Estafa y balances falsos: las maniobras
de los directivos de Vicentín que los
dejan al borde de 50 años de cárcel
Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
El fiscal Miguel Moreno imputó a 14 miembros del directorio de la agroexportadora, por diversas maniobras defraudatorias y consideró que «desde el año 2017 venían encubriendo una venida a pique de la empresa que fue ocultada a través de las falsedades de los balances».
Este martes por la mañana, el Centro de Justicia Penal se convirtió en el escenario de una audiencia que dos años atrás, cuando en diversos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe se organizaban manifestaciones bajo la consigna: «todos somos Vicentín», era impensada. Es que 14 directivos de la empresa agroexportadora fueron imputados por reiterados delitos de defraudación con balances falsos y estafas que, acumulados, podrían implicar hasta 50 años de cárcel para algunos de los acusados.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno imputó a Daniel Buyatti; Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi, Miguel Vallatta, al síndico Omar Scarel y Raúl González Arcelus por delitos de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros, cinco hechos de estafas en carácter de coautor contra los acreedores granarios y estafas contra el Banco Macro. Además, Daniel Buyatti fue imputado por apropiación indebida de tributos.
Durante la audiencia de este martes, el fiscal Moreno realizó las imputaciones y luego las defensas solicitaron un cuarto intermedio para analizar archivos y pruebas y preparar los descargos.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Moreno aseguró que la evidencia reunida hasta ahora es sumamente clara y contundente, y no descartó que en el progreso de la investigación y en el relevamiento de la información que aún continúa, puedan surgir otras conductas ilícitas «para atribuirle a las personas que estuvieron en la audiencia o a otras».
En cuanto a la pena en expectativa, Moreno explicó: «Las estafas tienen una pena máxima de 6 años, si se toma en cuenta que hay 11 acusaciones de estafa y otras 6 de balances falsos, entre otros delitos, estaríamos en el límite máximo establecido por el articulo 55 del Código Penal, que son 50 años de prisión». En ese sentido, apuntó que considerando esto en juicio, «la solicitud de pena va a ser de cumplimiento efectivo, en atención a muchas variables, sobre todo la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado».
Balances falsos, certificados falsos y otra pila de falsedades
«No hay solo hay que pensar en la estafa, sino en el daño causado por la estafa. La lógica de la persecución de los delitos económicos es que si bien no tienen un impacto en la opinión pública, generar un daño social muy grande» argumentó Moreno al explicar las maniobras pergeñadas por los directivos de la agroexportadora.
«Entre las maniobras, está la presentación de balances falsos, con estados contables en los cuales no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía la firma con los productores granarios, Vicentín tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es el pasivo corriente, lo que tenía que pagarle al productor al momento que el mismo decidiera fijar precio», detalló el funcionario.
Además, los empresarios emitieron certificados de cumplimiento falsos, con el ratio adulterado. «El ratio es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente de una empresa. Para poder acceder a los desembolsos de los bancos, Vicentín necesitaba un ratio de 1.2, es decir el activo corriente debía superar un 20% al activo corriente. Y llegó a exhibir ratios de 1.8 cuando la realidad financiera era otra».
El funcionario del MPA también señaló el rol de las empresas satélites: recibían el dinero destinado a prefinanciar exportaciones otorgado por los bancos sin una contraprestación detectable. «Hay un flujo de dinero intragrupo que no encuentra justificación en una operación comercial o financiera».
En cuanto al destino del dinero obtenido de los préstamos bancarios, Moreno aseveró que se siguen realizando investigaciones buscando el destino del mismo y para ello se trabaja con distintas fiscalías e investigadores en Suiza en Estados Unidos, Uruguay y otros lugares del mundo.
Sin dudarlo, el fiscal afirmó que su investigación da por probado que en la empresa «no existía ninguna solvencia». «Hubo un encubrimiento de la real situación, una venida a pique de la empresa desde el año 2017 que fue ocultada a través de las falsedades de los balances».
Por último, el fiscal adelantó que es probable que pida prisión preventiva para todos o algunos de los imputados, teniendo en cuenta la pena en expectativa y, sobre todo, las posibilidades de los acusados de entorpecer el avance de la causa.
Fuente: ANREd
Se estrena «Yo nena, yo princesa»,
sobre la primera niña trans en
obtener la rectificación de su DNI
Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
El 28 de octubre llega a los cines la película que cuenta la vida de Luana, que en 2013 logró un cambio registral en su documento gracias a la ley de Identidad de Género.
Manuel tenía dos años cuando fue descubierto por su madre jugando con sus vestidos adentro del placard. Ante la pregunta de qué estaba haciendo, la miró a los ojos y balbuceó: “Yo nena, yo princesa”. Cuatro palabras que torcerían no solo el destino familiar, sino también el de todo país, pues Manuel, en 2013, pasó a llamarse oficialmente Luana, convirtiéndose en la primera menor trans en el mundo en tener un documento oficial acorde a su identidad de género sin necesidad de judicializar el trámite. No fue un proceso fácil para la familia, porque debió enfrentar prejuicios (propios y ajenos) y los temores de adentrarse en terrenos desconocidos. La burocracia, desde ya, también se encargó de embarrar la cancha.
