26 de septiembre de 2021

ROSARIO - SANTA FE.

 


Las fiscalías de balaceras

Balance de una unidad especial

En un año se judicializaron más de mil causas relacionadas con abuso de armas de fuego en la ciudad. Entre las diferentes motivaciones aparecen conflictos con drogas, extorsiones, amenazas e idas y vueltas entre bandas.

Por Lorena Panzerini
La fiscal Valeria Haurigot.. Imagen: Andres Macera

Un año atrás, la fiscal regional María Eugenia Iribarren planteaba que en el Gran Rosario llegó a haber picos de hasta 20 balaceras diarias, por lo que desde el Ministerio Público de la Acusación apuntaban a adaptar las investigaciones a las cambiantes dinámicas de las bandas. Por esos días fue creada la unidad especial para investigar esa modalidad delictiva y centralizar las denuncias por delitos con armas. La fiscal Valeria Haurigot, a cargo de la Unidad de Investigación y Juicio especializada en balaceras, junto a Pablo Socca y Federico Rébola, indicó a Rosario/12 que aun no tienen estadísticas terminadas, pero como dato señaló que desde septiembre de 2020 hasta la semana pasada la unidad contabilizaba  1038 ingresos de causas judicializadas, relacionadas con abuso de armas de fuego. En ese sentido, hizo un repaso por la modalidad de trabajo que busca "explicar un conflicto", el ida y vueltas de las balas y los hechos que son ordenados desde la cárcel.

La modalidad de balaceras a frentes de viviendas o edificios -que no llegan a provocar lesionados- ocupó en el último año a un equipo de fiscales que va repensando modelos de investigación, como indicó la semana pasada la fiscal Haurigot, al hablar de una de las causas más resonantes que tuvo la unidad y que tiene presos a seis policías de la comisaría 10° por falsear datos para detener a dos personas por una balacera, y así favorecer a una banda de la zona, según la investigación del fiscal Rébola. 

Pero en los últimos meses, tuvieron otras causas importantes como la que incluyó la figura del agente revelador, que se hizo pasar por cliente de una banda acusada por venta de armas, desbaratada en mayo pasado. En aquel momento, el fiscal Socca estimó que el accionar de esa organización se traducía en "un aporte importantísimo" a los ataques violentos. "Es la única fiscalía, creo que en Argentina, que aplicó la figura del agente revelador y sin ningún cuestionamiento de nulidad", destacó Haurigot.

A un año del trabajo de la unidad de balaceras, la fiscal planteó que en algunos casos, un mismo hecho puede tener más de una denuncia, por lo que los datos se están depurando. Entre las diferentes motivaciones aparecen conflictos con drogas, extorsiones, amenazas, ida y vuelta entre bandas y móviles variados. 

"Creo que la premisa que tuvo la fiscal regional cuando decidió convocarnos fue que cada episodio que involucre armas de fuego tenga una mirada amplia", remarcó. El equipo lo conforman fiscales que venían de diferentes unidades. "Lo que había hasta el momento era una unidad que separaba las portaciones y tenencias de armas", recordó. Y lo que se planteó desde la nueva unidad es "mirar el fenómeno a partir de testimoniales y otro tipo de técnicas para abordar la problemática completa y ver a qué responde, explicar el conflicto".

Haurigot apuntó a que una de las cuestiones que buscaron es "empezar a poner en la agenda judicial el tema de la intimidación pública como el conflicto que afecta a toda la sociedad en su conjunto". Además, señaló que trabajan en coordinación con otras unidades en el intercambio de información. Y, al mismo tiempo, planteó que también es la modalidad de trabajo con la policía, donde los fiscales son encargados de dirigir la investigación. 

La fiscal mencionó que la unidad utilizó métodos novedosos de investigación como seguimiento de Iphones, entre otros. "Lo que buscamos es, dentro de las posibilidades, llegar a estructuras organizadas", puntualizó.

