TROPEL del 21.01.2022.

 

Ganar las calles, torcer el brazo al 

Fondo y salvar el único planeta

Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022.

“Los Estados ya no son parte de la solución, porque son uno de los problemas que afrontamos”. Raúl Zibechi

“Tiempos de colapso III. Construcción y luchas de pueblos en resistencia”.

(2021, libro colectivo editado por Coordinación Baladre e iniciativas sociales Zambra)

Mientras la mitad más uno de la humanidad zozobra, el capitalismo de plataformas la $igue levantando en pala 

Como bien lo señalara el portal digital cordobés El Megáfono (https://elmegafono.net/), las denominadas «big tech» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta) permanecen entre las siete empresas más acaudaladas del planeta, superando los 10 billones de dólares, suma que excede holgadamente el PBI del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. 

La empresa de la manzanita lidera el ranking global, siendo la única firma en la historia que cruzó la barrera de los 3 billones de dólares en Bolsa, al cabo de incrementar su valor en más del 36% durante el año pasado. 

No obstante, Alphabet (matriz de Google) fue la que mayor rendimiento obtuvo en 2021, expandiéndose hasta un 70% y arrimando a los 2 billones de dólares en capitalización bursátil. 

La merma en la fabricación global de semiconductores también favoreció a las empresas del sector, como a TSMC (China) que creció un 18%, aunque la privilegiada fue Nvidia (EEUU), que lo hizo en un 130%, posicionándose como la octava empresa más poderosa del globo. 

A la saga, también entre las 20 principales, figuran Tencent (telecomunicaciones y videojuegos, China) que menguó en un 20% su valor, al cabo de una controversia  con el gobierno de su país, y Visa (servicios de pago), que no experimentó cambios, ubicada en el 13° lugar de la tabla. 

Como se puede apreciar, resultó vana toda presunción de que el poder global tomara nota de alguna lección altruista capaz de tornar más equitativo el mundo de la post pandemia.

Para depredar a la Madre Naturaleza,

en Argentina no existe grieta alguna 

Recientemente, un equipo internacional de investigadores publicó un estudio en la revista Environmental Science & Technology, en el que se advierte que los niveles de contaminación química del planeta ya provocan le desestabilización de los ecosistemas y, por lo tanto, constituyen una grave amenaza para los humanos y el resto de seres vivos. 

En las últimas horas, el Ministro de Medio Ambiente de nuestro país ha declarado muy suelto de cuerpo que “no se puede saldar la deuda heredada sin contaminar”. A ello se suma el anuncio del Ministro de Producción acerca de lo que el gobierno denomina Plan de Desarrollo Productivo Verde, supuestamente destinado a mitigar los efectos del cambio climático. Estos movimientos se complementan con la ya evidente campaña deslegitimadora del activismo ambiental, que crece desde el centro de gravedad de la coalición gobernante, encerrada en una aparentemente irrefrenable lógica productivista destinada a quedar bien con los acreedores internacionales al costo de nuestros recursos naturales y de la salud de la población, porque quien se mueve en términos exclusivamente electorales resulta más que capaz de pagar semejantes precios. 

La ocasión es propicia para revisar la perversa argumentación con que desde las altas esferas se viene defendiendo la matriz productiva vigente. 

Según el Observatorio Petrolero Sur (https://opsur.org.ar/), la exploración actual en aguas ultraprofundas remite a lo que entendemos como energías extremas, y consiste en la extracción de combustibles fósiles cuyas características geofísicas hacían imposible su explotación hasta hace algunas décadas, tanto por los riesgos sociales y ambientales que entrañan, como por los  costos económicos y energéticos que insume dicha actividad. Tales energías han tornado factible la puesta en producción capitalista de territorios que antes era imposible explotar, y  permitido la prolongación de la vida útil de los combustibles fósiles sin tener en cuenta el perjuicio climático que ello causa. Otro ejemplo semejante es el de la explotación en Vaca Muerta.  

El desarrollo de este tipo de energías procura clausurar la transición energética   global, así como genera la proliferación de relatos tramposos como el que sostiene que el gas podría utilizarse a modo de combustible-enlace entre los fósiles “más contaminantes” y las energías renovables. Lo cierto es que la masiva utilización de gas metano y su fuga durante la extracción, en el corto plazo, favorece el  incremento del efecto invernadero, mucho más peligroso que el carbón.  

En tal contexto, resulta lógico que nuestro país deba elaborar una transición energética cuya primera labor sea reducir la quema de combustibles fósiles. Simultáneamente, urge mejorar el acceso a la energía en el país, contracara de la desigualdad que reproduce el sistema actual. Esto demanda no sólo iniciativas sectoriales – como la implementación de una canasta de consumos básicos imprescindibles por familia – sino a la vez de medidas complementarias de vivienda que garanticen un acceso digno a la energía, concebida como derecho.  

El dilema actual que plantea el debate acotado que procuran dar los sectores neodesarrollistas parte de que interpretan estas cuestiones como contradictorias, y por ende formulan falsas opciones: Ambiente o desarrollo; petróleo o pobreza. Tal  discurso carece de asidero histórico, en tanto que ambos aspectos pueden coexistir sin perjuicio alguno, dado que su relación futura depende de la acción colectiva, la misma que algunxs analistas pasan por alto. La síntesis de estas supuestas contradicciones es la política. Sectores organizados en lugares como Mendoza, Chubut y la Costa Atlántica, hoy demuestran que la supuesta ecuación que trae el discurso del desarrollo sustentable resulta insuficiente. Ante semejante  oposición al sacrificio de esos territorios debe formularse una propuesta que nos permita vivir mejor, conservando simultáneamente nuestra vida y los ecosistemas.  

Actualmente, organizaciones sindicales, indígenas, feministas, sociales, y políticas, entre otras, vienen debatiendo sobre el vínculo entre la energía y el conjunto de las políticas sociales. A partir de ello han surgido iniciativas como la Propuesta de Diversificación Productiva y la Democratización Energética de la Provincia de Río Negro, que ofrece alternativas económicas ante el riesgo que supondría una mayor dependencia de la renta hidrocarburífera.  

