El Gobierno presentó la denuncia
La "Gestapo" macrista contra los gremios: Cristina Kirchner identificó a los jefes de la AFI que participaron
"¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?", se preguntó la vicepresidenta. Uno de los espías es el mismo que operó para encarcelar a Moyano.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Cristina Caamaño, presentó este lunes una denuncia en la Justicia para que se investigue a empresarios y funcionarios del gobierno de la exmandataria bonarense, María Eugenia Vidal, que formaban parte de una mesa judicial que promovía el armado de causas para terminar con los sindicatos, tal como adelantó Página/12.
En diálogo con este diario, Caamaño opinó acerca del papel que jugó el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, con quien los exfuncionarios aseguraban tener "todo arreglado": "Conte Grand, el mismo que hace quince días fue fotografiado con el expresidente Mauricio Macri, es parte de esa mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, como otros fueron parte de la mesa judicial de Nación. Se trata de la mafia de Vidal y del Lawfare que ataca, en este caso, a los sindicatos", sostuvo la interventora.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó al Poder Judicial a accionar frente a las "mesas" y "asociaciones ilícitas" del macrismo: "¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?", aseguró. El presidente Alberto Fernández compartió una publicación de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que, en esa línea, sostuvo: "el estado de derecho debe regir para todas y todos, más allá de su ideología o accionar".
La vicepresidenta también develó la identidad de dos participantes que no habían sido identificados: Sebastián De Stefano, exdirector de asuntos Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, cuñado y exjefe de gabinete de Silvia Majdalani, exsubdirectora del organismo.
De Stefano --el hombre de Daniel Angelici en la exSIDE-- es quien en agosto del 2018 visitó al Juez Luis Carzoglio de Avellaneda --que luego fue suspendido--, para pedirle que firme una orden de detención contra Hugo y Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros. Además, era el encargado del armado de un sistema judicial que permitía a la AFI de Macri montar seguimientos e intervenir teléfonos. También fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens la semana pasada. En la actualidad, el exdirector de asuntos Jurídicos forma parte del directorio de Sbase, la empresa de CABA que tiene a su cargo el Subterráneo.
El tercer integrante de la mesa, del que hasta ahora solo se sabía el nombre de pila, según supo este diario podría tratarse de Diego Dalmau Pereyra, quien fue el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Macri y que había sido procesado a principio de este mes por el juez federal Martín Bava por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Todos en la misma mesa
Sobre la denuncia que cayó en manos del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata Nro 3, la vicepresidenta indicó: "ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI, todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri y Vidal?". El Presidente, en palabras de Cerruti, expresó que "la sola mención de una 'Gestapo para terminar con el sindicalismo' recuerda las peores épocas de este país", haciendo referencia a los dichos del exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.
La vocera presidencial indicó que "deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación para corroborar si era un modus operandi del anterior gobierno realizar espionaje ilegal sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos".
Caamaño, en tanto, explicó a Página12 que, si bien es algo que deberá averiguar el Juez, para ella se trató de "una manera de comprometer a todos los que formaron parte de esa mesa. El expresidente Macri mandaba a filmar eso porque si en algún momento alguno quería sacar los pies del plato, lo tenía agarrado y con la soga al cuello por haber participado de una reunión donde se habló de exterminar a los gremios y los participantes no se opusieron". "Era una mesa de provincia de Buenos Aires, pero Nación --de quién dependía la AFI-- estaba monitoreando", opinó la interventora.
Juntos en silencio
En la cúpula de Juntos el silencio sobre el tema es total. Según informaron voceros del macrismo tampoco se hizo mención de la causa en la reunión partidaria que tuvieron este lunes. Desde el entorno de la exgobernadora dijeron a Página/12 que Vidal "por el momento no va a hablar". "Hay un montón de reuniones y es imposible poder estar al tanto de todo", justificaron. Además, sus colaboradores opinaron que "no se trató de una mesa judicial porque no había miembros de ese Poder". "Fue una reunión en una oficina pública y abierta, a la que invitaron a las empresas. Villegas, que aparentemente coordinó esas reuniones, tendría que dar explicaciones".
Acerca de los acuerdos que los funcionarios decían que tenían con el Poder Judicial insistieron con que "Villegas tiene que explicar a qué se refería. Puede haber querido transmitirles tranquilidad a los empresarios". "Sería fantástico que Villegas explique mediáticamente o en la Justicia, porque nadie en su sano juicio dice eso", dijeron sobre las ideas del ministro de crear una Gestapo para perseguir sindicalistas.
