La APDH realizó un encuentro intercultural por la ley de tierras indígenas
Se realizó el Taller de Pueblos Originarios y Derechos Humanos en el acampe de Plaza Congreso junto a representantes de comunidades indígenas que reclaman por la prórroga de la ley de emergencia territorial.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) organizó la realización de un encuentro intercultural en la Plaza Congreso llevado a cabo este viernes para reclamar la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias.
La prórroga fue aprobada la semana pasada por el Senado y ahora debe ser analizada por la Cámara de Diputados. Es una norma sancionada en 2006 y prorrogada ya en tres oportunidades que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.
En ese sentido, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen esas comunidades originarias y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas
Pueblos originarios marchan por prórroga de Emergencia Territorial
En ese sentido, se realizó el Taller de Pueblos Originarios y Derechos Humanos en el acampe de Plaza Congreso, convocado por la APDH y con la participación de la Mesa de Organismos.
El taller expresó el apoyo solidario de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora con los saludos de su referente Tati Almeyda y de Vera Jarach, de Abuelas de Plaza de Mayo, con la presencia además de Miguel Santucho, de la APDH, y dirigentes como María Elena Naddeo, Gisela Cardozo y Eduardo Tavani, entre otros,
Los organizadores informaron en un comunicado que hay "un reclamo unánime por alcanzar la prórroga de la Ley 26.160 que cuenta con media sanción del Senado, pero en Diputados encuentra resistencias de los bloques de oposición".
En el encuentro "se señaló el carácter imprescindible de la ley para un ordenamiento legal y pacífico de los territorios; evitar los procesos de desalojos de las comunidades es una medida de emergencia, no solamente en favor de las familias sino como estrategia para el cuidado de la naturaleza, para frenar el extractivismo, el desmonte y la desforestación de las tierras".
También se diseñaron "estrategias para la acción institucional, las articulaciones con los distintos bloques, con la estratégica comisión de Hacienda de la Cámara baja y la organización de una gran movilización social y política en los próximos días", se explicó.
Como esa norma está próxima a vencer, representantes de 200 comunidades de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba que integran la red de Organizaciones de Pueblos Indígenas de la región NOA (Opinoa) instalaron hace quince días un acampe frente al Palacio Legislativo.
Naddeo había destacado a Télam que la importancia de la continuidad de la Ley 26.160 es que "permite un ordenamiento pacífico de los conflictos territoriales para garantizar el reconocimiento de derechos a las tierras ancestrales de los pueblos originarios", pero al mismo tiempo advirtió que la iniciativa es resistida por terratenientes que buscan sumar a la producción sojera hectáreas actualmente inexplotadas.
Alertó que, si la vigencia de la ley venciera el 23 de noviembre sin que se vote ninguna prórroga, se abriría "un panorama de enfrentamiento y conflictos", ya que el escenario legal derivaría en una serie de "desalojos, acciones represivas, acciones violentas por parte de terratenientes y empresarios locales".
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"Este es un tema que, por otro lado, ayuda al buen vivir, a la preservación de la naturaleza y la ecología, porque las comunidades originarias preservan los montes y la interacción con la tierra que les da la vida", añadió la copresidenta de Apdh, exlegisladora porteña y docente de historia con una larga trayectoria en la prevención de la violencia de género.
La red de Opinoa reclama una ley de relevamiento territorial indígena y nuclea a comunidades de los pueblos Ocloya (Jujuy), Guaraní (Salta), Tonokoté Llutki (Santiago del Estero), Omaguaca (Jujuy), Tastil (Salta) y Tulián (Córdoba), entre otras.
La norma fue sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y en sus principales disposiciones declaró "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias", y además estableció que, mientras dure la emergencia, quedan suspendidos los plazos de desalojos, ejecución de sentencias u otros actos administrativos.
Fuente:Infonews
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