A su vez, estos debates buscan acabar con el cercenamiento de la discusión pública sobre la matriz energética por parte de la mayoría de los analistas “desarrollistas” y neoliberales, que no toman en cuenta a los sectores de mayor consumo energético, trasladando la responsabilidad a los consumos residenciales. Dicha encerrona presenta dos problemas principales. En primera instancia  desconoce las profundas desigualdades familiares existentes, donde los hogares más pobres consumen menos energía y de manera más insegura, invirtiendo en ello la mayor parte de sus ingresos. En un país donde el sector que más consume es el transporte, queda de manifiesto que la respuesta a la transición no vendrá tan solo del sector energético. Cambiar el sistema de transporte de personas y mercancías a través de la reconstrucción de la red ferroviaria permitiría intervenir en el sector que consume casi un tercio de la energía del país. Paralelamente, la modificación del modelo de consumo, aproximando por ejemplo los puntos de producción y consumo frutihortícolas, no solo permitiría reducir costos en traslados, sino que fomentaría una soberanía alimentaria correlativa con la soberanía energética. Estos y otros elementos como la necesidad del control público del sector, las posibilidades que otorga la generación descentralizada y la diversificación energética, o el rol de las organizaciones sindicales ante la desaparición y a la vez creación de empleos.  

En el caso de la explotación de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas, tal como sucede con Vaca Muerta y otras discusiones en torno a la política energética, sus promotores terminan privilegiando la necesidad de remontar la economía, generalmente por la vía exportadora. A contrapelo de la urgencia climática, dichas fórmulas conducen a profundizar una matriz fósil que no ha logrado resolver ni la crisis económica ni la energética. Lo cierto es que aún brilla por su ausencia una política energética integral, porque la energía tal y como la concibe el oficialismo termina siendo una mercancía más. Se trata pues de recetas desarticuladas e improvisadas que se utilizan como salvavidas económico y nunca parten de elaborar un Proyecto Nacional que incluya una adecuada  política energética y ambiental. 

Cuestiones de Fondo 

En este escenario, Santiago Cafiero acaba de entrevistarse, con Antony Blinken, el canciller de Biden. Quizás también haya visto a Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional. Hasta donde ha trascendido, los resultados de la visita no parecerían demasiado auspiciosos. Estos encuentros anteceden al viaje  del Presidente a China para una posible entrevista con Xi Jinping en el contexto de los Juegos Olímpicos invernales. 

Sectores del kirchnerismo barajan unPlan B de eventual ruptura con el FMI – que viene endureciendo su postura -, en caso de contar con apoyo del Gigante Asiático. Vana expectativa que probablemente irrite a los Estados Unidos, pero más aún alsegundo accionista del Fondo: Japón. 

Sorprendería, especialmente a Alberto Fernández, que los chinos recomienden acordar con el Fondo. Existen incontables evidencias de que ellos pretenden incrementar su gravitación en la arquitectura financiera internacional. La ilusión de que van a sacrificar dicho objetivo para hacerse cargo de la crisis argentina tiene visos megalómanos que convendría reconsiderar. 

Si se analizan cuidadosamente las negociaciones, queda de manifiesto quelo que se está discutiendo con el Fondo es el pago de una deuda. En consecuencia, el prestamista fija condiciones al deudor para asegurarse su cumplimiento. Que esas condiciones sean razonables, es otro cantar. 

En consecuencia, si se prescinde de este punto de vista y se asume el de la “geopolítica”, como pretende Guzmán, la clave no está tan a la vista. Es decir, si a través de la pulseada con el Fondo, Estados Unidos y las potencias occidentales  tratan de disciplinar a la coalición gobernante, el meollo de la disputa no estriba en  las «malas compañías» de Fernández. Lo que fastidia a Washington de nuestro presidente no es su tolerancia con la Venezuela bolivariana o su condescendencia con la Nicaragua sandinista.Más bien se trata de la Vicepresidenta. En todo caso lo que desvela a quienes temen un acuerdo con el Fondo es que la entidad pida la cabeza de Cristina. Para este pensamiento, el resto es irrelevante. 

Así se desarrolla la estrategia del kirchnerismo puro y duro ante la deuda. Para su mejor comprensión vale la pena refrescar la que adoptó el partido Siriza en Grecia  cuando enfrentaba la encrucijada de un ajuste acordado con el Fondo. En aquella ocasión, Yanis Varoufakis (https://www.youtube.com/watch?v=LoLMirAoX_E) visitó al Ministro de Finanzas alemán con el cometido de explicarle que la democracia de su país rechazaba los recortes que pretendían imponerle. Para demostrarlo, el presidente Alexis Tsipras convocó a un plebiscito. No obstante, más tarde optó por apretar el torniquete contra lo que votó su pueblo. Entonces Varoufakis renunció. 

Fernández y Guzmán contemplan la posibilidad de adoptar dicha lógica.Obtener el beneplácito de la oposición para alegar frente al Fondo. Eso resulta prácticamente imposible. Aunque, en el afán por conseguirlo, obtienen un beneficio secundario: poner en evidencia la desarticulación de Juntos por el Cambio, fuerza – jaqueada en estas horas por el trajinado video de la “GestaPro” – que acaba de ser invitada a una reunión con el Ministro de Economía a instancias de Sergio Massa, de acuerdo con su socio Gerardo Morales, el presidente de la UCR a quien Fernández sueña con designar al frente de una suerte de ministerio capaz de neutralizar a la oposición. 

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta celebra este oficialismo del Gobernador de Jujuy, que disimula su propia vocación por el acuerdo. Mauricio Macri, contrariamente, bloquea cualquier diálogo. Pero el quiebre puede venir por el lado de Elisa Carrió, quien avala una aproximación al Gobierno, aunque exige que sea en conjunto con todos los bloques de la oposición. 

A todo esto, en los últimos días trascendió la publicación del minucioso estudio de una jurista de la Universidad de Leeds y un economista ex funcionario del FMI, quienes señalan graves faltas al derecho internacional y al convenio constitutivo del Fondo, en el otorgamiento del abultado préstamo al gobierno anterior. El análisis ya recorre los principales despachos oficiales. ¿Tendrá tanto peso como para constituirse en la luz al final del túnel que el oficialismo espera?

Últimos… los últimos 

Mientras en diversas latitudes del país se suceden escenas – prolijamente omitidas por los medios – de saqueo de camiones de transporte de alimento volcados, y se cumple al pie de la letra el vaticinio de que no hay ajuste sin represión (baste con reparar en la sistemática política de desalojo que últimamente se ha ensañado con alrededor de 40 familias asentadas en un predio ubicado en la colectora de la Ruta 3 Km 34, al costado del Arroyo Morales, en el  Barrio Berenice de La Matanza, municipio oficialista si los hay), el Indec confirma que la inflación escaló en diciembre a 3,8 % respecto al mes anterior. De tal modo, el costo de vida acumuló un salto del 50,9 % durante todo el pasado año. 