"En la charla dicen que está todo arreglado con el procurador, con la fiscalía y con el juez, y aclaran que han tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarse eso. La gente tiene que darse cuenta que la derecha neoliberal es esto y que a la corporación judicial, como lugar de privilegio, también le gusta jugar de ese lado: con el establishment, con los políticos de derecha y con los medios de comunicación hegemónicos", concluyó Caamaño.
Teresa García pidió la renuncia de Conte Grand
Repudios a la mesa judicial bonaerense y su "Gestapo antisindical"
Tras la denuncia de la AFI a empresarios y exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre los que estaba su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien en una reunión en 2017 aseguró que había que "tener una Gestapo para terminar con todos los gremios", funcionarios y referentes del Frente de Todos, la CGT y organizaciones de la comunidad judía en Argentina repudiaron lo sucedido. La presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores bonaerense, Teresa García, pidió que el procurador Julio Conte Grand "de un paso al costado".
"Julio Conte Grand, ¿sigue usted en funciones? Su continuidad al frente de la Procuración General de la PBA compromete seriamente la confianza en las instituciones públicas y en el poder judicial. Haga su aporte y de un paso al costado", pidió la senadora la renuncia.
"Es gravísimo. Siendo diputado me tocó presentar la primera denuncia de la mesa judicial cuando entraban al despacho de Macri en Casa Rosada y a Olivos a jugar al paddle. Son los mismos camaristas de casación que hoy se siguen excusando", aseguró el ministro de Justicia, Martín Soria. "No solo espiaban a sus familias, a sus colegas, sino también a periodistas, dirigentes de la oposición. Espiaban a las víctimas de la AMIA y Macri fue procesado por eso. Más tarde espió a los familiares de las víctimas del Ara San Juan", agregó.
El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, opinó que "acciones como estas están severamente penadas por la ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente".
Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia, agregó que "la existencia de una mesa judicial recuerda las prácticas de la dictadura".
La CGT también mostró su repudio: "Este tipo de maniobras se alejan de las prácticas democráticas que necesitamos para construir un país donde la división de poderes sea un valor importante. Los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales", indicaron.
La DAIA, que en 2012 había entregado un reconocimiento a Villegas por su "permanente compromiso con la diversidad empresaria" cuando era director de Telecom, repudió sus dichos al asegurar que "la descalificación al eventual adversario político manifestando añoranza por la Gestapo además de ser brutal, banaliza de modo inadmisible la Shoá".
El Llamamiento Argentino Judío expresó que "las palabras de Villegas trasuntan lo que la derecha argentina piensa y que sólo enuncia cuando se encuentra en confianza entre semejantes: desprecio hacia los trabajadores, hacia sus organizaciones gremiales y valorizaciones inequívocas hacia todas las versiones opresoras y fascistas que han existido en la historia".
La filmación de la mesa judicial bonaerense demuestra que el espionaje era una política del macrismo
La Gestapo y la mentira de los cuentapropistas: Mauricio Macri en el centro del armado de causas
Se terminó la farsa de los cuentapropistas. La filmación de la reunión entre funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hombres de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción revela la trama de cómo se armaban causas y se hacía espionaje ilegal contra cualquier opositor al macrismo en territorio nacional y en territorio bonaerense. No era obra de marginales que actuaban por las suyas.
Todo partía desde la Casa Rosada: la AFI, que comandaba Gustavo Arribas, el amigo íntimo de Mauricio Macri, aparece con un papel principal en la mesa ansiosa por tener una Gestapo. Ahí están sentados “El Enano” Juan Sebastián De Stefano y Darío Biorsi, dos altísimos cargos de la central de espías. A su lado los funcionarios de Vidal y los empresarios. En este caso, el objetivo fue el Juan Pablo "Pata" Medina, pero en otros casos Roberto Baradel, Fernando Espinoza, Verónica Magario, Daniel Scioli o su exjefe de Gabinete Alberto Pérez. Y, por supuesto, los Moyano, Hugo y Pablo.
