La Matanza: policía desaloja a 40
familias de un asentamiento en el
km 34
Por ANRed, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022.
El jueves alrededor de 40 familias realizaron un corte de ruta en La Matanza para denunciar los constantes desalojos que sufren en el asentamiento localizado en el km 34 a la altura del Arroyo Morales. En el Municipio de Fernando Espinoza los problemas habitacionales se suceden y las respuestas no llegan. Este viernes los vecinos marcharon hacia la municipalidad para exigir respuestas y una solución. «Estamos viviendo allí desde hace tres meses alrededor de 40 familias, entre ellos hay chicos de todo tipo de edades y discapacitados, también mujeres y un muchacho que es ciego. Estamos todos viviendo ahí. Ahora la policía nos desaloja, lo hace dos o tres veces por semana sin ninguna orden judicial. Vienen y nos sacan, nos reprimen adelante de los niños» explicó un vecino.
En diálogo con ANRed Mauro vecino del asentamiento explicó «estamos viviendo en un predio alojado en el km 34 a la altura del Arroyo Morales. Vivimos allí desde hace tres meses alrededor de 40 familias, entre ellos hay chicos de todo tipo de edades y discapacitados. También mujeres y un muchacho que es ciego. Estamos todos viviendo ahí. Ahora la policía nos desaloja, lo hace dos o tres veces por semana sin ninguna orden judicial. Vienen y nos sacan, nos reprimen adelante de los niños. Por eso hacemos el corte de ruta para exigir respuestas. La policía nos dice que es la Municipalidad quien da la orden de desalojar».
Ésta mañana decidieron marchar hacia la Municipalidad de La Matanza para lograr un diálogo con las autoridades locales. Mientras se disponía a realizar un corte de calle fueron atacados por un policía sin identificación y de civil que salió del interior del edificio portando un arma blanca.
«Estamos haciendo una manifestación pacífica y salió un policía a agredirnos. Golpeó a las mujeres y a mí me atacó con un cuchillo, me dejó un corte en el brazo» explica Mauro.
Fuente: ANREd
Pergamino: veinte personas intoxicadas
por fumigación aérea
Por Alejandro Maidana, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022.
Una aspersión ilegal en un campo lindero a la fábrica de agrotóxicos Corteva Agriscience derivó en un impacto severo a la salud de trabajadores. La violación de una vigente medida cautelar impulsó una denuncia sobre la comisión de un nuevo delito en el núcleo del agronegocio.
La ciudad de Pergamino viene siendo noticia. En abril de 2019, un fallo judicial prohibió el uso de agrotóxicos en tres barrios de la localidad bonaerense de Pergamino, cuya agua -confirmaron el INTA y los peritos de la Suprema Corte de Justicia- está contaminada por lo menos con 18 agrotóxicos diferentes. Un dato estremecedor que deja al desnudo, una vez más, el relato de aquellos que insisten en minimizar una problemática tan concreta como apabullante.
En este núcleo sojero, se prohíbe pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense, ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea. Una resolución que tuvo su anclaje en el estudio científico realizado a una familia de Pergamino, el mismo había dictaminado que todos los integrantes sufrían daño genético generado por las fumigaciones. Cabe destacar que la lucha, desigual, por cierto, contrala violación sistemática de los derechos humanos básicos, no tiene descanso en un lugar donde el ejecutivo municipal escribe sus propias leyes.
