Hablan las denunciantes del ex presidente del Tribunal de Cuentas Oscar Biagioni
Cuando la ausencia es protección al violento
Mujeres que sufrieron violencia laboral y acoso sexual reclaman que la Asamblea Legislativa no permita la continuidad del vocal del organismo de control.
Mientras la Asamblea Legislativa se encamina a permitir la aprobación ficta en la semana entrante del pliego de Oscar Marcos Biagioni como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, las denuncias por violencias laborales, de género y acoso sexual se acumulan en organismos públicos y algunas llegaron a la Justicia. El Ministerio de las Mujeres de la Nación acompaña a dos denunciantes, como publicó oportunamente Rosario/12. Amenazas, hostigamiento, segregación, llamadas telefónicas a empleadas a las 12 de la noche, objetos tirados por la ventana, patadas contra puertas, ascensos a cambio de favores personales, son algunas de las acusaciones que pesan sobre el funcionario que desde el 2 de septiembre cesó su mandato, aunque una ley reciente le permite seguir estando en su cargo. El gobernador mandó el pliego y se rehusó a retirarlo, de modo que la decisión pertenece a la Legislatura, donde cuenta con el aval de los senadores, ya que su “padrino” político es el senador Armando Traferri. La Comisión de Acuerdos recibió la documentación de las denuncias y todavía no llegó a dictamen, pero pasó algo que sumó zozobra a las denunciantes: los detalles de sus relatos llegaron al interior del Tribunal de Cuentas, en una evidente filtración que las expone a mayores violencias. Así se definirá la continuidad en el organismo encargado de auditar las cuentas provinciales. En la Asamblea del jueves participaron 12 de 70 integrantes y, por mandato constitucional, si fracasa dos veces, el pliego queda aprobado. Según contabilizan las denunciantes, hubo 53 nombramientos en los últimos años que responden a favores a integrantes de la Legislatura.
Hay mujeres que denunciaron en Rosario y Santa Fe. Rosario/12 habló con algunas de ellas, que pidieron estricta reserva de su identidad por miedo a represalias. “La mayoría se calla por temor a su continuidad, si Biagioni se fuera, te aseguro que habría 50 denuncias”, plantea una de ellas. La actitud del ex presidente del Tribunal fue sumar adhesiones a través de una nota que fue elevada al gobernador y una manifestación de apoyo frente a la Legislatura, pero las denunciantes aseguran que eso también es parte del entramado que creó en el organismo, ya que se produjeron ingresos masivos en 2019 y 2020, así como concursos de ascenso con “nombre y apellido”, tal como le aclaró el propio Biagioni a la que se conoce como denunciante 1. Ese episodio lo relató José Maggi en la edición del 29 de agosto. Allí se informa que el juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, ordenó el cese de hostigamiento y la prohibición de acercamiento hacia esta denunciante, que comenzó a sufrir persecución en 2018, cuando difundió la información de un concurso entre sus colegas, y los instó a presentarse. Biagioni la amenazó, le gritó y le dijo que ese concurso tenía “nombre y apellido”. Finalmente, lo ganó Alejandra Nieto, la esposa del funcionario.
“Es como si estuviese protegido, tanto en la Legislatura como por el gobernador y hasta por el Ministerio Público de la Acusación”, dice con amargura otra de las denunciantes. Es que se enteraron por un medio de comunicación, Aire de Santa Fe, del archivo de la causa que habían presentado por abuso de poder, entre otras violencias. “Ante esto, hicimos una presentación al MPA, una para que nos notifiquen, para poder seguir ejerciendo nuestros derechos como víctima y que se investigue la supuesta comisión de delito”, cuenta la denunciante 1. “Y por otro lado, hicimos un pedido para que nos informen si algunas causas que habían surgido como consecuencia de unas escuchas eran verídicas, para que se comuniquen a la Asamblea Legislativa. Solamente nos respondieron el último”, sigue el relato. El fiscal regional Carlos Arietti les respondió que no las notificaron porque “no tiene que ver con la denuncia” y tampoco se informó a la Comisión de Acuerdos porque “lo tiene que pedir un legislador”. “Ese requisito no lo encontré en ninguna ley de la provincia”, asegura la mujer. Otra denuncia ingresada es por coacción y amenazas.
Sobre las escuchas, se refieren a una comunicación entre Biagioni y el entonces jefe de policía de Santa Fe, Rafael Grau, el 18 de junio de 2016. En esa conversación, hecha desde un teléfono de la Cámara de Senadores, Biagioni le aconseja a Grau sobre una investigación por fraguar la compra de repuestos y reparación de móviles policiales para quedarse con el dinero. El presidente del organismo de control le hace saber que fue él mismo quien le facilitó -a través de un tercero- información que debía ser reservada. La comunicación telefónica tiene estado judicial: Biagioni (además de hacerle conocer quién hizo la denuncia) aconseja al investigado que responda “con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
La otra denunciante de la ciudad de Santa Fe cuenta cómo Biagioni amenazaba a sus compañeras de trabajo para que la segreguen. Desde el principio, por ser asesora de un vocal del Tribunal de Cuentas enfrentado al presidente, fue maltratada. Ante el pedido de cobro de un plus para asesores, ella decidió esperar y, cuando todos lo cobraron, hizo su presentación. Un jueves a la medianoche recibió una llamada. “Negra de mierda, metete el plus en el culo, me gritó”, cuenta la mujer, quien también recibió un llamado de la esposa de Biagioni, Alejandra Nieto, prohibiéndole la entrada al Tribunal de Cuentas. “Venían compañeras mías a contarme que en reuniones del personal les pedían que no se junten con el serpentario, así me decían. Pasó también que en un par de oportunidades me recriminaban que labure por el recibo de sueldo que yo tenía. Recibí maltrato, hostigamiento, algo doloroso, tan angustiante…”, relató. Un día, llegó a su oficina y todos sus efectos personales estaban tirados en el piso, porque Biagioni había decidido sacarle el armario, sin avisar.
