2 de octubre de 2021

TROPEL del 02.10.2021.

Despedir sin costo: qué hay detrás

de la propuesta del Pro y la UIA de

eliminar las indemnizaciones

Por Nahuel March Rios y Jeremias Herrera, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021.

Mientras la UIA y la oposición repiten viejas recetas y proponen eliminar las indemnizaciones por despidos, del otro lado de la grieta actores del arco sindical pujan por la reducción de la jornada laboral. ¿Qué hay detrás de estos debates?

La propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) de eliminar las indemnizaciones por despidos tuvo su punto de apogeo en plena campaña electoral cuando fue retomada por los candidatos de Juntos por el Cambio. Si bien dicha iniciativa se viene instalando en la agenda desde hace algunos meses de la mano del empresariado fabril, durante las semanas previas a las PASO se convirtió en uno de los ejes programáticos de la oposición, hecho que amplificó el debate y partió aguas entre los sectores que piden una reforma del régimen indemnizatorio y los que defienden a regañadientes las leyes laborales tales como están. Uno de los voceros de la propuesta empresarial fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se expresó en distintos medios a favor de reemplazarlo por un “seguro” como el que rige en la industria de la construcción. “Hay que implementar el modelo de la UOCRA”, aseguró. Lo mismo repitieron María Eugenia Vidal y Martín Tetaz en los canales de televisión. Luego de la victoria electoral de la oposición, la iniciativa fue llevada al Congreso en forma de proyecto de ley por el senador Martín Lousteau.

El debate por la reforma viene de largo aliento y los sectores empresarios que la impulsan tienen pensado ir a fondo. Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, explicó este lunes en Urbana Play Radio que el modelo de “fondo de cese laboral” que rige en su actividad viene funcionando desde 1969 y que se adecúa a las características de la industria de la construcción. “Permite que los trabajadores no pierdan ni un centavo de su derecho indemnizatorio, porque las empresas aportan mensualmente el 12% del monto del sueldo en una cuenta especial y cuando finaliza la obra el trabajador puede optar por retirar o no ese dinero de su cuenta bancaria”, detalló.

Lo que no explicaron Larreta ni Gerardo Martínez es que el régimen que tiene la UOCRA se debe a la característica estacionaria de la actividad. El “fondo de cese laboral” funciona en la construcción porque las obras comienzan y terminan en diferentes momentos y les trabajadores suelen pasar de una empresa contratista a otra según los proyectos. Este régimen no evita que en la rama exista un alto grado de precariedad laboral, aunque sí otorga un marco legal ante una modalidad de empleo volátil. Por esta particularidad del sector es que Gerardo Martínez, al ser consultado por la posibilidad de trasladar ese mecanismo a otras actividades -como propuso el Jefe de Gobierno de la Ciudad-, esquivó la pregunta y dijo que “cualquier nueva alternativa se tiene que dar por la vía convencional entre los dirigentes sindicales y los empresarios. Debe estar sujeto a los intereses de las partes”. Dejando igualmente la puerta abierta a futuros cambios.

Es un hecho que la crisis provocada por la pandemia afectó el funcionamiento de las empresas de diversas actividades y, en mayor medida, a los trabajadores y las trabajadoras que allí se desempeñan. Los efectos devastadores de una crisis sin precedentes aún siguen pegando el coletazo. No obstante, las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tendieron a asegurar cierta estabilidad en los niveles de empleo. Ahora bien, es discutible si tuvieron el éxito esperado o no, pero lo cierto es que la prohibición de despidos sin causa y el derecho a la doble indemnización fueron medidas aplicadas en pos de asegurar las fuentes de trabajo.

Pero, ¿por qué proponen la eliminación de las indemnizaciones? En primer lugar, hay que aclarar que esta retribución que obtienen les trabajadores cuando terminan una relación laboral está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo y es garantizada por la Constitución Nacional. Todo trabajador y trabajadora en relación de dependencia sabe que si lo despiden, el empleador debe pagarle una indemnización acorde a su antigüedad. En segundo lugar, es un sistema que otorga estabilidad y genera seguridad a la hora de reclamar por otros derechos.

Carlos-UIA-pro-despidos — (Imagen: El Grito del Sur)

Por su parte, especialistas agrupades en la Asociación de Abogados Laboralistas vienen sosteniendo que el crecimiento de la actividad productiva, el desarrollo de la industria y el incremento de los puestos de empleo dependen centralmente de la política económica que se aplique. Hay un patrón común que se repite a lo largo de la historia argentina reciente: cada vez que hay una crisis económica, el capital concentrado puja por una reforma laboral acorde a sus intereses.

Hay que recordar que durante la década de los 90’, la legislación laboral sufrió diversas modificaciones (muchas de las cuales aún permanecen). Entre ellas, se incorporó el denominado “período de prueba” para contratos por tiempo indeterminado, durante el cual el empleador adquirió el derecho de despedir al trabajador sin incurrir en el pago de indemnización, e inclusive se llegó a reducir, o incluso a exceptuar, el pago de algunas contribuciones patronales a la seguridad social. Además, y sin objeción de un sector del sindicalismo, se incorporaron nuevas formas que flexibilizaban las contrataciones: el contrato por tiempo determinado sin causalidad objetiva para la temporalidad, los contratos por “aprendizaje” y las “pasantías”. En estos dos últimos casos se asumía una relación contractual no laboral, por lo cual se exceptuaba al empleador del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Finalmente, por estas reformas (entre otras) la situación del mercado de empleo se fue deteriorando y subió el desempleo, el subempleo y se precarizaron las relaciones laborales.

En contraposición, entre 2003 y 2012 se crearon alrededor de 5 millones de nuevos puestos de trabajo. En términos porcentuales, el desempleo pasó del 22,5% en 2002 al 7% en 2012. El crecimiento de la producción y del empleo en ese período fue posible por la política económica de expansión de la demanda agregada, a través del consumo privado y de la inversión pública. En diciembre de 2015 el salario promedio de los argentinos, medido en dólares, era uno de los más altos de Latinoamérica, mientras que durante el periodo de gobierno macrista se fue licuando estrepitosamente y en 2019 llegó a ser uno de los más bajos, pasando de representar US$ 1.385 en 2015 a US$ 771 en 2019, una caída del 44,3%. La salida de la convertibilidad y posteriormente la recomposición de la economía nacional reinstauró la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y se impulsaron las negociaciones paritarias libres. “Lo que funcionó para que no se siguieran perdiendo puestos de trabajo fue aumentar el costo del despido, y justamente esa es la lógica que tiene nuestro sistema de indemnizaciones. A las empresas se les permite despedir sin causa, pero eso tiene un costo porque en nuestro país se reconoce que es un acto que causa un daño”, explicó la doctora Cynthia Benzion en una entrevista brindada a este medio.