Esa filmación --hallada por la gestión de Cristina Caamaño en la AFI-- exhibe también que el expresidente mandaba a espiar a los dirigentes de su propia fuerza. Porque la cámara puesta en la sala de reuniones de una sede del Banco Provincia le servía a la AFI para saber en qué andaban sus aliados, si apoyarían su candidatura presidencial o si lanzarían el llamado Plan B, que era postular a Vidal para la Presidencia. Eso explica que los espías del grupo autodenominado Super Mario Bros seguían a Diego Santilli, le plantaron una empleada doméstica dentro de la casa; vigilaban y le sacaron fotos a Horacio Rodríguez Larreta y hasta “caminaron”, como se dice en el argot del espionaje, a Florencia, la hermana menor de Mauricio. La Cámara Federal macrista les salvó las papas a Macri y Arribas diciendo, de hecho, que los agentes eran cuentapropistas que actuaban por la suya, para vender la información o extorsionar. ¿A la hermana de Macri? ¿al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones? ¿A quién le podía importar esa información si no al propio Mauricio?
Pero la filmación de los ansiosos por tener una Gestapo demuestra que no existía cuentapropismo alguno porque la grabación apareció en una computadora de la AFI y porque a la mesa están sentados hombres clave de la central de espías. No es que las imágenes las tenían en sus celulares unos lúmpenes que, igualmente, usaban autos de la AFI y tenían como cabecera la base de Citefa, en Villa Martelli, una de las sedes históricas de la exSIDE. No, la grabación estaba, borrada, en un disco rígido de uno de los edificios principales de la AFI.
El 20 de junio de 2020, este diario publicó parte de la trama, denunciada en La Plata ante la fiscalía de María Cecilia Corfield. Como es obvio, el aparato judicial bonaerense, dominado por el procurador macrista Julio Conte Grand --el mismo que almorzó hace unos días con el expresidente y fue sorprendido y fotografiado-- no avanzó ni un milímetro en la investigación. Ya en ese momento, Página/12 contó que se hicieron informes económicos y de Migraciones sobre Baradel, Espinoza, Magario, y hasta del club de futsal en el que jugaba Daniel Scioli. Nunca con orden judicial, siempre espionaje puro y duro. En total, se encontraron 40 mil registros del sistema Gnosis y, además, una enorme cantidad de órdenes de intervención de los celulares. El entonces jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, incluso denunció que hubo un intento de extorsión a quien fuera su chofer: le exigían que declarara en contra de Pérez a cambio de silenciar que, supuestamente, tenía un terreno sin los papeles en regla.
Todos estos hechos exhiben la misma matriz: el gobierno de Macri, con sucursal en el de Vidal, se dedicaba a espiar, armar causas y operaciones contra cualquier opositor y también contra los propios. Como no podían exhibir logros económicos, sus estrategias centrales eran dos:
* Por un lado, denunciar y alimentar a los medios amigos, fabricantes de indignaciones.
* Por el otro lado, vigilar a los propios, marcarlos de cerca y, seguramente, "carpetearlos" si fuera necesario.
Las idas y vueltas en las guerritas del espionaje saltaron a la luz cuando la AFI armó lo que se llamó el Proyecto AMBA, estableciendo seis nuevas bases en el conurbano: Ezeiza, Quilmes, La Matanza, Haedo-Morón, San Martín y Pilar. El objetivo supuesto era monitorear marchas, movimientos sociales y hasta comedores comunitarios. Pero como ocurrió siempre, el macrismo usó para el espionaje a policías, sin ninguna experiencia en inteligencia y nada acostumbrados a guardar secretos. De manera que se mandaban las filmaciones, las guardaron en sus celulares para vender la información o para extorsionar en algún momento. Al mes, todo voló por los aires: los policías bonaerenses exigían que salieran de la cancha los intrusos enviados desde la AFI. Nada de pisarse los callos ni compartir “negocios” y “recaudación”.
El colmo del espionaje desatado y la persecución descontrolada se produjo cuando dos altos funcionarios de la central de espías --uno de ellos, el mismo De Stéfano que aparece en esta filmación-- fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que metiera presos a Hugo y Pablo Moyano. La base fue una causa armada en Lomas de Zamora por un hijo dilecto de Conte Grand. Los jefes de la AFI fueron al juzgado de Avellaneda con la resolución redactada y Carzoglio sólo debía firmar. De Stefano fue acompañado por Fernando Di Pasquale, responsable financiero de la central de espías, lo que hace suponer que también pensaron en hacerle una oferta económica al juez. Lo cierto es que el magistrado se negó a firmar y el macrismo lo hizo suspender por sumarios viejísimos que no tenían nada que ver. Espionaje y extorsión.
