CUBA.

 

Estados Unidos incumple acuerdos 

migratorios e incita emigración ilegal

e insegura

Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.

Representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior comparecieron este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda para debatir sobre las actualizaciones realizadas a la política migratoria cubana, el flujo irregular de migrantes, las salidas ilegales del país, y la atención consular en la etapa de pandemia.

Al comenzar el espacio, Ernesto Soberón Guzmán, director general de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se refirió a las características de la política migratoria cubana en la etapa de pandemia, periodo en el que se han implementado medidas para facilitar a los cubanos los viajes y los trámites migratorios.

En ese sentido, explicó que los consulados de Cuba han tomado medidas para continuar trabajando, ya sea en formato presencial o a distancia, se mantienen vigentes las decisiones de permitir la entrada al país de los cubanos con pasaportes vencidos y que puedan actualizarlos acá, y la de extender a más de 24 meses el tiempo de estancia en el exterior de los ciudadanos cubanos.
Las sucesivas actualizaciones de la política migratoria cubana desde el año 2013 a la fecha han buscado facilitar los viajes de los cubanos en ambos sentidos (desde y hacia Cuba), como parte también de la política nacional de fortalecimiento de los vínculos con los cubanos residentes en el exterior, sostuvo.

El gobierno de Cuba ha reiterado el compromiso de garantizar una migración ordenada y segura, y con ese propósito ha sostenido periódicamente rondas de conversaciones migratorias con diferentes contrapartes, en aras de establecer mecanismos de cooperación eficaces en temas consulares y migratorios en general, y que, al mismo tiempo, permitan establecer alianzas para combatir flagelos internacionales como el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, ambos asociados al flujo irregular de migrantes.

Incluso en época de pandemia hemos mantenido la realización de estas rondas de conversaciones migratorias utilizando la modalidad virtual, afirmó al especificar que desde 2019 a la fecha se han realizado 25 encuentros de este tipo con países de América Latina y el Caribe, y con Estados Unidos.
Cuba cuenta con nueve acuerdos migratorios bilaterales firmados y, en el ámbito multilateral, ratificó su participación en el Pacto global para la migración ordenada y legal.

Soberón ratificó que Cuba continúa promoviendo un mayor acercamiento con los cubanos residentes en el exterior. Entre 2020 y 2021 se organizaron alrededor de 90 vuelos charter para retornar a Cuba a miles de ciudadanos que se encontraban varados en el exterior debido a la pandemia.

El funcionario de la Cancillería cubana manifestó que, a pesar de los esfuerzos de la Isla por facilitar los viajes internacionales en un sentido u otro, por garantizar los flujos migratorios regulares y ordenados, por garantizar una atención consular lo más eficiente y eficaz posible, la realidad es que el gobierno de EE.UU. ha incumplido con los acuerdos migratorios firmados con Cuba, y en su lugar ha adoptado un grupo de medidas que obstaculizan los viajes entre ambos países. 

Esta situación y el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, constituye un incentivo a la migración irregular de los ciudadanos cubanos, que no solo afecta a Cuba y a EE.UU., sino también a terceros países, agregó.

Alertó que los ciudadanos cubanos que participan en los flujos irregulares de migración, ya sea por tierra o por mar, se convierten muchas veces en víctimas de los grupos delincuenciales que en la región se dedican al tráfico de migrantes y la trata de personas. El gobierno de EE.UU. en cierta medida es responsable y es cómplice de la suerte que corren esas personas, denunció.

Al intervenir en la Mesa Redonda de este jueves, el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, el coronel Mario Méndez Mayedo, se refirió al movimiento migratorio de cubanos residentes en la Isla. Destacó que en 2019 hubo un incremento, dado que en el año viajaron al exterior 650 040 connacionales. “Estas personas viajan con diferentes objetivos y la mayoría retornan”, señaló.

Para 2020 ese número se redujo (271 061 salidas al extranjero), al igual que en el 2021 (243 590). En los años de actualización de la política migratoria –enfatizó Méndez Mayedo– han viajado 1 264 257 cubanos.

“Indiscutiblemente se han trastocado todos estos movimientos migratorios, hay cubanos que han quedado varados, aún no han regresado todos los cubanos que lo desean porque no hay suficientes vuelos o están muy caros los precios de los boletos”, destacó el coronel del MININT.
En cuanto al movimiento migratorio de cubanos residentes en el exterior, Méndez Mayedo comentó que en el 2019 viajaron a la Isla 346 381; para 2020 hubo un descenso (102 800) y en el 2021 solo viajaron a Cuba 30 509 cubanos, y la disminución se debe a los efectos de la COVID-19.

