Los jueces en el veredicto que condenó a Guille Cantero y otros
"Son hechos sin precedentes en nuestro país"
Así se expresaron al condenar a Cantero a 22 años de prisión por instigar los ataques a balazos contra objetivos judiciales en 2018. Otros seis recibieron pena.
Con un análisis sobre la situación social, la violencia y las organizaciones delictivas, la Justicia condenó ayer a Ariel "Guille" Cantero y otras seis personas por la saga de balaceras cometidas entre mayo y agosto de 2018 contra objetivos judiciales. Acusado como instigador de 7 de los 14 ataques juzgados, Cantero recibió su séptima pena, esta vez a 22 años de prisión. La misma se unificó en 28 años y 8 meses, con la sentencia que le impusieron el año pasado por amenazas telefónicas a un ex juez. Los otros seis imputados recibieron penas que van de 20 a 7 años de cárcel.
"Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en nuestro país", dijeron los integrantes del tribunal en su resolución. "Aspiramos a que éste sea un punto de inflexión, un hito a partir del cual se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas", expresaron en el veredicto que se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Centro de Justicia Penal. Es que ese edificio, donde durante un mes se realizó el juicio, fue baleado dos noches antes del inicio del debate a fines de agosto.
Tras escuchar la resolución, los fiscales Matías Edery, Miguel Moreno, Gastón Ávila, quienes imputaron los hechos sobre el móvil de la "intimidación y amedrentamiento hacia los magistrados que debían decidir cuestiones relacionadas con Cantero en sus causas penales", manifestaron conformidad. Los acusados escucharon el veredicto vía zoom, desde sus lugares de detención.
Además de Cantero, fueron condenados Matías César y Lucía Uberti, a 20 años de prisión; Daniel Delgado, a 12 años y 6 meses, que se unifica en 33 años y seis meses con la pena que cumple por el triple crimen de villa Moreno cometido en 2012. Leonardo "Chulo" Olivera, recibió pena de 11 años; Daniel Chavez, fue penado a 7 años; y Leonel Fernández, a 8 años. "Las penas se ajustan en aproximación con lo que solicitamos", dijo Moreno. Al mismo tiempo, los fiscales analizaron que "la venta de violencia es rentable y se debe a la diversificación de los negocios".
Si bien el tribunal integrado por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria dará a conocer los fundamentos del fallo en los próximos días, hizo algunas apreciaciones. "La Fiscalía presentó un caso complejo, con hechos vinculados entre sí, no sólo por la sindicación de Cantero como instigador en al menos siete, sino por conformar una saga que sólo puede comprenderse si se la enmarca en el contexto en que ocurrieron. Se inician entre el veredicto condenatorio (por la causa seguida a Cantero y otros integrantes de la banda de Los Monos por asociación Ilícita), el traslado de Cantero dispuesto por la justicia federal hacia una unidad penitenciaria federal de Chaco (en mayo de de 2018); y finalizan con la detención de César y Uberti (en septiembre de ese año)", contextualizaron.
"El análisis de la prueba permite tener un panorama sobre el cómo, quién o quiénes y por qué materializaron los hechos. Se demostró que los objetivos agredidos se vincularon a dos de los jueces que integraron el tribunal que condenó en primera instancia a Cantero (en 2018), y a dos de las magistradas que integraron el tribunal de apelación, como también a dos comisarios del equipo de la pesquisa de aquella causa". También fueron blanco "el edificio del Centro de Justicia Penal, la entonces sede del Ministerio Público de la Acusación y de la Policía de Investigaciones", recordaron.
Para el tribunal hay "similitud entre todos los hechos". Y consideraron "acreditado que Cantero tenía vinculación directa" con los demás imputados. "Desde su lugar de detención, se comunicaba con Delgado, César y Olivera para orquestar los ataques", dijeron.
En su análisis, plantearon que hay situaciones de violencia "donde la vida propia ni ajena tiene valor". Sobre los involucrados, señalaron que "son precisamente aquellas actividades teñidas de violencia amedrentamientos, usurpaciones, uso de armas, comercio de estupefacientes, como demostró la prueba, las que signan el tipo de relación que los unía".
En ese sentido, reflexionaron: "Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en nuestro país. En un lapso de cerca de 90 días se llevaron adelante doce ataques con armas de fuego que no tuvieron como objetivo principal a personas, sino a las instituciones que representan (...). Un poder el de la violencia y el miedo confrontando, desafiando y negando el poder del Estado, que no es otro que el de la sociedad en su conjunto. Los jueces penales, como todos los actores que integran este sistema, comprendemos que el fenómeno no se restringe a un problema de seguridad que pueda ser resuelto en un tribunal".
