Jubilaciones: se prorrogó la suspensión del trámite de “fe de vida” para el cobro de haberes
Fue
oficializado a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín
Oficial que extendió la prórroga del trámite hasta el 28 de febrero de 2022,
por lo que los beneficiarios “no deben concurrir a los bancos para hacer la
gestión”.
30 DE DICIEMBRE,
2021
“Prorrógase la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago durante los meses de enero y febrero de 2022″, detalla la publicación.
En tanto, la prórroga que se estableció por primera vez el 19 de marzo del año pasado con el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 expiraba este viernes 31 de diciembre. Sin embargo, ante el alarmante aumento de casos y “con el objetivo de preservar la salud pública, debiendo las personas permanecer en sus lugares de residencia habitual, en especial los adultos mayores, siendo el grupo más vulnerable” se volvió a extender.
Fe de vida: jubilaciones y pensiones by Gimeluz Figueroa on Scribd
Fe de vida: Nuevas disposiciones
La resolución también definió que a partir del 1 de marzo de 2022, "los agentes pagadores son los únicos responsables del control de fe de vida" “a fin que los agentes pagadores arbitren los medios necesarios para su estricto cumplimiento, considerando que ha transcurrido el tiempo necesario para su implementación desde el dictado de la Resolución”.
“Los agentes pagadores son exclusivamente responsables del control de supervivencia, y deberán rendir como impagos cualquier liquidación que se haya acreditado en fecha posterior al fallecimiento del titular del beneficio, independientemente que los fondos hubieren sido extraídos de la cuenta, dará lugar al recupero de los mismos”, detalla.
En este sentido, se agregó que “los pagos que se verifiquen efectuados con posterioridad a la fecha del fallecimiento del beneficiario titular de un beneficio de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o una Pensión No Contributiva con acreditación en una cuenta bancaria, dará lugar a ANSES a debitar de la cuenta corriente de la entidad el importe correspondiente a la liquidación con más las comisiones percibidas indebidamente y la correspondiente multa”. Asimismo se aclaró que el archivo de novedades con las fechas de fallecimiento de los beneficiarios, que ANSES envía semanalmente a las entidades financieras, “es solo a título de colaboración”.
En la resolución firmada por la titular del organismo, Fernanda Raverta, también se dispuso que estas entidades “no podrán exigir la presencialidad de los jubilados y pensionados para realizar el trámite de actualización de fe de vida a partir del 1 de marzo de 2022″. Por último definió que los beneficiarios que se encuentran ausentes del país y que perciben sus haberes a través de la figura de Banco Apoderado deberán presentar el certificado de supervivencia semestral ante el “banco apoderado”, o ante la ANSES a través de los mecanismos previstos a tal fin, a partir del 1 de enero de 2022.
Fuente:ElDestape
Los hombres de la AFI macrista que se ven el video
Los espías y su rol en la persecución
Biorci, De Stefano y Dalmau Pereyra eran altos funcionarios de la exSIDE. El relato de cómo se harían los aprietes a gremialistas.
En los últimos días se dieron a conocer los nombres de las personas que aún faltaba identificar en el video que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la justicia federal para que se investigue el funcionamiento de la mesa en la que funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, junto a empresarios promovían el armado de causas judiciales contra el sindicalismo. Salió a la luz que tres de ellos eran altos miembros de la AFI macrista que conducía Gustavo Arribas. Se trata de Sebastián De Stefano, exdirector de asuntos Jurídicos; Darío Biorci, exjefe de gabinete de la agencia y Diego Dalmau Pereyra, primer director operacional de Contrainteligencia. Ese hallazgo, que evidencia que el espionaje ilegal macrista no se nutría de “cuentapropistas” sino que se trataba de un sistema aceitado, también permitió leer de otro modo las conversaciones y dejó en evidencia que los agentes de la AFI eran quienes coordinaban y organizaban las operaciones. Mientras el juez federal Ernesto Kreplak ordenó ayer una serie de allanamientos, desde el Gobierno se limitaron a seguir repudiando lo ocurrido, pero indican que no emitirán opinión al respecto ya que “todo lo debe resolver la Justicia”.