Según la entidad, al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último mes de 2021 la determinaron los incrementos en los sectores de «Restaurantes y hoteles» (5,9 %); “Bebidas alcohólicas y Tabaco” (5,4 %); y Transporte (4,9 %), entre otros.

Además, el rubro “Alimentos y bebidas” alcanzó el 4,3 %, superando el nivel general.

El año pasado el Ministro de Economía incluyó en el presupuesto de 2021 una meta de inflación del 29 %. La chingó fiero. En julio del mismo año la inflación acumulada superó la proyección oficial alcanzando el 29,1 %. Para el año en curso Hacienda calcula una inflación del 33 %, pero el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que difundió el Banco Central, anticipa que la inflación del 2022 alcanzará el 54,8 %. 

Según datos de Economía, a lo anterior se suma que al último mes del año pasado el mentado “impuesto a la riqueza” (que oxigenó bastante al gobierno)  había recaudado $247.503 millones. Como este aporte extraordinario ya caducó, las partidas que se nutrían de este gravamen quedaron seriamente recortadas: la Secretaría de Energía, por caso, tendrá una merma de $60.190 millones, mientras que los ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social perderán $48.150 millones respectivamente. 

No obstante, los recortes abarcarán áreas aún más sensibles. El Ministerio de Desarrollo Social, dependencia clave que maneja partidas millonarias para atender la urgencia social, tendrá una poda de $4847 millones. En tanto, el rubro “Obligaciones a cargo del Tesoro”, desde donde se realizan las transferencias a provincias y a empresas del sector público, tendrá una merma de poco más de $3000 millones. 

Para peor, el Gobierno cedió al reclamo de las patronales y dio por concluido el programa de precios congelados en favor de una nueva canasta de “Precios Cuidados”. Los acuerdos de precios no lograron contener los aumentos, el Gobierno negoció con los eslabones más concentrados de las cadenas. 

Como de costumbre, quienes pagan los costos de la inflación son los trabajadores y los sectores populares. Urge una recomposición salarial de todo lo que se perdió en los últimos años con una cláusula gatillo. Hace falta un salario igual a la canasta familiar, hoy estimada en $ 118.882 por los trabajadores de la Junta Interna Ate Indec. Y a su vez una recomposición de las jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.

Ante un panorama tan desolador, las organizaciones sociales rebeldes están dispuestas a volver a ganar las calles. 

En el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular hay más de 3 millones de anotados. Un millón cien mil reciben la mitad del salario mínimo a través del programa Potenciar Trabajo, que administra el líder del Movimiento Evita desde la Secretaría de Economía Social. Además, el Gobierno ha venido  paralizando los “pases” de los beneficiarios de los planes de una organización o cooperativa a otra, con la inconfesa intención de regularlos por su cuenta y a favor de intendencias u organizaciones afines. 

En el Ministerio de Desarrollo Social aún se festeja el «fin de año con paz social” en medio de una dramática coyuntura socioeconómica. Reconocen que el rebote de la economía todavía no se siente en la mesa popular. Relativizan los reclamos piqueteros, argumentando que el monotributo social beneficiará a 5 millones de trabajadores que hoy no tributan, entre vendedores ambulantes y de otro tipo. 

Zabaleta defiende el “trabajo territorial” de su ministerio y su vocación de diálogo. 

Últimamente, el Presidente ensanchó más el tejido de las organizaciones oficialistas al recibir en Olivos a Luis D´Elía, que supo compararlo con Fernando de la Rúa y hace poco cargó contra Cristina Kirchner. No obstante, horas después, manifestantes de la Tupac Amaru volvieron a reclamar la liberación de Milagro Sala en Plaza de Mayo. 

Sabido es que en Desarrollo apuestan a vincular planes con trabajo. Ya sea en base a los acuerdos con las cámaras empresarias, o bien con el nuevo monotributo, o en todo caso con los programas “Mi Pieza” – destinado a mujeres -, el banco de herramientas o la construcción de playones deportivos. Zabaleta, Pérsico y Daniel Menéndez (referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Social) también empujan la entrega de créditos no bancarios, aunque los dirigentes de base del Evita reconocen que hay mucho «déficit social», y en Mar del Plata, sus referentes locales cargaron contra el proyecto para la exploración off shore de petróleo que habilitó el Gobierno del que forman parte, y frena la decidida lucha popular.  

Por su parte, el diputado y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete reclama por el tratamiento del proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo que presentó en septiembre de 2020 en la Cámara Baja y nunca avanzó. 

A su vez, tan oficialista como crítico de la gestión presidencial, Juan Grabois tambiénsigue exigiendo la implementación de un Salario Básico Universal, que el gobierno, por ahora y en plena negociación con el FMI, descarta. A ese respecto, el líder del Frente Patria Grande y del MTE hará valer el peso de sus tres diputados en el Congreso, exigiendo a su vez la sanción de la Ley de Reciclado. Su voz tiene predicamento en algunos despachos importantes de la Rosada. En tanto el Gobierno acelera la negociación con el FMI, el joven dirigente permanece alejado de los medios y concentrado en la culminación de un nuevo libro.  

Si la confluencia de las organizaciones sociales rebeldes deviniera proporcional a las desavenencias que proliferan en el seno del oficialismo, este podría convertirse en un año de promisorias sorpresas. 

El estallido que el gobierno intenta frenar con asistencialismo viene encontrando un cauce ambiental. Sin ir más lejos, a la victoria popular en Chubut se suma la continuidad del Atlanticazo; en La Rioja se están cortando caminos y bloqueando mineras en la capital provincial, donde la CNEA pretende reactivar su proyecto de minería de uranio, y en Vinchina uno de los últimos pueblos antes de ingresar a la Cordillera, donde distintas empresas se encuentran realizando la exploración en casi 90 proyectos; y la localidad bonaerense de Ramallo no se queda atrás: https://www.diarioregistrado.com/politica/fuerte-pueblada-en-ramallo-contra-el-dragado-del-parana_a61dee2040d3f1b0c643825b7 

Apenas un puñado de ejemplos para demostrar que no hay exageración alguna en nuestra afirmación.-

Oscar Escobar: «Hay una desidia 

muy grande de parte del juzgado»

Por Ramiro Giganti, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. 

Oscar Escobar, quien lleva tres años buscando justicia por su hijo Camilo., estuvo presente en el programa Patas En La Brea en FM La Tribu. Allí comentó la actualidad de la causa. El 10 de enero de 2019 Camilo Escobar había ido a una casa en el barrio de Caballito a comprar flores de marihuana, donde fue asesinado por un presunto comprador que, tras anunciarse como policía, lo asesinó de un balazo en el tórax. 