También, sostuvieron que la situación exige un abordaje "a través de políticas públicas comprometidas, que superen el ámbito de la incidencia delictiva, que se nutran de información y planificación, que garanticen los recursos necesarios para su ejecución y sobre todo que trasciendan a los gobiernos y a las gestiones. Y para ello es necesario el compromiso de todos los poderes y niveles del Estado, de la sociedad intermedia y de la ciudadanía en su conjunto". Además, plantearon "que las respuestas no se reduzcan al sistema penal, al castigo y al encierro, sino que también se aborden desde la inclusión social y desde la igualdad de oportunidades".
Penas
Cantero tiene 33 años y está preso desde 2013. Su primera condena fue en 2016, a 2 años por tenencia de arma de guerra. En 2018 fue condenado a 22 años, en la causa contra la banda de Cantero, que precedió a los ataques que fueron juzgados en el debate que terminó ayer; y a fines de ese año, la justicia federal le dio 15 años en el marco de la causa Los Patrones. Luego tuvo otras penas por amenazas y secuestro extorsivo, que en total suman más de 80 años, pero que deben ser unificadas, según aclaró ayer el fiscal Moreno. "Esto está sujeto a una unificación global, conforme vayan quedando firmes las penas. En función de lo que prevé el código, la pena (resultante de la unificación) no va a exceder los 50 años", dijo. La sentencia de ayer se unificó con la única que ya está firme.
En tanto, en la previa del juicio fueron condenados en juicios abreviados Claudio Canavo, a 17 años -sumado a una causa de homicidio-, Tobías Barrios y José Castillo, a 5 años y medio, y Aldana Mazzeo, 3 años.
Por otro lado, tras el fallo, el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial (zona sur) destacó la "relevancia social e institucional de haberse llevado adelante una causa penal donde se juzgaron hechos de amedrentamiento e intimidación contra domicilios de distintos operadores judiciales, como así también de edificios públicos", expresaron en un comunicado.
Pobreza
Sospechan de policías por el crimen de Nuevo Alberdi
Cuando la muerte viste de azul
Cinco personas con uniformes ultimaron de 32 disparos a un joven con antecedentes. Hirieron gravemente a su cuñado de 18.
Un joven resultó asesinado de 32 tiros en Nuevo Alberdi mientras que uno de su acompañantes recibió una decena de disparos en su cuerpo, aunque salvó su vida. La víctima fue Julián Manuel Zanier, de 23 años, y su cuñado de 18 años se encuentra en grave estado en el HECA. “Todo ocurrió hoy (por ayer), alrededor de las 5.30, en un domicilio donde vivía una familia. Ingresaron entre cuatro y cinco personas, vestidas con ropa parecida a uniformes policiales al grito de 'policía, policía'. Ingresaron con una masa, rompieron las dos puertas de la casa y le dieron muerte al principal morador que estaba en silla de ruedas e hirieron a otra persona”, contó el fiscal de homicidios Pablo Saldutti. El mismo funcionario convocó de inmediato a la Agencia de Control Policial, por la fuerte sospecha que el grupo está realmente conformado por policías.
Saldutti dio a conocer otro detalle que revela la ferocidad de la balacera: se secuestraron 69 vainas servidas de calibre 9 milímetros esparcidas en el lugar donde se registró el tiroteo. Además, dijo que en la casa donde vivía Zanier se secuestró una pistola calibre 3.80. No obstante, afirmó que, con los indicios recolectados hasta el momento, no se puede asegurar que hubo intercambio de disparos.
Sobre el acusado había un pedido de captura por el crimen de Dora Quiroga, asesinada a principios de febrero del 2020 en la zona sudoeste, donde quedó en medio de un tiroteo. La mujer de 63 años recibió un balazo en la espalda cuando desde un auto corrían a los tiros a los ocupantes de una moto. En esta causa hay detenidos y condenados, pero la información policial asegura que estaba involucrado en el crimen.
También lo vincularon con el homicidio de Brian Yedro, un joven de 29 años asesinado en Cochabamba y Constitución, en marzo de este año. Era el hijo del titular del Sindicato de Cadetes de Rosario, quien trabajaba realizando delivery en una moto Honda Wave para un comercio de la zona. Sin embargo no pesaba captura sobre Zanier por ese hecho.
