Neuquén. Declararon responsable al
policía Palominos por el disparo que
hirió a Raúl Godoy
Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021
Godoy a la salida de la audiencia en la que se leyó el veredicto de culpabilidad. Foto: Oscar Livera.
Por unanimidad, el tribunal integrado por Mauricio Zabala, Fernando Zvilling y Gustavo Ravizzoli declaró este lunes responsable al policía Sergio Palominos por las lesiones graves que sufrió el exdiputado del PTS-FIT y obrero ceramista, Raúl Godoy, durante el desalojo de la maderera MAM en diciembre de 2017. Se consideró las lesiones agravadas por ser policía y por haber sido realizadas con un arma de fuego.
Los jueces tienen ahora un plazo de cinco días hábiles para entregar los fundamentos de la sentencia y que se fije la audiencia de imposición de pena. La figura por la que lo declararon responsable al policía es la de lesiones graves por haberlo «incapacitado para cumplir sus tareas habituales laborales por un espacio superior a 30 días» y por haberle ocasionado «la debilitación permanente de un miembro».
Además, los jueces evaluaron que fueron producto de un abuso de la función policial y realizadas con un arma de fuego. La acusación también había solicitado incluir como agravante la alevosía, por haber estado Godoy de espaldas, pero el tribunal descartó esa pretensión.
Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 8 de diciembre de 2017. Godoy llegó ese día a la empresa ubicada en el Parque Industrial de Neuquén alrededor de las 7, se presentó como diputado y pidió hablar con el jefe del operativo. Parte del personal de MAM había sido despedido hacía cinco meses y ocupaba las instalaciones a la espera de una solución. Por orden judicial se había determinado que durante el feriado la policía iba a desocupar la fábrica.
En ese contexto fue que Godoy recibió un disparo en su tobillo izquierdo, que le produjo una fractura de peroné. La sentencia que explicó hoy el juez Zvilling destacó la “confiabilidad a las operaciones técnicas desarrolladas» por el perito y doctor en Física del Instituto Balseiro, Rodolfo Pregliasco, las que permitieron identificar a Palominos como tirador.
Fueron once tiros en siete segundos y el último fue el que lo lesionó. Los jueces reafirmaron que «no existía situación que ameritara el uso de armas salvo en forma completamente disuasiva», cosa que ocurrió con los demás policías que efectuaron disparos al aire y hacia arriba, «salvo un arma que efectuó un disparo hacia abajo», la de Palominos.
También aclararon que la actitud de Godoy al recibir el disparo no era de agresión, sino que, en cambio, «su conducta en ese momento era intentar alejar a manifestantes».
La defensa del agente, ejercida por Rubén Casas y Nahuel Urra, había solicitado su sobreseimiento por considerar que hubo «orfandad probatoria» al no haberse podido secuestrar el arma involucrada en el hecho y por evaluar que Palominos cumplió una orden «lícita» al desalojar la fábrica.
Hoy presenciaron la audiencia de forma remota, por la plataforma Zoom.
Godoy dijo al finalizar la audiencia que ahora seguirán «peleando para que haya prisión efectiva y para investigar las responsabilidades políticas». «En este juicio la policía se organizó para mentir y defender al escopetero que me disparó por la espalda», aseguró el exdiputado.
«Como lo dijimos desde un primer momento, acá se puso en juego mucho más que la condena a un policía. Se trata del derecho a la protesta, y en ese sentido, esta condena sienta un precedente. Vamos a llevar la lucha contra la impunidad hasta el final», sostuvo.
FUENTE: Rio Negro
Andalgalá: 5 mujeres imputadas por
defender el agua y suman 17 los
judicializados por oponerse a la
megaminería
Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
El lunes, cinco mujeres que participaron en una sentada en junio contra la multinacional minera Yamana Gold en Andalgalá, Catamarca, fueron imputadas por “daño simple” por hacer una pintada. Mientras, la empresa continua con las exploraciones en los nevados del Aconquija. Con estas cinco imputaciones, son 17 los judicializados tras la pueblada del 10 de abril que culminó con el incendio de las oficinas de la empresa. Desde la Asamblea El Algarrobo denuncian una política represiva para acallar la protesta. Este jueves se realizará una presentación en Comodoro Py para que se avance con la denuncia contra funcionarios públicos y directivos de la minera que «desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglaciar de la cuenca del río Andalgalá.
Según informó la Asamblea El Algarrobo cinco mujeres fueron citadas para informar sobre su imputación por parte de la fiscalía acusadas de atentar contra la empresa minera que lleva adelante el proyecto M.A.R.A. y que busca realizar megaminería en los nevados de Aconquija a pesar de infringir leyes ambientales que incluyen poner en riego el agua de toda la zona, destruir un glaciar y y terminar con la actividades agrícolas-ganadera de sus habitantes y por el otro desconocer la voluntad popular de la población andalgalense que en reiteradas oportunidades rechazo la iniciativa de la multinacional.
Juan Figueroa, abogado de las acusadas, explicó que las mujeres fueron imputadas por daños simples (art.183*) en calidad de coautoras en base a la denuncia de la empresa “la denuncia esta basada en la acusación por pintadas a un establecimiento de la minera durante una protesta en junio de este año. No tienen pruebas solo testimonios de empleados de la empresa de seguridad. Estamos defendiendo a tres de las mujeres que se presentaron, las dos restantes todavía no lo hicieron”.
Recordemos que la multinacional Yamana Gold con el apoyo del gobierno provincial y nacional desató una embestida minera en abril cuando subieron maquinaria al cerro Aconquija para comenzar las exploraciones que hoy superan las decena de perforaciones. En aquel entonces asambleístas y pobladores bloquearon caminos hacia el cerro para denunciar la ilegalidad de la maniobra y el rechazo a la megaminería. Las protestas culminaron con una movilización el 10 de abril con incendios a las oficinas de la minera y con 12 detenidos que hasta hoy continúan judicializados. En aquel entonces la Asamblea denuncio zona liberada por parte de la policía que luego impuso un clima de terror en las calles del pueblo.