El mecanismo que tenían para actuar quedó perfectamente detallado por Biorci, que en el video explica el procedimiento con precisión: “En distintas obras, generamos distintas acciones. La acción se supone que va a generar una reacción por lo que ustedes están contando”, comienza. Luego, les pregunta: “¿Qué posibilidades tenemos, con absoluta sinceridad quiero que me contesten, de que alguno de sus asociados, no digo ustedes mismos que también lo pueden hacer o no, se presten a que podamos hacer un trabajo de cambiar en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante?”. “En el momento en que se hace esa parada a propósito generamos la reacción del sindicato. El sindicato va a ir a apretar, va a generar toda esta palabra que el ministro puso y nosotros los vamos a estar grabando”, les promete.
El objetivo era que los empresarios provoquen a la delegación platense de la Uocra –el sindicato elegido en esa ocasión– y que éste reclame, pare la obra y tener una excusa para realizar la denuncia judicial. Esas provocaciones podían ser, desde quitarles varios días las viandas a los trabajadores, despedir empleados, o no respetar el convenio colectivo de trabajo. Luego de eso, contaban con que un representante de la Uocra se acerquen a la obra para discutir con el dueño de la constructora. Ese momento, según lo que ofrece la AFI, quedaría todo grabado. No está claro si los empresarios aceptaron ser “cableados” –como se dice en la jerga de los espías– para que ese material posteriormente se sume a la causa que presenten ante la Justicia. Todo indica que este tipo de maniobras se aplicaron porque en la causa contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, hubo escuchas telefónicas.
“Hay cuestiones que ustedes entenderán que, por una cuestión de preservación de ustedes mismos, no podemos compartir, que son parte del BackOffice”, les dijo a los empresarios el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. Una afirmación que bien puede considerarse que no era la primera vez que realizaban una acción de ese tipo. De acuerdo al plan, luego de generar las provocaciones y lograr la reacción del sindicato, comenzaba un proceso de “doble tenaza”: los empresarios presentaban notas en mano al exministro de Trabajo y también realizaban una denuncia judicial. Las notas, más tarde, eran pedidas por el juez como prueba y el Ministerio las ofrecía para engrosar la causa. Biorci, para concluir, les dice: “es prioridad guiar todo a través del ministerio. Sería bueno poder identificar las obras que podemos parar. Poder marcarlas para juntar los elementos, armar la operación y poder marcar el registro de lo que sucede. La idea es que nadie se inmole”.
Debut con triunfo aún sin quorum propio
Bienes Personales: Cómo logró el Frente de Todos convertirlo en ley en el Senado
Sin quórum propio por la nueva composición parlamentaria, el Frente de Todos logró aprobar las modificaciones de Diputados. Juntos por el Cambio denunció que la sesión era nula porque comenzó unos minutos más tarde de lo estipulado y se retiró del recinto.
Con una oposición ausente y quórum al límite, el Frente de Todos logró sancionar las modificaciones al proyecto que sube el mínimo no imponible de Bienes Personales. Gracias al acompañamiento de aliados como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones), el oficialismo estrenó su nueva composición en el Senado convirtiendo en ley, con 37 votos a favor y uno en contra, los cambios que venían de Diputados.
Prueba de fuego para el oficialismo que sesionaba por primera vez sin quórum propio, la sesión, sin embargo, casi se cae antes de empezar. El resultado positivo de Covid de un senador oficialista en la previa de la sesión complicó los números del FdT, que tuvo que hacer malabares para garantizar los 37 presentes necesarios para iniciar el debate. Finalmente, fue la riojana Clara Vega quien garantizó el quórum. Juntos por el Cambio, mientras tanto, se retiró del recinto y no participó del debate, denunciando que la sesión era "nula" por haberse constituido unos minutos más tarde de lo que marca el reglamento.