Las pruebas de todas esta trama son abrumadoras y ahora se reafirman con la filmación. Impresiona la melancolía por una Gestapo --policía secreta que secuestraba y asesinaba-- que vaya contra los sindicatos. Pero no puede perderse de vista quiénes estaban sentados a la mesa y la grabación clandestina en sí misma. Es evidencia de que el espionaje y la persecución eran una política del macrismo, no obra de cuentapropistas sin control.
El fiscal Juan Pablo Curi requirió que la causa en la que está procesado el expresidente pase a Comodoro Py
Espionaje ilegal: Una solicitud de la fiscalía a tono con los pedidos de Mauricio Macri
La medida incluye a la llamada causa Proyecto AMBA y a la investigación por espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Para la abogada querellante Valeria Carreras, es "la sentencia de muerte de la causa".
Después de que la Cámara Federal de Casación Penal le sacara al Juzgado de Dolores la causa de espionaje que tiene al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli como principales imputados, la fiscalía de esa jurisdicción pidió que también las causas vinculadas se muden a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires: entre ellas, nada menos que la causa por espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, en la que está procesado Mauricio Macri.
Al igual que la decisión de Casación, el pedido realizado por el fiscal Juan Pablo Curi ante el juez de Dolores Martín Bava sigue al pie de la letra los requerimientos formulados el propio expresidente así como por sus exfuncionarios involucrados. Además de la causa por el ARA San Juan, la solicitud incluye al expediente sobre el llamado Proyecto AMBA, el despliegue de bases que la AFI realizó entre 2016 y 2017 en territorio bonaerense.
"El fiscal Curi siempre fue la voz de los que tienen voz y votos lamentablemente", dijo la abogada Valeria Carreras, querellante en la causa por espionaje a las víctimas del ARA San Juan. "Esta querella junto al otrora fiscal Adler apelamos la convexidad dictada por el juez de Mar del Plata Inchausti, pero no nos escucharon. Para esta querella, el dictamen de Curi es una sentencia de muerte. Mata toda esperanza de justicia al remitir la causa a Comodoro Py."
El fiscal Carlos Stornelli no se presentó en la indagatoria de Baratta y nadie le preguntó nada
Causa de los cuadernos: Cada vez más empresarios dicen que no pagaron coimas
Roberto Baratta presentó un escrito donde niega haber recibido dinero y asegura que casi no tenía relación con las obras. Varios empresario aseguran que el dinero del que se habla no eran coimas sino aportes de campaña. Baratta afirmó que las acusaciones fueron producto de la extorsión judicial.
El exnúmero dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta presentó este lunes un escrito al responder a un llamado indagatoria en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Un dato curioso es que, pese a que la declaración se anunció con bombos y platillos, el fiscal Carlos Stornelli no se hizo presente y nadie le formuló ninguna pregunta a Baratta, que estaba dispuesto a contestar por Zoom.
El exfuncionario debía responder por supuestos pagos que recibió de varios empresarios. No sólo negó haber recibido el dinero, sino que señaló que tenía poca o ninguna relación con las obras o las concesiones de esos hombres de negocios. A lo largo del texto que entregó, asistido por su abogado Alejandro Rúa, Baratta sostuvo que los dichos de los empresarios fueron producto de una extorsión, es decir que los metieron presos y los obligaban a declarar en contra del gobierno de Cristina Kirchner, pero que nunca aportaron ninguna prueba.
Una tendencia que empieza a aflorar en el expediente es que los empresarios empezaron a cambiar sus afirmaciones: ahora dicen que no pagaron coimas, sino que eran aportes para las campañas electorales. El intento es convertir lo que es el delito de cohecho --coimas-- en una infracción electoral. En varios casos, la iniciativa está prosperando.
Todo el proceso avanza con lentitud extrema. Sucede que entre los imputados hay muchísimos empresarios y ejecutivos de alto rango, aunque en una maniobra insólita, el aparato de Comodoro Py sacó de la acusación a los dueños y hombres claves de Techint, con el argumento de que pagaron coimas "por necesidad". Aún así, siguen apuntados muchísimos empresarios, una parte vinculados al macrismo y otros del llamado "club de la obra pública". Y, sobre la mesa, aparecen maniobras de todo tipo que tuvieron que ver con el inicio de la causa, incluyendo el hecho de que supuestamente los cuadernos fueron quemados y después apareció sanita una buena parte. Tal vez todo eso sustenta el diagnóstico de que no habrá juicio en 2022 y algunos creen que no puede haber veredicto hasta 2025 e incluso más allá.