Cuando ella observó una gestión, tal como es su trabajo, el presidente del Tribunal convocó a toda la oficina para denostar lo hecho y pasó el dictamen por una picadora de papel. Según relata, cunde el temor. “Todos creen que hay micrófonos por todos lados, que están grabando las conversaciones. Muchas chicas me han mandado whatsapp, y yo les propongo llamarlas, pero no quieren hablar porque tienen miedo de tener intervenido el teléfono”, sigue el testimonio. También cuenta que su denuncia en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe, tuvo un efecto: dos meses después, el hijo del presidente de esa Cámara ingresó a trabajar en el Tribunal de Cuentas.
En la ciudad de Rosario, con temor por la filtración ocurrida en la Legislatura, otra denunciante relata su derrotero. Ingresó por concurso de discapacidad y sufrió acoso sexual de parte de su primer jefe. Un día que ella estaba de viaje, sus compañeras le comentaron la situación a Biagioni que, en lugar de tomar medidas pertinentes, la cambió a ella de oficina. Más tarde, la hizo trabajar en un pasillo, y desconoció su título de abogada. Un año después, en la nueva oficina, sufrió otra violencia, esta vez de un compañero de trabajo de jerarquía superior. Y la resolución de Biagioni fue volverla a la primera oficina. “Lo que me dice es que me aguante el acoso laboral o el acoso sexual”, expresó la mujer, que no hizo una denuncia sino -hasta ahora- una exposición civil. El trasfondo de su relato es muy extenso, pero lo que subyace es un manejo arbitrario del poder.
Otra denunciante refiere acoso sexual, llamadas impropias a toda hora e insinuaciones que derivan -para quien las acepta- en mejoras laborales. “Vos no podés manejar un organismo con desigualdad y abuso de poder. Él ejerce acoso laboral, acoso psicológico, yo tuve miedo siempre. Él te dice 'yo sé todo lo que hacés, me entero de todo' y así ejerce acoso psicológico”, resume esta denunciante.
En la Asamblea del 7 de octubre hubo sólo 12 legisladores, de los 70 que deben decidir sobre la designación del vocal del Tribunal de Cuentas. Según los números preliminares que se manejan, sólo ocho diputadxs votarán en contra: Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, Damaris Pachiotti, de Ciudad Futura; Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del bloque Igualdad, Matilde Bruera, del Frente de Todos; Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta y Gabriel Real del Frente Progresista. El resto de los legisladores apostarán a la aprobación ficta. Si la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 14 de octubre, a las 13, fracasa, el viernes 15 el pliego quedará aprobado.
LIBRO
La Cámara Federal rechazó el pedido de la fiscal Ferraro
Investigada por no investigar
El fuero ratificó su competencia en la causa por el encubrimiento de la desaparición de una suma millonaria de dinero.
Desde Santa Fe
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro no logra apartar -de la causa en la que está imputada- a su colega, el fiscal federal Walter Rodríguez, quien la investiga por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas, rastros e instrumentos del ilícito”. Esta semana, la Cámara Federal de Rosario (sala B) rechazó un nuevo intento de su defensa de pasarle el expediente al MPA -al ámbito del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que es el jefe de Ferraro- y confirmó la competencia del fuero federal en el caso. El fallo es el tercer no que recibe Ferraro de un tribunal, desde que su abogado planteó el incidente para correr a Rodríguez y derivar el legajo a la jurisdicción de Arietti. Ya el 4 de noviembre de 2020, el juez Marcelo Bailaque ratificó la competencia del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, que hoy está a su cargo. El 2 de junio de 2021, la Cámara Federal de Rosario le dio la razón a Bailaque. Y el miércoles último, la Cámara confirmó esa sentencia, en otra resolución de la jueza Elida Vidal, en línea con la anterior, que también tiene su firma.
El gran interrogante de la investigación es el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos fotografiados en la agencia de turismo del empresario Hugo Oldani -asesinado el 11 de febrero de 2020-, pero de los que sólo quedan imágenes. Lo dijo el propio fiscal Rodríguez al denunciar a Ferraro y abrirle una “causa por separado”, en agosto de 2020. “Para establecer el dinero desaparecido” de las oficinas de Oldani “contamos con un estudio de la División Scopometría de la Policía Federal” que analizó las fotos de la plata y concluyó que “la suma ascendería a 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos”. Un monto “injustificado a la luz de la actividad general de la empresa de turismo”, explicó.
