TROPEL 15.12.2021.

 

Ismael Jalil: «Del ‘gatillo alegre’ de 

Walsh al ‘gatillo fácil’ de hoy»

Por Ismael Jalil. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.

Los recientes asesinatos de Lautaro Rosé, Lucas González y Luciano Olivera en el curso de menos de un mes han vuelto a poner de relieve que el gatillo fácil sigue siendo pan nuestro de cada día. En este artículo Ismael Jalil registra, desde que Rodolfo Walsh percibiera los orígenes del fenómeno a fines de los ’60, bautizándolo como «gatillo alegre», hasta hoy, los hitos que jalonan el despliegue de este método de control social que azota a los jóvenes de los barrios pobres.

Walsh por milonga

Cuando Rodolfo Walsh popularizó la expresión “gatillo alegre” (del inglés trigger happy) corrían los años ’60. Para explicar la modalidad represiva estatal de control social que se imponía todavía silenciosamente en, Walsh citaba algunos casos de ejecuciones frías y calculadas de jóvenes pobres, indefensos o que no representaban peligro alguno para nadie.

La información, la que aparecía en los medios de prensa -prestos siempre a brindar como reales las versiones policiales- convalidaban la existencia de un presunto  enfrentamiento particularmente feroz .  Generalmente morían los civiles, mientras que  los “valientes servidores de la ley” no sufrían ni un solo raspón.

En su minucioso recorrido por los medios de la época, el filoso periodista revolucionario demostraba que la noticia que comunicaba hechos de ese tipo no era otra cosa que la pura transcripción del comunicado institucional: «En horas de la noche de ayer, una comisión de la comisaría primera de tal lugar observó a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse a interrogarlos, fueron recibidos por una descarga cerrada, generalizándose un tiroteo a cuyo término encontraron heridos de muerte a N. N., con antecedentes por robo, y X. X., cuya identidad se procura establecer. Junto al cadáver de uno de los malhechores se halló un revólver 38 con dos cápsulas servidas».

Tomando un caso sucedido en el conurbano norte, para explicar cómo era posible que en similares relatos se hayan registrado diez bajas de civiles contra una policial, Walsh anota: «Si admitimos que los antecedentes los pone la policía, y el revólver también, esta historia cotidianamente admitida por todo el mundo es la misma historia de los menores Seijo y Rodríguez Fontán. Con la sola diferencia —que los matadores ignoraban en el momento de apretar el gatillo— de la edad y la condición social de las víctimas».

Y remata con una frase que hoy ya no sorprende a nadie: «Pero es un hecho que la comisaría de Florida inventó delincuentes a posteriori, y «encontró» un revólver. Parece que la consigna fuera tirar primero y averiguar después. Quizás eso explique el diez a uno».

Si no fuera porque lo escribió hace sesenta años, el título de este pasaje de su informe no sorprendería tanto:“Milongas Clásicas” tituló.

El disciplinamiento como política de estado.

La represión, que alguno llaman violencia institucional, es una política de estado. Va de la mano del diseño de políticas hambreadoras que multiplican la desigualdad. Es política porque las complementa y está pensada, decidida, instrumentada de modo tal que las consecuencias son completamente previsibles y evaluadas.

Pertrechar, instruír y garantizar impunidad a las fuerzas de seguridad para su despliegue hacia el interior de la sociedad no es otra cosa que elegir el modo de resolver, mediante la represión, el conflicto social que esas otras políticas (las hambreadoras) generan.

No por casualidad fue en la década de los ’90 cuando el fenómeno que Walsh percibió como embrionario treinta años antes, se desplegó en toda su amplitud. No sólo volvieron a potenciarse los índices de pobreza y desocupación que ya había duplicado la dictadura, sino que además se difundió la idea de que mayor presencia policial en las calles era la respuesta adecuada a la amenaza al derecho de propiedad. El caso del Ingeniero Horacio Santos constituyó un hito en el proceso legitimador.

Todo se resumió con una palabra que el imperio mediático terminó de consolidar: inseguridad. Una construcción de época que cayó como anillo al dedo. A partir de allí “el combate a la delincuencia, la tolerancia cero y la mano dura” se incorporaron al habla cotidiana de los argentinos. Lo curioso – o no tanto- es que se transformó en la primera preocupación de los argentinos “…a pesar de una disminución de la cantidad general del delito desde 2002” (Pedro Cerrutti en Scielo, Brasil 2013).

Que hoy la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, ostente el nivel más alto de policías por habitantes (873 por cada 100 mil habitantes) no es un dato menor. Que la Argentina toda resulte proporcionalmente el país con mayor cantidad de policías por habitantes de la región, (558 por cada 100 mil habitantes) tampoco. Naciones Unidas recomienda 300 cada 100 mil.

Pero no fue un fenómeno descolgado de todo un proceso cultural conglobante, un parámetro impuesto de arriba hacia abajo, ratificando aquello de que las ideas dominantes de una época no son otra cosa que las ideas de la clase que ejerce el poder material dominante. Eso sí: la llamada “inseguridad” no incluye las tragedias que sufren los pobres como consecuencia de la generalización del proceso de policialización de la cotidaneidad.