Tras pedir la apertura de la feria para avanzar durante el verano, Oscar espera la audiencia para el próximo 1 de marzo donde se va a contemplar la utilización de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Ese pedido les venía siendo negado pero su defensa lo contrapuso con el ejemplo del caso de las molotov al diario Clarín donde se incorporaron inmediatamente las imágenes de las cámaras en las inmediaciones.

«El asesino fue a buscar al testigo fundamental sin conocerlo, y lo llevo en moto desde Chacarita a caballito, sin llevar casco y sin chapa patente. Yo le preguntaría a todos estos chicos que trabajan la calle que pasa si van sin casco en la moto. Esos son los hechos concretos: hay una desidia muy grande de parte del juzgado que en realidad, me parece a mi, que tiene que ver con toda una red impresionante de encubrimiento que no afecta solo al juzgado sino que afecta mucho mas arriba» comentó Oscar.

«El testigo fundamental hizo un croquis calle por calle, cuando lo fueron a buscar en la moto y marcó cerca de su casa todos los domos que había y eso está aportado en el expediente», sostuvo confirmando la cantidad de información presentada para poder avanzar en la investigación a pesar de la inacción en el juzgado, «De menor a mayor empezamos por decir desidia, después incumplimiento de los deberes de funcionario público y por último connivencia o complicidad. Para los que somos ya grandes creemos que es lo último», agregó.

También repasó anécdotas con carga emotiva al hablar de su nieta de 7 años, hija de Camilo. «Yo no me sentía bien y mi nieta le rezó al papá para que el abuelo no se enferme».

Consiente de la necesidad de acciones colectivas Oscar se solidariza y acompaña otras causas, durante la entrevista recordó a Luciano Arruga de quien se están por cumplir 13 años de su desaparición forzada seguida de muerte. «Nos estamos preparando para ir a la marcha de Luciano Arruga que he ido siempre pero ahora me toca ir también como víctima».

Oscar, con un megáfono, difundiendo la historia de su hijo durante la concentración por Lucas Gonzales el pasado 22 de noviembre. Foto Amy Booth.

«La única herramienta que tenemos es la participación y encontrar medios como ustedes que nos ayudan y luchan  contra esa hegemonía criminal que son los medios masivos. Porque es una hegemonía criminal que crea subjetividades terribles, de consumo de individualismo y de violencia terrible».

Oscar habló de la estigmatización que sufrió por parte del juez quién justificó su inacción por la ilegalidad en relación al consumo de marihuana. «El señor juez, preso de sus subjetividades, me dijo «pero su hijo estaba en un negocio ilegal» ah bien, entonces ya lo sentenciaron y lo mataron».

En distintos momentos de la entrevista Oscar insistió en la necesidad de incluir, no solo a las imágenes, sino el ADN del asesino. «Tenemos una audiencia el 1 de marzo por el tema de la utilización de las imágenes y vamos a presionar para incorporar los insumos para hacer el ADN. Teniendo el ADN es muy posible llegar al asesino», concluyó.

La causa 5698/2019 descansa en el juzgado 50 a cargo del juez Carlos Bruniard  quien se declaró incompetente para resolver este tipo de homicidios pero aun así permanece en la causa. «Yo no hablo ni de la integridad moral o si es buena o mala persona. Lo que sí con seguridad puedo afirmar es que no es idóneo para estar donde está».

Fuente: ANRed

El plan de choque propuesto por el 

FMI choca contra la realidad

Rodolfo Koé Gutiérrez, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. 

Los pagos de deuda externa argentina se ubicaron esta semana en 692 millones de dólares, vinculados a la reestructuración de bonos de 2020. Se trata de un monto importante si se tiene en cuenta las dificultades en el frente externo y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los próximos meses.

En el primer trimestre del año, el país debería pagarle al FMI unos 3.976 millones de dólares entre capital e interés, de los cuales 1.100 millones vencen entre fin de este mes y comienzos de febrero. 

Por ello, el presidente Alberto Fernández, ratificó su rechazo a la pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de imponer un programa de choque a cambio de refinanciar los 44.000 millones de dólares de la deuda contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Aseguró que la deuda con el FMI no puede ser pagada en las condiciones actuales y se debe renegociar antes de marzo. Pero la prioridad de esta negociación es que el programa del acuerdo no implique una austeridad fiscal que lesione la recuperación interna.

No hay dudas de que Argentina no tiene condiciones de pagar las deudas contraídas, en nombre del Estado. También está claro que sus pretensiones de pagarla con reducción de la deuda, mayores plazos, menores intereses y menos presión para reducir el déficit fiscal, tienen pocas posibilidades de ser aceptadas por el FMI en las condiciones planteadas por el país.

Alberto Fernández quiere mostrarle al FMI que tiene aval de gobernadores, del Parlamento, de empresarios, partidos políticos y algunas centrales sindicales.  Su aspiración es que todas estas superestructuras se sumen al criterio de aceptar el acuerdo con la supuesta condición que el acuerdo deje crecer al país.

En estas negociaciones con la superestructura hubo una posición notoriamente diferente, la del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien señaló a sus pares que “negociar con el Fondo, con la catástrofe que significa para los próximos años y la condena a las futuras generaciones, y no denunciar esa deuda como odiosa, como una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen, sé que es una verdad incómoda”. 

En esta misma línea del mandatario argentino se manifestó este lunes el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando aseguró que el Fondo Monetario cometería un error si le pide a la Argentina que avance en un nuevo programa de ajuste que frene el crecimiento del PIB de los últimos meses.

“El FMI ha ganado un nuevo respeto por respuestas efectivas a las crisis globales, desde la pandemia y el cambio climático hasta la desigualdad y la deuda. Si se invirtiera este rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina, las consecuencias para el propio Fondo serían graves”, dijo el economista internacional estadounidense, mentor del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán.

Los resultados fueron deplorables para el crédito más cuantioso otorgado en la historia del organismo, que presuntamente permitiría restablecer la confianza, reducir la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales y reducir la inflación.

En realidad, la estrategia implementada por el macrismo por recomendación del FMI fue justamente el ajuste fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas para catalizar nuevos flujos de capital.

Por ende, lo menos que puede hacer hoy el organismo es reconocer la inviabilidad de sus políticas, el dolor provocado por las mismas y su absoluta contradicción con los derechos humanos de las poblaciones sobre las que se aplican y, en consecuencia, presentar a los argentinos un plan de pagos acorde con la realidad.