Los pueblos fumigados siguen gritando su dolor, su bronca enraizada en la médula, demostrando en cada acto que la dignidad de los de abajo es innegociable, pese a las enormes presiones del lobby agrario, aquellos que fundieron su conciencia en una billetera fagositadora de derechos. Pero claro, donde manda capitán (sojero) no manda marinero, y a los distintos atropellos que viene sufriendo una parte importante de la población pergaminense, se le suma un nuevo capítulo, uno que ha colmado la paciencia de quienes no se resignan a vivir de rodillas.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=Red__Accion&creatorUserId=158505485&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1481429994995953665&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.anred.org%2F2022%2F01%2F13%2Fpergamino-veinte-personas-intoxicadas-por-fumigacion-aerea%2F&sessionId=fb210fd187c63df15b5ce1ebd5295f4b1db197dc&siteScreenName=Red__Accion&siteUserId=158505485&theme=light&widgetsVersion=86e9194f%3A1641882287124&width=auto
Una fumigación aérea envió a 20 personas al hospital
Sabrina Ortiz es una abogada que viene llevando adelante una estoica lucha personal, y colectiva contra un modelo envenenador y ecocida. En las últimas horas realizó una denuncia sobre posible comisión de delito en el marco de la ley 24.051, y atenta contra la existencia de la medida cautelar vigente que recae sobre la ciudad de Pergamino, manda emanada por el Sr.Juez. Carlos Villafuerte Ruzo en causa (FRO 070087/2018).
Una fumigación con sustancias agrotóxicas suscitada a la hora 7.30 en un predio ubicado en ruta 178 KM 9.5, de la ciudad de Pergamino, lindero a la empresa productora de estas mismos venenos que utiliza el agro CORTEVA AGRISCIENCE, elevó una nueva alerta generando altísimas dosis de incertidumbre entre los pobladores. “La misma se habría realizado de manera aérea, y es en ese momento cuando los trabajadores (mencionados como changos) permanecían sin protección, sin resguardo alguno, por lo que recibieron parte de esas sustancias. Hecho que derivó posteriormente, en la convocatoria del sistema de emergencias médicas SAME y el ingreso de veinte personas hacia la guardia del hospital zonal San José de Agudos para ser atendidos con síntomas de intoxicación”, le dijo a Conclusión Sabrina Ortíz.
Cabe aclarar que el mencionado predio fumigado se encuentra a escasos metros de un curso de agua “La botija” que se desprende del arroyo Pergamino, y a unos 200 metros de un barrio cerrado que consume agua de pozo domiciliario, por lo que pudo haberse puesto en riesgo la calidad de la misma contaminándola, como también poner en riesgo la salud de sus habitantes.
Se desconocen las sustancias utilizadas para la práctica de pulverización realizada, situación que disparó una serie de cuestionamientos y exigencias por parte de quién llevó adelante la demanda. “Por ello hemos solicitado la identificación del propietario del predio, como de los trabajadores afectados y de las Historias Clínicas de quienes fueron revisados por el SAME y/o ingresaron a ser atendidos en el día de la fecha en la guardia del Hospital San José. Como así también exigimos muestras de agua para su análisis, del curso de agua La Botija, que se tome muestras de agua de consumo humano, para su análisis, de los distintos puntos del barrio Chacras de Pergamino a los fines de corroborar si hubo o no contaminación por agrotóxicos. Sin olvidar que solicitamos contar con la receta agronómica y revisión de cuestiones climáticas en el momento de la aplicación, como así también tome preventivamente, muestras del tanque de carga de sustancias agrotóxicas de la avioneta utilizada, para determinar e identificar qué sustancias se aplicaron”, concluyó la abogada denunciante.
Fuente: ANRed
Mesa Judicial: ¿Disputas de palacio
o nueva estrategia represiva?
Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022.
El descubrimiento de una Mesa Judicial en Provincia de Buenos Aires, que se reunía para fraguar causas a sindicalistas y que hoy ha provocado la imputación a la ex-gobernadora María Eugenia Vidal, no constituye un hecho aislado. Es un ejemplo representativo del funcionamiento de una nueva estrategia represiva que empezó a implementarse no sólo en la Argentina, sino en otros países y que tiene orígen en las disputas en el ámbito privado.