Intimó a las prepagas para que cumplan con el acuerdo que tienen con los prestadores
El gobierno busca frenar el cobro de copagos a los afiliados de las prepagas
Las clínicas, sanatorios y hospitales anticiparon que reinstalarán el copago luego de que las prepagas les informaran que no les iban a aumentar el monto de lo que le transfieren por cada prestación. La Superintendencia de Servicios de Salud amenazó con sanciones si las prepagas no cumplen lo firmado.
El gobierno intervino este lunes para tratar de evitar que clínicas, sanatorios y hospitales comiencen a cobrarles un copago del 9 por ciento a los afiliados de las prepagas a partir de enero. La Federación Argentina de Prestadores de Salud anticipó el domingo que reinstalará los copagos luego de que las prepagas les informaran que no les van a aumentar el mes próximo el monto de lo que le transfieren por cada prestación, tal como estaba previsto. La Superintendencia de Servicios de Salud aseguró en respuesta a esa negativa que el aumento a los prestadores de salud por parte de las prepagas está contemplado en el acta acuerdo oficializada a través de la resolución 2125/21. Por lo tanto, amenazó con sanciones si las prepagas no cumplen. Este martes el gobierno recibirá a las empresas para tratar de alcanzar un acuerdo.
La Superintendencia autorizó a fines de julio cuatro aumentos del 9 por ciento para las empresas de medicina prepaga. Según consta en la resolución 2125/2021, los primeros tres aumentos se aplicarían de manera consecutiva y acumulada en los meses de agosto, septiembre y octubre; y luego habría una última suba en enero del año que viene.
Contando también las subas autorizadas de 3,5 por ciento en marzo, 4,5 por ciento en abril y 5,5 por ciento en mayo, las compañías terminarán por ajustar sus cuotas este año en 47,8 por ciento y con la suba de enero el ajuste llegará al 61,1 por ciento de aumento acumulado en menos de un año. Por otra parte, a principios de este año el gobierno otorgó 227,7 millones de pesos a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de diciembre respecto de marzo que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Las prepagas ya aplicaron los tres primeros aumentos autorizados a fines de julio y el mes próximo aplicarán el cuarto, pero hace algunas semanas le anticiparon a los prestadores que el 9 por ciento de aumento que les cobren a los usuarios no será utilizado para incrementar un 9 por ciento el monto que les pagan por cada prestación.
A raíz de ellos, los prestadores dejaron trascender que comenzarán a cobrar el prepago. Si la amenaza se concreta, los principales perjudicados serán los afiliados a las prepagas que el mes próximo deberán abonar un aumento de 9 por ciento y además comenzarán a pagar un copago de 9 por ciento por cada servicio que utilicen. De este modo, el aumento será doble ya que por un lado convalidarán la suba de las prepagas y por otro lado el copago de los prestadores cuando en realidad se suponía que el ajuste de las prepagas iba a darle respuesta también a los prestadores.
La Superintendencia dejó en claro este lunes por la tarde que busca evitar esa situación y anticipó que “dispondremos lo conducente a fin de aplicar las sanciones correspondientes con todas las herramientas vigentes y aquellas que la autoridad de aplicación defina”.
Por la mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había asegurado que de acuerdo a la ley de medicina prepaga, el cobro de copagos no necesita de una aprobación del Gobierno para ser instrumentado. No obstante, aclaró que el gobierno citó a las empresas para tratar de encontrar una solución al conflicto porque en los hechos el copago termina siendo como un aumento para los afiliados. "Lo que estamos tratando de hacer es de sentarnos con todos los actores que involucran este aumento para ver si podemos minimizar el impacto en la población", recalcó.
Una vez que se aplique la cuarta suba de 9 por ciento prevista para enero, una familia integrada por un matrimonio y dos hijos entre 6 y 12 años deberá destinar entre 11.711 y 33.577 pesos de sus ingresos a la medicina prepaga, dependiendo del tipo de servicio que contrate, de acuerdo al relevamiento del portal MiObrasocial. La cifra resulta exorbitante para muchos hogares y encima a esos valores podría sumársele un 9 por ciento adicional si finalmente se concretan los copagos.
