Cómo será el juicio a Alvarado
Un narco con ayuda policial
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra mostrarán la trama de la red delictiva.
Un contrabandista de cigarrillos, que luego comenzó a robar autos y desguazarlos para su venta y que terminó como uno de los líderes narcos rosarinos más violento. Este es el perfil de Esteban Lindor Alvarado, el hombre que mañana se sentará en el banquillo frente a los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, para quienes los cambios en el perfil delictivo se debieron directamente a la participación policial en sus negocios. El fiscal Luis Schiappa Pietra le contó a Rosario12 que "Alvarado robaba autos en el norte de la provincia de Buenos Aires y vendía sus partes, pero el negocio le permitió vincularse con las fuerzas policiales y con el desarrollo y el montaje de una superestructura empresarial que permitió el funcionamiento de una red de negocios muy grande". "Es lo que nosotros vamos a tratar de presentar y mostrar".
Pero la carrera iba a cortarse en el juzgado de San Isidro, en 2013, con una condena como jefe de "la banda de los rosarinos". Su crecimiento, sin embargo, llegó a otros rubros, y ese contacto policial lo hizo crecer en el narco crimen. Tuvo otro tropiezo: el brutal crimen de Lucio Maldonado, un prestamista con quien tuvo diferencias. "A partir de ese homicidio llegamos a Alvarado por un seguimiento de un vehículo que habían usado para huir del domicilio donde lo habían secuestrado, después de darle muerte. Fue una investigación compleja y esperemos dar cuenta de todos los hechos", razonó Schiappa Pietra, quien recordó de paso que hubo un par de empleados de esa misma fiscalía que recibieron amenazas y balaceras en su domicilio debido a esa pesquisa.
El juicio que comenzará mañana juzgará, entre otros graves delitos, el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado. Los acusados por el crimen son Alvarado, Facundo Almada, Mauricio Laferrara, Matías Avila y Germán Fernández. A su vez, Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi afrontan imputaciones por otros hechos. El cadáver de Maldonado apareció el 13 de noviembre de 2018 a 200 metros del City Center. Tenía las manos atadas a la espalda y cuatro tiros en la cabeza. Los asesinos dejaron un trozo de cartón con la frase “Con la mafia no se jode”, con el objetivo de endilgarle el crimen a Los Monos.
Al lado de Schiappa Pietra, el otro fiscal de la Agencia, Matías Edery, asiente con su cabeza. "Pasó de ser un ladrón de autos a traficante. Es más, cuando empezamos a investigarlo, era casi un mito en la criminología local. Siempre se lo mencionaba 'al Esteban', pero no existían muchos datos, después vimos que la justicia federal lo venía investigando hacía mucho tiempo y que tenía mucha información. Pero las agencias de seguridad no lo mencionaban. Su banda traía cigarrillos de contrabando y ese fue inicio en la criminalidad, en el año 2000".
Durante el juicio también serán expuestas -dicen los fiscales- una serie de empresas armadas para lavar del dinero fruto del narcotráfico, delito por el cual está siendo juzgado en el ámbito federal, acusado por el fiscal Federico Reynares Solari por traficar 500 kilos de marihuana secuestrada en un camión en Río Negro.
Schiappa Pietra afirmó que durante el juicio quedarán en evidencia sus vínculos policiales. "Vamos a ver estos vínculos con la parte policial que nosotros tratamos de demostrar como un plus a lo que siempre se muestra, con lo que hizo la policía, que no solo era pasarle datos sino participar de la organización. Incluso, vamos a mostrar cómo una de las misiones que tuvo la policía que trabajaba para Alvarado era encarcelar a la banda rival. Entre esos policías tenemos condenados al señor Quevertoque, uno de los investigadores de Los Monos de la brigada de Judiciales y nosotros probamos cómo investigaba a los Cantero para permitir el crecimiento de Alvarado. Esto es un poco lo que se va a ver en el juicio, un proceso largo, con muchas aristas y muy interesante, por todo esto".
-¿Hubo alguna decisión política de castigar a Los Monos y dejar crecer a Alvarado, o solo una decisión policial?
-Hay que decir claramente que la organización criminal de Los Monos es un grupo criminal muy violento, complejo para la criminalidad local. Recuerdo en aquellos años , en 2013, cuando ocurre el homicidio de "Pájaro" Cantero, me tocó participar en el juicio y tengo claro que esas investigaciones eran muy necesarias, porque había construido una organización criminal muy importante que cometió muchos delitos. Las bandas van mutado, no son lo mismo Los Monos de ahora que en 2013. Bueno, con Alvarado pasó igual, porque medió una intervención de las fuerzas policiales que va directamente orientada a incidir en ese mapa de bandas y de delito. En ese esquema criminal, en este caso, vimos que la policía de la provincia de Santa Fe, no en su totalidad, pero sí sectores y actores de la policía santafesina, estaban muy preocupados en la investigación de Los Monos. Ese interés iba de la mano en hacer crecer a su banda rival- dice Schiappa Pietra.
-¿En el curso de este juicio se va a abordar el asesinato del ex socio de Alvarado, Luis Medina?