En marzo pasado, Fernández había calificado de impagables los vencimientos por 19.000 millones de dólares para este año y 20.000 millones para el próximo, y desde entonces se sostienen conversaciones con el FMI para dar con una fórmula que permita liquidar la deuda sin sacrificar el crecimiento y sin olvidar al 40 por ciento de la población argentina, que sobrevive por debajo de la pobreza.

Para el actual gobierno, el crédito concedido al macrismo resulta incalificable en términos técnicos y respondió al único propósito de sostener a un régimen ultraneoliberal que se encontraba en su último tramo en el poder, y ya se había demostrado tan inepto como destructivo sobre la economía argentina.

Pese al inédito préstamo, con depreciación brutal de la moneda, inflación de 56 por ciento, tarifazos en energía eléctrica, gas y gasolinas; despidos masivos en los sectores público y privado, cierre masivo de empresas de todos los tamaños y, como resultado de todo ello, una precarización de las mayorías de las que el país está lejos de haberse recuperado.

El FMI reconoció en su propio informe de evaluación del préstamo que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas en el país: el tipo de cambio se siguió depreciando, aumentó la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y se debilitaron los ingresos reales, en especial de los pobres.

De persistir en su intransigencia, el FMI será responsable de otro ciclo de crisis económica y social en Argentina, una de las naciones más castigadas por sus fallidas intervenciones, ante un gobierno que aún no se anima a dejar de pagar la deuda y sigue negociando y negociando.

*Rodolfo Koé Gutiérrez: Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: Rebelion

Entre el clasismo de Soledad Acuña

y la demagogia del Frente de Todos

Por Juan Manuel Astiazarán, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. 

Las declaraciones de la ministra muestran el clasismo sin filtro del PRO. Sus dichos discriminatorios y reaccionarios despertaron un masivo repudio de la comunidad educativa y de un amplio arco político. Desde el Frente de Todos aprovecharon y salieron fuerte al cruce asegurando que “nunca es tarde para volver a la escuela”, pero las palabras no pueden maquillar la dura realidad educativa de un país cogobernado por el FMI y con una pobreza infantil que alcanza el 63%.

Las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recorren las páginas de los diarios y las redes sociales. Según su visión, clasista y discriminatoria por donde se la mire, los chicos que no pudieron revincularse a la escuela desde la pandemia «seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa, cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar”.

La frase no sorprende si se toma de quien viene. Para quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires no es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. Pero pese a eso, no deja de llamar la atención la “soltura” para expresar un pensamiento tan reaccionario sin ningún tipo de filtro, que desnuda la concepción de Acuña acerca de los estudiantes que terminan “cayendo” en la educación pública. Un nuevo episodio de la ministra más odiada, que lejos de retractarse luego se justificó por Twitter.

La ministra remató diciendo que “es muy tarde para salir a buscarlos”, como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela. Una frase que no sólo está cargada de desprecio si no que implica todo un reconocimiento de la política del macrismo en la Ciudad, y del “trabajo” de su fracasado ministerio.

El repudio masivo no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes en claro rechazo a sus dichos, que reunieron a un amplio arco de dirigentes sindicales y políticos. Pero en medio de la indignación, algunas voces del oficialismo buscaron (y buscan) aprovechar el sincericidio de Acuña para llevar agua para su molino. Rápidamente desde el Frente de Todos salieron a cruzar a la ministra. Jaime Perczyk, ministro de Educación nacional, aseguró: «Nunca es tarde para que todas las chicas y todos los chicos de la Argentina estén en la escuela, porque es el lugar en el que tienen que estar». En el mismo sentido lanzaron en redes sociales un video que asegura que “nunca es tarde para volver a la escuela”, donde dan cuenta de la cantidad de inscripciones registradas en el Plan Progresar, Plan Fines, el estado de vacunación entre niños, niñas y adolescentes y el relanzamiento de Conectar Igualdad.

La intención es polarizar con los dichos de Acuña y contraponer con un Gobierno que supuestamente le da prioridad a la educación pública. Pero esos datos no pueden analizarse separados de la crítica realidad que vive el país, que golpea con mayor dureza a las infancias y a adolescentes. En la Argentina la pobreza supera el 40 %, y la pobreza infantil alcanza la escalofriante cifra del 63%. A pesar de esa cruda situación, el Gobierno se prepara para cerrar un acuerdo con el FMI con consecuencias que durarán “más de una década”, según afirmaciones del ministro Guzmán. Y se permitirá la entrada del organismo para que lisa y llanamente “cogobierne” durante esos años, analizando los planes económicos y tomando decisiones que afectarán el futuro de millones para garantizar el pago de esa deuda fraudulenta.

“En Argentina tenemos que lograr que nadie quede por debajo del piso de cosas a las que todos tengamos acceso” continuó Perczyk. Pero frente a esta realidad, ¿es posible sostener, como él afirma, que “siempre habrá lugar para los chicos en la Argentina que queremos”?

Hace tan sólo dos días atrás, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que para 2022 el el Gobierno recortará $ 225 mil millones en Salud, Educación y partidas sociales. ¿Se puede decir que la educación pública y la revinculación educativa son una prioridad cuando se realiza un ajuste semejante?

A dos años de la asunción de Alberto Fernández y del Frente de Todos, las promesas de campaña se hicieron pedazos, la pobreza infantil no paró de crecer y los mismos de siempre siguieron ganando, antes y durante la pandemia. Frente a esta situación es más necesario que nunca pelear por el derecho a la educación de todos esos niños, niñas y adolescentes, que ven vulnerados sus derechos más básicos una y otra vez por los distintos gobiernos. Ante el desprecio reaccionario y clasista del macrismo, y la demagogia de un Gobierno que prepara una nueva entrega del país al FMI, es urgente poner en pie la más amplia unidad entre docentes, estudiantes y familias para pelear juntos por estas demandas.

Fuente: Izquierda Diario

Otro gesto descarado de sumisión: 

Argentina y EE.UU en la OEA 

firman declaración de repudio a la 

presencia de vice iraní en Nicaragua

Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022.

foto: Maduro, Rezai y Ortega.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la moción y promueve que firmen todos los países del continente.

 

Argentina, junto con Estados Unidos, presentaron una declaración conjunta que fue aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la que se condenó la presencia en Nicaragua del vicepresidente de Irán, Mohsen Rezai, requerido por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA. Al mismo tiempo, se instó a todos los países a dar efectivo cumplimiento a las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol.