Las prepagas insisten con que no están en condiciones de otorgarle una recomposición a los prestadores por el atraso que arrastran en la cuota. Sin embargo, al aumento interanual de 61,1 por ciento que terminarán percibiendo a partir de enero se le suma también el ajuste indirecto que las benefició en 2020, cuando la cuota estuvo prácticamente congelada. Todos los trabajadores aportan el 8,1 por ciento de sus salarios a las obras sociales que luego derivan a distintas prepagas. Por lo tanto, el aumento de los salarios les significó también un aumento en sus ingresos. Del total de la población argentina, 6 millones de personas utilizan servicios de medicina prepaga y de ese universo 4,8 millones utilizan aportes para pagar total o parcialmente la cuota. Apenas 1.2 millones de personas abonan la totalidad de la tarifa en forma particular.
La AFIP informó la actualización del 26 por ciento a partir del primero de enero de 2022
Cuáles son los nuevos montos de las categorías del monotributo
La modificación alcanzará tanto a los topes de facturación de cada categoría como a los montos de la obligación mensual. En la entidad recaudadora indicaron que las escalas para las categorías A, B y C, donde están 7 de cada 10 monotributistas, subirán más de 60 por ciento, lo cual incorpora un criterio de progresividad tributaria.
Los valores del monotributo registrarán una actualización del 26 por ciento a partir del primero de enero de 2022. La modificación alcanzará tanto a los topes de facturación de cada categoría como a los montos de la obligación mensual. En la entidad recaudadora indicaron que las escalas para las categorías A, B y C, donde están 7 de cada 10 monotributistas, subirán más de 60 por ciento, lo cual incorpora un criterio de progresividad tributaria.
A partir de las modificaciones y de las mejoras excepcionales introducidas al régimen simplificado por el Congreso a lo largo del año, los nuevos valores debieron calcularse utilizando la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021. La ley 27.639 estableció un incremento excepcional de las escalas de facturación sin considerar la movilidad jubilatoria que comenzó a regir a mediados de 2021.
La modificación fue diseñada con un criterio progresivo de aumento en los topes que beneficiaba más a las categorías más bajas. Por eso, los nuevos valores debieron calcularse utilizando la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021.
La actualización de las escalas arrojará así un incremento promedio ponderado por cantidad de monotributistas en cada categoría que asciende al 61,2 por ciento en el año. El resultado es que los umbrales de facturación registran una actualización promedio por encima de la inflación.
En detalle se precisó que, con los nuevos topes de facturación, los monotributistas registrados en las escalas más altas podrán facturar hasta 273.000 pesos por mes cuando se trate de la prestación de servicios (categoría H) mientras que aquellos pequeños contribuyentes dedicados a la venta de cosas muebles tienen la posibilidad de facturar hasta 388.500 mensuales (categoría K).
Detalle por categorías
La AFIP publicó en su portada un cuadro resumen de cómo quedan las distintas categorías. A partir de la actualización del 26 por ciento, los pequeños contribuyentes de la categoría A que hasta ahora abonaban una cuota mensual de 2646,22 pesos en concepto de los tres componentes del monotributo (salud, jubilación, impositivo) pasarán a pagar 3.334,24.
Mientras que el tope de facturación anual para la categoría A ascenderá de 370.000 a 466.000 pesos. En términos mensuales, podrán facturar en promedio hasta $38.850.
Para un monotributista de la categoría B que paga mensualmente 2.958,95, desde enero abonará 3.728,29 pesos. En cuanto a la escala, pasará de 550.000 a 693.000 pesos anuales y el monto máximo mensual ascenderá a 57.750 pesos.
Para los contribuyentes registrados en las categorías más elevadas -como la H- pasarán a pagar de 12.789,38 a 16.147,46 pesos de obligación mensual. El tope de facturación ascenderá a 3.276.011,54 anuales o 273.000 mensuales.
Reintegro
Mientras tanto, en los cambios que se anunciaron figuran que los monostribustistas que haya pagado a tiempo nueve meses de 2021 tendrán la posibilidad de recuperar un mes de sus obligaciones mensuales pagadas este año.
En la norma se precisan las condiciones para acceder a este beneficio, que está previsto para los pequeños contribuyentes que cancelan el monotributo a través de débito directo de cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Con esta medida se reduce de manera excepcional de 12 a 9 meses del año la condición para percibir el reintegro de un mes de obligaciones.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario