Un año de impunidad: “Florencia
era una revolución en sí misma”
Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021
Se cumple el primer aniversario del brutal femicidio de la referenta y militante del Partido Comunista, Florencia Gómez. La causa lleva un año estancada y la justicia no admite a la agrupación política como querellante.
El 12 de octubre del 2020, Florencia Gómez, referenta de la Federación Juvenil Comunista (FJC), salió a caminar por su pueblo, San Jorge, ubicado en el oeste de la provincia de Santa Fe. Horas más tarde encontraron su cuerpo con claros signos de abuso en un cañaveral.
Un año después de su femicidio, el expediente de la causa suma hojas con testimonios y pericias, pero la justicia no logra dar con ningún sospechoso. Hasta el momento, se realizaron 32 estudios de ADN en búsqueda del posible femicida, pero todos los resultados fueron negativos.
Según sus camaradas, Florencia era una militante ejemplar y un cuadro nacional del Partido Comunista (PC). En su pueblo se dedicó a trabajar junto a las infancias bajo la premisa de que a nadie debería faltarle un plato de comida. Ayelen Beigbeder, dirigenta de la FJC y amiga de Florencia, la describe como “una columna vertebral” de la organización.
“Era una militante de un proyecto político muy claro, era feminista y abolicionista, luchaba por la legalización del aborto y por que se trabaje la Ley Micaela en el municipio, y sobre eso nadie quiere hablar”, dice Beigbeder a Notas, al mismo tiempo que añade que la investigación está “igual que el primer día”.
Este martes, en el primer aniversario de su femicidio, familiares, vecinos, amigues y compañeres de Flor se movilizaron para pedir justicia, y para denunciar que el fiscal a cargo de la causa, Omar De Pedro, se niega a aceptar al Partido como querellante. Además, destacan que es necesario que se incorpore la perspectiva de género para abrir nuevas hipótesis en el marco de la investigación, actualmente abocada al “círculo íntimo” de la militante. Por eso exigen que la causa sea intervenida por la Fiscalía especializada en género y que se le asigne un mayor presupuesto.
El PC pide ser querellante de la causa porque, en palabras de Ayelén, sienten que el femicidio de Florencia los involucra. “Queremos garantizar que la justicia avance a fondo, y no solamente obtener el resultado de un femicida, sino que el juicio se desarrolle con las características que necesitamos, porque todo el tiempo estamos sentando precedentes”, señala.
Por otro lado, la camarada de Florencia asegura que el PC tiene “una larga experiencia en todo lo que tiene que ver con derechos humanos”, y que también fueron “parte central de la construcción del ‘nunca más’ en Argentina”. “En esas querellas, demostramos cuáles son los roles de los partidos revolucionarios”, apunta.
“Nosotras sabemos qué es lo que sufrimos, cuáles son las violencias con las que el sistema constantemente nos azota, y es por eso que entendemos que los femicidios son crímenes políticos, porque nos atemorizan, porque son una forma de acallamiento”, continúa.
A lo largo de su trayectoria militante, Flor luchó por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, por la declaración de emergencia por violencia de género en la provincia de Santa Fe, y durante sus últimos años de vida se dedicó a coordinar la aplicación de la Ley Micaela en el Consejo de San Jorge.
“Parece que las mujeres no somos sujetos políticos ni sujetos de derecho, y Florencia era una persona que no era solamente un sujeto político, sino que era una revolución en sí misma, y así la conservamos en nuestras retinas”, destaca Ayelén.
Y completa: “Nosotros vamos a sostener nuestra lucha en las calles, en las calles que pisó Flor y las que tuvo que haber pisado en absolutamente todo el mundo un cuadro del tamaño de ella, hasta que no logremos garantías de no repetición, que es la única justicia que podemos esperar”.
Por la noche de este martes, los habitantes de San Jorge marcharon hacia la Fiscalía local, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se realizaba una movilización en Plaza de Mayo. Durante el fin de semana, los vecinos de Flor realizaron distintas actividades lúdicas y artísticas en la Placita del Che, donde la militante comunista desarrollaba sus proyectos barriales.