-Ese crimen quedó en la nebulosa -responde Matías Edery- es verdad que eran socios Medina y Alvarado. Y no nos quedan dudas que junto a los crímenes del Fantasma Paz y del Pajaro Cantero, cambiaron muchas cosas en el mapa criminal. En este juicio se va hablar mucho del homicidio de Medina, de las implicancias políticas que tuvo este homicidio, recordemos que hubo un incidente con su computadora personal y que a los pocos meses balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti, y un montón de cuestiones que nosotros entendemos que explican el funcionamiento de la banda de Alvarado.
-¿Qué otro episodio delictivo de interés se va a ventilar en este proceso?
-Además del homicidio de Maldonado -dice ahora Schiappa Pietra- hay toda una secuencia de balaceras sobre los tribunales provinciales de Rosario, que venían asociadas a las balaceras sobre jueces. Y aquí hay hechos cometidos por la gente de Alvarado , simulando ser de Los Monos, para tratar de inculparlos.
El fiscal Edery destacó que "también se va a llevar a juicio el homicidio de Cristian Enrique, crimen cometido en Cabin 9, cuyo cuerpo apareció diez días más tarde en una ruta cercana".
Los dos fiscales destacaron que una pata importante del juicio será la exposición de los delitos de lavado de activos, por el cual están incautados bienes por 400 millones de pesos, que serán rematados en breve y cuyo monto ingresará a las arcas provinciales.
TORRES
Ataques a comisarías
Una ciudad indefensa
La 12° y la Sub24 fueron baleadas el sábado, con pocas horas de diferencia.
Dos comisarías atacadas, una mujer asesinada a balazos y un bebé herido en menos de 24 horas marcó ayer un nuevo récord de la violencia urbana en Rosario. A la madrugada, la seccional 12º, de barrio Ludueña, de Casilda y Solís, recibió al menos 10 disparos, mientras un patrullero estacionado en el lugar fue el blanco de otros cinco impactos. No hubo heridos. En la búsqueda de los responsables, se hicieron tres allanamientos que terminaron con siete detenidos y una importante cantidad de armamento secuestrado. La noche anterior, en Urquiza y Magallanes, una mujer de 38 años fue asesinada a balazos y un bebé de 6 meses fue herido. Unas horas después, en la tarde del sábado, la subcomisaría 24°, de Juan José Paso y avenida Sabin, en Empalme Graneros, fue baleada por dos hombres desde una motocicleta negra. Los agentes policiales resultaron ilesos.
En barrio Ludueña, desde el sábado pasado hubo cuatro muertos y una decena de heridos, entre ellos un chico de 8 años internado en estado delicado. Este espiral violento culminó con el ataque a la seccional 12º, que recibió balazos en el frente, las ventanas con vidrios blindados y un móvil del Comando Radioeléctrico.
Los dos ataques a seccionales se dieron en moto. En la de Empalme Graneros, dos hombres jóvenes -que fueron vistos por testigos- se desplazaban en una 110 cc color negra, cuando pasaron frente al edificio el acompañante comenzó a disparar. Los efectivos que estaban adentro lograron refugiarse.
En tanto, en Ludueña, dos "gatilleros" a bordo de una motocicleta enduro pasaron a alta velocidad y gatillaron. La camioneta alcanzada por los disparos estaba estacionada frente a la comisaría porque el personal a su cargo se había acercado a entregar un acta de procedimiento de una balacera que ocurrió también durante la madrugada en Felipe Moré al 100 bis. Ese mismo domicilio ya había sido atacado dos veces esta semana.
Tras el ataque contra la seccional 12º, los agentes del Comando Radioeléctrico salieron en persecución de los agresores, que escaparon a máxima velocidad, pero los perdieron a las pocas cuadras. Regresaron a la comisaría, donde en el momento de la balacera había cinco uniformados desempeñando tareas, que resultaron ilesos. Se dio parte a la fiscalía en turno y se iniciaron las tareas de relevamiento de rastros.
Por la mañana, se realizaron tres allanamientos en los que se secuestraron armas, chalecos antibalas y una importante cantidad de municiones de distinto calibre. En los operativos se detuvo a siete sujetos, que quedaron alojados en dependencias de la comisaría baleada.
Por otra parte, el viernes por la noche, una mujer murió y un bebé de 6 meses fue herido en un ataque a balazos.
Según las primeras informaciones oficiales, alrededor de las 22, desde un vehículo rojo abrieron fuego contra la vivienda ubicada en Urquiza al 6000, en el límite entre los barrios Ludueña y Belgrano. Los disparos alcanzaron a Verónica Natalia Almada, de 38 años, Brisa Denise A., de 22, y su pequeño hijo Joel Tomás A., de 6 meses y trasladados de urgencia para su atención médica.
El personal de guardia del Hospital Carrasco, a donde fueron llegados los heridos, declaró muerta a Verónica A., y practicó curaciones a Denise A., quien recibió impactos de bala en el tórax superior izquierdo y otra en la zona cervical, y al bebé, que tenía signos de haber sufrido el roce de uno de los disparos, y se encontraba en buen estado de salud.
