El capitalismo nos impone vivir al
filo del apocalipsis…y nuestro
pasatiempo se llama democracia
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2022.
«Este sistema decadente (la lógica capitalista) es sumamente maligno, malignamente peligroso. Frente a eso hay que recuperar saberes que están escondidos. Éstos tienen que ver con maneras de enfrentar las crisis ambientales, las crisis de servicios, las crisis de abastecimientos. ¡Hay que estar listos!».
Silvia Rivera Cusicanqui
Socióloga boliviana.
“Un mundo Ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis”.
Mientras el «Reloj del Fin del Mundo» marca 100 minutos para la medianoche, lxs poderosxs del planeta siguen «distraídxs», y lxs locales continúan aportando al calentamiento global mediante los desmontes, se torna cada vez más evidente que la suerte de todo lo que vive depende exclusivamente de la lucha de los pueblos.
Omicrón: Otra vuelta de tuerca para el disciplinamiento global
Ya no importa si el origen de la pandemia en curso remite a la convivencia de especies salvajes con el ser humano, impuesta por el avasallamiento de este último sobre la naturaleza, o si tuvo lugar en algún laboratorio del Norte Global dedicado a alimentar una guerra bacteriológica en pro de disimular el reseteo a su favor del sistema – mundo vigente.
Lo indiscutible es que al menos una de sus consecuencias – el confinamiento colectivo – es absolutamente funcional al aborto de las luchas populares que vienen cuestionando el orden establecido desde los espacios públicos, y por ende resulta absolutamente favorable a una estrategia disuasiva.
Concretamente, si convenimos que la calle es el escenario primordial en que la movilización multisectorial – sin prisa pero sin pausa – viene sosteniendo la esperanza de las grandes mayorías, aunque la emergencia sanitaria lo justifique (alrededor de 50.000 contagios diarios durante esta nueva oleada), va de suyo que desalojar a las masas de ese teatro de operaciones neutraliza todo su potencial disruptivo.
Nuestra América:
Un nuevo ciclo progresista para prorrogar la crisis del sistema
El próximo 27 de enero, Iris Xiomara Castro Sarmiento asumirá la presidencia de Honduras, montada sobre las esperanzas que su marido “Mel” Zelaya – derrocado el 28 de junio de 2009 – supo sembrar en aquel pueblo centroamericano.
Mientras que el 11 de marzo, el ex diputado socialdemócrata Gabriel Boric Font se convertirá en el Primer Mandatario de un Chile cuya juventud – a partir de octubre de 2019 – viniera poniendo en jaque al orden pinochetista sostenido durante tres décadas, jugándose la vida a diario contra los pacos desde la Plaza de la Dignidad.
Por su parte, el pueblo brasileño elegirá presidente el 2 de octubre, en unos comicios de cara a los cuales – tras el genocidio social bolsonarista – las encuestas dan como favorito a Luiz Inacio “Lula” Da Silva, a quien algunxs analistas perciben más próximo al Movimiento Sin tierra que durante su mandato anterior, mientras otrxs opinan que no ha renegado de su conocida posición favorable a una conciliación de clases.
Este último, junto con lxs representantes del MAS boliviano, el bolivarianismo venezolano – exceptuando al socialismo cubano y al sandinismo nicaragüense, que son emergentes de otro momento histórico -, parecerían estar eslabonando la primera década larga progresista de Nuestra América (cuya insuficiencia fue rigurosamente cuestionada por prominentes intelectuales de la región, como Raúl Zibechi, Maristella Svampa, o Rafael Bautista Segales) con su posible reedición, en un contexto de máxima concentración del capital financiero trasnacional, lo que acaso determine una versión aún más descafeinada que la original.
¿Lucirá entonces nuestro continente durante 2022 una nueva máscara “humana” del continuismo neoliberal?
Seguramente dependerá de las lecciones que nuestros pueblos hayan sido capaces de capitalizar desde que comenzó este siglo, y de la voluntad que por ende pongan en no frustrar a una nueva generación.
Berni: ¿El huevo de la serpiente que crece dentro del Frente de Todxs?
Al cabo de un año en el que el ablandamiento de las medidas restrictivas, condicionado por la vacunación anti COVID, a partir de su segunda mitad favoreció una gran proliferación de manifestaciones populares, el vigésimo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue debidamente conmemorado en Plaza de Mayo por un sinnúmero de organizaciones combativas que arribaron exhaustas a dicha cita debido al titánico esfuerzo realizado hasta entonces en pro de sostener su presencia en las calles para evitar el avasallamiento de derechos de los sectores más postergados: “Marchódromo” y “luchismo” fueron términos acuñados en su propio seno, para definir una multiplicación interminable de convocatorias, en muchas ocasiones superpuestas, y en la mayoría de los casos gradualmente asimiladas por el Estado sin acusar recibo.
En el excelente primer número de la Revista “Quilombo”, editada por el Colectivo CONTRAHEGEMONÍAweb, la investigadora Mabel Thwaites Rey aporta un balance sumamente interesante del Argentinazo:
«Que la potencia desatada en las jornadas de diciembre de 2001 no haya conducido a una transformación radical no es solo producto de la cooptación y pasivización gubernamental. Expresa que, además de fuerza resistente y horizonte de autonomía, se requiere disponer de estrategias y herramientas políticas que estén a la altura de la energía expandida, para conducirla de modo políticamente productivo. La capacidad del kirchnerismo para empujar ese movimiento multiforme en los cauces del peronismo y lograr gobernabilidad habla de su eficacia en términos políticos, a la vez que de las carencias del campo popular y de sus vertientes de izquierda y autonomistas para liderar un rumbo alternativo. Porque el mundo al que aspiramos, que a veces se prefigura en experiencias que amplían los márgenes de autonomía y radicalidad pero en escalas acotadas, demanda una replicabilidad que exige un enorme esfuerzo militante. No brota solo, no está allí agazapado y en espera de florecer, sino que requiere la multiplicación de acciones encaminadas a hacerlo posible».
Revisemos algunos acontecimientos recientes a la luz de estos señalamientos.