Los vecinos aseguran que la víctima vivía allí hace poco tiempo, pero que nunca salía y que estaba en silla de ruedas. De quién se ocultaba, no es claro. Quizás de la Policía, pero lo cierto es que en esa precaria casa hay un garaje de donde hace dos días sacaron una cupé Volkswagen Scirocco, valuada en varios millones de pesos.
Pero el relato más jugoso, y que mas impacta es sin dudas la forma en que asesinaron a Zanier: los atacantes tenían uniformes policiales, con detalles que hacen suponer que eran efectivamente policías ya que exhibieron hasta los mismos barbijos que usa la fuerza. También llamó la atención la similitud de la forma en que abordaron el lugar: con una maza similar a la que se usa en los allanamientos, con apenas un par de certeros golpes, derribaron las dos puertas que los separaba de la víctima, al grito de " policía" para evitar sin dudas la reacción del dueño de casa, que además estaba con su pareja y su pequeña hija.
Extraoficialmente se conoció ayer que aunque en silla de ruedas, Zanier estaba siendo investigado como el autor material de al menos dos crímenes ocurridos en los últimos tiempos, en los cuales disparado movilizándose en un auto. "Los que vinieron a matarlo, no quisieron correr riesgos porque sabían que era picante con los fierros y lo achicaron de entrada" dijo un veterano pesquisa, explicando el modus operandi del grupo criminal.
Otros detalle revelador es que la caja fuerte encontrada en el lugar estaba vacía, algo llamativo porque la propiedad, humilde desde el exterior, exhibía una cantidad y calidad de muebles y electrodomésticos recién estrenados: equipo de musica, cocina, lavarropas, televisor y heladera de última generación, que contrastaban con la sencillez del lugar donde estaba asentada la vivienda, y del aspecto exterior de la misma. "Se nota que había comprado todo hacía unos días y todo caro. Seguro había cobrado una buena plata últimamente " confió el mismo pesquisa, quien deslizó que tal vez ese punto terminó liquidándolo.
Otro dato interesante es que no fueron hallados ninguno de los teléfonos de la familia que habitaba el lugar . "Se lo llevaron los asesinos para evitar filtraciones de información, o la mujer limpió la casa antes de llamar a la policía" confio un investigador.
Para los investigadores también esta claro, que más allá de los diez disparos sobre el cuñado de Zanier -en realidad un soldadito que lo cuidaba - no hubo intencion de rematarlo en el piso. De lo contrario lo hubieran hecho. "Lo buscaban a él, tiene muchos tiros en a cabeza, y esta vez , lo aseguraron bien" reconoció el policía en refrencia a varios de los ataques recibió por Zanier, uno de los cuales lo dejó en su silla de ruedas.
Distinción
Debate poco L-Gante
Falistocco
Revuelo en la Corte
La provincia define hoy las nuevas flexibilizaciones
Por ahora, el barbijo será de uso obligatorio
Los especialistas aconsejaron al gobernador mantener el uso del barbijo en espacios públicos. Se extenderán los aforos en salas y el horario de cierre en comercios y restaurantes.
Mientras aguarda por el DNU nacional, el gobierno provincial continuaba ayer dándole forma a las nuevas flexibilizaciones que entrarán en vigencia a partir de mañana. Algunas medidas que se va a tomar fueron anticipadas hace unos días, como la extensión del horario en comercios y en la gastronomía, el incremento del aforo en las actividades habilitadas, y el regreso del público a los estadios de fútbol. Otras seguían debatiéndose, puntualmente el funcionamiento y control de las discotecas, después de las dudas planteadas por el Comité de Expertos en la reunión del pasado miércoles por las dificultades para mantener los protocolos. Desde allí también surgió la preocupación por la eliminación de la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios públicos, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Los especialistas aconsejaron mantener el uso del tapabocas para evitar dar el mensaje de que no se usa más y que la pandemia ya pasó, por lo que aún no había una definición sobre el tema.
Finaliza la vigencia de las medidas de convivencia por la pandemia decretadas por el gobierno provincial desde el pasado 4 de septiembre. Teniendo como referencia la mejora en los indicadores sanitarios de las últimas 17 semanas, el escenario permite vislumbrar mayores flexibilizaciones. "Lo que vemos más factible de avanzar sin mayor conflictividad es extender un poco el horario del comercio y la gastronomía y con eso también extender el horario de circulación en la misma franja", adelantaba el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri. Los comercios podrán abrir hasta las 21, y la gastronomía hasta las 3 los fines de semana.
