Beneficio para el ex fiscal regional Patricio Serjal
Otro más que ganó su libertad
En vísperas del inicio del juicio por corrupción política y judicial, el hombre clave de ese andamiaje obtuvo fallo favorable.
El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, que cumplía prisión preventiva domiciliaria por la causa que lo tiene como imputado por proteger desde la Justicia una red de juego clandestino, quedó en libertad ayer a la espera del juicio. Tras una audiencia de la Cámara de Apelaciones de Rosario y con la firma de Guillermo Llaudet se le concedió el beneficio que había solicitado la defensa con algunas condiciones: deberá depositar una caución de 10 millones de pesos, no podrá salir de Rosario ni del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades judiciales. El abogado Ignacio Carbone, que defiende a Serjal, explicó que la libertad estuvo basada en que “no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de pruebas”. Sin embargo los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, se mostraron disconformes con el fallo.
"No estamos de acuerdo con la resolución. De hecho nosotros pedimos que se mantenga la situación de prisión preventiva. Estamos en tal vez el caso más grave de corrupción política y judicial de la provincia de Santa Fe, con implicancias que llegan a todos los sectores del poder estatal: políticos, policiales y judiciales. Estamos frente a la persona que estaba a cargo de la Regional de una ciudad como Rosario que tiene índices de violencia altísimos, y frente a esto el Fiscal Regional se dedicaba a colaborar para que el negocio de Leo Peiti y de Armando Traferri se mantuviera incólume. A cambio de plata. De eso se trata el caso", razonó contundente Edery ante la consulta de Rosario/12. "Es raro que se lo libere faltando tan poco para el juicio, y más aún cuando el senador Traferri fue el que demoró y dificultó la investigación. Y no se puede desconocer que ambos actúan de forma muy similar", agregó Schiappa Pietra.
-¿Este fallo tiene un trasfondo político, en sintonía con nuevos escenarios en la provincia? -preguntó este cronista.
-Esperemos que no, porque cuando se politizan los fallos, la justicia comete graves errores. Cuando el Poder Judicial empieza a fallar en función de lo que intuye sobre los cursos de la administración política de los estados, se sale del cauce donde tiene que dictar sus fallos -contestó Schiappa Pietra.
Con la firma del juez Llaudet, el fallo revoca la decisión de la magistrada Eleonora Verón. Serjal estará en libertad mientras avanza el proceso pero deberá cumplir con algunas restricciones: deberá abonar una caución de 10 millones de pesos, no podrá salir de Rosario y deberá entregar su pasaporte a las autoridades judiciales. También se le impuso evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión –personal, telefónico o por cualquier otra vía de comunicación– con los otros coimputados o testigos de cualquiera de las causas en las que está involucrado.
El defensor de Serjal recordó que su cliente hace meses cursaba arresto domiciliario “por cuestiones médicas” y que ya había obtenido permisos para tener salidas para tratamientos terapéuticos, psicológicos y psiquiátricos. Carbone aseguró que el ex funcionario subsiste económicamente de “la comida que hace en su domicilio y luego vende”, y que incluso familiares y amigos también le prestan dinero mensualmente.
Pero quienes estuvieron en contra de la resolución fueron sus acusadores, quienes recordaron que Serjal tiene un pedido de pena de 12 años por cohecho e integrante de una asociación ilícita. "Por eso -dijo Edery- creemos que corresponde aplicar el mismo criterio de cualquier imputado por un delito grave con una solicitud de pena de 12 años y cuya situación ha sido revisada por varios jueces. Cualquier persona presa en estas circunstancias llega a juicio en prisión preventiva. Salvo que pertenezcas a determinada clase social o determinado círculo de poder. No es el mismo criterio que se aplica con algunas personas que llegan al marco de la persecución penal. Si queremos construir un sistema penal que no sea selectivo tenemos que tratar a todas las personas de la misma forma. Sea quien sea".
MUNICIPIOS
Empezó la paritaria entre el gobierno y el gremio docente
Mucho por discutir y con los días contados
La premisa sine qua non de Amsafé es llevar el salario docente por encima de la línea de pobreza. Para Sadop, sin acuerdo hay paro. La provincia prepara la oferta.