El 15 de diciembre pasado, la Legislatura de Chubut aprobó la Ley de Zonificación Minera provincial presentada por el gobernador Mariano Arcioni. Su sanción se dio en el marco de una sesión especial convocada con otro propósito, sin que se conociera el orden del día hasta el momento de su debate. Dicha maniobra expresó el acuerdo entre el oficialismo provincial (Chubut somos Todos), Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para integrar aquel territorio al grupo de “provincias mineras”, a contrapelo de casi dos décadas de resistencia del pueblo al despliegue de tal actividad. La respuesta social no se hizo esperar, y estalló la rebelión popular. Ante la movilización masiva, la acción directa y la democracia de base, la partidocracia vendida al extractivismo se vio obligada a recular, y la ley se derogó por unanimidad.
Pero la lógica euforia que produjo aquella victoria popular no duraría demasiado.
El mismo día en que nuestro pueblo se aprestaba a conmemorar la Nochebuena, en La Matanza – un municipio que hace honor a su nombre – esa “maldita policía” bonaerense que no olvida las lecciones del Gral. Ramón Camps, aquel genocida que rigió su destino durante la última dictadura -, la misma fuerza que en 2020 desalojó sin contemplación alguna la toma de Guernica, prendió fuego a los 4 merenderos y a las casillas de quienes estaban cuidando el lugar de la recuperación de tierras del Barrio “1° de noviembre”, lindero del “22 de Enero”, en Ciudad Evita.
La absoluta vacancia de una política habitacional que contemple las urgentes necesidades de lxs más humildes, particularmente en un distrito que ha reprimido cuanta lucha por tierra tuvo lugar, ahora se ensañó contra un barrio avasallado por quinta vez. Mientras este gobierno pagador serial concreta con el FMI un acuerdo imposible de sostener sin ajuste, para lxs privadxs de tierra y techo solo hay garrotazos.
Al cabo de dicha incursión 300 familias con sus niñxs quedaron a la intemperie. Tal fue el regalito que un gobierno cuyo lema es “primero los últimos” encargó a Papá Noel con destino al pobrerío (el presente de Año Nuevo son más tarifazos)
Casi sin solución de continuidad, otro episodio protagonizado por los esbirros de ese Ministro de Seguridad bonaerense que declara estar cada vez más alejado de la Vicepresidenta, mientras simultáneamente proclama que será candidato a presidente en 2023 (¿disenso real o Plan B del oficialismo para salirle al cruce por derecha a lxs libertarixs?) – el violento desalojo de la Cooperativa Nueva Generación de Wilde -, corona exitosamente logrando la votación de la expropiación, que contaba con media sanción del Senado.
En tanto que, por su parte, en la Patagonia un juez ratifica el desalojo del lof Quemquetrew.
Y así podríamos continuar dando cuenta de esta pendularidad signada por logros y reveses del campo popular, dinámica en el marco de la cuál ninguno de los bloques sociales en pugna logra imponerse sobre el otro. “Por ahora”, como expresara tras su fallido levantamiento de 1992 el Comandante Hugo Chávez Frías.
Los acontecimientos referidos más arriba no guardan correlato inmediato entre sí, pero ilustran a las claras el estado de equilibrio inestable que, desde hace más de 200 años de guerra civil – a veces latente y a veces manifiesta – mantienen dos proyectos de país antagónicos: El que acaricia nuestro pueblo y el que defienden a como dé lugar las oligarquías que lo oprimen y saquean.
Dicho status históricamente ha entrado en crisis cada vez que lxs de abajo fueron capaces de confiar en sus propias fuerzas, sin delegar su destino a ningún liderazgo carismático. Como en diciembre de 2001.
¿En qué invertir esfuerzos durante un año no electoral?
Consecuentemente con lo expresado hasta aquí, puede concluirse que con el pueblo organizado todo es posible, pero sin él no hay futuro para las mayorías.
El panorama descripto parecería indicar que, ante el incremento exponencial de la pobreza, y el asistencialismo como sedante colectivo, la asignatura pendiente de las organizaciones sociales insumisas consiste en generar trabajo genuino y producir sin patrones.
Se impone, además, no repetir métodos agotados en 2021: En honor al Diego, habrá pues que parar la pelota, estudiar bien la cancha, y meditar largamente la próxima jugada. Antes que la clase política vuelva de sus vacaciones.-
Incendios en la Patagonia: falta de
inversión estatal, escasa prevención
y monocultivos de árboles
Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2022.
En Chubut, Neuquén y Río Negro se reiteran los incendios forestales. Aunque desde el Ministerio de Ambiente anuncian el envío de brigadistas y aviones hidrantes, vecinos e investigadores denuncian la falta de políticas de prevención y exigen más personal e inversión. En 2021 se incendiaron en Argentina más de 300 mil hectáreas. El rol del monocultivo forestal como propagador del fuego.
La Patagonia vuelve a ser acosada por el fuego. En las últimas horas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación creó un comité de crisis para tratar de apagar las llamas en la Comarca Andina y en el Lago Nahuel Huapi, que arden desde hace varios días. También se emitió una alerta por incendios en Tierra del Fuego y el territorio neuquino resiste el avance de los focos ígneos. En sus reportes de manejo del fuego, el Estado Nacional alerta que el 95 por ciento de los incendios son intencionales. Entre las consecuencias: peligro para las personas y los ecosistemas, pérdidas materiales y desplazamiento de comunidades. Según datos oficiales, en 2021 se incendiaron en Argentina 302.000 hectáreas.
Jorge Chemes vive en la localidad chubutense de El Hoyo, en la Comarca Andina. Afirma a este medio que, tras los importantes incendios de marzo de este año, “no hubo inversión ni mantenimiento por parte del Estado”. Por su parte, el docente e investigador Lino Pizzolón advierte cómo el monocultivo de pino contribuye a la propagación del fuego en esa región: “El pino ponderosa, que es el 86 por ciento de lo que hay plantado en la Patagonia, es una de las especies más flamígeras. Cuando el fuego llega a un pinar, explota y se expande para todos lados“.
En Neuquén, asambleas socioambientales, colectivas y agrupaciones ecologistas responsabilizan y demandan al Estado y los gobiernos municipales, provincial y nacional «que arbitren los medios pertinentes para prevenir la quema del bosque nativo, actúen rápidamente ante el primer indicio de foco de incendio, evitando así desastres socioambientales cada verano, y reforesten la zona afectada con vegetación nativa». Mientras arde el Lago Aluminé, los pobladores denuncian el impacto del monocultivo de pinos ponderosa de la Corporación Forestal Neuquina y a la Ley 2183 que autoriza a las petroleras a pagar en hectáreas forestadas las indemnizaciones por daños en el territorio.