El delegado de Nicaragua defendió la invitación diciendo que su país «puede invitar a quien quiera y que si esa persona llega con buena actitud, siempre tendrá las puertas abiertas”. Fuentes de la Cancillería señalaron: “Acá no se trató ni de Nicaragua ni de la OEA ni de Estados Unidos, acá se trató del caso AMIA y lo objetivo es que Rezai es un prófugo de la Justicia argentina”. Como es habitual desde que ocurriera el grave atentado, los distintos gobiernos argentinos se subordinaron a la versión sionista-estadounidense acusando sin pruebas a Irán de esos hechos. La declaración, que ya firmaron la mayoría de los países, puede ser rubricada hasta febrero. Países como Bolivia o México hablaron a favor de la declaración en sus intervenciones, pero pidieron tiempo para tomar una decisión.

Como se sabe, Rezai apareció en un lugar de honor en la reasunción de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. La presencia sorprendió a todos y, según parece, se tramó en secreto porque el ahora vicepresidente de Irán no figuraba en la lista de invitados. Se supo que estaba cuando apareció al lado de Ortega.

Lo concreto es que el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, hermano del gobernador del Chaco, se enteró al día siguiente porque estaba ubicado con los demás embajadores fuera del ámbito central de la ceremonia. Como no conocía a Rezai, no supo de su presencia. La oposición y sobre todo los familiares de las víctimas del atentado criticaron fuertemente lo que consideraron una falta de reacción del diplomático. En cualquier caso, al día siguiente la Cancillería condenó la presencia de Rezai en Managua y presentó una queja ante el gobierno de Ortega porque no activó las alertas rojas.

Encuentro

En la reunión que mantuvo Santiago Cafiero el martes, en Washington, con el secretario de Estado, Anthony Blinken, el canciller, en una clara actitud de genuflexión ante el Imperio, sacó el tema y se acordó después la propuesta de declaración en la OEA. “El objetivo fue volver a poner la cuestión de AMIA y las alertas rojas en la agenda”, dicen en la Cancillería, volviendo a demostrar a propios y extraños que en aras de acordar con el FMI, Argentina hace lo que Washington y Tel Aviv le soliciten, incluso alineando otra vez al país junto a la repudiada dirección de la OEA, representada por Luis Almagro.

La presentación se hizo en la OEA porque es un órgano legislativo que permite rápidamente hacer un planteo de colaboración a toda la región. De hecho, en el Comité Permanente se trató este mismo miércoles y la mayoría de los países firmaron la declaración condenando la presencia de Rezai y, textualmente, “apoyar los esfuerzos de la República Argentina para que se haga justicia en el atentado a la AMIA y condenar la visita de Rezai a Nicaragua y nuestro hemisferio como una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas del atentado”.

En la declaración se insta “a Nicaragua y a los demás países del sistema interamericano a que actúen de manera de manera apropiada en relación con las notificaciones rojas de Interpol”.

En principio, 15 países firmaron la declaración, entre ellos los que la propusieron, Argentina y Estados Unidos, y también Canadá, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador. Como se sabe, Cuba no está, Venezuela está representado por un delegado de Juan Guaidó y Nicaragua se manifestó en contra. Hay tiempo para firmar la declaración por lo que México y Bolivia hablaron a favor pero dijeron que esperan instrucciones de los respectivos gobiernos.

Alertas

Las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol son un instrumento pensado para personas que cometieron delitos comunes y que son reclamadas por sus países de origen. El caso AMIA, en ese marco, es muy especial, porque el país de origen defiende a los imputados y sostiene con toda razon que la causa judicial es falsa. De manera que Irán está de un lado y la Argentina de otro. El norteamericano Ronald Noble,  exsecretario general de Interpol, siempre encuadró la cuestión como “un conflicto entre dos países integrantes de Interpol. Por lo tanto hay que buscar un acuerdo para solucionar el conflicto”.

Como la policía de cada país es la sucursal de Interpol, resulta muy improbable que esa policía actúe en desacuerdo con el gobierno de su país. Por eso, Rezai estuvo como invitado oficial en Nicaragua y no lo detuvieron: la policía del gobierno nicaragüense obviamente no iba a apresar a un invitado oficial del gobierno nicaragüense. Y lo mismo ocurrió cuando Rezai estuvo en Singapur y Malasia, mientras que otro prófugo, Alí Akbar Velayatti, estuvo en Bolivia.

Paradojas

La presencia de Rezai en Managua plantea una serie de elementos de análisis.

* Por supuesto que Teherán envió al vicepresidente sabiendo que era un prófugo de la Justicia argentina. El gobierno de Irán puso en marcha esa movida porque sostiene que la causa AMIA es un armado con inspiración de las derechas de Estados Unidos e Israel.

* Para la Argentina, lo concreto es que Rezai es un prófugo y que en cualquier caso debería defenderse y colaborar con el proceso judicial. Cuando esa posibilidad se estuvo a punto de dar durante el gobierno de Cristina Kirchner (que una delegación judicial viajara a Teherán e interrogara a quienes equivocadamente los consideran sospechosos) fue Israel y la coalición sionista DAIA-AMIA quienes no solo boicotearon esa posibilidad sino que confrontaron duramente contra el ex canciller Héctor Timmerman.

* Estados Unidos está en un proceso de negociación con Irán. Trump había roto con Teherán y Biden está retomando. En Washington sostienen su propia e inventada teoría: que las sanciones a Irán vienen derivando en un debilitamiento de los sectores más moderados y el ascenso de los más duros, nacionalistas y belicosos.

* Un síntoma de ese acercamiento es que esta semana restablecieron relaciones Arabia Saudita e Irán, dos archienemigos. Como se sabe el régimen saudita es un gran aliado de Washington.

Como era previsible, aparece la interpretación de que la Cancillería hizo este gesto de alineación con Estados Unidos por la negociación con el FMI. En el Palacio San Martín contestan que el hecho objetivo es que un prófugo de la Justicia argentina estuvo en Nicaragua, como invitado oficial. Y que se le dio respuesta a ese hecho puntual, a través de un instrumento puntual como el Consejo Permanente de la OEA. “Deberían decir que Washington nos apoyó en este caso”, remataron en la Cancillería. 

Todo este tinglado de posiciones concordantes con EE.UU e Israel, abonan cada vez más la idea que las relaciones carnales entre Argentina y el imperio son cada vez más evidentes y desconocen cualquier posibilidad de autonomía.