En este sentido, una de las medidas que permitieron elevar los niveles de empleo a partir de la asunción de Néstor Kirchner fue la derogación de la Ley Banelco sancionada en el 2000, la cual constituyó el inicio del fin del gobierno de la Alianza. Las sospechas de pago de coimas a los senadores justicialistas para que votaran a favor y una seguidilla de acusaciones cruzadas, en medio de un país asediado por los altos índices de desempleo y pobreza, provocaron la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. En aquel momento también se creía que era posible combatir una crisis económica con una reforma de flexibilización laboral. Una iniciativa similar cobró vuelo en 2017 bajo el gobierno de Macri y fue frenada a fuerza de movilización popular. Ahora, a la salida del peor momento de la pandemia, el capital concentrado propone las mismas recetas que desregularon el mercado laboral en los noventa.

larreta-uia-pro-despidos-2 — (Imagen: El Grito del Sur)

Claro que la situación actual es compleja: según la OITm “se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento”. Pero las recetas no pueden ser siempre las mismas, y mientras Juntos por el Cambio vuelve a incurrir en los mandatos de la Escuela de Chicago, en el mundo crecen ideas como la repartición de las horas de trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral. Durante la campaña de las PASO, se dijo muchas veces que había dos modelos en pugna. Esta polarización queda en evidencia debido a que, para aumentar el empleo, desde un lado se propone cambiar el régimen indemnizatorio, mientras que del otro lado de la grieta se insta a reducir la jornada laboral con proyectos como los presentados en el Congreso por el bloque de diputades sindicales.

Antes de volver a probar con las recetas que fallaron, se podría avanzar en la reducción de la jornada laboral como posibilidad para destrabar el problema de la caída sostenida del empleo registrado y del poder adquisitivo del salario.

Fuente: La Tinta

Desalojo y topadoras en la Villa 31

Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021

La Policía de la Ciudad destruyó las viviendas ubicadas en un antiguo basural donde vivían aproximadamente 200 familias, la mayoría de ellas compuestas por mujeres y niños.

A un día de cumplirse los tres meses del acampe “La Fuerza de las Mujeres”, la Policía de la Ciudad desalojó a las aproximadamente 200 familias que vivían en el terreno de La Containera, en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31). Los efectivos destruyeron las casillas con las pertenencias de los vecinos dentro.

“Nos están sacando a todos de acá. Algunos no querían salir de sus casillas y la policía prendió fuego para que salgan. Ahora están con topadoras sacando todo. A una compañera la amenazaron con sacarle a su hija si no aceptaba el subsidio habitacional”, dijo Eli, una de las vecinas que sostienen la lucha por una vivienda digna, en diálogo con Tiempo Argentino.

El Movimiento Popular La Dignidad publicó un comunicado denunciando que “la falta de políticas públicas en la ciudad que permitan el acceso a una vivienda, la suba de alquileres y la inflación desmedida hizo que muchxs familias del barrio y en su mayoría mujeres con hijxs tomaran un predio para vivir”.

Según los últimos datos disponibles, el Gobierno de la Ciudad otorga el subsidio habitacional a 18.413 titulares. El monto promedio del beneficio oscila en torno a los $8.000. Para el año 2021, el presupuesto porteño dispuso un aumento que tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de 63,82 por ciento. Por grupo familiar, la ayuda promedio se ubica en torno a los 13.106 pesos. Para los vecinos sin techo, este ingreso no alcanza.

Semanas atrás, la militante de La Dignidad y la Corriente Villera Mónica Zárate, dijo a Notas que “la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) está ‘urbanizando’ supuestamente el barrio, pero no lo están pensando para responderle a la gente que está en los alquileres, ni a la persona que sufre violencia de género. Estamos tratando de que ellos cumplan con su deber. Si no nos pueden dar vivienda,que nos den la tierra. Esa es la solución que queremos”.

Con violencia la policía de Larreta

desalojó a mujeres y niños de la Villa

31: “Algunos no querían irse de sus

casillas y la policía prendió fuego para

que salgan”

Por Laura Vales, 30 de septiembre de 2021.

Se trata de la toma llamada «La fuerza de las mujeres»

Decenas de efectivos entraron al barrio, desarmaron y pasaron la topadora sobre las precarias casillas de las familias que ya no podía pagar 10 mil pesos por una pieza. El uso de la fuerza fue la respuesta al pedido de apertura de una mesa de diálogo.

La policía de la Ciudad desalojó a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma conocida como La Fuerza de las Mujeres. (Fuente: Bernardino Avila) — La policía de la Ciudad desalojó a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma conocida como La Fuerza de las Mujeres.. Imagen: Bernardino Avila

La policía de la Ciudad desalojó a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma bautizada La Fuerza de las Mujeres. A las siete de la mañana, decenas de efectivos entraron al barrio sin previo aviso, mientras la mayoria de la gente todavía dormía, para desarmar las precarias casillas y pasar con la topadora. 80 mujeres y 175 chicos permanecían en el lugar -un antiguo basural- desde el mes de julio, reclamando un lugar donde vivir. Muchas de las mujeres venían de sufrir violencia de género, y estaban reclamándole al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a la situación de vulnerabilidad que atraviesan junto a sus chicos.

«No les importó nada. Tiraron todo lo que había adentro. Vinieron a las 7 de la mañana y nos echaron a la calle peor que a un perro«, contó una de las desalojadas.

La toma estaba por cumplir tres meses. Había nacido en los días más fríos del invierno, a raíz del aumento que tuvieron los alquileres en la salida de la pandemia: por una pieza, en la villa hoy se están pidiendo 10 mil pesos mensuales.

Alicia estaba con sus tres chicos en una de las casillas cuando escuchó llegar a los policías. «Llegaron a las 6, a leernos algo que no sabemos si es válido o no. Yo pedí que estuviera presente alguien de la Defensoría de los Niños, porque tenemos criaturas; tardaron una hora en traer a un señor que dijo que era de la Defensoría, no sabemos si es cierto, no lo conocíamos. El Ministerio de la Mujer de la Nación no vino, siendo que muchas de las mujeres estamos acá porque sufrimos violencia de género. Igual pasaron la topadora, quemaron casas, fue algo inhumano, de violencia al 100. Venimos de escapar de que nuestras parejas nos peguen y ahora sufrimos la violencia del gobierno».

“Estamos acá con todos los chicos. A algunos compañeros que no querían salir les pegaron. Querían sacar sus cosas y no les dejaban. Están todos nerviosos, llorando, con sus hijos con hambre, no nos dejan salir ni entrar. No podemos ir a compra ni agua”, lamentó una vecina desde el predio.

La referente del FIT Alejandrina Barry, quien siguió de cerca el tema desde un primer momento, se acercó al predio esta mañana pero la Policía no le permitía ingresar. Según pudo saber, “hay dos detenidos, sacaron a los nenes mientras estaban durmiendo, una situación terrible”. Tampoco permitían el ingreso de la prensa, alertó.