Pero las protestas continuaron, en Andalgalá desde el 2009, todos los sábados se sostienen caminatas en defensa del Agua que ya han superado las 600. Luego de intentar por vías judiciales detener el proyecto megaminero en febrero del 2010 una pueblada que fue duramente reprimida impuso a la justicia suspender las actividades “hasta restablecer la paz social”. Hoy, las nuevas acusaciones contra cinco mujeres eleva a los judicializados a 17 y como dicen los asambleístas “es una maniobra de amedrentamiento para acallar la protesta social y avanzar contra nuestro territorio”.
Rosa Farias integrante de la Asamblea El Algarrobo en entrevista con ANRed explicó que “la fiscal Soledad Rodríguez la misma fiscal que en abril detuvo a los 12 compañeros y que fue recusada por nosotros porque anteriormente fue empleada de la minera como sindica y como abogada. Ahora ordenó que concurran cinco mujeres de la asamblea El Algarrobo y hoy vinieron tres ante la fiscalía por una denuncia penal realizada por la empresa proyecto M.AR.A. por daño a la propiedad y daño ambiental. Las hicieron esperar una hora y media y fueron informadas por el secretario de la fiscalía . Estas mujeres fueron acusadas por realizar una sentada frente a la empresa y el “daño ambiental” sería por que hubo una pintada en un árbol. Es asombroso que ellos se atrevan a esto”.
Este jueves asambleístas y organizaciones ambientales y sociales se presentarán en los tribunales de Comodoro Py para que avance una denuncia presentada el 25 de octubre del 2019 ante la Cámara Federal Criminal y Correccional por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Los denunciados pertenecen al Directorio de YMAD: Lic. Ángel de Jesús Mercado C.N Luis de Miguel Justo Daniel Barros El Dr. Domingo Mario Marchese, El Dr. Alfredo Grau, El Dr. Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaria de Minería de la Nación, La Dra. Irma Miranda y el Ing. Ignacio Díaz Zavala de la Sindicatura General de la Nación. Los andalgalenses merecemos saber cuál fue el motivo por el cual los funcionarios denunciados al firmar los acuerdos comerciales para la integración de los yacimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglaciar en la Cuenca del Río Andalgalá habida cuenta de la existencia científica sobre ello. Esto se debe a que ningún funcionario viola la ley gratuitamente. En ese sentido pedimos el Cierre Definitivo del yacimiento minero».
Último comunicado de la Asamblea El Algarrobo sobre la citación a las cinco mujeres imputadas:
BASTA DE PERSECUCIÓN y CRIMINALIZACION DE LA LUCHA POR EL AGUA EN ANDALGALÁ!!.
El día jueves a la noche un grupo de compañeras, vecinas, mujeres luchadoras de nuestro pueblo en contra de la minería a cielo abierto, recibieron citaciones a fiscalía para el día lunes y martes próximos para declarar como imputadas en supuestos delitos de daños de los cuales no se cuenta con información alguna.
Esto demuestra una una vez más la connivencia tan obvia entre el poder judicial, las mineras, el gobierno y otros socios necesarios que ponen en funcionamiento aparatos judiciales y de investigación con el solo propósito de perseguir e intentar amedrentar a quienes defienden el agua y la vida de nuestro pueblo.
Las mujeres de nuestro pueblo, defensoras incansables de nuestros cerros y territorio, una vez más perseguidas y criminalizadas. Que les quede claro: la lucha de Andalgalá es digna y con estos mecanismos persecutorios no hacen más que dejar al descubierto una vez más la complicidad de la corporación minero estatal judicial que no conoce de luchas auténticas, justas y por convicción.
Nos tocan a una nos tocan a todxs!
*Art. 183 del Código Penal: Los daños simples y agravados: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.”
Comunicado de la Asamblea El Algarrobo
La Justicia Argentina está en deuda con Andalgalá. Es por eso que el jueves 30 de Septiembre estaremos reclamando frente a los tribunales de Comodoro Py.
El 25 de octubre del 2019 se presentó ante la Cámara Federal Criminal y Correccional una denuncia por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los denunciados pertenecen al Directorio de YMAD:
Lic. Ángel de Jesús Mercado
C.N Luis de Miguel
Justo Daniel Barros
El Dr. Domingo Mario Marchese
El Dr. Alfredo Grau
El Dr. Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaria de Minería de la Nación
La Dra. Irma Miranda y el Ing. Ignacio Díaz Zavala de la Sindicatura General de la Nación.
Los andalgalenses merecemos saber cuál fue el motivo por el cual los funcionarios denunciados al firmar los acuerdos comerciales para la integración de los yacimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglaciar en la Cuenca del Río Andalgalá habida cuenta de la existencia científica sobre ello.
Esto se debe a que ningún funcionario viola la ley gratuitamente.
En ese sentido pedimos el Cierre Definitivo del yacimiento minero y por lo tanto que BAJEN LAS MÁQUINAS.
“San Juan puede vivir sin oro, pero
NO sin agua”
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
La Asamblea Jáchal No Se Toca emitió un comunicado dirigido al pueblo de esa localidad sanjuanina, tras haber escuchado la palabra de productores agropecuarios en defensa del agua y también de dirigentes de las asociaciones de productores “agrícolas mineros” donde se plantearon medidas tardías a causa de la sequía. Compartimos a continuación el texto difundido por la Asamblea.
1°) Los que defendemos el agua venimos advirtiendo, desde hace dos décadas, la incompatibilidad entre la actividad productiva agropecuaria y la actividad “extractiva minera” en las nacientes de los ríos y en las nacientes de las recargas de los acuíferos.
2°) Desde el año 2004 intentamos democratizar la información sobre las consecuencias nefastas que trae aparejada la actividad minera sobre las fuentes de agua. Ya en el 1° Congreso Argentino en Defensa de los Recursos Naturales (Jáchal-San Juan), sufrimos la censura por parte del Director de Radio Nacional Jáchal Horacio Espejo ( el mismo que en su rol de diputado por Jáchal intentó junto al entonces intendente Jorge Barifusa y al gobernador José Luis Gioja ocultar los análisis de agua en donde se demostraba la contaminación del Río Jáchal por el derrame de cianuro y mercurio en la Mina Veladero en septiembre de 2015).