Otra de las cuestiones que vienen planteando los fiscales de la unidad tiene que ver con que buena parte de las balaceras son ordenadas desde las cárceles, aunque aún no tienen terminadas las estadísticas en relación a eso. "Los casos de alta lesividad tienen algún engranaje que está en la cárcel", dijo Haurigot sobre cómo se conforman las bandas delictivas que cometen este tipo de hechos. En ese sentido, recordó el caso de un preso con condena, imputado en julio pasado por ordenar balear al encargado de la construcción de su casa en Serodino, por demoras en la obra. "Hay todo tipo de motivaciones", expresó la fiscal. Y en ese sentido apuntó a la importancia de la "reeducación en las cárceles".

En relación a la circulación de armas, destacó el trabajo de la policía en la calle por entender que cuando se secuestran armas en esas circunstancias, pueden ser vinculadas a balaceras con el cotejo que se hace desde la unidad. También recordó que el tráfico de armas es un delito que tiene a cargo la Justicia Federal. Además, indicó que en el Ministerio Público de la Acusación, los secuestros de armas relacionadas con hechos delictivos están sistematizados y tienen una política de control que parte de la  Fiscalía General.   


BAIGORRIA

Antonella García es estudiante de Derecho, tiene 28 años y se presentó como precandidata a concejal de Granadero Baigorria. El escrutinio definitivo de las elecciones PASO 2021 determinó que su lista “Siempre Baigorria” obtuvo 3.862 votos y se impuso al Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Frente Progresista, que terminaron en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente. “Un gran logro colectivo, fruto de la renovación política, el compromiso y el trabajo territorial desde hace mucho tiempo en la localidad”, dijo la ahora candidata.



El ministro promete "importantes anuncios"

Aníbal Fernández: Hay un plan de seguridad para Rosario

El ministro de Seguridad dijo que restan definir algunas cuestiones y destacó la colaboración de Marcelo Sain.

Por Jose Maggi

Glinski, director de la PSA que realizó importantes allanamientos.


El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó ayer que esta semana "va a ser importante en anuncios", porque "ya se tomó una decisión" sobre acciones que se llevarán a cabo para encarar la situación que se vive en Rosario. Y aclaró que  "todo lo que es Rosario fue fruto de un análisis con Marcelo Sain (director del Organismo de Investigaciones), con quien nos conocemos mucho", dijo el funcionario en declaraciones radiales. Pero no adelantó medidas. “Restan un par de reuniones más para definir el resto de la tarea”, confió Fernández.

En rigor las tareas ya parecen haber comenzado el ultimo viernes cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), desbarató una organización criminal que se dedicaba a blanquear activos provenientes del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos, entre otros negocios. Mediante 36 allanamientos simultáneos -32 solo en Rosario además de en Villa Gobernador Gálvez, Funes, Roldán, Álvarez, Acebal, Alvear y Piñero-, los oficiales de la fuerza que conduce José Glinski detuvieron a cinco personas y secuestraron millonarias sumas de dinero en efectivo, 25 vehículos -la mayoría de alta gama- y otros elementos de prueba.

Al respecto, el director nacional de la PSA sostuvo en conferencia de prensa tras los operativos: “Tuvimos claras instrucciones del ministro Aníbal Fernández; es una investigación que tiene su tiempo. Para nosotros y el gobierno nacional, lo que ocurre aquí en Rosario es un tema prioritario, tal como lo considera nuestro presidente Alberto Fernández”.

La investigación policial, que comenzó en 2019, determinó la existencia de una organización delictiva constituida por un núcleo familiar rosarino que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Uno de ellos, el principal investigado, se desempeñaba como negociador para adquirir elementos de contrabando que luego eran vendidos por el clan, empleando una empresa de logística de Salta para realizar los traslados desde el norte del país.

En octubre de ese año, la PSA interdictó un camión de dicha empresa al que secuestró 59.950 paquetes de cigarrillos de origen paraguayo, y allanó un domicilio ubicado en la localidad de Gran Guardia, provincia de Formosa, donde detuvo a una persona. Esa intervención policial dio cuenta de que la organización contrabandeaba cigarrillos ingresados al país de manera ilegal desde el Paraguay.