Entonces se naturalizó que nuestros pibes fueran arrojados al reclutamiento en condiciones policiales (las banditas que roban para…), al soldadito narco, al consumo problemático. Destino de cárcel – si cuentan con suficiente suerte para seguir vivos-, de tortura institucionalizada, de balas callejeras de la policía si la taba se dio vuelta.

Desde 1983 hasta Noviembre de 2020 los registros de la CORREPI dan cuenta de 7587 muertes en manos del estado. Más del 40 % en modalidad gatillo fácil, más del 50 % en muertes en lugares de detención, y el resto por otras modalidades tales como el femicidio de uniforme.

Mientras para los pobres la inseguridad es un drama que se expresa en una indigerible puja entre iguales, a la que se debe sumar el accionar policial en las calles, para los que administran las reglas del juego, en cambio, un pibe caído bajo el accionar de la policía es un “daño colateral”, o un presunto daño accidental. Un simple eufemismo para encubrir lo que es una verdadera masacre social.

Lautaro, Lucas, Luciano, desenmascarando a la hipocresía

En la madrugada del 8 de Noviembre, a Lautaro Rosé (18), la policía correntina comandada por el gobernador radical Gustavo Valdéz lo dejó morir ahogado en las aguas del Paraná, mientras en la orilla le pegaban a su amigo Ismael de apenas 16 años. Once policías comparten la responsabilidad de un “procedimiento policial irregular”, según los términos de la Fiscalía. El procedimiento no quedó registrado en actas, pero se realizó bajo la modalidad de la razia, inaugurada por los franceses en Argelia, que implicaba la incursión violenta sobre población civil indefensa para someterla.

“Arbitraria, irracional e ilegal”, calificó el juez de la causa el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires que al mando del macrista Horacio Larreta, asesinó a Lucas González (17) y sometió a torturas y a privación ilegal de la libertad a sus tres amigos, en cercanías de la Villa 21- 24 de Barracas. Aquí la modalidad fue el gatillo fácil “de manual”, con 17 policías involucrados en el asesinato, la simulación de un enfrentamiento, el plantado de prueba falsa, la mentira y el encubrimiento.

De “abuso y poco profesional, estúpidos y mafiosos” trataron los peronistas Berni y Kicillof por un lado y Aníbal Fernández por el suyo, al procedimiento policial con el que de un balazo en el pecho, la fuerza bonaerense por ellos comandada, asesinó a Luciano Olivera (16) por no detenerse con su moto en un retén policial el viernes 10 de Diciembre en la ciudad de Miramar.

Podríamos señalar varios denominadores comunes. El parecido físico entre los pibes, el origen humilde de los tres, la violencia desplegada contra ellos, la estigmatización prejuiciosa que los convierte en el blanco predilecto de estas modalidades de control social: más del 90% de los casos se dan sobre pibes de estas características.

En los casos de CABA y Miramar el disparo sobre un vehículo en movimiento, algo completamente prohibido por la legislación cuando no hay peligro inminente (y en caso que lo hubiera, los policías deberían disparar a las ruedas). Los encubrimientos en todos los casos. Las complicidades de los mandos. Son citas que pueden ampliarse con muchas otras similitudes. Pero habrá que detenerse en las reacciones como elemento diferenciador.

De un lado…

La posición de trascendencia social que ocupa debería someter al policía a una exigencia superior a la de cualquier ciudadano. Sin embargo, esa posición es asumida como un privilegio. Así, los policías asesinos de Lucas González estuvieron comunicados entre sí, libres en sus casas y hasta con atención psicológica durante varios días antes de que se concretara su detención.

La justicia y los gobiernos responsables invocan por un lado una legislación que burlan sistemáticamente. Las conductas que se reiteran y multiplican a lo largo y a lo ancho del país sin no conmueven a los responsables políticos ineludibles. Larreta, Valdéz, Kicillof, Berni, Fernández, (no agotan la lista) repiten el versito de la manzana podrida, remarcando que “hay policías buenos y policías malos”.

En verdad encubren  a una institución que no está ni para cuidarnos ni para servir al pueblo pobre. Una institución de la que, en virtud de las políticas que despliegan y de los intereses que defienden, no pueden prescindir.

¿Puede ignorar un funcionario de ese rango que la recomendación  a sus policías por parte de los instructores de las fuerzas, es que lleven la reglamentaria sin seguro , listas para el disparo?

Y sin embargo, ellos son los primeros en abonar la teoría del daño colateral. Porque tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo custodian la impunidad de las fuerzas. Sólo excepcionalmente, cuando es tan rotunda y notoria la evidencia que la impunidad apareja un costo político mayor, pagan los homicidios arteros y alevosos. Entonces son “rigurosos”… los primeros tiempos: la mayoría de los policías que llegan a juicio lo hacen en libertad y perteneciendo a la fuerza. La regla es la impunidad y hacia allí apuntan todos los discursos legitimadores.

Vaya como ejemplo las 34 horas que demandó a Larreta y su equipo fijar posición frente al crímen de Lucas González. Vaya como ejemplo la permanencia de Berni en el equipo de ministros del gobernador Kicillof con dos años de sucesivos crímenes como el de Luciano Olivera. Tampoco agotan la lista.