«Es evidente, tanto en Neuquén, como en Río Negro y la heroica Chubut, que sin el diseño de un plan de prevención, que efectivice la contención de un incendio apenas se genera, para luego aparecer con helicópteros y aviones de escasa capacidad de almacenamiento de litros de agua y sin la técnica correspondiente para volar frente condiciones adversas, que su objetivo no es combatir los incendios, sino dejarlos crecer para luego ceder tierra a los empresarios inmobiliarios, turísticos y mineros», reza un comunicado emitido este 27 de diciembre y firmado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, la Red Ciudadana de Villa La Angostura, la Asamblea por los Ríos Libres, la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, entre otras organizaciones.
Según el informe del Ministerio de Ambiente titulado “Manejo de fuego. Reportes de incendio“, del 26 de diciembre de 2021, en Argentina se incendiaron 302.451 hectáreas entre el 1 de enero y el 2 de diciembre pasado. Las provincias más afectadas fueron Córdoba (57.027 hectáreas), San Luis (49.282), La Pampa (29.390), La Rioja (21.389), Río Negro (20.381), Mendoza (19.730), Entre Ríos (19.707), Formosa (18.009) y Chubut (16.919).
Falta de inversión y planificación estatal para prevenir los incendios en la Patagonia
En marzo de este año se produjo, en la zona de la Comarca Andina -ubicada en el límite entre Río Negro y Chubut- un incendio devastador que duró varios días. Hay diversas hipótesis sobre lo que sucedió pero, afirma Jorge Chemes, “está claro que hubo un problema eléctrico“. El 9 de marzo pasado hubo grandes tormentas de viento y, por falta de mantenimiento del tendido eléctrico, las ramas de los árboles tocaron unos cables: fue la chispa que desató el fuego. “Desde ese momento a la actualidad el Estado proveyó a las casas incendiadas algunas unidades habitacionales bastante precarias, pero el problema no se llegó a resolver“, dice Chemes.
Las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo y Cholila, entre otras, dependen del servicio eléctrico de la Delegación de Servicios Públicos de Chubut. Desde marzo pasado, no se realizaron tareas de mantenimiento del servicio para prevenir nuevos incidentes. Además, hay un conflicto sindical porque los trabajadores de la delegación no tienen elementos de seguridad para su trabajo. “Eso se suma a la falta de inversión y mantenimiento del Estado“, contextualiza Chemes, que además es integrante de la ONG ambiental Taller Ecologista.
Hace una semana el cortocircuito volvió a ocurrir. “Fue un desperfecto eléctrico en una línea de media tensión que está en el cerro Currumahuida y que abastece una antena de comunicaciones. Eso desató un incendio que al día de hoy no se pudo apagar“, dice el entrevistado. “Esto es debido a una falta de planificación y de inversión por parte del gobierno de Chubut. Puede volver a pasar en cualquier momento porque el sistema eléctrico está en pésimas condiciones“, agrega.
Por su parte, el incendio en el Lago Nahuel Huapi se originó por una tormenta eléctrica. Para Chemes, se trata de una consecuencia del cambio climático: “Esta no era una zona de tormentas eléctricas como se están dando ahora, cada vez con más frecuencia». Nuevamente, apunta a la desinversión estatal.
El gobierno nacional informó que en Río Negro se desplegaron 86 brigadistas nacionales, un avión hidrante anfibio, dos helicópteros con helibalde pertenecientes al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SMNF); también se puso a disposición un avión observador. En Chubut, operaron 56 brigadistas pertenecientes a los equipos nacionales, a la Administración de Parques Nacionales y a la Policía Federal, junto al apoyo aéreo de dos aviones hidrantes, un helicóptero con helibalde y otro para traslados pertenecientes al SNMF.
—¿Bastan estos recursos para abordar la problemática de los incendios?
—No bastan, pero además hoy se hace política con las redes sociales y vemos fotos del Ministro [de Ambiente] Cabandié mirando desde un helicóptero una montaña que se está quemando. No hay que tomar las medidas cuando el fuego ya está iniciado, sino antes. Hay que trabajar en la prevención. No hay una atención seria del tema de los incendios en la zona.
Monocultivos de pinos: una bomba de tiempo
Además de la precariedad del sistema eléctrico y la falta de prevención, se suma el extractivismo como una amenaza para las poblaciones de la zona afectada. El investigador Lino Pizzolón estudia la expansión de los monocultivos de pinos en la Patagonia. “Es una invasión biológica», describe. Hace algunos años comenzaron a plantarse en el sur del país una especie de pino llamada Pinus Ponderosa o Pino Ponderosa. Su característica es que es sumamente inflamable, además de secar los suelos y evitar el crecimiento de otras especies de flora a su alrededor. “En el hemisferio norte esa especie de pino deja crecer otras cosas en el bosque. Pero cuando la trajeron para acá creció más rápido y empezó a producir una sustancia química que elimina toda otra vegetación“, explica el entrevistado. Los monocultivos de pinos generan verdaderos desiertos verdes, al estilo de la soja transgénica. Una de los mayores empresas del sector en la Compañía de Tierras del Sur, que pertenece al grupo Benetton.
Pizzolón recuerda que el propio funcionario Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, dijo en El Bolsón que la trayectoria de los incendios en Cuesta del Ternero se pueden seguir observando dónde se propagó el fuego más rápido: a través de las plantaciones de pinos. “Las plantaciones de pinos propagan el fuego mucho más que el bosque nativo y más que los arbustos de la estepa. El pino ponderosa, que es el 86 por ciento de lo que hay en la Patagonia, es una de las especies más flamígeras», indica Pizzolón. “Son bombas de tiempo“, enfatiza. Estos árboles, plantados con fines productivos, no solo hacen más rápida la circulación del fuego sino que absorben entre un 40 y un 60 por ciento más de agua que el bosque nativo.
“Seguimos plantando pinos en una situación de cambio climático, con precipitaciones en disminución y temperaturas en aumento es plantar desastres“, afirma Pizzolón. En la Patagonia hay 100.000 hectáreas plantadas con esta especie arbórea. El entrevistado recuerda la intención de empresas extranjeras como Nestlé y Unilever, que se comprometieron a plantar pinos en el hemisferio sur. Para él, el mundo tiene una “deuda ambiental“ con nuestro país, “en relación a estas tormentas de fuego que se desatan“.