Si está garantizado el distanciamiento, se incrementará el aforo en varias actividades -- además de la gastronomía, cines y teatros-- que hoy es del 50% en la provincia, para llevarlo al 70% que ya autorizaba el decreto nacional vigente hasta el 1° de octubre. Hasta ayer no había una definición sobre la habilitación de los boliches bailables. "Se están viendo alternativas, estudiando lo que se hizo en otras provincias, cómo funcionó y qué impacto tiene", dijo Pusineri.
Consultado sobre si la habilitación de las discotecas podría postergarse para más adelante, el ministro de Trabajo respondió: "No descartaría nada, se está analizando, aunque obviamente desde Salud los expertos pusieron un signo de interrogación y dijeron que no era lo más aconsejable. También plantearon la posibilidad que sea al aire libre y no en lugares cerrados. La definición final, con los elementos que juntemos, la va a terminar tomando el gobernador".
Otro de los puntos analizados en la reunión con los expertos que encabezó la ministra de Salud, Sonia Martorano, fue el uso del barbijo. "Ellos son partidarios de mantenerlo para evitar dar el mensaje de que no se usa más, es lo que más les preocupa", sostuvo Pusineri. "Más allá del detalle de la reglamentación, aconsejaron que el mensaje a la comunidad es que el barbijo se sigue usando", agregó.
Desde la provincia también afinaban ayer los operativos de control vinculados a la vuelta del público en los estadios de fútbol con un aforo del 50% (ver página 5).
La policía provincial será la encargada de controlar que el público tenga el certificado cuando ingrese a los estadios, por lo que solicitaron a los asistentes que vayan con bastante tiempo de anticipación. Por otra parte, el ministro Pusineri reiteró que aumentará el aforo en los encuentros de ligas amateurs, locales y regionales, que hoy es de 200 personas y sólo con público local, para posibilitar la presencia de público visitante en esos eventos.
Directivos de Dow fueron citados por la Cámara de Diputados
A dar explicaciones por el cierre
Desde Santa Fe
La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados citó para hoy a los directivos de la empresa Dow Argentina para pedirles explicaciones y detalles del “plan de cierre” de su planta en Puerto San Martín anunciado para mayo de 2022 –ante la sospecha que podría ser antes- y el destino de sus 120 trabajadores. La audiencia está prevista a las 9, pero la multinacional tendrá la ventaja del secreto porque se realizará por zoom y a puertas cerradas. El miércoles, tres integrantes de la comisión: la presidenta Silvana Di Stéfano (UCR), sus colegas Cesira Arcando (FE) y Carlos del Frade participaron en otra audiencia de conciliación –entre la patronal y el sindicato- ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, en Rosario, donde “se fueron con un sabor bastante amargo”, reveló Arcando. “Lo que vimos es una actitud reticente de la empresa que tiende a ganar tiempo” para consumar el cierre y el desguace de la industria. “Creo que estamos en tiempo de descuento”, advirtió la legisladora.
El caso de Dow quedó a la vista cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió al presidente de la Nación Alberto Fernández que evite el hecho consumado. “Alberto, no tenemos que permitir que cierre esa fábrica tan importante”, que es la única en el país que produce insumos plásticos para la industria nacional –dijo CFK- porque eso significaría mayor dependencia y fuga de dólares. El gobernador Omar Perotti se alineó con el gobierno nacional en la defensa de Dow y formó una mesa de trabajo con sus ministros Daniel Costamagna (Producción) y Juan Manuel Pusineri (Trabajo) y el líder del sindicato de trabajadores petroquímicos Mauricio Brizuela con ese objetivo.
Arcando dijo que los directivos de Dow fueron citados a la audiencia de hoy para que “expliquen a todos los legisladores de la provincia las medidas que van a adoptar de aquí en adelante y precisen el plan de cierre de la empresa, con detalles y sus tiempos”.
“Queremos escuchar a la empresa, pero también que todos los legisladores tomen conocimiento del impacto que tendrá el cierre de Dow en la región, no sólo por la pérdida de 120 puestos de trabajo directos, sino también por los indirectos –que son miles- porque es la única que produce poliuretano en el país, un insumo básico para la industria automotriz, colchonera y la línea blanca. Si la empresa se va de la Argentina vamos a tener que importarlo desde el Brasil, con el costo que eso implica”, agregó Arcando.