Desde el pasado sábado 12, barrio Ludueña sufre una ola de violencia. Esa tarde, un policía que había sido pasado a disponibilidad y otro hombre que lo acompañaba fueron asesinados desde dos vehículos en Vélez Sarsfield al 5200. Eran Sebastián Eduardo Ibarra, de 37 años, quien habia sido separado de la fuerza dos años atrás, e Iván Nicolás Ferreto, de 23. Un hermano de Ibarra, también policía, había sido asesinado en 2019. En lo que va de este año ya son cuatro las víctimas fatales en ese barrio.
Sain rechazó a Pullaro como parte de la causa judicial
Sin pruebas pero con querellante
El pedido del ex ministro fue aceptado por los fiscales, pero la jueza Luna le corrió traslado al investigado, que se opuso.
Desde Santa Fe
El ex ministro de Seguridad Marcelo Saín se opuso a que Maximiliano Pullaro sea querellante en la causa que le armaron en noviembre porque su antecesor en el cargo “se encuentra directamente involucrado en las conductas” que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez “dicen que investigan”. Pullaro “fue quien instauró el manejo de bases de datos y su entrecruzamiento entre el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones del MPA, lo que lo hace responsable directo de la investigación que se señala. Su participación como querellante resulta incompatible con dicha situación”, denunció el abogado Hernán Martínez. “Es muy probable que Pullaro haya conocido el manejo, características y claves de acceso de todas las bases del Ministerio Seguridad y el Organismo de Investigaciones”. Por lo tanto, “es contradictorio ubicar como ‘víctima’” a quien diseñó ese dispositivo y “estuvo involucrado en hechos de posible repercusión penal en este proceso”. “Aceptarlo como querellante puede derivar directamente en el entorpecimiento de la investigación”, advirtió el defensor de Sain.
Pullaro pidió ser querellante el jueves 10 de febrero. El lunes 14, los fiscales Hernández y Jiménez le dijeron que sí. Y al día siguiente, la jueza Susana Luna decretó que antes de resolver se anoticiara a Sain -y a otros ex funcionarios señalados en el legajo- del “libelo presentado” por los fiscales, “a los fines de evaluar si existe contradicción a la propuesta de la querella”.
En el “libelo” de Hernández y Jiménez –como lo llamó la jueza Luna-, el abogado de Sain descubrió, entre otras cosas, que los fiscales habían recalificado los supuestos delitos a reprochar y agregaron la ley 25.326 de Protección de Datos Personales que “jamás estuvo” cuando leyeron los derechos a sus investigados, el 7 de diciembre.
Las razones de la defensa
La defensa sintetizó por qué impugnó a Pullaro como querellante: 1) “Sin imputación fáctica no puede conocerse quién es el ofendido penalmente”, dijo el abogado de Sain. “Antes de la audiencia imputativa, no hay imputado”. 2) “Tal indefensión se acrecienta notoriamente cuando no se permite” a los investigados “el acceso a las actuaciones” para saber por qué los investigan y cuáles son las supuestas pruebas, si es que las tienen. 3) “La situación se vuelve absolutamente arbitraria cuando lo único que conoce la defensa es una calificación legal en abstracto, que se modificó en esta instancia”. 4) Pullaro “fue quien instauró el manejo de bases de datos y su entrecruzamiento entre el Ministerio de Seguridad y Organismo de Investigaciones, lo que lo hace responsable directo de la investigación que se señala. Su participación como querellante resulta incompatible con dicha situación”.
*Un imposible. La defensa insistió que sin “audiencia imputativa”, “no hay imputado” y por lo tanto, tampoco un “ofendido penalmente”. La condición de imputado nace cuando los fiscales atribuyen los hechos, informan su calificación legal, las pruebas y leen los derechos. “La lectura de derechos del imputado que se realizó el 7 de diciembre careció de efecto alguno. Sólo sirvió para continuar con la campaña mediática que acompaña a esta causa desde el inicio y que tanto descrédito” le causó a Sain y a su equipo, precisó Martínez. En ese acto, nunca “se mencionó el hecho” que se atribuye y desde entonces se impidió a los investigados saber por qué los investigan, a pesar de que el juez Jorge Patrizi levantó el secreto del sumario el 10 de febrero.
Entonces, “si no hay hecho imputado, no conocemos ninguna constancia de las actuaciones, y carecemos de todo tipo de información que no provenga de trascendidos mediáticos ¿podemos conocer al ‘ofendido penalmente’?`”, se preguntó Martínez. “La respuesta es no”. “Es imposible contestar un pedido de constitución en querellante relativo a un hecho inexistente. Se estaría pidiendo a esta parte que se expida sobre lo que no conoce, lo que cercena claramente el derecho de defensa”.
*Otra irregularidad. El abogado de Sain denunció que los fiscales –en el sí a Pullaro para que sea querellante- también cambiaron la “calificación legal”. El 7 de diciembre, informaron a Sain y a su equipo que los investigaban por seis cargos, entre ellos una supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia, que es competencia del fuero federal. Pero el 14 de febrero agregaron la presunta “violación a la ley de protección de datos personales (25.336), que “nunca habían mencionado antes”. “Es decir, que no sólo se pretende el ejercicio de la defensa sin conocer el hecho imputado y sin tener acceso a las actuaciones, sino que ahora además modifican la calificación legal”.