“Independiente del objeto de contrabando, detrás hay un delito económico”, explicó Glinski. “De hecho, organizaciones que hasta el momento traficaban marihuana pasaron a contrabandear cigarrillos porque tiene menos costo penal, en el caso de ser detectados, pero la misma rentabilidad económica. Estamos hablando de una gran banda que posee una estructura jurídica y empresarial para la logística, como camiones y bateas”, dijo.

“Lo que intentamos y conseguimos fue encontrar el origen económico, cómo se trabajaba al interior de esta organización”, dijo Glinski. “Los especialistas de la PSA en lavado de dinero empezaron a trazar los movimientos económicos que realizaban. Se pudo determinar que, además del contrabando, blanqueaban divisas a través de locales comerciales, muchos de ellos de ropa, y la existencia de gran cantidad de testaferros que cumplían con la misión de lavar el dinero. Muchos vehículos tienen distintos propietarios pero pertenecen a la misma organización”.

Durante los procedimientos, donde también intervino personal especializado de la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI, los oficiales de la PSA detuvieron a cuatro varones y una mujer, e incautaron 5.139.599 de pesos y 2.068.785 millones de dólares. Además secuestraron 16 autos, tres camionetas, tres motos, tres cuatriciclos y una lancha; 11 gramos de clorhidrato de cocaína; un arma de fuego y municiones; 78 teléfonos celulares; 24 CPU; 14 notebook; dispositivos electrónicos varios y documentación de interés.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.


Tres encuestadores hablan sobre la bronca que no se detectó

El voto parece más simple de lo que aparenta

Los consultores políticos sostienen que se armó "mucho mito" entorno a las PASO. Lo que se viene para el 14 de noviembre. 

Por Leo Ricciardino
"La gente va y vota y lo hace con cierta naturalidad".


A medida que pasan los días y va quedando atrás el 12 de septiembre, los análisis de las primarias que pasaron tienden a dotar de una mayor “normalidad” a estas elecciones en pandemia y alejan el fantasma de las circunstancias supuestamente extraordinarias que las rodearon. Lo que sí paso y de manera contundente es que los votantes le impusieron una sonora derrota al Frente de Todos y eso no se esperaba. No al menos en esa medida. Rosario/12 habló con encuestadores y consultores políticos que trabajaron en la ciudad y en la provincia en la previa de los comicios. ¿Por qué no se advirtió en su real dimensión la bronca que expresó el votante? ¿Cuánto realmente influyó la pandemia en los resultados? ¿Hay posibilidad de recuperación del peronismo? Preguntas formuladas a Martín Ostolaza (Innova), Sebastián Saita (Inmediata) y Roberto Calderoni (GIO).

“Estaba esa idea previa de que iba a ir muy poca gente a votar que, finalmente, no ocurrió en la magnitud que se preveía”, empezó diciendo Ostolaza. “Nosotros hicimos un análisis desde 2011 hasta el 2019 y vemos que tanto en las Paso como en las generales, vienen retrocediendo la cantidad de votantes año a año, casi dos puntos porcentuales elección tras elección. Creíamos que con la pandemia iba a retroceder más pero no sucedió”, aseguró.

Consultado por el humor social con el que los votantes concurrieron a las urnas, el consultor de Innova argumentó que “si se pretende que la gente vaya a votar feliz de la vida, la verdad es que no es así. La gente va y vota y lo hace con cierta naturalidad” y agregó “no digo que en este caso no haya habido un condimento más de enojo porque se vio también un poco más de voto impugnado. Se armó mucho mito previo con que la gente estaba enojada y en realidad me parece que fue una cosa mucho más natural”.

Ya en el análisis de los números, Ostolaza explica que “está claro que el peronismo retrocedió y mucho porcentualmente incluida la provincia de Santa Fe. En 2019 (Omar) Perotti sacó casi un 40% y ahora el peronismo no llega a 30%, por más que comparemos generales con Paso, la diferencia es grande”. Y apuntó que “este es un comportamiento de la opinión pública, en Latinoamérica los oficialismos las perdieron más que las ganaron” a las elecciones.