Aquella historia tomó notoriedad pública a principios de la década pasada, cuando Gabriela Mansilla trajinó canales de televisión para visibilizar el reclamo inédito de su hija. Una madre que, en 2013, escribió un libro con los pormenores del caso llamado, claro, Yo nena, yo princesa, cuya adaptación cinematográfica llegará a la cartelera comercial este jueves y que tuvo su premiere este lunes en la sala de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Sarmiento 2037.
Dirigida por Federico Palazzo y protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino, Isabella G. C. y Valentino Vena, la película abre fuego presentando una dinámica familiar fácilmente catalogable como normal: mamá trabaja vendiendo prepizzas caseras, papá tiene un taller mecánico, los dos hijos mellizos pasan sus días en el jardín y compartiendo juegos y aventuras. En todos ellos, Manuel siempre quería interpretar roles femeninos, un preludio a la frase que sirve de título al film. De allí en más, Palazzo muestra los distintos obstáculos que tuvo que superar la familia hasta acceder al documento. Obstáculos generados muchas veces por las taras de esos adultos incapaces de adecuar su mirada a la de ese nene profundamente infeliz con el cuerpo que le deparó la biología.
“Fue una experiencia de aprendizaje inexorable. Tal vez, una de las cosas más honestas que tiene la película es que está escrita y dirigida por una persona que carecía de los conocimientos que hicieron que esas diferencias pudieran ser saldadas”, contó el realizador durante la rueda de prensa realizada el lunes por la tarde en la UMET. Y agregó: “Lo que me aportó fue la constancia en la lucha y la confirmación de que no hubo ninguna forma de manipulación infantil, que es el miedo social más habitual detrás de una situación de este tipo. Todos los seres humanos nos autopercibimos, y aquí lo significativo fue que esta niña trans se autopercibió como tal con un grito identitario que no tenía freno”.
Para Palomino –que interpreta al padre de Luana y este jueves tendrá estreno doble, ya que por la noche se emitirá el primer episodio de la serie Maradona: sueño bendito, donde se pone en la piel del futbolista en su etapa adulta–, la película implicó “dejarse interpelar”. “Fue como una primera clase de teatro en la que me pregunté qué haría yo en estas circunstancias, con la educación desgraciadamente eclesiástica y patriarcal que he recibido, habiendo consumido de chico películas en televisión con miradas machistas que presentaban mundos a los que quería pertenecer. Toda esa construcción de la realidad ha minado generaciones enteras. Mi premisa fue esa, pensar de qué manera podría sobrellevar la situación de entender que uno de mis hijos se sienta nena. ¿De qué manera abordaría eso? ¿Desde la comprensión o la biología? Mi personaje está teñido de eso, atrapado en esa construcción”, definió el actor.
Tanto Palazzo como Wexler tuvieron acceso a la intimidad actual de Luana gracias al beneplácito de Mansilla, quien abrió las puertas de su casa de la localidad bonaerense de Merlo para recordar en primera persona aquellos años de lucha. “Apenas le dije que iba a hacer la película, Federico me dijo de ir a conocer a Gabriela. Pensaba que iba a estar una hora con ella, pero fueron cuatro. Me abrió su alma: conocí a su hijo Elías, a Luana, a la mamá de Gabriela, a su hermano. Ella me mostró la transformación de Manu a Luana con un álbum de fotos. Yo ya me sentía impregnada de la historia en ese momento. Ella me dijo: ‘Tomá, esta es mi historia, te la ofrezco’”, recordó la actriz a cargo de personificarla en la ficción.
“Un ser brillante”
El papel de Luana, que hoy tiene 14 años, es interpretado por Isabella G.C., otra nena transgénero que también forma parte, con su familia, de la organización Infancias Libres que encabeza Mansilla. Palazzo explicó cómo fue trabajar con ella: “Recorrimos los caminos comunes para encontrar a alguien que diera el physique du role. Pero cuando conocí a Isabella, a sus seis años, una de las primeras cosas que me dijo fue que quería ser actriz porque de esa manera la niñez iba a ser más feliz. Ella tenía muy claro todo porque las personas trans, con la discriminación que soportan, viven en un estado de alerta permanente. Tenía una prestancia, una entrega y una facilidad enormes, porque lo que había transitado Luana era un terreno reconocible. El recorrido de su personaje le resultaba honesto, por lo que entender que la actuación no era otra cosa que un juego fue algo muy fácil y a la vez muy intenso”.
Casi todas las escenas de Isabella tienen como partenaire a Wexler, su madre en la ficción. “Ella es la película, sin dudas; es un ser brillante. Encontrármela, con su valentía y su compromiso, contando lo que tenía que contar y con la verdad que lo hacía, fue conmovedor. Ella conocía la historia de Luana y estaba involucrada en todo esto. Y su familia la apoya mucho. Hay un lugar donde esta niña, con esa mente brillante, sabía lo que estaba contando. Era fácil y hermoso conectar con ella. Fue un viaje para mi alma”, concluyó.
Segundo día de acampe de la UTT
en el Congreso en reclamo de una
Ley de Acceso a la Tierra
Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
Según los datos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan y producen porque no pueden comprar una parcela propia. La situación, que los afecta como trabajadores, tiene consecuencias sobre toda la población, al encarecer los precios de los alimentos frescos.
