes de la Policía, la situación se tranquilizó y en estos momentos la manifestación sigue. El sector que encabeza el corte tiene pensado acampar sobre la calle principal del Centro Cívico, donde se encuentra la Casa de Gobierno. También, algunas docentes se encadenaron en el lugar como forma de protesta.
Una docente presente en el lugar manifestó en las redes sociales que «aquí en el Centro Cívico Grand Bourg nos están reprimiendo a las mujeres, les están pegando a todos/as. Así Sáenz dio la orden, una vergüenza colegas. Aquí hay maestras ensangrentadas y pateadas, y con cortes en el brazo. Son muchos los docentes lastimados/as».
Desde la agrupación docente 9 de abril repudiaron la represión del Gobierno de Sáenz «que con su Policía busca disciplinar la lucha docente, sin dar ninguna respuesta a un reclamo legítimo luego de 3 semanas de paro. Como es el derecho a un salario digno, para que ninguna docente sea pobre».
También se expresaron al respecto desde el Frente de Izquierda Unidad (FITU), el diputado Claudio del Plá (PO) y la recientemente electa convencional constituyente, Daniela Planes (PTS). Ambos docentes. Asimismo, lxs referentes nacionales del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y la diputada provincial por el PTS-FITU, Natalia Morales
Envalentonado
En menos de dos semanas el Gobierno de centro derecha desalojó un corte en Aunor, valló la plaza 9 de julio y ahora arremetió contra una acción pacífica. También, amenazó con descuentos a los días de paro a las y los miles que están llevando adelante esta medida en toda la provincia, y dejó en claro que no se sentará con ningún sector de autonvocados para discutir aumento salarial. Una línea alejada del diálogo que parece reforzar, por un lado, su relación con los sindicatos de la intergremial (ADP-CTERA, ATE, AMET, UDA, UPCN, NdR), garantes de la paz social en este año y medio de gestión del gobernador y que en estas tres semanas no han llamado siquiera a una acción de protesta, ni hablar de paro. Pero también, que expresa un envalentonamiento tras su triunfo en las elecciones del pasado 15 de agosto, donde ganó el ala romerista del Gobierno y a la vez, el voto en blanco y la abstención del 40 % fueron los grandes protagonistas.
Envio:RL
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