A cinco años del primer Paro de Mujeres
contra los femicidios y las políticas
neoliberales
Por Verònica Gago, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
El 19 de octubre de 2016, como respuesta organizada e inmediata al femicidio de Lucía Pérez, por primera y en todo el país el Paro de Mujeres -así se llamó entonces- bloqueó la vida cotidiana, sacó a las mujeres de las pantallas de televisión y de cada puesto de trabajo y se inauguró un modo de lucha que a la vez que demandaba contra la violencia machista develaba cómo esa violencia está anclada en la precariedad de la vida a que nos somete con crudeza el neoliberalismo. La huelga feminista desde entonces se hizo internacional y fue la primera que se le hizo a Mauricio Macri.
Este martes se cumplen cinco años de un hito: el primer paro feminista construido contra el gobierno de Mauricio Macri. El 19 de octubre de 2016 se organizó en velocidad, respondiendo de modo coordinado al femicidio de Lucía Pérez, conocido apenas terminaba el multitudinario Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. La idea se cocinó en una asamblea convocada por Ni Una Menos en el galpón de la entonces CTEP (Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular) del barrio porteño de Constitución, para poder ponerle el cuerpo al dolor y la bronca a la vez que se sentía la fuerza de movilización que se venía instalando en las marchas del 3 de junio desde 2015.
La propuesta rápidamente se propagó a otras ciudades e incluso países, alcanzando una resonancia inesperada y activando convocatorias de lo más variadas para “parar”. La fecha desbordó la Plaza de Mayo bajo una sudestada furiosa que terminó estampando miles de paraguas de colores en las fotos aéreas y en la memoria feminista.https://7e6cf07f1fed9c88950695c83af9d923.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
El paro feminista produjo una innovación política histórica: usó una herramienta de la lucha obrera para protestar contra las violencias machistas y, en ese gesto, puso en evidencia la conexión sistémica de las violencias económicas, coloniales, y de género contra ciertos cuerpos. Explicitó, desde un acto de rebeldía, por qué se puede parar contra los femicidios y a la vez contra el saqueo de los territorios, contra los mandatos heterocispatriarcales y contra el trabajo precario y, de ese modo, desafiar al neoliberalismo en las casas y en las calles.
Por eso su repercusión fue tan rápida: hacía sentido en muchos lugares, tramando una conexión transnacional que no dejaría de crecer. Funcionó también como el punto de partida del llamado internacional de los siguientes 8 de marzo, a partir de 2017, como paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis; luego, paro internacional feminista plurinacional e incluso huelga general feminista. La huelga, por eso mismo, produce un salto cualitativo en la organización: transformó la movilización contra los femicidios en un movimiento antineoliberal, capaz de enlazar y politizar de forma novedosa el rechazo a las múltiples violencias contra ciertos cuerpos-territorios.
La huelga, apropiada y reiventada por mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries además puso en lugar central la cuestión del trabajo, abriendo de modo nuevo esa problemática. En primer lugar, porque desbordó las fronteras de a quiénes se reconoce como trabajadorxs y, por tanto, se volvió una estrategia de visibilización y valorización de las trayectorias laborales menos tenidas en cuenta: trabajadoras de hogar, precarizadas, migrantes, las de quienes combinan múltiples empleos para juntar un sueldo, trabajadoras de la economía popular con subsidios que no alcanzan para lo básico, desocupadas, jubiladas, trabajadoras de la tierra, mujeres sindicalistas, estudiantes, trabajadoras sexuales, entre otres.
En segundo lugar, inauguró una pregunta práctica: ¿qué de todo lo que hacemos cuenta como trabajo?, ¿quién lo contabiliza?, ¿por qué no se remunera o, eventualmente, tiene los pagos más bajos del mercado laboral?, ¿qué significa cuidar como trabajo?, ¿qué nombres hace falta inventar para esas tareas naturalizadas e invisibilizadas que sostienen la vida en los barrios, los espacios domésticos y las comunidades?
En tercer lugar, complicó la práctica misma de la huelga, forzando a invenciones de todo tipo: ¿qué significa parar si no tengo patrón?, ¿qué significa parar si soy free lance o desocupade temporal?, ¿cómo hago huelga si no puedo dejar de trabajar porque dependo de lo que gano al día?, ¿qué significa parar si el sindicato no declara la huelga?, ¿qué implica hacer paro si cuido a otres? Así se ha ampliado prácticamente a qué llamamos «lugares» de trabajo, incorporando la calle, el barrio y la casa, y teniendo nuevas maneras de mirar los «empleos» considerados como tales.