En ese Congreso surgió un petitorio para el gobernador Gioja en donde se le pedía una consulta popular porque la megaminería traería contaminación y sequía para el pueblo de Jáchal, y era pertinente y democrático que el mismo pueblo decida si quería correr esos riesgos o no. De más está decir que desde ese momento los dirigentes nunca le dieron al Pueblo Jachallero la oportunidad de expresarse al respecto.
3°) En el año 2007, cuando apareció el edicto en donde la minera Barrick Gold solicitaba la concesión de agua para Pascua Lama (30 millones de litros de agua por día), nos opusimos por escrito a esa concesión de agua para uso minero ante el Departamento de Hidráulica con 500 firmas. En esa oportunidad nos fundamentamos en el documento “EL CAMBIO CLIMATICO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE” publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este documento alertaba que el calentamiento en las regiones de las altas cumbres de Los Andes podría conducir a la desaparición de importantes superficies de nieve y hielo, es decir, la criósfera representada por los glaciares en las cumbres de Los Andes estaba en peligro por el cambio climático.
Como respuesta a esas oposiciones por escrito, el día 24 de junio de 2007 el gobernador de entonces José Luis Gioja publicó una solicitada de una hoja en Diario de Cuyo y El Zonda, en donde nos trataba de ignorantes y mal intencionados por defender el agua como recurso vital para nuestro Pueblo. La solicitada fue una amenaza pública para quien quisiera oponerse a la megaminería, porque al día siguiente, en los festejos por el Día de Jáchal, cuatro personas, que habían firmado las oposiciones a la concesión de agua para uso minero, sufrieron la detención policial durante siete horas en la comisaría 21 de Jáchal, la orden fue del mismo gobernador Gioja, el motivo fue haber desplegado en la Plaza pública un cartel que decía “SAN JUAN PUEDE VIVIR SIN ORO, PERO NO SIN AGUA”.
4°) Pero la censura sobre el tema AGUA no era tan solo en San Juan. El día 25 de julio de 2007 y el 24 de enero de 2008 se promocionó por Canal 7, e inclusive por el Diario de Cuyo, que se transmitiría por la Televisión Pública el Documental “Jáchal, cuando ya nadie te nombre”. Las dos veces sufrió la terrible censura político-minera, y no salió al aire por la Televisión de TODOS.
5°) En 2010 comenzamos con los análisis del agua de red y del río Jáchal, gracias a un subsidio que nos otorgó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por la preocupación constante de la afectación que podría producir la producción agropecuaria de Jáchal.
6°) En Febrero de 2015 nos opusimos a que nos destruyeran La Ciénaga con minería de URANIO, también nos enteramos de casualidad de esas intenciones. Y luego, también descubrimos y denunciamos que pretendían destruir el Acuífero de Huachi con megaminería de URANIO.
Logramos parar esas bestialidades todos los jachalleros juntos.
7°) En Septiembre de 2015, presentamos la denuncia penal contra la Barrick Gold por el derrame de cianuro y mercurio en la Cuenca del Río Jáchal. El Juez Oritja procesó a ocho empleados de la Barrick, pero todavía no hay juicio ni siquiera para esos perejiles. Los funcionarios de San Juan (Ing. Felipe Saavedra, Ing. Raúl Tello y el Exgobernador Gioja) y el CEO de Barrick Guillermo Caló quedaron impunes. El Juez Pablo Oritja archivó las causas penales por el segundo y tercer derrame, pero no pudo archivar la causa por el primer derrame porque el Juez Sebastián Casanello procesó a los exsecretarios de ambiente de la nación y está a punto de empezar el juicio oral correspondiente en el Juzgado Federal de la Jueza Servini por ese primer derrame.
8°) QUEREMOS DEJAR BIEN CLARO QUE APOYAMOS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN DEFENSA DEL AGUA y a todos aquellos que defiendan el agua de nuestro pueblo. No entendemos la necedad de los dirigentes que quieren seguir defendiendo la política minera del gobernador Uñac y del Presidente Fernández ( y sus antecesores), por más que pueden palpar la sequía que sufrimos y que se acrecienta por la actividad extractiva.
9°) Repudiamos al Presidente de la Junta de Riego de Jáchal Eduardo Alonso, al Presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Jáchal Jorge Roldán, al Jefe de Hidráulica en Jáchal Danilo Vera, al Director de Hidráulica Ing. Oscar Coria, al Intendente Miguel Vega, al Diputado por Jáchal Jorge Barifusa y al Concejo Deliberante de Jáchal por no oponerse decidida y claramente al Proyecto Megaminero Josemaría que va a consumir 272 millones de litros de agua fresca por día de la misma Cuenca del Río Jáchal. ¡¡¡NECIOS!!!
Que se entere toda la Argentina y nuestra América Latina de lo que padecemos como Pueblo por haber caído en el canto de sirenas de la megaminería. La sequía se agrava porque la mina de oro Veladero quema más de Trecientos mil litros de gasoil por día en plena cordillera, generando una grandísima huella de carbono por la emisión de gases de efecto invernadero en el corazón de la montaña, sitio que cobija los glaciares que se van arruinando más aceleradamente. Además de la destrucción directa de los glaciares y áreas periglaciales por parte de las faenas mineras, estas empresas canadienses y chinas generan un calentamiento local en la Cordillera de Los Andes, forjando las condiciones necesarias para que no haya nevadas suficientes, y así agudizan la sequía en la Cuenca del Río Jáchal.
Hemos informado.
Hemos advertido.
Hemos denunciado.
Estamos resistiendo.
Plenamente convencidos de que solo podremos salvar lo que queda si estamos juntos, pedimos a cada jachallero tomar conciencia y asumir la defensa del territorio, vamos juntos, por Jáchal, por la vida.
