29 octubre, 2021
Avanza la creación de seis nuevas universidades nacionales
La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo pasará a ser competencia del Gobierno Nacional, al igual que la Universidad Provincial de Ezeiza. Además, se fundarán cuatro nuevas casas de estudio en la Provincia de Buenos Aires.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo estatal encargado de coordinar el trabajo de las universidades nacionales, aprobó la creación de seis nuevas casas de altos estudios que funcionarán en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires desde el año 2023.
De esta manera, avanza el proyecto de construcción de la Universidad Nacional del Delta, que tendrá sedes en Tigre, San Fernando y Escobar y de las Universidades de Pilar, Cuenca del Salado y Saladillo, mientras que la Universidad Provincial de Ezeiza pasará a la órbita nacional, al igual que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, conocido como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A pesar del visto bueno del CIN, la iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación. La intención del oficialismo es que los proyectos se debata en las últimas semanas de este año o a principios del 2022. Cinco de ellos, los que tratan sobre la creación de universidades en el territorio bonaerense, ya tienen estado parlamentario y esperan ser tratados por las Cámaras.
Con las seis nuevas casas de estudios que se crearán, serán 63 las universidades nacionales. En el caso de la Universidad de Ezeiza, se mantendrán las carreras centradas al turismo, comercio internacional, logística y gestión aeroportuaria, mientras que la Universidad de la Cuenca del Salado, que tendrá su sede central en Cañuelas, tendrá una oferta académica vinculada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.
Por otro lado, la Universidad de Saladillo también responderá a las demandas productivas del municipio, y ofrecerá carreras relacionadas a la industria agrícola-ganadera, a la metalmecánica y a la informática. La nueva Universidad de Pilar, cuyo edificio funcionará donde hoy está ubicado el Instituto Carlos Pellegrini, contará con un enfoque productivo que buscará apuntalar al parque industrial más grande del país.
Por último, la Universidad Nacional del Delta va a ofrecer carreras afines a la tecnología, a la industria naval, al turismo, al medioambiente y a la seguridad, y la Universidad de las Madres mantendrá su oferta académica: Derecho, Comunicación, Trabajo Social y la Licenciatura y el Profesorado en Historia.
“Para aquellos que critican la creación de nuevas universidades, si nos comparamos con México o Brasil, que son dos potencias de la región, en nuestro país debería haber muchas más universidades nacionales, tanto por nuestra extensión como así también por la falta de acceso que tienen millones de estudiantes que deben viajar muchas horas o irse a vivir a otros lugares para poder estudiar”, dijo Rodolfo Tecchi, presidente del CIN a Tiempo Argentino.
Y añadió: “Es un hecho histórico y sin precedente que el CIN esté de acuerdo en una política pública de crear nuevas universidades para generar más acceso a la educación superior. Es más, en la Argentina falta aún más universidades e incrementar el financiamiento territorial de las que existen”.
Fuente:NotasPeriodismoPopular
Los errores del sistema
Por: Karen Naundorf, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
De los femicidios registrados entre enero y agosto, alrededor del 13% fueron cometidos por policías o ex policías. ¿Qué ocurre? ¿Cómo pararlo? El crimen de Úrsula Bahillo como caso bisagra, la causa de Natalia Mellman como testigo de impunidad.
Viajamos camino a Rojas, Provincia de Buenos Aires. El cielo está fuera de sí. Enormes cantidades de agua caen furiosamente sobre la ruta. Durante la misa en memoria de Úrsula Bahillo, los relámpagos se asoman por las ventanas de la iglesia, el cielo no quiere calmarse. ¿Por qué debería hacerlo? Si Úrsula podría estar viva pero está muerta, asesinada por su exnovio policía.
No era necesario que lo diga. Al abrazarla, se nota lo flaca que se ha puesto Patricia Nasutti. Perdió 38 kilos desde que Úrsula fue asesinada, el 8 de febrero. “Se me cerró el estómago. Yo quiero que empiece el juicio para después decir: ‘ahora sí, hija, volá tranquila, volá en paz’”, cuenta Patricia.
La última Navidad, recuerdan, cenaron juntos en la cocina. Úrsula: 18 años, gran corazón y grandes planes, hincha de River, hija única, un embarazo buscado durante años. Los padres de Úrsula: contentos de que su hija estudie psicopedagogía. Matías Martínez: 25 años, policía y, en aquel momento, novio de Úrsula.
“Se sentó en la silla a tu lado”, dice Adolfo Bahillo, el padre de Úrsula. “Le abrimos nuestra casa”, agrega. No sabían que una exnovia había denunciado a Matías Martínez por violencia de género en 2017. Tampoco que se estaba tramitando una orden de detención por haber abusado sexualmente de la sobrina de otra pareja anterior. Ni que Úrsula le tenía miedo y que ella misma sufría de violencia. El 9 de enero ella lo denunció por primera vez. Siguieron al menos dos denuncias más. El 8 de febrero fue asesinada.
Otro femicidio. Otra vez un policía. Según cifras de la Casa de Encuentro, entre 2008 y 2020, agentes o ex agentes de las fuerzas de Seguridad mataron a 214 mujeres. “El Estado me quitó a mi hija”, dice Patricia, su voz suena a dolor y a rabia a la vez.
Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual.
La foto de Úrsula está en todas partes en Rojas: colgada en muchas vidrieras de los comercios de esta ciudad de 23 mil habitantes y montada sobre bastidores de madera en las cuatro esquinas de la Plaza Central. La policía de Rojas y la Comisaría de la Mujer tienen nueva conducción. El presidente de la Nación recibió a Patricia y Adolfo en Casa Rosada, el Papa Francisco los llamó por teléfono. En la justicia, en la policía, en la política: todos hablan del ‘caso Úrsula’ como ‘un caso bisagra’, por haber ocurrido tantas cosas que no deberían repetirse jamás.
Desde entonces, todo sigue igual.
Los negocios de Rojas volvieron a abrir después de la pandemia y los jóvenes circulan en moto y sin casco. El Juez de Paz de Rojas, acusado por la Defensoría del Pueblo de haber tomado medidas preventivas con “injustificable lentitud” sigue en funciones. El juez de Mercedes, que podría haber detenido a Matías Martínez en enero de 2021 pero que no levantó la feria argumentando no ser el “juez natural” de la causa, sigue en funciones. La fachada de la municipalidad luce recién pintada, sin rastros de la pintura rojo-sangre que había quedado de las protestas por la inoperancia jurídica y policial. Rojas quiere parecer un lugar donde todo está en orden.
“Si no vuelvo hagan mierda todo“, escribió Patricia continúa saliendo al patio a fumar. Tal y como quería Úrsula. Úrsula en Instagram. Su mamá Patricia se lo tatuó en el antebrazo derecho. Explica: “Que no rompan banderas, plantas, patrulleros, vasos, sillas, que rompan las estructuras de esto que estamos viviendo. Que las mujeres no somos escuchadas. Que sí somos escuchadas porque somos gritonas pero no nos escuchan cuando vamos a hacer una denuncia o cuando nos vamos a quejar por algo o nos desestiman.”
Los padres de la víctima se preguntan: ¿Por qué el juez de paz desestimó una denuncia por incumplimiento de la perimetral? ¿Por qué no se ordenaron medidas de protección inmediatamente, siendo varias las denuncias? ¿Por qué Martínez no estaba en prisión preventiva, si en enero el fiscal ya había pedido el arresto por abuso de una menor de edad?