Con el paro feminista, se inauguran cuestiones estratégicas que siguen siendo claves hoy y que son parte del debate político más coyuntural. Por un lado, empieza a tramarse entonces una convergencia entre militancias feministas y sindicalistas que ha movilizado esas estructuras patriarcales, que ha creado coordinaciones inéditas entre dirigentas y activistas de todas las centrales obreras y que ha revitalizado los 8 de marzo con memoria obrera feminista puesta en tiempo presente.
Esa fuerza se ha capilarizado en muchísimos conflictos y formas de organización. De hecho, las consignas de este último sábado en el acto convocado por mujeres sindicalistas con la consigna “La CGT es con nosotras” en la localidad de Berisso, reclamó contra el anuncio de una reforma estatutaria para integrar la perspectiva de género en la central sin convocar a sus protagonistas y se exigió el cumplimiento del cupo. “No queremos estar sólo en la foto ni servir el café, queremos conducir”, se cantaba en el acto.
Por otro lado, el debate sobre “trabajo esencial” durante la pandemia que puso en primer lugar a las trabajadoras socio comunitarias y a las redes populares feministas que se hicieron cargo de la emergencia habitacional, alimentaria, sanitaria y por violencia de género puso en juego el acumulado de luchas sobre trabajo reproductivo, de cuidados, comunitario y territorial que desde la huelga feminista no deja de ser debatido, nombrado, disputado y puesto en valor.
Con una presencia impensada hace unos años atrás, la consigna “no es amor, es trabajo no pago” ha puesto en discusión una naturalización que la propia palabra esencial tiene como ambigüedad: la necesidad de desacoplar los trabajos reproductivos respecto de los mandatos de géneros (la responsabilización, una y otra vez, de a quienes les toca cuidar, esencializando ciertos roles). Esto, a su vez, se ha entrelazado con demandas sobre vivienda, teletrabajo y jubilaciones, por nombrar tres reclamos estratégicos que los feminismos han levantado.
Estas maneras de conectar las condiciones de vida, de la reproducción social, especialmente agredida en momentos de crisis, con las formas de trabajo más precarizadas ha permitido ampliar las agendas y abordar lo que significa el endeudamiento de los hogares, el consumo de alimentos tóxicos y dolarizados, y el pago de alquileres que se hacen imposibles y que llevan al hacinamiento, al desalojo y a la toma e, incluso, a situaciones de calle.
Del mismo modo, es la perseverancia organizativa que ha tejido la huelga lo que ha permitido integrar demandas clave que hacen a las vidas de lxs trabajadorxs hoy, remuneradxs y no remuneradxs, en medio de un colapso del metabolismo ecológico inédito. De este modo, el proceso político del paro feminista ha ensanchado el campo social en el que la huelga se inscribe y produce efectos.
Hoy es un aniversario importante porque la huelga feminista creció a fuerza de un tejido minucioso de alianzas políticas que se proponen como fuerzas antineoliberales, antiracistas y antipatriarcales, siendo caja de resonancia de un movimiento que logró instalar, nuevamente, el deseo de cambiarlo todo.
El gobierno y los comedores barriales:
entre la polenta, el vaciamiento y la
campaña electoral
Por Nicolás Salas, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
En abril de 2020 se desató un escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo de la Nación, lo que derivó en la renuncia de 14 funcionarios del área, entre ellos Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica y un histórico del peronismo en el área. La situación generó que se frenara la entrega de alimentos a los comedores comunitarios en plena pandemia y en la cresta de las restricciones a la circulación y al trabajo. El gobierno prometió transparentar la situación y para ello ubicó en el lugar a funcionarios ligados a los intendentes del conurbano, principalmente a Juan Zabaleta, quien asumiría al frente de la cartera social un año después. Con los cambios se fue regularizando la entrega tras varias semanas de parate y se amplió la licitación de compras de productos a distintas empresas. Tras una “luna de miel” de algunos meses, la situación volvió a empeorar y el desabastecimiento volvió a ser moneda corriente en los comedores comunitarios que organizan los movimientos sociales, principalmente los opositores.
El jueves de la semana pasada, las organizaciones pertenecientes a la “Unidad Piquetera” volvieron a la calle cortando los accesos a la capital y realizando bloqueos en los puentes de Puerto Madero. Uno de los motivos de la protesta fue la falta de entrega de alimentos o, en algunos casos, la crítica por mandar mayormente polenta y sémola por sobre otros productos de mayor necesidad para garantizar las ollas en los barrios populares.
“La pandemia triplicó la demanda de alimentos en comedores y es algo que el gobierno debe atender por la sensibilidad del asunto. De esa comida dependen cientos de miles de personas que si no vienen a nuestros comedores no comen. Venimos con varios reclamos al gobierno nacional, entre ellos la situación alimentaria. Todos los meses hay problemas pero en septiembre, por ejemplo en nuestro caso no nos entregaron en 11 bocas nacionales que tenemos y que abastecen a cientos de comedores. La verdad es que no nos explican el por qué de estos recortes que no venían sucediendo de manera tan abrupta como está ocurriendo en los últimos meses”, aseguró Damaris Rolón, vocera una militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), organización integrante de la Coordinadora por el Cambio Social (CCS).