Otro de los factores a tener en cuenta es que “estamos ante una opinión pública muy pendular. Hoy vota una cosa y dentro de dos años otra y a veces no encuentra respuesta entre los principales partidos y entonces va zigzagueando entre uno y otro”, dijo el consultor y señaló que en el caso de Santa Fe “se vio que Perotti arrancó mal pero llegó a las elecciones un poco mejor pero es claro que no alcanzó del todo para revertir una tendencia”.

Para Ostolaza “va a ser difícil para el oficialismo revertir este resultado. En Santa Fe Juntos por el Cambio se mostró unido al día siguiente de las elecciones y tiene una candidata (Carolina Losada) que rompe con algunos esquemas pero a la vez tendrá asegurado lo identitario y también lo territorial. (Marcelo) Lewandowski es un buen candidato pero los límites de crecimiento están más que nada en el peronismo mismo”.

Por su lado, Sebastián Saita (Inmediata) señaló que “nosotros bronca no habíamos detectado. La gente estaba muy informada acerca de qué se votaba y aparecían sí las críticas por la situación económica. Hay que tener en cuenta que es una elección de medio término y en este tipo de elecciones casi siempre la tendencia es criticar al gobierno”. Y agregó que “si cruzamos estos datos con las imágenes de los gobernantes, por lo menos en los últimos tiempos, los oficialismos y sus representantes venían creciendo en imagen con lo cual tampoco se detectaba allí un gran malestar”.

Saita cree que la pandemia “ayudó a acentuar algunas cuestiones que ya venían complicadas como la situación económica por ejemplo. Veníamos de cuatro años de un gobierno que había tenido muchísimos inconvenientes, la inflación es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años”.

Para el consultor de Inmediata el peronismo “tiene un núcleo duro de votantes que siempre lo va a acompañar igual que Juntos por el Cambio también lo tiene y siempre queda ese tercio que va para un lado a para el otro en función sobre todo de realidades económicas”. Y opinó que “todos estos cambios de gabinete que hubo al 90% de la gente no le importan. No es algo que les mueva el amperímetro”. También coincide con que “el año y medio de pandemia castigó duro a los oficialismos en el resto de Latinoamérica”.

El especialista ve “complicada la posibilidad de revertir el resultado para el oficialismo el próximo 14 de noviembre. En Santa Fe habría que verlo porque JxC tuvo una interna muy numerosa y habrá que establecer cuánto retienen del caudal electoral. Muchos de esos votos es difícil que vayan al peronismo pero sí pueden filtrarse hacia el Frente Amplio Progresista”, señaló.

Para Roberto Calderoni (GIO), “ya está por demás establecida la apatía de la gente en cuestiones políticas. Hay una respuesta a los sondeos por la cordialidad y hay un no rechazo al encuestador. Más allá de que a lo mejor para obtener una respuesta tenés que encuestar cinco o seis veces. Es difícil en ese marco que el encuestado manifieste abiertamente que está cansado con tal o cual partido o candidato”. Y agrega que “sí evaluamos a quién no votaría para tener una correlación entre lo que manifiesta y una intención de voto”.

Para Calderoni “hay datos que no se pueden obviar en cuanto al muestreo que uno hace. Hay lugares en los que muchas veces es difícil acceder, más en el tipo de las encuestas presenciales que hacemos nosotros que a mí me siguen pareciendo las más fidedignas”, agrega.

Para el estadístico “el voto es muy puntual, por ejemplo si cuando uno encuestó sucedieron las balaceras que se dieron en Rosario en los últimos días, son elementos que terminan influyendo. Lo mismo que lo ocurrido el mismo día de la elección con las colas y demoras donde mucha gente optó directamente por no votar”. Y advirtió que “hay cosas que son difíciles de medir y explicar. Por ejemplo la diferencia de casi 10 puntos porcentuales en la performance del Frente Progresista a nivel local con la que tuvo para las categorías nacionales donde perdió muchos votos”, apuntó.