Del otro

Rodolfo Walsh escribió «La Secta del Gatillo Alegre» en 1969. Suma y sigue es otro de los subtítulos de ese artículo de pavorosa actualidad. Pensemos un momento en los casi 8 mil casos que se conocen y en todos esos pibes que fueron víctimas del mismo accionar sin que sus caso repercutieran y, lo que es peor, por el contrario, engrosaran los listados de la impunidad.

Todo esto lo saben los familiares. Esos que no quieren ser revictimizados con la resignación y la injusticia y entonces comienzan ese brutal aprendizaje de las reglas del sistema y las decodifican: “no están para cuidarnos sino para disciplinarnos, no es sólo la sentencia es además la conciencia”, repiten mientras peregrinan con fuerza y sin bajar los brazos.

La reacción del Pueblo, de las comunidades que rodean a los tres pibes ha sido notable. Se movilizaron en Corrientes, en Barracas y en Miramar. Lo hicieron rápido, masivamente, ganaron la pulseada ante los medios masivos – nunca hay que olvidar que el consenso para reprimir en democracias devaluadas como la nuestra tiene en ellos un aliado fundamental- . Lo hicieron con criterio más allá de la natural indignación, señalando a los responsables materiales e ideológicos de esos crímenes.

Esa movilización ha sido determinante y la respuesta más efectiva al palabrerío oficial. La articulación defensiva entre los iguales, la solidaridad inagotable de los comprometidos con una vida mejor sigue siendo la herramienta más eficaz para afrontar estas durísimas luchas.

Que a la muerte de estos tres pibes, que engrosa la interminable lista de víctimas, no se agregue, dolorosa y brutal, la carga de la impunidad.

* Abogado Penalista, defensor de familiares de víctimas de gatillo fácil.

Fuente: Estación Finlandia.

Las travestis tejimos rebeldía

Por Lohana Berkins, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.

En 2001 las travestis se sumaron al grito rebelde marchando a la par de lxs vecinxs, que sorpresivamente no las insultaban como de costumbre. Ellas llevaron su lucha diaria a las calles: contra las familias que las expulsaban, las instituciones escolares que no las recibían, el sistema médico que las patologizaba y lxs empleadorxs que no las contrataban. Las exageradas siliconas y las indecorosas pinturas se desvanecieron en la protesta social. Cuando no las miraban fue cuando mejor miradas se sintieron. Durante el estallido, fueron una vecina más.

Foto: Viviana D Amelia

El 19 y 20 de diciembre del 2001 fueron jornadas históricas en Argentina. El pueblo salió a la calle en un gesto de desobediencia civil, desafiando el estado de sitio decretado minutos antes, y produciendo con esta poblada la expulsión del presidente. En estas fechas se vivía en el país un clima que combinaba tristeza y euforia, saqueos y estupor por la represión policial. Muchas compañeras travestis empezaban a bucear en sus maletines de cosméticos y perfumes, empezaban a producirse como se dice en lengua travesti. De pronto fuimos sorprendidas por algo que a primer oído parecían los tambores llamando a participar en los tradicionales carnavales. Esos carnavales que desde hace mucho tiempo son para nosotras el único lugar de aceptación social, aun cuando se trate de una aceptación más vinculada a lo bufonesco. Vale recordar, de paso, aquel contundente dictamen de la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo que, en su sagrado estatuto y en defensa de la sana diversión familiar, prohibió el desfile de las travestis por la histórica avenida. Pero éstos eran otros tambores, su llamado tenía otra razón: resistir al estado de sitio que había declarado el por entonces presidente de la nación. 

De las ventanas de Palermo, de las de San Telmo, Constitución y Flores, las travestis asomamos nuestros rostros a medio maquillar o con el rímel ya corrido, luego de una noche de pocos clientes y mucha caminata. Fuimos sumándonos a ese grito rebelde que se juntaba en la esquina, en la calle, en las avenidas. Al lado de nuestros vecinos y vecinas, nuestro primer motivo de asombro fue no escuchar aquellos acostumbrados insultos con que muchos nos identificaban: negritas, viciosas, sidosas. Fue una sorpresa advertir que por una vez las exageradas siliconas, los pudorosos genitales, las indecorosas pinturas y corpiños se desvanecían tras la protesta social, se ocultaban en ella. Curiosamente, o no tan curiosamente, cuando no nos miraban fue cuando mejor miradas nos sentimos. Allí éramos una vecina más. 

Fuimos muchas las compañeras travestis que nos encontramos en la Plaza de Mayo, gritando por la libertad y repudiando esos largos años de estado de sitio; con valor y decisión salimos a defender una democracia de la que poca parte nos toca. Y digo poca parte porque, en realidad, las travestis y transexuales de la Argentina todavía seguimos criminalizadas. En casi todo el país se mantienen los edictos policiales (1), cuya letra nos coloca del lado del atentado a la moral y las buenas costumbres.

Los gritos que las travestis llevamos el 19 y el 20 eran preguntas tales como: ¿es moral el robo que hizo Menem y el haber dejado pobres a 18 millones? ¿Es moral una Iglesia que ataca a gays, lesbianas, travestis y transexuales mientras defiende a sus pervertidos miembros? ¿Es moral matar travestis, torturarlas y encubrir políticamente esos crímenes? ¿Es moral privar de una vida digna a las personas diferentes, entre ellas a nosotras, travestis y transexuales? Regresando a la pregunta de qué significó el 19 y el 20 de diciembre para las travestis puedo decir que por primera vez nos sentimos unidas a un reclamo en común: el no rotundo a la imposición del estado de sitio. Vale ahora plantear una diferencia: para las travestis, el estado de sitio es a diario. La rutinaria persecución policial, las acostumbradas restricciones a circular libremente por las calles portando una identidad subversiva, los permanentes obstáculos para acceder a derechos consagrados para todos/as los/as ciudadanos/as del país, entre otros, hacen de la vida travesti una vida en estado de sitio. Quizá por eso se escuchó a algunas compañeras que participaron en las jornadas del 19 y 20 decir bajito ahora nos tocó a todos y todas. 

Ese 19 y 20 de diciembre, entonces, las travestis llevamos a la calle lo que en realidad es nuestra lucha diaria. Para hacer sólo un breve repaso: lucha contra nuestras familias, que nos expulsan a temprana edad con la firme decisión de desterrar de sus livings el pecado; lucha contra las instituciones escolares, que nos cierran las puertas para que no manchemos a sus blancas palomitas; lucha contra el sistema médico, que nos considera una execrable patología que hay que reconducir a la normalidad heterosexual; lucha contra los empleadores, que se desmayan cuando el DNI contraviene la imagen que tienen ante los ojos pero no sienten pudor de la explotación que ejercen, de la contratación en negro, etcétera; lucha contra los poderosos medios de comunicación, que lucran con nuestra apariencia fortaleciendo un estereotipo cada vez más alejado de lo que somos. 

El 19 y el 20 pudimos incluso cantar contra la burocracia sindical. Cuando Moyano exclamó díganme de todo menos puto, las travestis le contestamos desde la plaza dígannos de todo menos Moyano. En fin, la lucha diaria de las travestis contra los Estados que sólo nos sitian compulsivamente en la binariedad varón-mujer. El 19 y el 20 de diciembre las travestis nos reunimos en los piquetes de cada una de nuestras esquinas y calles, nos sumamos a las largas filas de gente autoconvocada a la Plaza de Mayo.

Un año después volvimos a esa plaza a conmemorar la histórica gesta de diciembre y cabe ahora un breve balance. Si las travestis hemos levantado como bandera la lucha por el esclarecimiento y el repudio de los asesinatos de Kosteki y Santulón (2) y de todos aquellos que fueron víctimas de la represión de diciembre, quiere decir que las banderas de los/as piqueteros/as son las nuestras y las de los 18 millones de pobres también: ¿cuándo, entonces, nuestras demandas serán encarnadas por todos estos grupos rebeldes a cuyas voces unimos las nuestras? Los beneficios del Estado, sus planes sociales y donativos, no nos llegan; no somos jefes ni jefas de hogar, según las definiciones establecidas; no abortamos, pero reivindicamos el derecho de las mujeres a hacerlo; no hay puestos de trabajo dignos para nosotras, y sólo la amenaza de juicio o de denuncia persuade a instituciones como la escuela a aceptarnos en sus aulas. La lista puede continuar. 

Las jornadas del 19 y el 20 de diciembre se sumarán a nuestra ya larga lucha. Desde las oscuras calles de la prostitución, desde las villas más devastadas, desde el movimiento piquetero, desde la protesta estudiantil, desde el campo de los derechos humanos, desde los partidos políticos, las travestis seguiremos tejiendo nuestra rebeldía para conseguir un mundo gobernado por la paz, la equidad y la justicia, sin opresiones de ningún tipo. 

*

Este texto es un extracto de “Un itinerario político del travestismo” publicado originalmente en Diana Maffía (comp), Sexualidades Migrantes. Género y Transgénero , Buenos Aires, Feminaria Editora, 2003. ISBN 987-9143-05-1 . Reedición, Ed. Librería de Mujeres/Feminaria Editora, 2008. ISBN 978-987-20555-7-8

(1) Los edictos policiales prohibían vestirse con ropas del otro sexo, y reprimían específicamente a las travestis.

(2) Se trata de dos militantes populares de los llamados piqueteros, asesinados brutalmente por la Policía durante la manifestación. 

Fuente: Anfibia

19 y 20 de diciembre de 2001: Veinte 

años después, Casación confirmó 

las condenas por los asesinatos y 

los heridos

Por Irina Hauser, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. 

La Sala I de la Cámara de Casación Penal ratificó las penas por los homicidios de Gastón Riva, Carlos «Petete» Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, además de las decenas de heridos. El tercer condenado es Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de la Policía Federal.

La Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas por los asesinatos y heridos del 19 y 20 de diciembre de 2001 contra Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, y Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de esa fuerza. Para los dos primeros las penas son de cumplimiento efectivo, por lo que se abre la posibilidad de que queden detenidos en un próximo paso, si presentan recursos extraordinarios y —como es previsible– el tribunal se los rechaza. La decisión judicial llega tras un reclamo de los familiares de las víctimas y sobrevivientes y cuando están por cumplirse veinte años de la represión que sucedió al estallido social. 