En ese sentido, exigió que se implementen medidas urgentes: “Sí no están desviando la mercadería a los intendentes, y el problema es que las empresas no le están vendiendo al Estado lo que tienen que hacer es aplicar la ley de Abastecimiento y garantizar ante todo el derecho a la alimentación de millones de personas que no tienen para comer”.
En la misma tónica se refirió Eduardo Belliboni del Polo Obrero, que consideró “desde hace meses sistemáticamente el gobierno nacional y también los provinciales están incumpliendo con la asistencia los comedores populares”.
“La situación social se agrava día a día con motivo de las políticas oficiales que llevan adelante desde hace décadas todos los gobiernos. En los últimos 60 días antes de las elecciones de las PASO (la problemática) se profundizó con más de 70 días de atraso y no se recibió un solo kilogramo de alimento. Es una política discriminatoria que favorece a los punteros y que coloca a millones de personas en una situación de vulnerabilidad, por eso impulsamos los planes de lucha en unidad con decenas de organizaciones que peleamos por el trabajo, pero en la emergencia necesitamos la asistencia integral a los comedores, aumento en los programas sociales, así como su universalización”, aseguró a este medio el referente del PO.
En la actualidad, el faltante se concentra sobre los movimientos sociales opositores al gobierno, pero durante varios meses de la pandemia la problemática también afectó a las organizaciones oficialistas a las que se les pidió en voz baja un “esfuerzo” ante la crisis que atravesaba el Ministerio.
Cabe mencionar que el volumen que ha tomado el servicio que brindan los comedores comunitarios durante la pandemia y la crisis en curso ha crecido sustancialmente en los últimos años. Los datos que surgen del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) aseguran la existencia de, al menos, 12.056 establecimientos barriales que brindan viandas y meriendas para más de 11 millones de personas. Asimismo, el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) unas 444.440 personas trabajan en comedores y merenderos comunitarios.
La situación viene exasperando a las organizaciones sociales, que no consideran azarosa la situación. Para muchas, principalmente las opositoras, no sería “extraño” que los kilos que faltan se estén derivando a los municipios para que los intendentes del PJ alimenten sus redes clientelares en el marco de la campaña electoral.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que para este año el entonces ministro Arroyo había asegurado que incrementaría las partidas para la compra, vía licitación, de alimentos para los comedores comunitarios. Es decir, creció el stock pero bajó la distribución, esa es la ecuación que no cierra en los movimientos sociales y que alimenta la conflictividad en la calle.
Fuente: ANRed
Acampe frente al Congreso en
defensa de personas en situación
de calle
Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
Integrantes de la organización social Proyecto 7 acamparán durante una semana para reclamar la sanción de un proyecto de ley para proteger a personas sin techo.
Militantes y dirigentes de la organización social Proyecto 7 realizan este martes su segunda jornada de acampe frente a la sede del Congreso Nacional, para apresurar la sanción de un proyecto de ley que impulsan para proteger a las personas en situación de calle y familias sin vivienda.
Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7, dijo que la protesta «se mantendrá por una semana», en un campamento donde habrá ollas populares, radio abierta durante todo el día, y mesa de debates para explicar el proyecto de ley que reclaman a los diputados de los diversos bloques políticos. Por ahora, cae Ley de Etiquetado: Juntos por el Cambio no dio quórum «Nosotros seguimos diciendo que la calle no es un lugar para vivir», dijo Ávila y pidió «el tratamiento ya del proyecto de ley de beneficios para la gente en situación de calle y las familias sin techo».
En ese sentido, el referente social explicó: «Hasta el próximo viernes, nos quedaremos en las puertas del Congreso Nacional, sobre la avenida Entre Ríos, para reclamar por el tratamiento de la ley para las personas en situación de calle y para las familias sin techo. No podemos esperar más y la movilización es el camino». «Nos quedaremos toda la semana -añadió Ávila- con desayunos y ollas populares por las noches y muchísimas actividades, acompañados por una radio abierta, donde vamos a explicar durante todo el día, los puntos principales de la ley».
Rescataron a un menor y 7 adultos esclavizados en un predio rural A comienzo de octubre, por decisión del bloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) no hubo quórum para tratar el proyecto para personas en situación de calle.
Ilegal: un intendente impide el
acceso al aborto
Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
Se trata del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien fue denunciado por profesionales de salud y organizaciones de mujeres.
El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y Mónica Listosella (Jefa de División de Clínica Médica), Verónica Palmisciano (Directora General de Salud), y Carina Conde (Subsecretaria de Salud), fueron denunciados por no cumplir con la ley 27610, al obstaculizar el derecho al aborto, incorporando el artículo 85 bis al Código Penal.
La ley contempla sanciones para Montenegro como su staff: “Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
En un comunicado de prensa, la regional Mar del Plata rechazó la decisión de la secretaría de Salud de la municipalidad de General Pueyrredón donde se prohíbe a los profesionales de la división clínica médica de los Centros de Atención Primaria realizar actividades relacionadas con la Ley IVE/ILE: «Es un claro intento de obstaculizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo». Además, expresan su adhesión a la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a decidir que ha manifestado su preocupación y descontento ante la resolución referenciada, considerando que «es ilegal que una jefatura prohíba a sus profesionales determinadas prácticas que competen a la profesión médica independientemente de su especialidad».
La organización responsabiliza a las firmantes de la resolución: Mónica Listosella, Verónica Palmisciano, Carina Conde y al intendente de Juntos Guillermo Montenegro, advirtiendo: «Nosotras estamos organizadas y alertas. Nuestro derecho a la interrupción Voluntaria del embarazo ya está en vigencia y no vamos a tolerar ninguna acción que intente obstaculizar el acceso».
La economía precarizada: ¿quiénes,
dónde y de qué trabajan las casi tres
millones de familias inscriptas en el
ReNaTEP?
Por Nicolás Salas, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía sobre la situación de una amplia franja de la población que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades básicas, en un marco donde la pobreza escaló al 42% y la inflación al 9,6%.
El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía sobre la situación de una amplia franja de la población que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades básicas.
“Oga Guazú” (casa grande en guaraní) es un comedor comunitario que funciona en la calle 609 y 118 en la localidad de Villa Elvira en La Plata. Cinco trabajadoras por turno cocinan para 60 familias de manera diaria, alrededor de 350 personas. Cada una de las trabajadoras cobra un Potenciar Trabajo que no supera los 14 mil pesos mensuales y asisten a cientos de vecinos que, al igual que ellas, dependen de changas o trabajos precarios para subsistir.
La pobreza escaló al 42% y la inflación al 9,6%. Detrás de las estadísticas y los números, se encuentran personas de carne y hueso que, como en Oga Guazú, intentan llegar a fin de mes o al menos llevar un plato de comida a la mesa.
El reporte de agosto del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía de los oficios, género y tipo de organización que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021.
No todas las personas relevadas cobran un programa de empleo que acompañe la actividad que realizan. El “Potenciar Trabajo”, programa de empleo orientado a reforzar salarialmente a los sectores más afectados por la crisis, no llega a cubrir ni la mitad de las personas inscriptas en el registro, ya que en la actualidad abarca a 1.038.813 de personas. A comienzos de la pandemia, se daba al interior del gobierno una discusión en torno a elevar el número de dichos planes a dos millones, buscando llegar a cifras similares a las de 2002, cuando Duhalde lanzó el plan “Jefes y Jefas” como línea de contención social a una crisis abierta. Dicha perspectiva fue perdiendo peso y terminó de descartarse con el arribo de Zabaleta al Ministerio de Desarrollo, quien públicamente aseguró que no se cargarían más planes y que las energías de la política pública estarían concentradas en el plan empalme.
Volviendo al ReNaTEP. El 57,4% son mujeres, es decir, unas 1.624.006, mientras que el 42,6% son varones (1.206.514). El número es significativo si se lo compara con el sector asalariado privado donde las mujeres representan tan solo el 32,9%. Cabe destacar que el registro, al igual que en la gran mayoría de los relevamientos (privados o públicos), no contempla la situación de las identidades “disidentes” (trans, travas, no binaries, lesbianas, entre otras).
Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la franja etaria. Aquí aparece la llamada “juventud precarizada” que encuentra enormes dificultades para conseguir empleo formal, vive en la desocupación, de changas o tiene trabajos poco remunerados. El 64,2% de quienes se anotaron en el registro tienen entre 18 y 35 años, es decir, 1.813.880 de personas.
El peso significativo del conurbano bonaerense en la densidad demográfica y la pobreza del país posee su correlato directo en el segmento del informe donde se describe el territorio donde viven las familias. El grueso de los inscriptos reside en la provincia de Buenos Aires, alcanzando el 35,6% del total nacional. Le siguen Tucumán (6,2%), Santiago del Estero (6,1%), Salta (6,1%) y Chaco (5,8%). “El 40,2% restante de las inscripciones presenta una alta dispersión a lo largo del país y ninguna provincia alcanza el 5%”, asegura el informe del organismo nacional.
¿De qué trabajan? El relevamiento segmenta los oficios en varias categorías que engloban distintas actividades. La más preponderante que se refleja con precisión es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. “Servicios de limpieza” es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es “agricultor/a” con 111.618 (repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones).
El tipo de actividades descriptas no es fruto de la casualidad si se tiene en cuenta el peso significativo que tienen las organizaciones sociales en la estructuración del ReNaTEP. En principio, porque la CTEP fue la impulsora del proyecto que finalmente se concretó en 2016 a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Social. En segunda instancia, porque allí se vuelcan las construcciones que la mayoría de las organizaciones sociales vienen realizando desde dos décadas atrás, mucho tiempo antes que a dichos trabajos se los encuadrara con el nombre de “economía popular”. A su vez, el relevamiento contiene al espectro de actividades que los movimientos fueron incorporando en los últimos años, como son el trabajo ambulante, feriante, de producción rural a mediana escala, entre otras actividades.
Por otra parte, el informe permite desglosar qué parte de esta población pertenece a fuerza organizada en movimientos sociales y cuál solo responde a actividades individuales de subsistencia. “En relación a la organización del trabajo, tal y como se indicó en el Informe General del ReNaTEP presentado en mayo de este año, se observa que la mayor parte de los/as trabajadores/as lleva adelante sus actividades de manera individual (59,5%) mientras el 40,5% restante se organiza de manera colectiva”, asegura el informe en uno de sus fragmentos.
En ese sentido, dentro de la organización colectiva, se incluye “Organización comunitaria o social”, ítem utilizado por los movimientos sociales al momento de inscribir a sus cooperativistas. De allí, puede deducirse que, del volumen total de lo que sería la economía popular, unas 611.082 (23%) son personas organizadas y se mueven en torno a un programa de acción que puede oscilar entre el amplio mundo ideológico piquetero que va desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hasta la Unidad Piquetera (Polo Obrero, FOL, FPDS-CP, Barrios de Pie-LdS, MST, entre otros). Tampoco pueden descartarse tareas que se llevan a cabo a partir de las iglesias e instituciones religiosas que intervienen en el seno de los barrios populares, villas o asentamientos.
La fuerza organizada no puede reducirse solo al ítem “organización comunitaria o social”, ya que las estadísticas también contemplan un 7,9% concerniente a las cooperativas de trabajo y un 1,1% a la agricultura familiar, sectores donde organizaciones del sector articulan y desarrollan tareas sindicales y sociales.
Sigue abierta la discusión dentro del gobierno, y afuera también, de cómo abordar la situación de millones de familias que viven en la precariedad laboral y hacen milagros para cubrir sus necesidades básicas. Varias opciones se manejaron desde la coalición de gobierno que van desde la propuesta de llegar a dos millones de planes, la creación de una renta universal por familia desocupada y la aplicación de un IFE específico y por única vez para el sector. Cualquiera de las iniciativas que se elijan, u otras que surjan en el transcurso de estos meses, estará atada a una discusión mayor que pone en tensión al frente “Todos” y agrava la crisis desatada tras la derrota en las últimas PASO; incrementar el gasto público o mantener controlado el déficit primario tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en “Oga Guazú” y en miles de comedores comunitarios del país, las trabajadoras de la economía popular o precarizada le ponen el pecho a una crisis que no pareciera ser de corto aliento.
Fuente: La tinta
Canasta Básica Alimentaria: una
familia tipo necesita 70 mil pesos
para no ser pobre
Resuemen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
El INDEC anunció un aumento del 2,7% en septiembre. De esta forma, en lo que va del año el incremento fue del 32,3%.
Los precios de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron en septiembre un incremento de 2,7%, lo que determinó que una pareja con dos niños de corta edad necesitaran percibir ingresos por $ 30.013,82 para comprar la cantidad de comida mínima para la subsistencia y no caer en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos, reúne indumentaria y transporte, aumentó 3,2% en septiembre por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por al menos $70.532,46 para ubicarse sobre la línea de pobreza.
De esta forma, en los primeros nueve meses del año, el valor de la Canasta Básica Alimentaria se incrementó 32,3%, mientras que el costo de la Canasta Básica Total avanzó 30,1%.PUBLICIDAD
Esta diferencia entre ambas canastas se debe a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos.
Entre septiembre de este año e igual mes de 2020, el precio de la CBA se incrementó 54,5% y el de la CBT 49,4%.
En septiembre, la suba que registró el costo de ambas canastas -la alimentaria como la total- se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor, que en el noveno mes del corriente año marcó un aumento de 3,5%.
Al término del primer semestre del año, el índice de pobreza se ubicó en 40,6% por debajo del 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas menos del 40,9% del período enero-junio de 2020, en base a los números informados por el Indec.
En tanto, el nivel de indigencia fue del 10,7% en el primer semestre, frente al 10,5% de igual período del año pasado.