En los últimos tiempos se han conocidos distintos hechos como la causa D´Alessio, el descubrimiento de la banda de agentes de inteligencia conocida como Super Bross y las evidencias de la existencia de una Mesa Judicial, organizada por el profugado y ex asesor de Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simon, que le permitía orientar fallos judiciales y promover persecuciones a opositores políticos del gobierno. La reciente aparición de un video demuestra que este modelo se replicaba en Provincia de Buenos Aires y confirma que no son hechos aislados o inconexos, sino que constituyen una nueva estrategia de control. Relativizar estos hechos, atribuyéndolos a la obsesión por espiar del ex-presidente Macri, o a las características farandulescas del falso abogado Marcelo D´Alessio, resulta peligroso. Poner el énfasis en la polémica figura del sindicalista Juan Pablo Pata Medina, recuerda el conocido poema de Bertold Bretch: ” primero se llevaron a los judíos, pero a mi no me importo porque yo no lo era… “
Lo que aqui aparece es una compleja maquinaria represiva integrada por empresarios, políticos, espías, jueces, periodistas, funcionarios de la DGI, miembros de las fuerzas de seguridad, y apoyo externo de embajadas extranjeras, con capacidad suficiente de sacar de circulación a cualquier opositor político. Con posibilidades efectivas de meterlo preso, arruinarlo económicamente, obligarlo a renunciar del cargo que ocupa, demonizarlo mediáticamente, presionarlo para que se autoelimine, o reclutarlo. Ubicado el blanco a sacar del juego desatan sobre su vida una tormenta infernal donde se combinan amenazas contra su integridad personal y la de su familia, sospechosas inspecciones de la DGI, aparición de testigos falsos que lo incriminan en causas fraguadas, periodistas que demuelen su imagen pública, jueces que los detienen con prisiones preventivas sin fundamento jurídico alguno, etc, etc. El inicio de esa tormenta es casi siempre el mismo: Un periodista andaba trotando por Palermo y de golpe se tropezó con un video, o en el despacho de una mediática diputada alguien dejó un sobre con información…
La vinculación de embajadas extranjeras con esta maquinaria es evidente. Basta cotejar la lista de funcionarios judiciales, periodistas y políticos que son asiduos concurrentes a la Embajada de Estados Unidos, con los que después aparecen como parte de este engranaje represivo actuando como jueces y fiscales, acusadores públicos o difusores mediáticos.
El objetivo de crear terror en la oposición política es tan efectivo como el de la aplicación del Terrorismo de Estado, pero tiene algunas ventajas. Es selectivo, por lo que el conjunto de la población no advierte que se estén quebrando en forma pública y abierta normas constitucionales. También puede autorregular sus errores. Cuando sale a la luz pública la actividad de un “grupo de tareas “, su caso penal llega a mano de jueces que son parte de la misma maquinaria, y en consecuencia fallarán por la absolución, o penas menores, alegando que son bandas de “cuentapropistas “, es decir un grupo de personas que espiaban, apretaban y chantajeaban, sin ninguna relación, instrucción, o luz verde del poder político de ese momento.
Aprovechando que la opinión pública estaba más distraída en las fiestas de fin de año, la causa D´Alessio, radicada en el Juzgado de Dolores fue enviada a Comodoro Py, al mismo Tribunal donde hay un Juez, hoy fallecido, y un Fiscal imputado en la causa. Ya podemos imaginar que D´Alessio y su banda se convertirá en un nuevo grupo de “cuentapropistas”.
La ausencia de un quiebre institucional, al menos en la apariencia, garantiza la continuidad de este mecanismo represivo. La evidencia de que en una primera etapa, se ha limitado a ajustar cuentas entre pesos pesados del mundo de las finanzas o la política, no debería tranquilizar a quienes no somos parte de esas disputas. Una vez creada la estructura de funcionamiento puede dirigir su poder de fuego a donde se les antoje. La incursión en el sindicalismo que aparece en el video, que evidenció el funcionamiento de una Mesa Judicial bonaerense, es apenas un comienzo de una ofensiva que se puede prolongar en las organizaciones populares, sacando del juego a liderazgos combativos y eliminando focos disruptivos, para dar aire a la promoción de liderazgos conciliadores.