 

Calderoni cree que “hubo mucha gente con intenciones de votar al oficialismo a nivel nacional y provincial que finalmente no votaron en estas Paso. Pero saber ahora si esta gente irá a votar y mantendrá su postura no es sencillo, porque mucho va a depender del panorama que se presente para el elector de acá a noviembre para que decida volcarse o no hacia el oficialismo”, concluyó.



Candidato a presidente del Tribunal de Cuentas

No de Ni Una Menos

Desde Santa Fe

El pliego del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, para renovar su mandato por otros seis años más en el cargo ya perdió el voto de las legisladoras mujeres, que son 24 en la Cámara de Diputados y una en el Senado. La vicegobernadora Alejandra Rodenas convocó a la Asamblea Legislativa el 7 de octubre, pero la mesa de Ni Una Menos de Santa Fe objetó el pedido del Poder Ejecutivo para ratificar a Biagioni en su puesto y le reclamó a los legisladores del oficialismo y la oposición que no lo voten.

El argumento es una sentencia judicial del 13 de agosto que le ordenó a Biagioni el “inmediato cese del hostigamiento, malos tratos o tratos descomedidos y actos de discriminación laboral” a una abogada del Tribunal de Cuentas. “La gravedad del hecho es suficiente para considerar que el contador Biagioni no puede desempeñarse en tal alto cargo y no se lo puede considerar idóneo, aún cumpliendo la capacitación obligatoria de la Ley Micaela”. “Ningún violento ocupando cargos públicos”, demandó el colectivo de mujeres.

La impugnación pública a Biagioni por supuestos “hostigamiento”, “malos tratos” y “discriminación laboral” a una mujer plantea interrogantes sobre la Asamblea del 7 de octubre y abre tres hipótesis: 1) Que el pliego sea aprobado sólo con los votos de los legisladores varones, en un hecho que no tiene antecedentes en la provincia. 2) Que sea rechazado. 3) Que la Asamblea fracase por falta de quórum, y si en la segunda convocatoria sucede lo mismo, el pliego quedaría aprobado por el acuerdo tácito que impone la Constitución de Santa Fe. 

Biagioni ya fue designado de esa manera en 2015, cuando era asesor del bloque de senadores del PJ liderado por el senador Armando Traferri –y por un acuerdo político con el exgobernador Antonio Bonfatti- pasó al Tribunal de Cuentas como vocal. El otro designado fue el exfiscal de Estado adjunto Dalmacio Chavarri, quien ya le adelantó al Poder Ejecutivo que renunciará a su cargo al vencimiento de su mandato. 

La movida del colectivo de mujeres contra Biagioni está a la vista en sus redes sociales: “No a la aprobación del pliego”. “Ningún violento ocupando cargos públicos”. Y recordó que en 2018, el funcionario “fue denunciado por hostigamiento, malos tratos de todo tipo y discriminación laboral” por una abogada del Tribunal de Cuentas y el 13 de agosto último, el juez en lo Laboral de la 3ª nominación de Santa Fe, Guillermo Garibay, lo condenó “a cesar el maltrato” a la denunciante. 

“En resumen, el contador Biagioni incumplió con el deber de observar un correcto desempeño en la función encomendada. Por eso objetamos su postulación y exigimos que la Asamblea Legislativa no apruebe el pliego”, el próximo 7 de octubre, agregó. “Biagioni es violento”.

Incluso, la mesa de Ni Una Menos de Santa Fe prepara un petitorio al gobernador Omar Perotti para solicitarle que retire el pliego de Biagioni de la Legislatura. Las adhesiones a la oposición a la renovación del mandato del funcionario se reciben en éste sitiio:  https://docs.google.com/document/d/14Kq9CRUKZu-SHxc1vSpjjq9VgAPI5j5Uvc9JoNg9NGA/edit

 



Trabajo de grupo de investigadoras de la UNR 

La Rosario, ciudad feminista 

La Universidad se propuso recuperar las huellas del movimiento de mujeres, feminista y de la diversidad sexual en la ciudad.