El diputado Del Frade dijo que Dow “toma decisiones por encima del interés nacional y esconde el por qué del cierre (de la planta de Puerto San Martín) detrás de las excusas de contratos de confidencialidad. Pocas veces se ven las consecuencias de la dependencia como en este caso. No solamente es un problema social por 120 trabajadores arrojados al agujero negro de la desocupación si no también el poder de las empresas norteamericanas que hacen lo que quieren con nosotros”, alertó.
Del Frade dijo que Dow debe explicar si es cierto que el cierre está previsto para “mayo de 2022!”, “el destino de sus 120 trabajadores” y la “decisión de llevarse ‘equipos de interés específico’ que, en los hechos, imposibilitaría que otra empresa pueda comprar sus instalaciones y producir poliuretano, como ocurre hasta ahora”. Si eso sucede, –explicó- “se eliminará la única fábrica en la Argentina que abastece al mercado interno” y “se subordinará la política industrial a la decisión de la compañía norteamericana”.
Ya la audiencia del miércoles en el Ministerio de Trabajo dejó a los legisladores de la comisión de Asuntos Laborales “con un sabor bastante amargo”, dijo Arcando. Una metáfora para describir los “reiterados incumplimientos de la empresa”, la “clara violación” del proceso de conciliación con los trabajadores y la reticencia a aportar “información económica, financiera y interés” para la contraparte, “a pesar de las intimaciones del Ministerio de Trabajo”
“La verdad que vemos una actitud reticente de la empresa Dow, que tiende a ganar tiempo” para consumar el cierre y el traslado de los “equipos de interés específico” -como los llamó Del Frade- para suprimir cualquier competencia. “Estamos en tiempo descuento”, insistió Arcando. “Es una verdadera preocupación para la provincia por el impacto que va a tener el cierre de esta empresa en la región, no sólo por la pérdida de las 120 fuentes de trabajo sino por el derrotero que va a producir en el cordón industrial”, concluyó.
Movimiento Evita de Santa Fe
La unidad es la prioridad
Después de las elecciones del pasado 12 de septiembre, desde el Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe queremos hacer un llamamiento y ratificar nuestra voluntad de profundizar la unidad que pueda llevarnos al triunfo el próximo 14 de noviembre.
El resultado de las elecciones P.A.S.O definitivamente tiene que ser un llamado de atención a toda la dirigencia política de la provincia de Santa Fe que integramos el Frente de Todos. A lo largo y a la ancho de nuestra invencible provincia, todos los espacios políticos que integramos el frente tuvimos la oportunidad de llevar nuestro mensaje y expresar lo que queremos para nuestra sociedad, en una interna virtuosa que permitió poner en movimiento toda la maquinaria militante del peronismo santafesino, fortaleciendo el proceso electoral.
Hoy con la expresión de los santafesinos en las últimas elecciones, tenemos que redoblar los esfuerzos y asumir la responsabilidad, con humildad y compromiso, de fortalecer la unidad del peronismo y de todo el campo popular que supo llevarnos al triunfo en el 2019 tanto en la provincia, haciendo gobernador a Omar Perotti, como en la Nación con la Presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández como salida al desastre de gestión macrista que dejó a miles de argentinos y santafesinos sin oportunidades de progreso, y que además nos permitió sobrellevar las condiciones de dificultad que nos plantea la pandemia desde aquel 20 de marzo del 2020, una pandemia que ha profundizado las desigualdades socioeconómicas con las que convive nuestra sociedad. Pandemia que no hubiese sido posible afrontar sin unidad de acción.
Sabemos que falta mucho, que faltan muchas políticas, sabemos lo que nuestro Pueblo está sufriendo y sabemos que no se pudieron dar respuestas suficientes para construir la dignidad que hace falta, pero también tenemos claro que la única manera de salir adelante es avanzando en el programa que el pueblo votó en el 2019 y no volviendo atrás con las políticas neoliberales cuyas consecuencias ya conocemos.
Por eso una vez más, desde el Movimiento Evita de la Provincia de Santa Fe nos convocamos en todo el territorio provincial a trabajar por el fortalecimiento del Frente de Todos en lo local, en lo provincial y lo nacional. Porque estamos convencidos que con unidad vamos a ser capaces de construir la Argentina y la Santa Fe que soñamos, transformando el sufrimiento y el dolor en bienestar para nuestro pueblo.
* Por el Ejecutivo Provincial.