Entre otras medidas, Rodríguez solicitó entonces “la formación de una causa por separado para investigar la conducta desplegada por la fiscal Ferraro, sin perjuicio de la eventual participación de terceros”. Ferraro integra la unidad especial de homicidios del MPA y se encargó de investigar el crimen de Oldani durante meses hasta que fue separada por Arietti, recién en agosto de 2020.
La investigación del fiscal Rodríguez se inició por una denuncia del ex ministro de Seguridad y hoy director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, el 1º de junio de 2020. “El hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma” en pesos y dólares “no se condice con los montos que maneja un operador turístico”, denunció Sain. Por lo tanto, existen “elementos serios y verosímiles para inferir” que allí “podría haber funcionado una ‘cueva financiera’, sin autorización del Banco Central, ni de la AFIP, para realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”. Y encuadró los hechos en una supuesta “intermediación financiera no autorizada", "lavado de activos" e "infracciones a las leyes tributaria y cambiaria", todos de “competencia federal”.
Desde que Sain hizo la denuncia, se sucedieron tres operativos para sacarle la investigación a Rodriguez y mandarla al MPA, al ámbito del fiscal regional de Santa Fe, todos sin éxito. Dos de ellos fueron impulsados por fiscales dirigidos por Arietti. 1) El 4 de junio de 2020, a sólo 72 horas de la denuncia, el juez Gustavo Urdiales desestimó el primer planteo. 2) El 4 de noviembre de 2020, el juez Bailaque rechazó el incidente de incompetencia que interpuso la defensa de Ferraro. 3) El 20 de noviembre de 2020, el juez Luis Octavio Silva rechazó el tercer planteo. Cuarenta y ocho horas antes, el fiscal Rodríguez había pedido diez indagatorias por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, entre ellas a la hija de Oldani y a una empleada de la empresa. Así que a la serie, se agregaron las dos resoluciones de la Cámara Federal de Rosario (sala B) –del 6 de junio de 2021 y del 6 de octubre- que ratificaron la competencia federal para develar la gran incógnita, entre otras: el destino del millón de dólares y los tres millones de pesos. Al anoticiarse de la última resolución del tribunal, Sain escribió: “Ahora se podrá ver la tapadera”.
El 22 de abril, el juez Bailaque procesó a los diez imputados en la investigación del fiscal Rodríguez, entre ellos Virginia Oldani y a una empleada de la agencia, María José Calle, por presunta “intermediación financiera no autorizada” y ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno. Bailaque valoró las evidencias y llegó a la misma conclusión del fiscal, que ambas mujeres operaban “bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores de las maniobras delictivas” que describió en una resolución de 70 páginas. Rosario/12 ya informó que una prueba clave es el peritaje del celular de Oldani que tiene más de 17.000 folios con registros, diálogos, operaciones y contactos de sus clientes.
Los otros procesados son la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo, dos operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Todos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión.
En este contexto, están pendientes otras resoluciones judiciales. El juez Bailaque debe resolver la situación procesal de tres policías investigados por el resguardo de la agencia de Oldani. Y la Cámara Federal de Rosario tiene que pronunciarse sobre la apelación de los diez procesamientos ordenados por el juez.
Alerta en Granadero Baigorria por la Isla de los Mástiles
El negocio está en la reserva
Ambientalistas cuestionan que el intendente Maglia licite la concesión de una zona que fue cedida para uso comunitario.
Una licitación pública de la Municipalidad de Granadero Baigorria levantó el alerta de ambientalistas y amigos del humedal porque incumple el uso para el cual el Estado provincial le cedió en comodato la Isla de los Mástiles en 1997. El intendente Adrián Maglia lanzó esta compulsa con el objeto de "Concesión de uso y explotación de zona de isla municipal y transporte naútico". Pero ni la isla es municipal, ni la cesión provincial admite ninguna explotación o algún otro uso que no sea "aprovechamiento comunitario y expansión forestal". Y sin embargo, el negocio va en camino. En Baigorria se comenta que el trámite está destinado a un comerciante de esa ciudad que incluso construyó una vivienda en ese islote comprendido entre el puente a Victoria y Capitán Bermúdez. La Multisectorial de Humedales prepara para esta semana una presentación judicial para evitar que prospere esa iniciativa privada que la licitación municipal propicia.
Los aficionados de la náutica y la pesca casi que naturalizaron la presencia de Puerto Pirata y de una bien plantada vivienda lindera en la isla frente a Baigorria. Pero la licitación N° 01/2021, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de Santa Fe, ya fue demasiado. Varias agrupaciones civiles integradas en la Comisión Intersectorial “Reserva Isla de los Mástiles” denuncian esta avanzada sobre el humedal. Remarcan que la licitación baigorrense, además de infringir el destino comunitario del comodato provincial, arrasa con la ordenanza municipal N° 5621 del año pasado, por la que el propio municipio declara a la misma isla como "Área Natural Protegida Los Mástiles", y la considera como "un ambiente que debe estar sujeto a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y/o conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes bióticos y abióticos de sus ecosistemas". "Es por demás claro que una explotación comercial de la zona de isla como se indica en el llamado a licitación, de ninguna manera es acorde a lo establecido en la ordenanza", cotejaron los ambientalistas.
Encima, la concesión a licitarse promete una exclusividad de 30 años.