Envio:RL
Fabricantes de alimentos, bebidas y limpieza se negaron a firmar
Sin acuerdo, el Gobierno congeló los precios
Saldrá por Resolución la medida que traba aumentos por 90 días con retroactividad al 1 de octubre. Horas antes de una reunión de Feletti y Funes de Rioja, los empresarios enviaron un comunicado provocador avisando que no iban a apoyar.
Tras más de una semana de negociaciones abiertas con el sector privado sin resultados visibles, la Secretaría de Comercio Interior decidió congelar de manera unilateral los precios de una canasta de más de 1432 alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene. El titular de la cartera, Roberto Feletti, confirmó que la medida oficial se hará por Resolución y entrará en vigencia este mismo miércoles. El texto, que se publicará en el Boletín Oficial, deja fijos los precios de productos esenciales por 90 días y con retroactividad al 1 de octubre. Ergo, todos aquellos aumentos que haya operado con posterioridad a esa fecha, deberán volver atrás.
Fue el propio Feletti el que detalló la decisión en una charla con la prensa en la puerta del edificio de la secretaría en Diagonal Roca. Fue unos minutos después de una reunión que mantuvo con el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, y el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. “A partir de ahora está vigente la resolución de (congelamiento) casi 1500 productos en todo el país, que es de cumplimiento obligatorio. La forma de monitoreo de este programa se va a hacer dialogando con gobernadores e intendentes. Tengo mucha confianza y apelo a la responsabilidad empresaria, no es un esfuerzo tan grande, no vamos a producir un quiebre en sus planes de negocios”, expresó el funcionario, y adelantó que la primera reunión con jefes distritales será este miércoles con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Por medio de un comunicado, la secretaría explicitó que se emitió “una resolución que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Agregaron que “la decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”. En esa línea, aclararon que “cabe considerar que la medida de retrotraer los precios de los productos en cuestión al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022 fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría. En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”.
Inicialmente, más allá de las deficiencias de la lista y las idas y vueltas internas (se empezó con 900 productos, se pasó a 1600 y se terminó en 1400), Comercio buscó un acuerdo negociado en casi una semana de conversaciones con empresas. Pero molestó sobremanera el comunicado duro que sacó Copal, tan solo una hora antes de la reunión de Feletti y Funes. En ese texto, utilizando una metáfora del fútbol, las alimenticias fueron con los pies para adelante y afirmaron ratificar “una vez más su voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, pero advierten que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”. Agregaron además que la entidad que preside Funes “sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
Feletti explicó a la salida de la reunión que, inclusive, Funes de Rioja aseveró que ese comunicado “puede haber sido un error”. Lo llamativo del caso es que un rato antes de la comunicación de ese texto, Funes contó las alternativas del mismo en la reunión de la Unión Industrial (UIA) que comandó en su rol de presidente de la central fabril. En esa entidad hay varios molestos con el conflicto, sobre todo aquellos que desde el inicio le sugirieron a Funes renunciar a la Copal para asumir en UIA, y evitar así que estos choques por los precios con el Gobierno horaden la relación que venía regenerándose con el oficialismo.
La lista y el Molino rebelde
Comercio informó que la lista acordada "comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal". En el comunicado oficial, Feletti dijo que se mostró "satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia". Sin embargo, lamentó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.
El secretario aseveró que, en general, las empresas colaboraron con la lista, pero citó sin nombrar a una empresa que objetó buena parte de sus productos. Fuentes privadas confiaron a Página I12 que la firma en cuestión es Molinos Río de la Plata, que tiene buena parte de mercado de las harinas, las pastas secas y otros productos de primera necesidad. A pesar de esta actitud de la minoría mencionada, Feletti remarcó que seguirá “abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles que permitan atender la necesidad de la ciudadanía”.
Vale decir que en el encuentro con el sector empresario, Feletti les pidió sostener las ganancias con volúmenes de ventas más que en la remarcación. De hecho, según fuentes oficiales, fueron los propios ceos quienes resaltaron "el crecimiento económico proyectado para este año". Los datos privados, en paralelo, avalan una salida del pozo del consumo: la consultora Scentia, de las más serias del retail, reportó un alza de 2 por ciento en el gasto en septiembre, el tercer mes seguido de suba luego de más de un año de caída. Y con un plus: la demanda en el interior del país duplica a la del AMBA.
Por su parte, desde Copal aclaroaron que "no es la industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5 por ciento, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9 por ciento".
En este escenario, los supermercados, que fueron parte del encuentro, bancan el acuerdo pero se preocupan por dos factores, el abastecimiento y los márgenes de ganancia. A priori, el Gobierno les garantizó que no faltará producto y que discutirán los márgenes.