Por último no me parece una casualidad la versión de que “todo empezó con Macri “. Algo de cierto hay. Sucede que, con Macri, emergen en la Argentina estrategias de eliminación de competidores que ya funcionaban en el mundo empresarial. El ex-presidente ya las había utilizado para resolver cuestiones familiares, disputas en los negocios y luchas digerenciales en Boca Juniors. Incluso hay personajes que se repiten como el fiscal Sornelli, el operador judicial Angelicci y el espía Ciro James.
La nueva estrategia represiva y de eliminación de competidores que algunos denominan “lowfare”, pero que supera en mucho lo estrictamente judicial se ha desarrollado en el mundo de las finanzas en el marco de las feroces competencias entre fondos de inversión, multinacionales, grandes bancos, etc. El descubrimiento de una Mesa Judicial en Provincia de Buenos Aires, que se reunía para fraguar causas a sindicalistas y que hoy ha provocado la imputación a la ex-gobernadora María Eugenia Vidal, no constituye un hecho aislado. Es un ejemplo representativo del funcionamiento de una nueva estrategia represiva que empezó a implementarse no sólo en la Argentina, sino en otros países y que tiene origen en las disputas en el ámbito privado. Algunas series de la fílmica estadounidense como” Billonaries” son muy ilustrativas de cómo se desarrollan esas disputas en las que tanto estructuras mercenarias privadas, como los organismos de poder estatal, son utilizados en beneficio o perjuicio de algunos de los ocasionales contendientes.
La estrategia de eliminación de competidores generada en el mundo empresarial se ha trasladado a la politica en buena parte de los países del mundo y hoy esté resultando efectiva porque buena parte de nuestros pueblos sigue creyendo en periodistas, confiando en jueces y votando a políticos que son parte de ese esquema represivo. Los riesgos de no identificarla como una estrategia represiva es que estos hechos puedan ser legitimados y se naturalicen como “algo que le ocurre a otros”, o que suceden en lugares muy diferentes a los que transitamos. Sería bueno que no nos pase lo que ya nos advertía Bretch: “Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde”.
Fuente: Tramas
Las razones del Atlanticazo, la voz
de los asambleístas
Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022.
Los integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Fernanda Génova y Kanki Alonso –demandante en el amparo que recibió dictamen favorable de la Fiscalía Federal– denuncian en esta entrevista la falta de información y participación en el proceso de licitación, responden a los argumentos del Gobierno en favor de la explotación petrolera en el Mar Argentino y advierten la inexistencia de un plan de transición energética.
“¿Cómo va a ser manejable el riesgo ambiental a 300 kilómetros dentro del mar?”, se pregunta Kanki Alonso, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Su compañera de asamblea Fernanda Génova completa subrayando que las “plataformas petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de accidentes” y señala sin ir más lejos uno ocurrido en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), en la Plataforma Santa Cruz del Sur, operada por YPF. Con Atlanticazo de fondo, agregan otra de las razones que los moviliza: “La desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo solo benefician a las corporaciones”.
Ellos junto a otras cientos participaron de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente en julio pasado, donde se presentó el estudio de impacto ambiental producido por la consultora Serman, contratada por la noruega Equinor, que explotará el área CAN 100 frente a las costas de Mar del Plata, asociada a YPF y Shell. Señalan que entonces y hasta hoy no tuvieron acceso a “ningún plan estratégico de desarrollo para la transición energética”, a pesar de que el ministro Juan Cabandié habló de comprar “molinos eólicos” con los dólares petroleros.
Ellos salieron a las calles en el Atlanticazo de los primeros días de 2022 y volverán a hacerlo en una serie de actividades que están preparando para que la ola siga creciendo, como lo demostró el surgimiento de la coalición Mirá, un heterogéneo espacio integrado por la asamblea junto a científicos, artistas, escritores, periodistas, directores de cine, músicos, organizaciones campesinas, ambientales y pueblos originarios.