Por la Secretaría de Interior: Raimundo Luján. Majo Poncino. Hueso González. Cristian Acosta (Depto 9 de Julio). Viviana Cappelletti (Depto San Jerónimo). Martin Cerdera (Depto San Lorenzo). Marcos Di Santo (Depto Belgrano). Juan Duarte (Depto San Javier). Antonella García (Depto Rosario). Jorge Nicollier (Depto Las Colonias). Chino Rosúa (Depto Iriondo). Mario Souilhe (Depto Vera). Matias Urrutia (Depto La Capital). Víctor Vargas (Depto Gral Obligado). Nahuel Vigini (Depto Castellanos)
Fuente:Rosario12
Reclamo al municipio
Foto:Manuel Costa
El Sindicato de Peones de Taxis denunció que existe un 60 por ciento de trabajadores del sector precarizados, por lo que le exigieron al municipio un mayor control y medidas contra la “informalidad laboral” que padecen.
Los referentes del SPT de Rosario se reunieron con la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, y el director de Fiscalización de Transporte de Rosario, Claudio Rosa, para ponerlos al tanto de la situación y del reclamo. “Necesitamos un eficaz mecanismo de control”, indicaron tras el encuentro.
Desde el gremio recordaron el proyecto presentado en el inicio de la pandemia, que involucra a las áreas de Servicios Públicos local y al Ministerio de Trabajo de la provincia, y que propone que en el galpón del Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA) se fiscalicen los recibos de sueldo de los/las chóferes.
Esta iniciativa apunta “al corazón de la principal problemática de la actividad”, según indicaron desde el sindicato. “En Rosario hay unos cuatro mil choferes taxistas, en la actualidad del cual sólo el 20 por ciento está anotado por 8 horas, el 50 por ciento está registrado por sólo 4 horas; y un 30 por ciento lo está como cubre franco”, indicaron.
“Estos números –continúa el comunicado del SPT– dejan en claro la inconsistencia de toda política oficial dirigida a terminar la irregularidad e ilegalidad laboral y la desprotección de los/las trabajadores/as del rubro, muchas veces sin obra social y sin respuesta de las ART. Más del 60 por ciento de trabajadores está mal anotados”.
Los dirigentes del gremio de choferes taxistas calificaron este nuevo acercamiento con las y los funcionarios municipales como un “primer gran paso” para inaugurar este dispositivo de detección de trabajo en negro y evasión de parte de los titulares. Este nuevo espacio de fiscalización “se tornaría ineludible para los titulares de licencias, ya que sería un requisito para efectuar la desinfección del vehículo y llevarse completa la inspección técnica”, indicó el secretario general del SPT, Horacio Yannotti.
“Para la conducción del Sindicato de Peones de Taxis resulta inaceptable esta vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público, sin embargo valora muy positivamente la voluntad política de recoger este pedido. La coordinación entre la autoridad competente para autorizar y renovar licencias de taxis (Municipio) y la cartera de Trabajo provincial –con la presencia de algunos funcionarios especializados en el galpón de Servicios Públicos– permitirá erradicar definitivamente las omisiones de los derechos laborales y los abusos contra los y las choferes de taxis”, concluye el escrito.
Para bajar la reincidencia
“No hay nadie que quiera trabajar con los pibes y pibas que salen de estar detenidos”, aseguró Jesús Romano, quien hace seis meses recuperó la libertad. “Es una política de seguridad que intenta bajar la tasa de reincidencia”, señaló la concejala Alejandra Gómez Sáenz, autora del proyecto que busca crear un dispositivo de acompañamiento pReporte diario
Rosario registró 18 casos de coronavirus y 13 muertes este jueves
La provincia de Santa Fe registró 55 infectados. Hasta la fecha hay 8.544 víctimas fatales en la jurisdicción
---------
Si va a utilizar este texto cite la fuente: elciudadanoweb.com
---------
ara personas que salen de la cárcel.
En el Concejo Municipal se debate la creación de un dispositivo de acompañamiento para personas que recuperen su libertad tras haber estado privadas de la misma. La propuesta de Gómez Sáenz cuenta con las firmas de sus pares del bloque del Frente de Todos-PJ, Norma López y Eduardo Toniolli.
“Es sumamente importante que se ponga en marcha este dispositivo porque no hay nadie que quiera trabajar con los pibes y pibas que salen de estar detenidos”, confiesa Jesús Romano, quien hace seis meses recuperó la libertad y forma parte de la cooperativa textil Ziza, la primera cooperativa de trabajo creada en contexto de encierro de Santa Fe, a través de la cual venden los productos que confeccionan los propios pibes y pibas que están o estuvieron detenidos.