“En ocho años de actualización de política migratoria han venido al país 3 498 825”, aseveró y añadió que en el periodo se han reasentado en Cuba 60 655 cubanos, mientras que han adquirido la ciudadanía cubana 4 119.

Por otro lado, Méndez Mayedo señaló que el tránsito irregular se refiere a personas que salen de Cuba legalmente, hacen asentamientos temporales en otros países con un tránsito por vía terrestre, aérea o marítima, lo cual afecta a terceros países.

El jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT subrayó que las personas que realizan el tránsito irregular son víctimas de tráfico humano (extorsión, violaciones, secuestros y muertes): “Se da un fenómeno de presiones a familiares en Cuba y en los Estados Unidos para que paguen por la libertad de determinadas personas secuestradas”.

Asimismo, se refirió al empleo de documentación fraudulenta y ejemplificó que al cierre del 2021 se detectaron 459 personas con documentos falsos, tanto en Cuba como el exterior. “Estos documentos se elaboran fundamentalmente en Estados Unidos, no se hacen en Cuba”, señaló.

En la documentación fraudulenta –dijo el coronel– se emplean visas, residencias, permisos de trabajo y pasaportes de otros países, incluso boletos aéreos:

“El sábado pasado, 17 personas comprobaron, cuando fueron a chequear en su vuelo, que lo habían estafado, tenían boletos falsos por los cuales pagaron 3 500 dólares cada uno, son operaciones con un alto costo”.
Méndez Mayedo exhortó a desestimar cualquier gestión o trámite que se aleje de las formalidades legalmente establecidas, como aquellos que se realizan en los alrededores de embajadas y por personas no vinculadas oficialmente a estas, así como supuestas “facilidades”, “agilidad” en los trámites y “garantías” irreales.

Al referirse a las salidas ilegales, destacó que en el 2021 hubo una alta letalidad en reiterados naufragios, hay presencia eventual de menores, traumas psicológicos con secuelas de por vida, y alertó que las operaciones de tráfico más complejas son organizadas desde los Estados Unidos.

Durante el año 2021, las autoridades migratorias de otros países devolvieron a Cuba un total de 1 536 cubanos, procedentes de Estados Unidos (1 057), Bahamas (184), México (291) y Caimán (4).
Al final del programa televisivo, la subdirectora de la Dirección General de EE.UU. del MINREX, Johana Tablada, afirmó que “cada vez que Estados Unidos ha jugado políticamente con el tema migratorio se producen ciclos de salidas ilegales”.

En los últimos años –dijo la funcionaria– Estados Unidos no ha dado las 20 000 visas que establecen los acuerdos migratorios entre ambos países, y ha mantenido intactas políticas de presión dirigidas a hacer colapsar la economía cubana y a eliminar las fuentes de ingreso de la población, con el objetivo de lograr un cambio de régimen en la Isla.

“Ellos dicen que hay que ayudar al fin de la pobreza, a que mejoren las condiciones de vida y que hay que atacar las causas por las cuales una persona se ve forzada a emigrar a Estados Unidos. Esa filosofía se estrella completamente con la filosofía que los gobiernos de Trump y Biden han aplicado a la población cubana.
“Además de incumplir el otorgamiento de las visas, se ha visto un endurecimiento sin precedentes de las medidas unilaterales y coercitivas que hacen que nuestras vidas sean cada vez más difíciles”, subrayó.

La funcionaria de la Cancillería cubana destacó que todo el tiempo la política de Washington contra Cuba va dirigida a desestabilizar el país y a responsabilizarlo con las consecuencias que tienen esas medidas.

“No ha faltado la alerta, ni el uso de los canales diplomáticos, para trasladar al gobierno de Estados Unidos la importancia que tendría actuar con responsabilidad en este tema y volver a la mesa de conversaciones”, concluyó.

EEUU incumple acuerdos migratorios, denuncian autoridades de Cuba
La Habana, 20 ene (Prensa Latina) Estados Unidos incumple los acuerdos migratorios suscritos con Cuba, y con ello se contradice en su discurso sobre búsqueda de soluciones a ese problema, afirmó hoy una alta funcionaria de la Cancillería de la isla.

Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda, recordó que esos acuerdos comprenden los comunicados de 1984 y 1994 y las declaraciones conjuntas de 1995 y 2017.

Detalló que en el comunicado de 1984 Estados Unidos se comprometió a conceder 20 mil visas anuales, pero en los últimos años solo se entregaron unas cuatro mil anualmente.

Además, agregó, el gobierno de Joe Biden ha mantenido intactas las más de 240 medidas aplicadas durante la administración de Donald Trump para reforzar el bloqueo contra Cuba.

Esa actitud se torna aún más inhumana pues ha sido mantenida en momentos en que Cuba se ha visto golpeada por la pandemia de Covid-19, que redobló las dificultades de la población de la isla, señaló Tablada.

Tal proceder demuestra “la incoherencia y el abismo” existente entre el discurso de los más altos personeros de Washington y la realidad, porque esas medidas unilaterales y coercitivas contradicen lo planteado por las autoridades de ese país para ayudar a solucionar los problemas migratorios en su frontera sur.

Tablada señaló que desde la Casa Blanca han reiterado la necesidad de combatir las causas que llevan a miles de personas de naciones de Centroamérica y otras regiones a emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Sin embargo, subrayó, la política de Estados Unidos con respecto a Cuba va en la dirección opuesta al obstaculizar por todas las vías posibles el desarrollo y bienestar de la población cubana.

Recordó Tablada que la última ronda sobre temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos se efectuó en 2018, y que las autoridades de la isla han insistido en la necesidad del diálogo bilateral sobre un tema extraordinariamente sensible, pues afecta a la vida de las personas.

Al respecto, aseguró que muestra de la necesidad de retomar esos canales de comunicación es que durante los dos años que los acuerdos migratorios funcionaron adecuadamente, se apreció una mejoría notable en los flujos migratorios y en la disminución de los viajes ilegales hacia el país norteño.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Cubahora.

Lo novedoso del Decreto-ley sobre

la maternidad

Por Yenia Silva Correa. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.

Con el nuevo Decreto-Ley No. 56 De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias se logra unificar en un único cuerpo legal la protección a la trabajadora, independientemente del sector en el que se desempeñe.

«Esta nueva norma regula y amplía los beneficios a las madres del sector estatal y concede iguales derechos a las trabajadoras no estatales. Como elemento novedoso extiende el disfrute de la prestación social a la estudiante».

Haydée Franco Leal, subdirectora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explica que esto es algo sui géneris, «es el único caso en el que la madre no va a tener la condición de trabajadora, sin embargo, van a disfrutar de los beneficios de la prestación social los abuelos de ese menor, quienes sí deben tener la condición de trabajador. Esta regulación no se dictó con el propósito de estimular el embarazo en la adolescencia, sino de garantizar la autonomía y la continuidad de estudio en las mujeres jóvenes y –aunque la norma no lo expresa– favorece obviamente a las jóvenes que hoy estudian en la enseñanza técnico-profesional y en la educación superior».

Con la nueva legislación, «durante el periodo en que el menor esté enfermo, la madre va a recibir una prestación monetaria equivalente al 60 % del salario promedio percibido con anterioridad a producirse la enfermedad del niño. Esto va a garantizar que, aunque en menor medida, haya algún ingreso económico en el núcleo familiar».

Agregó que «se considera el pago del 100 % del salario a la trabajadora gestante durante el periodo que acredita el certificado médico». Dicho de otro modo, la trabajadora, antes de arribar a las 34 semanas de embarazo, o 32, si es embarazo múltiple, estará protegida con una prestación monetaria equivalente al 100 % del salario promedio percibido en los 12 meses anteriores a que se dictamine el reposo por el facultativo.

En cuanto al tratamiento diferenciado al menor, cuando requiere de cuidados especiales y no es posible su institucionalización en un centro de salud o de educación, la madre o el padre –y si ellos decidieran, delegan en los abuelos maternos o paternos que tengan la condición de trabajador– tienen el derecho a disfrutar de una licencia retribuida que se extiende hasta los cinco años de vida del menor.

«El trabajador no pierde el vínculo de trabajo. Si se produjera la extinción o fusión de la entidad, es una obligación de la administración hacer la gestión con otras entidades para garantizar, al concluir estos cinco años, que el trabajador sea reubicado en una plaza», aclara Franco Leal.

