Encuesta revela que la mitad de los
colombianos cree que su país
necesita un cambio
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
Estudio político revela que el 60 por ciento de los ciudadanos valora de regular o mala la gestión del presidente Iván Duque.
La más reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), hecha pública a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, reveló que la mitad de la población considera que ese país necesita un cambio y el 55 por ciento de la muestra ve positivamente al representante de Pacto Histórico, Gustavo Petro, posible contendiente en esos comicios.
El estudio revela que seis de cada diez colombianos declaran estar seguros de asistir a votar en los próximos comicios presidenciales, señalados para el mes de mayo, aunque casi las tres cuartas partes del electorado manifiesta miedo a que los resultados sean adulterados mediante fraude.
En las anteriores elecciones presidenciales, de 2018, trascendieron denuncias de fraude antes y después de la victoria del presidente Iván Duque, a quien se le vinculó con sobornos provenientes del entorno del expresidente Álvaro Uribe.
A propósito del actual mandatario, el 60 por ciento de los colombianos valora de regular o mala su gestión.
Además de presentar la imagen más positiva, Gustavo Petro lidera la intención de voto con el 28 por ciento de las preferencias, seguido por Alejandro Char (11 por ciento) y Sergio Fajardo (7 por ciento), al tiempo que Rodolfo Hernández cayó al 4 por ciento.
De cara a las elecciones del Congreso, también a celebrarse en los próximos meses, el Pacto Histórico se sitúa en cabeza con un 28 por ciento, seguido del Equipo Colombia con un 15 por ciento y Centro Esperanza con un 13 por ciento.
El estudio político resalta, asimismo, que a casi un año de las marchas y el paro nacional de abril de 2021, casi el 70 por ciento de los colombianos siguen sosteniendo que había razones suficientes que lo justificaban.
La misma proporción, siete de cada diez encuestados, sienten que la persecución a líderes sociales y políticos es un problema grave que Colombia debe resolver.
Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el próximo 29 de mayo, y en caso de una segunda vuelta la ciudadanía volvería a las urnas el 19 de junio. Antes tendrán lugar las elecciones del Congreso, previstas para el 13 de marzo próximo.
Foto: Kienyké
Fuente: TeleSUR
Pronunciamiento de organizaciones
sociales: «Exigimos respeto a la vida
de la población civil en Nariño»
Por Mesa humanitaria y de construcción de paz de Nariño / Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
| En este grave contexto alertamos sobre las continuas violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y exigimos el cumplimiento de unas mínimas garantías humanitarias que permitan sustraer a la población civil de los efectos del conflicto. Concretamente demandamos el cumplimiento de la propuesta de Acuerdo Humanitario para el Departamento que presentamos el pasado 30 de abril así como sus acciones y principios a fin de ampliar las garantías máximas a nuestra vida, dignidad y nuestros bienes en el territorio. |
Carta abierta dirigida al gobierno nacional, al ejército de liberación nacional ELN, a las disidencias de las farc, a los ACG-contadores y a otros actores armados. Exigimos de forma urgente el respeto a la vida y la integridad de la población civil en Nariño
Desde la sociedad civil del departamento suscribimos esta carta a través de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz y organizaciones sociales como un espacio de convergencia de comunidades y organizaciones negras, indígenas, mestizas, campesinas, de mujeres, jóvenes y firmantes del Acuerdo de Paz profundamente preocupadas por la necesidad de que se respete urgentemente la vida e integridad en el territorio.
En las últimas semanas, las acciones hostiles y eventos violentos en contra de la población civil se han incrementado de forma exponencial en las diferentes subregiones del departamento y en los últimos días con mayor gravedad en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense. En lo corrido del año se han presentado 2 masacres, el homicidio de 2 líderes sociales, confinamientos, amenazas y hostigamientos. Preocupa la situación de confinamiento en El Charco y el reciente reporte de una masacre y múltiples homicidios este fin de semana en Llorente y los enfrentamientos entre actores armados en la plaza del centro del municipio el día de mercado poniendo en riesgo la vida e integridad de la población civil.
En este grave contexto alertamos sobre las continuas violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y exigimos el cumplimiento de unas mínimas garantías humanitarias que permitan sustraer a la población civil de los efectos del conflicto. Concretamente demandamos el cumplimiento de la propuesta de Acuerdo Humanitario para el Departamento que presentamos el pasado 30 de abril así como sus acciones y principios a fin de ampliar las garantías máximas a nuestra vida, dignidad y nuestros bienes en el territorio.