Tampoco llora delante de los demás. Como Úrsula hubiera querido.
2. Pehuajó, el femicidio de Barbi y las amenazas que siguen
Oscar Zabala es el papá de Barbi, asesinada el día 6 de diciembre del 2019: “Era evitable: por parte de la jueza de paz, por parte de la comisaría de la mujer, por parte del fiscal, por parte del personal que estaba patrullando, hay muchas falencias. La jueza de paz le levantó la custodia dos días antes [del femicidio]. Sin ningún argumento, cuando había infinidad de denuncias, se la levantó. Para mí, es mala praxis”, opina.
Barbi podría seguir viva. Fue asesinada por su ex pareja, un policía. Como Úrsula, había presentado denuncias. Incluso ya antes de que Barbi conociera a su novio y futuro asesino, Braian David Dirassar había sido denunciado por violencia de género antes de terminar la escuela de policías. El padre de Barbi se enteró después de su muerte.
“Nunca me enseñaste a vivir sin vos. Te extraño cada día más hijita”, dice el estado de Whatsapp de Oscar Zabala. Cuenta que está «quebrado por el dolor». Ha escrito un libro de ayuda para mujeres en riesgo y para su entorno, con observaciones sobre noviazgos violentos, en el intento de ayudar a víctimas en su decisión de liberarse de una relación. “Para que no mueran más mujeres”, dice el padre, su pantalón y la camisa le quedan un algo grande. Le está costando comer. Nos encontramos en la casa de su madre donde se está quedando desde la muerte de Barbi. ¿Cómo volver a la casa familiar luego de todo lo que sucedió? Los recuerdos igual lo siguen, no importa dónde esté.
Zabala conoce bien las estructuras policiales: es experto en desactivación de bombas de la Bonaerense, uno de los pocos especialistas en Argentina. Estuvo en actividad hasta que su hija Barbi fue asesinada con 19 años. O con 20 para ser exactos, contando la hora y media que pudo vivir de su año nuevo de vida, hasta el día 6 de diciembre de 2019 a las 1.30 de la mañana.
La violencia ya se había anunciado: cuando Barbi se aisló y se alejó de sus amigas, cuando se mudó con Dirassar, cuando su celular aparecía destruído. Barbi no lo contó durante mucho tiempo: “Por miedo, por protegernos. La amenazaba. Le decía que mataría a alguien de su familia, de su entorno, que mataría a una de sus hermanas”, cuenta el padre.
El 26 de noviembre de 2019, Barbi volvió a vivir en la casa familiar. Pero las amenazas continuaron y presentó una denuncia. A partir del 30 de noviembre, por pocos días tuvo custodia estacionada frente a la casa. Dirassar violó la prohibición de acercarse a ella y golpeó su ventana. Poco después la Jueza de Paz retiró la custodia permanente y, en vez de eso, empezaron a pasar patrulleros regularmente, pidiendo firmar una planilla, “para confirmar que Barbi estuviera viva”, dice el padre. El 5 de diciembre, un día antes del cumpleaños de Barbi, Oscar cortaba el césped cuando vio que Dirassar se acercaba. La madre llamó al 911 pero ningún patrullero apareció. A las 18:00 horas Barbi presentó otra denuncia por violación de la perimetral. A medianoche, la familia cantó el “Feliz cumpleaños».
Luego Barbi salió a tomar algo con tres amigas, ¿qué podía pasar estando en grupo? Ya camino al auto, para volver a la casa, las cámaras de seguridad registraron a Dirassar apuñalando a Barbi con un cuchillo de asador. Más tarde, ese mismo día, la familia volvió a cantar el “Feliz cumpleaños”. Pero frente a un ataúd.
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En su celular, el padre guarda todos los historiales de chat con Barbi. Cuando se desplaza hacia arriba, los símbolos más frecuentes en la pantalla del teléfono son corazones, chicos y grandes. Barbi acababa de empezar a estudiar psicopedagogía y soñaba con conocer Francia. En su cumpleaños de quince había pequeñas torrecitas Eiffel en todos los centros de mesa.
Son muchas las preguntas que el padre se hace: ¿Por qué Dirassar pudo llegar a ser policía, a pesar de tener una denuncia por violencia de género? ¿Por qué la jueza de paz levantó la custodia dos días antes del asesinato? ¿Por qué Dirassar no fue arrestado por desacato cuando rompió la perimetral? ¿Y por qué la policía local no impidió el crimen?
Oscar explica: “Supimos que dos móviles policiales hablaban entre ellos sobre por qué calles circulaba Barbi con sus amigas y sobre que Dirassar las seguía. Eso queda todo grabado: ‘Acá va Bárbara Zabala y acá va Dirassar, a 100 metros’. A la tarde había roto la perimetral. Si lo vieron ¿por qué no la siguieron? En ese momento decidieron terminar con la vida de mi hija.” Barbi murió cuando un policía intentó reanimarla. Es exactamente lo que no debe hacerse en casos de puñaladas en el pecho, en cercanía del corazón.
Frente a Oscar, sobre la mesa, hay un proyecto legislativo: está recogiendo firmas en la web, “para que la ley tenga que ser tratada en la cámara de diputados”. Ya lleva más de 46 mil firmas. Propone herramientas que permitirían mejorar la evaluación de riesgos a través de pericias psiquiátricas y psicológicas a la persona denunciada, para luego poder definir si la víctima necesita de medidas de seguridad extremas, cómo podría ser una custodia. Además, según Oscar, “el veredicto de la justicia debería ser una detención para siempre, sin posibilidad de salir, teniendo en cuenta el convencimiento, la conducta y la psicopatía del agresor que son irreversibles”.
Está preocupado por las hermanas de Barbi. Dice que Dirassar amenazó por teléfono con matarlas o hacerlas matar. “Cuando amenazó a Barbi, lo cumplió. ¿Qué me dice que no lo va a volver a cumplir?”
3. Cómo contarles a los padres: su hija está muerta
Chacal (sust.): Un chacal es un miembro de cualquiera de tres especies de mediano tamaño de depredadores del género Canis, halladas en África, Asia y el sudeste de Europa. (…) También puede referirse a un asesino serial, violador serial, pedófilo, terrorista, psicópata o alguien que tenga cualquier trastorno antisocial de la personalidad”.
El 8 de febrero a las 20.20 horas Patricia envió un mensaje de Whatsapp a Úrsula preguntándole si estaría para cenar a las nueve. La respuesta llegó a las 20:28: «Ahí voy mamá». Sin embargo, para entonces Úrsula ya estaba muerta. «Con la pericia nos enteramos que me la mata a las ocho de la noche. Así que el ‘ahí voy mamá’ me lo contestó él», recuerda Patricia.
«Él» dice la madre, «el chacal». Desde el asesinato de Úrsula, para la madre, Matías Martínez ya no tiene nombre. La perrita de Úrsula, un caniche blanco, salta sobre su faldón. Por lo demás, nadie se mueve.