El hisopado de comienzo de sesión fue, una vez más, un factor clave de tensión en la previa de la jornada legislativa. Al igual que durante el debate de Bienes Personales en Diputados, en la que la ausencia de la diputada Camila Crescimbeni (Pro) por Covid fue vital en la derrota de la oposición (que perdió la pulseada por un voto de diferencia), el Senado también tuvo su baja de último momento que casi termina poniendo en jaque los planes del oficialismo. Con 35 senadores propios, más dos aliados frecuentes, el Frente de Todos tenía los números justos para conseguir quórum, pero el resultado positivo del catamarqueño Guillermo Andrada (FdT) complicó el escenario. "Entramos en pánico", confesó un senador del FdT a Página/12. Rápidamente, sin embargo, comenzaron las negociaciones con el resto de los senadores independientes.
Cómo se negoció el quorum
La primera negativa vino de parte de la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti y cuyo partido había votado en contra del proyecto en Diputados. "El oficialismo es quien debe garantizar el quórum. En el caso de que el oficialismo logre el quórum, recién allí bajaré para debatir", indicó, tajante, Vigo. Pasada la media hora del comienzo de la sesión, sin embargo, Clara Vega fue al rescate y se sentó en su banca, habilitando el quórum para comenzar la sesión. "Yo voy a dar quórum porque no vine a no trabajar", habría sostenido la senadora según fuentes del oficialismo que conversaron con ella. La decisión de la senadora, que originalmente ingresó al Senado de la mano de Cambiemos pero que nunca integró el interbloque (aunque suele votar en consonancia con la oposición), no le resultó gratuita: en las redes sociales y los principales medios de comunicación fue señalada con saña por haberle habilitado el quórum al oficialismo.
Juntos Por el Cambio, mientras tanto, pasó del festejo por la inminente caída de la sesión a la indignación una vez que el oficialismo hubo alcanzado el quórum. "Asistimos a una sesión nula. Decimos esto porque el oficialismo no consiguió el quórum en el tiempo reglamentario, específicamente aclarado en el reglamento de la Cámara de Senadores. Por eso, la ley que están tratando tiene vicios de nulidad", denunció el presidente del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo, quien luego abandonó el recinto y brindó una conferencia de prensa junto al resto de las cabecillas de JxC. El cuestionamiento era que, de acuerdo al artículo 15 del reglamento, de pasar más de 30 minutos sin conseguir quórum, la sesión debía levantarse. Por este motivo, además de negarse a participar de la sesión, el interbloque emitió un comunicado manifestando que la misma era inválida.
"El conteo se inició antes. A veces hay dificultades por el tema de registro de las huellas y del sistema", argumentó el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y propuso una moción para ratificar la decisión de sesionar que terminó siendo aprobada por unanimidad.
El debate en el recinto
"Estos cambios representan un beneficio para la franja más baja de contribuyentes y que la mayor carga impositiva sea a partir de una pequeña suba de las alícuotas para la reducida franja más alta de la pirámide. Es un claro esquema de progresividad que permite recuperar la caída de la recaudación", comenzó explicando Ricardo Guerra (FdT). El proyecto, aprobado con 37 votos afirmativos - que incluyen el de Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y parcialmente el de Clara Vega - y uno negativo, propone la suba del mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos, así como incorpora un incremento de las alícuotas para los patrimonios más altos y los bienes declarados en el exterior. También incorpora un artículo que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar el piso de Ganancias. "El proyecto desalienta la inversión, el ahorro y el empleo", cuestionó Vigo, la única senadora que votó en contra y que terminó ingresando al recinto una vez confirmado el quórum.
"La 'gran victoria' de la oposición fue dejar al país sin Presupuesto. Y ahora la otra cara es la derrota que, para ellos, es estar bajando un impuesto que beneficia a 500 mil personas. Y que en materia de Ganancias beneficia a 1,2 millones de personas. ¿Cómo pueden dejar sin quórum cuando estamos beneficiando a 1,7 millones de personas? ¿Eso quieren? ¿Qué estado de derecho es este en donde la oposición considera una victoria haber dejado sin presupuesto a su país?", cuestionó Mayans durante el cierre. "Realmente viene un tiempo muy especial con una oposición absolutamente irresponsable", advirtió.
En una línea similar, una hora antes, Juliana Di Tullio también había disparado con dureza contra la oposición al solicitar tratar sobre tablas un proyecto de repudio contra el ex ministro de Vidal, Marcelo Villegas, por el video en el que aparece expresando de su deseo de tener una "Gestapo" antisindical. "No puede ser que escuchemos cómo se arma una asociación ilícita para perseguir judicialmente a los sindicatos. No hubo estado de derecho por cuatro años en mi país", denunció en un encendido discurso en el que también pidió el juicio político contra el procurador Julio Conte Grand. Recibido entre fuertes aplausos por parte de la bancada oficialista, la iniciativa terminó siendo aprobada.
Asistencia por los incendios
La última sesión del año también contó con la aprobación de un proyecto de la senadora Silvina García Larraburu (FdT) que propone declarar Zona de Desastre, Emergencia Forestal, Económica, Social y Productiva a las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén que presentan focos de incendio. Luego de la sanción de Bienes Personales, el oficialismo logró tratar sobre tablas y aprobar por unanimidad la iniciativa que tiene como objetivo construir un fondo especial para "asistir a los damnificados y reconstruir las economías afectadas en esta difícil situación", tal como indicó García Larraburu, en el marco de los incendios que se están desarrollando en las provincias del sur argentino. El proyecto, que declara la emergencia forestal por el término de 180 días y que luego tiene la posibilidad de ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, girará ahora a la Cámara de Diputados para ser sancionado.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos acusó al gobernador por la detención de un dirigente social y otras personas
Chubut: Denuncian persecuciones políticas tras las protestas antimineras
Mientras el pueblo chubutense todavía disfrutaba los resabios de una primera victoria en la lucha contra la megaminería, a una semana de que el gobernador Mariano Arcioni debiera derogar la ley de zonificación minera frente a las masivas movilizaciones de rechazo, efectivos de la policía de la provincia detuvieron a Marcos Wilipan, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Trelew, y a otros dos participantes de las manifestaciones. A los tres se los acusa de haber producido daños a las instalaciones del diario El Chubut, mientras que familiares, compañeras y compañeros de los detenidos denuncian una persecución política y el intento de deslegitimar la lucha popular en la provincia. “Es una actitud revanchista de aleccionamiento y deslegitimación de la determinación del pueblo”, sostuvo Miguel Angel Prudente, dirigente provincial del MTE, a Página/12.
La sanción de la Ley de Zonificación Minera el 15 de diciembre --pese al rechazo popular, y a contramano de lo expresado por el gobernador Arcioni durante su campaña electoral en 2017--, en una sesión legislativa que, en principio, no tenía en agenda para ese día el tratamiento del proyecto, generó movilizaciones y manifestaciones en contra de la norma y del accionar de la clase política. La primera parte de la historia termina con la derogación de la ley y el triunfo popular, pero “luego empezó la secuela, que son las investigaciones penales por hechos vandálicos y atentados a edificios públicos, que dio lugar a estar detenciones”, explicó el abogado e integrante de la Dirección de Acceso a la Justicia, Eduardo Hualpa.
En los últimos días, la policía de Chubut llevó a cabo siete allanamientos y la detención de 54 personas, a tres de las cuales se les dictó una prisión preventiva de 60 días: Jonathan Luna Almada y Víctor Cotud, vecinos que participaron de las movilizaciones, y Marcos Wilipan, dirigente de la rama de Vendedores Ambulantes y Feriantes del MTE en la provincia patagónica. Imputados por los delitos de “daños, incendio estragoso y robo doble doblemente agravado y colectivo”, se enfrentan a posibles penas de entre tres y diez años de prisión efectiva.
Particularmente, se los acusa de haber provocado daños a las instalaciones del diario El Chubut de Trelew, “uno de los arietes mediáticos que ha utilizado la minera para lograr el contexto social que permitiera la aprobación de la ley, tratando de instalar la cuestión de que iba a haber trabajo y progreso, y boicoteando el rechazo a los proyectos de zonificación”, explicó Prudente. Según contó, “las manifestaciones estaban infiltradas por policías de civil, sin ninguna orden judicial”, y fue el testimonio del comisario Néstor Arga, de la plana mayor de la jefatura de Policía, el que señaló a Wilipan como quien comandaba al grupo que realizó los destrozos.
“Lo tomamos como una persecución política porque no es la primera vez que el gobierno provincial identifica a nuestra organización con este tipo de actos”; destacó el dirigente del MTE, y recordó la ocasión en la que fueron acusados de atacar un local partidario del PRO, algo que luego fue desestimado al no existir pruebas. Una situación similar a la que viven hoy en día los detenidos, mientras que “los policías que durante seis días balearon al pueblo todavía no tuvieron que dar explicaciones”. “De los 54 detenidos, un solo compañero es de nuestra organización, es impensable que una persona pueda comandar a 53 personas que no se conocen entre sí y que son de diferentes ciudades”, señaló Prudente, para quien las acciones judiciales solo buscan “deslegitimar el profundo rechazo popular al proyecto de zonificación”.
El caso chubutense recuerda lo que sucedió en Andalgalá, Catamarca, en abril de este año, cuando se realizaron detenciones arbitrarias luego de movilizaciones populares en rechazo de las mineras asentadas en la provincia, con denuncias de infiltrados y lobbies mineros dentro del poder judicial. “Parece que el gobierno quedó en una situación muy débil después de estar obligado a derogar la ley, y la persecución de personas que señala como responsables de los hechos, pura y exclusivamente con testimonios policiales, es desproporcionada”, señaló Hualpa, al respecto. Para el abogado, “preocupa que los funcionarios judiciales actúen más para tener resultados que mostrar, que con fundamento real de que los detenidos sean los responsables”, debido a “una presión muy fuerte de la prensa para que se esclarezca el hecho”.
La situación en Trelew y en todo Chubut llevaron a que la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, viaje a la provincia para “interiorizarse y tomar contacto con las familias y las organizaciones”. “Queremos que se retomen las formas democráticas de actuación de los poderes públicos, y que los conflictos sociales no se resuelvan en el plano del derecho penal”, apuntó Hualpa. Otro punto que señaló que la población observa con “preocupación y desconfianza que estas causas avancen con rapidez mientras que cuando hay violencia institucional y la víctima es el pueblo, no”.
Tanto el abogado de Derechos Humanos como Miguel Ángel Prudente y todo el MTE consideraron que lo correcto es investigar lo sucedido, pero que se debe hacer respetando “el derecho a la libertad y las garantías de las personas”.
Informe: Sofía Moure
Guzmán habló de lo que falta en el marco de la negociación de deuda
Los consensos "internacionales" con el FMI
Mencionó "entendimientos profundos" con el Staff, pero aclaró que resta obtener el respaldo total de los países socios del organismo. "El Gobierno tiene pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible".
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio detalles de la negociación con el Fondo Monetario (FMI), aseguró que se "construyeron entendimientos que hoy en día son fuertes" con el Staff del organismo, pero aclaró que "falta obtener todos los consensos internacionales que hacen falta para poder tener un acuerdo lo más rápidamente posible" un acuerdo sin condicionamientos al crecimiento económico. Estas afirmaciones tienen que ver con el Gobierno entiende que el crédito a Cambiemos fue político y, por lo tanto, la renegociación del Facilidades Extendidas debe estar apoyada por los países socios del FMI.
En una entrevista con el diario español El País, el funcionario explicó además su visión respecto a la investigación interna del Fondo al préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri: "el FMI reconoce que el programa de 2018 fracasó -dijo- y que no cumplió con ninguno de sus objetivos. Los directores apoyaron esta evaluación, pero hubo algún caso en el cual, por parte de los accionistas, no se alcanzó una comprensión plena". Agregó además que "esta evaluación posprograma da lecciones, y es muy importante acelerar el proceso de comprensión de esas lecciones para poder avanzar en un nuevo programa que respete las idiosincrasias de la Argentina".