El expresidente está citado para este miércoles
Macri regresó al país y mañana no se presentará en el juzgado de Dolores
Debe responder ante el juez Bava por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Aunque anunció que pegará el faltazo, aún no hay presentaciones hechas ante la justicia.
Por Luciana Bertoia
Mauricio Macri no se presentará este miércoles para ser indagado por el juez federal Martín Bava por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. En un largo hilo de tuits, el expresidente, que regresó este martes al país, sostuvo que el juez no es competente para juzgarlo y denunció que la citación obedecía a una persecución judicial. Por el momento, no hay presentaciones de Macri o de su abogado Pablo Lanusse en el expediente y aún resta saber cómo evaluará Bava el segundo faltazo de Macri, que debió presentarse inicialmente el 7 de octubre pero estaba de viaje y el juez postergó su citación para este miércoles.
“El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, escribió Macri desde su cuenta de Twitter. Es la primera declaración pública del exmandatario desde que el juez que subroga en Dolores lo llamó a indagatoria el 1 de octubre pasado.
Por estos hechos, Bava procesó a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y sostuvo que las tareas de inteligencia sobre los parientes estuvieron orientadas a anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos de quienes querían saber qué había pasado con el submarino y qué estaba haciendo el Estado argentino para hallarlo.
Macri protestó por haber sido convocado a indagatoria antes de las elecciones y sostuvo que la Cámara Federal ya determinó que Dolores no es competente para investigarlo. Se refiere a un fallo del 30 de diciembre pasado del presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun, que ordenó al juez Ariel Lijo que reclame la investigación sobre el llamado “Proyecto AMBA”. La causa del espionaje al ARA San Juan es conexa a ese expediente y, desde el macrismo, ven en esa resolución de Irurzun la forma para traccionar hacia los tribunales de Comodoro Py la causa que tiene a Macri como imputado.
Lanusse estuvo este martes en el juzgado de Dolores para ver la causa, que en el macrismo describen como “llena de irregularidades”. El abogado de Macri ya había apelado la prohibición de salida del país que dictó Bava y que deberá ser analizada por la Cámara Federal de Mar del Plata.
En cuanto analice el escrito que Macri anunció que presentará su abogado, el juez deberá decidir si fija una nueva fecha para la indagatoria o si adopta otra postura. Una de las querellas, la que encabeza Luis Tagliapietra, dijo que podría reeditar su pedido del 7 de octubre para que lo declaren en rebeldía.
“Nos indigna saber que su único argumento es pedir la incompetencia para forzar una remisión a los tribunales donde tiene a su mesa judicial y compañeros de paddle”, dijo, por su parte, la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria.
Embarrar la cancha
Macri le apuntó en Twitter a Bava, a quien comparó con jueces como Norberto Oyarbide o Federico Faggionato Márquez. Dijo que estaba denunciado por irregularidades en otro expediente y que era "funcional a los intereses oficialistas". El ataque coincide con la embestida que se inició la semana pasada en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Azul que subroga en Dolores.
El viernes, el diputado del PRO Pablo Tonelli reflotó una denuncia de un grupo de abogados de represores para buscar citar a Bava y a otro juez que integra el Tribunal Oral Federal (TOF), Roberto Falcone, por su actuación en el juicio de la Subzona 15, que terminó el año pasado con 35 condenas --28 a prisión perpetua-- y cinco absoluciones. El argumento de los defensores de los genocidas es que Bava dictó sentencia sin haber presenciado como cuarto juez las audiencias del debate. Lo que sucedió es que antes de la finalización del proceso renunció uno de los tres integrantes titulares, Alfredo Ruiz Paz, y Bava debió tomar su lugar porque era el cuarto juez.
La denuncia fue motorizada por Luis Cevasco, que no actuó como abogado en el juicio porque hasta finales de 2019 ejerció como fiscal general de la Ciudad. Cevasco también presentó una denuncia contra los fiscales que investigaban el espionaje macrista en los tribunales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
En el Consejo de la Magistratura, sostienen que el macrismo solo usa esa denuncia como una forma de meter presión sobre Bava y fuentes indican que ya habría un dictamen para desestimar la presentación de los abogados de represores a la que ahora se aferra Macri para atacar al juez que lo investiga.
Los pocos asistentes pronunciaron frases negacionistas
Gómez Centurión se jactó de negarse a homenajear a las Madres de Plaza de Mayo en un acto en Carcarañá
Desde Santa Fe
El intendente peronista de Carcarañá, Miguel Angel Vázquez, se le plantó al exfuncionario de Mauricio Macri Juan José Gómez Centurión, así como a sus adherentes del partido NOS, que se negaron a participar en un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Vázquez compartió con Gómez Centurión un acto en memoria de los caídos en Malvinas en la plaza Independencia, donde ambos depositaron una ofrenda ante el busto del general José de San Martín. Al finalizar el acto, el intendente propuso a los visitantes sumarse a un desagravio a las Madres porque, hace diez días, un grupo negacionista del terrorismo de Estado vandalizó los pañuelos blancos pintados en el lugar y filmó el ataque. Pero Gómez Centurión y sus partidarios rechazaron la invitación. “¡Vaya usted solo!”, se enojó el militar, mientras sus seguidores acusaban al intendente por “ensuciar el acto”. Los más exaltados repetían incluso la misma consigna de las camisetas negacionistas que vende su referente: “No fueron 30 mil”. Vázquez caminó entonces hacia el centro de la plaza, levantó la rosa blanca que había llevado, arrojó un beso al cielo y depositó la flor sobre uno de los pañuelos vandalizados. “Las Madres no se tocan”.
El hecho ocurrió el sábado en la plaza de Carcarañá y se viralizó por la jactancia de Gómez Centurión que publicó un tuit y el video que muestra a Vázquez cuando exhibe la rosa blanca en alto, ensaya el beso, deposita la flor sobre el pañuelo de las Madres y aplaude.
Después, el exfuncionario macrista acomodó su relato. “El intendente de Carcarañá, Santa Fe, convocó a Gómez Centurión y al pueblo a un acto por los caídos en Malvinas. A mitad del acto, decidió homenajear a las Madres de Plaza de Mayo. Quedó solo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Vázquez contó luego --por Radio Nacional Rosario-- lo que Gómez Centurión no había dicho, que “hace diez días”, un grupo negacionista vandalizó los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo que forman una ronda en el centro de la plaza Independencia de Carcarañá. “Les pintaron escarapelas encima, filmaron un video y dijeron que hacían patria”. “Nosotros volvimos a repintar los pañuelos”, dijo el intendente.
El sábado, cuando Gómez Centurión pasó por Carcarañá, el intendente Vázquez lo recibió “a pesar de las diferencias ideológicas” --dijo-- y luego participó en el acto en memoria de los caídos en Malvinas en la plaza Independencia, donde ambos depositaron una ofrenda ante el busto de San Martín. “Gómez Centurión vino con una comitiva de su partido NOS. Nunca me sentí tan mal en mi vida al escuchar su discurso”. “Las Madres no se tocan. No se merecen una falta de respeto tan grande”, señaló.
Al finalizar el acto, el intendente dijo que quería aprovechar la oportunidad para un desagravio a los pañuelos vandalizados. La propuesta era que las trabajadoras municipales depositaran sobre cada pañuelo en el centro de la plaza una rosa blanca. Él ya tenía la suya en las manos. “Los invito a participar a la entrega floral al símbolo de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, que tanto han luchado…”
No terminó la frase. Uno de los seguidores de Gómez Centurión lo encaró: “¡Disculpame, pero esto no es lo mío!” Otros se sumaron al rechazo: “No corresponde. “No estamos de acuerdo con vos”.
-- ¿No están de acuerdo? Bueno, yo los invito a participar…
-- Este es un acto por la reconciliación de los argentinos y por los héroes de Malvinas. Lo que nos une, no lo que nos separa. Por favor, intendente --le dijo otro.
-- A nosotros nos une todo --respondió Vázquez.
-- ¡Usted es el jefe político de toda una ciudad, no de un partido! --insistió el más enojado.
Gómez Centurión se sumó al escarnio. “No, no estoy de acuerdo. Esto divide. Si vamos a discutir de política, me voy”, amenazó.
-- No, no vamos a discutir política --se plantó Vázquez--. Yo voy a hacer esta ofrenda. Y los invito a ustedes, que les abrimos las puertas de la ciudad de Carcarañá, para homenajear a nuestros héroes de Malvinas, para que también se sumen al desagravio a las Madres de Plaza de Mayo.
-- No, no --le respondieron varios.
-- Bueno, yo los invito. Ustedes no aceptan.
-- ¡Hágalo usted solo! Vaya, vaya… --reaccionó Gómez Centurión.
-- Gracias por haber venido --ironizó Vázquez. Y levantó la rosa blanca--. Esta es mi ofrenda a las Madres por haber luchado por los desaparecidos en la época de los militares.
-- Madres de terroristas --retrucó otro partidario de Gómez Centurión.
-- No fueron 30.000 --agregó una mujer--. ¡Como ensucia un acto! Eso no se hace, es una falta de respeto. ¡Qué lástima! Muestra la calidad de persona que es.
Vázquez caminó hacia el centro de la Plaza, volvió a exhibir la rosa blanca en alto, hizo el gesto del beso, depositó la flor en uno de los pañuelos vandalizados. Y aplaudió.
Fuente:Pagina12
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