El docente e investigador analiza: “Hubo mucho fuego este año y que ahora estamos entrando en el verano, que es el período seco, la perspectiva es muy dolorosa. Eso tendría que transformarse, en lugar de tanta abdicación, en un enorme reclamo sobre la deuda ecológica que el mundo tiene que con nosotros, en lugar de estar viendo si pagan y cómo al Fondo Monetario Internacional“.
fuente: Agencia Tierra Viva
Envio:RL
Un subcomisario clave revela quiénes integraban la mesa que armaba las causas en la provincia
Los audios que describen la trama de la Gestapo
Los mensajes que envió un subcomisario involucrado en los allanamientos realizados durante durante el macrismo a domicilios de Daniel Scioli y otros funcionarios serán presentados a la justicia.
El exjefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, se presentará el lunes a la justicia para sumar dos audios a la causa que tramita el juez federal Ernesto Kreplak. Allí un subcomisario involucrado en los allanamientos a su vivienda, a la de la casa, la empresa y hasta el club de Daniel Scioli, y a casi cien domicilios más, asegura que en la provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, en la misma sala del Banco Provincia donde se filmó el video de la Gestapo, y a veces también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada. Según se escucha, la integraban la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
En los dos audios que se presentarán en la Justicia, y que pertenecerían al subcomisario y contador Hernán Casassa, se detalla: “con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis (sistema de información económica), hablaba con la Unidad de Información Financiera (UIF), pedía información de todos lados. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (Elisa) Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”.
La Gestapo política
En los últimos días, apareció por primera vez con una prueba de video y audio el accionar de la mesa judicial bonaerense -la de la ansiedad por tener una Gestapo- referida a espionaje ilegal y armado de causas contra dirigentes gremiales. Ahora aparece una prueba nítida de cómo se operaba contra dirigentes políticos.
Casassa encabezó personalmente los allanamientos a la empresa de Scioli -Capanone, que era originalmente la de electrodomésticos y es de la familia desde hace 60 años-, al domicilio de Alberto Pérez -jefe de Gabinete de Scioli-, a varias cooperativas de trabajo, a dependencias de Ioma, al subsecretario de Asuntos Administrativos, Walter Carbone, y a casi cien domicilios más, entre ellos el club La Ñata, en el que el exgobernador juega al futsal.
Con la pata mediática hicieron ruido a raíz de la estatua de un dragón que había en un jardín de la casa de Carbone: dijeron que tenía una caja fuerte adentro, pero al final no se encontró nada y se la devolvieron.
El contador Casassa, una pieza clave
El subcomisario Casassa era una pieza clave para la mesa judicial porque, siendo contador, venía de la división Activos Ilegales, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Página/12 publicó, ya el 5 de julio de 2020, la existencia de una mesa judicial y espionaje ilegal bajo la órbita de Vidal, pero los datos no provenían de alguien de adentro, sino de una secuencia de pedidos de informes e intervenciones telefónicas irregulares.
Por ejemplo, se hicieron informes de Migraciones, informes económicos a través de los Nosis, la AFIP, la UIF, y hubo intervenciones telefónicas a Roberto Baradel, sus hijos y hasta nietos, en tiempos de conflicto con los docentes. Todo sin orden judicial alguna. Cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, irrumpió en la Legislatura bonaerense para protestar por una reforma jubilatoria, se desataron los pedidos de Nosis y las intervenciones telefónicas.
Las evidencias mostraban que no se trataba de hechos aislados, sino de una matriz de persecución.
Los audios que llegarán a la justicia
Esta vez, la prueba contundente surge del propio riñón del aparato que protagonizaba la persecución. El subcomisario Casassa precisa en dos audios enviados a un allegado y con un cierto tono de arrepentimiento, de dónde salían las órdenes que le daban y quién armaba las causas judiciales de manera clandestina:
“Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados. Estaba autorizada a pedir la información, la usaban para juntar toda la información. De ahí salían los diferentes armados. Por ejemplo, toda la documentación con la que se allanó a (Walter) Carbone, los dragones, las casas, era toda documentación que se logra incorporar gracias a este entramado que tenían de búsqueda de información. Lo mismo después cuando sale el informe, con todo detallado, de la venta de los terrenos a Miller, la construcción de los hoteles. Era toda información que era presentada por esta mesa de investigación clandestina que tenían. Por eso era tanto el ingreso de información a la causa judicial. Sí o sí había que matarlo. Me consta porque iba gente interesada del ministerio y que tanto daño trajo en la causa de él (Scioli)”.
Estos eran los esbozos de espionaje y armado de causas ilegales. Allanaron la vivienda de Carbone, pero al final no encontraron nada. Los terrenos de Miller, es una referencia al intento de vincular una operación inmobiliaria con la construcción de las UPAS (Unidades de Pronta Atención Sanitaria). Terminó en la nada. Lo de la construcción de hoteles, no se sabe a qué se refiere, porque se ve que es algún dato que tenían, pero que tampoco prosperó.
En el segundo audio se escucha lo siguiente: “la mesa judicial, que era el grupo de tareas que era Asuntos Internos, esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así. Por más que des vueltas”.
La trama
Como quedó claro en el video en el que lleva la voz cantante el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, “la cuestión judicial está arreglada”. Las palabras exactas de Villegas fueron “no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador, funcionarios del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para ver qué sale, digamos”.
El audio atribuido a Casassa muestra lo mismo. En la mesa judicial estaba Conte Grand -él mismo fotografiado hace unos días almorzando con Mauricio Macri- que iba en persona a las reuniones. Y las causas se canalizaron a través de dos fiscales, Alvaro Garganta y María Cecilia Corfield. En la provincia de Buenos Aires los fiscales son los que investigan y Conte Grand mantiene el control con puño de hierro.
Ya hace un año y medio se le presentaron aquellas pruebas de los Nosis -nada menos que 40.000 pedidos de informes sin orden judicial-, pero Corfield avanzó únicamente en los 4.000 que tenían que ver con investigaciones sobre el patrimonio de los policías. El juez Guillermo Atencio no intervino.
Y, por supuesto lo que surge de los audios, se concreta en la realidad: el armado de causas se complementó luego en la UIF, la AFIP, la AFI, Migraciones u otros organismos oficiales y la información se le pasó después a referentes de la oposición, en especial a Elisa Carrió, que los presentó a la justicia. El redondeo inmediato consistió en la difusión a través de los medios amigos.
La matriz de persecución
Para el macrismo, la matriz de persecución fue esencial. Era la manera de tapar los descomunales aumentos de tarifas, el cierre de empresas, el desempleo y luego el endeudamiento. Trabajaban con la idea de que los escándalos, la demonización de Cristina Kirchner o Daniel Scioli, les daban aire para imponer políticas impopulares. Es lo que explica dos hechos inéditos:
* En la reunión en la que se añoró a la Gestapo, estuvieron presentes el jefe de operaciones de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, Director de Operaciones; Sebastián Di Stéfano, director de Jurídicos y Darío Biorci, jefe de Gabinete de la central de espías. “Nunca en la historia de la inteligencia argentina se cometió la irresponsabilidad de sacar a la luz, en una sola reunión, a tres directores del máximo nivel de la exSIDE”, sostuvo un viejo analista de cuestiones de inteligencia. Demuestra la importancia que le daban al armado de causas.
* En las tareas de espionaje se usaron, de manera masiva, decenas y decenas de policías, sin experiencia en inteligencia y muy dados a guardarse y pasarse información, esperando venderla o usarla en algún momento, incluso para extorsionar. Por eso aparecen más y más audios, videos y fotografías. En este caso, la voz es de un subcomisario clave.
Todo está filtrado, todo sale a la luz -y seguirá apareciendo- producto de un aparato de mercenarios improvisados puestos a perseguir a opositores en función de la estrategia diseñada en la Casa Rosada.
Dardos cruzados por la mesa judicial bonaerense
Gestapo macrista: comenzó el Gran Bonete entre Vidal y Macri por la responsabilidad
En el entorno de la exgobernadora aseguran que la reunión fue idea de la AFI. Dirigentes del ala dura del PRO apuntan contra Marcelo Villegas. Nadie de Juntos por el Cambio salió a cuestionar el material publicado.
Mientras ninguno de los principales dirigentes del PRO se anima a decir una palabra sobre el escándalo que desató el video donde se ve al ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas hablando de armar causas contra sindicalistas en una reunión con empresarios, autoridades de inteligencia y otros funcionarios bonaerenses, comenzaron sutilmente los movimientos internos para ir derivando la culpa hacia el otro sector. Una suerte de Gran Bonete, pero en susurros. En el entorno de María Eugenia Vidal ya deslizan que esa reunión fue idea de la AFI y que sus funcionarios fueron una suerte de convidados de piedra. Los dirigentes del ala dura, como Waldo Wolff, le apuntaron sobre todo a Villegas, en tanto funcionario de Vidal de esa época, y por la frase de que le gustaría tener una Gestapo para eliminar sindicatos. El tema está todavía tan caliente que en la última reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio nadie se animó a tocarlo. Es un síntoma que, a diferencia de lo que ocurrió con la citación de Mauricio Macri por el espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, no hubo un comunicado conjunto de Juntos por el Cambio asegurando que era todo falso.
Es que la causa de la Gestapo antisindical está en una zona de silencio espeso en Juntos por el Cambio: algún que otro radical hizo una declaración al pasar, pero de la boca de los principales involucrados no salió nada. Vidal mantiene un silencio con el que busca que el tema no crezca en los medios. La entonces gobernadora tiene a varios de sus ministros escrachados en esa reunión y diciendo cosas inconvenientes, pero prefiere no decir nada. En estos días, le resultó más importante hablar de la reelección de los intendentes. Macri, que ya tiene encima varias causas por espionaje en su historia, tampoco dijo nada, pese a que había autoridades de la AFI en el encuentro. Y Larreta, que tiene en su gobierno a uno de los implicados, hizo como si no escuchara los pedidos de renuncia de la oposición porteña. Silencio, en todas partes pintado el silencio.
Vidal tiene un segundo motivo para estar enojada, además del hecho de que sus funcionarios quedaron expuestos en una maniobra que el Poder Judicial ahora investiga: se confirmó nuevamente que la AFI en tiempos de Macri espiaba a su gobierno y de forma sistemática. Pero a diferencia de los seguimientos a Vidal y al ex vicejefe Diego Santilli que se investigan en otros expedientes, esa vigilancia produjo un video que fue un exocet a la ex gobernadora: y que en lugar de ponerla en el lugar de víctima -como hicieron las otras causas- deja a sus ex funcionarios en el banquillo de los acusados. Habrá que ver en qué momento y de qué forma elige expresar su fastidio al ex presidente por esas maniobras de espionaje reiteradas que siguen saliendo a la luz.
Muchas de esas maniobras tuvieron su origen en el llamado "Proyecto AMBA", la instalación de una serie de bases de la AFI en el territorio bonaerense, que sirvieron para reincorporar a policías bonaerenses fuera de servicio. En su momento, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, le avisó a Vidal que estaban usando esas bases para hacer tareas de inteligencia non sanctas y la gobernadora le pidió al presidente que las levantaran, cosa que se hizo a fines de 2017, supuestamente. La reunión filmada, cuyo video apareció en la AFI, fue a mediados de ese año, cuando esas bases estaban operativas.
Ya no se trata de diferencias políticas sobre qué discurso tener o a qué aliados apuntar desde el PRO: Vidal viene comprobando que desde la AFI en tiempos de Macri le metieron espías hasta en la sopa. En público, eligió una y otra vez desligar al ex presidente de esas tareas de inteligencia ilegales. En privado, en su entorno ya empezaron a dirigir la culpa hacia las tres autoridades de la AFI que estuvieron en ese encuentro: "Estoy seguro de que esa reunión la arma la AFI, no Villegas, que ni debe haber entendido bien a donde estaba yendo", señalan en el entorno de la ex gobernadora y hoy diputada porteña. Esta parece ser una de las estrategias: presentar a Villegas como un convidado de piedra y responsabilizar a la AFI y, en particular, al responsable de la relación con los jueces que estaba ahí sentado: Juan Sebastián De Stefano.
Va a ser interesante ver qué ocurre cuando empiecen las estrategias de las defensas en la causa. ¿Villegas le apuntará a la AFI o coordinarán las estrategias? También es importante observar a futuro el nivel de cohesión que exhiben los ex ministros de un gabinete ya disuelto. Por lo que pudo saber este diario, el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante -a quien Vidal pidió especialmente cuando perdió a otro funcionario que consideraba valioso- está que trina. Se queja de que lo metieron en un encuentro sin saber a qué iba y ahora se puede comer una causa judicial. No toda la bronca está destinada en ese caso a la AFI. Hay también para Villegas, que andaba en reuniones en la Rosada junto al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, un mes antes de ese encuentro con empresarios.