Antes del desalojo concretado durante las primeras horas de esta mañana por orden de la Fiscalía 11, la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta había ofrecido un subsidio habitacional de 6 mil a 8 mil pesos que caduca a los 6 meses y que no alcanza para cubrir un alquiler dentro o fuera del barrio, advirtieron desde Somos Barrios de Pie Capital. “Ni la fiscalía a cargo de Valeria Messaglia ni el Gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”, denunció Ramiro Geber, abogado de las familias.

“Están haciendo el desalojo, no les importó nada. Con chicos adentro, rompieron todo, nos sacaron a la calle. Me dijeron que la solución es que me lleven a un hotel, algo así, o un subsidio habitacional. Nada más”, lamentó Andrea desde el barrio. El reclamo de las familias era, justamente, que no les ofrecieran ‘soluciones’ temporarias. Pero la respuesta llegó, una vez más, en forma de desalojo.

Ramiro Geber, abogado de las familias, denunció que “ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”. Geber, que es integrante de laAPDH, asegura que desde el estado nunca hubo voluntad de intervenir para garantizarle a las familias de la toma sus derechos mínimos. “Lo único que querían hacer era un censo. Les pedimos garantías de que el censo no fuera utilizado para imputarlas, pero la fiscalía no accedió. El gobierno de la Ciudad no dió ninguna solución pese al estado de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las familias. Sacaron a todo el barrio, con un dispositivo más lamentable en la medida en que había mujeres y niños”.

Las desalojadas, con las pocas pertenencias que lograron salvar del operativo, permanecen cerca del lugar del acampe, donde otras vecinas de la 31 se acercaron para darles su apoyo. «No te alquilan con chicos», explicó una de ellas. «En eso tienen que fijarse. Tendrían que ayudar a las mamás solteras. Así está la justicia: dejan al hombre en la casa y la mujer con sus hijos terminan en un parador».

El Gobierno de la Ciudad defendió el operativo. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, difundió el argumento de que se trataba de una “toma ilegal», que los ocupantes “nunca aceptaron ser censados ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció” y que “los vecinos del barrio están en contra de la toma”.

Sin embargo, Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie, detalló que «el subsidio que Horacio Rodríguez Larreta a las familias es de 6 mil a 8 mil pesos, es decir que que no alcanza para cubrir un alquiler dentro o fuera del barrio, y caduca a los 6 meses». El problema se agrava porque la mayoría de los propietarios no acepta inquilinos con niños.

El desalojo fue repudiado por legisladores y organismos de derechos humanos. «La policía de Larreta rompiendo todo en vez de dar respuesta al reclamo de vivenda. Feroz imagen en una ciudad con gente sin casa y casas sin gente», tuiteó Myriam Bregman, diputada de la Ciudad por el FIT, y se preguntó si a «la Legislatura de Larreta le va a dar la cara para votar los convenios urbanísticos que planeaban aprobar hoy». Se trata de la habilitación para construir 16 nuevas torres en la Ciudad, a través de convenios firmados con empresas privadas. Para la oposición, estos proyectos favorecen la especulación inmobiliaria e incrementan el valor del suelo, lo que repercute directamente en los precios de los alquileres.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que «en todo este tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se negó a crear la mesa de diálogo que pedían las familias para encontrar una solución al conflicto. No había ningún apuro por recuperar esas tierras. No eran de ningún privado. Eran un baldío que las familias limpiaron para instalarse».

Fuente: Con info de Laura Vales y Luciana Rosende

El conflicto en Pampa del Indio por

el agua: La resistencia Qom

Por Eduardo Soares*, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021.

Este miércoles 29 llegamos temprano al lugar del corte de ruta, distante unos 20 kms de Pampa del Indio.
Fuimos 5 militantes de Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA. Tres DE la Ciudad de Resistencia y dos que llegamos de BsAs.
En el camino fuimos detenidos por la Gendarmeria que nos revisaron cada milímetro del coche y con un interrogatorio que parecía una indagatoria.
Señal que ya no está más Sabina Federic en el Ministerio de Seguridad y se ve claramente la vieja mano de Anibal Fernández.

En el camino vimos también las faraonicas maquinarias de riego en los campos de Eurnekian y otros latifundistas que riegan con agua potable.
Para ellos sobra el agua.
Vimos el recorrido del famoso acueducto que lleva agua a toda la zona pero sólo la deja a los latifundistas.
Vimos, justo en el corte de ruta una especie de Boca gigante por arriba del acueducto (que filmamos) y difundimos.
De esa boca salen litros y litros de agua potable que se pierden.
Se pierden pero ni la municipalidad en manos del Peronismo, ni la Provincia en las mismas manos autorizan a entregar ni una gota.

Los compañeros nos informan que tanto en Pampa del Indio como en otras localidades el 90 % de los habitantes son aborígenes, pueblos originarios.
Los latifundistas están llevando una guerra de exterminio contra el Pueblo Qom.
De esa guerra y a favor de los poderosos está participando el gobierno del Chaco administrada por el Peronismo kirchnerista.
A 15 metros de profundidad el agua sale contaminada por los agrotoxicos.
Los niños se enferman y a veces mueren.
Sin agua, sin trabajo porque hay mucha discriminación y SOLO a los «criollos» les dan trabajo.
Sin salud, sin viviendas y sobre todo SIN EL MONTE.
El famoso «Impenetrable», existe cada vez menos.
Donde había montes cerrados hay ahora extensas plantaciones de soja.
Vimos a un hombre carpiendo la tierra. Le pagan $250 cada 1000 metros.
Así se vive, sufre y muere en esta zona.

Nos integramos al corte de inmediato.
Será una jornada de día días de corte y se seguirá resistiendo por varios métodos.
La ruta está cerrada por ambos lados y sólo pasan ambulancias o enfermos.
A los costados se levantan los campamentos.
Todos hablan ahí el idioma Qom.
Se comunican entre ellos solo en Qom y nos van traduciendo.
Los compañeros nos cuentan que cuando empezaron hace tiempo atrás eran 6 o 7 como mucho.
Hoy son decenas.
Las banderas de Convocatoria flamean en varios lados.
Viniendo de Resistencia está el retén más importante a cargo de nuestros compañeros.
Y del lado de Pampa está otro retén a cargo de compañeros Qom integrados al FIT y el Polo Obrero.
Los nuestros pidieron acompañamiento a varias organizaciones y el Polo Obrero aceptó. Todos luchamos por la causa del agua.
Están a cargo del retén del lado de Pampa.
La convivencia es bastante llevadera.