Un cambio sin fundamentos
“El único dato cierto, oficial y concreto es la calificación legal en abstracto” que Hernández y Jimenez notificaron el 7 de diciembre, pero a la que ahora cambiaron “sin mayores fundamentos”. El operativo de los fiscales “deja en estado de absoluta indefensión” a Sain y a su equipo porque “no hay ninguna garantía de que mañana” sus perseguidores “vuelvan a variar”.
Pullaro dijo “haber obtenido información de la causa”, lo que “viola la reserva” que impusieron Hernández y Jiménez y “constituye una severa irregularidad”. Aceptarlo como querellante en este contexto “viola flagrantemente el derecho de defensa. Nadie puede defenderse de lo que no se conoce. Y lo poco que se conoció, ya fue modificado”, agregó.
*Maxiducto. El abogado de Sain dijo que Pullaro “se encuentra directamente involucrado en las conductas” que los fiscales “dicen que investigan”. Una supuesta “asociación ilícita integrada por funcionarios públicos que pertenecían al Ministerio de Seguridad de la provincia y al OI que, entre otras actividades, se dedicaba a la recopilación de información en diversas fuentes (cerradas y abiertas, públicas y privadas) por fuera de las previsiones legales”.
Pullaro fue ministro de Seguridad (2015-2019) y durante su gestión, incorporó “nuevas tecnologías” en las fuerzas provinciales, “como sistema operativo "El Ojo", que conjuga cámaras de vigilancia, GPS y comunicaciones por el sistema TETRA y la compra 2.000 patrulleros equipados con cámaras y computadoras”.
En agosto de 2019, se realizó un “Acuerdo de Transferencia de Información entre el Organismo de Investigaciones del MPA y el Ministerio de Seguridad” para “intercambiar información útil”. El acceso a las bases de datos era a través de un sistema de claves. Y en 2017 se firmaron otros dos convenios entre el Poder Ejecutivo y el MPA, cuando Pullaro era ministro.
Si los fiscales “pretenden investigar la información que se recaba, el primer señalado es Pullaro, quien estructuró mientras era ministro una utilización coordinada e interrelacionada entre el Organismo de Investigaciones” y la cartera a su cargo. “Es muy probable que Pullaro haya conocido el manejo, características y claves de acceso de todas las bases de datos del Ministerio de Seguridad y Organismo de Investigaciones del MPA”, agregó la defensa.
Es “contradictorio” ubicar como supuesta “víctima” a quien “estructuró” el intercambio de información entre el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, conoció “el manejo de bases de datos” y “estuvo involucrado en hechos de posible repercusión penal en este proceso”. “Aceptarlo como querellante puede derivar directamente en el entorpecimiento de la investigación”, concluyó.
Los efectos de la pandemia
Los ricos acapararon vacunas
Los países de la Unión Europea bloquearon las propuestas de India y Sudáfrica para mejorar la distribución mundial.
La pandemia del coronavirus trastocó nuestra vida cotidiana. Las medidas de cuidado restringieron los abrazos y las juntadas. Los gobiernos (con mayor o menor suerte) intentaron evitar un colapso sanitario-social-económico, mientras que los científicos corrían contra reloj para desarrollar una nueva vacuna y los intelectuales debatían sobre el futuro mundo pospandemia.
La relectura de esos escritos, transcurridos dos años, son bastante reveladores de que tan cerca (o lejos) estuvieron los diferentes escenarios proyectados. Por ejemplo, Slavoj Žižek sostuvo que la pandemia sería “un golpe a lo Kill Bill” al sistema capitalista. En su artículo “El coronavirus nos obliga a decidir entre el comunismo global o la ley de la jungla”, el filósofo esloveno planteó que “quizás otro virus, ideológico y mucho más beneficioso, se propague y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global”.
Por el contrario, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han profetizó que “tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza...el virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte”.
Los datos duros revelan que la pandemia acentuó un rumbo mucho más individualista que cooperativo. Por un lado, la brecha entre ricos y pobres continuó creciendo entre 2019 y 2021. Por el otro, la creciente desigualdad se reflejó también en la distribución de las vacunas. Los países ricos acapararon, desde un comienzo, la mayoría de las dosis haciendo fracasar la iniciativa del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX).
En ese marco, un reciente informe del grupo de ONGs Alianza Vacuna Popular denunció que 55 millones de dosis en poder de la Unión Europea (UE) caducarán a fines de febrero. En otras palabras, el bloque europeo deberá desechar muchas más dosis que las entregadas al continente africano en lo que va del 2022 (30 millones de inoculantes).
"Los Estados miembro de la UE, con Alemania a la cabeza, han sido los principales responsables de bloquear las propuestas presentadas por Sudáfrica e India, con el apoyo de la Unión Africana y más de 100 países, para una exención de la propiedad intelectual que permitiría la producción genérica de vacunas, pruebas y tratamientos para la covid-19", criticó la Alianza. La pandemia, todavía no superada, nos dejará como legado un mundo más desigual.