También se eliminó el requisito de los 75 días laborados, además del vínculo laboral, para tener derecho a las prestaciones monetarias. «A partir de ahora basta con tener la condición de trabajadora, y esto lo determina el vínculo contractual del trabajador con la entidad, para generar el derecho a la prestación. Estos beneficios también se extienden a los trabajadores del sector no estatal», aseguró.

Tomado de Granma/ Video: Canal Caribe/ Foto de portada: Endrys Correa Vaillant.

¿Destierro de periodistas o indulgencia 

con mercenarios?

Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.

“Toda una odisea en busca de libertad”, leemos. “Destierran de Cuba” a dos “periodistas independientes” del medio “ADN Cuba” . Muy triste y grave, sin duda. Pero esperen… ¿Periodismo independiente? ¿ADN Cuba?

El diario español “El Mundo” nos lo explica, para que no tengamos dudas: ADN Cuba es “una revista audiovisual independiente sobre arte, cultura, derechos humanos, LGBT y temas de actualidad sobre Cuba”. Y el diario “El País” lo confirma: son “reporteros independientes” que “dejaron Cuba `presionados´ por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña”, ya que –de nuevo- “el régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas, intelectuales, artistas y reporteros”. Ah, bueno, todo aclarado.

Pero ADN Cuba… ¿de qué me suena? ¡Ya! ADN Cuba, con sede en Florida, tiene una asignación de dos millones de dólares de la agencia gubernamental USAID, para los dos próximos años, en el marco de los llamados “programas para la democracia en Cuba”.

Es decir, ADN Cuba es un medio digital que, como al menos otra decena más- es sostenido por el gobierno de EEUU para la guerra informativa contra La Habana. Algo ilegítimo en periodismo y algo ilegal en derecho. Ilegal en EEUU –si el caso fuera inverso- e ilegal en Cuba donde, la Ley 88 castiga con pena mínima de tres años de prisión a quien, en “los objetivos de la Ley Helms–Burton, el bloqueo y la guerra económica” colabore “con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios” y “reciba (o) distribuya (…) medios financieros (…) procedentes del Gobierno de EEUU” o “sus agencias”.

Conclusión: los mencionados no son “periodistas independientes”, sino propagandistas mercenarios de una potencia para la que trabajan justificando la agresión y el bloqueo a su propio país. Y no son perseguidos por su “trabajo crítico”, sino por violar las leyes anti injerencia que existen en Cuba, en EEUU y en todos los países del mundo. Su salida, por tanto, no es un “destierro”: es una medida de indulgencia de las autoridades cubanas.

Es el mismo caso de Orelvys Cabrera que, leíamos semanas antes, “se desempeñaba como reportero del medio independiente Cubanet” y “se vio obligado a salir de la Isla” . Cubanet es otro medio digital que recibe anualmente, de la USAID, 300 mil dólares (11) y 225 mil de otra agencia, la NED (12), para decir lo que dicta Washington.

Al menos 54 grupos o medios “disidentes” reciben fondos federales a través de las agencias USAID y NED, a una media de 20 millones cada año. Pero las partidas secretas a empresas contratistas y a otros programas, se desconocen. Como se desconoce el presupuesto –gigantesco, sin duda- de los equipos de la CIA dedicados a la desestabilización política de Cuba, con una incidencia especial, hoy en día, en la comunicación mediática y de redes sociales.

La Casa Blanca se mostró “alarmada” y calificó como «destierro» y un “desprecio a la Declaración Universal de DDHH” la salida de la Isla de sus periodistas mercenarios. Es lógico. Como es lógico que fueran “apadrinados” por el partido neofranquista español VOX. Y defendidos por Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. ¿A alguien le puede extrañar procediendo de tres organizaciones que comparten puertas giratorias con el poder político, empresarial y mediático occidental?

Fuente : Cubainformación/ Foto de portada: Dirección General de Migración y Extranjería/ El Salvador/ Twitter.

Violencia contra menores: Oprobios

del mundo real

Por Sayli Sosa Barceló. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.

Aunque con un año de atraso, los datos del informe nacional sobre trata de personas 2020 nos pone delante retos mayúsculos en cuanto a protección de menores y mujeres, 2020 confirmó lo que dijimos aquí tan pronto como en abril de ese año: la pandemia de COVID-19 exacerbaría esa otra pandemia, a veces silenciosa e invisible, de la violencia en el ámbito doméstico, particularmente contra mujeres y niñas. El Informe Nacional sobre trata de personas 2020, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, lo corrobora, y yo he sentido náuseas leyendo.