Hubo un pequeño incidente a la tarde, cuando los nuestros de Convocatoria armaron una gran fogata en la ruta para hacer el corte más efectivo. Ya estaba lista para encenderla.
Los militantes del PO se opusieron con mucha firmesa.
De ninguna manera aceptaban fuego en la ruta (como suelen hacer siempre nuestros militantes) y adujeron que «es un delito».
Su fundamento fue que se trataba de «patrimonio».
Nuestros compañeros insistieron y la discusión quedó muy trabada.
Los nuestros les dijeron que tenían ahí una compañera abogada y propusieron consultarla.
Vane (de ella se trata) de la Gremial, además de militante de Convocatoria les explicó que el propio corte de ruta y acampe es delito.
El fuego no cambia la equacion.
Pero no hubo caso, el PO se oponía e insistía el que «sus referentes (que no están acá, probablemente ni siquiera en Resistencia) les ordenaban que no se hiciera fuego en la ruta», y en aras de mantener juntos la medida se desistió del fuego.

Obviamente yo no participe de ninguna de estas conversaciones
Ni siquiera las escuché.
Estaba a 100 metros de donde se llevaban a cabo.
Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA pidió acompañamiento y, acá en Pampa solo se presentó el PO.
De organizaciones kirchneristas olvidarse.
El Kirchnerismo acá, gobierna para los ricos y pareciera que las distintas organizaciones de ese espacio aceptan eso.

Por lado de Convocatoria, nuestros compañeros Qom en el territorio son quienes conducen, luego nuestro responsable en la Provincia. Yo solo estoy presente, nada más.

El corte seguirá hoy y luego habrá otros cortes, otros días y otras medidas.

Los 5 cros participamos en una muy buena charla asamblearía con todos.
Todo en idioma Qom.
Hablamos mucho de la explotación capitalista, del Imperialismo, de las luchas en otras latitudes.
Les contamos de los conflictos en los territorios recuperados por las comunidades mapuche.
Ellos nos fueron explicando situaciones de carencias, pobrezas y luchas.
El sol empezaba a calentar todo por acá.

Acá los 40 grados son algo común y ni hablar cuando sopla viento del norte.
Después almorzamos de la ollas donde se fueron preparando el guiso y las tortas fritas.

A la tarde se presentó el primer móvil policial pidiendo explicaciones, los compañeros se las dieron y se retiraron.
Obviamente regresarán y veremos si el apoyo de tantas organizaciones, de tanta gente sirve para frenar la represión.
Y si no habrá lucha.
Sobre esto último puedo decir que nos preguntaron sobre luchas y guerras pasadas.

La noche cayó cerrada, oscurisima, de un saque como cuando a uno lo encapuchan para darle máquina en un interrogatorio policial.

Se encendieron al costado de la ruta montones de fuegos.
Escuchamos leyendas ancestrales del pueblo Qom.
Historias de emboscadas de los Qom a ejércitos de ocupación durante siglos.
Nos hablaron de otros pueblos como los wichi y otros.

Esta es la pelea por el agua.
Vinos el agua pura y potable derramarse por los campos de los latifundistas.
Vinos el agua pura sobrante correr y perderse.
Pero el pueblo Qom no accede al agua.

El intendente PJ de la localidad de Pampa gobierna para los blancos «criollos», aunque el 90 % acá sea Qom.
Acá no hay servicios de salud.
Ni educación bilingue.
Hubo muchos enfrentamientos en las escuelas porque les enseñan a los niños la Historia de Colón.
El Peronismo, acá y en la provincia acepta en sus escuelas que se enseñe la Historia con la visión de los colonizadores.
El pueblo más cercano a Pampa se llama Presidente Roca. Imaginarse lo que todo eso significa.

Algunos de nuestros compañeros estuvieron en las grandes ciudades y regresaron a su tierra y sus orígenes.

La guerra de exterminio contra el Pueblo Qom seguirá.
El Peronismo capitalista y pro imperialista (al menos acá) continuará como punta de lanza en ese proceso de exterminio.

Ni acá en el Chaco, ni a nivel nacional vemos ni al peronismo, ni al Kirchnerismo levantar un dedo para frenar la situación.
Son dos proyectos claramente enfrentados.
El proyecto del Pueblo Qom y de Nuestra Organización es el proyecto de la vida.

El proyecto del Peronismo acá es el de los poderosos, el de la explotación capitalista.
Es el proyecto de la Muerte.

Se está preparando la cena.
Pampa del Indio es otro mundo de noche.
Otros ruidos, para los que no estamos acostumbrados al monte, sus peligros y sus secretos de vida y de muerte esto parece casi magia.
Nuestros compañeros se nos cagan de risa cuando Vane y yo nos cruzamos con una inmensa víbora negra que pasó a nuestro lado como si no existieramos.

Este jueves será el último día, estaremos en la Asamblea y retornamos.

*Presidente Gremial de Abogadxs de Argentina

Ley de Etiquetado: «hay otra pandemia

además del Covid y el consumo de ultraprocesados es el motor»

Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021.

Las enfermedades vinculadas a la mala alimentación provocan 140.000 muertes al año, más que el coronavirus. Para contrarrestar ese mal, organizaciones sociales y médicas impulsan la Ley de Etiquetado, que está cajoneada en la Cámara de Diputados. Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explica los beneficios de la ley y por qué los legisladores demoran su aprobación.

“Un porcentaje muy grande de quienes fallecieron por Covid-19 eran obesos, diabéticos o hipertensos. Si la mala alimentación tenía muchas razones urgentes para generar políticas sanitarias, con el coronavirus tiene una más. El coronavirus se lleva a las personas con comorbilidades”, alerta Sebastián Laspiur, consultor nacional de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las ECNT —diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— tienen la mala alimentación como punto de partida y provocan en la Argentina 140 mil muertes al año. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, hasta la cuarta semana de septiembre murieron 115.000 personas en el país por el virus sobre el que se volcó la agenda mediática y las políticas sanitarias globales. ¿Hay una herramienta de política pública para enfrentar las ECNT? Sí, el proyecto de Ley de “Promoción de Alimentación Saludable”, conocido en el debate público como “Ley de Etiquetado”.

Tiene media sanción del Senado hace diez meses. El oficialismo promete tratarlo en Diputados, donde obtuvo dictamen de mayoría hace dos meses. Pero aún no hay fecha para su debate y aprobación en la Cámara baja. El lobby de la industria alimenticia y la industria azucarera parecen seguir ganando la pulseada y los cambios de Gabinete en el gobierno nacional encendieron las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil que empujan el tratamiento de la norma: el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, proviene de Tucumán, provincia que lidera la oposición a la ley. Entre los diputados que son señalados por frenar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja están el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos) y el propio presidente de la Cámara Sergio Massa. Al otro lado de la grieta, Carmen Polledo y Pablo Tonelli del PRO colaboran con el lobby empresario. El proyecto perderá estado paralamentario este año si no se aprueba.

“Es una ley que traería un beneficio sanitario y en la calidad de la alimentación sin ninguna duda”, sentencia Laspiur y resalta que en el país se sigue violentando el derecho a la información: quien se lleva un producto de las góndolas no puede saber cómo está compuesto. En Argentina no es obligatorio informar siquiera la cantidad de azúcares.