“Extrañamos muchísimo a Flor. Nos duele mucho tener que estar pidiendo justicia por ella, tener que ver su cara en banderas y no al lado nuestro, pero el corazón roto no nos va a detener jamás”, concluye su amiga y camarada.
Fuente: Notas del periodismo popular
Reforma con aroma a Patronato
Por Laura Taffetani, Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021.
El Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, ha anunciado un paquete de reformas “para agilizar la justicia”. En ese marco se propone la modificación de la Ley de Abogados del Niño, recortando su actuación y otorgándoles a los jueces facultades que recuerdan a las del viejo paradigma de Patronato de Menores. Esto representa un retroceso inadmisible en el proceso que se ha ido consolidando a partir de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en la que se les reconoce a los niños y las niñas la calidad de sujetos plenos de derecho.
La ley 14568
En la Provincia de Buenos Aires, en el año 2013, se sancionó la ley 14.568 de Abogados del Niño. A partir de ella, por primera vez, niños, niñas y adolescentes pudieron tener sus propios abogados y abogadas para garantizar su voz en los procedimientos y procesos donde se encuentran involucrados. Para garantizarlo el Estado asume el pago de honorarios en los casos de que los padres no puedan afrontarlos. Todos los niños y niñas, entonces, independientemente de su condición social, pueden contar con patrocinio letrado.
Para ello sólo se requiere la necesidad expresada por los niños y/o adolescentes, de sus responsables o de las instituciones que intervienen y permite contar con las garantías procesales que cualquier persona posee. En la ley no hay edad, ni limitación alguna que no sea su necesidad, teniendo en cuenta el reconocimiento que la Convención de los Derechos del Niño ha hecho de la calidad de sujetos plenos de derechos. La única limitación fue la esfera penal la que, por supuesto, quedó en poder del monopolio estatal.
De este modo, el pedido ingresa a los Colegios de Abogados departamentales donde existe un Registro de Abogados y Abogadas de NNyA especializados en el tema.
En el transcurso de los años la figura fue imponiéndose, no sin resistencias de los viejos paradigmas que se esconden en el nuevo discurso oficial de los derechos de los niños. El proceso que siguió en su aplicación fue tan fascinante como complejo, del mismo modo que sucede en la relación de las infancias y adolescencias con el mundo adulto.
Pero con este anteproyecto, en momentos en los que justamente las infancias y las adolescencias representan el sector más vulnerado de la crisis económica endémica en nuestro país y que con la pandemia se ha tornado mucho más grave, el Ministerio de Justicia de la Provincia pretende modificar la ley recortando la figura. Según el anteproyecto, no todos los niños y niñas son sujetos de derecho y deben tener abogados, sólo los que por edad y madurez suficiente -lo quedaría a criterio sólo de los jueces- puedan sortear los intrincados pasillos del procedimiento para demostrar que al fin y al cabo son sujetos merecedores de un patrocinio letrado.
También crea un Cuerpo de Abogados y Abogadas del Niño del Estado para los que sus padres no puedan pagar; justamente los casos en los que la mayor vulneración de derechos proviene del propio Estado, por lo que será difícil que la relación jerárquica permita que vaya contra sus propios intereses.
En la Provincia de Buenos Aires, como sucede también en el resto del país, hace mucho tiempo ya que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser parte real de la agenda pública. Los magros presupuestos que se destinan en las políticas sociales y a los efectores que trabajan con ellos y ellas es una prueba palmaria de esta realidad. Más del 60 % de las infancias y adolescencias se encuentran por debajo de la línea de pobreza, pero estas cifras dramáticas no se corresponden con las acciones implementadas en los distintos gobiernos. Por eso tampoco es casual que lo poco que hay se quiera acotar.