Esa noche, Patricia y Adolfo ya estaban en la comisaría cuando aparecieron las primeras noticias en las redes sociales. Algunos manifestantes se empezaban a reunir frente a la comisaría y Patricia observaba a través de las ventanas del edificio antiguo: “Yo estaba a los gritos, diciendo ‘necesito a mi hija’. Y siento una voz que grita: ‘hay que esposarla’. Dos policías me pegaron una patada en las costillas de lado derecho, me machucaron la espalda, la rodilla y la pierna derecha. Caí, me esposaron para atrás y ahí es donde la gente se enloquece, empiezan a romper porque me ven esposada, porque todos sabían en las redes sociales que a Úrsula me la habían matado y yo no lo sabía.”
Cuenta Patricia que había psicólogas en el lugar pero ninguna se atrevía a decirle que Úrsula estaba muerta. El resto es sabido: disturbios frente a la comisaría, un patrullero en llamas, los policías disparando balas de goma a los jóvenes, y una chica herida en el ojo.
Dos días más tarde, ya junto al féretro, los padres tomaron la mano de Úrsula y observaron un dedo que parecía estar cortado y «pegado». ¿Tal vez Úrsula se había defendido? Cuando retiraron los objetos personales de la morgue, les quedó claro: el anillo de oro con la insignia UB (Úrsula Bahillo) había desaparecido. Los padres llamaron a la morgue indignados. Unos días después, una persona del lugar dijo haber encontrado el anillo en el pasto y lo devolvió. «Estaba impecable, como recién limpiado», dice Patricia. Los primeros en llegar al lugar de los hechos habrían sido los bomberos y la policía.
4. “Las herramientas para prevenir son insuficientes”
En Junín, a 50 kilómetros de Rojas, el fiscal confirma que se encuentra en el lugar de los hechos con vastos elementos probatorios, necesarios para elevar la causa a juicio. Lo frustran las limitaciones del sistema judicial y legislativo.
El 8 de febrero de 2021 Sergio Terrón se reincorporó a juzgado, luego de sus vacaciones. El femicidio de Úrsula fue la tercera muerte registrada en un solo día, luego de un suicido y de un chico ahogado en una pileta. Ha lidiado con varios femicidios en su carrera. En uno de ellos, la víctima apareció empotrada en los cimientos de una casa. A fin de año deja la fiscalía.
En el caso de Úrsula todos los indicios le permitieron llegar rápidamente a una hipótesis: “Ella trata de escapar y él la apuñala primero por la espalda, luego por el dorso y la termina de ejecutar en el cuello. Un acto brutal, despiadado”.
Dice que Úrsula y Martínez habían pautado un encuentro. ¿Habrá sido para dialogar, para acabar con las amenazas? ¿Para proteger a los padres? El Fiscal aclara: si Úrsula se subió al auto voluntariamente o no, es irrelevante: “La alevosía consiste en privar a la víctima de cualquier posibilidad de pedir auxilio o ser socorrida por una tercera persona. Si yo llevo el arma y la llevo a ese paraje quiere decir que tengo una intencionalidad bien clara”. Más allá del caso de Úrsula, se nota la frustración del fiscal cuando explica que muchas veces es imposible detener a un agresor: “Los delitos que no superan los tres años de prisión no son detenibles. Se requieren medidas más fuertes”.
Terrón considera las dos herramientas de prevención que tiene la justicia como “simbólicas”. Y explica: “Si a mí me notifican que no me puedo acercar, cumplo si quiero. Y si le ponemos un botón antipánico a la víctima, cuando la policía llegó ya la maté. ¿Se dan cuenta? Mejor sería que el acosador tenga una tobillera con GPS y que haya más medidas que fortalezcan a las mujeres para que salgan de una relación peligrosa”. Respecto a la posibilidad de poner custodias, retruca: “Nos entran 250 nuevas denuncias por violencia de género por semana. Si quisiera poner custodias, ¿de dónde saco tantos policías? ¡Es imposible!”.
El fiscal elevó la causa de Úrsula a juicio en sólo 19 días. El 22 de febrero, dos semanas después del asesinato, Matías Ezequiel Martínez fue condenado a cuatro años de prisión por «lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas» en otra causa. La denuncia es de una ex novia en 2017.
¿Y por qué no se detuvo al asesino de Úrsula en enero? El fiscal dice que si el crimen nunca duerme, la justicia tampoco debe detenerse. Y que así es, al menos en su fiscalía. Por lo demás, refiere a las investigaciones en la propia justicia. De momento, no han llegado a ninguna conclusión.
5. El temor a la impunidad
“Ni la complicidad ni la negligencia pueden seguir siendo respuestas del Estado en situaciones de violencia de género”, decía la convocatoria para una marcha por Úrsula en febrero, pocos días luego del femicidio. «Quiero vivir sin miedo», se leía en algunos carteles. “De la policía, ¿quién nos cuida?”, decían otros.
Cuando Gustavo Melmann ve una mariposa, piensa en su hija Natalia. Siente la conexión con ella, más allá del dolor que no se va. Un grupo de policías la violaron y mataron en Miramar, en 2001. Tenía 15 años.
El padre se sienta en un banco en la plaza Tribunales, en el centro de Buenos Aires. En su pecho cuelga una foto de Natalia: pura sonrisa, flequillo marrón. Parece estar acariciando con las manos un ramo de flores, apoya la cara en ellas.
El caso de Natalia representa los temores de los familiares de mujeres asesinadas en manos de agentes de policía: modificaciones en la escena del crimen, cambios inexplicables en las declaraciones de testigos que al principio dicen primero una cosa y luego otra, persecución dentro de la fuerza hacia un perito que trabaja bien.
Melmann recuerda cómo se manipularon pruebas frente a sus ojos, estando al lado del cuerpo de Natalia: “Entró una mujer, me dice ‘esto lo pide el fiscal urgente’ y le cortó las uñas. En una violación seguida de muerte lo primero que se colectan son las uñas pero en la autopsia, con un cuidado especial. Lo que hizo esta mujer fue limpiarle las uñas por si tenía vestigios de piel de esta gente. Luego, la prueba, por supuesto, dio negativo”.
De todas maneras en el cuerpo de Natalia se encontraron restos genéticos de cinco personas cuando lo llevaron a La Plata: restos de semen de cuatro masculinos más un vello pubiano. Cuatro policías fueron identificados y tres condenados. Uno sigue en libertad, le espera aún un nuevo juicio. La 5ª muestra de ADN nunca fue cotejada con los datos de otros policías que estaban de servicio en Miramar el 4 de febrero de 2001, el día del crimen. El abogado de la familia Melmann insistió con el pedido del cotejo a la Corte Suprema Bonaerense en febrero de este año.
“Quieren darlo como caso cerrado”, supone el padre. Uno de los asesinos, en su momento lo amenazó: “Los platos más ricos son los platos fríos. Cuando salga de estar preso te mato”. Gustavo no se rinde pese a que los tres condenados están cerca de salir de la cárcel.
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Gustavo Melmann y Oscar Zabala forman parte del grupo de familiares «Atravesados por el femicidio». Hay personas cercanas a otras víctimas también asesinadas por agentes o ex agentes de policía, como Cristina “Beba” Rodríguez o Florencia Albornoz, el primer caso argentino presentado frente la ONU, contra un Estado que no logró la protección de una mujer en situación de violencia de género y no garantizó el acceso a la justicia.