Según la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, el exceso de peso es el problema más grave de malnutrición en Argentina, con una prevalencia de 13,6 por ciento en menores de 5 años, y de 41,1 por ciento en el grupo de 5 a 17 años. Las recomendaciones de la OPS para tratar la epidemia de obesidad y ETCN no son nuevas ni tampoco los compromisos de la Argentina en abordar la problemática. En 2014, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia (OPS/OMS) recomendó a los países: etiquetado frontal de alimentos (con el sistema de octógonos negros), regulación de la publicidad y protección de los entornos escolares —según mediciones de Unicef, el 91,4 por ciento de los kioscos escolares en la Argentina ofrecen productos de bajo valor nutritivo—.

La norma que se demora en la Cámara de Diputados “tiene los mejores estándares”, valora Laspiur, en diálogo con Tierra Viva, y agrega un aspecto central y progresivo de la norma que el Gobierno no termina de impulsar: “No es solamente unas cuestión de salud pública y derecho a la información, si no que la norma mejora las reglas de juego del sistema alimentario. Promueve que se produzcan y comercialicen alimentos saludables, frescos, de economías regionales; y desincentiva los nocivos, envasados, procesados y ultraprocesados”.

La normativa lo hace fomentando que las compras públicas para planes alimentarios y comedores escolares sean a las economías regionales y pequeños productores. Y también pone fin a una “competencia desleal”, califica Laspiur entre los productores de alimentos que salen de la tierra y la industria de productos comestibles, repletos de aditivos y conservantes. El consultor de la OPS también hace hincapié en el impacto al medioambiente que generan los productos ultraprocesados: contaminación por el descarte de los envases y el monocultivo de soja y maíz como insumos primarios de la industria.

¿Argentina sería pionera en aplicar esta legislación? No. En la región ya avanzaron en legislaciones similares varios países: Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. La OPS realizó a principios de septiembre el conservatorio “Legislación sobre etiquetado frontal de advertencias en Argentina. Aporte de la experiencia y la evidencia internacional” para continuar derribando los mitos creados desde la industria que intentan frenar el avance de la normativa.

“Hace unos años, quienes son permeables a las industrias de ultraprocesados decían que no había evidencia. La evidencia es contundente sobre el daño que provocan los ultraprocesados, su relación con la obesidad y la efectividad de estas políticas sanitarias para mejorar los perfiles alimentarios de la población”, sentencia el consultor de la OPS. Y abre una puerta al futuro al señalar que la implementación del etiquetado es la puerta de entrada a otros tipo de líneas de acción como políticas fiscales que graven las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados para fomentar la producción de alimentos saludables.

“La mala alimentación proviene de los nutrientes ocultos en los alimentos industrializados”

—En este último año y medio se habló mucho de pandemia, pero no tuvo lugar en el debate público la “sindemia”, o sea, la coexistencia del Covid-19 con otra epidemia…

—Hay otra pandemia además del Covid-19. Es la pandemia de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles. La obesidad se ha duplicado en la Argentina en las últimas dos décadas. Ahora que hablamos mucho de “aplanar la curva”, la curva de la obesidad, la diabetes (que la sigue como una sombra), algunos tipos de cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovasculares; esa curva está muy empinada. Todas esas enfermedades están asociadas a la alimentación inadecuada.

—¿Cómo se da esa relación?

—El cambio de hábitos alimentarios y el consumo de productos ultraprocesados es el motor de la pandemia de obesidad y enfermedades no transmisibles. Contamos con mucha evidencia científica que señala que la pandemia de obesidad no ocurre porque la gente está comiendo más alimentos sino porque está comiendo productos envasados, procesados y ultraprocesados, que contienen nutrientes críticos –azúcares añadidos, sal, grasas saturadas, grasas trans y mucha densidad calórica– y son los que generan daño a la salud. Se da por un desplazamiento del patrón alimentario poblacional, en el que estos productos reemplazaron a los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados que salen de la tierra. El último informe de la OPS precisa que cada cuatro años aumenta un 9 por ciento el consumo de los productos industrializados, desplazando la cultura culinaria de cada región y el consumo de alimentos frescos. Es un gran problema.

—La diferencia entre “alimentos” y “productos comestibles” son dos conceptos claves para instalar en el debate sobre cómo nos alimentamos, ¿no?

—La mala alimentación proviene de los excesos en azúcares, grasas y sodio, que están ocultos en los alimentos industrializados. No es que la gente empezó a ponerle más azúcares a sus preparaciones sino que consume más productos envasados, procesados y ultraprocesados, y no pueden ser identificados porque están ocultos. Cuando una madre o padre le dan a su hijo cereales azucarados, un postrecito o un jugo envasado, pensando que tiene frutas y le va a aportar un beneficio, lo que está sucediendo es que le está dando golosinas disfrazadas de alimentos y eso no es inocuo. Son formulaciones industriales que no se pueden repetir en la cocina de casa y que generan respuestas adictivas, sobre todo en los niños y niñas. Esta alimentación trae consecuencias para la salud porque tienen una cantidad muy importante de aditivos, colorantes, saborizantes, aglutinantes y otras cosas artificiales que el organismo no necesita. Y tampoco es inocuo para el medioambiente porque la mayoría de los insumos para producir los ultraprocesados vienen de los monocultivos de soja y maíz.

Foto: Sebastián Laspiur.

—La herramienta generada por la OPS para aplicar en las políticas sanitarias es el “Perfil de Nutrientes”, que está contemplado en la Ley de Etiquetado pero es resistido por el lobby de la industria. ¿Puede recordar de qué se trata?

—La OPS publicó en 2016 el modelo de “Perfil de Nutrientes” para saber cuándo un producto debe ser etiquetado con una advertencia frontal de octógonos negros y la leyenda “exceso en” algunos de los nutrientes críticos. Los límites fueron establecidos de acuerdo con la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a la ingesta diaria de nutrientes críticos, elaborado a partir de múltiples investigaciones sobre los niveles de ingesta que producen morbilidad por mala alimentación. Por ejemplo, no más del 10 por ciento de la energía diaria de cualquier persona puede provenir del azúcar, cuando se supera ese nivel se sabe que empieza a tener riesgo para la salud. No son límites arbitrarios y el argumento de la industria es que “el 90 por ciento de los productos van a tener etiquetas”. Estamos hablando de si un producto es perjudicial o no para la salud, no de qué porcentaje de productos del mercado llevarán etiqueta.

“Este tipo de regulaciones cambian reglas de juego del sistema alimentario”

—¿Qué demostró la evidencia sobre la aplicación de legislaciones de etiquetado en otros países de la región como Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia?