El peligro de la niñez con asistencia letrada
La relación entre los adultos y las infancias no es agua de estanque. Por el contrario, es una relación compleja y de permanente movimiento, muchas veces difícil, en una dialéctica permanente entre la realidad en la que vivimos y la imagen ideal que nos hacemos.
Cuando hablamos de infancias en su relación con el mundo adulto, todo se trastorna. Generalmente se coloca a los actores en una relación despareja: el adulto aparece como alguien que “ya creció” y “sabe más” frente a otro sujeto que “está creciendo” y “sabe menos”. Esta es una disparidad que debe ser atendida, porque en una sociedad de concepción adultocéntrica, la única mirada que prima es la adulta, la que se considera poseedora del conocimiento y por lo tanto la única legitimada para ser tenida en cuenta.
Si a esto agregamos que lo que incide en ese adulto, no es su mirada sobre los niños y niñas en cuestión sino la percepción que tiene acerca de cuál es la imagen ideal que tiene acerca de la infancia – muchas veces, poblada de viejas tristezas y frustraciones de su propia infancia a la que protege de toda mirada indiscreta- llegaremos al ojo de tormenta de lo que significa darles entidad de sujetos a las niñeces y adolescencias involucradas.
Hoy todo el mundo habla de las infancias. Sin embargo, venimos de una historia en la que su aparición como concepto, como un sujeto a considerar por sí mismo, es una categoría en términos históricos reciente. Pero a su vez, esta nueva perspectiva trajo bajo el brazo, en forma simultánea, su control. Y comenzaron a erigirse distintos mecanismos para establecer las salvaguardas necesarias que pudieran generar la “sensatez” y la “vigilancia” de ese proceso, bajo el gran eufemismo de la “protección de los niños y las niñas”, en particular, si ellos y ellas provienen de los sectores más empobrecidos.
Una de las formas de establecer este control social fue justamente imponer una idea de infancia única, de parámetros clasistas; una idea cándida y rosa que omite sus verdaderas realidades, las condiciones en que se desarrolla, bajo la égida de modelos de familia y de vida.
Dentro de esos parámetros entonces no tienen cabida ni sus sueños, sus fantasías y sus deseos, a los que considera peligrosos. Así su creatividad es cercenada para someterlos a un crudo “realismo”, patrimonio del mundo adulto y para hacerla digerible se procede a desrealizarla cuidadosamente, quitándole todo vestigio de conflicto, ofreciéndole al adulto la posibilidad de ejercer su poder tranquilo y seguro al no reconocerlos como personas, otros equivalentes distintos a ellos.
Pero los niños y niñas son testigos y actores sensibles de sus realidades por eso es tan necesario su protagonismo en las cuestiones que los atraviesan.
Ida y vuelta
El terreno de las infancias es sinuoso y muchas veces desafiante. Son personas asombrosas, deslumbrantes, cambiantes en su proceso constante de crecimiento, con una imaginación sin fronteras, a veces con deseos de crecer rápidamente y otras, no queriendo abandonar el territorio conquistado en el que se sienten seguros. Frágiles y sensibles a nuestro mundo. Necesitan aprender pero también son muy capaces de enseñar. Sensatos e insensatos al mismo tiempo. Y es en esa ambigüedad donde los adultos debemos transitar en nuestra relación con ellos y ellas. Equilibrio que no es fácil por esta razón. Proteger y a la vez dar rienda suelta para que puedan crecer en forma cuidada, sin oprimir. Mirar desde el adulto y a su vez, desde el niño con todo lo que tiene de complejo. Sin ese movimiento de ida y vuelta la protección se convierte inmediatamente en tutelaje, control y censura.
Es cierto que los mayores cambios que los niños, niñas y adolescentes necesitan no se dirimen en tribunales, ni en los poderes administradores de turno que han demostrado que lejos están de asumir una política de verdadero compromiso con ellos y ellas, pero justamente si este retroceso se concreta será un nuevo paso hacia atrás de todos los que ya se vienen dando en distintos terrenos y que han hecho que las infancias y las adolescencias hayan dejado de ser parte de las agendas de gobierno.
