HONDURAS.

 

Elecciones, otra estafa al acecho

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2021.

El domingo 28, cerca de 5,2 millones de hondureños son convocados a las urnas para elegir al presidente (para el período 2022-2026), tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano y los alcaldes de 298 ciudades. Parece que el partido se juega entre Nasry Asfura y Xiomara Castro. Asfura es el candidato de derecha y actual alcalde de la capital, que se postula por el Partido Nacional, el partido en el poder desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Xiomara Castro, líderesa del Partido Libre, esposa de Zelaya, representa la izquierda alternativa. Aparece claramente favorecida en las encuestas, pero es poco probable que la oligarquía apoyada por el gran capital internacional dé rienda suelta a la voluntad popular, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Honduras sigue siendo, de hecho, un peón decisivo para el imperialismo estadounidense, tanto desde el punto de vista económico como militar. Las multinacionales mineras o hidroeléctricas dominan más del 30 por ciento del territorio, junto con los cientos de empresas ilegales, a las que da rienda suelta un sistema construido para proteger sus intereses. La vida de quienes se oponen vale menos que nada, como recuerda el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres.

Portavoz del pueblo indígena Lenca y cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Por ese asesinato, y gracias a la presión de los movimientos internacionales, una octava persona fue condenada a unos pocos meses atrás, un alto ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA.

En Honduras, donde opera la base militar estadounidense más grande de la región, la creciente militarización del territorio sirve para proteger los intereses capitalistas en las áreas más ricas en agua, petróleo y biodiversidad y ciertamente no la seguridad de las poblaciones que viven allí. Desde el homicídio de Berta Cáceres, 39 ambientalistas han sido asesinados. Y, de enero a hoy, han sido eliminados 68 políticos, 19 de ellos en marzo y cuatro en noviembre. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.

 En un contexto similar, resulta irónico el llamamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de la eurodiputada croata Željana Zovko, que dirige la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) para que “el día de las elecciones, se desarrolle en un ambiente de serenidad y civil convivencia». Una exhortación que sigue a la igualmente suave de Estados Unidos. Tonos muy distintos a los utilizados para desacreditar a priori tanto las elecciones en Nicaragua como las de Venezuela.

Por otro lado, como confesó la entonces secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, en sus memorias, Honduras inauguró el modelo de «golpe institucional» en Centroamérica. El 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, un liberal que se había atrevido a dirigir la mirada hacia la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, concebida por Cuba y Venezuela, fue secuestrado en la noche por las fuerzas armadas y llevado al exterior. Siguió un período de represión, abusos e inestabilidad.

El entrelazamiento de la política y el narcotráfico es ciertamente una evidencia flagrante, tanto que el hermano del presidente saliente, Juan Orlando Hernández Alvarado, exponente del Partido Nacional, en el cargo desde 2013, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos como traficante de droga. El propio jefe de estado que expira está bajo investigación. Yani Rosenthal, secretario del Partido Liberal, ahora candidato a la presidencia, también tiene una sentencia de tres años por lavado de dinero en Estados Unidos.

En Honduras, dos de cada tres habitantes viven en la pobreza. Una situación agravada por los efectos del cambio climático (solo en el último año se han producido dos huracanes). Cada mes, miles de personas alimentan las caravanas de migrantes que se dirigen, vía México, a Estados Unidos, donde ya reside un millón de hondureños. El de los migrantes, que crean un cuello de botella en la frontera, es uno de los problemas políticos más espinosos para Biden. El otro es la del manifiesto descrédito del gobierno de Hernández.

 Para salvar las apariencias en un país aliado, crucial para el control regional, es necesario por tanto centrarse en un caballo «carismático» como aparece Nasry Asfura, mientras el tambor mediático hace cosquillas a viejos y nuevos conservadurismos para desacreditar a «la comunista» Xiomara Castro, y robarle de nuevo la victoria.

308 femicidios se han registrado en 

2021

Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.

63,7% de estas muertes violentas fueron causadas con armas de fuego, 12,6% con arma blanca

Las mujeres que viven en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho están en mayor riesgo ya que la mayoría de los femicidios se dieron en esos departamentos.