Los denunciantes apelan a la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet –que, además, es baigorrense– porque más de una vez dijo que la Isla de los Mástiles formará parte del programa Regenera Santa Fe, para ampliar la protección de áreas naturales protegidas. Al cierre de esta nota, Rosario/12 no obtuvo respuesta de la ministra. Tampoco del Ejecutivo municipal de Granadero Baigorria.
La única santafesina
La Isla de los Mástiles es la única en territorio santafesino. Y no estuvo siempre, sino desde el encallamiento de una barcaza cerealera sobre un banco de arena en 1943, frente a Estación Juan Ortiz, como antes de 1950 se denominaba la ciudad de Capitán Bermúdez. Un buque petrolero de YPF colisionó con la barcaza y la sepultó ahí para siempre. Los mástiles que emergían en las bajantes le dieron nombre a la formación sedimentaria que creció hasta formar una isla firme y prolongada hasta el extremo sur de Baigorria, que en aquel entonces se llamaba Pueblo Paganini.
La Provincia, en 1997, cedió en comodato esa isla a la Municipalidad de Baigorria. El contrato lo firmó Omar Perotti como ministro de Producción, y el intendente de entonces, Dante Secondo. El plazo de la cesión va "hasta que la comodante solicite su restitución". Y el municipio se comprometió a "darle a los inmuebles destino exclusivo de aprovechamiento comunitario y de expansión forestal, y no podrá afectarlos a otro fin". Sí quedó autorizado a "introducir mejoras".
Es por la letra de ese contrato que las organizaciones ecologistas denuncian la licitación que impulsa la gestión de Maglia.
Seis años después, la Provincia celebró otro comodato para prestar derechos sobre la Isla de los Mástiles, pero ya con términos menos determinantes y que abren una rendija a la autorización de actividades comerciales. El comodato se hizo en 2003 con la Municipalidad de Capitán Bermúdez. Allí este municipio "se compromete a darle destino exclusivo a emprendimientos de recreación y turismo (...) y no podrá afectarlos a otro fin". Bermúdez tendría que devolver su porción de isla si Provincia decidiera vender la tierra o "restituirla a comunidades aborígenes". Literal.
Los firmantes fueron el ex ministro de Agricultura Ricardo Fragueyro y el ex intendente Fabián Varela.
Apropiarse con disimulo
Pero el alerta hoy prendió por el lado de Baigorria. Los vecinos que conocen del asunto suponen que la ofensiva privada podría prosperar en el municipio lindero, porque allí no existe una ordenanza –como sí existe en Baigorria– que protege ese cayo del río.
Desde la Multisectorial Humedales repararon en que la licitación no tuvo ni consulta previa en el Concejo, y que junto al parador Puerto Pirata hay "una construcción que ni siquiera está aprobada y nadie se hace cargo de ella. Ahí estaría el emplazamiento de quien será el ganador de la licitación, que ya está puesto", indicaron sin sorpresa. También aseveraron que se enviaron cartas documentos al Ejecutivo y no hubo respuesta. De nada sirvió que invocaran el derecho vigente a la información, que obliga al Estado a revelar en detalle sus actos de gobierno.
"La gente de Baigorria no quiere intimar al intendente porque atrás vendrá la represalia de diversas maneras, como inspecciones a comercios, multas, cosas por el estilo", comentaron las fuentes consultadas a este diario.
La comisión Reserva Isla de los Mástiles (integrada por Taller Ecologista, El Paraná No Se Toca, Multisectorial Humedales y ambientalistas de Baigorria, entre otras firmas) realizará esta semana una presentación judicial para frenar la licitación, según adelantaron. Pero el proceso de apropiación ilegal de la isla continúa, paulatino y con mayor o menor disimulo.
"Ponen un cartel de que es propiedad privada, luego ponen boyas, y la gente no quiere lío y lo acepta y así se van instalando como si fueran dueños", sintetizaron.
"Hace dos años que le venimos avisando a la Municipalidad sobre una construcción en la isla y nunca respondieron. La única vez que el Ejecutivo contestó un pedido de informes del Concejo dijo que la casa de al lado era para el sereno de Puerto Pirata. Pero es una casa que vale más que todo Puerto Pirata, que además tiene una concesión... Y ahora todo pasaría a manos de este hombre", relataron conocedores del asunto que pidieron reserva de identidad.
Uno de los negocios en ciernes es el de implementar un servicio de taxi náutico, para lo cual –suponen los observadores– ya montaron un pontón en la bajada Formosa para funcionar como embarcadero.
La fórmula del Frente de Todos para recuperar votos
"Mostrar lo que hacemos"
Así lo cree Marcelo Lewandowski que fue el candidato a senador más votado en las PASO pero su espacio quedó atrás de JxC.
El Frente de Todos en Santa Fe parece estar decidido a no encontrar ninguna fórmula mágica o el efecto certero de algún slogan de último momento que ayude a recuperar votos para el 14 de noviembre. Sus principales dirigentes y candidatos están convencidos de que lo más importante es “mostrar lo que se está haciendo en Santa Fe de la mano del gobierno provincial y nacional, que es mucho”, como le dijo a Rosario/12 el candidato a senador nacional Marcelo Lewandowski. “Si uno mide espacio con espacio sí vemos que hay que recuperar votos, pero fuimos la lista más votada y en estas elecciones será un barajar y dar de nuevo”, asegura. Pidió que la gente a la hora de votar “al margen de los enojos y las angustias que todos podemos tener, que mire un poco más atrás y vea de dónde venimos, qué país nos dejaron y cómo intentamos salir”. Lewandowski afirmó que “no hay duda de que falta lo más importante, que todo lo que se hace se sienta en el bolsillo de la gente”.
“Lo más importante en este momento es mostrar lo que se está haciendo que no es poco. Después de la pandemia que pasamos, a veces no se toma dimensión que aquí entre el gobierno nacional y el gobierno provincial se está poniendo en marcha el aparato productivo como quizás no sucede en otras partes del país”, dijo Lewandowski y enumeró que en materia de infraestructura “hay una inversión fenomenal en todos los sectores. Podemos hablar de las autopistas, de la 33 de la 34; del tramo que se viene del tercer carril a la AO12, el puente de la AO12 sobre la autopista. Además de los gasoductos, de lo que se está invirtiendo en el ferrocarril, tanto de carga como de pasajeros donde vamos a volver a tener esos servicios que perdimos hace años”, resumió y señaló que “todo eso es lo que hay que salir a mostrar y también en materia productiva lo que está haciendo el gobierno de la provincia que desde el Plan Incluir y otras alternativas es mucho”.
Para el candidato a senador del Frente de Todos, que estará acompañado en la boleta por María de los Angeles Sacnun, “los discursos y los slogans son lindos para ganar las elecciones, después hay que llevar ideas y proyectos y para elaborarlos hay que conocer”, mencionó en dirección a su principal competidora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada. “Yo voy a una fábrica y nací en un colegio técnico, y sé cuál es la problemática y hablo con los empresarios. También con la gente de campo que me explica cuál es la problemática de las carnes y las entiendo. Y entiendo cuáles son las regiones en las que es necesario potenciar determinado tipo de ganado”, graficó. Y aseguró que “con slogans vacíos que sirven para que por ahí algunas personas digan me identifico con una frase, que además está coucheada, con eso no vamos a solucionar la vida de los santafesinos y de los argentinos en general”.
Para el candidato del peronismo “si uno hace una lectura midiendo espacio con espacio, uno dice hay que remontar. Pero la lista más votada ha sido la nuestra y estas elecciones del 14 de noviembre son un barajar y dar de nuevo”, aseguró. “Entonces habrá que ver qué pasa porque entendemos que habrá muchos votos nuevos dando vueltas, entre los que no fueron a votar, los votos de los que no llegaron al piso exigido, aquel al que le impugnaron el voto. Nos dicen por ejemplo que hubo varios casos en los que colocaron las dos boletas del Frente de Todos; entonces creo que hay para discutir por lo menos 500 mil votos respecto a las Paso de septiembre”, concluyó.
Lewandowski pidió a los votantes "acordarnos de dónde venimos, qué país nos dejó el macrismo y el esfuerzo qe hubo que hacer para recuperarnos en medio de una pandemia que también hubo que atender". Y aseguró que "más allá de los enojos y las angustias por las que todos atravesamos debemos tener en cuenta estas circunstancias para tomar real dimensión de todo lo que se ha hecho y se ha invertido en estos años y sabremos que más temprano que tarde la gente lo empezará a notar en su vida cotidiana, en su bolsillo", concluyó.
Qué es el derecho al olvido y cómo se regula en la Argentina
Cómo borrar los datos de la nube
La abogada y docente María Laura Pujol aclara los alcances de las demandas de los usuarios a los motores de búsqueda.
No es noticia que los motores populares de búsqueda son cada día más codiciados. Es que estos se constituyen como una enciclopedia móvil donde el conocimiento está al alcance de cualquier persona, mediante algo tan simple como un teléfono celular. ¿Qué sucede en caso de que esa información esté dañando la imagen o la intimidad de una persona? María Laura Pujol, abogada y docente de la materia Política y Derecho a la Comunicación perteneciente a la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, detalló de qué se trata el famoso “Derecho al olvido” y cuáles son sus alcances.
En el universo digital, la posibilidad de viralizar y replicar contenido es mucho más fácil que antes porque toda la información permanece en la nube. Los motores de búsqueda permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos y con extrema facilidad. El más popular es Google y, si bien hay otros, éste fue el causante de inventar un nuevo verbo que ya está incorporado en la lengua cotidiana: “googlear”. Tanto cúmulo de información implica nuevos desafíos para disciplinas como el Derecho.
Aquí surge lo que se ha de llamar el Derecho al Olvido, un concepto relacionado con la protección de datos personales. “Hasta hace aproximadamente un año, cuando hablábamos de Derecho al Olvido, lo hacíamos nada más que para referirnos a casos que sucedían en Europa. Lo más cercano que tenemos a esto en Argentina es la Ley de Protección de Datos Personales, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional que contempla la acción de Habeas Data, como recurso que tenemos todas las personas para poder conocer cuál es nuestra información personal existente en las bases de datos y registros, ya sean públicos y/o privados, y solicitar que sea modificada, eliminada o actualizada si vulnera nuestros derechos personalísimos: derecho a la intimidad, al buen nombre, al honor, etc”, especificó Pujol.
“El dilema se genera cuando esa información que se pretende borrar, bloquear o suprimir es de interés público".
Si bien los reclamos judiciales pueden dirigirse contra el medio original que publica el dato o la noticia para lograr eliminar la información, lo habitual es que éstos se dirijan directamente a los buscadores. Según Wikipedia, en el último informe de transparencia de Google se refleja que en el año 2014 ha recibido más de 670 mil solicitudes de usuarios que pedían eliminar distintos datos asociados con sus nombres. “El dilema se genera cuando esa información que se pretende borrar, bloquear o suprimir es de interés público. Aquí es cuando se genera una colisión entre Derecho a la Información y Derecho a la Protección de Datos Personales”.
Es importante aclarar que la decisión no queda simplemente en manos del buscador. En el caso de Europa, desde que se implementó este derecho, Google recibió en la Unión Europea más de 650 mil pedidos para quitar enlaces y accedió a hacerlo en un poco menos de la mitad de los casos. Cuando se niega eliminar la información y el usuario insiste en su reclamo, interviene la Justicia. Es potestad de esta última darle la derecha o no al pedido del denunciante.
¿Cuándo puede ser rechazado este pedido? Puede suceder en casos particulares donde se antepone el interés público, como, por ejemplo, en función del papel que esa persona desempeñe en la vida pública. Aquí es donde chocan el derecho a la información con el derecho a la privacidad, que están separados en algunos casos por una línea muy finita, que suele ser puesta en el centro del debate.
El caso 0
A nivel internacional, regional y local hay casos similares donde se ponen en pugna el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información. "Son casos complejos y de difícil solución. Por más que los hechos fácticos en muchos casos sean similares, las decisiones pueden ser muy diferentes. Por eso cada caso de esta índole es único".
El primer caso conocido surge en España durante el año 2014, cuando el abogado Mario Costeja Fernández le solicitó a Google y al diario La Vanguardia que borraran una información que se vinculaba a una subasta de inmueble por una deuda que ya había saldado hace años. En el buscador seguía apareciendo como moroso y esto le complicaba seguir desarrollando su vida de manera normal. “Por un lado la justicia española desestimó el reclamo contra el periódico porque la publicación había sido legal, o sea que fue hecha en un momento donde esa información era válida. En cambio, estimó el reclamo contra Google porque entendió que los gestores de motores de búsqueda son responsables del tratamiento de datos. La empresa demandada recurrió el fallo y la solución final del caso estuvo en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Este tribunal obligó a Google a que borre el nombre del particular afectado de los motores de búsqueda pero no está la obligación de borrar ninguna página web del periódico mencionado. "La obligación recae sobre Google y se le indica que desindexe el nombre de Corteja de la noticia. Desde ese momento se sentó precedente y la Unión Europea oficializó el derecho al olvido”.
Imaginando que esta situación iba a traer una lluvia de reclamos, Google se anticipó y creó un formulario web para que las personas que se sientan afectadas puedan completarlo. Luego, la empresa tiene la potestad de decidir si esa información será cancelada o no, dependiendo del contenido. Estrategias similares implementaron otros buscadores como Yahoo o Bing.
Hasta ese momento existía la Agencia Española de Protección de Datos, la cual es muy similar a la que tenemos localmente como Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. “Es similar a nuestra normativa, pero agrega algo más, ya que regula supuestos en que la información se considere obsoleta, o sea información que ya no sirve para los fines que fue recabada y publicada. En el 2018 comenzó a regir el reglamento general de Protección de Datos de la Unión Europea que reemplazó esta regulación española”.
Algunos casos locales
Uno de los casos más conocidos es el de la modelo cordobesa María Belén Rodríguez, la primera en llevar a Google a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2014, por la aparición de su nombre y sus fotos en sitios vinculados a pornografía y prostitución que vulneraban su derecho al honor y a la intimidad. “En realidad, le inició acciones legales a Google y a Yahoo. La Cámara ordenó dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, y rechazó la demanda contra Yahoo porque entendió que no tenía ninguna responsabilidad ya que tendría que haber demandado al portal web que es el creador de los contenidos. Pero realizó una salvedad con respecto a Google, porque consideró que sí realizó tratamiento de datos al utilizar su imagen en miniatura para hacer publicidad de esas páginas sin su consentimiento. Llegado el caso a la Corte, nuestro máximo tribunal determinó que no se puede responsabilizar a los motores de búsqueda porque son simples intermediarios y la culpabilidad cae en los portales creadores de los contenidos. Solamente serán responsables cuando hayan tomado efectivo conocimiento de un contenido ilícito y no actúen de forma diligente o en aquellos supuestos en los que existe una decisión judicial y no la cumplen. Es interesante porque es una solución muy diferente al caso de Mario Corteja y sucedieron el mismo año".
"Nuestro máximo tribunal determinó que no se puede responsabilizar a los motores de búsqueda porque son simples intermediarios".
Otra reconocida demanda puso en puja el límite que existe entre el “derecho al olvido” y el derecho a la información. Se trata de un fallo, sobre la pretensión de la actriz Natalia Denegri, quien inició una acción judicial con el objetivo de eliminar contenidos vinculados al famoso Caso Cóppola. “Denegri solicitaba que se le aplique el derecho al olvido, supuesto no regulado en nuestro ordenamiento jurídico, al requerir judicialmente que se eliminen los enlaces que la vinculaban con su pasado mediático. Finalmente la cámara le dio la razón ya que su asociación con la causa fue en carácter de víctima. Ordenó la desindexación del nombre de Denegri con este caso, una solución similar al suceso español. Si uno ingresa a leer noticias de este caso, va a aparecer Denegri pero no se generarán resultados relacionados con su paso por los medios si colocamos su nombre en el buscador. Es un caso delicado porque se aplicó un instrumento jurídico que no está en nuestra legislación, por lo que queda pendiente la revisión correspondiente de la Corte Suprema de Justicia”.
EPE
Pandemia sin punitorios
DISCAPACIDAD
Santa Fe en la mesa
Peronismo y ecología
Siendo ya Presidente Juan Domingo Perón dicta una serie de clases destinadas a dirigentes y militantes de su naciente movimiento, que luego adquirirán forma de libro bajo el título de “Conducción Política”. Esa retórica de impronta pedagógica ya había sido exhibida en un texto anterior, “Apuntes de historia militar”; solo que mientras en este último se expone una aplicación del pensamiento de Clausewitz para dictaminar cuanto la guerra tiene de drama y cuanto de ciencia, en aquél, Perón apunta a establecer algunos principios medulares del arte de conducir.
Por cierto que este ejercicio teórico se codea siempre con una paradoja, pues se intenta enseñar lo que en algún sentido no se puede aprender. Dicho de otra manera, si bien es detectable que hay determinadas técnicas que pueden ser adquiridas por cualquier aplicado aspirante, el Conductor en definitiva es un hombre extraordinario. Aquel que portando el “Oleo Sagrado de Samuel”, exhibe un talento especial imposible de ser completamente transferido.
La figura del Conductor es sustancial en la gramática peronista, y por lo tanto es fundamental delinear aquellos rasgos que lo distinguen. En la obra que comentamos, se puntualiza una sinopsis tajante de los liderazgos, y a partir de allí Perón se distancia tanto de los caudillos como de los políticos. Los primeros se aprovechan de la desorganización de la masa para ponerla al servicio de extraviados intereses, y los segundos son o bien meros ejecutores de orientaciones estratégicas que no fijan o bien arteros representantes de un partidismo faccioso.
El General-Presidente desprecia para si ambos títulos y se presenta como Conductor, cuya diferencia específica, precisa, es la de dar Doctrina. Conjunto sublime de verdades de la patria que permite que la masa inorgánica devenga pueblo organizado. La diagramación de esas clarividentes orientaciones quita a los caudillos territorio de incumbencia y dictamina para el mero político el marco en el cual debe desarrollar su secundario desempeño. Se suscita aquí un notorio malentendido, pues si por una parte los adversarios del peronismo le endilgan a su jefe máximo un supuesto desdén pragmático por una ideología minuciosa, este define su rol en la historia como dador de un cuerpo trascendente de conceptos.
Y la extrañeza no concluye allí, pues si bien es perceptible que a lo largo de su trayectoria el pensamiento de Perón va admitiendo desplazamientos y mutaciones, los textos que éste referencia como testimonio de su palabra vertebral son siempre los mismos. “Conducción política”, “La Comunidad Organizada” y “El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, contienen la invariancia nutritiva de una Doctrina a la que nos atrevemos a catalogar como filosofía política.
Y nos interesa especialmente asirnos de esa calificación pues el peronismo, es imprescindible recordarlo, es más que un movimiento vigorosamente apto para la competencia electoral o un programa transformador de gobierno. Se concibió desde su origen como portador de una densidad cultural reparadora al calor de la decrepitud moral de Occidente; y resulta un dato central que es en el Congreso Internacional de Filosofía de Mendoza en 1949 donde el Conductor presenta ante lo más granado del supremo saber lo que considera un aporte atendible para corregir el destino alarmante que atisba para el género humano.
Pues bien, esa terapéutica filosófica parte de señalar dos disvalores medulares. El egoísmo (que queda caracterizado como la sobreestimación del interés propio) y el denominado “materialismo práctico”. Dicha denuncia no obstante siempre se despliega en torno a un equilibrio que debe ser restaurado, lo que implica tanto no caer en la estadolatría como establecer con nitidez el contrapeso adecuado de una ontología espiritualista.
Lo que luego se conocerá como Tercera Posición es el punto de articulación armónica entre la libertad de un individuo que debe subsumirse voluntariamente en un destino colectivo que lo contenga, y la combinación virtuosa entre el desarrollo de las fuerzas productivas, los avances tecnológicos y una antropología no cooptada por el consumismo y la mercantilización de la vida cotidiana. Respecto del primer planteo, Perón lo define como “la armonización progresiva del yo en el nosotros”, en una lógica que yendo de Aristóteles a Hegel pretende auspiciar una ética que no desligue al sujeto de su compromiso primordial con la cosa pública. El capitalismo exacerba una impronta individualista que repudia la intromisión estatal y abjura de las obligaciones que emanan del bien común, y el comunismo ahoga la singularidad irreemplazable de cada persona humana a través del uso totalitario del aparato estatal.
Pero detengámonos con más detalle en el segundo ejercicio conciliatorio, entre el materialismo y el espiritualismo. Tanto el capitalismo como el comunismo han quedado apresados por una moral productivista, aferrados a la maximización del consumo e idolatrando el avance científico como instrumento del progreso. Si bien en el marxismo el igualitarismo social distribuye los beneficios de ese progreso y con el liberalismo se concentra indebidamente la riqueza, tanto uno como otro subestiman toda experiencia vital que surja del altruismo y la ética del don.
Hay un excedente de la existencia virtuosa que proviene de la solidaridad con el otro sufriente, y donde esa otredad en tanto prójimo equivalente invita a un contacto mediado por la reparación que proviene de la militancia política. Lo que llamaríamos compensación espiritualista de estas desviaciones civilizatorias supone tanto una distribución mucho más equitativa de la riqueza producida como la promoción de formas del vínculo social no guiadas por la lógica del lucro.
Pero además, y en estos queremos detenernos particularmente, ese espiritualismo implica pensar en un tipo de humanismo no cientificista, en el cual la transformación de la naturaleza no implique agredirla ni degradarla, y los aportes de la técnica tengan un resguardo normativo que no la convierta en ariete sofisticado para la autodestrucción del planeta y de la especie.
Esta trama de conceptos sin embargo no deja de requerir mayores precisiones ni logra clausurar una serie de interrogantes. Dijimos que “La Comunidad Organizada” se organiza en torno a una ontología de la concordia entre principios contrapuestos. Ni el exceso individualista ni el desborde estadolátrico. La pregunta surge inevitable. La exacerbación del materialismo práctico requiere la cirugía cultural del espiritualismo; ahora bien, ¿en qué consistiría un espiritualismo desmedido? ¿Cuál sería el extremo espiritualismo que convendría evitar?
Si revisamos correctamente el texto, circula también una historia de la filosofía, al interior de la cual se descubre el despliegue de los problemas que inquietan. Y en esa secuencia Perón adopta una visión positiva de la modernidad, para empezar porque rescata uno de sus pilares conceptuales (la idea de un individuo libre) y su comunitarismo en ningún caso es organicista ni compulsivo sino construido y tendencial.
Es más, su visión del medioevo es claramente denigratoria, pues allí existió un exceso espiritualista, si entendemos por tal una suerte de totalitarismo de la fe. A este respecto, es muy sintomático que el peronismo quede asociado con El Renacimiento, como analogía que pretende asociar dos momentos que advienen para sacar al mundo de las tinieblas. El Renacimiento de las penurias del Medioevo y el peronismo de una decadencia moral de Occidente que a través de la acción imperialista somete a los países del Tercer Mundo a la dominación económica y la expoliación social.
Es incluso llamativo que en los artículos que publica en el diario “Democracia”, y que luego se compilarán en el libro que se titula “Política y estrategia”, Perón utilice como seudónimo el nombre “Descartes”. Es enigmática esa elección, pero bien podría ligársela a su mirada cordial para con la modernidad filosófica. Ese pertinente apunte viene a cuento además para despejar cierto equívoco que proviene de las influencias de la Iglesia Católica en el primer peronismo, y de las constantes menciones de Perón a que su doctrina es humanista y cristiana. Efectivamente lo es, pero de un cristianismo primitivo muy en sintonía con el que Eva menciona en su texto póstumo conocido como “Mi mensaje”. Un cristianismo de los pobres, antiimperial y crítico de la connivencia de las burocracias eclesiásticas con las oligarquías y el golpismo.
Perón, entonces, humanista y moderno que rescata la idea de individuo y por lo tanto su escisión constitutiva respecto de la naturaleza. Centralidad de la persona humana como dadora de sentido y fuente última de todo orden social. La inquietud surge entonces transparente, ¿cómo dar cabida a un humanismo que no degenere en algunas de las desviaciones del materialismo práctico? Esa duda se incrementa si nos detenemos en el conocido discurso de Perón del 21 de febrero de 1972, “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo”, donde con notable lucidez anticipa muchos de los dilemas y alertas que hoy declaman ciertas corrientes del ecologismo contemporáneo. Es obvio que retorna a viejas preocupaciones, solo que devenidas ahora en amenaza geopolítica.
Transcurre en estos tiempos una controversia que parece estancada. Por un lado, una corriente (que sus adversarios denuestan por “desarrollista”) que enfatiza la importancia de favorecer un aprovechamiento productivo de recursos naturales que facilite al país divisas que necesita para alcanzar mayor niveles de inclusión social. Por el otro organizaciones (que sus críticos denuncian por “fundamentalistas”) que bajo la imputación de “extractivismo” observan depredación en cualquier forma de explotación sistemática de las rentas primarias de la economía.
El dilema es delicado, como ya lo advirtió el propio Perón. No es ya por cierto viable un retorno bucólico y premoderno a la hermandad sujeto-naturaleza, ni es aceptable subestimar el altísimo riesgo que corre el ecosistema frente al desenfreno del lucro capitalista. Habría tal vez que apelar a los que los clásicos llamaban sofrosine o principio prudencial del justo medio. Rentabilidad razonable para una serie de actividades sin las cuales los pueblos resignan ingresos sustanciales para su bienestar, y extremos recaudos del poder público al momento de controlar el desprecio del Capital por la tierra que nos cobija. Filosofía del equilibrio. La Comunidad Organizada.
Fuente:Rosario12



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