Mathov recibió finalmente una pena de cuatro años y tres meses de prisión y Santos de tres años y seis meses, ambas de cumplimiento efectivo. Para Gauderio el monto establecido es de tres años de prisión. El fallo lleva las firmas de Angela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Ellos mismos habían confirmado el año pasado las condenas establecidas por el Tribunal Oral Federal 6, cuando terminó en 2016 el juicio oral por los homicidios de Gastón Riva, Carlos «Petete» Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, además de decenas de heridos. Sin embargo, pusieron en cuestión los montos de las penas originales, mandaron el expediente de vuelta al tribunal y éste las redujo en seis meses. Todo el proceso estuvo plagado de tardanzas que hicieron que recién ahora quede firme la sentencia. 

«Ha sido fundamental que no bajáramos los brazos. Esta decisión de Casación significa que los responsables políticos de los asesinatos de nuestros compañeros vayan presos. Este es el próximo paso: no permitir que esto se siga dilatando. No es una expresión de deseo mía, es la decisión de un tribunal que los encontró culpables de dar las órdenes de reprimir a manifestantes desarmados y que dio lugar al asesinato de cinco personas en la Ciudad de Buenos Aires«, le dijo María Arena, viuda de Gastón Riva, a Página/12. «Me parece bastante reparador –agregó–, a pesar de que las condenas nunca pueden ser suficientes porque nadie nos va a devolver las vidas que teníamos, ni los hijos, ni los compañeros de vida, ni los hermanos que mataron, pero al menos es un poco de alivio, y nos permite empezar a sanar estas heridas tan fuertes de impunidad que llevamos desde hace veinte años».

Sebastián Giannetti, de la Comisión familiares y amigos/as de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que en ese entonces era militante del sindicato de Independiente de Mensajeros y Cadetes (Simec), se siente contento. «Otra sensación que tengo es que la lucha en la calle vale la pena«, comentó.  

«Pronto Santos y Mathov deberían empezar a cumplir sus respectivas penas porque son de cumplimiento efectivo», señaló Rodrigo Borda, abogado Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a María y a la familia de Diego Lamagna. También explicó que, a juzgar por una resolución que ya tomó la Corte Suprema ante un planteo de otro de los condenados, Raúl Andreozzi, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, al rechazar una presentación que ponia en cuestión la sentencia del TOF 6, las condenas ya deberían considerarse firmes. Andreozzi está condenado a tres años, que es una pena de cumplimiento condicional. 

Si bien el nuevo fallo de Casación es técnico y reiterativo, vuelve a quedar de relieve y a ser reforzado el reconocimiento de la responsabilidad penal de las autoridades políticas por la orden de reprimir la protesta social. Repasa, para eso, algunas de las afirmaciones de la sentencia del TOF 6 como la que señala respecto de los condenados que ocupaban «lugares de relevancia en los que se espera una seria reflexión antes de tomar decisiones que afecten la seguridad y la integridad física de las mismas personas que se comprometieron a cuidar a la hora de asumir sus funciones y, particularmente, de la especial formación teórica y práctica que poseen y poseían al momento de los hechos y que les permitía y exigía una reflexión sobre las consecuencias de su actuar y las posibilidades de una conducta alternativa que no ponga en peligro la vida e integridad física de los ciudadanos”. 

«La conducta de los funcionarios públicos debe ser examinada con la mayor rigurosidad, no sólo debido a que del fiel cumplimiento de sus obligaciones depende la satisfacción de intereses superiores, sino por cuanto todo abuso funcional quiebra la confianza pública que merecen los actos de gobierno”, indica. 

Entre algunos de los conceptos que ya había dejado sentados la propia Casación en su fallo anterior, sostuvo: «Los resultados lesivos (muertes y lesiones) corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido.” Marcaba que la autoridad política tiene el deber de “evitar excesos por parte de la fuerza”. Otro aspecto importante que había contemplado la sentencia del TOF 6 advertía que la declaración de estado de sitio no habilita la violencia estatal.

La semana pasada junto con el reclamo de familiares y víctimas en la puerta de Comodoro Py, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia presentó ante Casación un escrito pidiendo una resolución urgente en la que advertía que, si continuaba la demora, Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional por violar el plazo razonable. Es difícil entender cuál sería el aspecto razonable de veinte años de espera.

Cinosi, la mano derecha de Luis 

Almagro y acusado de ser agente 

de la CIA, actúa como un operador 

clave de Manzur

Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.

foto: Cinosi sentado detrás de Almagro.

El empresario, que pasa largas horas en el despacho de la Jefatura de Gabinete, juntó al presidente del PJ bonaerense con Luis Almagro.

Luego de tomarse licencia como intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, viajó a Estados Unidos para sellar un acuerdo -en representación de su municipio- con la Organización de Estados Americanos (OEA).

El intendente, presidente del PJ bonaerense hasta que asuma Máximo Kirchner el próximo sábado, se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la sede de esa entidad en Washington DC.