La circulación de armas en Honduras es alarmante, según la «ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares» toda persona mayor de 21 años, puede registrar hasta 5 armas.

El 25 de noviembre, evidenciamos el crecimiento de la violencia contra las mujeres, aunque es una realidad que vivimos todos los días en nuestro país.

Hoy presentaron cifras, pero son historias de vida de niñas y mujeres que soñaban vivir felices en Honduras, rescatan la memoria de todas las que han sido asesinadas por este sistema violento. Todas están presentes, a través de las voces de sus seres queridos y todas las exigimos justicia, manifestaron en un boletín del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

El 25 de noviembre día por la eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres exhortan a la población a cuestionar las formas cotidianas en que cada persona justifica la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer exigen que en las instituciones del Estado se garantice el bienestar de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

Fuente: Criterio

Acompañantes internacionales 

continúan despliegue para observar

el desarrollo de las elecciones

Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021. 

Cuando restan dos jornadas para las elecciones del 28 de noviembre en Honduras, una misión de acompañantes de Colombia, Estados Unidos y México inició este jueves su despliegue en el territorio de esa nación centroamericana para observar el desarrollo del ejercicio democrático.

En encuentro con los medios realizado en Tegucigalpa (capital), el director del Centro de Estudio para la Democracia de Honduras (Cespad), Gustavo Irías, valoró que los observadores contribuirán al desarrollo de unas elecciones transparentes, legítimas y pacíficas, y agradeció su presencia en el país.

El codirector de la organización no gubernamental estadounidense Global Exchange, Marco Castillo, explicó que decidieron participar por la profunda preocupación que les provoca el papel que el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) se ha adjudicado como “juez” de los procesos electorales de la región.

Señaló que también se movilizaron por el temor de que Honduras pueda afrontar otra crisis como la ocurrida durante las elecciones de 2017, cuando la oposición denunció la existencia de fraude y se produjeron grandes protestas.

Según medios de prensa, Global Exchange despliega 25 observadores y facilita el acompañamiento de otros, provenientes de México.

Por su parte, la coordinadora de la misión de observación electoral, Lucía Vijil, dijo que este grupo ayudará a respaldar el derecho de “vivir en democracia, vigilar la infracción a las libertades públicas y los derechos humanos”.

Además, mostró preocupación por la violencia que ha distinguido a los comicios. Dijo que “ya van más de 25 candidatos asesinados y esto nos genera una tensión y está condicionando a la sociedad hondureña para ir a votar”.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que a los comicios asistan alrededor de 7.000 observadores nacionales y 400 acompañantes internacionales.

Denuncian negativa de acceso a observadores

Este viernes también trascendió la denuncia de la subdirectora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Honduras, Andrea Sandoval, quien señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) negó el acceso al país de un grupo de observadores electorales extranjeros.

Según la directiva, la negativa del INM se debió a que los observadores no se encontraban en la lista de acreditaciones que asignó el CNE, que solo expidió 26 credenciales de 60 solicitadas.

Sandoval subrayó que su entidad hizo la diligencia de solicitud de credenciales con anticipación y lamentó que los observadores tuvieran que regresar a sus países.

Envían maletas electorales a otros países

También se supo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.), inmersas en la distribución del material electoral a todo el país, comenzaron los envíos por vía aérea de las maletas electorales necesarias para las votaciones de hondureños que radican en EE.UU. y naciones de Centroamérica.

El CNE habilitó para votar a 15.713 hondureños residentes en esos territorios, de los cuales 12.868 viven actualmente en EE.UU.

Según el portavoz de las FF.AA., teniente José Coello, se envió material electoral a las ciudades estadounidenses de Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Washington, Atlanta, Chicago, Dallas, Phoenix, McAllen, Seattle, Boston, San Francisco y Charlotte.

En el caso de Centroamérica, se podrá votar en San Salvador, Ciudad de Guatemala, Managua, San José, Ciudad de Panamá y Belmopán, todas capitales.

Fuente: TelesUR

Organizaciones ambientalistas e 

indígenas invitan a votar críticamente

Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021. 

De cara a las elecciones generales del próximo domingo -28 de noviembre- en Honduras, organizaciones ambientalistas, indígenas y de defensa de los territorios han llamado a la ciudadanía a elegir honestamente a sus gobernantes y a no olvidar la «historia inmediata sobre el robo y saqueo» que enfrenta la población en sus territorios.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) emitió un comunicado manifestando: «más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular».

Recordaron que tras el golpe de Estado de 2009, las élites político empresariales «han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina». Asimismo, convocaron a la ciudadanía a «votar y defender la voluntad popular en todas las trincheras».

El MADJ afirmó que derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula; y que, ante cualquier posibilidad de fraude, llaman a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.

De igual forma, el Movimiento Amplió llamó a las «organizaciones populares sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional».

Un emplazamiento que fue replicado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que en su comunicado señaló la urgencia para que posterior a los comicios se convoque de manera inmediata a una Asamblea Constituyente Popular y Democrática que dé pie a la reconstrucción del país y que dé respuesta a las demandas históricas de las comunidades indígenas, negras, campesinas, de las mujeres, entre otros, para derogar la legislación que entrega los territorios y violenta los derechos humanos.

En el documento señalan que «el pueblo hondureño participará de manera masiva de estos comicios como expresión del hartazgo social debido a la profundización de la desigualdad social, del empobrecimiento que ha alcanzado al 73% de la población, la crisis migratoria, la violación sistemática de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social, las múltiples expresiones de violencia en general y en particular a las niñas y mujeres».

El Copinh alertó a la población que las condiciones de fraude están instaladas y que el partido gobernante confabula todas las maniobras de compra de conciencia, intimidación y preparación de las fuerzas de seguridad del Estado para imponer un resultado contrario a la voluntad de la mayoría, por lo que invita a la ciudadanía a mantenerse alerta.

Además, el Consejo Cívico declaró que no olvida que Berta Cáceres fue asesinada bajo el gobierno de Juan Hernández y que los pueblos indígenas y campesinos han padecido la peor cara de la violencia extractiva, por lo que urgen rechazar «al candidato del continuismo saqueador».

Fuente: Criterio

Reformas al Código Penal listas 

para aplicarse en las elecciones

Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación pacífica,  en un contexto electoral caracterizado por la existencia de impunidad generalizada y de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal para impedir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

El pasado 7 de octubre de este año , se reformó el delito de usurpación, el Congreso Nacional adicionó el artículo 378-A, que establece como agravante que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas, incrementa la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.

Varios sectores han manifestado que el Gobierno del presidente Juan Orlando  Hernández sigue aprobando y modificando leyes para protegerse de cara a las elecciones del 28 de  noviembre.

El ambiente político es convulso e incierto en Honduras y eso hace prever que existirán protestas en las calles y entonces con las figuras penales antes descritas los operadores de justicia tienen una herramienta más de represión para evitar un alzamiento popular si se diera otro fraude electoral.

Represión en elecciones de 2017

El 2017 en Pimienta, Cortés, hubo nueve detenidos que fueron enviados a la cárcel conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Otros en El Progreso, Yoro,  en la capital se realizaron un sinnúmero de detenciones y los defensores  Edwin Espinal y Raúl Álvarez fueron acusados por manifestarse,  permanecieron 19 meses en la cárcel de máxima seguridad en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva, donde fueron objeto reiteradamente de vejámenes.

En enero 2018, varios militares agredieron físicamente y dañaron el equipo de grabación al camarógrafo de Une Tv, Pedro Amador, quién cubría una manifestación frente a Casa Presidencial, durante una protesta contra la imposición de Hernández. Asimismo, en cobertura post electoral, los efectivos castrenses atacaron y dañaron el equipo del camarógrafo Kevin Castillo, del canal Televida, de Choluteca

Carlos de Cid de la Acción Ecuménica por los Derechos Humano, (AEDH) explicó que las defensoras y defensores avizoran que el contexto estará lleno de mucha violencia por la pugna del poder, porque quienes lo ostentan en este momento no estarán dispuestos a cederlo de manera fácil. “Probablemente se van a oponer alegando fraudes y utilizarán la violencia de la cual disponen al tener en sus manos la fuerza del ejército y de la policía”, argumentó Del Cid.