Poco más de una semana antes de que llegue marzo, el gobierno provincial abrió ayer la paritaria con el gremio docente. Los sindicatos advirtieron que el tiempo disponible es poco. "Si no hay acuerdo salarial el ciclo lectivo no iniciará", advierte Sadop. "Ningún docente por debajo de la línea de pobreza", marca Amsafé. Habida cuenta de la fecha y de las señales que el Ejecutivo ya emitió en estos días, asumen que para la Casa Gris es un hecho que no podrá evitar el paro docente. Para los negociadores de Omar Perotti no es así, y esperan que avance la paritaria nacional. De todos modos, la semana próxima harán una oferta de mejora salarial con la premisa de que "estará por encima de la inflación". Hoy continuará la negociación con los sindicatos de estatales, y mañana con los de salud pública.
"Si no hay acuerdo aprobado por los docentes, las clases no iniciarán. No hay plan B", señaló Martín Lucero, secretario general de Sadop, a la salida de la reunión de ayer entre representantes gremiales y, por parte del gobierno, los ministros de Trabajo y de Educación, Juan Manuel Pusineri y Adriana Cantero, enviados del Ministerio de Economía, y el responsable del programa Boleto Educativo Gratuito, Robert Benegui.
"Planteamos la necesidad de que haya una recomposición salarial cierta, con mejores condiciones de trabajo. Se armaron las comisiones técnicas, pero casi no hubo avances. Hay preocupación porque los tiempos son exiguos, y ellos lo saben. Hay que resolver para la semana próxima y la situación es compleja. El escenario no es bueno", zanjó el representante de los docentes de la enseñanza privada. Lucero desconfía del tiempo que el Gobierno se tomó. "Hay decisión de postergar la propuesta salarial, y entonces saben que el paro es una consecuencia", interpretó.
El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, suavizó la tensión y expresó que el compromiso asumido era "convocar en febrero, y eso estamos haciendo: el año pasado lo hicimos el 5, pero hasta que no tuvimos una pista de la paritaria nacional no tuvimos un avance, y eso los gremios lo saben", planteó.
La promesa oficial –ratificada ayer por Perotti mismo en rueda de prensa– es ofrecer un aumento superior a la inflación estimada. "Cualquier porcentaje es relativo, lo importante es ver cómo lo pagarán, en qué plazos, en qué tramos, de qué forma serán los desembolsos", dijo el de Sadop y reparó en que el índice de enero fue del 3,9%.
La secretaria adjunta de Amsafé, Adriana Monteverde, rectificó al ministro: "No queda mucho tiempo. Exigíamos una convocatoria a fines de enero, principios de febrero, la discusión suele ser larga y nosotros además consultamos las decisiones a nuestras bases de afiliados. Falta muy poco para el inicio del ciclo lectivo", dijo.
También relativizó la determinación de la paritaria nacional: "Marca un piso, pero no un tope, por lo tanto se puede discutir y definir igual. Nuestra premisa es que ningún docente activo ni jubilado quede por debajo de la línea de pobreza", dijo y recordó cuando en el gobierno de Cambiemos esa instancia de negociación gremial fue suprimida. "Esperamos que haya una propuesta que se pueda analizar, si no hay acuerdo se darán las medidas que surjan de las asambleas. En Amsafé las bases definen", avisó.
El trabajo arrancó en dos comisiones, la de salario y la de condiciones laborales donde se deberán acordar asuntos relacionados con concursos, titularizaciones, ampliación del Boleto Educativo Gratuito y otras.
"En lo salarial tenemos una mirada puesta en la paritaria nacional –indicó Pusineri–. Ratificamos el compromiso, como el año pasado, de que el salario se ubique arriba de la inflación. El año pasado lo cumplimos y volveremos a hacerlo", remarcó.
En la previa se zarandeó la cifra del 40% como aumento posible, algo que bulle en la escena nacional. Pero Pusineri confía en el entendimiento santafesino. "El año pasado se planteó en la paritaria el 35%. Todos decían que la inflación sería mayor, el 50. Cuando hicimos la revisión el año pasado le agregamos 17% más y terminó en 52% global", repasó.
La Casa Gris prometió realizar una oferta a los docentes en la semana próxima. Se planteará una recomposición en tramos y con una instancia de revisión en setiembre.