De igual forma, exhortamos a que a partir de la convergencia de voluntades se lleven a cabo acciones concretas para el alivio humanitario de las comunidades y organizaciones negras, indígenas, mestizas y campesinas del Departamento. Es un deber el cumplimiento unilateral e irrenunciable de las obligaciones humanitarias y por ello hacemos un llamado a se adhieran y se pronuncien sobre los mínimos humanitarios propuestos públicamente y se concerte un cese al fuego humanitario en los próximos días,
Es necesario avanzar en materializar acciones conjuntas que logren un escalamiento humanitario urgente y necesario para nuestros territorios. Como Mesa Humanitaria y desde organizaciones y colectivos sociales de construcción de paz ofrecemos nuestros buenos oficios como instancia para ampliar la efectividad de la propuesta y la promoción de los mínimos y acciones humanitarias.
fuente; Agencia de Prensa Rural
En el Oriente antioqueño no hay un
municipio sin grupo armado
Por Juan Camilo Gallego Castro*, Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
| Un informe de la Mesa de Derechos Humanos de esa región alerta sobre el copamiento del territorio por grupos paramilitares y el aumento de homicidios, desapariciones y desplazamientos que podrían empeorar en los próximos años. |
No hay un municipio del Oriente antioqueño donde no haga presencia un grupo armado ilegal. De la guerra por décadas entre grupos paramilitares, fuerza pública y guerrillas, en el nuevo mapa de la región aparecen nuevos y grandes grupos como Clan Isaza, Clan del Golfo y El Mesa, y otros más pequeños que hacen presencia en uno o varios municipios.
En esta región hubo 559 homicidios en los últimos cuatro años. Cada año son más las personas asesinadas, los desplazamientos y las desapariciones forzadas, asegura la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente en su informe “Nuevos órdenes, viejas disputas”.
Fabián Restrepo, investigador principal del informe, dice que «desde 2018 hasta hoy hay un aumento significativo en índices de homicidios en la región y de la actividad de los grupos armados. Eso responde a la actividad armada de estos grupos, particularmente contra pequeñas estructuras locales. No creo en la versión oficial de las autoridades de Rionegro, que sostienen que la disminución de los delitos es producto del accionar de la fuerza pública, creo que es el resultado hegemónico del control de esos mercados«.
Entre 2018 y 2021 los municipios con más homicidios fueron Rionegro (72 casos), Carmen de Viboral (62), Sonsón (51), Guarne (43), Marinilla (39) y El Peñol (34). El año pasado, por ejemplo, los municipios con más homicidios fueron Sonsón (27), Rionegro (19) y San Luis (14).
Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías y uno de los colaboradores del informe, dice que estos homicidios se deben, en primer lugar, “a la permisividad del Estado, porque no está garantizando la vida de la ciudadanía y este deber tener el uso exclusivo de las armas. La otra es que hay una permisividad con esas presencias armadas territoriales. De nada sirve militarizar un territorio si no hay una intención de desmontar una práctica que le ha hecho tanto daño a las comunidades. Y hay una práctica que es condenable, que la denominan limpieza social, y es ahí donde están los homicidios de jóvenes, víctimas de los grupos que están ejerciendo el control territorial.”
Para Fabián Restrepo, el “Oriente antioqueño desbordó la simple confrontación entre estructuras locales. Ya hay evidencia para demostrar que hacen presencia grandes estructuras armadas del peso de Clan del Golfo, Clan Isaza, Clan Oriente, la gente del Mesa, que es hoy una de las estructuras más importantes.”
El Mesa y el Clan Isaza
El Mesa, dicen los investigadores, es uno de los grupos paramilitares más poderosos que tiene el departamento de Antioquia. Este nació en el municipio de Bello, pero desde hace muchos años se vienen expandiendo en el resto de Antioquia.
Según el informe, tienen presencia directa en El Carmen de Viboral, La Ceja y San Rafael, y a través de “franquicias” o grupos locales en otros municipios. Pero también en ciudades como Bogotá, Girardot y el departamento de Boyacá.
El Clan Isaza, por ejemplo, tendría presencia en doce de los 23 municipios de la región. Este grupo estaría conformado por antiguos miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Dice el informe Isaza, el clan paramilitar, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que “el rearme asociado al Clan Isaza puede rastrearse desde el momento de la desmovilización, cuando se presentan irregularidades asociadas al ocultamiento de armas y la no desmovilización de algunos miembros de las ACMM”, de ahí que Ovidio Isaza, conocido como Roque e hijo de Ramón Isaza, fue la principal figura del rearme, “la organización creada por Roque tenía como fin participar en diferentes eslabones de la cadena de producción del narcotráfico, ya que su organización habría controlado los cultivos y laboratorios de coca”.