—Se demostró un gran nivel de aceptación por parte de la población que, a partir de reconocer fácilmente los productos comestibles que ponen en riesgo la salud, dejó de elegirlos. Bajó un 25 por ciento el consumo de bebidas azucaradas. En Chile, donde más experiencia hay, las calorías anuales consumidas per cápita bajaron. Un estudio publicado en The Lancet hace pocas semanas indica que se redujeron un 45 por ciento los azúcares en los alimentos industrializados. Hace unos años, quienes son permeables a las industrias de ultraprocesados decían que no había evidencia. La evidencia es contundente sobre el daño que provocan los ultraprocesados, su relación con la obesidad y la efectividad de estas políticas sanitarias para mejorar los perfiles alimentarios de la población.

—Otro de los argumentos esgrimidos por el lobby de la industria es que el etiquetado frontal tendría impactos negativos en la economía. ¿Qué evidencia existe en este sentido?

—Los estudios demuestran que la gente mejora su patrón de compra y de consumo de alimentos, pero no hace que se deteriore la economía porque la gente deja de gastar dinero en bebidas azucaradas, por ejemplo, pero la plata no desaparece, la gasta en otros alimentos más sanos. También opta por continuar consumiendo otros productos de la industria que no tienen sellos de “exceso en”, o sea, genera un estímulo en la industria para hacer reformulaciones en sus productos. Pero además genera oportunidades para nuevos mercados, en particular, para los pequeños y medianos productores, que en las condiciones actuales no pueden competir con los productos de la industria que prometen, entre otras cosas, más vitaminas y otros beneficios que son puro marketing.

—¿Cómo se crearían oportunidades para los pequeños productores y las economías regionales?

—Los productores de alimentos sanos, de la tierra, de las economías regionales encuentran oportunidades de negocios porque es más leal la competencia. Este tipo de regulaciones cambian reglas de juego del sistema alimentario. Hay una competencia desleal entre quienes producen alimentos verdaderos y quienes producen productos comestibles. Los alimentos reales se echan a perder, mientras que los productos industrializados pueden estar meses en góndola y están elaborados con insumos baratos y aditivos sin necesidad de utilizar productos frescos. La tecnología le permitió a la industria poder ofrecer un producto con sabor a frutilla sin necesidad de tener una frutilla. Eso da muchos más márgenes de ganancia que se vuelvan a una publicidad agresiva. El productor de alimentos frescos no tiene los mismos márgenes de rentabilidad.

—Hay puntos específicos de la ley que fomentan la compra local de los pequeños productores…

—Al desalentar los productos no saludables hay un fomento al consumo de alimentos frescos. La ley también establece que la oferta en los comedores escolares debe ser sana, sin productos ultraprocesados, por lo que fomenta también que allí se briden productos de las economías locales.También establece que las compras públicas, dirigidas a comedores, planes sociales o programas alimentarios del Estado deben priorizar los productos que no tengan etiquetas de advertencia.

“En la región se abrió un camino de experiencias exitosas sobre la Ley de Etiquetado”

—Cuando se habla de que no ingresen a los comedores escolares alimentos con etiquetas de advertencias se toca un punto central de la ley respecto de los “entornos escolares”. ¿Los sorprendió la intención del Ministerio de Salud de avanzar con el etiquetado a través de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) dejando de lado este aspecto de la norma?

—La Conal tiene competencias para aplicar el etiquetado frontal modificando el Código Alimentario Argentino. Pero la ley, además del etiquetado, incorpora otros aspectos que no están bajo la competencia de la Conal ni siquiera del Poder Ejecutivo, porque tienen que ver con nuevas legislaciones que debe crear el Congreso en materia de prohibición de publicidad dirigida a niños, protección de la oferta de productos en los entornos escolares y la priorización de las compras públicas de alimentos sanos. Desde la OPS, desde 2017, venimos trabajando estos temas con los senadores y diputados porque entendemos que este es el mejor camino para lograr una política sostenible. La resolución que se propuso en la Conal no alcanza a todos los aspectos necesarios para una problemática tan seria como la que estamos abordando.

—La OPS lleva años sugiriendo a los Estados políticas sanitarias para enfrentar la epidemia de las ECNT y la Argentina se comprometió en distintos gobiernos a ponerlas en marcha ¿A qué se debe la demora en la sanción de la ley en la Argentina?

—En Chile costó una década avanzar con la Ley de Etiquetado. Se ha demorado muchos años, pero entendemos que en la actualidad, como se abrió un camino de evidencia y de experiencias exitosas, a cada país le debería ser más fácil poder avanzar. En 2014, la OPS publicó el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, que ya contenía los tres aspectos centrales de la ley: etiquetado frontal, regulación de publicidad y protección de los entornos escolares. El plan de acción incorporaba otra estrategia de prevención que era el impuesto a las bebidas azucaradas.

—¿De qué se trata esa política de corte fiscal y cómo se aplica en los otros países de la región?

—El impuesto todavía no está presente en la realidad de la región. México es el único país que avanzó y logró una disminución del 10 por ciento en el consumo de bebidas azucaradas. Pero el otro factor relevante del impuesto es que se incrementa la recaudación del Estado y permite generar fondos para hacer campañas para hacer frente a los daños que ocasiona el consumo de estos productos con nutrientes críticos. Otra línea de acción es la promoción de la producción de alimentos sanos. Son parte de los usos de las políticas fiscales, a través de las cuales también podría desgravarse los productos saludables o su producción, a partir de una recaudación más alta sobre los productos que tienen nutrientes críticos.

—¿No existe ninguna otra experiencia más que la mexicana?

—Las políticas fiscales en relación a las bebidas azucaradas son las menos exploradas en la región. Chile está trabajando también en un impuesto para bebidas azucaradas y alimentos no saludables. Es un tema a futuro, pero la puerta de entrada para todas las políticas es el etiquetado, porque ya permite diferenciar los productos que deben estar sujetos a más regulación.

—Sobre los caminos a futuro, ¿se debería avanzar en el etiquetado de alimentos transgénicos? Es algo que ya ocurre en Brasil. ¿La OPS tiene una línea de trabajo al respecto?

—Es un camino válido. Los principales desafíos futuros están en lo concerniente a fiscalizar e implementar bien estas medidas de etiquetado frontal y hacerlas sostenibles. De esa manera, la Argentina tendrá una muy buena ley que permitirá avanzar en otras políticas. El etiquetado de transgénicos lo podría hacer directamente el Poder Ejecutivo a través de la Conal. No necesita una ley nueva, tiene competencias plenas para hacerlo.

Fuente: ANRed

Pobreza salvaje: 40,6% en el primer

semestre del año

Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021.

En el primer semestre de 2020 la pobreza había sido del 40,9%, mientras que en el último semestre del año pasado trepó hasta 42%.

El índice de Pobreza se ubicó en el 40,6% en el primer semestre del año, 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas de punto por debajo del 40,9% del período enero-junio de 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto el nivel de indigencia se ubicó en 10,7% en el segundo semestre, frente al 10,5% de igual período del año pasado.