Por Victoria Arrabal

Una de las marchas que visibilizó las situaciones de violencia que sufren las mujeres.. Imagen: Pablo Correa

La Universidad Nacional de Rosario se propuso recuperar las huellas del movimiento de mujeres, feminista y de la diversidad sexual en la ciudad. Para ello está haciendo un relevamiento de las producciones académicas, de activistas y de referentes del arte, el urbanismo, la comunicación y el periodismo. Un trabajo en este campo fue el realizado por Cristina Viano quien junto a un grupo de investigadoras de la UNR se dedicaron a rearmar la historia desde sus inicios. “Hay una marca bien potente del feminismo rosarino en la década del 80, entre el fin de la última dictadura y los comienzos del proceso de recuperación de la democracia, con pequeños grupos pioneros de mujeres de sectores medios, en su mayoría profesionales, que fueron construyendo y sembrando el camino”, afirma la Doctora en Historia.

La experiencia de Unidas, entre 1982 y 1988, es tal vez la más llamativa expresión de esos primeros momentos. Allí se conjugó la voluntad de un grupo de mujeres de procedencias diversas, que comenzaron a editar una publicación del mismo nombre, desde la cual dieron a conocer un conjunto de debates que tenían hacia adentro y cuyos temas privilegiados eran la sexualidad, la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto, entre otros.

Pero Unidas fue mucho más que una revista y una herramienta de difusión de ideas feministas. Fue, sobre todo, el nombre de un colectivo de mujeres que decidieron salir a la calle a manifestarse porque entendían que en la sociedad estaba naturalizado un rol específico para las mujeres, diferente al de los varones, subordinado a ellos, que vedaba el acceso a una serie de derechos y lugares en el orden social. A través de acciones artísticas pretendían desnaturalizar las ideas dominantes acerca de la femineidad, la sexualidad, la maternidad y la familia.

En un boletín que publicaron el 8 de marzo de 1986, titulado “Ser feminista” establecían que “por sobre todas las cosas una feminista es aquella mujer que quiere ser una persona, un ser humano pleno y cabal, que lucha contra las arbitrariedades e injusticias que la someten o reprimen. No se rinde ante el mundo que le toca vivir sino que por el contrario, pretende transformarlo”.

“La percepción generalizada es que fueron un grupo de desarrollo temprano, y hasta de vanguardia, cuyas acciones cumplieron el objetivo de impactar e interpelar, generando incomodidades, mucha veces incluso en otras mujeres que también se reivindicaban feministas”, explica Viano.

Si la acción callejera constituyó una característica distintiva de las autónomas nucleadas en “Unidas”, el pensamiento, la reflexión y la producción teórica lo será del Grupo de Reflexión Rosario (GRR), conformado en su mayoría por psicólogas que desde 1981 y por diez años se reunieron una vez por semana durante varias horas en un bar.

“Imbuidas de pensamiento psicoanalítico compartían el interés de revisar el lugar de la mujer en la sociedad, particularmente su rol como esposa y madre, las posibilidades de cumplir sus aspiraciones vocacionales, ubicarse en el área del trabajo extra doméstico y su participación política”, expresa la historiadora. Luego se fueron deslizando a otros temas medulares como la sexualidad y la subjetividad femenina.

El grupo reducido permitía la transición de lo personal a lo político y a la vez garantizaba que cada mujer se encontrara lo suficientemente segura para indagar su propia existencia de opresión personal y sobre todo la forma en que se origina la opresión. “La creación de conciencia se planteó como un aspecto decisivo”, dice la docente de la Facultad de Humanidades y Artes.

Hacia 1984, surgió Indeso-Mujer (Instituto de Estudios Jurídico Sociales de la Mujer), grupo integrado por ex militantes de las organizaciones políticas de los 60 y 70 que vivieron la experiencia del exilio externo e interno durante la dictadura e intentaron luego reconstruir intervenciones políticas cuya especificidad las fue deslizando hacia el campo del feminismo.

“Ellas comenzaron a asesorar legalmente a trabajadoras y fueron derivando esa práctica en una línea de asistencia a mujeres víctimas de violencia”, afirma Viano. De hecho la mayor parte de la producción de Indeso se orientó a visibilizar y denunciar las situaciones de violencia que sufren las mujeres. De ello dan cuenta los artículos publicados en su revista La chancleta que comenzó siendo una modesta hojita. Indeso y el GRR confluyeron más tarde en un espacio de articulación concreto: Casa de la Mujer.

