Condena para dos lavadores de dinero narco en la city financiera
El cuello blanco, pero con el bolsillo sucio
Dos directores de Cofyrco asumieron que le cambiaron pesos por dólares en Corrientes 832 al narco Coto Medrano el día que lo asesinaron. Pero no irán presos.
El puente entre la Rosario de las finanzas y las inversiones, y la Rosario del narcotráfico y el crimen organizado volvió a quedar en evidencia con la condena a dos ejecutivos de una cueva financiera del microcentro, al comprobarse de manera definitiva que al traficante Marcelo "Coto" Medrano le cambiaron una importante suma de pesos por dólares blue sin tener ellos autorización del Banco Central para esa operación, ni éste actividad lícita declarada como para justificar una transacción de esa envergadura. Encima, le vendieron los dólares el mismo día en que a Medrano lo mataron a balazos en Granadero Baigorria, el 10 de setiembre de 2020. La doble cara del negocio financiero volvió a mostrar la hilacha, como ya lo hizo este año con la caída del prestamista Yalil Azum y del ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, ambos con vínculos con el narcotráfico.
La cueva en cuestión es Cofyrco SA, y sus directores que acordaron declararse culpables de lavado de activos a cambio de un juicio abreviado y una condena en suspenso son Fernando Vercesi y Guido Garay. Al margen de este acuerdo, también están imputados otros partícipes de esa financiera, y todavía sujetos a investigación penal: Patricio Carey, Hernán Zapata y Teodoro Fracassi.
El juez Gustavo Pérez Urrechu avaló el acuerdo al que arribaron los abogados de Vercesi y de Garay con el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja. Para ambos ejecutivos les pende sobre sí una pena de ejecución condicional de tres años de prisión. Es decir, seguirán en libertad si no se mandan otra como este delito u otras reglas de conducta a la que se obligaron. También tendrán que cumplir 400 horas de servicio comunitario cada uno, a selección del Patronato de Liberados, y pagar una multa de 35.552 dólares cada uno. Esta cifra resulta de duplicar el monto de moneda estadounidense que de manera ilegal le cambiaron a Medrano aquel día fatídico.
Vercesi (39 años) y Garay (30) quedaron así condenados como autores de lavado de activos de origen ilícito, pero también por tenencia ilegal de 174 documentos nacionales de identidad ajenos, que habían sido denunciados como extraviados, la mayoría en discotecas como Sr. Ming, Ming River House, Soho y Asia Rosario. La pesquisa de Narvaja y equipo se tomó el trabajo de entrevistar a cada uno y una de los dueños de esos DNI, todos jóvenes.
Vale acotar que Ming River House es el boliche adonde el 20 de febrero de 2020 fue a bailar Carlos "Bocacha" Arellano, cuyo cadáver apareció luego en el río Paraná. Por ese crimen hay dos patovicas y dos policías imputados.
Esa colección de 174 DNI que atesoraban en la sede de Cofyrco (Corrientes 832, 2° piso, oficina 24) servía para comprar dólares a precio oficial y simular esas transacciones con esas identidades sin consentimiento.
Los dólares obtenidos de esa manera, a $90 según cotización de aquellos días de setiembre, eran vendidos a $130 en el mercado blue. Pero a Coto Medrano le cobraban 2 pesos más por dólar. Algo parecido hacía Shanahan con el narco peruano Julio Rodríguez Granthon, cuando cayó preso en octubre pasado, con 34 millones de pesos en efectivo en su oficina de España y Rioja.
Pero Medrano, en los 45 años que vivió, nunca declaró una actividad económica para explicar su medio de vida. Sí, en cambio, constan en la Justicia una docena de causas por amenazas, lesiones, abuso de armas, una causa por narcotráfico, cuatro condenas de prisión cumplidas, y el intento de hacerse jefe de la barrabrava de Newell's en 2016, tras la detención del Panadero Ochoa. Un año en el que hubo tres asesinatos al hilo de hinchas que también querían hacerse capos de la tribuna leprosa.
Aquel 10 de setiembre de 2020, a la 1 del mediodía, en la oficina de Corrientes y Córdoba, Medrano cambió $2.350.000 por U$S17.776. Esa misma noche, junto a su pareja y su hija, frenó frente a la YPF lindera con el Policlínico Eva Perón, de Baigorria, y bajó de la Ford Eco Sport para comprar caramelos. Sus asesinos lo venían siguiendo. Cuando volvía al vehículo, un hombre le gritó "Alto, policía". Medrano alcanzó a correr hasta la otra esquina. El pistolero lo bajó a tiros, y lo remató con otros más a quemarropa. Quince balazos en suma.