Detrás de la movida estuvo nada menos que el empresario argentino Gustavo Cinosi, un hombre que en otro tiempo fue muy cercano a Carlos Zannini y que ahora se convirtió en la mano derecha de Almagro, un enemigo acérrimo de los gobiernos progresistas de América Latina.LPO DAILYAl suscribirte aceptarás recibir el newsletter de La Política Online. Te podés desuscribir cuando quieras

El sinuoso rol de un hombre de Zannini y mano derecha de Almagro 

Pero lo curioso es que Cinosi pasa largas horas en el despacho de Luis Manzur en la Casa Rosada. Siempre se vinculó a este polifacético empresario a la CIA y hasta a la DEA. Pero en lo concreto, es uno de los dueños del hotel casino Sheraton de Tucumán y también está vinculado al juego, aunque su principal capital son los vínculos personales que tiene en el mundo de la política y los negocios.

Cinosi, un hombre que en otro tiempo fue muy cercano a Carlos Zannini y que ahora se convirtió en la mano derecha de Almagro, un enemigo acérrimo de los gobiernos progresistas de América Latina, es visto con frecuencia en el despacho de Manzur.

En la historia reciente es recordada además su aparición en la fallida negociación de «privados» ligados al kirchnerismo con los fondos buitres.

En el casino de Tucumán es socio de la familia D´Alesandro, ex socios de la compañía cordobesa Arcor y también de Vicente di Loreto, el CEO de la compañía Codere.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Cinosi ocupó un papel relevante en una movida orquestada por el gobierno de Estados Unidos para que Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú, firmen un pedido a la OEA para que ese organismo suspenda a Venezuela por «la ruptura del orden democrático».

Luis Almagro y Gustavo Menéndez.

Por esos días de 2018, Cinosi aceitaba además su intenso lobby judicial y logró encabezar la entrega de un «premio» de la OEA al entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por su trabajo en defensa del ambiente. Se trataba en rigor de los polémicos seguros ambientales por los que la diputada Elisa Carrió denunció en su momento al juez.

Cinosi aparece en la foto con corbata roja, junto al intendente de Merlo y Almagro, quien supo ser canciller uruguayo durante la presidencia de Pepe Mujica, para luego de asumido en la OEA practicar un alineamiento total con las políticas para la región de Donald Trump. 

En el encuentro de este lunes en la OEA, el intendente Menéndez firmó un convenio para «fomentar la alfabetización digital, incentivar la conectividad educativa y de la sociedad», según informaron desde el municipio de Merlo.

En un comunicado que difundió el Municipio se enumeran distintas acciones previstas en colaboración con la OEA, como las de implementar programas de cyber seguridad, así como la modernización digital del municipio de Merlo.

«Este acuerdo nos permite introducirnos en una agenda digital moderna, agregando conocimientos y tecnología, que al momento no tenemos y por generosidad y gestión del Secretario General de la OEA Luis Almagro, hoy se nos presenta esta gran oportunidad para Merlo y otros municipios del país», dijo Menéndez en la firma del convenio.

fuente: La Política on Line

Jujuy: En conferencia de prensa de 

Radio Pueblo denunciaron la infiltración 

policial sufrida durante tres años

Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. 

Conferencia de prensa de Radio Pueblo desde Jujuy para brindar más detalles y la denuncia de la infiltración que sufrió el medio durante 3 años por parte del Gobierno de Gerardo Morales, un hecho que se enmarca en una de las tantas maniobras persecutorias por parte del gobierno provincial a quienes formamos parte del campo popular.

Reproducimos a continuación el comunicado de la RNMA difundido ayer:La RNMA repudia la inflitración de un Servicio de Inteligencia del Gobierno de Morales en un medio de nuestra organización

Se trata de Ezequiel Rodrigo Rosales, designado “oficialmente” en el año 2019 como Agente de la planta de personal permanente de la U de O 2A “Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad. Esta tarea la cumplía desde el 2015. Por eso, según figura en el Boletín Oficial de Jujuy N°18- 11 de 2019, el nombramiento se realizó llamativamente con “retroactividad al día 10 de junio del año 2015”. La infiltración en el Colectivo Radio Pueblo, integrante de la RNMA, comenzó en el 2018 cuando Rosales cumplía tareas de inteligente de forma no oficial.

Durante los últimos tres años fue construyendo lazos políticos y personales con integrantes de la radio y de organizaciones sociales bajo la fachada de comunicador popular “comprometido” con las luchas sociales.

En su rol de corresponsal de prensa de la radio, brindando un número de DNI falso para la credencial de prensa que se le entregó en 2019, participó de coberturas de diferentes marchas, actividades y reuniones donde las organizaciones definían líneas de acción.

Como si esto fuera poco, a mediados de 2021, dos integrantes de la Biblioteca Popular Niños Pájaros y Aji 20 – espacios que dieron origen al proyecto comunicacional de Radio Pueblo – fueron judicializadas en una causa armada, en el marco de la persecución del gobierno de Gerardo Morales contra las organizaciones populares provinciales.
Este mecanismo de infiltración es moneda corriente en la provincia de Jujuy. Basta un ejemplo de hace solo unos días. El pasado 2 de diciembre, la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD) convocó a una movilización en el marco de una medida de lucha nacional y provincial junto a otras organizaciones. Durante la realización de una asamblea en el lugar, dos personas advirtieron la presencia de una mujer perteneciente a la policía, de civil y con una bandera del Frente Educativo Docente Carlos Fuentealba (orgánico a la ATD) en sus manos. Rita Narvaez – al menos así figura en las redes sociales – había estado en conferencias de prensa anteriores, filmando con su celular.