La Unión de Trabajadores de la Tierra comenzó un acampe de cuatro días frente al Congreso Nacional en reclamo de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. El proyecto plantea la creación de créditos blandos –un Procrear Rural– para los productores y productoras de la agricultura familiar. Según los datos de la UTT, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan por no poder comprar una parcela propia. La situación, que los afecta como trabajadores, tiene consecuencias sobre toda la población, al encarecer los precios de los alimentos frescos.
“Nosotros tenemos un cálculo: una familia, accediendo a la tierra, genera verduras para abastecer a 130 hogares. Es decir que esto tiene una repercusión directa en la calidad de lo comemos”, planteó al inicio de la jornada Rosalía Pellegrini, referenta de la organización.
La protesta tiene carácter nacional, ya que la presencia frente al Congreso es acompañada en el resto del país por otras acciones. Por ejemplo, en simultáneo con la llegada de los manifestantes al centro porteño, una delegación de mujeres de la agricultura familiar bloquearon la puerta de la transnacional Bayer/Monsanto, en la localidad de Zárate, donde organizaron un verdurazo en el que repartieron hortalizas y frutas agroecológicas.
El reclamo seguirá hasta el jueves, con actividades anunciadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Desde 2016
Frente al Congreso hubo largas colas de porteños que esperaron el inicio del acampe, sabiendo que iba a arrancar con un Verdurazo. Los productores regalaron hortalizas y frutas –a partir de este martes van a venderlas, en una feria– y armaron además una huerta en la plaza.
Los comentarios en las filas de vecinos eran similares: “Vine porque la verdura está recara”, señaló un jubilado. “Está incomprable todo”, coincidió una mujer. Otra agregó que “en la villa es más caro todavía”. Cuando las radios y los canales de noticias comenzaron a mostrar el Verdurazo, el número de personas rápidamente aumentó.
Zulma Molloja, vocera del gremio, explicó la importancia de que la ley reciba tratamiento parlamentario. «Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra”, señaló. «El modelo del agronegocio da ganancias extraordinarias, pero genera hambre. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo, el de un campo que alimente».
El proyecto de ley de Acceso a la Tierra fue presentado por tercera vez el 22 de octubre de 2020. Ya había sido llevado al Congreso durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, primero en 2016 y luego en 2018, sin grandes expectativas de lograr su aprobación pero como parte de la necesidad de instalar el problema del acceso a la tierra en la agenda.
Tras el cambio de gobierno y ante la creciente preocupación por la suba del precio de los alimentos, la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández. El Presidente recibió, en febrero de 2020, a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas y les expresó su apoyo al proyecto. Eran meses en los que el Estado nacional comenzaba a distribuir la Tarjeta Alimentar y la agenda estaba dominada por las dificultades en el acceso a la comida, que luego la pandemia agravaría.
El respaldo presidencial creó así una fuerte expectativa por lograr la sanción de la ley. En mayo de 2020 incluso se realizó en Diputados una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación general para tratarlo. Pero luego el impulso perdió fuerza: el proyecto aún no tiene ni siquiera dictamen, el paso imprescindible para ser llevado al debate del pleno de la Cámara baja. Si tras las elecciones legislativas cambia desfavorablemente la conformación del Congreso, la posibilidad de sancionarlo puede llegar a esfumarse.
“Había un compromiso que el Gobierno no cumplió. Nosotros esperamos que con el acampe, esta semana los diputados por lo menos avancen en dar dictamen”, señaló Agustín Suárez, referente de la UTT, sobre el objetivo de los cuatro días de protesta.
El proyecto
El proyecto de ley propone crear una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.
Para la asignación de los créditos propone un sistema de puntaje, que otorgue prioridad a mujeres solteras con hijos, así como a los jóvenes, a quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y a quienes residan dentro del mismo municipio donde estén ubicadas las tierras a adquirir.
A su vez, el proyecto dispone que quien reciba un crédito quede obligado a cumplir con una serie de condiciones, como reducir progresivamente el uso de agrotóxicos. Otras imposiciones consisten en residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años.
Frente a Monsanto
En la manifestación que bloqueó en el ingreso a la planta de Monsanto, las mujeres de la UTT denunciaron que “el modelo que imponen estas empresas no nutre ni alimenta. Al contrario, imponen un paquete agrotóxico que mata y envenena, desatando efectos negativos sobre la salud de la tierra, provocando desmontes, contaminación y enfermedades”.
La denuncia enfocó también la concentración económica. En este sentido, las mujeres marcaron en un documento que cuatro multinacionales manejan el mercado global de insumos agrícolas. “Empresas como Montsanto, Bayer o Syngenta no están al servicio de la producción de alimentos, sino que son las propias responsables de la crisis alimentaria que estamos atravesando”.
“Mientras una parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada y otra parte debe gastar casi la totalidad de su salario en alimentos, estas corporaciones que concentran el 80 por ciento de las marcar en las góndolas tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales. Ese modelo agroalimentario no da para más”.