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, el informe precisa que más de la mitad de los que se encuentran en situación de pobreza, el 54,3%, son personas de hasta 14 años.

En tanto, en los grupos de entre 15 y 29 años, el nivel de pobreza alcanzó al 48,5%; y al 30,% de las personas de entre 30 a 64 años.

Por su parte, de la población mayor de 65 años, el 13,8% se encuentra en situación de pobreza al cierre del primer semestre de 2021.

Según el Indec, los ingresos en el primer semestre del año “aumentaron más que las canastas” de alimentos y servicios que fijan el umbral de la Línea de Indigencia y de Pobreza, “lo que explica la reducción de la tasa de pobreza del conjunto de la población en el promedio del semestre”.

La incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante ingresos monetarios.

En promedio, “el ingreso total familiar aumentó un 32,4%. Las canastas regionales promedio aumentaron 28,4% (la Alimentaria) y 25,5% (CBT), explicó el Indec.

Prohibido ser LGBT+ en Tucumán

Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021.

El fin de semana un grupo de personas del colectivo LGBT+ sufrió hostigamiento por parte de la Policía de Tucumán en el Parque 9 de Julio. Según relató Pipo Albano, de la agrupación Kompañeres Tucumán Peroncha, los hechos sucedieron el domingo a la madrugada cuando un grupo de amigues se encontraba alrededor de un auto pasando el rato, cuando fueron interrumpidos por un grupo de oficiales, quienes se refirieron de manera despectiva hacia el grupo y se negaron a identificarse. Los hechos se hicieron públicos a través de un video y ya interviene el INADI en el caso para identificar a los oficiales involucrados.

Esta situación de violencia policial se da en un contexto de críticas hacia la institución y hacia el Ministerio de Seguridad, por hechos recientes como la fuga de presos, entre ellos el femicida Roberto Rejas, y mientras sucede el juicio por el asesinato de Facundo Ferreira que tiene como imputados a dos policías.

«Como sabemos el parque es un lugar de encuentro. Es histórico ir al parque en auto con amigues, dar vueltas, parar, tomar algo, escuchar música, y emprender el retorno. También es decir popular que el parque es peligroso de noche, pero vivimos en democracia con normas muy claras sobre nuestra libertad de expresión, de tránsito y de elección. Elegimos estar o no en lugares considerados “peligrosos” (como si la peatonal a las doce del mediodía no fuera peligrosa, sobradas historias de hurto y violencia, como si Tucumán no fuese peligroso) ¿peligroso por quién? ¿Peligroso por la gente? ¿Peligroso por las trabajadoras sexuales? ¿Peligroso por los homosexuales que yiran en busca de romances cortos? ¿O peligroso por la policía tucumana que va en contra de toda libertad democrática ejerciendo el abuso de poder no respetando tratos básicos con los ciudadanos?», expresó Pipo en un descargo que realizó por las redes sociales.

En el texto, también relata que había otros grupos de personas reunidas a metros de elles, pero que sin embargo la policía solo se detuvo allí. «Podrían haber elegido a cualquier otro grupo de amigos que se encontraban esa noche en el lugar, incluso con esos otros grupos hubiesen tenido más argumentos para ejercer su falso poder, y por qué eligieron a mis amigos… porque mis amigos son como yo: P.U.T.O.S.».

Las palabras textuales de una oficial mujer resuenan aún hoy: “por gente como ustedes el mundo está podrido”, dijo. «Ahora resulta que los putxs arruinamos el mundo, no tenemos acceso a ninguna disputa de poder pero lo mismo arruinamos el mundo. Nosotres hacemos una marcha del orgullo y al otro día la plaza amanece llena de brillo y color, ustedes los heterosexuales juegan el clásico San Martin vs. Atlético y al otro día faltan la mitad de las baldosas».

«Estamos hartas del abuso policial, hartas de que se nos persiga por ser putxs, que no se nos respete y que con leyes que nos protegen aun tenga el descaro de violentarnos por nuestra condición de género», manifestó.

«Me indigna escuchar el llanto de mis amigos en masa, un llanto cargado de nerviosismo e impotencia, un llanto de dolor que vuelve, que creíamos ya del pasado. No vamos a permitir nunca más estos hechos discriminatorios, no vamos a permitir nunca más que la policía avance sobre nuestros derechos. Exigimos resarcimiento por parte de los responsables. Exigimos a las instituciones competentes que tomen cartas en el asunto para que esto no se vuelva una práctica común sobre la ciudadanía. No es la primera vez que pasa, pero queremos que sea la última», finalizó.

Fuente: ANRed

La lucha de Andalgalá llegó a

Naciones Unidas

Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021.

El jueves el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) dio a conocer la denuncia que realizó ante las Naciones Unidas sobre la situación que esta atravesando el Pueblo de Andalgalá. La presentación incluyó la violación a los derechos humanos, incluidos los definidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La actividad minera amenaza la vida de los pueblos originarios «Esta actividad origina inmensos impactos ambientales negativos en el agua, aire, flora y fauna nativa, y afecta la salud y vida de las personas, incluidos los miembros de la comunidad indígena y local”. Mientras, en los nevados de Aconquija continúan las exploraciones con maquinaria hace unos días se conoció la imputación de 5 mujeres por defender el agua y suman más de 70 los judicializados desde que se inició la resistencia a la megaminería.

A través de su página de facebook comunicaba que el pasado 29 de septiembre el SERPAJ junto a la organización IFOR participaron ante el Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Diálogo interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un estudio anual sobre la situación de los Derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, espacio que tiene la finalidad de dar seguimiento a los logros respecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En dicha intervención, la abogada del organismo y de vecinos y vecinas de la Asamblea El Algarrobo manifestaban “La Ciudad de Andalgalá, en Catamarca, Argentina, está ubicada en el valle sur de las Sierras de Aconquija en la precordillera. Su población está conformada por integrantes del Pueblo Indígena Diaguita Calchaquí y ciudadanos no indígenas. Este cordón montañoso se encuentra cubierto de glaciares y ambiente periglaciar, y de él nace la cuenca del río Andalgalá que sustenta la vida en la zona. Sobre este ecosistema y a escasos 17 kilómetros de la plaza principal del pueblo, la empresa minera canadiense Yamana Gold, intenta explorar y explotar el yacimiento minero Agua Rica. Esta actividad origina inmensos impactos ambientales negativos en el agua, aire, flora y fauna nativa, y afecta la salud y vida de las personas, incluidos los miembros de la comunidad indígena y local”

(La exposición puede verse a partir del minuto 6:25 S., para cambiar idioma hacer clic en el icono que se encuentra en la parte inferior derecha del video)

En la intervención, agregaba la abogada que en dicho contexto “su población vive en conflicto desde hace ya más de 20 años y sufriendo las violaciones a sus derechos fundamentales por parte del Estado Argentino. Nos preocupa la falta de aplicación de los derechos humanos, incluidos los definidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de la oposición a la exploración y explotación del mencionado yacimiento articulando estrategias de resistencia y vías de reclamos judiciales y sociales tendientes a la defensa del ambiente. El Estado no tiene en cuenta estos reclamos, y se empecina en autorizar las actividades mineras, violando así sistemáticamente la normativa ambiental y particularmente la normativa nacional5 que prohíbe la exploración y explotación de la minería en ambiente glaciar y periglaciar.