Cuando se “le baja el precio” a la
denuncia de la mujer
Por Valeria Romero*, Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
Durante todo el día del 22 de septiembre las redes sociales, los medios digitales provinciales y nacionales reprodujeron un video que es parte de una investigación judicial. Se puede ver como en una calle céntrica de Resistencia un varón persigue, derriba a una mujer y la patea cuando ella está en el suelo. En la noticia, relatada por los portales, se da cuenta de que el agresor es un reconocido ginecólogo.
Muchas personas de mi entorno comentaban la noticia poniendo el acento en que se trataba de tal médico, de gran prestigio y de que ella le había rayado el auto. Cuando decidí leer las publicaciones me llevé una desagradable sorpresa. Eran las declaraciones del fiscal las que daban cuenta del detalle del daño al vehículo.
Resaltadas en negritas, las palabras de Jorge Cáceres Olivera apuntaban a explicar que fue la mujer la que se acercó al varón y que habían discutido “por un vínculo interrumpido, el profesional quiere subir a su auto y ella le rayó el capot con una llave”. Automáticamente, en el imaginario de la persona que lee aparece la justificación para el agresor. Son las declaraciones del funcionario las que desvían la atención hacia la víctima y su supuesta conducta anterior. Es lo que se suele denominar la construcción de la “mala víctima”. Este concepto induce a pensar que no merece justicia ni la empatía de la sociedad. Nos disciplina también a las mujeres e identidades diversas, nos obliga a pensar que si no nos enojamos, no reaccionamos, no va a venir un varón a agredirnos.
Con estas palabras el fiscal opera sobre la comprensión del hecho y allí aparece el sentido común, atravesado por la cultura machista, que busca culpar a la mujer. Ella es la loca, la despechada, la irracional, la que se lo buscó.
La mirada se desplaza del brutal hecho de violencia cometido por el médico a las conductas anteriores de la víctima. Es el mismo funcionario, una persona con poder, el que inclina la balanza en contra de la mujer. Ni siquiera ocupa el término imputado. Se refiere al agresor como el “profesional”.
Lo que resulta aún más peligroso en el comportamiento del funcionario es que él está designado en fiscalías especializadas en violencia de género. Esas fiscalías se crearon en 2019 para brindar mayor celeridad y aunar criterios, porque “hoy todo tiende a la especialización en los temas que más golpean y la violencia de género está en el eje de la escena judicial en nuestra provincia”, según declaraciones del Procurador General, Jorge Canteros, a un medio radial. Las designaciones, afirmaba el titular del Ministerio Público Fiscal, se realizaron teniendo en cuenta la formación en perspectiva de género. La realidad es que esto es muy difícil de comprobar. Las tres fiscalías ya venían en funciones y no se abrió un concurso específico en el cuál se pudiera evaluar la capacitación o formación requerida para esta tarea. Inclusive, sería bueno agregar ahora una audiencia pública para hacer preguntas sobre qué es lo que entienden por perspectiva de género.
¿Cómo se espera que se comporte un fiscal especializado en violencia de género? La expectativa es que trabaje para sostener los testimonios de las denunciantes. Así dicen todas las recomendaciones realizadas por los organismos que abordan la falta de acceso a la justicia de las mujeres e identidades diversas. No entiendo cómo pudo haber sido elegido en el cargo si en una declaración periodística le “baja el precio” a la denuncia de la mujer.
*Abogada, Magister en Gobierno y Economía Política, Diplomada en Estudios Feministas
El primer 28S con aborto legal
Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
Desde el año 1990, cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, un derecho conquistado en nuestro país el 30 de diciembre de 2020.
A 31 años del primer Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe (más tarde conocido como “Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”), las muertes producidas por abortos clandestinos continúan siendo una realidad en el mundo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos peligrosos, mientras que entre los años 2010 y 2014, cerca del 45% de las interrupciones de embarazos fueron riesgosas. Casi todos ellos ocurrieron en países en desarrollo.
Según el organismo, “es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo de las complicaciones”.
En nuestro país, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un derecho conquistado desde el 30 de diciembre del 2020, cuando la Cámara de Senadores sancionó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una normativa vanguardia en la región y el mundo.
Esta ley fue el producto de decenas de años de lucha del movimiento feminista argentino, que gracias a su masividad se posicionó en el centro de la escena. El primer proyecto se presentó en el Congreso en el año 2007 de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Acceso al Aborto, sin éxito alguno. Más de diez años más tarde, en 2018, la iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara Baja, pero en agosto de ese mismo año fue rechazada en el Senado.
A través de los años, las históricas vigilias y movilizaciones en la puerta del parlamento se volvieron una tradición, y la marea verde se extendió por distintos países del continente Latinoamericano. Tal es el caso de Chile, México, Honduras, Brasil o Guatemala, que al día de hoy levantan sus pañuelos verdes para exigir que se respete el derecho a la soberanía sobre el cuerpo de cada persona gestante.
El país del aborto legal
Desde la aprobación de la IVE, Amnistía Internacional relevó que “de un total de treinta y cinco acciones iniciadas con el objeto de suspender la legislación, diecinueve han sido declaradas inadmisibles; seis de esos rechazos están confirmados en segunda instancia, y solo 7 continúan en trámite”, aunque “ninguna ha tenido un impacto concreto en la vigencia de la ley”.
“Con la aprobación de la ley de aborto, Argentina ha sabido posicionarse como un país faro en la región. Sin embargo, no se ejerce un derecho que se desconoce y en épocas complejas más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En ese sentido, el organismo advirtió que “en Argentina el acceso al aborto presenta un mapa desigual y selectivo”, ya que “en las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado”, sumado a aquellos profesionales que se declaran objetores de conciencia y se oponen a realizar el procedimiento.
No obstante, la Ley 27.610 establece en su artículo quinto que “toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”, a lo que el décimo artículo añade que, en el caso de que el profesional que debería realizar el aborto sea objetor de conciencia, deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”.
El Ministerio de Salud puso a disposición la Línea salud sexual 0800 222 3444 para denunciar cualquier tipo de violación al derecho al aborto. El número corresponde a una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial que brinda información de forma integral a toda la población.