Cuando a principio de 1988 el boxeador Carlos Monzón asesinó brutalmente a su mujer Alicia Muñiz, la pelea entablada desde Casa de la Mujer para instalar el problema de la violencia sobre las mujeres no contaba aún con buena predisposición para ser abordada en los medios de comunicación. “Los nuevos lenguajes y categorías para poner nombre a situaciones silenciadas y extendidas por las que atravesaban las mujeres vendrían en una etapa posterior”, destaca la profesora.

A la hora de difundir esta temática y el trabajo que realizaban, estas mujeres enfrentaban otro problema: “Los estereotipos en torno a las militantes feministas, tales como la soltería, la fealdad, la maldad, el odio a los varones, todos disvalores que debían ser enfrentados con una probada heterosexualidad fundada en la maternidad, la bondad y la comprensión”.

La historiadora destaca que en el primer período democrático se produce una ampliación de derechos tales como el divorcio vincular, la patria potestad compartida y la pensión para las uniones de hecho. “Esto se puede leer como un proceso promovido desde el Estado pero detrás de todas esas iniciativas había mujeres organizadas promoviéndolas tanto dentro como fuera de los partidos políticos”, reflexiona. De esta forma comienza una etapa de colaboración con el Estado y la apertura de espacios de atención de la problemática de la mujer.

En Rosario, un primer espacio lo constituyó el Consejo Asesor del Departamento de la Mujer, creado en la órbita municipal en 1988, que fue percibido como una instancia legítima donde hacerse escuchar. Otro fue la revista científica Zona Franca editada por el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres y la Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática de Género de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Para Viano “es imprescindible hoy volver la vista sobre el trabajo paciente de aquellas mujeres que se animaron a generar cuestionamientos muy provocativos para la época, porque allí encontramos ya un germen poderoso de lo que el movimiento de mujeres de Rosario iba a seguir haciendo y diciendo en los años venideros”. Ellas tendieron los primeros lazos con otras organizaciones nacionales y latinoamericanas, gestaron conceptualizaciones y alimentaron debates, ensayaron estrategias de visibilización y, particularmente desde Indeso y Casa de la Mujer, promovieron encuentros regionales y nacionales.

 

El proyecto “Rosario, ciudad feminista” que desarrolla actividades de investigación, intervención y formación pedagógica, está dirigido por Florencia Rovetto, secretaria del Area Género y Sexualidades de la UNR y Sofía Perotti, coordinadora de la Licenciatura en Turismo en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Fuente:Rosario12