En su artículo La vacuna contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe, la licenciada Tamara Lajtman sostiene que "la disputa geopolítica y las relaciones asimétricas del sistema mundial se evidencian de manera muy cruda ante el fenómeno de producción y distribución de las vacunas contra la covid--19. Las naciones más pobres apenas han comenzado las campañas de vacunación, mientras que los países más ricos se han apoderado de la mayoría de las dosis. Muestra de ello es el hecho de que aproximadamente el 75 por ciento de dosis de vacunas administradas en todo el mundo se han destinado a solo diez países. Mientras tanto, naciones como Madagascar, Sudán del Sur y Papua Nueva Guinea han vacunado a menos del 0,01 por ciento de su población”.
Reclamo por el femicidio de Vanesa Celma, que nunca fue investigado
Estado sin respuesta
Vanesa Soledad Celma murió el 22 de noviembre de 2010. Había sufrido cuatro meses de agonía tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja. El hijo, de 5 años, pudo relatar en Cámara Gesell lo ocurrido, pero la causa fue caratulada como incendio, y los únicos procesados, con el correr del tiempo, fueron tres policías por incumplir sus deberes de funcionario público al no proteger las pruebas. La causa judicial fue archivada en 2016 y la familia de Vanesa recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se investigue la responsabilidad estatal, ya que "la investigación estuvo colmada de irregularidades, malas prácticas, estereotipos y acciones deficientes, con total falta de perspectiva de genero, que derivaron en la resolución de archivo, significando un acto de injusticia e impunidad", expresó la familia de Vanesa en un comunicado, en el que reclaman al estado provincial una respuesta clara en la negociación que llevan adelante para arribar a una solución amistosa.
"A pesar del dolor y la desesperanza, esta familia no bajó los brazos y, en febrero de 2017 recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las graves violaciones cometidas por los Poderes Judicial y Ejecutivo de Santa Fe a las obligaciones de carácter internacional, relativas a investigar, juzgar y sancionar con debida diligencia la violencia contra las mujeres", relata la familia de Vanesa. Tras el femicidio, Eva Domínguez, la cuñada de Vanesa, tomó el pedido de justicia en sus manos: hoy es parte de Familiares Atravesados por el Femicidio, una organización nacional.
La denuncia de la familia de Vanesa está dirigida al Estado Argentino, que es el responsable ante los organismos internacionales que se ocupan de sancionar el incumplimiento de los Tratados sobre Derechos Humanos. "Una vez notificada la presentación de la denuncia al Estado por parte de la Comisión, se inició un periodo de negociaciones entre las partes para intentar arribar a un acuerdo de solución amistosa, que permitiera establecer acciones de reparación y no repetición a cargo del Estado. En las reuniones participaron representantes del Estado Nacional y también de la provincia de Santa Fe, que fue convocada por ser la implicada directa en el asunto", sigue el relato.
Como si no fuera suficiente con la impunidad, tras una primera reunión esperanzadora, empezaron las evasivas y dilaciones. "Creímos que finalmente el Estado reconocería su responsabilidad y se haría cargo de responder, especialmente frente a les hijes menores de edad de Vanesa. Sin embargo, toda esa expectativa se ha transformado en una profunda desilusión, puesto que hace mucho que estamos esperando definiciones de parte del Estado, sobre todo de la provincia de Santa Fe, sin que hasta el momento tengamos respuestas que concreten los anuncios que se nos hicieron", continúa el relato de la familia. Les llevó un enorme esfuerzo presentar una propuesta de agenda reparatoria, pero hasta ahora, nada se concretó. "El efecto ha sido el de perpetrar nuestra desazón y angustia", afirman.
Y dicen, doce años después del crimen: "Hemos esperado suficiente. Pero a esta altura, cada día que pasa es más pesado. Pedimos encarecidamente que el Estado de la provincia de Santa Fe se pronuncie en forma efectiva sobre las medidas de reparación y así frenar la incertidumbre de esta familia, lo que nos permitirá decidir sobre el futuro de la denuncia presentada a la Comisión Interamericana". Ya sufrieron demasiado. "Es momento de que se deje a esta familia poner fin a la impunidad y comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Por la memoria de Vanesa. Por el presente y futuro de sus hijes", afirman.
Alejandro Olivieri recibió el premio Houssay 2021
La trayectoria de un científico
El investigador de la UNR fue distinguido en el área de Química no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera.
Entre 200 postulantes de todo el país, el investigador de la UNR Alejandro Olivieri recibió el Premio Houssay Trayectoria 2021 en el área “Química no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera”, un galardón que entrega el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a científicos destacados en materia de producción de conocimientos e innovación "de impacto social y productivo".
Doctor en Química e investigador superior del Conicet en el Instituto de Química de Rosario, Olivieri afirma que “trabajar de investigador es crear conocimiento, hay que cuestionar todo lo hecho, avanzar sobre lo que está bien y ante lo que suponemos que no está tan bien, generar cosas nuevas. Esa es la parte más apasionante”.
Desde hace más de veinte años, su tema de investigación es la quimiometría, una disciplina que reúne conocimientos de química, matemática y estadística. Su principal campo de aplicación es el desarrollo de métodos analíticos sustentables para medir compuestos químicos en diversas muestras ya sea alimenticias, biológicas, industriales, farmacológicas, médicas o ambientales.