Foto de portada Barbara Leiva Fuente: Notas del periodismo popular
Matar al mundo: Chaco, el desmonte
amazónico que sufre el país
Por Saverio Lanza, Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
El desmonte es un ecocidio. Se practica mediante el “cadeneo”, una cadena inmensa, arrastrada por dos topadoras, que no sólo arrancan árboles precoloniales, sino también fauna y pueblos originarios. Este salvajismo está censurado en los medios de comunicación masivos porque atañen intereses económicos tanto estatales como privados.
Digamos, el tamaño de una pelota de fútbol. Una de las número cinco. Las profesionales. Digamos que no es de cuero sintético, sino que se convierte en un eslabón de hierro fundido. Ese eslabón se multiplica por docenas, tal vez cientos. Y en cada punta, una inmensa topadora empuja y empuja. Arrastra y arrasa. Parece un cuento de la mitología posmodernista, forjado por una imaginación febril. Pero no. Así son los desmontes. Así de salvajes. Así pasa -por ejemplo- en Chaco.
Así es la destrucción del bosque. Así se produce el acaparamiento de tierras. El Estado local -junto a corporaciones privadas- avanzan con la destrucción del bosque. En el medio, familias que -desde hace generaciones ocupan tierras con bosques- están viendo vulnerados sus derechos y el bosque nativo. Aparecen máquinas destruyendo todo lo que ven y lo que no ven, para el avance extractivista. Es sistemático, y es un crimen del que los estados son responsables.
Desde la organización Somos Monte Chaco lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo. “Esos son eucaliptos, llegan de Misiones o Corrientes. Van a la playa ferroviaria de Resistencia. Cargan a los vagones. Y luego a los buques. Una vez que devastan el bosque nativo, lo que sigue es la produccion industrial de soja y -en menor medida- de vacas (criadas a modo industrial, no como hacen indigenas y criollos que las tienen sueltas y cazan sus propias vacas).
El cambio radical se produjo a fines de los años 90, cuando se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Los beneficios que otorgó esta ley a las empresas forestales fueron el subsidio de toda la línea productiva, la exención de impuestos inmobiliarios por las tierras sembradas y del pago de ingresos brutos, la devolución del IVA y la amortización del impuesto a las ganancias, “estabilidad fiscal” por 30 años -lo cual significa que no se les podrá aumentar la carga tributaria-, y además, reciben un subsidio denominado como “apoyo económico no reintegrable”, lo que en síntesis significa que el Estado cubre los costos de implantación del negocio. Esta ley vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada a otros diez años por el Congreso Nacional, en noviembre de 2008. La provincia de Chaco se empezó a preparar para implantar eucaliptos y generar así materia prima alternativa con el fin de “preservar el bosque nativo”, por así decirlo. Lo cierto es que se trata de un virtual ecocidio. Etnocidio también. Los pueblos originarios que viven integrados a esos bosques son arrasados por la mega cadena que arranca vidas y más vidas. De cuajo, sin contemplaciones de ningún tipo.
Dardo y Mica pertenecen a Somos Monte Chaco. Reflexionan a diario sobre esta problemática. Llevan una vida de lucha en defensa de ese espacio medioambiental. Conocen al dedillo acerca del desmonte, la ley de bosques, la destrucción de biodiversidad. Del saqueo y despojo de tierras. De la sequía. De la emergencia hídrica. De la deforestación en Latinoamérica. De las cadenas de destrucción y medidas cautelares. Del laburo en red y colectivo. De defender las instituciones democráticas y el derecho a la información. De la tenencia de la tierra. De la protección de los bosques, el agua y el aire. De la identidad cultural de las comunidades y el territorio. De organizarse, educar y difundir. Del convenio 169. De la industria ganadera y agricultura intensiva. De los loteos inmobiliarios. De las factorías de cerdos, acuerdos y contaminación. De las evidencias científicas. De la conservación de los bosques nativos. De las acciones en colectivo. De los derechos fundamentales y lo funcional al extractivismo. De la interpelación al status quo hegemónico y destructivo.
Dardo es italiano, desde 2013 reside en Argentina. Señala que “la deforestación no es algo que ocurre solamente en Chaco, y a la vez no solamente afecta a toda la Argentina sino al planeta completo. En 2018 se conformó la organización Somos Monte Chaco, inspirada en la misma organización que nació en la provincia de Córdoba, donde hubo una importante movida con la Ley de Bosques. Y todo nació porque se estaba empezando a hablar de la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo, que es el mapa que regula qué tipo de actividades se pueden hacer en cada tipo de bosque de la provincia de Chaco, es decir cuáles bosques se pueden -de alguna forma- ‘sacrificar’ según la óptica desarrollista, y cuáles otros bosques deben ser utilizados sosteniblemente, o cuáles no pueden ser tocados. Estas son las tres categorías que existen. Es similar a los proyectos de zonificación de la minería. La ley de bosques -que es la ley 26 331- establece estas tres categorías, identificadas con los colores rojo, amarillo y verde, que marcan los valores de conservación. En particular la categoría verde es la que permite el desmonte”.
Dardo frena en su alocución y advierte: “Quiero aclarar bien cuál es la diferencia entre el desmonte y el aprovechamiento forestal. Mucha gente confunde la tala con el desmonte. Los camiones son lo que la gente ve. Pero éstos son apenas la punta del iceberg. Porque detrás de los camiones están las topadoras que trabajan con el sistema denominado “cadeneo”. Y cuando uno ve pasar los camiones con los troncos encima, reitero, son la punta del iceberg. El desmonte se realiza con dos topadoras similares a las que se utilizan para demoler edificios, enormes máquinas a las que se les ata una cadena con eslabones como las de los barcos de carga, eslabones grandes como la cara de una persona, de 50 metros de ancho, las cuales vienen siendo arrastradas por el piso por estas dos topadoras, que arrasan con todo lo que se encuentran. Y hablamos de miles de hectáreas. No se utilizan las motosierras o cosas parecidas. Con esta técnica son capaces de destruir un bosque grande como la Ciudad de Buenos Aires, en apenas días o semanas. Y esto es lo que está permitido por la Ley de Bosques en la categoría verde. Con lo cual, se calcula que se pierden unos 200 árboles adultos por hectárea, y un promedio de 30.000 hectáreas por año, solamente en la provincia de Chaco, es decir unos 6 millones de árboles”.