"Esto es un vuelto político a Vidal. Sin duda, había una mirada desde la AFI con Vidal no sé por orden de quién", remarca un dirigente de peso cercano a la ex gobernadora, que no deja de mostrarse desconfiado con Macri y su entorno (entre otros, Marcos Peña). "¿Por qué la grabaron y por qué la guardaron? Son dos cosas bastante raras que no se entienden", remarca. El video también puede abrir alguna grieta con Larreta, que tiene en su gobierno a De Stéfano y se negó a echarlo cuando se conoció la noticia. "Tampoco se entiende para qué Horacio lo tiene a De Stefano en SBASE", advierte el hombre de Vidal ante este diario.
Desde el entorno de Larreta, por el momento lo defienden: "¿Por qué lo vamos a echar? Si en el video no dice nada. ¿Lo vamos a rajar por estar en un video?". Señalan que, en caso de que en la causa judicial aparezcan nuevos elementos, en esa instancia evaluarán la renuncia que ya le pidió la oposición porteña. Larreta no le dedicó demasiado tiempo a analizar el caso. Sigue pensando que es algo que lo toca de lejos.
Hasta ahora, todas las causas de espionaje que mostraron situaciones de escuchas o seguimientos internos fueron procesadas internamente en el PRO. Nadie salió, por ejemplo, a responsabilizar a Macri en público. Fue todo conservar las apariencias de que nadie cree que el ex presidente esté detrás de todo. Habrá que ver si esa estrategia se mantiene en esta causa judicial, en la que están implicados ex funcionarios de distintos gobiernos y de distintas líneas políticas.
También llamó a enterrar los fantasmas del pasado
Cristina Kirchner deseó "salud, trabajo, esperanzas y sueños" por Año Nuevo
En la víspera de Año Nuevo, la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió dos mensajes en sus redes sociales. En uno realizó un balance de lo que fue el último año y reconoció el duro momento que atravesó la ciudadanía en el marco de la pandemia de coronavirus. En el otro, compartió el mensaje de un sacerdote chileno ante la llegada de Gabriel Boric a la presidencia y explicó que también aplica para la Argentina.
"El pueblo argentino realizó este año un enorme esfuerzo para hacerle frente a la pandemia y a una situación que sigue siendo difícil, pero que vamos a superar entre todos y todas", escribió la exmandataria.
Y concluyó: "Les deseo un 2022 con salud, trabajo, esperanzas y sueños. ¡Felicidades compatriotas!".
El mensaje de Cristina Kirchner tiene lugar en el marco del aumento de casos de covid-19 y del impacto de la variante Ómicron en el país.
Para recibir el año 2022, la expresidenta se encuentra en la localidad santacruceña de El Calafate. Según confirmaron fuentes de su entorno, pasará la fiesta en lo que definió hace algún tiempo como "su lugar en el mundo" y en compañía de su familia.
La vicepresidenta participará de las celebraciones de fin de año después de haber encabezado en las últimas horas la sesión en la que el Senado modificó la ley de Bienes Personales.
Para Navidad, había emitido un mensaje a través de las redes sociales en la que deseaba "a todos y todas" unas fiestas "con amor, solidaridad y esperanza".
El mensaje del cura chileno que compartió Cristina Kircher
Tras su mensaje por Año Nuevo, la vicepresidenta hizo otra publicación en Twitter. "Antes que termine el año quiero compartir el mensaje de este sacerdote chileno, que también aplica a la Argentina", dijo y adjuntó el video del mensaje de un cura párroco de Chile en respuesta a los fantasmas que muchos agitan en ese país ante la llegada de Gabriel Boric a la presidencia.
Alejandro Slokar, flamante presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
"Hubo una Gestapo antijudicial, hubo macartismo"
Orgulloso de ser uno de los fundadores de Justicia Legítima, siempre tildado de K por los medios monopólicos, el juez pide una reforma profunda de la justicia, deconstruir el patriarcado judicial y valorizar a los funcionarios honestos.
Por Irina Hauser
Cada vez que hace o dice algo, lo que sea, la oposición y sus medios afines tildan al juez Alejandro Slokar de "kirchnerista" y recuerdan su pertenencia al colectivo Justicia Legítima, como si se tratara de algo cuestionable. Hace horas, en cuanto empezó el año, se convirtió por el voto de sus colegas en el nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía por debajo de la Corte Suprema, que se ocupa de revisar sentencias de tribunales orales, privaciones de la libertad y establece criterios que son referencia en Comodoro Py. Es también el tribunal de los camaristas que visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y la Casa Rosada, con quienes Slokar fue crítico. En diálogo con Página/12 dice que lo que se ve en el video de la Gestapo antisindical es "una burla extraordinaria a la democracia, mediante el ataque a las libertades civiles básicas" y advierte que también existió una "Gestapo antijudicial". Habla de la justicia federal porteña, de la criminalización de la política, de la Corte. "La anomalía de cuatro jueces sin mujeres es institucionalmente indefendible", afirma. Para esa y otras reformas sostiene que es imprescindible "un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, ya que existe una vigilia ciudadana que llama a vencer el marasmo y regenerar la confianza pública en la justicia".
--Cuando lo eligieron sus colegas algunos diarios titularon “un juez kirchnerista” presidirá la Cámara de Casación. ¿Qué piensa de eso?
--¡Que existe una obsesión patológica con la letra K! Desde la especulación de ciertos medios siempre hay tendencia al etiquetamiento, que no impactó en el acuerdo general de la Casación. Con mis colegas de la Cámara desde luego poseemos diferencias significativas, pero me confiaron la presidencia del cuerpo por el voto unánime. Ahora, si la identificación procede de mi desempeño como secretario de Política Criminal de Néstor Kirchner, debo recordar que además de una honra, entre tantos otros ministros del área, colaboré con al actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con quien al día de hoy mantenemos una relación de mutuo respeto, cada quien con su ideología, lejos de la idea de un juez eunuco, pero en aplicación honesta de la ley.
--¿Sigue en Justicia Legítima? ¿Por qué fue tan demonizado este colectivo?