Educación pública

El Politécnico cumple 115 años

 
Quince días atrás el empresario Leonardo Peiti se sentó frente a los fiscales que lo acusan como jefe de asociación ilícita en tres jurisdicciones diferentes para contar lo que dice saber, aseguran en su entorno: el día anterior había firmado “un preacuerdo confidencial” para convertirse en arrepentido y a cambio de esos datos obtener una pena de tres años de cárcel y una multa de 536 mil dólares, entre propiedades y efectivo. Tres días más tarde hizo lo mismo, aunque ante la jueza Eleonora Verón, y repitió el discurso, agregan estas fuentes del caso: tres senadores, uno peronista y dos radicales, cobraron dinero que les dio de su bolsillo, Los pagos, dice Peiti, redondearon los 315 mil dólares, aunque a esto le sumó un cuarto senador, también justicialista, a quien asegura haberle abonado a través del fallecido Zar del Juego Clandestino de Rafaela David Perona y monto que no especificó.
Según esta versión, el 9 de septiembre Peiti y sus abogados Luis y Angelo Rossini firmaron un “preacuerdo” de presunta confidencialidad ante los fiscales de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Un día después, el viernes 10, habló hora y media ante los referidos Edery y Schiappa Pietra, la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren y el jefe de los fiscales provinciales Jorge Baclini. Por videoconferencia, el fiscal de Melincué Matías Merlo y los fiscales de Rafaela Gabriela Lema, Diego Vigo (titular regional) y Guillermo Loyola. Y el lunes 13 ratificó lo dicho ante los mismos actores y la jueza Eleonora Verón.
Por Rafaela tomaron parte tres fiscales porque ese es el número de causas contra Peiti que tramitan en esa jurisdicción como jefe de asociación ilícita de la cual David Perona era considerado parte: Vigo y Loyola en un principio no estuvieron de acuerdo, aunque terminaron aceptando rubricar el convenio, añadieron los voceros.
En su declaración, trascendió de allegados al caso, involucró a Traferri: dijo haberle pagado 250 mil dólares en cuotas y, siempre según esta versión, los fiscales pueden comprobarlo con las antenas de celular, ya que fue captado en el momento en que sacó los billetes para uno de esos pagos de Rosental y luego en Ricardone, donde vive el senador sanlorencino.
También brindó “datos concretos” de las reuniones con Traferri tras las detenciones de los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad (quien firmó un abreviado como arrepentido y pronto estará en su casa) y Patricio Serjal (quien está imputado y continúa el proceso bajo arresto domiciliario), de quienes dijo conoció a través del senador sanlorencino.
Ante esta acusación contra Traferri, a quien los fiscales rosarinos pretenden imputar como organizador de una asociación ilícita, por ahora sin éxito, su abogado Oscar Romera negó la acusación, insistió en que hay una persecución política contra su cliente, y dio argumentos por los cuales considera que la figura del imputado colaborador no puede aplicarse en Santa Fe, porque no está reglamentada.
En cuanto a los dos senadores del radicalismo que Peiti involucró, las mismas fuentes precisaron que en el caso de Hugo Rasetto, del departamento Iriondo, dijo haberle aportado 40 mil dólares, la mitad de los cuales entregó en persona, y el resto a través de un allegado. Y que afirmó haberle dado a Lisandro Enrico, del departamento General López, 25 mil dólares, a través del fallecido empleado legislativo Ricardo Paulichenco. Todo, cuatro años atrás, cuando ambos sostenían denuncias contra el juego clandestino, describió, y a la vez sostuvo que tras los pagos “dejaron de ocuparse del tema”.
Al ser aludido por esta imputación, Enrico anunció que se presentará este lunes antes los fiscales de Rosario para pedir que se impute a Peiti, a quien denunció con anterioridad, por falso testimonio. “El abogado Rossini fue el primero que filtró esto”, dijo Enrico a la radio Aire de Santa Fe en referencia a que alguien dio a publicidad este “preacuerdo confidencial”, lo que según los diversos actores vinculados con la causa condicionaría al juez que deba homologarlo, o no. “Esto beneficia a Peiti porque ahora están todos viendo qué dice Peiti. Es un circo”, amplió el legislador radical.
También se refirió Enrico al otro radical apuntado por Peiti, en declaraciones a Radio Eme: “A Hugo Rasetto le pasó lo mismo que a mí. Denunció el juego clandestino y ahora está ensuciado por este delincuente. El abogado Rossini vive del dinero sucio”.
Sobre la filtración del acuerdo, el abogado Romera apuntó contra el titular del Organismo de Investigaciones del MPA y ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, a quien Traferri acusa de perseguirlo a través de los fiscales de Delitos Complejos. En tanto, por esta filtración el abogado casildense Fernando Moschini, defensor del hermano del empresario, Roberto Peiti, fue allanado y la TOE le incautó el teléfono celular.
También dijo Leo Peiti en su declaración, siempre según esta fuente, que un senador del bloque oficialista “le exigió” una suma de dólares para la campaña y que “la tuvo que pagar”. Y que lo hizo a través de su asociado rafaelino, el también fallecido David Perona.
En el punto 10 del acuerdo se habla de que Peiti, además de recibir una pena de seis años que al ser considerado imputado colaborador se reduce a la mitad, pagará una multa de 536 mil dólares: 236 mil en efectivo y 300 mil en inmuebles, aunque el mismo vocero aclaró que “le devuelven la casa de Funes, los autos y teléfonos”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

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