El investigador explica que cuando deben analizarse muestras de muchos componentes, el método analítico más utilizado es la cromatografía. “El problema es que esta herramienta no es ecoeficiente porque usa equipos costosos que consumen energía, los experimentos llevan mucho tiempo y utiliza sustancias tóxicas como solventes orgánicos que tienen que ser desechados”, afirma y reflexiona: “Es un contrasentido usar una herramienta contaminante para determinar los contaminantes de una muestra”.
Por el contrario, la quimiometría utiliza datos provenintes de técnicas como la espectroscopía que mide utilizando luz visible o infraroja. La combinación de espectroscopía y quimiometría da como resultado una herramienta no invasiva, automática, portable y que no usa solventes tóxicos. “Ya viene con una forma de pistola, hay que apuntar a la muestra y ver la concentración de sus distintos componentes”, explica.
Su trabajo consiste en desarrollar este tipo de métodos ambientalmente benignos y más eficientes para reemplazar a los tradicionales. Cabe destacar que ya hay métodos de este tipo instalados en la industria, por ejemplo, para determinar la calidad de los lácteos y del vino.
Sin ir más lejos, en la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario hay un laboratorio para determinar la calidad de las semillas. Se puede medir el contenido de proteína, aceite, almidón y agua en una semilla sin molerla ni usar reactivos. “Mucho más conveniente desde el punto de vista ambiental que los métodos tradicionales dado que ahorra reactivos, costo, energía y evita el peligro de los solventes que son tóxicos e inflamables”, dice Olivieri.
También se utiliza en el control de calidad farmacéutico, tanto para la materia prima que ingresa como para el producto terminado. Y en una cantidad de industrias que van desde el alimento hasta la del petróleo dado que hay un doble beneficio: ambiental y de costos.
Investigar en Argentina
“Hay dos tipos de científicos: los normales y los argentinos”, dijo el ministro Daniel Filmus en el acto de entrega de los premios que se realizó el pasado 14 de enero en la Casa Rosada, haciendo referencia a lo que significa investigar en el país. En este sentido Olivieri considera que “todo es posible a base de esfuerzo y trabajo” y recuerda el grafiti de una calle de Rosario: “Lo hicieron porque no se dieron cuenta de que era imposible”.
Afirma que las dificultades que ha experimentado son básicamente de instrumentales, que sólo se pueden comprar en el exterior, como los reactivos. “Nuestro problema no es de formación o conocimientos sino de recursos”, dice el profesional que realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. “En comparación con científicos de otros países salimos perdiendo en materia de recursos, pero en cuanto a la formación y el conocimiento no hay diferencias”.
Además del trabajo de investigador, Olivieri es Profesor Titular del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR por lo que, a lo largo de su carrera, ha contribuido con la formación de estudiantes, becarios y tesistas tanto en su labor docente de grado como de posgrado. A los jóvenes les transmite que a pesar de las dificultades que puedan surgir, si realizan su trabajo con pasión y energía, podrán lograr lo que se propongan.
Cuenta que durante el año que lleva realizar la tesina de una carrera, los estudiantes van a diario al laboratorio. “Ahí ven nuestras preocupaciones pero también los logros, lo bueno y lo malo y en esa instancia se dan cuenta si les gusta la investigación”, explica y resalta: “Una vez que ese interés entró no hay forma de pararlo”.
Olivieri dice que “hacer investigación es crear ciencia. Lo que está escrito en los libros alguna vez no existió, alguien lo pensó, lo hizo. Nuestra tarea es descubrir cosas nuevas, crear conocimiento y este es dinámico”.
Premios Houssay
Los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato son entregados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a investigadoras e investigadores destacados en las áreas de ciencias biológicas y bioquímica, física, matemática, ciencias de la computación y astronomía, química no biológica, ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera y ciencias sociales.
En el área “Química no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera”, Alejandro Olivieri recibió el Premio Houssay Trayectoria y Ariel Sarotti el Premio Houssay. Ambos pertenecen a la Universidad Nacional de Rosario.
En la Edición 2021 fueron recibidas y confirmadas 200 postulaciones de las cuales el 52% correspondieron a investigadores y 48% a investigadoras, lo cual representó un nuevo hito del programa en términos de acercarse a la paridad de género en las nominaciones recibidas.
Del proceso de selección participaron, además, la Secretaría Técnica de los Premios, una Comisión Asesora, cuatro Comisiones Evaluadoras conformadas por reconocidas científicas y científicos de las distintas áreas de conocimiento y una Comisión de la Distinción encargada de la instancia final de evaluación. Esta estuvo integrada por la Doctora Carolina Vera, representante del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología; el Doctor Mauro Carrasco, representante del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Doctor Diego Hurtado.
Fuente:Rosario12
Los dilemas del socialismo ante el frente de frentes
La idea de derrotar al peronismo en una alianza opositora masiva, no prende del todo en el partido de la rosa.
El socialismo santafesino está frente a algunas encrucijadas que esconden dilemas políticos y electorales profundos. El tan mencionado frente de frentes para derrotar al peronismo que empuña la oposición santafesina ya tomó color en el radicalismo y el PRO, pero al socialismo aún lo hace dudar.