El trabajo
En cuanto a la generación de trabajo, en la agricultura familiar se desempeñan unas 250 mil personas en todo el país. Son productores que vienen ganando en organización, no sólo con de la UTT sino como parte de otros movimientos populares y organizaciones campesinas. Así, sin haber mejorado en lo sustancial sus condiciones económicas, sí lograron darse visibilidad, expresar quiénes son y reclamar políticas.
Esa organización se refleja en los datos del Registro de Trabajadores de la Economía Popular, donde la agricultura familiar ocupa el quinto puesto en cantidad de trabajadores (son 213 mil inscriptos, el 8,3 por ciento de los trabajadores del Renatep). El número se queda corto, dicen en el Ministerio de Desarrollo Social, porque la inscripción es voluntaria y no está terminada.
Con los datos disponibles puede verse que la agricultura familiar es, de la economía popular, la actividad más capilarizada, con presencia en las regiones del NOA, el NEA y el centro del país. Traducido: es gran fuente de trabajo local. Como se sabe, sus tareas ocupan mano de obra intensiva.
El acceso al crédito
El acceso a la tierra no es la única necesidad del sector. Los productores vienen pidiéndole al Gobierno, además, acceso al crédito. “La producción hortícola usa muchos insumos y casi todos tienen precios fijados por el agronegocio: las semillas, el plástico, los materiales para hacer el riego por goteo. Por eso estamos proponiendo la creación de un fondo rotatorio para capital de trabajo. Sobre todo para las cooperativas, porque hay muchas cooperativas que pueden seguir creciendo, pero que necesitan capital para comprar insumos», completó Agustín Suárez. «Disponer de crédito para comprar insumos es imprescindible para poder crecer».
Foto: Bernardino Arias
La sal de la tierra, Antofagasta de
la Sierra y el saqueo de litio
Por Susi Maresca, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
El litio es un mineral imprescindible para los autos eléctricos. Está asociado a la llamada “transición energética”, una falsa solución impulsa por empresas y gobiernos contra la crisis climática. Viaje al Salar del Hombre Muerto, donde la explotación de litio consume millones de litros de agua, seca ríos, contamina y viola los derechos de los pueblos indígenas.
—¿Dónde empieza el salar?
—Todo esto ya es el salar, de ambos lados.
—¿Y dónde está la sal?
—Al final, en aquel sector. Es lo que queda.
—¿Esa mancha lejana?
—Sí.
En Catamarca existen al menos 18 proyectos de litio que se encuentran en diferentes etapas: prospección, exploración inicial y avanzada, factibilidad y producción. Pareciera que efectivamente el litio es el nuevo oro de la denominada «transición energética».
A fines de 1997, Minera del Altiplano Sociedad Anónima (actual Livent, subsidiaria de FMC Lithium) inauguró el proyecto Fénix, sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta a sus propias plantas industriales de Estados Unidos y China.
Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierra está ubicada a 597 kilómetros de San Fernando del Valle. Su población, de 1800 habitantes, carece de los servicios básicos de calefacción y transporte, paga altos valores por la electricidad y el agua. y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió varias denuncias por la contaminación y exterminio de la vega del río Trapiche.
Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, la extracción de litio implica sobreconsumo de fuentes de agua, uso de químicos contaminantes, desplazamiento de poblaciones y una invasión propia de la época de la colonización. Allí, actualmente, existen ocho proyectos de extracción de litio de ocho empresas diferentes. Un saqueo posmoderno.
Nieve y miedo
Hace frío. Días atrás nevó y está todo cubierto de blanco. Cuentan sus habitantes que no fue una gran nevada, que cada año es más escasa. A medida que se sube, el paisaje es imponente, da la sensación de que ahí se inició el mundo. Los caminos serpentean las montañas. Los colores, las formas que fue dejando la lava de los volcanes, los animales corriendo en la inmensidad, el sonido del viento. La sensación de que la vida fue dejando señales, durante miles de años, que van susurrando a cada paso sus historias.
Es domingo, pero los camiones de las empresas mineras no dejan de pasar.
¿Qué se llevan? “Un poco el presente, un poco el pasado, un poco el futuro”, dice Alfredo.
El patrullero nos persigue y la empresa Livent manda a su seguridad, que también nos persigue. Como en muchas provincias afectadas por la megaminería, hay miedo.
El verdadero “triángulo del litio”
Hace más de 25 años comenzó el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, a 97 kilómetros de la villa de Antofagasta de la Sierra, por la ruta provincial 43. Es un proyecto de megaextracción de litio en las salinas. Se extrae carbonato y/o cloruro de litio, ulexita y, sobre todo, agua.
La primera empresa fue Minera del Altiplano, actual Livent, radicada en Estados Unidos y que pertenece a la corporación FMC Lithium.
Verónica Gostissa, abogada especialista en derecho ambiental, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) relata: “Este proyecto tiene altos niveles de extracción que empiezan a tener un giro en los últimos años a causa de la llamada transición energética. Una vez más la dinámica entre el norte global y el sur global habla de un saqueo de los bienes comunes a los países del sur para sostener esta transición energética del norte con un costo ambiental altísimo e irreparable”.