El acta de la audiencia imputativa constata que el dinero que en Cofyrco aceptaron de Medrano "era el fruto de las actividades criminales en las que él mismo se encontraba involucrado". No se descarta que éste hombre fuera cliente habitual de esa cueva.
De acuerdo a registros de la Afip, Medrano "no registraba en sus 45 años de vida, actividades económicas lícitas, susceptibles de ser declaradas activas". Y le atribuye al momento de su muerte dedicarse al "cambio ilegal de divisas, comercio de narcóticos, compraventa ilegal de armas de fuego. delitos violentos cometidos con armas de fuego".
En cuanto a la empresa conducida por Vercesi, Carey, Garay y Fracassi, el fiscal Narvaja comprobó que "no contaba con autorizaciones del BCRA para operar en la compraventa de divisas, ni para tomar ahorro público o hacer intermediación financiera. Tampoco contaba con habilitación de la Comisión Nacional de Valores para operar bajo ninguno de los regímenes previstos por la Ley 26.831".
Al examinar el teléfono celular de Medrano surgió que ese mediodía había comprado dólares en Cofyrco, y de allí surgió la pista que desembocó una semana más tarde en el allanamiento a la sede del microcentro: entonces aparecieron los 174 DNI, y mucho dinero ($5,3 millones; U$D 60.200 y 33.600 euros, entre otras divisas). Vercesi declaró esa vez que todo ese dinero era de Carey.
La investigación recopiló las numerosas compras oficiales de dólar que Cofyrco realizó entre enero de 2018 y setiembre de 2020 valiéndose de los DNI extraviados en los boliches. Operaciones que se hicieron con la agencia Cambio Terranova SA, según consta en el acta del juicio abreviado.
Vercesi y Garay, por consejo de sus abogados Carlos Varela, Adrián Martínez, aceptaron el acuerdo y admitieron haber lavado dinero sucio. Carey, Fracassi y Zapata no. Están imputados y a la espera de un juicio oral, o quizás de otro abreviado como este.
Marcelo Lepwalts, ex responsable de la Delegación Santa Fe
El jefe se quedó sin argumentos
La Cámara de Casación Peal confirmó la primera de las dos condenas en su contra, a 4 años de prisión, por varios delitos.
Desde Santa Fe
La Cámara de Casación Penal (Sala 3) confirmó el fallo del Tribunal Oral de esta ciudad que condenó al ex jefe de la Policía Federal Marcelo Lepwalts y a cinco de sus dirigidos por operar una “empresa criminal” que el Ministerio Público llamó “Delegación Santa Fe SA”. En un primer juicio, en abril, Lepwalts fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de elementos de prueba”, “falsedad ideológica y “tenencia simple de estupefacientes”. Y en el segundo, en noviembre, a cuatro años y seis meses por “asociación ilícita”, con lo cual sumó ocho años y nueve meses de cárcel por “armar un grupo de trabajo”, cuyo único objetivo era recaudar fondos para sus integrantes. La sentencia de la Sala 3 que se conoció esta semana ratificó la condena de abril por unanimidad, con la firma de sus tres jueces: Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.
En el primer voto, Gemignani citó uno de los argumentos de la defensa que consideró a Lepwalts la supuesta “víctima de una conspiración proveniente de las más altas esferas de la Policía Federal Argentina y del Poder Ejecutivo nacional”. En febrero de 2020, cuando el juez Francisco Miño lo indagó por “asociación ilícita” –por la que fue condenado en el juicio de noviembre- Lepwalts dijo que la causa era una “operación mediática” del fiscal federal que lo investigaba, Walter Rodríguez, y que su objetivo era un presunto “escarnio público”. “El presidente Alberto Fernández está en contra de este manejo sistemático de operadores judiciales que utilizan los medios para agraviar, sin dar lugar a un real derecho de defensa por parte del agraviado”, se quejó Lepwalts.