Como consecuencia de la férrea defensa de los derechos ambientales y territoriales de este Pueblo, atribuibles también a los derechos de los pueblos indígenas, muchos de sus integrantes han sido criminalizados, apresados ilegalmente y víctimas de la violencia estatal”.

El día de ayer se realizó en Comodoro Py una nueva presentación de los vecinos y vecinas para exigir que se avance en una denuncia presentada por las y los pobladores que acusa desde octubre del 2019 a funcionarios de la YMAD, la empresa con la participación de los gobiernos provinciales y nacional, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no tener en cuenta las leyes ambientales que incluyen la presencia de glaciares y periglaciares en los nevados del Aconquija.

La declaración concluye: «Es por esto, que desde IFOR y el Servicio Paz y Justicia organismo que represento, creemos que este caso es un ejemplo de lo que pasa en nuestro país y en América Latina sobre el modelo económico extractivista y contaminante. Que viola sistemáticamente el derecho que tienen las comunidades a participar en la toma de decisión de los asuntos públicos ambientales, para la población no indígenas, y la consulta Previa Libre e informada, para los Pueblos Indígenas y particularmente al Pueblo Diaguita, sino que además padecen la constante amenaza y menoscabo del derecho al ambiente sano, a la salud y a la vida, además de agravar las consecuencias del Cambio Climático, por parte de las empresas transnacionales y los Estados que no ejerce el debido control sobre estas empresas y como consecuencia se producen las violaciones a los derechos humanos que se denuncian. Muchas Gracias».

Fuente: ANRed

Un peritaje descarta el suicidio de

Florencia Magalí Morales

Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021.

El 5 de abril de 2020 Florencia Magalí Morales, de 39 años, salió a buscar comida y terminó presa por violar el ASPO. La tarde del día de su arresto la encontraron muerta en su celda. Supuestamente, se trató de un suicidio. A las 19.30 de aquel día, el comisario Heraldo Clavero llamó al juez de turno para decirle que Florencia “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada». Las pruebas y los peritajes hacen insostenible esa versión.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó en parte del caso en abril de 2021, cuando la causa amenazaba con ser cerrada en San Luis, y ya en ese momento le hicieron saber al juzgado que los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial sino que se trata de un caso de violación de los derechos humanos. Entre las pruebas está el resultado de la segunda autopsia, que fue confirmado por la Junta de Forenses que cuestionó a la primera. Al cuerpo le faltan músculos, una arteria, el hueso hioides estaba sin fracturas.

«La familia lo tuvo claro desde el principio, ya habíamos planteado el cambio de carátula porque según el protocolo de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ante la muerte violenta de una mujer en una comisaría se debe trabajar como femicidio, pero no nos hicieron lugar. Luego de las dos nuevas pericias insistimos», dijo a Página12 uno de los abogados de la familia, Santiago Calderón Salomón.

–¿En qué consisten estos nuevos estudios?

–La forense de parte Vanina Elizondo participó en la reautopsia del cuerpo, se hicieron otras medidas tales como la reconstrucción del hecho y la inspección ocular. En base a todo eso, junto con Mónica Chechi, muy reconocida acá en la provincia, realizan un informe donde coincidieron en que la hipótesis del estrangulamiento es la única posible, y descartaron la posibilidad del suicidio. La experta en criminalística afirma que Magalí fue estrangulada, y la forense descarta totalmente el suicidio por la falta de fracturas en el hueso hioides. Además, el cordón con el que se encontró a la mujer, supuestamente suicidada en la celda de castigo, también fue peritado y los resultados revelaron que no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte, es un elemento ajeno que no sabemos cómo llegó al hecho. Por eso pedimos la ampliación de la imputación por homicidio agravado contra los policías que fueron indagados por delitos menores como incumplimiento de los deberes de funcionario, el comisario Heraldo Clavero, la agente Yohana Torres, el oficial principal Daniel Mansilla y oficial principal Marcos Ontiveros. Ahora tienen que pronunciarse al respecto el fiscal y el juez Jorge Osvaldo Pinto. En esta causa hubo muchas irregularidades, por eso se hizo parte en el expediente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

–¿Cómo recibieron las hermanas estas novedades?

–Para ellas es muy difícil, el abogado defensor salió a hablar pestes de Magalí, que era drogadicta y cosas así. Les expliqué que son estrategias para embarrar la cancha. Siguen esperanzadas en avanzar hasta lograr justicia. Si accedieran al cambio de calificación ya se estaría en condiciones de ir a juicio. Fuimos muy cautos aunque sabíamos lo que le pasó a Magalí desde la detención, los golpes y el desenlace. Si los peritos hubieran determinado que fue un suicidio, habría sido un suicidio inducido. Pero fueron muy contundentes con detalles claves, como la integridad de ese hueso que derriba completamente que se haya quitado la vida, mostraron doctrina del caso y Nación hizo interconsultas con sus propios peritos, y todos coincidieron en que fue estrangulada.

–¿Podemos repasar las últimas horas de vida de Magalí?

–Ella tiene dos hijos menores, en ese momento de 11 y 8 años, y una nieta a cargo de tres. Salió ese domingo de su casa cerca de las 9 en bicicleta y fue hacia la comisaría. No fue detenida por ir a contramano, como se dijo. Sosa, uno de los policías, tenía una amistad con ella y tenía su tarjeta de cobro de la asignación, de común acuerdo y confianza. Cuando ella pide hablar con Sosa se ve en las cámaras que discute con el comisario Clavero, que estaba enojado por alguna situación, y deciden detenerla por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quien viole las disposiciones del ASPO contra la pandemia. La llevaron a un calabozo que no estaba en uso. Estuvo ahí hasta las 18, a los gritos pedía que la dejaran volver con sus chicos, una vecina pidió verla y no la dejaron, tampoco permitieron que la viera el policía Sosa, le orinaron la celda, a la familia le dijeron que seguía detenida cuando ya había fallecido. Los otros detenidos, por el mismo motivo que ella, antes de ser liberados vieron cómo policías corrían a ese calabozo. No queda claro por qué la mataron con tanto ensañamiento, sí está claro que hubo una discusión y un forcejeo, y que las lesiones fueron posteriores a la detención. Sosa confirmó que eran amigos pero no aportó nada para entender las razones de este femicidio. Los policías declararon que no la conocían, aunque en Santa Rosa todos sabían que los chicos estaban solos, que su familia está en Mendoza. Ni le permitieron llamar a un abogado.