En esta transición energética que quiere dejar atrás la utilización de hidrocarburos y combustibles fósiles hay algunos interesados fundamentales. Según el diario La Nación, “a partir de 2022, la Argentina se convertirá en el segundo mayor productor de litio en el mundo, solo por detrás de Australia. La empresa de automóviles BMWfirmó un contrato multimillonario con Livent, pero no es la única, también está la multinacional estadounidense Tesla, de autos eléctricos.
En abril de 2021, el gobierno nacional junto a gobernadores de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca inauguró la Mesa del Litio. “El objetivo es impulsar el desarrollo de este sector clave para el NOA y la industrialización de materias primas en el país”, señalan. Nuevamente Argentina productor de materias primas a costa de las poblaciones y del agua. Nuevamente desoye a las comunidades, sus demandas y necesidades, nuevamente convirtiendo al país en una zona de sacrificio a cambio de unos pocos dólares y una deuda eterna.
En el contexto internacional, Livent con el proyecto Fénix decidió duplicar su producción, a la que se le suman ocho empresas con ocho proyectos en diferentes estados. Uno de los mayores es el de Galaxy Resources Ltd, con el proyecto llamado «Sal de vida», una empresa que se acaba de fusionar con la compañía Oro Cobre en agosto de 2021, la misma que extrae litio en Jujuy con denuncias de las comunidades por contaminación y falta de consulta pública. Ambas empresas son de origen australiano fusionadas en Allkem.
También figuran las empresas Posco Argentina, multinacional de origen coreano, y Alpha Litihum corporation, mitad australiana y estadounidense.
En Ministerio de Minería de Catamarca señala al menos quince proyectos de extracción de litio. Parte de ellas operan sobre territorios indígenas de la comunidad Atacameños del Altiplano. Aunque las leyes nacionales establecen que debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades, nada de eso se cumple.
Para la asamblea Pucará el llamado “triángulo del litio” que conforman Argentina, Chile y Bolivia, no es el triángulo real. “El verdadero triángulo del litio es el enorme vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, resumen.
El hombre muerto
En el Salar del Hombre Muerto la vida y la muerte se fusionan y por momentos los límites son imperceptibles. Por otros, son abrumadores. Grandes lagunas verde-esmeralda con un olor ácido y fétido, que de lejos parece un paraíso sin vida. Donde están las aguas contaminadas no hay un solo animal y los pocos lugares donde el agua todavía brilla, como en el río Los Patos, hay aves por doquier. A Román Guitián, el cacique de 42 años de la comunidad indígena diaguita Atacameños del Altiplano, una ruta le atravesó su casa y sus tierras, donde están sus ancestros.
El “hombre muerto”, que le da el nombre al salar, eran unos restos humanos que encontró su bisabuelo. “La tumba grande es la de mi bisabuelo y la chiquita es la famosa tumba del hombre muerto, que la encontró mi bisabuelo al término de la anhidrita (un mineral cristalino que se encuentra en la zona), lo trajo y lo sepultó acá. Él pidió que cuando muera lo sepulten a su lado y ahí está. Estas son tierras ancestrales, aquí han vivido muchas generaciones de mi familia. Toda la vida. Acá vivió mi bisabuelo que era padre de mi abuela y mi abuela que era madre de mi madre. Vivieron y murieron aquí. Están aquí. Se dedicaban a la ganadería, pesca de truchas en el río Los Patos y a la siembra”, cuenta Román.
Antiguamente el salar era un lugar de intercambio con otras comunidades. La sal que abundaba, y que hoy escasea, era insumo para intercambiar por lana y carnes.
Convenios internacionales y leyes incumplidas
El salar, cuyo sistema de lagunas se ve amenazado por la actividad minera, está a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes pero no integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales. La exclusión no fue casual: se trató de una decisión expresa del gobernador de Catamarca en 2008, Eduardo Brizuela del Moral, que facilitó el avance extractivo.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994, además de regalar los territorios a las empresas multinacionales, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y los derechos de propiedad comunitaria respecto de las tierras que han ocupado tradicionalmente, así como el derecho de administrar los recursos naturales. El derecho a la posesión de la tierra implica que la misma no puede ser enajenable, transferible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Además, el Estado adhirió a acuerdos internacionales como la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dnudpi).
En el 2000, Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, un convenio de naturaleza supralegal, superior a la ley nacional. Establece que los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o administrativa que los involucre, y que esto es responsabilidad del Estado. En relación con las actividades extractivas, enfatiza que las consultas deben realizarse antes de cualquier aprobación de una exploración o explotación. Esto nunca sucedió, denuncia Verónica Gostissa.
“Desde que llegó la empresa, hay mucha muerte”
Camilo Condorí tiene 63 años, las manos curtidas y ganas de morirse en su tierra. Le instalaron la planta de la empresa Livent a unos 1000 metros de su casa y ahora quieren que él se vaya para hacer más piletones de salmuera. Le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero, igual que al cacique, y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Para visitar a su madre, tiene que pedirle permiso a la empresa.
Camilo anda en bicicleta. No dejará su tierra. Resiste.
Entre otros promesas, cuenta que le dijeron que volverían a habilitar el camino hasta la casa de su madre. Pero no cumplieron.
“Solía tomar agua de una vertiente que es natural, de agua dulce, cerca del salar. Ahora hace un tiempo ya no voy para ahí porque me empezó a hacer mal. Me arden los ojos y me comienzo a sentir mal. Me hicieron un pozo acá que es a penas para lavar ropa, para bañarme, para nada más. No es para consumo. Dicen que esa agua no está contaminada (señala la laguna) pero si la tomo me enfermo. Porque nosotros somos nacidos, criados aquí. Antes no había ningún vapor, no había nada. Ahora de mañanita hay humareda, un vapor, como si fuera agüita hervida. Pero ellos dicen que no tiene nada”, explica.
—¿Cómo era el camino y qué pasó?
—Antes era camino derecho, por donde quieras andabas tranquilo, no había ninguna molestia de nada. Y ahora, desde que llegó la empresa, hay mucha muerte, ves todo lo que han arrancado (señala los pastizales que sacaron).
—¿La empresa le propuso que usted se retire de acá?
—Si, hasta el mismo Intendente quiere que uno salga de aquí. Darle lugar para la empresa. Todos son… ¿cómo se dice? Alcahuetes. Nadie está a favor de uno, únicamente él (señala al cacique Román) pero él es de aquí así que… Poca gente está enojada por esto. ¿Cómo va a venir una empresa de otro lado a sacarme? Él lo ha dicho, no hay que aflojarle… ¿Adónde voy a ir yo? ¿A otra parte? No, no hay que salir.
—¿Y su salud cómo está?
—Ando un poco medio mal. Me duele arriba. La última vez que fui al médico fue para el Año Nuevo. Tengo vómitos, debilidad. Tomo aspirinetas que me ha recetado una doctora para que no pueda llegar a una ACV.
—¿Su campo cómo era antes de que llegara la empresa?
—Y bueno, era todo, había animales. Pero después que alambraron ya no podés tener hacienda. La vega era grande (refiere al río Trapiche que está seco a causa de la megaminería). Ese camino (señala) era de todos aquí, pero ahora lo han hecho para ellos nomás. Nooo, son tremendos, estamos hasta la manija. ¿Cuándo le vas a hacer entender? Habiendo salud ya se puede luchar.
Román Guitián agrega: “El humedal donde ellos tiran el desecho de la planta al agua dulce está a 50 metros. Esa agua que ellos tiran del desecho de la planta la tiran al salar. En la vega está el pocito de agua donde sacamos el agua para tomar toda la vida. Esta empresa minera desde que arrancó, siempre tiró el agua ahí. Con un ecualizador que ellos llaman dicen que le bajan el PH, pero son mentiras porque esta agua nunca, desde que vivimos acá, fue de ese color y tampoco en las mañanas, que cuando recién amanece empieza a tirar un vapor y todo eso nunca pasaba antes. Por eso nosotros decimos que esta agua está contaminada. Pero no podemos hacer un análisis porque no tenemos la cadena de custodia donde poder llevarlo a un laboratorio seguro para hacer los estudios y comprobarlo. Nuestra palabra no vale”.
El río Trapiche seco y el acueducto para las mineras
Otro de los grandes problemas actuales en el salar es que las empresas (Galaxy y Livent) quieren hacer un acueducto de 35 kilómetros y ya comenzaron las obras. El acueducto va desde el río Los Patos hasta la planta de la empresa.
Patricia Marconi, bióloga con doctorado en manejo de cuencas hidrográficas y cofundadora de la Fundación Yuchán, afirma: “Uno de los impactos inmediatos sobre la extracción de agua dulce para el procesamiento de litio, en los primeros años de la instalación del Proyecto Fénix, fue la desecación completa de la represa construida sobre el río Trapiche, que implicó la pérdida de entre 16 y 20 hectáreas de vega de una formación vegetal que requiere de condiciones de inundación permanente y es uno de los lugares de mayor productividad primaria. Zona de pastoreo de camélidos domésticos, llamas y vicuñas. La extracción de agua promedio (de la minera) es de 650.000 metros cúbicos por hora, todos los días”.
La Fundación Yuchán, que trabaja desde 1996 a través de un programa integrado por especialistas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, tuvo acceso a los informes de impacto ambiental pedidos por la Secretaría de Ambiente de Catamarca. Patricia Marconi señala que los estudios de impacto ambiental son presentamos como si fueran proyectos únicos en la cuenca, no mencionan a las otras empresas, salvo para decir que el área es muy exitosa en cuanto a la calidad del litio que se obtiene. Las compañías no relacionan el uso que van a hacer todas ellas del mismo recurso (las salmueras que son extraídas del salar y posteriormente llevadas a piletas de evaporación para obtener un concentrado de salmuera que luego es procesado, como del agua dulce que obtienen de los ríos para el procesamiento del mineral).
No se tiene en cuenta lo que se llama impactos acumulativos y sinérgicos, pese a que a partir de una resolución del Consejo Federal Minero (Cofemin) las tres provincias del noroeste que están involucradas (Jujuy, Salta y Catamarca) se comprometieron a tener en cuenta estos impactos.
La bióloga precisa que menos del uno por ciento del agua dulce del planeta está disponible y de ese uno por ciento, el 97 por ciento es agua subterránea. En la Puna se encuentra en acuíferos a distintas profundidades. En este contexto, este tipo de minería es una megaminería de agua ya que se estima que consume por tonelada de carbonato de litio final, entre uno y dos millones de litros de agua.