“La evaluación de Impacto Ambiental fue insuficiente e incompleta, y no tuvo en cuenta las condiciones particulares de las áreas marítimas donde pretenden realizar la exploración”, insiste Génova. Ayer, con argumentos similares la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor de una medida cautelar que declare inválida la resolución ministerial 436/21. El amparo, latente de ejecución, es uno de otros tantos presentados. Greenpeace junto a la Asociación de Abogades Ambientalistas y otras organizaciones presentaron otro el mismo jueves.
Además de ordenar un estudio de impacto ambiental imparcial y que respete los términos del Acuerdo de Escazú, la fiscal Mazzaferri advirtió sobre actos improcedente en el llamado a licitación al obviar la consulta a Parques Nacionales, debido a que el área de exploración sísmica —que se realizan con constantes ráfagas de disparos aire comprimido al lecho marino— coincide con el recorrido migratorio de la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural. Esos son parte de los argumentos de la acción presentada por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que integra Kanki Alonso.
También entre los argumentos está “el incumplimiento absoluto de la normativa ambiental”, insiste Lucas Landívar, abogado ambientalista patrocinante e integrante de la Comisión de Legales de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, y agrega que las “medidas de mitigación” avaladas por el Ministerio de Ambiente “están basadas en datos puramente dogmáticos que contrastan abiertamente con la información científica disponible”.
A la espera de la definición judicial sobre los amparos presentados contra la resolución firmada por Cabandié —que de ser aceptada debería “prohibir de inmediato el inicio de los bombardeos sonoros y tambien investigar la responsabilidad penal del Ministro y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación”, explica el abogado ambientalista patrocinante Fernando Cabaleiro—, los integrantes de la asamblea, en diálogo con Tierra Viva, repasan los argumentos del Gobierno, la falta de participación ciudadana en el proceso y los peligros evidenciados por la actividad que, hasta ahora, solo muestra la intención de recaudar algunos dólares. La explotación dejaría solo un 6% por las regalías y la empresa tendrá el beneficio de libre disponibilidad empresaria de 60% de las ganancias generadas.
“El pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, mientras que la actividad petrolera afecta directamente nuestras economías regionales, basadas en la pesca y el turismo, así como también el desarrollo socio-cultural, recreativo y deportivo vinculado al mar, que identifica a las ciudades costeras”, lamentan y advierten la presión a favor del proyecto de exploración que realiza el clúster de empresas que ya son proveedoras de materiales y equipos para Vaca Muerta. En paralelo, el Congreso se prepara para tratar una nueva Ley de Hidrocarburos.
Sobre “riesgos ambientales manejables” y “transición energética”
—¿Cómo recibieron las declaraciones del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que defendió la actividad off shore y destacó que “es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental” y la del ministro de Producción, Matías Kulfas, que habló de “riesgos ambientales manejables”?
—Fernanda Génova: Por un lado, la evaluación de Impacto Ambiental fue insuficiente e incompleta, y no tuvo en cuenta las condiciones particulares de las áreas marítimas donde pretenden realizar la exploración y explotación de hidrocarburos. Por otro lado, que el Ministerio de Ambiente sea contralor de la actividad petrolera en el mar no nos da ninguna garantía sobre el proceso. La explotación petrolera costa afuera es altamente riesgosa en todas sus etapas, con altas probabilidades de contaminación. El extractivismo ya genera grandes impactos en todos los territorios donde se instala. Eso no tiene control, las comunidades sufren las consecuencias de esos proyectos de mal desarrollo y el Ministerio de Ambiente sigue mirando a un costado.
—Kanki Alonso: Cuando el gobierno nacional se refiere a que la exploración sísmica y la explotación petrolera off shore atraviesa “riesgos ambientales manejable” choca de frente con las distintas problemáticas socioambientales del país: que no está pudiendo controlar los incendios, que no está pudiendo generar políticas territoriales para que las actividades sean sustentables –con grandes conflictos por las explotaciones mineras a cielo abierto como en Mendoza, Chubut y Catamarca–, que no está pudiendo controlar la aplicación de agrotóxicos, que no puede controlar la intromisión de buques pesqueros en el Mar Argentino. ¿Cómo va a ser manejable el riesgo ambiental a 300 kilómetros dentro del mar?