A veces los ogros cobran formas impensadas, pueden habitar un castillo como en los clásicos cuentos infantiles o pueden ser funcionarios que, detrás de un escritorio, conspiran contra los niños y niñas a los que quieren someter. Una batalla que lleva ya varios siglos, pero en la que siempre, surgen al final los aliados necesarios para convertir a esos ogros en pesadilla.
Ojalá que en esta pequeña batalla lo logremos también.
Fuente: Pelota de trapo
Tras nueve días caminando, la
marcha por el agua llegó a la capital
de Jujuy
Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021.
La sexta caminata por «el agua y por la vida» que partió de La Quiaca arribó este martes a San Salvador de Jujuy. La manifestación la concretaron distintos pueblos originarios de Puna y Quebrada para reclamar por la explotación y contaminación del líquido elemento.
- Comunidades originarias concretaron la 6ta “caminata por el agua y por la vida”.
- Hace nueve días partieron de La Quiaca y este martes llegaron a San Salvador de Jujuy.
- El reclamo es por la explotación y contaminación del líquido elemento, además del avance de las megamineras.
El pasado lunes 4 de octubre, inició la sexta edición de la denominada “caminata por el agua y por la vida” organizada por comunidades originarias de Puna y Quebrada.
Tras asambleas, decidieron partir de La Quiaca para atravesar a pie distintas localidades. El domingo pasaron por Tumbaya y el lunes feriado arribaron a Volcán donde realizaron una ceremonia para luego continuar con su marcha.
Este martes, luego de nueve días caminando arribaron a San Salvador de Jujuy.
Llegaron al acceso a Ciudad de Nieva para continuar con su manifestación en la Legislatura y por último asentarse en Casa de Gobierno.
El reclamo no es nuevo: pedido por el cuidado del líquido elemento vital en los pueblos aborígenes ante el avance de las megaminerías. https://www.youtube.com/embed/pl7G_8_nrqs?feature=oembed
Rosa González de la comunidad del Angosto del Rodero denunció: “Esta caminata para nosotros es un peregrinar buscando justicia. Ingresaron máquinas de vialidad de la provincia y destruyeron territorio sagrado. Maquinas ingresan, marcan el camino y de noche rompen el suelo. Se han hecho las denuncias correspondientes, nos dijeron que nos iban a entregar un informe que nunca llegó”.
Por su parte Nadia de Azul Pampa indicó: “No podemos poner en sacrificio los elementos de la naturaleza, el agua es vida. Sin agua no podemos vivir. No a la minería a cielo abierto, no a los saqueos de los pueblos originarios”.
12 de octubre: Sin territorio no hay
buen vivir
Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021.
Han pasado 11 años desde que el “Día de la Raza” cambió su nombre a el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” en Argentina. Los cambios que en ese entonces eran presentados como un momento de refundación de la relación Estado Nacional y Pueblos Indígenas, una década después, tiene gusto a poco.
En diez años pasaron muchas luchas: acampes, desalojos, asesinatos, caminatas, racismo judicial y mediático. Lxs que se encolumnan atrás de partidos políticos dirán que no es lo mismo hace cuatros años que ahora. Para quienes desde hace años nos encolumnamos detrás de la Wiphala y que nuestra lucha es por nuestros Pueblos, es dificil ver el vaso medio lleno cuando falta Rafa Nahuel, cuando las niñas y jóvenes son víctimas del chineo, cuando la Educación Intercultural sólo se aplica en un par de provincias, cuando cada cuatro años se debe reactualizar el pedido de prórroga de la Ley 26.160 para resguardar los territorios, entre otras violencias de un estado racista y negacionista.
Actualmente activistas y organizaciones se encargan de visibilizar problemáticas y violencias que nos atraviesan y debaten sobre la reivindicacion de nuestros rasgos y cultura, sin embargo la visibilización por sí sola no alcanza frente al panorama señalado.