“La proporción de agua dulce es muy alta. En el caso del Proyecto Fénix, con los caudales solicitados, estos 650.000 litros por hora representan lo que la ciudad de Antofagasta de la Sierra consume en 14 días. Esto para dimensionar la incidencia que este tipo de actividad extractiva tiene sobre el agua dulce en un territorio que es un desierto de altura, sumamente árido donde llueven menos de cien milímetros anuales y donde el balance hídrico natural (la cantidad de agua que entra al sistema por lluvia, nieve, deshielos y la cantidad de agua que sale del sistema natural por evaporación es de cada uno que entran salen siete) es negativo ¿Cómo se compensa? Con aguas subterráneas que aparecen a través de ríos, en lagunas que son los fondos de estas cuencas cerradas o cuencas endorreicas”, explica Marconi.
Violencia hacia los pobladores y la comunidad
Hugo Calpanchay es parte de la comunidad Atacameños del Altiplano y sonríe. Recibir visitas amigables es todo un acontecimiento. Tiene 36 años y se levanta a las 5 de la mañana para darle de comer a sus ovejas. Elije sacarse la foto delante de un galpón que construyó hace poco con los plásticos que vuelan de los piletones de las empresas mineras y que él va recolectando como reciclador de la Puna.
“Hubo varios episodios de criminalización, causas judiciales y persecución policial, como modo de acallar las voces que empezaron a surgir después de tantos años de silencio y tolerancia al avance extractivo de las empresas, la acumulación de riquezas y, por ende, la destrucción del salar y sus territorios”, relata Verónica Gostissa.
Hugo fue acusado de amenazar con incendiar la empresa. Lo detuvieron en 2019 y la causa sigue abierta, sin pruebas. “Cuando se hizo conocido lo que me pasó, lo que me hicieron, venía una psicóloga de la empresa y me llevaban al médico, a que me atienda. Ahora solo me traen la alfalfa para las ovejas de vez en cuando, acá no crece nada. Quieren que nos vayamos, pero acá seguimos porque ésta es nuestra tierra”, recuerda.
Quien llevaba esa causa era el fiscal Jorge Alberto Flores, destituido de su cargo en mayo por irregularidades con una empresa que, a nombre de su esposa, era proveedora de alimentos de la minera.
A Patricia Reinoso, profesora de una escuela de Antofagasta de la Sierra, le hicieron un sumario y estuvo todo un año sin cobrar su sueldo, corrida de su cargo de docente, por el solo hecho de acompañar la defensa del Salar.
La familia Morales tiene un título de posesión de tierras con una antigüedad de más de cien años. Y también sufrieron acoso policial. Fue luego de que el intendente, Julio Taritolay, decidiera que los camiones y máquinas inmensas de la minera atravesaran las tierras ancestrales de los Morales.
Las mineras necesitaban pasar por allí, un camino al costado del pueblo, para que los vecinos no vieran los inmensos caños que iban rumbo al Salar para hacer el acueducto del río los Patos.
Santiago y Alfredo Morales volvieron a colocar los alambrados que contienen a sus animales y llegó la policía a cortarlos sin ninguna orden, decían ser mandados por el fiscal Flores y el Intendente Taritolay. Se llevaron detenidos a Santiago, su compañera con problemas cardíacos y una hermana, a los golpes y tirones. Los acusaron de resistencia a la autoridad y, luego de dos años, la causa sigue abierta.
Los lunes de las almas
Eli Mamani tiene dos hijas (Ludmila de 19 y Naiara de 9). Además es parte de la comunidad Atacameños del Altiplano y la compañera de Alfredo desde hace 25 años. Una luchadora de la vida, emigró de Salta en busca de su padre y encontró en Antofagasta un lugar que creía seguro para su familia. Hoy piensa cómo salir adelante, participa de charlas, se junta con las otras mujeres en el cementerio los lunes, porque es el día de las almas. Quiere que se organicen para compartirse conocimientos y poder armar un micro emprendimiento de tejidos. “Algunas saben hilar, otras en el telar, a mí me gusta tejer”, señala.Junto a su familia, una vez por semana hacen pan y bizcochos para vender. Dice que no está en contra de la minería, sino de la enorme contaminación que dejan, de las promesas incumplidas de los puestos de trabajo que nunca llegan, de los jóvenes sin futuro que tienen que irse para estudiar o conseguir trabajos dignos. Le encanta hacer de guía turística y cree en el futuro, pese a todo.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Endeudamiento, fuga de capitales
y Pandora papers
Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
La mayor parte de las familias más ricas del país, algunas propietarias de empresas que se oponen a congelar los precios de los alimentos, figuran en la reciente investigación sobre evasión en paraísos fiscales. La deuda macrista y su relación directa con un problema estructural que sigue sin resolverse y con sus protagonistas impunes.
El reciente informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que Argentina es el tercer país con más personas con empresas offshore: 2.521. Solo superada por Rusia, en primer lugar, y Reino Unido, segundo.
Entre este listado figuran nueve de las diez familias argentinas más ricas: Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez.
Son los mismos apellidos que figuran en el top ten de riqueza de la Revista Forbes y los mismos que integran el «círculo rojo» de empresarios que días atrás mantuvieron un almuerzo en la Casa Rosada.
Se trata de las familias propietarias más poderosas de Argentina que buscan que el Gobierno nacional sellé lo más rápido posible un acuerdo de reestructuración de la deuda con el FMI para acceder sin problemas al mercado de capitales, además de fomentar una agenda de flexibilización laboral y otras medidas para poner a resguardo sus tasas de ganancias con miras a la postpandemia.
Una deuda que sirvió para financiar la colocación de sus activos en paraísos fiscales desfinanciando las arcas del Estado.
Desde la semana pasada, por citar un ejemplo, Molinos Río de la Plata, propiedad de la familia Pérez Companc -cuyos integrantes durante la pandemia se resistieron el Aporte de las Grandes Fortunas presentando demandas judiciales para no pagarlo- es parte de la tríada de empresas monopólicas u oligopólicas que más férrea oposición mantienen contra el acuerdo de precios de alimentos masivos para aliviar por 90 días el bolsillo de los argentinos.
La compañía finalizó el ejercicio económico 2020 reportando una ganancia neta de 1746 millones de pesos. A si vez, la firma líder en el segmento de pastas, harinas, arroz, yerba, aceites, vinos y café, entre otros productos, informó a la Bolsa De Comercio una ganancia para el primer semestre del 2021 de 998 millones de pesos. Para el mismo período del ejercicio anterior había informado una ganancia neta de 912 millones.
El antecedente del Panamá Papers
En 2016, la investigación de los Panamá Papers develó que entre 4040 cuentas en paraísos fiscales se podían encontrar las del ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, Carlos Alberto Moltini, titular de Cablevisión, directivos de Mastellone, Deustche Bank, Bridas y una a nombre de Amalia Fortabat, cuyo administrador era el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
De acuerdo a la información dada a conocer en ese entonces por la filtración de la documentación del estudio de abogados Mossack Fonseca de Panamá, Mauricio Macri fue el número dos de la empresa off shore Fleg Trading que presidía su padre.
Algunos días después se supo que Macri también ocupaba el cargo de vicepresidente en otra compañía off shore llamada Kagemusha y radicada en Panamá. El ex mandatario, como todos los empresarios y figuras que aparecieron en ambas investigaciones, siguen sin ser investigados por la justicia.
Tercera ciclo de endeudamiento y fuga
En marzo de este año, un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que entre 2015 y 2019, la deuda externa tuvo como principal correlato la formación de activos en el exterior, nombre técnico de la fuga de capiales, superando los 86 mil millones de dólares.
Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observó que apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos. Mientras que en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones de dólares en compras netas durante el período.
¿Qué es la fuga de capitales y en qué perjudica?
La fuga de capitales se da, en un sentido amplio y resumido, cuando se extraen divisas -el caso con mayor resonancia es el del dólar- del sistema financiero, es decir, cuando salen del circuito económico.
El destino de las mismas no necesariamente es hacia otros países, ya que puede ser para atesoramiento interno, es decir, ahorro particular; pero las implicancias en cuanto a sus consecuencias no distan de ser similares, con el inconveniente de que quienes fugaron al exterior, por lo general en sociedades off shore, tienen la capacidad de hacerlo en grandes cantidades y con mayor sistematicidad.
Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar instaladas en un país (en los paraísos fiscales donde este tipo de compañías son legales) donde no realizan ninguna actividad económica.
La fuga de divisas impacta directamente en las perspectivas de desarrollo nacional. Son un ancla al despegue de las fuerzas productivas, ya que acercan a la restricción externa, es decir, generan una creciente demanda de dólares por parte de nuestro país para hacer frente a su estructura económica dependiente.
En la Argentina la fuga de capitales jugó un rol central en la agudización de la falta de divisas, en especial a partir de la reforma financiera llevada adelante por José Alfredo Martínez de Hoz en el año 1977 durante la dictadura cívico militar y de la política económica implementada durante la convertibilidad.
Jornadas de difusión y movilización
contra el FMI y el pago de una estafa
Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.
La crisis económica y social golpea los bolsillos de los sectores populares, que sufrimos inflación, desocupación y caída salarial. Mientras el empresariado y la derecha apuntan a profundizar la situación reclamando por el “costo laboral”, el gobierno nacional prioriza el ajuste fiscal, el cumplimiento de los vencimientos y la negociación con el FMI, con el objetivo de pagar una deuda ilegítima y odiosa contraída por Macri para financiar la fuga de capitales.
Desde la vereda de enfrente, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda realizó el 20/10 una asamblea abierta para organizar esta pelea. Allí, decenas de sindicatos, organizaciones políticas y sociales y referentes resolvimos llevar adelante un plan de lucha con una Jornada del Difusión (28/10) y una movilización nacional (4/11) contra el pago de la deuda y el acuerdo con el Fondo.
Llamamos a participar, organizando alguna actividad de difusión y denuncia de la estafa de la deuda en tu plaza, organización, colegio o lugar de trabajo.
Las estafas no se pagan, ¡la deuda es con los pueblos y la naturaleza!
Envio:RL
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