Un asco profundo de ver en números los miedos inconfesados de muchos, esos miedos que, como madres y padres responsables tratamos de domesticar mientras crecen los hijos. El temor a que sean vulnerados en su integridad física y emocional; el pavor a que sufran en carne propia los oprobios del mundo real.

La relatoría que el Minrex publica como resumen ejecutivo del cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas, da cuenta de 2 145 menores víctimas de presuntos hechos de abuso sexual durante 2020, cifra superior al promedio anual de los últimos siete años.

Desde 2013, sin embargo, unos 15 000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Pero podemos intuir que no son todos; lamentablemente, todavía hechos de tal naturaleza son ocultados por una mezcla de circunstancias que van desde las amenazas, el efecto de la revictimización, el ajusticiamiento por cuenta propia o el silencio cómplice de la más profunda vileza.

De acuerdo al Anuario Estadístico de Salud, edición de 2020, entre 2019 y 2020 fallecieron en Cuba 44 niños, niñas y adolescentes (con edades comprendidas entre 5 y 18 años), por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio). No se puede establecer una relación directa con hechos de violencia, pero los investigadores identifican el maltrato infantil intrafamiliar (incluida la violencia sexual) como “el principal factor desencadenante”. Recomendamos la lectura de este artículo.

En 2020, específicamente, incluso con un curso escolar acortado por el impacto de la epidemia de COVID-19, el sistema diario de información de incidencias del Ministerio de Educación reportó 20 hechos. De ellos, se identificaron ocho abusos lascivos, un caso de acoso sexual y una violación. Siempre insistimos en que no se puede juzgar a la red escolar por lo sucedido en una escuela, mas sí creemos que la alerta es válida para todas, por cuanto no se puede ceder un ápice en ese preciado bien que es la seguridad.

Según refiere el informe, durante el primer trimestre del año 2020, el Ministerio del Interior identificó y trabajó en cuatro casos vinculados a la contratación irregular de artistas con destino a Turquía y China, y logró evitar la salida de dos grupos, por presentar características asociadas a la trata de personas.

En todos los casos, se había usado las redes sociales como Facebook y WhatsApp para “la promoción de los contratos, la captación de los interesados y la concertación de trámites a países donde los delincuentes disponen de un esquema de aseguramiento y logística, que incluyen la contratación de choferes y servicio de seguridad personal, medios de transporte, así como viviendas o apartamentos donde concentran los viajeros”.

Reconforta un poco que, de los 10 hechos relacionados con la prostitución detectados en instalaciones hoteleras, ninguno involucrara a un menor. Pero solo un poco, porque el proxenetismo y la explotación sexual no han sido erradicados y, como peligrosos virus, mutan de escenario, modos de obrar y hasta de fisonomía.

Lo reafirman otros datos incluidos en el informe. Del total de las causas radicadas por los delitos de proxenetismo y trata de personas y por el de corrupción de menores en el Tribunal Supremo Popular, se observaron rasgos típicos de trata de personas en nueve causas de proxenetismo y seis causas de corrupción de menores, para un total de 15. Las 18 víctimas identificadas eran féminas, 10 niñas y ocho mujeres. Confirmación de que el género es una variable definitoria en el ejercicio de la violencia.

Uno de esos casos de corrupción de menores se juzgó en Ciego de Ávila e involucró a un hombre que inició una relación “amorosa” con una menor de edad de 14 años. La llevó a vivir a su casa y, como la niña se negó a prostituirse, la golpeó, la mantuvo encerrada y propició reiteradas violaciones, por las cuales cobró entre 20.00 y 80.0 CUC. Esta situación se mantuvo por dos años.

Hay tantas preguntas gravitando en torno a estos hechos; tantos cuestionamientos a instituciones como la familia, la comunidad, la escuela, el orden interior; tantos reproches. Pero antes, durante y después, lo más importante es la integridad de las víctimas y la lección que como sociedad saquemos: la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es intolerable.

Así lo propone el proyecto de Código de las Familias que en febrero se someterá a consulta popular. Otro argumento para debatirlo, mejorarlo y refrendarlo.

Fuente:El Invasor/CubaDebate.

Envio:RL