La representación de Amsafé pidió "la necesidad de que la discusión salarial se lleve adelante de manera periódica, realizando la revisión correspondiente para que la inflación no supere a los aumentos", señaló el sindicato docente en un comunicado.
El gobierno desmintió a los intendentes radicales
Una foto de espaldas a Casa Gris
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti rechazó ayer la queja de los intendentes radicales que se sacaron una foto de espaldas a la Casa Gris en protesta por una supuesta “discriminación” en el reparto de recursos. “No es cierto. Lo niego rotundamente. Eso no existe”, retrucó el ministro de Gestión Pública Marcos Corach, quien atribuyó el operativo "a una parte" del arco opositor que “ya aburre con ese discurso”. El secretario de Municipios José Luis Freyre coincidió que la foto era “una pose para intentar instalar algo que no es real”. Mientras que su segundo, el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, la interpretó como “una gran puesta en escena”. “No hay discriminación, se han enamorado de un eslogan de campaña y siguen con la misma lógica”, tiró.
El martes, los intendentes de la UCR –impulsados por los bloques de legisladores que lideran Maximiliano Pullaro, Lisandro Enrico y Felipe Michlig- se movilizaron hasta la Casa de Gobierno justo a la misma hora que Perotti se reunía con los intendentes y presidentes de comunas del centro norte de la provincia para renovar su compromiso con una política educativa que ubique a Santa Fe con “escolaridad plena” en 2022. Los radicales no fueron al acto, donde se firmó un “acta compromiso” para buscar a sus hogares a los chicos y chicas que terminaron la primaria y no se inscribieron en la secundaria para que lo hagan.
Según los radicales, el petitorio que dejaron en la Casa Gris –donde pudieron dialogar con Freyre y Kaufmann- está firmado por 70 intendentes que se quejaron por el supuesto atraso en la transferencia de 2.500 millones de pesos por el Fondo de Obras Menores y partidas para gastos corrientes. Sin embargo, en el gobierno analizaron el cuadro y descubrieron que no había más de 28 intendentes y presidentes comunales. Los otros eran empleados municipales y de la Legislatura y tres diputados de la UCR: Juan Cruz Cándido, Sergio Basile y Georgina Orciani, del bloque de Pullaro. Orciani publicó en sus redes la imagen de sus colegas de espaldas a la Casa de Gobierno. “Es la foto que no queremos ver: intendentes y presidentes comunales reclamando al gobierno de Santa Fe los fondos que adeuda a sus localidades. Basta de discriminación del gobierno de Perotti, que no hace más que darle la espalda a la mayoría de los santafesinos y santafesinas”, chicaneó. Después de la parada, todos se fueron hasta la Legislatura.
El martes, cuando le preguntaron a Perotti por el operativo de los intendentes radicales el gobernador desmintió la supuesta “discriminación” o el atraso en la transferencia de recursos a municipios y comunas. Eso ocurría en el gobierno anterior. “Hace dos años –en el arranque de su mandato- la demanda de los intendentes era ver “cómo pagaban los sueldos y el aguinaldo” y “cómo afrontaban las deudas” que tenían. “Esa era la situación del grueso de los municipios y comunas de la provincia”, por la asfixia económica. “Hoy estamos en una situación muy distinta. Y siempre habrá diálogo”, agregó el mandatario.
Ayer, el ministro Corach enfatizó: “Definitivamente no existe tal discriminación”. “Es un discurso de parte de la oposición” que parece que tiene rédito político. “Quiero aclarar que es parte de la oposición. No es toda, es parte la oposición”, que tiene otras intenciones –deslizó.
Acerca de la supuesta demora en los giros de fondos a municipios y comunas gobernadas por el radicalismo, Corach dijo que “muchas veces” eso ocurre porque las remesas no se rinden en tiempo y forma. Las transferencias por “obras menores” y “gastos corrientes” es “contra certificación”. “Entonces, no lo puedo decir por todos, pero si hay intendentes que no rinden (cuentas) y no certifican, no pueden seguir recibiendo dinero. Si entregamos recursos para colocar 1.000 luminarias, pero sólo nos certificaron que cambiaron 200, no vamos a hacer otro desembolso porque ellos no pueden justificar en qué usaron la plata. Entonces, cuando esto se reproduce, nosotros no transferimos los recursos”, explicó. “Hay casos particulares en los que también hay omisión de los intendentes a la hora de presentar esas rendiciones… Pero nosotros no salimos a batir el parche diciendo 'este intendente de tal lugar en lugar de poner mil luminarias puso doscientas'. Eso no lo hacemos”, señaló.