Primero es preciso señalar el marco en el que está sumergido el partido de la rosa. Con Miguel Lifschitz liderando no había que pensar. Sea en el Frente Progresista u otro ámbito más amplio, el exgobernador encabezaría la fórmula para 2023 y nada más que hablar. Pero su muerte desajustó todo, dejó huérfano al socialismo y le sacó poder electoral.
Desde entonces se evidencia que no hay un ordenador común, ya sea líder o proyecto, que encamine al espacio. Por eso la idea de un frente de frentes en el que el radicalismo ya metió primera, los deja un poco retrasados ya merced de decisiones de peso.
En primer lugar, abandonar el Frente Progresista, el sello que lo llevó al poder en 2007 durante 12 años, para armar algo nuevo. En segundo término, y quizás lo más complicado, es con quién armar. El PRO siempre fue un límite para la mayoría de los dirigentes, pero ahora con el macrismo en baja en Santa Fe, ¿seguirá siendo indeclinable esa postura? Parece que no.
El radicalismo, que es quien se envalentona después de ganar las elecciones intermedias no sería un obstáculo ya que hace años que se juntaron para formar parte del frente. La fórmula cambió y ahora tiene más poder la UCR, desde donde repiten que a sus exsocios no le da la nafta para ir solos a competir, algo que tampoco les conviene a ellos.
Lo que quieren decir es que el difunto escenario de tercios santafesino complicó la escena para el socialismo que siempre ponerse por arriba de la polarización en Santa Fe. Hoy esa grieta entró con todo y, a la vez, el socialismo restó competitividad.
La grieta también forma parte de la discusión interna en el partido de la rosa. Hay posiciones que son proclives a la posibilidad de sumarse a un frente amplio, otros que aún dicen que no. "Estoy a favor de un frente con identidad política, superador de este gobierno provincial, pero advertimos que los rejuntes terminaron mal", sostuvo en radio Eme de Santa Fe, el diputado provincial socialista Joaquín Blanco.
Algunos socialistas entienden que sumarse a un hipotético frente con su poder de fuego actual puede someterlos ante otros espacios, sobre todo el radicalismo. Otros directamente no los convence la idea más allá de que no logren el éxito solos. Hasta se encuentra una cuestión de orgullo por haber primero la oposición y luego el gobierno durante 12 años. Eso es la resistencia. Pero también existen los que ven como una alternativa de permanecer con poder el hecho de aliarse.
En esa sintonía de no definirse inmediatamente -como quiere el radicalismo- está Clara García, quien sacó un 13% en la competencia al Senado nacional. Esa línea pide fortalecerse como partido antes que cederle todo a un frente del que no están convencidos de formar parte. Lo cierto es que la “avenida del medio” tiene sus límites y más para una elección a gobernador. ¿Se sostendrá, se modificará o servirá para negociar más adelante?
Ni un platito de maní: en 4 años se quintuplicó el costo de una picada
Un informe privado revela que los salarios reales perdieron el 20% del poder de compra al comparar diciembre de 2017 con el mismo mes de 2021. La comparación enfoca una picada estándar como ejemplo del incremento en varios rubros de alimentos.
El valor de una "picada" se multiplicó por cinco en los últimos cuatro años, según el indicador "Changómetro", elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). El estudio señala que en cuatro años con un billete de $1.000 pesos se perdieron: 4 kg de jamón cocido, 3.300 kg de salame, 3.300 kg de queso pategrás, 20 kg de pan, 18 botellas de cerveza, y 17 botellas de gaseosa.
Con $1.000 en diciembre de 2017 se compraban 4 kilos de queso pategrás ($247), hoy sólo alcanza para 700 gramos ($1.340). Con el fiambre sucede lo mismo: en 2017 se compraba 4,7 kilos de jamón cocido ($213) o 4 kilos de salame ($257), hoy no alcanza ni para un kilo de ninguno de los dos (jamón $1.140 y salame $1.360).
"Para acompañar todo esto nos falta el pan, en 2017 comprábamos 24,5 kilos ($40,60). Hoy nos alcanza para 4 ($210). Para tomar, si pensamos en picadita se nos viene una cerveza a la cabeza: en 2017 con $1000 podíamos comprar 24 botellas ($41), hoy solamente nos alcanza para 6 ($160), son 72 pintas menos para brindar", expresa Natalia Ariño, economista FADA.
Con la gaseosa cola pasa lo mismo: en 2017 se compraban 23 botellas de 1,5 litros ($45,50) pero hoy sólo se compran 6 ($150).
"Lo planteamos como una entrada para 4, pensando en el verano, en un grupo de amigos o en la familia que se junta una tardecita: la misma picada hace 4 años costaba $300, hoy cuesta $1450, se multiplicó el precio por 5. Así se va desvalorizando nuestra moneda, cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos", advirtió Ariño.
A la hora de hablar de los salarios reales, al comparar diciembre 2017 con diciembre 2021, se observa que perdieron el 20% del poder de compra."Esto quiere decir que de cada $1.000 que consumíamos en diciembre de 2017, en la actualidad podemos consumir el equivalente a $800", señaló Ariño.
Este cálculo está realizado en base al Índice de Salarios que publica INDEC, teniendo en cuenta salarios públicos y privados, formales e informales.