Es muy importante que se comience a generar propuestas y proyectos politicos para pensar y trabajar en la autodeterminacion, un proyecto para la liberacion de los pueblos preexistentes. Para los Pueblos andinos, eso se llama Buen Vivir. Para eso, lo básico es el territorio. Como dijo Patricia Segundo, hermana ava guaraní: Sin territorio no hay Buen Vivir. Y ese es el reclamo de las 38 Naciones Indígenas.
En este contexto somos las mujeres indígenas quienes además de ser sostén de nuestras familias, sostenemos nuestras comunidades, sostenemos luchas y nos sostemos las unas a las otras. Somos las guardianas de los saberes y territorios ancestrales, las que estamos en las calles, casas, quintas, barrios, fábricas, universidades, escuelas, en la ciudad y en el campo ; resistiendo. Porque finalmente es eso lo que se conmemora este día, la resistencia de nuestrxs ancestrxs, nuestra resistencia.
Telesisa
Desgranando el pasado
Ley de medios: entre lo que fue y
ya no es y lo que necesitamos que
vuelva a ser
Por Adrián Pulleiro. Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021.
Doce años atrás la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) materializó un marco legal propicio para avanzar en la democratización de un ámbito tan crucial para el ejercicio del poder en las sociedades actuales. En esta nota ensayamos algunas ideas para una discusión tan abierta como necesaria.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual legitimó derechos preexistentes y amplió el campo de acción para los actores subordinados del sistema mediático y las experiencias producidas por fuera de la lógica comercial. En términos de balance, lo más evidente es la distancia entre ese marco legal y lo que se llegó a aplicar. De hecho, el poder de fuego y el peso económico de los “medios dominantes”, que la ley venía a regular y a limitar, hoy es mayor que entonces.
¿Cómo se explica esa situación? ¿En qué áreas la aplicación tuvo avances más concretos? ¿Por dónde pasa una estrategia que permita retomar el legado más positivo de aquella experiencia y recrear la batalla por la democratización de las comunicaciones?
¿Qué fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
La llamada “Ley de medios” instauró el principio de la comunicación como “derecho humano”, puso límites a la concentración de la propiedad, dio la posibilidad de acceder a licencias para los medios populares y reconoció derechos de las audiencias.
El proceso que llevó a su sanción democratizó y legitimó el debate sobre los medios, como no había pasado desde la vuelta a la democracia en 1983. El proyecto inicial fue debatido durante meses en audiencias públicas que se hicieron en todo el país, permeó al sistema mediático y obligó al sistema político a sentar posición sobre un tema incómodo, dada la dependencia creciente de ese sistema respecto de los medios masivos.
La comunicación y sus principales actores –los grupos empresariales más importantes– fueron objeto de un debate público que excedió ampliamente los círculos de especialistas. Su efecto más notorio fue el debilitamiento de un sentido común acerca de esos medios: “el mito del periodismo independiente” no volvió a tener la fuerza del pasado. Ese fue el principal quiebre cultural generado por aquel proceso.
Una vez aprobada por el Congreso, la Ley tuvo que afrontar la estrategia de judicialización que adoptó, principalmente, el Grupo Clarín para evitar adecuarse a sus directrices. En paralelo, algunos grupos mostraron disposición para acatarla, pero el efecto de los gestos judiciales favorables y la estrategia gubernamental de centrar la confrontación en el principal actor del sistema, debilitó el avance de esos cambios.
El Estado tampoco mostró la destreza técnica que ameritaba la toma de decisiones sobre el manejo del espectro radioeléctrico y la adjudicación de licencias en un universo caracterizado por la diversidad de conflictos e intereses. En donde dio señales de querer avanzar más decididamente fue en zonas geográficas menos conflictivas, dónde llegó a realizar algunos concursos para medios comunitarios, y en la puesta en marcha de programas de incentivo para el sector sin fines de lucro.