Desde aquella indagatoria hasta ahora, nueve jueces analizaron las pruebas de la investigación del fiscal Rodríguez y dieron su veredicto. El 8 de abril, el Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella- condenó a Lepwalts a cuatro años y tres meses de prisión por siete delitos, entre ellos “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas” y tenencia simple de estupefacientes”. El 23 de noviembre, el mismo Tribunal –pero integrado por los jueces de Rosario Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano- lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por “asociación ilícita”. Y el 7 de diciembre, la Cámara de Casación Penal (Sala 3) confirmó la sentencia de abril, con los votos de Gemignani, Riggi y Hornos
Casación coincidió que Lepwalts, como jefe la Policía Federal de Santa Fe “era quien comandaba la fuerza, manejaba el personal, recibía las novedades y era la persona a la cual se debía rendir cuentas”. Su mando “no puede escindirse del accionar” de sus subordinados: Cristian Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Lucas Bustos y Darío Duarte, todos condenados en los dos juicios. Los “dependientes no tenían ‘vuelo propio’, mucho menos su mano derecha y jefe de la brigada, Bogetti”, agregó Casación. “Es inverosímil que algunos agentes puedan realizar todas las acciones delictivas juzgadas sin la dirección, intervención, conocimiento y complicidad de la autoridad máxima”, que era Lepwalts, “en el marco de una estructura absolutamente vertical como la Policía Federal Argentina”. “Lepwalts es responsable de los hechos delictivos de los que participaron los policías coimputados” y “debe responder en carácter de autor”.
“Los argumentos de las esforzadas defensas –así las llama la Cámara- “son en su mayoría una reedición” de los planteos en el juicio oral y “no han logrado rebatir los sólidos y razonables fundamentos brindados por el ́ Tribunal Oral de Santa Fe cuando los rechazó”.
En el caso de Lepwalts, la Cámara consideró como “agravantes su condición de jefe de la Delegación Santa Fe y su extensa carrera donde llegó a ocupar altos mandos dentro de la estructura policial, hasta llegar a ser designado a cargo de una dependencia ubicada en la ciudad capital de una de las provincias más importantes de la Argentina”.
“Como cabeza de la delegación tenía la responsabilidad y obligación de dirigir tareas de prevención de delitos (...), por lo que las exigencias de probidad y compromiso frente a la ley debían ser mucho mayores”.
Por lo tanto, “las consecuencias de la conducta” de Lepwalts “no sólo fueron en desmedro del prestigio de la institución policial sino también en perjuicio de la sociedad en su conjunto, por lo que se extiende considerablemente el daño”. La Sala 3 “consideró justo aplicarle la pena de cuatro años y tres meses de prisión”, más “la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. Y así votaron Gemignani, Riggi y Hornos.
Servicio Penitenciario a Seguridad
Dinámica de gestión
Desde Santa Fe
Lo que querían los dos Jorge -Lagna el ministro de Seguridad y Bortolozzi, su número dos- ya lo tienen. El gobernador Omar Perotti traspasó al Ministerio de Seguridad, la actual Secretaría de Asuntos Penales –que hoy está a cargo de Walter Gálvez- y todas sus dependencias: el Servicio Penitenciario Provincial, el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria con las mismas estructura y competencia que tenían cuando estaban en el ámbito del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman. El decreto 2.800 que formalizó el cambio tiene el refrendo de Lagna y de Sukerman, que podría ser una de sus últimas firmas porque si hay un secreto a voces en la Casa Gris es que el ministro de Gobierno sólo espera que designen a su reemplazante.
Perotti justificó la decisión de volver atrás con lo que había decidido en diciembre de 2019, cuando pidió a la Legislatura la reforma de la ley de Ministerios, y uno de los cambios era el pase del Servicio Penitenciario al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. “La dinámica de la gestión de gobierno aconsejan agrupar en una misma cartera ministerial las cuestiones que se vinculan con la seguridad pública”, dijo el gobernador, que es lo contrario de lo que planteó hace dos años.
El nuevo “criterio” es “asignar al Ministerio de Seguridad las competencias relativas a la organización y funcionamiento del Sistema Penitenciario Provincial”, explicó Perotti. Por lo tanto, “corresponde” incluir en el cartera de Lagna la “estructura de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios” que dirige Walter Gálvez. En el área, quedó vacante la Subsecretaría de Asuntos Penales que ocupaba Bortolozzi antes de convertirse en secretario de Seguridad.