El Concejo Municipal debe suscribir la adhesión a la SUBE
Beneficios para los pasajeros
La tarjeta amplía el universo de beneficiarios para el uso del transporte pero antes debería votarse en la sesión de fin de mes.
La resolución del Ministerio de Transporte nacional que otorga para el primer trimestre del año 9.600 millones de pesos a las provincias del interior, especifica qué provincias y municipios deberán suscribir, conjuntamente con las empresas de transporte, la adhesión e implementación de la SUBE, un sistema que otorga mayores beneficios sociales. Además, el incumplimiento en su implementación implica excluir a la jurisdicción del beneficio del Fondo Compensador. En ese marco, la concejala Fernanda Gigliani (IP) pidió que el Concejo vote la adhesión al sistema en la primera sesión extraordinaria que se realizará el 24 de febrero. "La SUBE no solamente amplía el universo de beneficiarios para el uso del transporte, la clave es que se transparenta el sistema, dejando de subsidiar a las empresas para subsidiar al pasajero", dijo la edila a Rosario/12. Para la UTA, el incremento de subsidios dará tranquilidad a los trabajadores de poder cobrar en tiempo y forma. También advirtieron que a días del inicio del ciclo lectivo faltan 100 unidades en la calle para brindar un mínimo servicio" (ver aparte).
El artículo 7 de la resolución 82/2022 del Ministerio de Transporte de la Nación especifica que las provincias y municipios, junto a las empresas del transporte público de pasajeros, deberán suscribir la adhesión e implementación de la SUBE. La adhesión será anexada a cada convenio del 2022, y se deja "expresamente establecido que el incumplimiento para la implementación del aludido Sistema, excluirá a la jurisdicción del beneficio del Fondo Compensador".
El listado de beneficiarios para solicitar la tarifa social en la tarjeta SUBE es extenso: Jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de la AUH, Progresar, Potenciar Trabajo, asignación por embarazo, pensiones no contributivas, seguro por desempleo, seguro de capacitación y empleo, programa Promover Igualdad de Oportunidades. Los usuarios se verán beneficiados con descuentos del 55% al viajar.
"En el año 2015 presenté el proyecto para que Rosario firme el convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para implementar la SUBE y no logramos que lo vote el Concejo porque había una clara negativa de los oficialismos en avanzar. Por lo establecido en esta resolución no hay más excusas, esperamos que se vote la adhesión en la primera sesión extraordinaria", reclamó Gigliani.
La edila remarcó que más allá de la discusión que sigue vigente por la inequidad en el reparto de los subsidios del gobierno nacional al transporte público del interior, la SUBE otorga transparencia y eficiencia al sistema. "Entiendo que estaba planteada hasta una cuestión de identidad con la MOVI, Rosario se caracterizaba por tener su propia tarjeta. Esto pasa a un segundo plano cuando hay que obtener mayor cantidad de subsidios para un sistema en el que son más los usuarios que se verán beneficiados con descuentos al viajar. Pongamos todo en la balanza y avancemos", propuso la edila.
Cuando se publicó la resolución, el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, valoró que se planteara el pase a la SUBE de todo el sistema, mientras avanza la licitación para adquirir las validadoras. "Seguir teniendo varias modalidades no funciona y complica. El sistema, transparenta, es importante que se haya incluido", apuntó.
Declaración
El papá de Casco
Imagen: Andres MaceraSábado
Feria editorial
Se presentó el proyecto de Ley Vanesa para proteger a las infancias
Quienes cumplen con su deber serán acompañados
La iniciativa fue presentada en Diputados, fruto del trabajo de una comisión redactora especial y el impulso de Silvia, la hermana de la maestra asesinada.
El proyecto de la Ley Vanesa ingresó a la legislatura provincial, en el marco del cuarto aniversario del femicidio de la docente Vanesa Castillo, quien fue asesinada a la salida de la escuela donde trabajaba en Alto Verde. “La ley Vanesa sigue la línea del Paradigma de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, poniendo a las infancias como prioridad y a los adultos como responsables de protegerlas. Busca ser un instrumento que no deje solos a los agentes que trabajan en el territorio, que cumplen con el deber de denunciar las violencias y abusos contra las infancias y adolescencias”, señaló la diputada Agustina Donnet, del bloque Igualdad y Participación.