Mica es Micaela Camino, Doctora en Biología, integrante de Somos Monte, Redaf y directora de Proyecto Quimilero. Ella especifica que “cuando se realiza el cadeneo no solamente se arrasa con los árboles sino que también destruyen la biodiversidad y la fauna. Allí viven animales que muchos de ellos son endémicos, es decir que solamente viven allí. Yo trabajo en el Proyecto Quimilero”.
El pecarí quimilero, taguá o pecarí del Chaco, conocido como el jabalí solitario u orejudo, chancho moro o collarejo, es una especie amenazada que solo existe en el Chaco seco, “y cuando desaparece el bosque el bicho también desaparece. Y a estos desmontes muchas veces lo acompañan con quemas, que las hacen desde afuera hacia adentro. Con lo cual es una tragedia para cualquier ser vivo porque no hay manera de escapar de eso, porque son animales silvestres, y a veces es el ganado de la gente vecina al lugar que se está desmontando. Es una aberración. Un verdadero horror. Esto está prohibido. Pero es violado sistemáticamente como tantas otras normas ambientales en el Chaco. Y aunque no se produzcan las quemazones, cuando desaparece el monte desaparecen las especies. También desaparecen los servicios y las contribuciones a nuestro bienestar y a la supervivencia que nos brindan. Ellos -las especies- regeneran el bosque dispersando las semillas y definiendo qué especies vegetales crecen y dominan el sistema. Además son especies que remueven el suelo y lo oxigenan. Es decir que todas estas especies que desaparecen contribuyen a la degradación del suelo. Entonces se pierde el componente orgánico que permite que el suelo sea fértil, impide conservar la regulación climática y esto es algo de lo que en la provincia del Chaco ya estamos viendo los resultados. Para nosotros, no ayuda al cambio climático. No puede ser que haya 40 grados de calor en pleno invierno. Después de una sequía de 2 años, no tenemos más río Paraná. En el Chaco seco estamos viviendo el segundo año de sequía, con el suelo erosionado cuando llueve, no puede retener el agua. Esta se escurre y se inunda. Es una catástrofe ambiental lo que estamos viviendo”.
Dardo remarca que “la mayoría de los árboles que se tumban, están allí desde antes de que llegase el hombre blanco al Chaco. No es algo que creció ayer. Incluso hay árboles que son anteriores a la llegada de Cristóbal Colón a América. De ahí la significación. En consecuencia, no existe una ‘reforestación’, no hay una forma de remediar esto. Estos son bosques nativos y primarios, que nunca fueron intervenidos a lo largo de la historia humana y que solo tuvieron una presencia compatible con su desarrollo en la presencia de los pueblos originarios. Y vale aclarar que no estamos hablando de algunos pocos árboles, sino que están desapareciendo regiones enteras. En los últimos 13 años, según un informe de WWF -World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza- en la región del Gran Chaco -lo cual incluye una parte de Bolivia y una parte de Paraguay, aunque la mayoría se concentra entre Argentina y Paraguay en lo referido a la deforestación- se han perdido cinco millones de hectáreas.
Según datos recogidos hasta julio de 2020, se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 20 años en la Argentina. El 87% se perdió en el parque chaqueño, el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas. El 43% de esta pérdida fue durante la vigencia de la ley 26.331, conocida como Ley de Bosques y sancionada en 2007. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los datos sugieren que, hasta 2015, los instrumentos de gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la tasa de deforestación, pero luego volvió a crecer.
A partir del 2016, -indica el informe-, la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos (especialmente de soja) incentivó el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos en detrimento de la superficie de bosque nativo, especialmente en la región chaqueña. Esto provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo.
Mica añade que “hay quebrachos que tardan 200 años en llegar a la adultez. Estos bosques crecieron en una circunstancia ambiental diferente a la actual. Las exploraciones llevaron a cabo desviaciones de cauces de ríos, instrucciones de humedales, se empieza a canalizar las aguas, los pueblos originarios tenían trayectos marcados en las diferentes zonas en sus migraciones, donde había aguadas que ellos mantenían, preparaban, cuidaban, las cuales se iban sosteniendo gracias a la cultura de estas personas, mantenían estas aguas superficiales al igual que las pasturas, y cuando se comenzó a modificar ese sistema las condiciones también se modificaron. Toda esa humedad se perdió absolutamente. No se puede regenerar un bosque en el cual los árboles tardan 200 años en crecer. Además las condiciones que estaban para que esto sucediera ya no están más. La diversidad animal del monte también necesita de ese sostén del ecosistema de bosques. Los árboles no son postes con algo verde arriba, es todo un sistema interactuando, un sistema vivo, de hecho la ley de bosques toma a los bosques como un organismo mayor, formado por distintas interacciones y seres. Cabe destacar entonces que lo que se está destruyendo va mucho más allá de lo que se imagina. Esta destrucción no tiene licencia social. Las personas que habitan el monte, ya sean de pueblos originarios o pequeños productores de familias criollas, no son las que realizan el desmonte, sino que es realizado por grandes empresas que obligan a las gentes a salir de sus casas, que literalmente los corren con las topadoras, que se meten en sus bosques y en sus casas, y las autoridades están absolutamente informadas de esto y no toman ninguna determinación al respecto. El corolario de todo esto es que la población pierde el monte nativo a cambio de nada. Y hay cada vez más hambre. Y hay una concentración de poder completamente absurda. Además de no saber a quién recurrir”.