Perotti dijo que el recule por decreto estaba autorizado por la ley Orgánica de Ministerios. “El artículo 32 de la ley 13.920 autoriza al Poder Ejecutivo reasignar en lo sucesivo las competencias de los Ministerios y Secretarías de Estado, dentro de la estructura de gabinete que la norma prevé y siempre que no se alteren el número y la denominación de los mismos, ni se modifiquen los contenidos de las competencias enumeradas y el criterio de especialidad establecido en la misma”, aclaró.
La otra ley que esperan Lagna y Bortolozzi es la que declara en “emergencia” al Servicio Penitenciario que ya tiene media sanción del Senado y Perotti incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias. El plazo de la “emergencia” es por nueve meses que incluyen “aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales del Servicio Penitenciario de la provincia”. El “objetivo es dotar de eficiencia, seguridad y modernizar el funcionamiento” del área “en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.
Una de las normas autoriza al ministro –que antes era Sukerman y ahora será Lagna- a convocar a una Mesa Interinstitucional Penitenciaria, como “un ámbito de trabajo que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado de la materia penitenciaria y de la ejecución de la pena privativa de la libertad por parte de los distintos organismos del Estado”. Para eso, se aspira a “un plan detallado de trabajo con las medidas a adoptar y los protocolos respectivas en cada una de las unidades penintenciarias y centros de detención, teniendo en cuenta sus características, situación funcional, infraestructura, necesidad de equipamiento, personal disponible y demás condiciones”.
El objetivo es equipar con “equipos o sistemas de inhibición de señal y llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas” a las cárceles.
La ley que deberá tratar la Cámara de Diputados autoriza a Perotti “a extender el plazo de la emergencia de nueve meses, por tres meses más, por única vez y siempre que sea necesario para cumplir" con el método Lagna.
Medida del Ministerio de Educación en el marco de la paritaria
Cambios en salud laboral docente
Beneplácito gremial por la eliminación de la tabla que prefijaba días de licencia según la enfermedad y otros trámites.
El Ministerio de Educación provincial comunicó ayer la implementación del nuevo sistema de solicitud de licencias médicas y la derogación de "la tablita", una medida tomada en 2016 -fuertemente rechazada por la representación gremial- que preestablecía la cantidad de días de licencias que cada docente debía tomarse para determinada patología. Además, la cartera educativa anunció un nuevo sistema para la carga de las licencias, que se realizarán directamente a través de la Intranet del gobierno provincial como único trámite, y deja de lado el mail para enviar certificados y la obligatoriedad del formulario de Licencia Médica (LM). "Entendemos que el cuidado de la salud debe ser integral y que es responsabilidad del Estado garantizar ese derecho fundamental. La correcta implementación de este sistema representará un avance sustancial", señalaron desde Amsafé provincial. "Como organización gremial, celebramos que el eje de las licencias de Salud Laboral vuelvan a centrarse en el diagnóstico médico y las dolencias de cada educador en particular", indicó el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.
En julio de 2016, el Ministerio de Educación que conducía Claudia Balagué definió junto con el Assyt (área de la Facultad de Medicina de la UNR que audita las licencias de los docentes santafesinos) una lista que tabulaba la cantidad de días de permiso para no concurrir a trabajar por cada tipo de enfermedad. Se estipulaban, de manera arbitraria, 3 días de ausencia para faringitis, sinusitis o bronquitis aguda, 5 para asma u otitis, 7 para conjuntivitis, 2 para hipertensión y sólo un día para cistitis o acidez.
Ayer, en una reunión virtual de comisión técnica paritaria, las autoridades del Ministerio de Educación comunicaron la derogación del sistema y anunciaron uno nuevo que se aplicará a partir de la segunda quincena de diciembre en fecha a confirmar. Del encuentro participó la ministra de Educación, Adriana Cantero; funcionarios del área Salud Laboral, que presentaron un informe sobre las juntas médicas realizadas en todo el territorio provincial, y representantes de los gremios Amsafé, Sadop, Amet y UDA.
Con el nuevo sistema, explicaron los gremios docentes, se quita el requisito del formulario LM y el envío de documentación por correo electrónico. A partir de su aplicación, todo el trámite de solicitud se realizará a través de intranet, sosteniendo como condición la presentación, ante las autoridades escolares, de certificado médico estampillado o expedido por efector público.