“Era una deuda pendiente en nuestra provincia. Durante dos años la Comisión Especial --conformada también por las diputadas Lucila De Ponti y Erika Hynes- recibió a especialistas, representantes de instituciones públicas, de gremios, de colegios profesionales y de organizaciones sociales para trabajar de manera conjunta y participativa. A 4 años del femicidio, asumimos el compromiso y cumplimos con el objetivo de ingresar el proyecto Ley Vanesa en la legislatura”, agregó la legisladora.
El 15 de febrero se cumplieron cuatro años del femicidio de Vanesa Castillo, la docente de la Escuela 533 Victoriano Montes de Alto Verde, asesinada frente a la puerta del establecimiento por Juan Ramón Cano, condenado a prisión perpetua.
Poco tiempo antes del crimen, la docente acompañó a una alumna de otro curso en una denuncia por abuso sexual. "Cumplía con su deber como agente pública", recordaron en un comunicado sobre la presentación de la iniciativa.
La ley surgió de la demanda de familiares, amigos, amigas y compañeras que "buscaron transformar el dolor de la pérdida irreparable de la seño Vanesa en un instrumento jurídico que ordene la intervención del Estado ante estas situaciones de vulneraciones de derechos graves contra niños, niñas y adolescentes, proteja los derechos y garantías de las víctimas y a las y los agentes públicos denunciantes o vehículos de los develamientos".
Además, la ley "se hace eco de las falencias en las intervenciones en los casos de abuso sexual infantil". El texto del proyecto busca articular a los actores intervinientes del Sistema de Protección Integral, crea un Observatorio Único de situaciones de abuso sexual, dispone de medidas para la protección de los adultos denunciantes, regula la Cámara Gesell y demanda la revisión de los protocolos de intervención.
“Vamos a seguir trabajando para que el proyecto tenga un tratamiento expeditivo en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que recoge un amplio respaldo político, siendo acompañado por la mayoría de las diputadas y de los presidentes de bloque, y ante la urgente necesidad de una reacción rápida del Estado frente a las infancias vulneradas, fundamentalmente frente al flagelo de los abusos sexuales”, finalizó Donnet.
La Cámara de Diputados creó una comisión de Género
La marea llegó hasta las bancas
Presidida por la diputada Lucila De Ponti y por primera vez en la Legislatura provincial, comienza a funcionar una comisión de Género, Mujeres y Diversidades. "Es saldar una deuda pendiente para darle lugar y tratamiento específico a la enorme cantidad de proyectos que hay y que se presentan constantemente sobre estas temáticas", aseguró la legisladora del Movimiento Evita. La elección de autoridades se resolvió por consenso de todos los bloques y estableció que De Ponti esté al frente, acompañada por la diputada Giselle Mahmud, del Partido Socialista, que será vicepresidenta del espacio. Además, estará integrada por 9 diputadas y diputados.
La idea de la comisión tuvo su origen en 2020 a partir de un proyecto de resolución presentado por De Ponti que fue impulsado por las diputadas mujeres de todos los bloques. "Es la primera vez en la historia que la Legislatura va a tener un ámbito específico para discutir esta agenda", destacó la legisladora, quien atribuyó la creación del espacio al "gran protagonismo que el movimiento de mujeres y diversidades ha conquistado". En ese sentido, prometió que la idea es salir de las paredes de la Legislatura: "Va a ser una comisión con los pies y la escucha en el territorio, llegando a cada rincón de la provincia para amplificar las voces de todos y todas", adelantó.
Como impulsora de la comisión, De Ponti también aseguró que "es un paso importante en un espacio institucional clave”. Para la diputada, además, "tomará mucho volumen político y puede servir como mecanismo de posicionamiento frente a la otra cámara", dijo en relación al Senado.
La presidenta de la comisión destacó que "poder contar con este espacio institucional se produce claramente como resultado de la consolidación del movimiento de mujeres y diversidades como un actor político y social con enorme trascendencia y capacidad de transformar las instituciones”. Y sumó: “Es un paso que se da gracias al trabajo articulado que tenemos las diputadas mujeres de todos los sectores políticos con un diálogo transversal que nos fortalece y representa una enseñanza para toda la política en general”.