Una de las críticas que hacen los investigadores del informe a la institucionalidad del Oriente es que no existe “una gran operatividad” contra los actores armados ni capturas de importantes cuadros políticos o económicos. Señalan que hay capturas de pequeños expendedores, pero que no se ha avanzado en la desestructuración de las bandas.v Además, no identificaron la presencia de grupos guerrilleros en la región.
Las desapariciones y desplazamientos
Al aumento de los homicidios se le suma la desaparición de 100 personas en los últimos cuatro años. Solo entre 2020 y 2021 hubo un aumento de 135% de los casos. La región pasó de 20 a 47 casos.
De los casos del año pasado, tres personas aparecieron asesinadas, doce con vida y 33 aún siguen desaparecidas. Rionegro, con 20 casos, es el municipio con mayor cantidad de desapariciones. De acuerdo con Medicina Legal, dos fueron asesinadas, seis aparecieron vivas y 12 aún no aparecen.
Los desplazamientos también aumentaron, pese a que municipios como Rionegro, El Retiro, El Santuario y San Rafael se negaron a entregar información. Entre 2018 y 2021 las personerías recibieron 694 declaraciones. Solo en 2021 hubo 349 personas desplazadas. El Carmen (72), Rionegro (55), Guarne (45) y Marinilla (35) fueron los más afectados.
Pero las violencias intrafamiliar y sexual también aumentaron en tiempos de pandemia. En 2021 hubo 812 casos. El 85% de las víctimas fueron mujeres. La mayor cantidad de casos se registraron en Rionegro (235), Guarne (84), El Carmen de Viboral (57) y Sonsón (51).
Fabián Restrepo insiste en que los municipios deben hacer un esfuerzo analítico para entender por qué están aumentando las violencias en el Oriente e insiste en que debe protegerse la vida y el trabajo de la sociedad civil que se moviliza en defensa de la vida y que tiene preocupaciones por el territorio.
*Periodista de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros “Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor” (Sílaba Editores, 2016) y “Con el miedo esculpido en la piel” (Hombre Nuevo Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D (España), ¡El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y Hacemos Memoria.
Fuente: Agencia de prensa IPC
Francia Márquez y el derecho de
vivir en paz
Por Andrés Kogan Valderrama. Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
A menos de un mes de que se realice en Colombia la consulta presidencial, son distintos precandidatos que estarán presentes el próximo 13 de marzo, los cuales irán a través de distintas alianzas políticas, como lo son el Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia.
En el caso del Pacto Histórico, si bien Gustavo Petro sigue liderando las encuestas para ser el candidato elegido de aquel sector, la presencia de Francia Márquez está creciendo con cada vez más fuerza, lo que en el caso de salir victoriosa, podría generar una ruptura con la política tradicional en Colombia, como nunca se haya visto antes.
Planteo esto, ya que la historia de lucha de Francia Márquez contra el racismo, el patriarcado y el extractivismo en Colombia, la convierten en un símbolo para los millones de colombianos y colombianas que han sufrido el despojo, la violencia y las políticas de muerte en aquel país, el cual se levantó fuertemente durante la revuelta popular del 2021.
Nacida en el norte del Departamento del Cauca, madre cabeza de familia, lideresa afrodescendiente y abogada, Francia Márquez ha dado literalmente su vida como activista por los derechos humanos y de la naturaleza, dentro de un país que lleva un conflicto armado de 60 años, el cual ha dejado más de 200.000 muertos y 8 millones de desplazados.
De ahí que su lucha contra la minería ilegal y su defensa de los ríos y montañas del Cauca, la han hecho ser una referente socioambiental no sólo en Colombia, sino en toda la región y en el mundo, lo que la llevó en el año 2018 a recibir el Premio Medioambiental Goldman.
Del mismo modo, destaca también por su enorme lucha por los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas y afrodescendientes, en donde la justicia racial, de género, ambiental y económica ha sido siempre su horizonte a construir de manera colectiva y entrelazadamente.
No debe sorprender entonces que Francia Márquez apueste por una mirada descolonizadora de la vida, desde el pluriverso, como nos ha enseñado el maestro colombiano Arturo Escobar, a través de filosofías otras, como lo es el Ubuntu por ejemplo, reivindicada por ella a través de la frase “Soy porque somos” (1)
En consecuencia, en el caso de ser elegida como candidata por el Pacto Histórico, se tendrá una persona proveniente de las mismas comunidades, territorios y movimientos sociales, y no de las elites colombianas, que por acción u omisión han obstaculizado un acuerdo por la paz histórico e inédito en Colombia, el cual se encuentra en serio peligro de fracasar.