Precarización y nuevas tecnologías,

el detrás de escena de un mercado 

laboral cada vez más “cuentapropista”

Por Delfina Torres Cabreros, RedEco, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022.

El fenómeno incluye desde profesionales que ofrecen servicios al exterior a trabajadores de aplicaciones y de la economía popular. Si bien los datos generales de empleo se recuperaron con la evolución de la pandemia, en promedio se trabajan menos horas, cayó la remuneración y se redujo la protección laboral.

Nicolás trabajaba en un local de alarmas contra incendio cuando en 2018 se disparó el dólar y la venta de esos productos, con precio atado a la moneda extranjera, se paralizó y lo despidieron. Un amigo se compró un auto “para ponerlo a laburar” y, mientras emprendía la búsqueda de un nuevo empleo, comenzó a alquilárselo por las horas que él no lo usara para generar un ingreso como chofer de Cabify. En plena pandemia, su amigo necesitó vender el auto, así que hizo el mismo arreglo con otro conocido que también compró un auto como herramienta de trabajo. “Yo sigo buscando algo en relación de dependencia, pero a mi edad, 45 años, es muy difícil insertarse de vuelta”, dice Nicolás, que vive en Devoto con su madre de 80 años. “Este tipo de trabajo tiene la ventaja de permitirte manejar tus días y horarios, pero no te da estabilidad económica, que es lo que yo busco”, suma.

Mariela tiene 30 años e ingresó en noviembre de 2019, como arquitecta recién recibida, a una constructora que durante la pandemia estuvo a cargo del montaje de dos de los hospitales modulares impulsados por el Estado. Era, según cuenta, un trabajo muy demandante, por el que le pagaban el salario mínimo. A principios de 2021 renunció, del mismo modo que varios de sus compañeros que con la incipiente reactivación de la economía apostaron a encontrar otras oportunidades. Ahora trabaja de manera independiente: “Me rinde muchísimo más. Y ni hablar de la paz mental”, dice. Tiene clientes del extranjero que le pagan por cinco horas de trabajo el equivalente a su salario anterior.  Además, sin la obligación de ir a una oficina todos los días, se mudó de un departamento en el centro de la La Plata a una casa con jardín en las afueras, en Ringuelet.

Franco trabajaba en mensajería para una empresa de insumos médicos cuando en medio del caos de la pandemia tuvo un conflicto con su jefe y dejó su puesto. Se descargó la aplicación PedidosYa y empezó a repartir con su moto a tiempo completo hasta el año pasado, en que ingresó como preceptor con media jornada a un colegio y ahora reparte solo tres días por semana o cuando está “corto” de dinero.

“Yo empecé full time y ahora es un complemento, elijo los días, lo que no es la situación de todos los repartidores, sino lo contrario. Cada vez hay más compañeros en todo el país que trabajan jornadas de 9, 10, 11, 12 horas porque es su único sustento”, dice Franco, para quien eso trae aparejado un aumento del riesgo de sufrir accidentes. “No tenés la capacidad física ni mental para estar conduciendo un vehículo por la ciudad durante esa cantidad de horas, empujado por las apps para que coloques la mayor cantidad de pedidos en el menor tiempo posible”, asegura.

Con sus particularidades, estos tres casos ilustran una de las características que adquirió el mercado laboral argentino en los últimos años: durante las fases de recuperación, se evidencia un sustitución de empleo asalariado por la modalidad de cuenta propia. Es un fenómeno que se advierte mejor en un segundo nivel de lectura de los datos de empleo.

La economía popular suma volumen a la modalidad cuentapropista Télam

Tal como detalla un informe reciente de la consultora Analytica, si se atiende estrictamente a los números, se ve que la economía creció 9,8% en 2021 y posibilitó la recuperación de 642.000 puestos de trabajo hacia el tercer trimestre. Como consecuencia, los indicadores del mercado laboral (tasas de actividad, desempleo y empleo) volvieron a los niveles de 2017, año en que se registró el máximo empleo de los últimos 5 años, aun cuando el producto está 3 puntos por debajo. Es decir, hay más trabajo para una producción inferior.

Sin embargo, el informe muestra que en una mirada al interior del mercado de trabajo “queda claro que la recuperación es parcial y que dista mucho respecto de otros períodos de crecimiento. En promedio, la gente trabaja menos horas (los asalariados registrados son quienes tienen mayor probabilidad de encontrarse empleados plenamente, mientras que para el resto de las categorías esta no es la norma), cayó su remuneración y se redujo la protección laboral”.

La comparación de los registros oficiales de septiembre de 2021 con los de febrero de 2020 —antes del inicio de la pandemia— suma argumentos en el mismo sentido. La ocupación registrada total creció 1,2%, pero el mayor impulso está dado por los monotributistas, que en ese período aumentaron 6,9%. Los monotributistas sociales —figura en la que se inscriben, sobre todo, trabajadoras y trabajadores de la economía popular— también crecieron, 9,8%. Asimismo, la evolución es positiva en lo que respecta a los asalariados del sector público (3%). En cambio, en el sector de asalariados registrados privados, que suele tomarse como el parámetro del “empleo genuino”, los datos continúan en rojo (-0,8%).

Para Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el aumento del trabajo por cuenta propia no es un fenómeno homogéneo ni puede ser explicado de manera lineal. “El cuentapropismo de jóvenes profesionales, que posiblemente le huyan a una relación de dependencia, no tiene nada que ver con el de subsistencia, que daría cualquier cosa por un empleo en blanco”, resume.

Para el especialista, hay una “combinación letal entre un mercado formal de fuerza de trabajo que hace rato no funciona, con el desarrollo de herramientas tecnológicas que favorecen la proliferación de puestos de trabajo precarios”. “Las apps son las más conocidas, pero no las únicas. ¿Cuánta gente trabaja por su cuenta vendiendo cosas en Mercado Libre?”, apunta. Dentro de este escenario heterogéneo, Campos arriesga una segmentación. Por un lado, jóvenes profesionales –aunque no únicamente– que se deciden a trabajar por cuenta propia. Aquí aparecen como ejemplo paradigmático los programadores, que multiplican sus ingresos si en vez de ofrecer sus servicios dentro de empresas de tecnología locales (que, por otra parte, son las que mejores condiciones laborales ofrecen) lo hacen de manera freelance para el exterior, algo que se volvió un problema crítico para el sector.

Identifica un segundo grupo de trabajadores que salieron del empleo formal o que ya eran cuentapropistas y que trabajan vía apps. Y, en tercer lugar, “trabajadores que salen a hacer el mango como pueden” y le dan volumen a lo que se conoce como la economía popular. Recicladores, vendedores ambulantes, albañiles o personas que hacen limpieza, arreglos, entre muchas otras changas posibles.