Los medios alternativos, comunitarios y populares tenemos una lógica periodística diferente a la que manejan los medios tradicionales, lo cual genera un vínculo de confianza y trabajo solidario que permite que los/as militantes vean nuestra labor a la par de sus luchas y necesidades.

Esta infiltración en el Colectivo Radio Pueblo, es una infiltración a las organizaciones sociales, una modalidad que tiene décadas y que los sucesivos gobiernos no han desterrado. Es hora de que este tipo de acciones represivas desaparezcan de la Argentina.

Exigimos al Gobierno de Morales que dé explicaciones, a la Justicia que esclarezca la situación y a las organizaciones del campo popular que acompañemos y nos solidaricemos con Radio Pueblo que hoy se enfrenta a esta terrible situación.

Argentina, diciembre de 2021

Úrsula Bahillo: condenaron a perpetua 

al ex policía; Matías Martínez

Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre, 2021. 

El ex policía Matías Martínez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja Úrsula Bahillo, la joven de 18 años a quien asesinó en febrero de este año de 15 puñaladas, en Rojas, provincia de Buenos Aires. 

El veredicto estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal 1 de Junín, que dictó la pena en consonancia con los pedidos de la querella y la fiscalía, que coincidieron en pedir perpetua para el ex policía por el homicidio doblemente agravado.

Martínez llegó al juicio detenido, dado que está privado de la libertad desde el 8 de febrero, cuando fue aprehendido por el femicidio. En ese momento, el ahora condenado aseguró que había asesinado a Bahillo de 15 puñaladas en defensa propia, porque la joven había intentado atacarlo.

Un femicidio anunciado, una Justicia sorda

Martínez cometió el femicidio el mismo día en que, según consta en los oficios policiales, la justicia de Paz de Rojas finalmente había ordenado vía correo electrónico que el municipio otorgara el botón antipánico a Bahillo pero nadie abrió el e-mail esa jornada. El dispositivo jamás fue entregado.

Luego del crimen, amigas de la joven dieron a conocer por redes sociales una serie de audios y mensajes en los que Ursula relataba a amigas amenazas y episodios de violencia a los que la había sometido Martínez.

«Me dijo que me iba a matar», «no aguanto más», «tengo mucho miedo», «me arrancó todos los pelos» y «me re cagó a palos», son algunas de las frases que la joven contó en un mensaje de audio enviado a una amiga el 16 de noviembre del año pasado.

La adolescente fue hallada el 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Esa misma noche fue detenido Martínez, quien presentaba lesiones auto provocadas por las cuales quedó internado. Días después, se conoció, además, que el policía tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: «Si me trasladan tiro una bomba.»

Oficialmente ñoqui: Milei faltó a su 

primera reunión y las redes se 

hicieron un festival

Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre, 2021. 

Después de tanta campaña, de hablar de «los zurdos», «los vagos» y «los que viven del Estado sin trabajar», hoy era el día del debut como diputado. Pero Javier Milei no tuvo mejor idea que pegar el faltazo en lo que debería haber sido su primera actividad como legislador: la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja para discutir el Presupuesto 2022 en el marco de la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En efecto, el polémico dirigente libertario, economista en teoría , alegó «razones personales» y viajó a Rosario a participar de una charla organizada por una youtuber de su partido, junto a otros polémicos personajes como el «Presto». Por supuesto, en las redes no dejaron pasar el dato y le facturaron al ex arquero de las inferiores de Chacarita su contradicción.

Denuncian que la policía de Santa 

Fe dejó en coma a un joven al 

detenerlo

Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.

La policía santafesina detuvo a un chico de 17 años, por razones que no le explicaron a su familia. Les dijeron que lo iban a llevar a una dependencia para menores. Sin embargo, nunca llegó: terminó en el hospital de Cullen, al cuál entró en estado de coma. 

Se trata de Agustín Alexis Altamirano. Todavía nadie le explicó a su madre por qué la policía de Santa Fe detuvo a su hijo. Tampoco contaron dónde estuvo Agustín durante las siguientes cuatro horas, hasta el momento en que un patrullero lo dejó en el hospital José María Cullen. Cuando llegó, ya estaba en coma. Pasó así una semana, y luego empezó a despertar. Por el momento, se encuentra intubado.

Tampoco contaron dónde estuvo Agustín durante las siguientes cuatro horas, hasta el momento en que un patrullero lo dejó en el hospital José María Cullen. Cuando llegó, ya estaba en coma.

Mónica Medrano, la mamá de Agustín, contó: “Lo paraban siempre, como hacen con los chicos ahora, y siempre le pegaban“. En declaraciones a Tiempo Argentino, agregó: “Yo le decía que no les grite, que no les diga nada”. A Agustín lo detuvieron el sábado 4 de diciembre, momento en que Medrano no se encontraba en la ciudad. Según declaraciones de un testigo, los policías le golpeaban la cabeza mientras lo detenían. Finalmente, lo metieron en un patrullero y se fueron con él. 