En pleno tramo final de las negociaciones, el ministro dejó en claro cuál es la llave que falta para cerrar el acuerdo, al resaltar la relevancia de los respaldos políticos de los países con mayor peso, en un organismo integrado por 190 naciones con diferentes cuotas de toma decisión. "Con el staff se han ido construyendo entendimientos que hoy en día son profundos. Falta obtener todos los consensos internacionales que hacen falta para poder tener un acuerdo entre ambas partes El Gobierno argentino tiene el pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible que tenga como base un esquema de políticas económicas que le permitan al país seguir en la senda de la recuperación y de reducción de la inflación".
Asimismo, el funcionario agregó que "hoy habría que separar el carril de la economía real del carril de la economía financiera. La foto de la economía real es de claro y fuerte progreso". Y especificó que "un acuerdo no resuelve los problemas que enfrenta la economía argentina. Un acuerdo nos permite dar un paso importante en un camino que requiere de múltiples pasos para tener la economía tranquila que apuntamos a construir".
Diagnosticó además que "tenemos el problema de la deuda con el FMI: una deuda de 45 mil millones de dólares, de los cuales se amortizaron casi 4 mil millones en el año corriente, que es la principal tensión para la estabilidad de la balanza de pagos para el año 2022. Si hoy uno midiese el producto por habitante de la Argentina en dólares utilizando el tipo de cambio paralelo, daría alrededor de 5000 dólares per cápita. Y eso no representa la capacidad ni la riqueza de la Argentina".
La recuperación
En paralelo, el ministro reflejó la realidad de la economía real, al manifestar que "el PBI este año va a crecer alrededor del 10 por ciento. El empleo en la Argentina está creciendo fuertemente. La semana pasada se publicaron los datos del tercer trimestre del mercado de trabajo, y vemos la creación de 422 mil empleos, plenamente en el sector privado".
Agregó en esa línea que "la tasa de desocupación viene reduciéndose fuertemente. Esto es recuperación porque hubo una administración de la pandemia desde el frente económico que permitió mantener vivas las capacidades de la economía. No hubo destrucción masiva de puestos de trabajo y de empresas, y hoy se ve un aumento muy fuerte de la inversión, que va a crecer más de un 30 por ciento, lo que significa mayor capacidad productiva en la Argentina".
En esa línea, Guzmán destacó que "desde el Gobierno nacional, buscamos actuar con cautela y prudencia. Eso fue lo que hicimos este año en el frente del crecimiento económico y resultó ser que el crecimiento terminará siendo más sólido de lo que muchos habían pronosticado".
Fuente:Pagina12
Los salarios informales quedaron 13 puntos detrás de los registrados y 14 debajo de los precios
Los trabajadores no registrados lograron aumentos anuales del 38,4% acumulados a octubre mientras que los formales promediaron un 51,2%. Los precios subieron un 52,1%.
29/12/2021
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado hoy, los salarios acumularon una suba interanual del 51,2% entre octubre de este año y el mismo mes del año anterior. Se trata de 0,9 puntos por detrás de la inflación acumulada en el mismo período que, según el mismo INDEC, alcanzó un 52,1%.
La situación no resultó homogénea entre los distintos sectores en la medida en que, en el caso de los salarios registrados en general la suba fue del 54,1% mientras que para el sector público, que de cualquier manera arrastra cinco años de fuertes retrocesos, alcanzó un 56,7% y para el sector privado registrado fue del 52,7%. En ambos casos, al menos en los últimos doce meses, lograron superar la inflación.
Quienes, a pesar de haber registrado una suba del 5,7% en octubre con relación a septiembre, siguen relegados con los precios son los empleados no registrados que, en un año, lograron subas de apenas un 38,4% muy por detrás de la suba de precios. El dato, sin embargo, no es del todo ajustado puesto que para el caso de los salarios informales la fuente es la EPH que guarda un relego de cinco meses en sus registros estadísticos.
Así las cosas el salario de los trabajadores informales quedó 12,8 puntos detrás del de los trabajadores registrados y 13,7 por debajo de la suba de precios.
Fuente:TiempoArgentino
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