En perspectiva histórica, la sanción de la LSCA terminó siendo más parte del pico de un proceso de acumulación de fuerza social que un peldaño a partir del cual impulsar la avanzada que se necesitaba para imponer los cambios que habilitaba la normativa. Como es sabido, la ley fue fruto de –y respuesta a– una coyuntura especial. El conflicto por la Resolución 125 en 2008 reconfiguró el tablero político y los principales grupos mediáticos asumieron de ahí en más el rol de vanguardia de la oposición al gobierno y de la regeneración de un proyecto liberal-conservador en el país.
La ley también fue fruto de un largo trabajo previo de sindicatos, medios comunitarios e investigadores, que tuvo su ícono en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y de la legitimidad que le otorgaba el hecho de que la normativa vigente databa de la última dictadura militar.
En este sentido, la LSCA fue parte de la radicalización experimentada por el bloque social encabezado por el kirchnerismo a partir de la “crisis del campo” y de la derrota electoral de 2009, que se tradujo en sus medidas más progresivas, todas puestas en práctica entre ese año y comienzos de 2012. Hay que interpretarla como parte del momento de mayor productividad política de un imaginario “antineoliberal” que se había fortalecido a partir de la crisis de 2001-2002 y que entraría progresivamente en crisis una década más tarde, en el marco de la contraofensiva neoliberal que aún hoy está en marcha.
Entre 2012 y 2013 la Corte Suprema dio a conocer los fallos que respaldaron de manera definitiva el carácter constitucional de la Ley. Sin embargo, la situación se había dilatado demasiado y requería de una fuerza social y de un nivel de definición política por parte del gobierno que nunca llegó.
No fue un escenario que debamos acotar a este terreno, fue el común denominador de un espacio político que desde entonces postergó las grandes confrontaciones que se derivaban de los pasos dados hasta ese momento, y que implicaban intentar resolver los límites que su propio proyecto había alcanzado en materia política, económica y social. Una situación que también tiene su correlato con la actualidad.
Lo que Macri nos dejó
Ni bien asumió, a través del DNU 267, el Gobierno de Cambiemos barrió con los aspectos más relevantes de la LSCA. Un año después Macri firmó otro decreto (DNU 1340) referido a servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. A partir de esas normas, que fueron avaladas en el Congreso, el macrismo concretó una orientación clara: intervenir en el terreno de las comunicaciones para garantizar condiciones de rentabilidad para los grandes grupos económicos, bajo la premisa de que la inversión iba a generar mejores condiciones de acceso para les usuaries.
En concreto, creó una nueva autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo –el Enacom, que pasó a regular medios y telecomunicaciones–, flexibilizó los límites a la concentración y excluyó a la TV por cable de la regulación audiovisual. También habilitó a los multimedios a prestar telefonía y habilitó a las empresas de telecomunicaciones para brindar TV paga (por cable) en ciudades medianas y grandes.
El mayor beneficiario fue el Grupo Clarín que pasó de tener que desinvertir a estar en condiciones de expandirse. El paso final para consolidar ese avance fue la fusión con Telecom, avalada por el Gobierno de Cambiemos. Se trata de la fusión más importante en la historia del país. La compañía resultante está en el podio de las que más facturan y cristaliza un nivel de concentración en la provisión de servicios de telecomunicaciones y de difusión de información y productos culturales que no tiene parangón en América Latina. Dispone de la red de fibra óptica privada más extensa del país y ostenta un dominio abrumador en los grandes centros urbanos, siendo la única que brinda telefonía fija y móvil, TV por cable e Internet.
En tanto, para el sector de medios comunitarios, si bien no puso en marcha ninguna medida legal que empeoró directamente su situación, el macrismo dilató la entrega y subejecutó los recursos correspondientes al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y llevó a cabo varios decomisos. Más allá de las dilaciones, el Enacom completó procesos de legalización mediante los que algunos canales y radios obtuvieron permisos para explotar sus frecuencias.