Lamentablemente la guerra no ha parado en Colombia, todo lo contrario, lo que se evidencia con los datos entregados por el INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) el cual muestra como solo en el 2022, han habido 19 masacres y 82 víctimas (2).
En la misma línea, Colombia sigue siendo el país con más asesinatos de defensores del medioambiente en el mundo, por sobre países como México y Filipinas, como bien plantean año a año los informes de Global Witness (3).
Por lo mismo, la candidatura de Francia Márquez es una voz de esperanza entre tanto miedo y muerte, en un país y una democracia secuestrada por el paramilitarismo, el narcotráfico, el ejército y una ultra derecha fanática, liderada por Álvaro Uribe, la cual solo ha traído más muertes en Colombia.
Ante esto, sus planteamientos con respecto al necesario fin de la guerra contra las drogas y el terrorismo, instalada brutalmente por Estados Unidos a través del Plan Colombia en 1999, la cual solo ha aumentado la sangre en los territorios, siendo las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos quienes han sido más desplazados y asesinados.
Asimismo, para acabar con el hambre de manera sostenible con los territorios, se hace fundamental su propuesta sobre fortalecer la agroecología e impulsar la soberanía alimentaria, la cual debe ir acompañada de la erradicación de estructuras racistas y patriarcales, que han negado, en palabras de Francia Márquez, la posibilidad de “permitirle a Colombia vivir sabroso, vivir en paz, tranquilos, con alegría, con amor” (4).
Por último, señalar que Colombia es un país demasiado importante para el futuro de la Tierra, en el contexto de la crisis climática actual, al ser el lugar más biodiverso del planeta, por lo que más que una opción, se vuelve una necesidad de apoyar a una imprescindible por la vida como Francia Márquez en la próxima consulta presidencial.
2:https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
3:https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
Fuente: Rebelión
Entrevista: “La fuerza pública ha
llegado a las comunidades del San
Juan disfrazada de grupos que no
son legales”
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
El río San Juan y todo el Chocó parecen un país aparte. Desde mediados de agosto del año pasado, las comunidades que allí habitan (afros e indígenas) denuncian constantemente que están en medio de una guerra entre las Autodefensas “Gaitanistas” de Colombia -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Pero desde mucho antes, denuncian lo peor: el abandono del Estado, que solo les ve como una ruta de narcotráfico y un territorio perfecto para su economía extractivista y neoliberal.
A pesar de los muchos esfuerzos de las autoridades comunitarias, de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, y de la Iglesia Católica; no hay alivio para ese territorio. Bombardeos, bases militares, infantería de marina, estigmatización y olvido son las únicas cosas que lleva el Gobierno para el San Juan.
Esto ha ocasionado un escalamiento del conflicto que durante la presente semana parece intensificarse. Según informan las comunidades, hoy se registran enfrentamientos en el litoral del San Juan, específicamente el en corregimiento de Copoma, Vereda Tordo y Brisas. Una persona que allí vive, y que por su seguridad no ha querido identificarse*, contactó a Colombia Informa para denunciar los hechos acontecidos en los últimos tres días.
-Colombia Informa: ¿Cómo es la situación en el San Juan?
-La situación es supremamente compleja porque hasta ahorita se adelantó una ofensiva en contra de los grupos armados, que era lo que se le decía a las comunidades (principalmente, contra ELN) y eso trajo una base militar en uno de los corregimientos llamado Noanamá, del municipio del Medio San Juan. Eso es lo que el Ejército nos manifestaba en todas sus operaciones militares: que estaba combatiendo a los grupos ilegales. Pero a nosotros nos preocupaba la militarización, ya que eso nos deja inmersos en el conflicto.
Realmente, la fuerza pública no está ejerciendo la labor de defensa de las comunidades, sino que está en complicidad con las AGC. Y eso es lo que se ha venido manifestando, se ha venido denunciando. Para nosotros es muy preocupante la situación porque cada día se intensifica más la presencia de esos grupos y la disputa dentro de las comunidades. Ya no solo combaten en el territorio, sino dentro de las comunidades.
Y vemos que el objetivo de la presencia de la fuerza pública es llegar a las comunidades, estar un día o dos días, y luego irse. Seguidamente, llegan las AGC las comunidades. Por esta causa, hemos sufrido los asesinatos de niños, de jóvenes, de adultos. Cuando llegan los paramilitares, amenazan para que nadie se pueda mover. Y a esto se le suma la zozobra ante el señalamiento de ser colaboradores de grupos subversivos.
Hay cantidades de cosas que verdaderamente nos preocupan muchísimo, y es poco lo que se puede hacer desde el territorio porque quien diga algo es objetivo militar. Y no es solo una amenaza: ya están los hechos como tal, que son los asesinatos.
-CI: ¿Cómo se han dado cuenta de esa relación entre la fuerza pública y las AGC?
-La fuerza pública ha llegado a las comunidades disfrazada de grupos que no son legales. A veces se hacen pasar por disidentes, a veces se hacen pasar por el ELN usando los brazaletes. Y luego, entonces, reaparecen las mismas personas siendo de la fuerza pública.
Pero también vemos la complicidad porque el uno está a un lado del río y el otro, al otro; y nunca en el San Juan ha habido un enfrentamiento entre la fuerza pública y las AGC. Eso no ha pasado.
La situación se agudiza más después del bombardeo donde matan a un comandante de la guerrilla. Aumentan los operativos militares y la presencia de las AGC.
-CI: ¿Y qué ha pasado en los últimos dos días?
-Las comunidades han tomado la decisión de que cuando llega un grupo de esas características, se desplazan para salvaguardar la vida. Pero el día 14 de febrero, a la comunidad de Negrida llegaron las AGC y se la tomaron. Desde entonces, no dejan mover a nadie.
En el día de hoy (16 de febrero), la comunidad se desplazó porque no vio garantías. Pueden haber enfrentamientos y los que pagan los platos rotos es la población civil. También se notifica que las AGC llegaron a las comunidades de todo el litoral del río Tordo, por el bajo San Juan. Y que a unos pobladores que viven en la orilla del río, los tienen detenidos y nadie se puede mover.
Nos preocupa porque ellos vienen obligando a la comunidad y a la población civil a confinarse. Nadie se puede desplazar ni dar un informe de la situación y la crisis que se está viviendo, hasta tanto ellos tomen una decisión de lo que hay que hacer (si se quedan, si se van o cuándo le dan permiso para uno moverse).
Y realmente, en ninguna de las comunidades ha habido respuesta por parte del Estado sobre esta situación. Ni siquiera por parte de las mismas fuerzas militares que están en el territorio. Anteriormente, había presencia en todo momento de la fuerza pública. Y hoy ya no se visita, ya no patrullan. Nosotros pasábamos a diario por los retenes que nos montaban a nosotros como civiles la Infantería de Marina, en cabeza de la 15ta Brigada. Pero hoy no se hace ni siquiera presencia en el río San Juan, debido a que los grupos paramilitares se tomaron todo.
Lo que ellos dicen es que van a sacar al ELN que está en el territorio, y a nosotros nos preocupa porque va a haber confrontación y no dejan mover a las comunidades. Todas las comunidades de la boca del río Tordo están confinadas. De verdad, es muy delicada la situación. Quien sale, lo hace corriendo el riesgo de que en cualquier parte puede haber un retén y si quieren lo dejan, lo señalan o lo asesinan. Así está la situación en el Chocó.
-CI: ¿Cuántas personas han sido asesinadas en lo que va de año?
-En lo corrido de este año, hemos notificado más de cinco personas asesinadas. Y esto se ha hecho público a través de denuncias.
-CI: ¿Entre estas personas asesinadas había menores de edad?
-Sí, una niña en Dipurdú. Llegaron los paramilitares disparando a sangre y fuego contra la comunidad. Sin haber un combate, sin haber enfrentamientos. Y luego se sacaron a varias personas, intimidando a la comunidad, y los asesinaron y los dejaron en una playa.
-CI: ¿Eso qué día sucedió?
-Más o menos el 15 de enero.
-CI: Como autoridades que son, ¿qué le exigen a los grupos armados y al Gobierno para lograr garantías para su vida y la permanencia en sus territorios?
-Nosotros, en tiempos antes, nos habíamos reunido con las dos partes que se disputaban el territorio (el ELN y las AGC). Las comunidades habíamos exigido que se respetara el territorio, ya que eso nos permitía que nosotros no estuviéramos inmersos en la confrontación. Eso se acató durante casi tres años, respetando el territorio y también que nosotros pudiéramos transitar por el río, porque es el único medio que tenemos para transportarnos. El río San Juan es para nosotros como una carretera principal.
Eso se venía cumpliendo hasta que -no sabemos cómo- fue la confrontación. Un día tal se tomaron las AGC uno de los pueblos que no podían tomarse, Dipurdú. Se metieron al pueblo, se lo tomaron, amenazaron a mucha gente allí. Luego se dio un enfrentamiento y la comunidad se desplazó hacia San Miguel y hacia el Medio San Juan.
Después de eso, la fuerza pública llegó diciendo que iban a tomar el control. Pero llegaron a apoyar a los paramilitares. Aumentó el hostigamiento a las comunidades y las amenazas.
Nosotros, ¿qué hemos exigido? En los últimos días se mandó un comunicado por parte de las autoridades comunitarias a los dos grupos. Pidiendo que por favor se sentaran, hablaran y se respetaran los acuerdos otra vez. Pero verdaderamente no se ha escuchado respuesta concreta, sino que su consigna ha sido continuar la guerra como tal.
-¿También hay presencia de las disidencias en el territorio?
Confirmadas como tal, no. Siempre que se dice haber presencia, ha sido la fuerza pública que hace esos montajes. Eso sí hemos alcanzado a evidenciar. Hasta ahorita no hay presencia de las disidencias. Se dice pero realmente no hemos visto que se identifiquen como disidencias ni que patrullen.
(El nombre de la persona entrevistada ha sido omitido por la amenaza actual de las AGC que afirma que cualquier persona que hable de lo que pase en el territorio, será un objetivo militar).
Fuente: Colombia Informa
La verdad sobre el hambre
Por Milena Perdomo. Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
Más allá del mapa de la FAO y las rectificaciones, el hambre en Colombia es implacable. Los campesinos, las mujeres y los migrantes son los más afectados. Estas son sus causas y las soluciones disponibles.
Más allá del escándalo
La aparición de Colombia en el mapa «Hunger Hotspots» de la FAO causó revuelo por tres razones:
- primero, un país que se ufana de pertenecer a la OCDE no puede padecer hambre;
- segundo, la reacción de la vicepresidenta fue pedirle a la FAO que sacara al país del mapa y que rectificara la información, y,
- tercero, la respuesta, por lo menos discutible, por parte de Alan Jorge Bojanic —representante de la FAO en Colombia— fue dar un paso atrás a pesar de las cifras.
Sobre este episodio, el FoodFirst Information and Action Network (FIAN) —organización que sigue el estado del Derecho a la Alimentación en el país— señaló la semana pasada que la presión diplomática de Colombia sobre la FAO es “un intento del gobierno de ocultar su gran responsabilidad en la tragedia alimentaria del país y su papel en las violaciones del derecho a la alimentación”.
Más allá del escándalo, que ocupó menos agenda política y más mediática de la que debería, hay evidencia que debe preocupar a toda la población. Especialmente debe preocupar al Estado colombiano, pues es responsable de la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA).
Son datos y hay que darlos
Este no es un problema nuevo. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), desde el 2015 la inseguridad alimentaria en Colombia alcanzó al 54,2 % de los hogares.
La razón: el gobierno no fomenta la producción interna de alimentos y promueve una política comercial que subraya la exportación de commodities. Según concluyen Suescún y Guevara, la política económica actual afecta la alimentación de los colombianos por tres conductos principales:
- la escasa asignación de recursos para el agro —y en particular para las economías campesinas—;
- la precaria asignación de presupuesto para la alimentación y nutrición, y
- los efectos de la “apertura neoliberal” de los años 90 y de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Estos tres factores combinados explican, en gran medida, el hambre persistente en las últimas tres décadas. Bajo la apertura económica y los TLC, Colombia pasó de exportador neto del sector agropecuario a un importador masivo —las importaciones del sector agropecuario aumentaron a un ritmo cuatro veces mayor que las exportaciones—. Esto invirtió la balanza comercial del sector y la convirtió en deficitaria.
La situación se agravo con los TLC: entre 2012 —año de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos— y 2019 las importaciones aumentaron un 33 %, mientras que las exportaciones aumentaron un 10 % (Gráfico 1).
Gráfico 1. Balanza comercial del sector agropecuario (cantidad), 1986-2019
Las importaciones han sido sobre todo de alimentos o insumos para producirlos; por ejemplo, en 2019 tres productos (maíz, trigo y torta de soya) representaron 68 % de las importaciones. Estos productos fueron referentes de la economía local, pero sucumbieron ante la exposición a la competencia externa, y el abandono estatal (Gráfico 2).
Algo similar puede suceder con otros cereales, lácteos y tubérculos —como la papa— si no se toman medidas rápidas para proteger estos rubros de la producción agropecuaria.
Gráfico 2. Principales productos agropecuarios importados en 2019
La dependencia de las importaciones agropecuarias en un país con factores productivos contribuye a la permanencia de la pobreza; los conflictos de uso del suelo, y, por supuesto, al hambre. Además, este sistema afecta los ingresos, pues, como dicen Suescún y Guevara, “con la depreciación del peso colombiano los alimentos importados se hicieron más caros y en el último año fueron el segmento que más presionó el alza la canasta familiar”.
Hambre entre campesinos, mujeres y migrantes
El informe “Colombia: Un país que se hunde en el hambre” publicado en octubre del año pasado ya había puesto de presente el problema alimentario que hoy llama la atención en la política y los medios de comunicación.
Según decía ese el informe, el problema del hambre es ante todo político. Las políticas alimentarias —cuyo enfoque debe ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Salud Alimentaria o la Ciudadanía Alimentaria— centran la responsabilidad de manera casi exclusiva en las personas y marginalmente en el Estado.
La inseguridad alimentaria es más grave en las áreas con menor concentración de población, es decir, en las zonas rurales y rurales dispersas. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) en 2015, la inseguridad en estas zonas alcanzó al 64,1 %, casi diez puntos porcentuales por encima del promedio nacional. No hay que olvidar que en estas zonas residen la mayor parte de los pueblos étnicos y comunidades campesinas.
En todos los departamentos del país los hogares campesinos tuvieron un mayor nivel de pobreza multidimensional, con porcentajes que oscilan entre el 54,5 % y el 82,3 %. Una situación contradictoria y trágica, pues estas comunidades producen gran parte de los alimentos que consumimos.
La situación de las mujeres no es mejor. En Colombia los trabajos del cuidado alimentario, que implica saberes y prácticas, no son reconocidos como base fundamental para la producción de la vida e incluso del gran capital. Según el informe del FIAN, “al no tomar medidas efectivas para erradicar las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en materia alimentaria, se siguen profundizando las cifras del hambre y malnutrición, más aún cuando se enfrentan a una pandemia mundial que ha empeorado la situación de las y los más vulnerables”.
Las personas migrantes también son víctimas de graves vulneraciones al Derecho a la Alimentación. El informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó en febrero de 2020 que el 55 % de los hogares migrantes se encontraban en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa. El 67% de los hogares migrantes identificaba el acceso a alimentos como su necesidad más apremiante. Este factor también es señalado por la FAO en el informe que contiene el mapa de la discordia.
Soluciones reales a problemas reales
Pero el hambre si tiene soluciones. El extenso documento de FIAN Colombia propone una ruta con propuestas concretas para enfrentar la crisis.
Una de ellas es cumplir de manera eficiente, eficaz y real del Acuerdo de Paz, donde se incluyen el Sistema Progresivo para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, y el reconocimiento de los derechos del campesinado.
Por otro lado, urge:
- adoptar normas y políticas en materia alimentaria con enfoque de derechos humanos, es decir, con la participación de los y las titulares de derechos y sus organizaciones;
- proteger y apoyar la producción y consumo interno de alimentos verdaderos como contramedida a las dietas corporativas;
- poner en marcha una política de alimentación escolar universal basada en los derechos humanos;
- adoptar políticas que fomenten el empleo digno, e
- impulsar reformas tributarias basadas en la justicia fiscal.
El hambre es real, con o sin mapa. Los precios de los alimentos aumentan todos los días, y todas las personas lo experimentamos a diario. Los cambios para frenar el hambre son claros, pero deben realizarse. Es necesario sumar fuerzas para exigir el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria que nos concierne a todos.
(Milena Perdomo es Periodista, Ms.C. en comunicación política, coordinadora del área de comunicaciones de FIAN Colombia).
Fuente: Razón Pública
Europrotestas y burlas contra un
« Duque » colombiano
Por Eliécer Jiménez Julio, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
Al presidente de Colombia Iván Duque en la que puede ser su última gira presidencial por instituciones europeas le fue como a los «perros en misa», ya que con un discurso mentiroso y pedigüeño de carácter económico en el Parlamento Europeo con el sofisma de proteger el medio ambiente y la migración en Colombia, mientras da vía libre para deforestación y extractivismo de todo tipo, en zonas y áreas protegidas en el país suramericano, ocultó la crisis humanitaria de centenares de masacres, los miles de asesinatos de líderes sociales, ambientales, étnicos y desmovilizados de las antiguas guerrillas de las Farc. Además, que engavetó los diarios escándalos de corrupción de su gobierno, la creciente exportación de drogas ilícitas junto con el fortalecimiento de los carteles de la misma, incluso con participación de miembros del ejército y policía, el aumento del hambre y la miseria de los colombianos.