Añadió que las reformas que recientemente se hicieron al Código Penal y Código procesal Penal, tienen una dedicatoria enfilada a posibles levantamientos y  protestas que las personas ejecuten en relación a lo que se va a dar después de las votaciones.

“El papel de nosotros las organizaciones defensoras de Derechos Humanos ante esta situación será acompañamiento y protección a las personas que protestan y exigen sus  derechos que pueden ser conculcados por parte del actual gobierno al no querer ceder el poder ante los resultados electorales”, afirmó.

Agregó el defensor de los derechos humanos que las acciones que tomarían las organizaciones a parte de la protección sería la denuncia tanto nacional como internacional por los abusos que el poder ejecutaría al no querer ceder en base a los resultados electorales.

Muertes, torturas e impunidad dejó elecciones 2017

«El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego», señala el informe titulado «Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras», en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero de 2018.

Señala la publicación que «el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego».

Además, la OACNUDH observó que se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. La OACNUDH también recibió denuncias múltiples y creíbles de malos tratos en el momento de la detención o durante la detención. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.

Por su parte Kenia Irías, Directora del departamento de conflictividad de la oficina de Derechos Humanos dijo que “como Secretaría de Derechos Humanos estamos integrando la Mesa Interinstitucional de Prevención de Conflictos Sociales”.

Manifestó que esta estrategia se inició desde el proceso electoral conformando un trabajo de articulación en el que participan la Secretaría de Gobernación, Secretaría Defensa, Secretaría de Seguridad,  el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría Derechos Humanos y el CONADEH; con el fin de poder fortalecer los espacios de coordinación y articulación en la prevención de conflictos antes, durante y después del proceso electoral.

“La Mesa Interinstitucional ha estado haciendo llamados a realmente a promover el respeto de los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de paz en el marco del proceso electoral, que  se ha desarrollado seis foros en igual número de departamento,  articulando esfuerzos especialmente para poder coordinar a la institucionalidad que tiene competencia en el marco del proceso electoral y de los derechos humanos”, manifestó.

Estos espacios de construcción de participación ciudadana están solicitando un compromiso a los candidatos mediante la firma de un pacto por la Paz y los derechos humanos, esfuerzo acompañado por el sistema Naciones Unidas; PNUD, ONU Mujeres y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Un informe del Centro de Estudios para la Democracia, (CESPAD), advirtió que la normalización de la crisis en Honduras ha llegado a un nivel preocupante, en el sentido que la respuesta estatal no solo es inexistente sino que inoperante y sin ninguna dirección estratégica cuando mínimamente la institucionalidad pública decide actuar.

“En el contexto electoral, la crisis de los derechos humanos y territoriales está invisibilizada por los principales medios de comunicación y discursos políticos, acentuándose un escenario de invisibilidad política de las demandas de las organizaciones”, manifiestó la organización en un   comunicado.

El documento señala que la crisis es una oportunidad que utiliza el Partido Nacional para ejercer control sobre su base electoral tradicional y atraer nuevos votantes a sus filas partidarias.

Algunos críticos del sistema aducen que la nueva legislación se hizo para proteger el poder económico y político criminalizando la protesta social para favorecer un supuesto desarrollo.

En agosto de 2019 Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.

Fuente: Pasos de animal grande

Hacia una probable victoria de 

Xiomara Castro

Por Adalberto Santana, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.

Honduras es uno de los países latinoamericanos que tendrá en el actual escenario político la última elección del año 2021. Será sin duda uno de los comicios más competidos, formalmente cerca de 9,5 millones de ciudadanos hondureños podrían ejercer su voto.

Decantándose especialmente por las dos principales fuerzas que se disputan el voto popular. Por un lado figura el Partido Nacional (PN), conocido popularmente como el de los “cachurecos”. Entidad partidaria que ocupa actualmente la Presidencia del país centroamericano encabezado por el polémico presidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Mandatario que ocupa la primera magistratura en una reelección que aconteció hace casi cuatro años y que violó a todas luces el orden constitucional, al no permitirse la reelección como lo establece la propia Constitución.