Mirando para adelante
En un escenario marcado por la incertidumbre, son muchas las batallas posibles que se divisan en el horizonte comunicacional. Aunque podemos identificar algunas que se perfilan como las más decisivas:
- Es imprescindible poner en un primer plano el retroceso que implica la fusión Clarín-Telecom y trabajar sobre sus consecuencias negativas para los derechos más elementales de les usuaries, de sus trabajadores y para el ejercicio del derecho a la comunicación.
- El desarrollo de la infraestructura de internet (física y satelital) y el acceso a la red son temas nodales que no pueden quedar en manos de megaempresas. El decreto que en agosto de 2020 estableció el carácter de servicio público esencial para internet, la telefonía móvil y la TV por cable –una de las medidas más importantes del Gobierno del Frente de Todes– viene siendo resistida por las corporaciones del sector, que consiguieron neutralizarla en la justicia. El oficialismo está impulsando desde el Senado una ley que ratifique el espíritu de ese DNU y que le de un mejor marco al Estado para poder aplicarla. La necesidad de contar con una empresa pública de telecomunicaciones que brinde todos los servicios en base a lo que ya realiza Arsat está ausente en el debate, pero sería un factor que reconfigure fuertemente el escenario.
- Todo esto se da en un momento en que a nivel mundial se discute sobre la necesidad de regular a los gigantes de las tecnologías. En la Argentina también está pendiente un debate acerca de la regulación de las plataformas y redes sociales en tanto actores económicos y canales de acceso al discurso público.
- Desde los medios populares se viene insistiendo en la necesidad de una ley de distribución de la pauta oficial que los contemple como actores relevantes. Cuestión que cobra más sentido si tenemos en cuenta que, más allá del discurso a favor de la eficiencia empresarial y en contra de la intervención estatal en la economía, los grandes medios comerciales tradicionales serían inviables sin el aporte que hacen los distintos organismos estatales en este rubro.
- Los medios públicos siguen siendo un tema poco discutido y cuyo papel actual está muy por debajo del que podrían desempeñar. Luego del virtual desguace que sufrieron durante la presidencia de Macri, sería fundamental un plan de relanzamiento que involucre a sus trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.
Probablemente estemos en un contexto en que la estrategia más inteligente para afrontar los desafíos actuales sea más una guerra de posiciones que una de movimientos. Si algo parece más claro es que no hay cambios importantes sin fuerza social que los empuje y sin una vocación de confrontación en los espacios de conducción política.
Fuente: Nota del periodismo popular
Encuentro Plurinacional de mujeres
lesbianas, travestis, trans, intersex
y no binaries: se realizó en 14 ciudades
del país y contó con una peatonal
feminista en CABA
Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021.
A 35 años del primer «Encuentro Nacional de Mujeres», el “aquelarre” más grande del país se reeditó este año nuevamente para mantener la llama encendida a pesar de la pandemia por coronavirus. Se realizó este fin de semana en más de 14 ciudades del país, de manera presencial y simultánea, con los clásicos talleres, actividades culturales y marchas de cierre. En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro fue en Plaza del Congreso.
Es el segundo año consecutivo en el que el Covid-19 impide que el Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries (MLTTBINB) se realice en San Luis, la sede que había sido votada el año anterior y que deberá esperar ahora hasta 2022 para recibir a los movimientos feministas.
En 2020, todavía sin vacunas y con la alarma por posibles rebrotes, el encuentro se realizó de manera virtual para evitar la concentración de personas, que se cuentan de a cientos de miles cada año. Por ejemplo, en el último ENM presencial, que se realizó en 2019 en La Plata, se estima que hubo medio millón de personas.
Este año, las distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales que integran la coordinación del encuentro, decidieron volver a una modalidad presencial, pero con encuentros regionales. Cada uno, tuvo su propia agenda de actividades, pero cerraron, como es costumbre, con una movilización por las principales calles de las ciudades.
Fuente: Extraído del FB de Liliana Daunes
Envio:RL
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