La intervención del mandatario suramericano desató la ira de decenas de eurodiputados que sesionaban en el hemiciclo de dicha institución en Estrasburgo, Francia; los cuales en un acto poco común de protesta contra altos dignatarios que visitan el euro parlamento y en un alto gesto de dignidad y denuncia contra el gobierno de Duque, pero de solidaridad con las víctimas del pueblo colombiano, portaron camisetas con nombres de líderes asesinados , rechazando las masacres , algunos hicieron uso de la palabra para en tono alto y palabras duras y fuertes críticas contra el mandatario colombiano le recriminaron por la alta ola de violencia, corrupción, hambruna y miseria que vive la mayoría de los colombianos, mientras otra decena de diputados se retiraron del recinto que reúne delegados parlamentarios de la Unión Europea.
Pero si en Estrasburgo le fue mal y con una manifestación de colombianos a las afueras del Parlamento Europeo , ya un día antes en la sede de la OTAN ubicada en la Calle Boulevar Leopoldo III de Bruselas, Bélgica, otra manifestación de colombianos también lo esperó con pancartas y gritos de rechazo,además que fue objeto de fuertes criticas y burlas a nivel mundial al terminar su discurso « guerrerista» al lado del noruego Jens Stoltenberg, actual secretario general de la OTAN quien sonreía feliz por la posición genuflexa, entreguista y hasta irresponsable del gobierno colombiano de querer congraciarse con los miembros de la OTAN, pero en especial con el gobierno norteamericano criticando y exigiendo al gobierno de Rusia que respetara y no invadiera a Ucrania (sic)
Duque demostró una vez más su creencia que la diplomacia internacional es como tocar guitarra, bailar, conducir cuatrimoto en la olvidada y semidestruida Isla de Providencia, o ir a parrandear con acordeón, Whisky y frichi a La Guajira donde se han muerto miles de ninos de pura hambre o jugar con un balón ; y este como joven inexperto, pendenciero, agraciado y metiche, asomó sus narices y metió la cucharada en un conflicto situado a miles de Kilómetros de Colombia, no con un discurso de paz y diálogo sino de alinderamiento y « lame botas » de los norteamericanos, ya que para Duque y su gobierno no le es suficiente ocuparse de la violenta situación colombiana segunda en el mundo, la alta taza de violación de los derechos humanos, la seguridad de sus ciudadanos, la vida y el desarrollo de su pueblo y el conflicto interno a lo cual se suma de nuevo los desplazamientos y fuerte salida de líderes sociales y ambientales hacia el exilio político lejos del país por miedo a ser asesinados en Colombia.
Muchos medios de comunicación importantes del mundo y dirigentes internacionales más que criticar la intervención «lambona e irresponsable» del mandatario fue objeto de risas, burlas y memes al indicar el «miedo» que pudo despertar en el presidente Putin y el gobierno ruso , el discurso genuflexo y «amenazas» de Duque.
La diplomacia internacional especialmente europea cada que anuncian la visita de Duque se frotan las manos, no por las ansias de saludarlo sino porque ya saben como lo sabemos los colombianos residentes en el exterior que nos hará pasar vergüenza y causará mucha risa y despertará el ingenio de los expertos en memes en todo en el mundo incluida la diplomacia mundial, además de hacernos congregar para recibirle con manifestaciones y voces de rechazo a él en sus habituales paseos diplomáticos o a la canciller y vice Martuchis .
Menos mal que Duque y su circo está de salida y desde la distancia guardamos la esperanza que quien llegue este año a la Casa de Nariño en Bogotá, cambie para bien la situación social, política, económica del país y de millones de nuestros compatriotas y que en el exterior sepa comportarse a la altura de un mandatario que no ande entrometiéndose en los asuntos internos de los países y sus gobiernos sean vecinos o estén a miles de kilómetros de Bogotá y no esté atizando fuegos y acciones guerreristas al otro lado de la tierra y si es para referirse a conflictos externos que sea para buscar el diálogo, la paz y la coexistencia pacifica entre las naciones y los pueblos y no destruyendo procesos de paz como lo ha hecho Duque con el de su propio país recibiendo ordenes del innombrable .
Envio:RL
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