--Me siento orgullosamente fundador de Justicia Legítima, aun cuando por imposibilidad desde hace años no detento cargo directivo. Se trata del colectivo que se nutre de todos aquellos que desde hace años, y con distintos gobiernos, denuncian y mantienen una posición abiertamente crítica al interior del Poder Judicial. Nos dimos cita hace casi una década en debate público, con más de un millar y medio de personas en la Biblioteca Nacional. Todavía es un debate postergado. Y a diferencia del accionar corporativo, hicimos una autocrítica para reclamarnos un Judicial más plural y más independiente, dispuesto a transparentar su actuación. Muchos pagaron un alto precio por ello, pues las carreras profesionales son el principal activo de aquellos funcionarios honestos. Hasta les valió también su Gestapo, la antijudicial. Porque hubo macartismo, y también una campaña de esterilización en la tentativa de neutralizar a aquellos que se insinuaban como obstáculo. Algunos colegas testimoniaron en la causa conocida como “mesa judicial” en su condición de víctimas, contaron las presiones recibidas.
--¿Quedan resabios de esa Gestapo antijudicial?
--No veo que actualmente la persecución o el disciplinamiento tengan el sentido o la profundidad de entonces. El entorno de entonces es absolutamente distinto al actual.
--¿Qué implica presidir la Cámara Casación? ¿Le da algún poder especial?
--La unanimidad con que fui elegido se traduce en la más amplia legitimidad para actuar. Pero lejos del rasgo monocrático, apuesto a un diálogo franco y respetuoso dentro del tribunal, y con las demás autoridades y poderes, para brindar más y mejor servicio. La actualización de las reglas prácticas para la rapidez de los juicios, en los casos de crímenes de lesa humanidad y otros procesos por crímenes complejos, a una década de su redacción, es imperiosa. Otra vía para la agilización es tomar aspectos del código procesal acusatorio (que no se terminó de aplicar). Debería también incluir un lenguaje inclusivo y más desformalizado, que se piense como una práctica a generalizar.
--Pasó casi un año desde que se conoció que dos de sus colegas visitaban a Mauricio Macri en la rosada y Olivos, tenis y paddle mediante. No tuvo grandes consecuencias salvo el escándalo público, ¿Cómo evalúa esto hoy?
--Frente a situaciones desdorosas evalué que no había lugar para la anomia ética. Me expresé oportunamente desde el imperativo de defensa de la integridad de la función, para una actuación imparcial en los casos a resolver, más allá de los vínculos que cada quien cultive y sabrá explicar. También señalé que no soy juez de jueces, ya que eso quedó en manos de otros magistrados y del propio Consejo, que evalúan las responsabilidades. Pero nunca debemos olvidar que los jueces tenemos una altísima responsabilidad ante el pueblo en el ejercicio de la delicadísima tarea encomendada.
--¿Por qué el macrismo tiene tanto interés en que las causas que involucran a su gente se muden a Comodoro Py? Y lo logran. ¿No existe la justicia real?
--Comodoro Py es el territorio que ocupa la centralidad de lo judicial, y hasta de lo público, con bondades y horrores que pueden existir en otros territorios. En la crisis de confianza pública no aparece como un lugar donde se resguardan de modo estricto las garantías del Estado de Derecho, que son las únicas herramientas que impiden la perversión de la criminalización política, quien quiera sea su circunstancial destinatario. Frente a tamaña concentración de poder, surge entonces la pretensión de una “justicia a la carta”, con atracción hacia este terreno, en donde hasta el gaucho Fierro advertiría que la lluvia no es pareja. Y ello trasciende las responsabilidades individuales, que no admiten disculpas, claro, pero obliga a un urgente rediseño más estructural. Como yo lo veo, con la plena vigencia de un modelo en cabeza de fiscales, con los debidos controles y reaseguros internos. La lógica organizativa propia de la cultura inquisitiva está emplazada a transformarse hacia un modelo ágil, moderno y trasparente.
--¿Por qué si esa reforma se aprobó no se lleva a la práctica?
--Primero, porque sigue habiendo un procurador interino. Mientras tanto el avance tiene profundizarse por resoluciones que dicte la bicameral de ministerio público.
--¿Es culpa del oficialismo que no se destrabe y no haya procurador/a?
--En cierta medida, sí. Habría que extremar la capacidad política en favor de un acuerdo con la oposición para hacer efectiva la reforma.
--¿Qué implica el video de la Gestapo antisindical, que muestra políticos, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios planificando la persecución a sindicalistas? ¿Qué debería pasar con esto?
--Tragedia y farsa, un curso degradatorio que conduce a la negación de los derechos y al quiebre de la democracia. Así lo advertí cuando me tocó intervenir en el caso D’Alessio. Parece que la denunciada urdiembre de espionaje político, linchamiento mediático y complicidad judicial, guarda aspectos reticulares, y la clave a conocer es si supera la lógica del mero “emprendedor” o se trata de la gobernanza a través de un Leviatán espiador. En cualquier caso, resulta una ingenuidad peligrosa pensar que no hay regresión a oscuras etapas que se creían superadas y que la democracia consolidada es un proceso irreversible. Su trayectoria está en jaque y amenaza permanentes. Jamás hay que olvidar que el espionaje, persecución y cautiverio ilegales, y aún eliminación a opositores, gremialistas, empresarios y hasta judiciales, es la marca registrada por la última dictadura cívico-militar. La única distancia, lo constituye la pérdida del sentido de vergüenza. Lo impúdico u obsceno no puede llevar a acostumbramiento ni a ser naturalizado. Pero no observo mayor repudio político general a esta burla extraordinaria a la democracia, mediante el ataque a las libertades civiles básicas.
—¿Cómo definiría la actual Corte Suprema?
--La anomalía de cuatro jueces sin mujeres es institucionalmente indefendible, más allá de las capacidades de sus miembros. Sin embargo, veo una crítica hiperfocalizada en las personas de los jueces, en general, o en el número. Y eso es quedarse en la superficialidad del iceberg. No alcanza, se requiere el cambio estructural porque un cuarteto o aún una sinfónica necesita un repertorio distinto y moderno. La elaboración debe ser más sofisticada y profunda de acuerdo a una reingeniería conforme las exigencias y necesidades del siglo XXI y las demandas de una justicia menos injusta.
--Otra vez, parece haber una dificultad de orden político para avanzar en reformas
--La falta de concreción de reformas indica que el mantenimiento del status quo resulta funcional a ciertos sectores, sobre todo a pretores del capital concentrado. Por eso insisto en que todo cambio demanda de un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, ya que existe una vigilia ciudadana que llama a vencer el marasmo y regenerar la confianza pública en la justicia, y así defender el futuro de la democracia. En el caso de la Corte, por ejemplo, hasta se ven indicios a través de expresiones de Rosatti de que el tribunal no está cerrado a la discusión de una posible ampliación.