“Lo único que tenemos a mano para poder combatir el desmonte es informarse y organizarse”, acota Dardo. “Se debe ejercer presión sobre todos los gobiernos. Tanto locales como nacionales y organismos internacionales. Plantar árboles no es ninguna solución. Si todos los habitantes de la provincia del Chaco plantaran uno o dos árboles por año, no podríamos recomponer la destrucción que se lleva a cabo en los desmontes. El problema no es el árbol sino lo que contiene el bosque. Tenemos que defender lo que sigue existiendo y no pensar tanto en reforestar, y hacerlo de forma organizada, informándose e informando”.
Mica sostiene que restaurar es importante. Y qeu es responsabilidad de la persona que violó la ley. Aunque admite que “no se soluciona con la reforestación, porque no es lo mismo plantar un eucaliptos donde había un quebracho. Acá hay responsabilidades tanto económicas como penales. Es un crimen lo que está ocurriendo, y deberíamos tratarlo como tal. El trabajo de la lucha ambiental es fundamental. En Somos Monte estamos trabajando desde hace menos de 2 años. Yo vengo realizando chequeos cuantitativos desde hace muchos años y cabe destacar que se venía desmontando una determinada cantidad de bosques, y desde la aparición de la lucha medioambiental de Somos Monte, comenzó a bajar. Ya bajó con la primera medida cautelar que logramos en la justicia, que posteriormente fue cajoneada, y sin embargo tuvo un efecto. Y si bien a veces la cantidad de desmonte remonta, y nunca dejaron de desmontar, hemos logrado disminuir esa cantidad. Está claro que esto no es suficiente. Pero al mismo tiempo hemos logrado que la justicia haya prohibido los desmontes, tanto la ejecución del desmonte como la entrega de permisos de desmonte. Es decir que el desmonte con topadoras está prohibido por la justicia. No así por la ley. Y esto ha sido logrado por la lucha de un montón de organizaciones. Se pueden hacer muchas cosas, lo que no podemos hacer es esperar que el Estado lo solucione porque eso no va a ocurrir. El Estado es cómplice. Lo que nosotros tenemos que hacer es avisar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a toda la gente, organizarnos, con el objetivo de llevar a cabo una acción que impida la continuidad de los desmontes. Y empezar a hacer lo que se nos ocurra porque nadie tiene una receta para solucionar esto. Ahora, si una empresa quiere venir a desmontar y hacer un negocio, con tantos ojos encima, quizá se vaya hacia otro lado. Esto tiene que ser una construcción colectiva. Lo que sí no podemos hacer es sentarnos a esperar que nos maten, no es justo”.
“El gobierno del Chaco está absolutamente desentendido del tema del desmonte. Capitanich no nos ha recibido. Le llevamos más de 10 mil firmas sobre este tema y no le importó. Hemos solicitado pedidos de informes sobre diferentes temas ambientales y nunca los ha facilitado. El Chaco es una provincia en la que no se sabe cuántas familias campesinos, criollas, originarias existen y viven en el monte. No sabemos cuántos son. No sabemos dónde están. No tienen seguridad de la tenencia de su tierra. Deberían tenerla, porque se encuentran allí desde siempre. Sin embargo hay espacio para las fábricas chinas de cerdos. Ellos sí tienen su espacio. Iban a contaminar el agua, que escasea a rabiar en la provincia. Y en el país también. En el Chaco la gente saca agua con baldes para darle de beber a sus animales en las granjas. Y esta práctica se extiende durante todo el día porque no hay agua. Pero espacio para fábricas chinas de cerdos va a haber. Sinceramente, es un chiste macabro. Es decir que la poca agua que tenemos la van a contaminar con estas fábricas, agua que ya está contaminada por los pesticidas y agrotóxicos de los monocultivos que vienen detrás de los desmontes. Pensar en todo lo que hay que desmontar para alimentar a esos chanchos es una locura, con lo cual es inentendible qué es lo que le pasa por la cabeza a estas personas“, señala Mica.
Dardo agrega en este sentido que “las fábricas porcinas de China son un modelo que ya existe, contamina, y es una industria que China se quiere sacar de encima en su propio territorio. China tuvo una peste porcina, lo cual devastó la producción de cerdos en ese país. Lo que están tratando es de externalizar los riesgos y por eso es que la quieren traer a la Argentina. La alternativa a todo esto es la producción familiar, el pequeño y mediano productor. Y esto es lo que Argentina debería apoyar desde el Estado, y tratar de hacer crecer, y no una mega industria que viene desde el exterior con promesa de inversiones que no existe, y que solamente va a redituar ganancias para China, en este caso. Se debe entonces construir desde abajo un tejido social de productores locales, y claramente esto es algo que lleva tiempo y nadie quiere soluciones lentas.
Mica asiente y ratifica: “A la vez, a nadie le conviene desconcentrar el poder. Así es el caso de la soja, son pocas empresas y nada más, hacen todo ellas, tienen el pool de siembra, se quedan con los campos, después hacen el aceite, luego lo exportan, y son siempre los mismos. El poder está absolutamente concentrado. Y no lo digo yo, lean los informes oficiales. Lo mismo ocurrirá con las industrias porcinas. En el Chaco, el tejido social de productores locales ya existe, lo que ocurre es que no hay decisión política de apoyar a estos sectores”.
“Como ciudadanos y ciudadanas nosotros tenemos derecho a la información. Es decir que si nosotros queremos saber cómo es el acuerdo porcino, tenemos derecho a saberlo. Al igual que sobre la megaminería o cualquier otro tipo de explotación del medio ambiente. Y ese pedido de información debe ser entregado a todas las oficinas del Estado en que vos crees que puedan llegar a tener algo de información sobre el tema que vos estás necesitando, porque la verdad es que no sabemos a quién hay que pedirle ciertas informaciones. Por lo tanto lo mejor es pedírselo a todas las áreas. Cada sector tiene un cierto tiempo para responder esta solicitud de información. Y tienen la obligación de responder. En caso contrario esa solicitud de pedido, sellada por el Estado, te queda como un documento, un antecedente legal de que no te respondieron en tiempo y forma, y que el Estado falló e incumplió. En la experiencia que yo tengo en Somos Monte, puedo decir que yo creía que vivíamos en una democracia, con defectos y virtudes, pero en una democracia al fin. Sin embargo me di cuenta que no es así. Vivimos en cualquier cosa. Una pide información y no se la dan. Una va a una audiencia judicial y la gente de la oficina de bosques entra y sale de las oficinas de los jueces. Esto no quita que una debe ejercer sus derechos como ciudadana. Pero es una situación absolutamente desmoralizante. El Estado no funciona para nada. Por eso es que tenemos que ser un montón y que tenemos que salir a la calle, a defender nuestros bosques. Son muchos los frentes. Es estar, salir a la calle, informar, informarse, y están los tres poderes del Estado con los cuales se puede interactuar. Nosotros somos de la idea de que debemos juntarnos entre muchas personas. Tenemos que encontrar cómo ser felices en la diversidad. Y cómo interactuar para construir desde abajo hacia arriba. Porque a la inversa, desde arriba hacia abajo, lo único que van a querer es pisarnos”.
Entre 2016 y 2018 la tasa de deforestación volvió a aumentar. El 87% de la pérdida de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14 %) y Formosa (13%). Entre 2008 y 2018, el 47,2% de la deforestación -unas 845.832 hectáreas-, correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría verde. El 52,8 % -unas 946.769 hectáreas- se produjo en las categorías rojo y amarillo, es decir, en áreas que la ley prohíbe. Además, se perdieron unas 983.467 hectáreas en bosques no incorporados en los ordenamientos provinciales. Las causas de la deforestación -principalmente- son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural. La deforestación ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones.
Además, disminuye la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad, entre ellos: la polinización de cultivos y flora nativa, la dispersión de frutos y semillas, la regeneración natural de bosque, incluyendo los árboles leñosos de interés forestal, el control biológico de plagas de cultivos, la resiliencia hidrológica de los ecosistemas naturales y cultivados y la diversidad genética de las especies nativas de plantas y animales.
También afecta la formación, fertilidad y disponibilidad de suelos, el valor estético de los bosques, la provisión de leña, madera, recursos alimenticios y otros bienes de consumo esenciales para las comunidades locales.
El informe, denominado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, fue realizado por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a través de la Dirección Nacional de Bosques y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Ingenieros Forestales de Chubut (Link al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de la República Argentina).
El mismo indica que en los bosques nativos viven 5.064.918 habitantes (13% del total país). Hay unos 7.278 parajes (69,8% de los parajes del país) dentro del Ordenamiento Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) y se calcula que del 13% de la población del país que cumple con al menos un indicador del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el 8% vive en los departamentos con Bosques Nativos.
En tanto, del Mapa de Pueblos Originarios, se determinó que el 65,6% de las comunidades indígenas registradas en el país están dentro del OTBN. El modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
No hay convivencia posible. O son las topadoras o es el bosque. O son los negociados entre privados y el Estado, o es la vida del pueblo. O es la vida, o es la muerte. La lucha está servida.
Fuente: La tinta
Se realizó radio abierta y Pañuelazo
de la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
frente al Congreso
Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
El 28 de Septiembre, es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal en América Latina y el Caribe: las feministas de la región trascienden las fronteras en la exigencia de sus derechos. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó una radio abierta y un pañuelazo las 17 horas en Congreso (CABA). También se realizaron actividades en otras plazas del país exigiendo la efectividad aplicación del aborto legal en todo el territorio nacional.
Fotos: Julia Mottura – Resumen Latinoamericano
Palabras de Nina Brugo, abogada, histórica militante feminista y una de las redactoras del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito:
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Hacemos historia y construimos futuro: desde la Declaración de San Bernardo en 1990, cuando se estableció este día de lucha feminista, el compromiso es creciente e ininterrumpido. Cada 28 de septiembre el movimiento feminista de toda la región confluye en acciones coordinadas, desde una pluralidad de voces que visibilizan nuestra heterogeneidad identitaria, cultural y diversa, que se enmarcan en la lucha por garantizar nuestros derechos.
Nuestro espacio de confluencia, la Campaña 28 de Septiembre por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe se propone exigir las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y con los cambios jurídicos necesarios que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de la región y el mundo. A la vez que nos unimos en un grito global denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el acceso a abortos seguros, permiten la tortura física y emocional, la negación de servicios adecuados. La preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria basada en el género, los estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio.
Nuestra demanda por aborto legal es un posicionamiento político transformador. Este movimiento que lucha ininterrumpidamente conquista en las calles sus derechos. Como el 30 de diciembre de 2020 conquistamos la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Hoy nos encontramos organizadas por su efectiva implementación en cualquier punto de nuestro territorio. Luchamos por cada persona presa por abortar, en cada presentación obstaculizadora ante la justicia por parte de los fundamentalismos religiosos, por más capacitación sobre la ley a les profesionales de la salud, por cada niña obligada a gestar – parir – criar, por el acceso a métodos anticonceptivos, por la plena implementación de educación sexual integral en nuestras escuelas, por cada lucha verde en el continente.
La lucha por la despenalización y legalización del aborto cimienta y vela por la emancipación, nos permite el reconocimiento ineludible a cada una de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su destino, maternidad y proyectos venideros, sobre el goce y su futuro. Es el Estado el que debe generar las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos.
En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual. Existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Guyana, Argentina y tres estados de México. En Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela contamos con la despenalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está totalmente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
Atravesamos las fronteras. Nuestra lucha marcó una bisagra en la historia de nuestro país, alimentado por la progresiva disrupción latinoamericana y caribeña que asume una identidad propia, en la que ganamos organización, en la que nos hacemos ver y nos hacemos oír, en la que irrumpen más feminismos en las calles, en los medios de comunicación, en las redes, en cada espacio de debate público. Ganamos la movilización internacional que sostenemos inquebrantablemente con pañuelazos verdes.
Nuestras ancestras nos marcaron un camino, desde 1990, este día encarna para las latinoamericanas un símbolo de soberanía de los cuerpos: “Legalización del aborto. Libertad para decidir”. Luchar por nuestros derechos nos hace libres.
💚 EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR 💚
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