Sin embargo, JOH, logró por una argucia legal quedar encumbrado como candidato y como tal en el pasado proceso electoral se le acuso de tremendo fraude electoral contra el candidato de LIBRE, Salvador Nasralla. A la par de esa situación, en el curso de su actual gestión, su hermano Antonio “Toni” Hernández, de muy mala fama, por sus nexos con el crimen organizado (el llamado cartel de “Los Cachiros”), fue detenido en EU, acusado y condenado por narcotráfico en 2019 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. 

Hoy purga una larga condena en la misma prisión con otros narcotraficantes latinoamericanos,  como uno de sus socios, Joaquín el “Chapo” Guzmán, jefe del llamado Cartel de Sinaloa y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del expresidente conservador mexicano, Felipe Calderón Hinojosa.

Actual militante del Partido Acción Nacional (PAN), entidad neoconservadora y par ideológica y políticamente del Partido Nacional de Honduras. Lo común de Calderón Hinojosa y JOH, es que se ha sostenido que crearon una especie de “narcoestados” en México y Honduras.

Incluso se han recogido testimonios de los propios “Cachiros” que financiaron las campañas electorales de 2009 y 2013. De ahí que también cuando JOH, concluya su mandato, difícilmente podrá refugiarse en los EU. Más bien tendrá que buscar una opción al sur del continente americano.

Así, uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor vulnerabilidad es Honduras, nación centroamericana que se ha desangrado al identificarse que más de 300.000 de sus ciudadanos tuvieron que emigran al norte, producto del crecimiento de la pobreza y la violencia en 2019.  

De ahí que se señale que entre 2004 y 2018 se registraron casi 72.000 homicidios. Lo que ha implicado un promedio de una decena de homicidios diarios. Más dramática es la situación cuando en buena medida se ha reconocido que Honduras junto con Haití son los países más pobres de la región.

Por ello la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apunta que el 40 por ciento de la población de ese país centroamericano se ubica en una condición de pobreza extrema. Incluso se señala que más del 70 por ciento de la población en el medio rural vive en condiciones de miseria.

Escenario que en gran medida explica el gran flujo de migrantes irregulares que buscan llegar a la frontera con EU cruzando el territorio mexicano. Sumándose que en 2020 y 2021 tal situación se agravó con la pandemia de la coronavirus.

Según la Universidad Johns Hopkins hasta el 24 de noviembre de 2021, Honduras sumaba un total de 10,397 fallecidos y más de 377.000 infectados. Siendo uno de los países más golpeados proporcionalmente en la región.

Otros indicadores de la situación en Honduras, apuntan que en el país centroamericano, la seguridad social es desastrosa, ya que solo una persona de cada diez tiene acceso a ella. En el marco de la pandemia, puede pensarse que con cinco hospitales y la falta de médicos y enfermeras la crisis de salud es más que alarmante.

En ese paisaje parece que están dadas las condiciones para que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), con su candidata presidencial Xiomara Castro, derrote al candidato de la ultraderecha hondureña y continuador de JOH, Nasry Asfura del PN.

Hay otros candidatos, sin embargo, la tercera opción real sería Yani Rosenthal del Partido Liberal (PL). Agrupación clientelar que ha perdido la brújula y se ha vuelto un partido cada vez más débil ante el crecimiento de LIBRE.

Entidad que en buena medida representa al polo de la centro izquierda latinoamericana, y cuyo fundador, Manuel Zelaya tras sufrir el primer golpe de Estado del siglo XXI en América Latina y el Caribe en junio de 2009, fundó posteriormente a LIBRE, convirtiéndose en el partido con más opciones de cambiar el rumbo de Honduras.

Así, las elecciones para este domingo 28 de noviembre de 2021, es que triunfe Xiomara Castro, si es que no hay fraude electoral generado por lo “cachurecos” y también si se vence al abstencionismo y concurren a votar el grueso de  los sectores populares de la patria de Francisco Morazán.

Si llega a generarse ese escenario, seguramente veremos de nueva cuenta en la región  el fortalecimiento de gobiernos progresistas en nuestra América.

Envio:RL