Gracias a la tecnología, el trabajo freelance se instaló como una posibilidad entre profesionales Télam

“Creo que el mercado formal no tiene mucho para ofrecerles a los primeros, pero si a los segundos y terceros. El tema es que para eso tendría que haber demanda de fuerza de trabajo y empresas dispuestas a pagar salarios más elevados, y eso está bastante complicado hace tiempo”, cierra Campos.

Martín Trombetta, economista y coordinador del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), opina que es algo habitual en la Argentina que el empleo formal reaccione más lento a la recuperación que el informal, algo que sucedió también en 2016 y 2017.  “Seguramente las aplicaciones están jugando un rol. Hay dudas respecto del tamaño real del trabajo en aplicaciones; las estimaciones más interesantes que vi lo situaban en torno al 1% del total del empleo, pero antes de la pandemia, con lo cual es dable pensar que eso haya aumentado por la destrucción de empleo formal en el 2020, pero también porque hay más demanda ahora de este tipo de servicios”, apunta.

Según sus estimaciones, sería razonable pensar en que las aplicaciones representan al 1,5%, incluso el 2%, del total de ocupados. Un crecimiento impulsado sobre todo por la posibilidad de empezar a trabajar inmediatamente, con un costo de creación del puesto casi nulo. De acuerdo con información provista por Rappi a elDiarioAR, desde el inicio de la pandemia la cantidad de personas que se registraron en su plataforma para comenzar a repartir se duplicó y solo en diciembre más de 24.000 repartidores realizaron al menos un pedido en la aplicación.

De acuerdo con el informe de Analytica la tasa de asalariados registrados es 0,6 puntos inferior a la de 2017 mientras que la de los asalariados no registrados cayó 1,8 puntos. Es decir, los asalariados perdieron 2,5 puntos de participación sobre los ocupados totales. Significa que más de un millón de personas quedaron fuera de los convenios colectivos de trabajo y con menos chances de mantener el poder de compra en un contexto de inflación al 3,5% mensual en velocidad crucero. Situación que amplió la brecha entre los salarios del sector registrado y el resto de las categorías.

La CTA y una parte de la CGT se 

unen a la marcha del 1F frente a 

la Corte Suprema

Por Celeste del Bianco, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022.

Los dirigentes lo consideran un acto en defensa propia, ya que el armado de causas revelado por el video de la «gestapo» judicial del macrismo tenía a los sindicalistas como uno de sus objetivos.

Gremios nacionales anunciaron que se sumarán a la marcha del 1F para reclamar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fin del lawfare. La Central de Trabajadores (CTA) y una parte de la CGT estarán presentes.

Camioneros, SMATA y SUTEBA son algunos de los sindicatos que confirmaron su participación en la marcha cuya convocatoria se inició en redes sociales y tiene como referente al juez Juan María Ramos Padilla. Tras conocerse el armado de causas contra dirigentes en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, los sindicalistas consideraron que es “un acto en defensa propia”. Tiempo Argentino habló con ellos.

Ayer hubo una reunión del Frente Sindical en la que se confirmó el apoyo a la convocatoria para reclamar “basta de injusticia y del lawfare del Poder Judicial”. Estuvieron el secretario de la CGT, Pablo Moyano; el de la CTA, Hugo Yasky; el de SUTEBA, Roberto Baradel y el secretario adjunto de SMATA, Mario Manrique. Se suman así a las adhesiones que ya habían sido confirmadas por UTE y ATE, entre otros, para marchar el 1 de febrero desde el Obelisco hacia el Palacio de Tribunales.

El dirigente gremial y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, sostuvo que se enmarca dentro de la lucha por los derechos de la clase trabajadora. “Es un clamor que se tiene que convertir en una bandera y por eso convocamos el Frente Sindical y la Corriente Federal. Después de haber conocido los detalles de lo que era el armado de un sistema que funcionaba con complicidades mafiosas entre quienes estaban a cargo del Estado en la provincia de Buenos Aires, grupos de empresarios, multimedios, funcionarios judiciales y altos jefes del servicio de inteligencia para perseguir a dirigentes sindicales, está claro que para las centrales sindicales es casi una obligación moral participar de la marcha. Es para modificar el status quo de un sistema judicial que en la cúpula de la justicia federal y a nivel de la Suprema Corte accionan permanentemente como una especie de engranaje del poder dominante económico y financiero en Argentina”, le dijo a Tiempo.

Por su parte, Manrique de SMATA indicó que es necesario que el movimiento obrero se movilice porque fue uno de los más afectados por la “Gestapo” del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. “Cualquier sindicato afectado o no por la situación debería movilizarse porque es un acto en defensa propia. En mayor o menor medida tocaron a muchos gremios: Camioneros, SOMU y otros de manera más profunda. A nosotros intentaron intervenirnos y se tuvieron que ir. Cuando algún dirigente dice que no sabe de qué se trata, vive adentro de un termo. Se trata de que se termine con una práctica totalmente delictiva, de reclamarle a la justicia que imparta justicia, que para eso fue creada. La conformación de la Corte Suprema es de ellos, no van a cambiar. Una causa que está en una provincia de repente aparece en Comodoro Py porque lo maneja la política”, afirmó en diálogo con este diario.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado también pusieron el eje en el reclamo por los presos y presas políticas. El secretario general de Capital, Daniel “Tano” Catalano, dijo que “el 1F es un día para generar una masividad que provoque que la Corte entienda que hay un hartazgo y una necesidad muy profunda del pueblo”.

“Entendemos que hasta que no se democratice el sistema judicial vamos a seguir teniendo víctimas del lawfare. Hoy hay 33 presos políticos en Argentina porque hay una Corte Suprema que es adicta a la derecha, a la Embajada de Estados Unidos, al macrismo y que genera todas las condiciones para que se vulneren los derechos de ciudadanos y ciudadanas”, le dijo a Tiempo.

Además, sostuvo que es necesario reformular el máximo tribunal del país y que sus integrantes sean elegidos por el voto popular. “Lo mejor sería que se puedan presentar a una elección y que el pueblo los pueda votar. Debería existir participación popular donde ellos puedan exponer sus currículums, debe haber una multiplicidad de profesiones que generen distintas visiones porque toman decisiones políticas y económicas. También tiene que haber paridad”, detalló.

fuente: Tiempo Argentino

Envio:RL