La hermana de Florencia, Fernanda Albornoz, explica cómo funcionaba la complicidad policial: “Mi hermana había hecho 18 denuncias y no llegaron a la justicia porque sus compañeros las hacían desaparecer. Él compraba un lechón por cada denuncia cajoneada. Solo la última de las 18 denuncias llega, la hecha en la fiscalía”.
En el grupo también está Claudia Garnica, la madre de Karen López, fallecida el 16 de febrero del 2020: su hija era policía; la pareja, también. Él asegura que Karen se suicidó. «Imposible», dice la madre. «Karen tenía un hijo, tenía planes y nadie se suicida con un tiro en el pecho.» En el aniversario de la muerte de su hija, su mamá Claudia se puso un disfraz de Spiderman y protestó frente a la fiscalía Número 11 de Morón, especializada en violencia familiar y de género. El día que visitamos la fiscalía, había 8059 causas a cargo de dos fiscales de investigación, un fiscal de juicio y ocho empleados.
Juliana Miranda, investigadora del CELS, observa que el acceso a la justicia no es igual en todos los casos, especialmente si los victimarios son de las fuerzas de seguridad: “El peso del impulso de las causas judiciales sobre esos funcionarios recae sobre las familias, los allegados o incluso las víctimas cuando son sobrevivientes. La justicia funciona de una forma cuando existen estas familias que están atrás y funciona de otra cuando no”, analiza.
6. Cambiar a la policía
«Cambiar la policía, ¿será posible?», es la primera pregunta para Agustina Baudino, directora de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La respuesta es clara: “Yo creo que podemos hacer algo. Si no, cerremos todo, apaguemos la luz y nos vamos”.
Su escritorio en el Ministerio parece demasiado grande para Agustina Baudino, una mujer a finales de sus 30, con pelo semilargo, espontánea. Su tarea es la de llevar la perspectiva de género y derechos humanos a toda la Policía Bonaerense. “Tenemos la posibilidad de incidir en la formación a través de distintas estrategias”, dice. Sin embargo, la tarea es compleja y gigantesca. La Bonaerense es tan grande como un pequeño ejército, con 90.000 agentes. El 60% de los funcionarios son hombres. A través de un pedido de acceso a la información pública del medio Perycia, se conoció que entre 2013 y 2020 casi 6 mil funcionarios fueron denunciados por violencia de género. Según indican, el 80 por ciento sigue en funciones.
Baudino admite que el tema preocupa: “Hay casos que serán desafectados y exonerados, pero no todos. Necesitamos tener un trabajo fuerte desde la formación en relación al personal que queda dentro de la institución. Hemos formado un equipo capacitador que ya empezó a trabajar con ese personal”. En septiembre fue aprobado por el ministro Sergio Berni el “Programa de abordaje socioeducativo para policías en situaciones de violencia familiar y/o de género”. Baudino destaca que no se trata de reemplazar acciones y sanciones judiciales tanto penales como civiles, ni medidas administrativas, “es contribuir a la prevención.” Más allá del personal denunciado, hay capacitaciones permanentes por temas de género en las policías locales, las comisarías y en los comandos. Según Baudino, 26.000 oficiales ya participaron.
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Estamos en una capacitación en la ciudad de Navarro, a una distancia de menos de dos horas en auto desde Buenos Aires Ciudad. En un salón enorme de la municipalidad, piso de madera, ventanas altas, hay alrededor de 40 mujeres y hombres. La mayoría son jóvenes, tienen uniforme y botas pesadas. Están sentados en un círculo grande, con distancia entre las sillas, para evitar posibles contagios de COVID. Escuchan atentamente, en ningún momento sacan los teléfonos para chatear, participan cuando se les pregunta: ¿Cómo se trata a una víctima de violencia de género?
— ¡Siempre tomar la denuncia!
— ¡Nunca desestimar la palabra de la mujer!
— Si ella dice “él matará a los niños!”, entonces tenemos que protegerlos.
— Es importante evaluar el riesgo: ¿Hay amenazas de muerte? ¿El agresor sabe artes marciales? ¿Tiene un arma? ¿Consume alcohol o drogas? ¿Tiene antecedentes penales?
Luego se pasa a un tema sensible: ¿Qué ocurre cuando una mujer policía denuncia a un compañero? Una abogada explica una novedad: pronto, las mujeres policías que denuncian a otro oficial podrán solicitar una licencia por violencia. Hasta ahora se solía dar una licencia psiquiátrica para estos casos, que luego era un estigma en el currículum y que podía convertirse en obstáculo para un ascenso.
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La licencia por violencia de género es un avance significativo, asegura Florencia Veloz, policía y exnovia de Matías Ezequiel Martínez, antes de que éste empezara a salir con Úrsula. Ha sido víctima de agresiones de Martínez. Una vez casi lo denuncia, pero él, llorando, le pidió que no lo hiciera. En parte por el pedido de Martínez, por sus promesas de cambiar, pero también por saber lo que podía succeder. Florencia dice entender a mujeres policías que sufren de violencia de parte de un hombre que también es policia y no lo denuncian: “Se van cubriendo y te hacen quedar a vos como la loca,. Te llevan a callar, a no querer denunciarlo. Es diferente a lo que pasa en las personas civiles, no tienen ningún problema de denunciar”.
Al final, Florencia decide denunciar a Martínez en julio del 2020, cuando se entera que él había abusado de su sobrina, una chica menor de edad. Ella misma llamó a sus jefes para ponerlos al tanto: “No obtuve respuesta, ni un llamado telefónico. Y él seguía en servicio, seguía portando arma, mi sobrina tenía miedo. Entonces llamé a Asuntos Internos.” Esa denuncia podría haber salvado la vida de Úrsula, si Martínez hubiese sido arrestado en enero, cómo pedía el fiscal de la causa.
Luego de denunciar a Martínez y viendo que no pasaba nada, Florencía pide una licencia psiquiatrica, para no seguir cruzándose con Martínez en el trabajo. La posibilidad de una licencia por violencia de genero no existía en este momento. Para ella, llegó tarde.
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A nivel nacional, a partir del caso de Úrsula se creó el Consejo Federal para la Prevención de femicidios, travesticidios y los transfemicidios, para coordinar protocolos y actuaciones entre las provincias. Para la periodista especializada en género Mariana Carabajal, es un paso importante. Pero se pregunta: “El consejo federal empezó a reunirse con los poderes de cada provincia, las áreas de la mujer y diversidad, de la justicia, para poder coordinar protocolos. ¿Cómo, no había coordinación? No, no había”. Agrega que le preocupa sobre todo la situación en la provincias: “Es cierto que hoy hay una prioridad desde el estado nacional, con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Pero, ¿qué pasa con las provincias y con la justicia que no depende del gobierno nacional? Ahí creo que hay un vacío, hay cambios necesarios y posibles.”
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja en un Sistema Único de Registro de denuncias por violencias de género, con el objetivo de implementar el sistema aún este año como proyecto piloto en al menos una provincia. “Es fundamental para la evaluación de riesgos”, explica Carolina Justo von Lurzer, Directora Nacional de Políticas de Género.
“Los problemas no se van a resolver de un día para el otro”, admite Agustina Baudino. Pero, se observan primeros cambios, al menos entre policías jóvenes. En mayo treinta cadetes de la Escuela de la Policía denunciaron a un comisario general que recomendaba a las futuras agentes tener relaciones sexuales con los jefes de las dependencias “para estar más acomodadas”.
7. Por Úrsula, por todas
Adolfo Bahillo: “Mi única meta es que Martínez y todos los que fueron partícipes necesarios, la paguen. Jueces, fiscales, políticos, todos. Hubo muchos partícipes y hoy están esperando a ver como zafan, pero vamos a seguir hasta la última consecuencia. Es lo único que me queda por hacer en la vida”.
Los padres muchas veces hablan de Úrsula en presente: “ella es”, “a ella le gusta”. Falta poco para que se cumpla un año del femicidio, y hay momentos en los que parece que no puede ser verdad. Que el tiempo puede volver atrás si se quita la sábana que cubre la minimoto de Úrsula que está en el living de la casa, junto a la puerta principal. Pero un cartel que está arriba del sofá en seguida recuerda la realidad de su ausencia, pidiendo “justicia por Úrsula”.
Se avecinan tiempos de confrontación, de burocracia y a partir del 3 de diciembre, de juzgados. Los padres piden cambios «¡para que no haya más Úrsulas!», dice su papá.
Sólo en este año ocurrieron al menos 142 femicidios entre enero y agosto, según la ONG Mumalá. De ellos, 16 fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Patricia a veces se acuesta en la tumba para estar cerca de su hija.
Fuente: Anfibia -Arte: Sarah Pabst
Repudio a la violencia y a la campaña
racista y estigmatizante hacia el
pueblo Mapuche
Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
Un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes Universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del CONICET, quienes trabajamos con el pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche, deseamos fijar postura frente a los hechos de los últimos días y a la vez repudiar la nueva operación de criminalización, desarrollada sugestivamente en plena campaña electoral.
Repudiamos cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena, se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento. Pero además, con relación a este caso concreto, nos preocupan algunas cuestiones específicas. En primer lugar, que aun cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del Club Andino, funcionarixs y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como “terrorismo” y acusaron a todo un pueblo (de más de 300.000 integrantes distribuidos en varias provincias) del hecho. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que, tanto sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche.
Llama la atención que estos hechos tengan lugar y adquieran centralidad mediática -bajo una operatoria similar a la ocurrida en el año 2017- en un contexto en el que se está debatiendo la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación, pero además, a escasos días de las elecciones. Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un “escenario” ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del “otro”; en este caso, del pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche. También nos preguntamos si, en este particular contexto y frente a las enormes dificultades económicas de vastísimos sectores sociales en la región -tras años de recesión económica, con grandes problemas de trabajo, de precariedad laboral, dificultades para satisfacer las necesidades básicas–, ciertos sectores no habrán encontrado en un histórico “chivo expiatorio” la forma de sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas antes descritos.
Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas.
Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la milenaria presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de larga data. En esta misma línea, estudios histórico-antropológicos ponen de manifiesto que la cordillera pasó a erigirse como frontera varias décadas después de la constitución de los Estados nacionales. En efecto, la reiteración de muchos apellidos indígenas en lo que actualmente se conoce como Chile y Argentina y de familias que quedaron divididas con la conformación de la cordillera como frontera, son indicativas de la movilidad que ha existido en toda la Patagonia. De ahí la falacia en que incurren quienes niegan la presencia ancestral del pueblo mapuche, clasifican en términos nacionales a pueblos indígenas que existían con anterioridad a la creación reciente de las naciones y hablan de una supuesta invasión en sentido Oeste-Este, negando procesos muy complejos, de gran profundidad temporal.
La preexistencia del pueblo mapuche.
Existen también citas de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre los territorios mapuche – tehuelche a fines del siglo XIX -violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina-, que testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino. Para citar solo algunos ejemplos, podemos recordar que cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi, hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700. Los documentos del siglo XIX dan cuenta también de la presencia de las actuales comunidades que hoy habitan el lugar. En la zona de Bariloche diferentes evidencias -memorias indígenas y documentos estatales- indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y la consolidación de la frontera del siglo XIX.
Entre las explicaciones empleadas para poner en duda el carácter “originario” del pueblo mapuche, se recurre al argumento largamente refutado que afirma que presuntamente “los mapuche exterminaron a los tehuelche”. No hay ninguna evidencia científica que permita confirmar esta falacia, desmentida por diversas crónicas históricas que aluden a sus relaciones comerciales y parentales y por la histórica convivencia entre mapuches y tehuelches en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. De hecho, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro en los ultimos años adoptó la denominacion mixta de Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de una forma integradora, para representar mejor la composición de sus comunidades.
Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a las personas del gobierno involucradas a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad ética que se merece. Denunciamos la gravedad de algunos mensajes mediáticos que intentan imponer la idea de «amenaza» -que presuntamente incluiría al conjunto del pueblo mapuche- y son empleados para negar sus derechos, contribuyendo a las situaciones de violencia que se vienen registrando en estos días.
Para finalizar, denunciamos la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que están siendo vulnerados hoy, en particular en la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Los hechos denunciados abarcan innumerables actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra pobladores pacíficos, incluyendo la violencia física contra mujeres, niños y niñas, la ocupación y utilización de la escuela 211 como base policial, generando una situación de avasallamiento de los derechos de las infancias y de toda la comunidad educativa que está fuera de todo marco legal. Y especialmente el virtual sitio a la comunidad, ejecutado por las fuerzas de seguridad provinciales con el fin de acorralar por el hambre y el frío a sus habitantes, provocando daños intencionales a un grupo de personas, atribuyéndose la potestad de castigar a un grupo humano sobre el cual no se ha expedido la justicia ni se visualiza tampoco un interés genuino por parte del poder político de dilucidar la situación.
Reclamamos que cese toda forma de violencia y se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos. Alentamos también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso y a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
Firman:
-Cátedra extensión Rural AUSMA Universidad Nacional del Comahue
-Grupo de estudios sobre “producción de Estado, alteridad y conflicto en Norpatagonia. IIDYPCA- CONICET-UNRN
-Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo).
-Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CCT CONICET-CENPAT).
-Grupo de Investigación “Trayectorias migratorias y laborales en territorios rurales y urbanos del Norte de la Patagonia” (FADECS-UNCo).
-Proyecto Unidad Ejecutora “La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” (IPEHCS-CONICET-UNCo).
-Grupo de Investigación “Transformaciones territoriales y relaciones interétnicas en el desarrollo turístico de la Patagonia Norte” (Facultad de Turismo, UNCo).
-Grupo Interdisciplinario de Estudio en Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales (GIEPPPII)
-Programa “Etnicidades y Territorios en redefinición” (ICA-FFyL-UBA) – Asignaturas Antropología Sistemática II (Antropología Económica) y Seminario de Antropología Social: Antropología Rural del Dto. de Cs. Antropológicas – FFyL-UBA.
-Claudia Briones, IIDyPCa (UNRN/CONICET)
-Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS)
-Proyecto UBACYT 2020-20020190100136BA “Memorias, resistencias y agencias políticas de comunidades y colectivos indígenas: trayectorias en contextos post genocidas” (ICA-FFyL-UBA).
-Grupo de Estudios de la Frontera Sur (ICA-FFyL-UBA)
-Equipo Niñez Plural (ICA, FFyL, UBA/ FTS, UNLP- CONICET).
-Equipo Arqueología de Pampa Occidental (IDECU- Museo Etnográfico- CONICET- UBA).
-Red de investigador@s en Genocidio y política indígena en Argentina (RIGPI)
-Grupo de Investigación sobre territorialidades, alteridades y agencia colectiva en norpatagonia (GITAAC).
-Núcleo de Estudios sobre Identidad y Cultura (IEHSOLP, CONICET-UNLPam) y Proyecto de Investigación “Campos culturales y campos de interlocución: procesos de identificación, tensiones y actores en un espacio regional (La Pampa y Norpatagonia, siglos XX y XXI)”, Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH, UNLPam).
-Programa de “Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios” (PROARHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLU)
-Cátedra «Historia Social de América. «Entre la memoria y la desmemoria». Procesos sociales, políticos y económicos de la región pampeano-patagónica: desde los primeros pobladores hasta la formación del estado nación», Facultad de Humanidades, UNMdP
La REDH deplora los conceptos del
candidato a embajador de los Estados
Unidos en el país, Marc Stanley
Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
La REDH Capítulo Argentina, en nombre de todxs lxs intelectuales, artistas y referentes que la integran, deplora los conceptos del candidato a embajador de los EE UU en Argentina, Marc Stanley, expuestos en la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, previa a su designación.
Nominado por el presidente Biden, sus ofensivas palabras en un ámbito institucional de trascendental importancia, preanuncian la continuidad de una política injerencista y violatoria de la soberanía argentina. Adquieren mayor gravedad aún al arrogarse autoridad para opinar sobre las decisiones de política económica del gobierno argentino en sus negociaciones con el FMI.
La REDH repudia muy especialmente el carácter ofensivo de sus palabras y fundamentalmente rechaza su explícita intención de perturbar las relaciones soberanas de la República Argentina con otros países, en términos políticos, económicos, tecnológicos y culturales. Como capítulo de la REDH situado en Nuestra América, repudia aún más vehementemente el propósito estadounidense de “exigir” que nuestro país modifique su política exterior de fraternidad e integración con las respetadas naciones hermanas de Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Sabrá EE. UU decidir el signo y los rasgos de su cuerpo diplomático en el mundo y si avala la explícita política injerencista anunciada y las opiniones desaprensivas y humillantes de sus miembros. Al respecto, según la confirmación, o no, de esta designación, sabrá Argentina leer el trato que EE. UU nos prodiga, reafirmando nuestra convicción de país soberano, pacífico y apegado a los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.
REDH Capítulo Argentina
Jueves 28 de octubre de 2021.
A un año de la condena y detención
de María Ovando
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
Se cumple un año desde que María Ovando fue condenada a 20 años de prisión por “no haber evitado” abusos sexuales a sus hijas y nietas. Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, siguen denunciando el “carácter de revancha por parte del aparato judicial misionero que mantiene la condena y prisión infundada de María”.
Compartimos su comunicado:
Esa animosidad se traduce en la prisión infundada e ilegal de María, quien llegó al juicio oral en libertad y debería conservarla hasta que exista una condena firme.
El juicio oral al que fue sometida junto a Lucas Ferreyra y Marcos Laurindo expuso la falta de pruebas de la acusación y los prejuicios patriarcales y misóginos del Fiscal Rodríguez, integrante de un sector del poder judicial que no logró condenarla en el 2012.
El fiscal Federico Rodríguez dijo con claridad en los alegatos que pedía que se la condene por lo que había hecho en el 2012 y por lo que podría llegar a hacer si seguía en libertad.
Fue también una condena que buscó disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de género y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal, racista, clasista y colonial de todo el aparato judicial en Misiones.
La falta de pruebas, la animosidad del fiscal Federico Rodríguez, más las irregularidades que pudieron verse en toda la tramitación del expediente no sólo condenaron a María sino también a Lucas Ferreyra y Marcos Laurindo, adolescentes al momento de iniciarse esta causa, quienes ya llevan más de 7 años presos.
María está detenida en el Penal de Mujeres de Villa Lanús, a casi 300 kilómetros de su familia. Los jóvenes Lucas y Marcos, siguen detenidos en el penal de Eldorado.
Con una gran movilización, familias
de Guernica mostraron que lucharán
hasta que el Gobierno cumpla
Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
Este viernes 29 de octubre las familias cortaron el Puente Pueyrredón para exigir al gobierno bonaerense una pronta resolución a su situación. En este marco, convocaron desde las 8.30 en la fuente de Avenida Mitre a todos los medios de comunicación y a todas las personas y organizaciones solidarias con su lucha.
Esta semana llevaron adelante una numerosa movilización al Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, y según advierten una vez más son empujades a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido en las actas que tienen las familias: “Esos documentos públicos fueron firmados por funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y avalados por el mismo Andrés Larroque. Donde se comprometieron a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días. Esos plazos ya pasaron hace meses y nuestra situación sigue empeorando”, afirmaron.
“No podemos seguir así, muchos nos mudamos de casa en casa desde hace un año con nuestrxs hijes, de un lado a otro, dónde hay vecines que están en situación de calle y que solo podemos afrontar esas situaciones gracias a nuestra organización y la solidaridad. No podemos sostener la escolaridad de nuestros hijos. Las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género seguimos en grave riesgo sin tener ninguna respuesta”, expresaron.
Tras la movilización del lunes 25, las familias fueron recibidas por autoridades provinciales y lograron un compromiso de palabra respecto a la firma de una nueva preadjudicación de los lotes en la semana del 8 de noviembre: “Pese a este logro seguiremos movilizades porque no nos dan plazos ni garantías de entrega de lotes. Por eso saldremos a las calles el próximo 29 de octubre al cumplirse un año del desalojo y no solo por Guernica, sino también por todas las recuperaciones de tierra en el país. Las mujeres, disidencias y familias de Guernica seguiremos luchando por nuestro derecho a la tierra, la vivienda y el trabajo, por el futuro de nuestrxs hijes e invitamos a todes a participar de nuestro corte este Viernes, a las organizaciones sociales y políticas, a trabajadores y estudiantes y a todas las familias que luchan por tierra y vivienda”.
Ley de envase con inclusión
Por Karina Micheletto, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
«Fue lo que soñamos, después de tantos años de lucha: tenemos literalmente el compromiso del Estado nacional, la firma del Presidente, para este proyecto de ley que nos unió a todos los sectores». Jacquelina Flores, secretaria general de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) está eufórica, dice que siente «una congoja de felicidad». Acaba de salir del Congreso, donde presentó junto al ministro de Ambiente, Juan Cabandié; el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; los diputados Federico Fagioli y Daniela Vilar, el proyecto de «Ley de envases con inclusión social».
“Es una ley que va a potenciar y dignificar el trabajo de los recicladores, y al mismo tiempo cuidar el lugar donde todas y todos vivimos”, sintetizó Máximo Kirchner durante la presentación. PUBLICIDAD
En las calles, tras marchar desde el obelisco, una multitudinaria concentración de recicladores –que los organizadores calcularon en 10 mil personas, y propusieron como «la marcha cartonera más grande del mundo»— hizo oír su apoyo a una iniciativa que fortalecerá el sector y sacará a más cartoneros de la informalidad.
Pensada como una ley ambiental, la inciativa plantea la «responsabilidad extendida del productor»: propone que todo aquel que elabora algún producto que se vende en un envase, sea el que se haga responsable por el tratamiento que deberá darse a ese envase luego del consumo, para reciclarlo. Con esta idea, fija una «tasa de inclusión» de hasta el 3 por ciento del precio del producto (es más baja cuanto más reciclable sea el envase, entre otras variables). Lo recaudado irá directo a programas que beneficien a los cartoneros, abrir nuevos centros de reciclado, eliminar los intermediarios, fortalecer las cooperativas, incorporar a más tabajadores al sistema formal.
Visibilizar
«Esta ley viene a impulsar una actividad que va a generar mucho empleo y dignidad a los trabajadores y trabajadoras del reciclado. Si se aprueba, transformará también la subjetividad de muchos argentinos y argentinas, que van a empezar a ver la necesidad de entrar en una cosmovisión donde las personas no sean más descartadas”, advirtió Cabandié.
«Pretende ser el dispositivo normativo que acompañe el plan de erradicación de basurales a cielo abierto que puso en marcha el ministerio de Ambiente”, sumó Federovisky.
Para Kirchner, el objetivo es “trabajar para que el compañero o la compañera que están buscando un plástico o un cartón se encuentre en una situación mucho mejor, sea visibilizado y reconocido como lo que es, un trabajador«. El presidente del bloque oficialista puso en relación este proyecto con la reciente sanción de la Ley de Etiquetado Frontal, y la media sanción de la ampliación de derechos para personas en situación de calle.
Los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; Berazategui, Juan José Mussi; Ensenada, Mario Secco –municipios con activos programas ambientales de reciclado– estuvieron en el acto; también representantes de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados.
Registrar
Entre los puntos de la ley, está también la creación de un registro único de cartoneros. «Calculamos que somos entre 150 y 200 mil cartoneros. Sólo en la Federación somos 20 mil», dice Flores, que además de ser secretaria general de la organización es coordinadora del Programa de Promoción Ambiental, al que llegó cuando su cuerpo ya no pudo «cinchar» con el carro.
«La carreta la dejé hace 8 años para 9, cuando el médico me la prohibió: me trajo problemas en las cervicales, tengo la columna descalcificada. Porque acá es todo a tracción humana: nuestras carretas pesan entre 200 y 300 kilos, cada uno de esos bolsones blancos grandes pesa unos 90 kilos; para que un día te rinda tenés que llevar 4 ó 5″, grafica.
Claro que no es lo mismo para el que trabaja «por las suyas» y vende al intermediario que tiene su propio camión y balanza (no siempre fiable), que el que puede organizarse y cubrir otros trayectos de la logística: un kilo de cartón se vende a 15 pesos al intermediario; ya trasladado y enfardado puede ascender a 40.
«Fue hermoso presentar el proyecto con la firma del Presidente, que el Ejecutivo lo tome, y vamos a seguir luchando hasta que se sancione y se reglamente«, se planta Jaquelina.
Recuerda a algunos de los que los acompañaron cuando comenzaron a militar esta ley: Pino Solanas, Alcira Argumedo. «Pudimos hacer unidad con movimientos ambientalistas como Greeenpeace, Jóvenes por el Clima, Eco House. Eso fue muy bueno y se va creando una conciencia, la gente está entendiendo que somos el primer eslabón, y que literalmente nuestras manos cartoneras evitan el colapso ambiental».
Dignidad
La marcha se abrió paso escoltada por un enorme camión lleno de fardos de reciclado, y detrás cientos de carritos que iban dejando su música urbana por Avenida de Mayo. Uno era empujado por Ricardo, un cartonero de Quilmes, que forma parte del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). Ricardo dice que es cartonero hace veinte años, pero que su vida cambió cuando logró organizarse.
«Yo antes salía con el carro y el caballo, y no sabía si volvía. Ahora me siento más seguro, sé que si me pasa algo tengo compañeros que están detrás mío. Y ya no me tratan como el basurero, el ciruja: ahora soy el reciclador urbano«, dice. «Esto es mi vida y me gusta lo que hago, sé que sirve, sé que estamos haciendo un bien al planeta. Pero recién ahora lo puedo ver bien. Estar organizado me devolvió la dignidad, yo cuando salgo a la mañana así vestido (con el chaleco de reciclador) a tomar el colectivo, estoy muy orgulloso. Igual que mis hijos».
«¡Basta de polenta!»
Por Diego Molinas, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
En la calurosa jornada del jueves una organización social que nuclea a desocupados/as realizó una movilización al Ministerio de Desarrollo Social, en ese contexto sucedieron varias situaciones que por su peso simbólico en el diagnóstico de la realidad valen la pena ser analizadas y reflexionadas con mayor profundidad.
Una opción para empezar este análisis seria criticar la metodología o la manera en que el MTR histórico accionó para visibilizar un reclamo, reflexionar en torno a si fue violento y si esa violencia es legítima o no, hacer eso sería una contradicción brutal y una negación a mis orígenes, puesto que yo, al igual que muchos funcionarios actuales, vengo de esas prácticas, del corte de ruta, de la confrontación con la policía, de la calle, del reclamo, yo elijo no olvidarme que vengo de ahí.
Como también elijo a un año del desalojo en Guernica no olvidarme de la brutalidad de Berni en la represión a quienes reclamaban una vivienda digna, hoy pocos se cuestionan si la modalidad de resolución del ministro de seguridad bonaerense es la correcta, incluso muchos prefieren dar loas a su porte de “macho castrense”, sin duda algunas tengo más coincidencias con quienes por necesidad salen a la calle que con un funcionario prepotente más parecido a Bolsonaro que a Néstor Kirchner.
El “basta de polenta” quedo escrito en la puerta del ministerio, letras grandes para que se vean desde arriba y un par de paquetes revoleados con rabia que también grafican el hartazgo, que no es desagradecimiento con aquel producto alimenticio tantas veces compañero de pesares sino una profunda molestia con una lógica que mira la realidad desde arriba y que instala el concepto de que, los pobres debemos conformarnos con polenta o a lo sumo unos fideos de los más feos, rotos y en muchos casos, viejos, sin sabor.
Las letras con la consigna estampada en la calle Lima al 300, son la forma explícita de visibilizacion de una compleja trama de dolores cotidianos.
En los análisis posteriores a la derrota electoral del frente de todos, muchos plantearon que los números expresaban un síntoma del humor social, devenido de las duras condiciones que afronta la economía doméstica de todo laburante. No es muy difícil pensar que la pintada hecha con ese alimento no perecedero expresa también de manera clara y didáctica que hay una situación insostenible para los sectores populares.
En estas horas en que la deuda con el FMI se instala como uno de los temas centrales, se escucha al unisonó el argumento de que dicho endeudamiento contraído por el macrismo, es impagable, que esos fondos se fugaron y que las condiciones del préstamo fueron injustas.
Es una gran torpeza creer que los sectores populares no tienen capacidad de análisis crítico de la realidad, ¿si Macri se robó toda esa plata por qué esta libre?, ¿porque sigue teniendo privilegios y nosotros que durante la pandemia no pudimos salir a cartonear tenemos que estar buscándole nuevos sabores a la misma comida?, la persistencia del menú, harta, cansa, mal alimenta y fundamentalmente recuerda que para algunos todo y para los muchos polenta.
El basta de los números electorales, y el basta de ayer expresiones de una reflexión profunda de los más humildes de esta patria, que evidencian una urgencia, la demanda urgente de no estar más en el lugar al que nos llevó el macrismo y la pandemia, la mala alimentación y la mera subsistencia no pueden hacerse costumbre, no se le puede pedir más sacrificios a los descamisados si los que usan camisa y corbata siguen teniendo ganancias a costas del hambre del pueblo.
Dar concesiones y mimos a los poderosos de este país para mantenerlos mansitos es un error gravísimo, el capital deshumaniza, no reconoce valores ni dolores ajenos, prioriza sus ganancias, sus intereses por encima del bien común, la no confrontación con los hambreadores del pueblo, deja en el desamparo a aquellos que necesitan de la presencia del estado para que sus derechos sean plenos, para que los abusos del poder no sean el pan de cada día.
Esta inmovilidad del estado, genera desesperación en el pueblo, y esa desesperación por experiencia histórica y memoria popular habitualmente se expresa en la movilización y la confrontación directa con los intereses económicos responsables del hambre.
En ese punto “el modo Berni”, la represión constituye un grave error en tanto y en cuanto deja sobre relieve dos grandes deficiencias, por un lado, la defensa indirecta de los intereses contrarios a los sectores populares y por otro una seria inoperancia en la solución de los problemas básicos de los más humildes que son gran parte de la base electoral del gobierno.
La resolución del conflicto social es urgente y es la única prioridad, la movilización social es un síntoma de graves dolores de fondo, nunca es el inicio del conflicto sino más bien el último eslabón de una larga trama de situaciones no resueltas, urgen funcionarios que funcionen, que dejen privilegios y asistentes de lado, que desde la empatía resuelvan, con creatividad, con afecto, con cercanía, grandes dolores que tienen nombre, apellido, historia y ya no se aguantan más.
El drama de la coyuntura actual, no se resuelve con polenta sino con laburo y dignidad, no se resuelve con grandes publicidades sino atendiendo lo concreto, lo básico, que aliviana la vida.
El estado debe contar con el protagonismo de los sectores populares, no arriados, sino arriando, sembrando, produciendo, construyendo, pariendo, ahí está la verdadera “polenta”, la verdadera fuerza capaz de sacar adelante el país, los poderosos no van a ceder nada, los pobres ya no tienen nada para ceder, BASTA DE POLENTA.
Inflación: un problema de poder
político
Por Eduardo Lucita*, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
LA PELEA POR LOS PRECIOS OCUPA EL CENTRO DE LA ESCENA
La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores empujan la inflación. Lo que está en juego es una disputa por el poder político
Una vez más la inflación ocupa el centro de la escena política nacional. El acotado congelamiento de precios es visto como una medida electoral. Sin embargo una mirada más profunda permitiría ver el regreso de la puja distributiva que implica también una disputa de poder.
La inflación, como el endeudamiento externo y la fuga de capitales, son rasgos distintivos, limitaciones estructurales del capitalismo local, que ningún gobierno -sea cual fuera la fracción de capitales a cargo del comando del bloque de las clases dominantes- logró resolver.
Conviene retomar aquí la formulación de los Economistas de Izquierda en un documento de principios del 2010: «En toda formación social capitalista la inflación es resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producción que se expresan de distintas maneras según la coyuntura».
Contrariamente a la teoría neoclásica que supone que es el mercado el que impone los precios de la economía, sostenemos que los precios son resultado de una doble disputa: por un lado al interior de la clases capitalistas por la apropiación del excedente económico, y por otro lado la tensión entre patrones y asalariados por la apropiación de renta (puja distributiva). Es este conflicto de intereses el que explica los procesos de suba de precios y que se expresa crudamente en estos días.
La espiral se espiralizó.
La evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre arrojó un 3,5 por ciento, cortando un sendero levemente descendente de varios meses, y reforzó un proceso inflacionario, que en los últimos 12 meses supera el 50 por ciento, y está en ascenso, derrumbando todas las previsiones del ministro de Economía.
Su evidencia encendió las alarmas gubernamentales, más aún al conocerse algunos datos de la primer quincena de este mes que proyectados lo dan nuevamente por arriba del 3 por ciento. En paralelo la corrida contra el peso presiona sobre los tipos de cambio ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación y el llamado blue. Como sabemos nuestra economía muestra una interacción sistémica entre la evolución de los precios y el tipo de cambio que se potencian y realimentan mutuamente. En las condiciones actuales una disparada del dólar nos pone el borde de la hiperinflación.
¿Qué empuja la inflación?
La característica de esta coyuntura es que los precios básicos de la economía -sobre los que todo gobierno interviene- no influyen particularmente en la actualidad. El tipo de cambio oficial está controlado, las tarifas y los combustibles congelados, los salarios hace cuatro años que pierden frente a la inflación. No hay evidencias de inflación de costos.
Es evidente que en el país sobran pesos producto de que el gobierno financia con emisión parte del déficit fiscal y que luego se ve obligado a pagar altas tasas con las Leliq para esterilizar buena parte de esa emisión. Lo que se vuelca al consumo no tiene una magnitud tal para impulsarlo fuertemente. Por otra parte la capacidad instalada fabril es del 65 por ciento, es decir, las empresas tienen margen para aumentar la producción sin mayores costos. Tampoco se puede hablar de una inflación de demanda.
¿Entonces qué empuja la inflación? La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores. También debe considerarse la inflación global que está en fuerte alza y presiona sobre nuestros precios internos.
Todo precio es político.
La respuesta del nuevo Secretario de Comercio Interior no se hizo esperar. Congelamiento de precios, retrotrayéndolos al 1° de octubre, de escasos 1432 productos la mayoría integrantes de la canasta básica. Una medida de emergencia que intenta romper la inercia pero que no ataca en su raíz el problema de la inflación estructural. No se resuelve con controles.
Lo que está en juego es una disputa por el poder político. Las declaraciones de la COPAL, de las Cámaras de Comercio de Argentina y de EEUU, de la AEA, coincidentes con las de dirigentes de la oposición (no podemos trabajar a pérdida, habrá desabastecimiento) hablan de una puja distributiva pero también de una disputa por el poder político, no en el sentido destituyente, como proclaman ciertos sectores oficialistas, sino en el de condicionar toda política gubernamental que afecte la tasa de ganancia empresaria.
No hay mayores alternativas. Se necesita una clara y decidida política intervencionista estatal apoyada en el control social tendiente a garantizar precios y abastecimientos de los artículos de primera necesidad.
Control obrero de la estructura de costos de las formadoras de precios de esos artículos, transparentando las ganancias e imponiendo criterios de razonabilidad de las mismas (los sindicatos pueden impulsar comisiones autónomas de control de costos en cada fábrica y el gobierno darles la necesaria inmunidad que los proteja de la reacción patronal). Extender ese control a las cadenas de distribución y comercialización con amplia participación de los movimientos sociales. Centros Populares de distribución que garanticen que esos artículos lleguen a los sectores más necesitados. Desvincular los precios locales de los bienes exportables con mecanismos impositivos. finalmente una reforma impositiva progresiva que permita ir reduciendo el IVA compensándolo con aumentos en los impuestos a las Ganancias y Bienes personales.En definitiva un programa para enfrentar eficazmente las tendencias inflacionarias en nuestro país requiere de una fuerte decisión política en cuanto a la intervención del Estado y el mayor protagonismo obrero y popular posible.
*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
Envio:RL
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