—¿Y cómo fue la primera experiencia del Ministerio de Ambiente interviniendo en la audiencia pública?
F.G:—Fue convocada por el Ministerio de Ambiente en el marco del proceso de evaluación de Impacto Ambiental del proyecto presentado por la empresa Equinor, que consideramos que no cumple con los principios de accesibilidad y gratuidad que deberían garantizarse en estos procedimientos de consulta pública. Fue convocada con muy poca anticipación y por medios de comunicación con poca llegada a las comunidades costeras afectadas, la información no fue suficiente ni accesible.
—La portavoz del gobierno Gabriela Cerruti dijo que “la transición energética llevará muchos años” y Cabandié prometió “conseguir dólares para comprar molinos eólicos” ¿Ustedes que participaron de la audiencia pública tuvieron acceso a un plan de transición energética relacionado a la explotación de las áreas CAN 100, 108 y 114?
K.A:— Quienes participamos de la audiencia pública no tuvimos acceso a información certera, amplia e integrada de las distintas dimensiones sobre la exploración sísmica que se estaba tratando. Entre ellas, la famosa “transición energética” que la portavoz del Gobierno dice que va a llevar varios años. Nos preguntamos en qué se basa, ya que no conocemos ningún plan estratégico de desarrollo para la transición energética en nuestro país ni presupuestos asignados ni líneas de desarrollo. Por ejemplo, la empresa noruega Equinor tenía, en 2016, dos líneas de inversión asociadas a YPF. Una tenía que ver con un campo eólico, pero en el que Equinor se retiró. ¿Por qué Equinor desistió de un proyecto de energía limpia y avanzó con la explotación offshore? En ese época, durante el gobierno de Mauricio Macri, se realizaron las adjudicaciones del primer concurso de licitación para las áreas de explotación offshore. Las políticas del Estado nacional son las que condicionan las líneas de inversión e influyen en las decisiones de las trasnacionales.
—Para seguir impulsando la actividad petrolera offshore el Gobierno sostiene que el 20 por ciento del gas del país proviene de plantas instaladas frente a las costas de la Patagonia e insisten en que se mantendrán “todos los resguardos ambientales necesarios”…
F.G:— Las plataformas petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de accidentes en el mar, y hay numerosos antecedentes en el mundo y también en nuestro país, que demuestran el impacto que tiene la explotación petrolera offshore sobre los ambientes marinos. En septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur, de la empresa YPF. El derrame tuvo 50 metros de largo, afectando el ecosistema donde se produjo el evento, así como la actividad pesquera y las costas. Brasil realiza desde hace varios años explotación de petróleo offshore, y han tenido derrames importantes. En 2001, ocurrió un accidente en la plataforma Petrobrás-36. La misma se hundió en la Cuenca de Campos, a unos 120 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de hidrocarburos que tenía almacenado.
—¿Y la experiencia de Equinor en este tipo de explotaciones?
F.G:— La empresa noruega Equinor, una de las más beneficiadas en la adjudicación de bloques durante el Concurso Público Internacional que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 derrames serios en 2020 y otros 10 en 2019. La empresa reconoció los accidentes graves, aunque los minimizó porque se habría logrado «una reducción» en los mismos.
—¿Qué podemos decir de la actividad y el control del Estado sobre YPF, Shell y Equinor, que ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta?
FG:— Estas corporaciones petroleras ya se encuentran realizando explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Neuquén y en Río Negro. En ambos territorios hay incidentes ambientales de manera permanente. No hay capacidad de control estatal, y tampoco hay información sobre los impactos ambientales. Los daños al ambiente se conocen producto de las denuncias realizadas por las comunidades que habitan esas zonas, o los mismos trabajadores de las plataformas, que graban lo que sucede con sus teléfonos celulares. El caso del bloque Bandurria Sur ocurrió en 2018. Se produjo un derrame de petróleo afectó 85 mil metros cuadrados impactados directamente con crudo y otras 77 hectáreas quedaron completamente contaminadas.