“Hay un desamparo bárbaro de parte del Estado, por eso queremos crear este dispositivo, para cobijar a esas personas, darles otra visión de vida, y entendemos que eso se logra a través del trabajo”, remarca Jesús, y argumenta: “El trabajo puede parar la olla en la casa y además hace que uno no piense pavadas, mente ocupada no piensa pavadas. Por eso es urgente que esto se ponga en la agenda del Estado y que sea muy abarcativo”.
En este sentido, recordó que “ya probaron de todas las maneras posibles: más policías, más gendarmes, y el nivel de muertes no baja. La única que queda es el trabajo, hoy somos 9 laburando en la cooperativa que lo único que queremos es ver crecer a nuestros hijos y que tengan un futuro mejor”.
Por su parte, Gómez Sáenz sostuvo que “el acompañamiento en el proceso de integración social de las personas privadas de la libertad que son liberadas tras cumplir sus condenas es una herramienta para que el ejecutivo municipal participe en la solución de una problemática que afecta profundamente a Rosario”.
“El proyecto fue iniciado con la participación de muchas de esas personas que dentro de la cárcel eran acompañadas por distintas organizaciones y que al salir no cuentan con ningún apoyo, ni de la sociedad ni del Estado, por lo que el afuera les resulta una jungla imposible de poder sobrellevar en soledad”, contó la edil peronista.
Además, la legisladora local indicó que “estas personas nos transmitieron lo importante que es mantener la cabeza ocupada, charlar con otros que hayan atravesado experiencias similares, sentirse alojados por equipos multidisciplinarios para sobrellevar los miedos”. Y cerró: “Como sociedad debemos dejar de estigmatizar a esas personas porque las desigualdades son cada vez mayores y la integración social es fundamental para que puedan tener acceso al sistema laboral y sobre todo para que puedan construir un proyecto de vida y un futuro, junto a sus vínculos, sus amistades y sus familias”.
Fuente:RedaccionRosario
Más federales en Rosario: escepticismo en los barrios y olor a historia repetida
Las vecinales saludan los anuncios pero entienden que, de nuevo, solo serán medidas paliativas y no de fondo. Aseguran que la violencia merma por un tiempo y luego "se vuelve a lo mismo"
Tras los anuncios en materia de seguridad brindados este martes por parte del ministro Aníbal Fernández, representantes de las vecinales rosarinas opinaron sobre si estas decisiones políticas serán de alcance y mejorarán la situación de violencia que viven algunos de los barrios rosarinos. El panorama general es de escepticismo.
Melina Herrero de la Vecinal Maradona, en la zona de la terminal de ómnibus Mariano Moreno, recordó a Rosarioplus.com que desde el año 2013 se vienen realizando operativos con fuerzas federales, que siguen los anuncios de los desembarcos y la solución no llega. Lo positivo, mencionó, es que “disminuyen las balaceras durante un tiempo" pero luego "se vuelve a lo mismo”.
“La realidad es que durante estos años las bandas más importantes fueron detenidas y juzgadas por el gobierno provincial y las únicas medidas de fondo tendientes a cambiar el caldo de cultivo del narcotráfico, el hambre, la marginalidad, la pobreza extrema, la desnutrición, fueron abordadas desde la provincia con el Plan Abre, Nueva Oportunidad y otras, pero con la asunción del nuevo gobernador, en diciembre de 2019, todos esos planes fueron dejados de lado, como así también la promesa de paz y orden”, manifestó la vecinalista.
Luego dijo que el presidente Alberto Fernández en su última visita a Rosario, hace exactamente un año, “prometió 3000 millones para seguridad, además que la Legislatura aprobó otros 6000 millones también para seguridad y la realidad es que no vemos más móviles en las calles, no hay caminantes, no hay cámaras, no hay alarmas”.
“Nos indignamos porque sabemos que el dinero está y no se ejecuta lo presupuestado, es el dinero que debería haber sido destinado a proteger al pueblo. Cuestión electoral de por medio llegan los federales pero es sólo un parche, una medida que se aplica cuando las papas queman”, señaló Herrero.