La comisión tendrá como función principal "centralizar la gran cantidad de proyectos vinculados a cuestiones que antes no encontraban un espacio institucional específico de tratamiento dentro de la legislatura".
Sobre lo que consideró una deuda que se salda, para la legisladora del Movimiento Evita, “el hecho de que hasta ahora no se haya creado este espacio habla también de una mirada muy masculinizada entre los legisladores que de alguna manera resistieron a este avance social. Poder dar este paso nos convierte en una institución con más capacidad de escucha hacia la sociedad y de respuesta a sus demandas”, evaluó.
La resolución que le dio origen a la comisión expresa que tratará “todo asunto o proyecto relativo a aspectos vinculados a la promoción de la igualdad de género, incluyendo igualdad de trato y de oportunidades, como así también a todo aquello que se vincule tanto al desarrollo y al reconocimiento de derechos, así como a la vulneración de los mismos, con atención a situaciones específicas del género, las mujeres y las diversidades de género”.
De Ponti agregó: “Queremos también que el funcionamiento de la comisión exprese ese sentido participativo, no solo entre las diputadas sino también con la sociedad, para lo cual vamos a crear los mecanismos que nos permitan habilitar la participación de mujeres y diversidades de todo el territorio provincial. Nuestra sociedad viene transitando un proceso de transformación cultural que nos pone más cerca de la igualdad y la justicia, es indispensable que las instituciones también tengan la capacidad de transformarse”, reflexionó.
Fuente:Rosario12
Reunión con Lozano, del Banco Nación
Catiltar participó –junto a otras cámaras del interior– de la reunión con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, a quien le pidieron acceder a líneas de créditos blandos para facilitar el cambio de vehículos en todo el país, beneficio con el que ya contaban en CABA. “Nos fuimos muy conformes”, resaltaron desde la entidad local.
“La pandemia golpeó duramente al transporte público, y el servicio de taxis no fue la excepción”, aseguró el diputado nacional Eduardo Toniolli tras el encuentro con Lozano, en el que acompañó el reclamo de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, que busca gestionar una línea de créditos blandos que facilite la renovación de autos del sector en todo el país.
La Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) dio el presente entre las distintas cámaras del interior que estuvieron en el cónclave con el titular del Banco Nación. “Había salido una línea de crédito subsidiada, pero sólo para la Ciudad de Buenos Aires y no para el resto de las asociaciones del país. Era una locura, porque no era federal”, le contó Marcelo Díaz, titular de la cámara, a Redacción Rosario.
Ante esta situación, la entidad que nuclea a dueños de taxis de Rosario se puso en contacto con Toniolli, que a su vez hizo lo propio con Lozano, y de ahí surgió la reunión de este miércoles. “Nos fuimos muy conformes –continuó Díaz–, porque ellos accedieron a que tiene que ser nacional, federal, admitieron que hubo una confusión. Ahora tenemos que modificar algunas condiciones, como que se prolongue la antigüedad, cambiar de categoría a los monotributistas”, entre otros detalles.
El referente de la cámara le dijo a este medio que “hoy en día, el problema que tiene el sector en todo el país es que no se pueden cambiar las unidades por los costos de los autos”. Por eso destacó también el proyecto que presentó la diputada Mara Brawer para que los licenciatarios puedan acceder a un auto 0KM de industria nacional con exenciones impositivas, y que tendría el aval de sectores opositores para que el Congreso le dé luz verde. “Si en estos meses logramos cambiar esta situación sería un golazo. Esto es un paso importantísimo”, se entusiasmó el tachero rosarino.
“Encontramos una buena recepción al reclamo, orientado a ponerle freno al envejecimiento de la flota, y a mejorar el servicio público regulado de transporte de pasajeros”, indicó, por su parte, el ex concejal rosarino.
El ahora legislador nacional del Frente de Todos recordó que “siguiendo el mismo objetivo, a nivel legislativo acompañamos el proyecto que presentara Daniel Filmus en 2019, y hoy impulsa Brawer, que promueve exenciones impositivas para la renovación de vehículos para el sector”.
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