--¿Y cómo vio, por ejemplo, la decisión suprema de declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura?
--Ciertas decisiones perturban la buena conciencia jurídica. Respecto del Consejo, se dictó un fallo cuya tardanza es bastante ostensible. Recién quince años después se viene a declarar una inconstitucionalidad bajo el argumento de que el estamento político está sobre representado, y en contra de los expresado por la voluntad popular a través de una ley. Pero desde el funcionamiento nada de lo ocurrido durante la vigencia autoriza al temor de hegemonía partidista, antes bien lo contrario. Yo fui nominado por un Consejo con esta integración, y como otros colegas, se obtuvo unanimidad.
--¿Qué lo más urgente de cambiar?
--Lo urgente, en el plano estructural, es deconstruir el patriarcado judicial como resabio antidemocrático. La feminización por vía de la equidad de género es impostergable. Ahora, lo estratégicamente instrumental es, desde siempre, la transferencia de toda la administración judicial al Consejo, como obliga la constitución, que todos juramos.
La AFIP desbarató una red que defraudó al fisco en 44 millones de dólares
Empresas fantasmas de exportaciones de granos
Se suman más operaciones ilegales detectadas por la AFIP. En los últimos meses, desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, desarticuló un entramado de empresas fantasma que no ingresaron 44 millones de dólares que les correspondía liquidar por la exportación de granos desde 2020. Además, operaban con mercadería obtenida en el mercado ilegal y subfacturaban sus ventas al exterior. Con la denuncia realizada, el caso queda ahora en manos de la justicia.
Se trata de 10 sociedades y 17 operadores de comercio exterior que realizaban sus operaciones con el mismo despachante de aduana. La investigación llevada adelante por la Aduana pudo establecer que el despachante era parte de un andamiaje coordinado desde Córdoba por un grupo de profesionales encargados de la creación y administración de las sociedades fantasma para defraudar al Estado.
El despachante que forma parte del entramado ya había realizado intentos de exportaciones fraudulentas de granos en los últimos tres meses desde Mendoza. En esos casos se trató de 770 toneladas de maíz partido y 140 toneladas de aceite mezcla con contenido de soja. Intentaban salir por Mendoza rumbo a Chile en camiones sin poder demostrar la trazabilidad es decir, de dónde venía de la mercadería que se apuntaba a exportar, lo que implica que había sido adquirida en el mercado ilegal y por lo tanto no pagado los impuestos correspondientes.
Los despachantes de aduana son personas que, tras estudiar una tecnicatura superior en derecho aduanero, quedan habilitadas para realizar operaciones de comercio exterior. Su participación en este tipo de redes es importante ya que son los únicos habilitados a gestionar ante la Dirección General de Aduanas y por lo tanto operan en representación de las personas jurídicas o físicas con intención de importar o exportar mercadería.
Esta persona exportaba desde diversos puntos del país declarando valores inferiores, que en algunos casos llegó a ser de hasta el 45 por ciento del valor declarado. Además de esta maniobra que tiene el doble propósito de pagar menos tributos e ingresar menos divisas al mercado oficial por la triangulación de exportaciones a través de países de baja tributación o paraísos fiscales, acumuló desde el 2020 unos 44 millones de dólares en concepto de liquidación de divisas con el plazo vencido para su entrada al mercado cambiario oficial por ventas informadas por este grupo de empresas apócrifas.
Las maniobras detectadas implican contravenciones entre las que se encuentra la evasión impositiva, la subfacturación de exportaciones y la infracción al Régimen Penal Cambiario por la falta de liquidación de las divisas producto de las exportaciones realizadas, entre otras. La denuncia fue radicada en el juzgado federal N°1 de Córdoba que impulsó la realización de allanamientos en domicilios particulares y oficinas en los que intervino la Policía Federal Argentina y que culminaron con el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, documentación, así como también más de 1.7 millones de pesos en efectivo y cheques por 1.7 millones de pesos que se encontraban en poder del despachante de aduanas.
Hecha la ley
En los últimos meses, la AFIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. La mercadería que intentó ser comercializada de manera irregular equivale a más de 850 camiones con acoplados, que ocuparían 20 kilómetros de ruta si fueran dispuestos en línea recta.
El trabajo coordinado entre las distintas áreas de la AFIP en conjunto con el apoyo de las fuerzas federales de seguridad, se traduce en distintos procedimientos que buscan transparentar la actividad del sector. Los casos más relevantes son los que siguen:
* Campana (Buenos Aires): Decomiso récord de más de 8100 toneladas de maíz, equivalente a más de 300 camiones. Los granos se encontraban almacenados en depósitos del puerto de Campana. La empresa pretendía exportarlos en barcazas a Uruguay.
* San Pedro (Buenos Aires): Decomiso de 4137 toneladas de maíz partido que pretendía exportarse desde el puerto de San Pedro. Se interdictó mercadería en doce camiones y dos barcazas donde se encontraba el producto. Ni la firma exportadora ni el productor podían justificar el origen de la mercadería.
* Ciudad de Santa Fe : 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja que una empresa exportadora adquirió a contribuyentes sin capacidad patrimonial ni económica para operar semejante volumen –productores fantasmas- y se almacenaban en el puerto de Santa Fe listas para ser exportadas a Brasil, Uruguay y Paraguay.
Más fiscalización
La AFIP optimizó sus herramientas de fiscalización del sector agrícola en 2021 con dos instrumentos clave: la utilización y procesamiento de imágenes satelitales y la implementación de la carta de porte electrónica, que es el único documento válido para trasladar granos por las rutas del país.
Por un lado, desde el 1º de noviembre empezó a ser obligatorio el uso de la carta de porte electrónica para el traslado de granos en transporte automotor o ferroviario. La documentación digitalizada reemplazó a los formularios en formato papel que eran utilizados hasta ahora para trasladar granos dentro del país.
La carta de porte electrónica marcó un hito en los controles del sector agrícola ya que no son reutilizables y cuentan con un código de barras y código QR que permite visualizar los datos de origen y destino de la carga en cualquier punto que se efectúen controles en la ruta.
Por el otro, el monitoreo satelital que surge del trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), arroja información que permite realizar cruces con las distintas bases de datos para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza la AFIP en todo el país a través de la DGI.
Fuente:Pagina12
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