Desde Amsafé provincial, que estuvo representada en la reunión técnica paritaria por Adriana Monteverde, Patricia Hernández, Sebastián Bryndum y Javier Galluccio, señalaron que "la tablita" generó durante tantos años "serias dificultades a la hora de solicitar licencias, en desmedro del cuidado de la salud de las y los trabajadores de la educación". Además, consideraron que es "necesaria una clara y correcta articulación entre ministerios y secretarías" para justamente garantizar el cuidado de la salud de las y los docentes.
"Estandarizaba el tratamiento para todos los cuerpos, para todos era igual. Ahora se le va a dar lugar a la indicación de los días de reposo que den cada uno de los médicos, y se va a simplificar el procedimiento de la licencia médica, que también había generado algún tipo resistencia, especialmente del personal de la salud que no lo quería firmar", dijo Lucero a Rosario/12.
El titular del gremio que nuclea a docentes de escuelas privadas rosarinas planteó que van a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero no van a validar trampas ni vivezas. "Si la persona que está enferma y presenta un certificado médico, es básicamente que eso refleje la realidad, la honestidad es importante en todos los ámbitos", afirmó Lucero.
"También entendemos que eso es el 1% insignificante de todas la cantidad de cosas que pasan, generalmente lo que toma estado público es una cuestión menor de hechos que pasan todos los días en la escuela, donde habitualmente pasan cosas buenas", concluyó.
Abogados
Galdeano ganó la elección
Coronavirus: Rosario registró la cifra de contagios más alta de los útlimos meses
El Ministerio de Salud de Santa Fe registró este viernes 126 nuevos casos de coronavirus en la provincia, de los cuales 74 pertenecen a Rosario.
De esta forma, la ciudad tuvo un repunte de infectados y reportó la cifra más alta desde principios de septiembre (superado el 3 de septiembre con 75 positivos).
Además, este viernes se informó el fallecimiento de cinco personas con covid-19, en Rosario, de 62, 75, 77, 78 y 89 años.
Hasta la fecha se registran un total de 8.632 fallecidos en la provincia y 3.886 en Rosario. La provincia acumula a la fecha 472.247 contagios desde el inicio de la pandemia con 760 casos activos.
Como dato positivo, 941.990 rosarinos ya fueron inmunizados contra el coronavirus y en total se aplicaron 1.829.919 dosis en los vacunatorios de la ciudad.
Latrater, cianuro al río
Rosario tendrá paridad de género en la recolección de residuos
El Concejo de Rosario aprobó una ordenanza para crear el sistema de paridad progresiva en la prestación de servicios de recolección de residuos.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza para crear el sistema de paridad progresiva en la prestación de servicios de higiene urbana. Regirá tanto para la Secretaría de Ambiente y Espacio Público como para el ente autárquico Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario (Sumar).
Esta ordenanza busca lograr una gradual incorporación de mujeres en el plantel permanente del personal de la conducción de camiones de recolección de residuos, como también del personal operativo que se ocupa de los servicios de higiene urbana.
De esta manera, se establece que en los pliegos licitatorios para contrataciones de servicios de higiene urbana, el Ejecutivo deberá incorporar una cláusula que prevea un piso porcentual no menor al 5% de mujeres en la prestación operativa durante el transcurso de la concesión.
Durante la vigencia del contrato, la empresa licitataria tiene la obligación de cubrir las vacantes que se produzcan con una proporción igualitaria de 50% entre mujeres y varones, siempre en atención a los criterios de idoneidad para el desempeño del cargo, apunta el texto de la iniciativa impulsada por la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular).
Por otra parte, en caso de que el número de vacantes disponibles resulte impar, se deberá comenzar siempre por incorporar primero a una mujer y luego a un varón y así sucesivamente. En los pliegos se deben fijar penalidades por incumplimientos de esta obligación.
Para el caso específico del ente Sumar, la ordenanza establece que las vacantes que se produzcan en los puestos de conducción de vehículos y recolección de residuos, deberán cubrirse de manera que se asegure la incorporación igualitaria de mujeres y varones, es decir en proporción 50% y 50%.
Aplica también el criterio de que si el número de vacantes disponibles resulte impar, se deberá comenzar siempre por incorporar primero a una mujer y luego a un varón y así sucesivamente.
Será obligación del Departamento Ejecutivo Municipal remitir al Concejo Municipal un informe semestral acerca de su implementación su evolución y la aplicación.
Fuente:Conclusion
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