Un Atlanticazo para proteger el mar y la actividad productiva regional
—Otro aspecto que no fue respondido por el Gobierno en el debate público es el impacto que la exploración sísmica tendrá en estas áreas de exploración que conservan ecosistemas marinos sensibles, que es uno de los argumentos del dictamen favorable de la Fiscalía Federal de Mar del Plata para frenar la actividad…
K.A:—Es llamativa la omisión en el tratamiento de estas adjudicaciones en la Cuenca Argentina Norte, porque estas áreas se superponen con el sistema Fluvio Marino del Río de La Plata del proyecto interministerial Pampa Azul. Se trata de un sistema caracterizado por su alta productividad biológica que da sustento a la producción y mantención de especies de peces de alto valor comercial o de especies de fauna de alto valor de conservación como las tortugas verdes y delfines. Incluso esta área se superpone con un corredor migratorio de fauna marina y dentro de las especies que dependen de ese corredor está la Ballena Franca Austral, que fue declarada Monumento Natural, máximo nivel de protección que le puede dar el Estado y que es extensiva al ecosistema del cuál depende.
—¿Por qué hablás de omisión?
—K.A:Estos aspectos no están mencionados en el informe de Impacto Ambiental de Serman —la consultora contratada por Equinor para realizar el estudio de impacto ambiental— ni lo menciona el Ministerio de Ambiente. Son omisiones que no son ingenuas sino que tratan de ocultar la gran fragilidad y riqueza que tiene el ambiente que va a ser impactado y degradado tan solo con la exploración sísmica.
—En medio de las movilizaciones y el rechazo, el Congreso espera un llamado a extraordinarias donde se tratará una nueva Ley de Hidrocarburos, que impulsa la actividad extractiva off shore ¿Qué esperan de ese debate y cómo afectará el proyecto frente a las costas bonaerenses?
—K.A: En este contexto de claro conflicto con las comunidades afectadas por el avance de la frontera extractiva sobre los océanos nos muestra, una vez más, la agenda que marca la inversión transnacional en la Argentina, cómo condiciona la agenda política en el Congreso. El sur de global como zona de sacrificio para mantener niveles de explotación que, claramente, el ecosistema planetario no está soportando. Los inicios de estos actos de gobernanza lo podemos remitir a Ley 27.167, que genera el “Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos”. Sus objetivos no tuvieron un desarrollo significativo en ninguno de los ejes y la reivindicación de la soberanía nacional sobre el mar ha sido en función de buscar una legitimidad al avance de prácticas extractivas. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, se renunció por decreto a la jurisdicción nacional en caso de conflicto con Equinor –por más de 20 millones de dólares– y se somete a tribunales internacionales. La soberanía cae en saco roto siendo funcional a la explotación petrolera.
—En cuánto a la promesa de generación de puestos de trabajo, regalías y una mejora productiva para la provincia y para Mar del Plata, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) salió también a oponerse al proyecto de Equinor ¿Cuáles son las voces que se escuchan respecto el debate “productivo” en Mar del Plata y la Costa Atlántica?
—F.G: Dentro del sector pesquero hay voces, fundamentalmente vinculadas a las y los trabajadores, que se manifiestan en contra, mientras que el sector empresarial es más bien conciliador y buscan un acuerdo de convivencia entre ambas actividades extractivistas, la pesquera y la petrolera. Por otro lado, hay un grupo de empresas locales, agrupadas dentro del Clúster de Energía, que son proveedoras de materiales y equipos para las corporaciones petroleras que explotan el yacimiento no convencional Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Desde este consorcio empresarial se puja fuertemente para que avancen las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, y que Mar del Plata se transforme en un puerto logístico petrolero.La desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo solo benefician a las corporaciones. No sólo no llega el desarrollo, el progreso y el derrame económico prometido, sino que el pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, la destrucción de las actividades económicas tradicionales y peores condiciones de vida.
Fuente: Agencia Tierra Viva
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