Lo ingresó el patrullero en coma, no lo llevó una ambulancia”.

Cuando el tío del menor detenido fue a buscarlo a la Comisaría Octava, le dijeron que Agustín no se encontraba allí. Luego, cuando lo buscaron en la prisión juvenil, tampoco lo encontraron. Allí les dijeron que nunca llegó al centro de detención, sino que estaba en el hospital Cullen. Una vez allí, finalmente, le contaron a su familia que el adolescente se encontraba en coma. “Lo ingresó el patrullero en coma, no lo llevó una ambulancia”, contó su madre. Siguió: “El martes, empezamos a ver que tenía golpes en la cabeza”.

Lo paran a las 8 de la mañana, entra 12:45. ¿Las otras horas, donde estaba?”.

“Cuando fuimos a pedir una explicación -relató Medrano- dicen que nunca llegó a la Octava”. Por eso, reclamó “saber dónde estuvo las cuatro horas antes de estar en el hospital”. “Lo paran a las 8 de la mañana, entra 12:45. ¿Las otras horas, donde estaba?” se preguntó la mujer. El adolescente ya estuvo detenido por drogas en dependencias juveniles, por lo que estaba bajo un regimen de libertad asistida. “Hacía dos meses que no se drogaba y no sé por qué fue la detención ahora” planteó la madre.

Este caso se suma a una serie de hechos de violencia institucional que tuvieron una importante repercusión: el de Lucas Gonzáles, asesinado por la Policía de la Ciudad, y el de Luciano Olivera, de Miramar, que murió a manos de la Bonaerense.

Más tensión con el FMI: por ahora,

no habrá quita de sobretasas

Por Marcelo di Bari, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.

El Directorio Ejecutivo postergó sin fecha la eliminación de los recargos que le cuestan al país unos U$S 1.000 millones anuales.

El Fondo Monetario Internacional dilató una resolución sobre la quita de los sobrecargos a los países que tienen elevada exposición crediticia con esa entidad. La cuestión iba a ser tratada el último lunes en la reunión del Directorio Ejecutivo, pero no hubo resolución y quedó pendiente para más adelante.

Según trascendió extraoficialmente (no hubo comunicado oficial), en la reunión sólo se examinó la situación sobre los “balances precautorios”, una reserva que tiene el organismo precisamente para preservar sus finanzas si se producen pedidos extraordinarios de ayuda por parte de los países miembros.

La postergación del tema parece una elíptica respuesta a los reclamos de Argentina, el país más endeudado con el FMI, ya que debe U$S 44 mil millones del stand by de 2018, y por tanto el que más sufre por los sobrecargos. Como su deuda supera el límite fijado (187% de la cuota asignada al país según su aporte de capital), paga 2% anual extra por esos montos y 1% anual adicional por aquellos que llevan más de 36 meses en ser cancelados. Esa diferencia ronda los U$S 1.000 millones anuales.

Por esa razón el gobierno argentino había sido uno de los más enfáticos en la necesidad de modificar esas reglas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, vino planteando insistentemente la cuestión en las últimas reuniones internacionales, a tal punto que logró el apoyo en ese sentido del G-20 (que emitió una declaración pública durante la cumbre realizada en Roma durante el mes de octubre) y los líderes de las principales potencias europeas.

Las dilaciones sobre el tema parecen un mensaje directo hacia Argentina, que pese a la voluntad manifestada por las principales figuras del gobierno (desde el presidente Alberto Fernández para abajo) de llegar a un acuerdo por la refinanciación de su deuda, en las últimas semanas viene cosechando desaires. El último viernes, en un comunicado, el staff técnico pidió “más precisiones” y volvió a reclamar “un amplio apoyo, tanto domésticamente en Argentina como dentro de la comunidad internacional” antes de suscribir un nuevo programa.

Algunos rumores atribuyen las trabas en la negociación al “golpe blando” que sufrió Kristalina Georgieva hace unos meses, cuando su continuidad como directora gerente del FMI estuvo en duda después de una denuncia sobre supuestas presiones para adulterar informes en favor de China cuando era funcionaria del Banco Mundial. Desde entonces, el “ala dura” del Fondo, en la que entre otros se engloban Estados Unidos, Alemania y Japón, habría tomado mayor peso en decisiones estratégicas como la de encarrilar o no el acuerdo con Argentina. Allí se incluye la reticencia a eliminar las sobretasas y también el rechazo tajante del organismo a cualquier plazo mayor a los diez años para devolver el capital adeudado.

Llamativamente, en un reportaje publicado este martes en El Cronista, el embajador japonés en Buenos Aires, Takahiro Nakamae, insistió en “la necesidad de un programa firme y sólido” y que ese programa “apoye la reforma estructural de manera firme”. Al mismo tiempo exigió la firma de acuerdos de promoción de inversiones y rebajas impositivas para empresas de su país en Argentina, como si esa fuera la condición de Japón para dar su voto favorable en el FMI.

Envio:RL