Desde el grupo de Vecinales Unidas que Herrero coordina le pidieron al ministro de Seguridad santafesino Jorge Lagna que los reciba. Entre otras cosas van a presentar una nota firmada por todas la vecinales del grupo -más de treinta- donde reclamarán acciones de fondo y no medidas paliativas. “Lo que estamos viviendo es grave. Pedimos al gobierno nacional y provincial que convoquen a todos los sectores políticos y sociales a llevar adelante un plan de seguridad como política de estado”, remarcó la vecinalista.
El sur caliente
Por otra parte desde la vecinal Barrio Acindar en el extremo sur, una de las zonas calientes de la ciudad, su presidenta Carmen Arregui dijo a este medio que la situación que se vive es preocupante, que por las noches se sienten ruidos de personas caminando por los techos del vecindario que intentan ingresar a las casas para “llevarse lo que pueden”. En ese mismo tono admitió que nada cambio y los arrebatos en las paradas de colectivos siguen siendo frecuentes. Si bien el municipio invirtió en iluminación con lámparas led y la puesta de cámaras y alarmas costeadas por los vecinos, pero “no pasa nada”.
“Las cámaras al final nos sirven para saber quién nos robó, además la gente no quiere ir a denunciar porque después no se llega a ninguna parte, no les cree a la policía”, relató Arregui.
Entre las acciones llevadas a cabo, la mujer de Barrio Acindar precisó que hace pocos días mantuvieron una reunión con autoridades de Seguridad de la provincia, además de encuentros con funcionarios municipales y la policía, y que les pidieron mayor patrullaje y control vehicular.
En cuanto a arribo de más fuerzas federales, fue contundente: “No va alcanzar, esto es como tener esperanza en un superhéroe que viene a acomodar las cosas ¿cuánto tiempo van a estar acá?, pueden poner 500, 1.000 gendarmes, pero si no hay una política de estado no va a funcionar”.
Arregui no quiere bajar los brazos, pero sostuvo que la situación es desgastante, además denunció que los narcos ganaron territorio y en algunas barriadas rosarinas son ellos ahora quienes funcionan como usureros prestando plata a gente que por variadas razones lo necesita. “Te dicen que la caja chica está en el barrio, pero la grande está en Puerto Norte”, afirmó.
En relación a la problemática expuesta, la referente criticó algunas medidas de actual gobierno provincial, como quitar el Buzón de la Vida, donde muchas personas se animaban a denunciar a los narcos de manera anónima. “Hicieron un estudio sobre esa herramienta y dijeron que no servía, nos cortan los pies y las manos, no podemos hacer nada”, remarcó.
En el oeste todo suena a poco
Desde la centenaria Vecinal Azcuénaga, en la zona oeste de Rosario, su representante Betty Pinilla saludó la iniciativa con la llegada de una nueva partida de fuerzas federales, pero dijo que lo ve insuficiente y que es necesario mayor despliegue. De la misma forma en clara coincidencia con sus pares vecinalistas adujo que las medidas tomadas hasta el momento no fueron satisfactorias porque “los resultados a la vista demuestran otra cosa con la alarmante cantidad de muertos de todos los días”.
Sobre la realidad que vive en ese margen de la zona oeste rosarina, indicó que no difiere mucho de lo que sucede en otras barriadas, “hay arrebatos y entraderas, principalmente en las calles internas del barrio, divididas por la calle Mendoza, arteria comercial de la zona”, que según Pinilla, ahora también comenzaron a verse delitos, uno de ellos el de las inefables mecheras y la llegada de las balaceras a una zona en la que ese tipo de hechos no eran comunes.
Fuente:RosarioPlus
Reporte diario
Rosario registró 18 casos de coronavirus y 13 muertes
este jueves
La provincia de Santa Fe registró 55 infectados. Hasta la fecha hay 8.544 víctimas fatales en la jurisdicción
El Ministerio de Salud de Santa Fe informó este jueves 55 casos de coronavirus en todo el territorio provincial, de los cuales 18 fueron registrados en Rosario.
Con estos números, desde el comienzo de la pandemia los infectados en la provincia ascienden a 469.110.
Del total de casos desde el comienzo de la pandemia, 41.918 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 427.192 por laboratorio. Hay 459.471 pacientes recuperados.
Las autoridades sanitarias informaron también el fallecimiento de 14 pacientes con coronavirus, 13 de ellos en Rosario. Hasta la fecha hay 8.544 víctimas fatales en el territorio provincial.
Las víctimas fatales:
* En Rosario: (2) de 68, 71; (2) de 72; 75; (2) de 76; 77; 79; (2) 83 y 87 años.
* En Aldao: 65 años.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
No hay comentarios:
Publicar un comentario