"El Changómetro nos deja ver que la inflación afecta a todo tipo de productos: suben los alimentos, la nafta, los artículos escolares, la ropa, porque el problema no es de un sector u otro, el problema es que nuestro peso cada vez vale menos", explica David Miazzo, economista jefe FADA.
El informe pone como ejemplo en ese sentido el análisis de una compra del súper, el mismo changuito con los mismos productos hoy nos cuesta más de 5 veces lo que costaba en 2017: lo que salía $1.000 en 2017 hoy cuesta $5.312. Con la ropa pasa lo mismo: las mismas prendas por $1.000 de 2017 hoy salen $5.453. .
"Por este motivo, no son efectivas medidas como restringir exportaciones, poner controles de precios, congelar tarifas y precios o buscar culpables de las subas de precios de la lechuga o el huevo, porque el problema no está en una cadena productiva en particular, o en un empresario malo", concluye el economista.
Fuente:RosarioPlus
El regreso a las aulas disparó la demanda de alquileres en Rosario: ¿qué buscan los estudiantes?
Lo más buscado por los estudiantes que vienen a la ciudad son los monoambientes -cuyo alquiler de referencia es de $18.000- y las unidades de un ambientes -con un valor promedio de $25.000-, mientras que las zonas más solicitadas son las aledañas a las Facultades de Medicina, Derecho y Ciencias Económicas.
Luego de que las universidades anunciaran el regreso de las clases presenciales para el año académico 2022, muchos jóvenes que residen en otras localidades pero que estudian en Rosario se vieron obligados a conseguir vivienda en la ciudad, lo que disparó la demanda de alquileres, especialmente de inmuebles pequeños que no superan los 40m².
Cuando en marzo de 2020 las universidades comenzaron a brindar clases virtuales a raíz de la pandemia de coronavirus, fueron muchos los estudiantes que rescindieron su contrato de alquiler y continuaron con su formación desde sus ciudades de origen. A esta situación se agrega que, ante la incierta situación educativa, muchos ingresantes no alquilaron inmuebles durante el 2021.
Esto provocó que, con el regreso de la presencialidad, la demanda estudiantil de viviendas en Rosario durante los primeros meses del año aumente cerca de un 20%, ya que además de los ingresantes 2021 y 2022, también se debe abastecer de inmuebles a quienes regresan a la ciudad tras dos años de cursado virtual.
En diálogo con Conclusión, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, Andrés Gariboldi, detalló que la demanda de alquiler es similar a la que se registró en los años 2018 y 2019, y especificó que la mayoría de los estudiantes proviene de la provincia de Entre Ríos, del norte de Buenos Aires y de localidades santafesinas aledañas.
“Lo que más se busca son unidades monoambientes o de un dormitorio, que se encuentren próximas a las universidades. La zona que mayor demanda tiene es la de la Facultad de Medicina (Santa Fe y Av. Francia), porque allí convergen varias universidades. Otro sector fuertemente demandado es la zona semicéntrica, como Oroño entre Córdoba y Mendoza, donde hay un punto intermedio entre la Facultad de Derecho y la de Ciencias Económicas. El tercer polo de búsqueda es el sector de la Siberia (Berutti y Riobamba)”, explicó Gariboldi.
Asimismo, comentó que “la demanda está más sostenida en una sola persona que en varias”, ya que la mayoría de los estudiantes busca departamentos de pequeño tamaño para vivir solos, aunque aseguró que también se registran casos de dos jóvenes –por lo general amigos del secundario o familiares- que alquilan conjuntamente una unidad de un dormitorio.
Si bien para hablar de precios se deben tener en cuenta múltiples aspectos como ubicación, antigüedad de la vivienda, comodidades que ofrece y accesibilidad al transporte, entre otras, en las zonas buscadas por estudiantes –que no son las más caras de la ciudad- el alquiler promedio de un monoambiente cuesta entre $15.000 y $25.000, mientras que la renta de un departamento de un ambiente oscila entre los $18.000 y los $28.000.
Sin embargo, a estas cifras se les deben agregar los servicios, como la Tasa Municipal, expensas y seguro de incendios, entre otros, que encarecen -como mínimo- entre $5.000 y $6.000 el gasto de vivienda.
Por su parte, el Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, indicó a Conclusión que hay una demanda creciente de inmuebles pequeños, de menos de 40m², pero advirtió: “Nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de todo lo que se ha construido en Rosario, en el mercado hay faltante de unidades de un dormitorio o monoambiente, que son las que buscan normalmente los estudiantes. La ciudad debería tranquilamente poder responder a la demanda, pero la especulación que hay actualmente, con un gran porcentaje de viviendas ociosas, hace que haya escases en este tipo de unidades”.
Al respeto, D’Orazio sostuvo que esta tendencia faltante ya se veía desde hace unos años en unidades de dos o tres ambientes, pero consideró que es “todo un dato” que no haya viviendas monoambientes o de un dormitorio para alquilar, ya que este tipo de inmuebles son los que más se construyen en Rosario por su rentabilidad, dado que son los más buscados por estudiantes.
Consultado sobre qué alternativas tienen los estudiantes que no encuentren departamentos en la ciudad, Gariboldi observó: “Una opción puede ser la búsqueda de departamentos de dos dormitorios donde puedan vivir más chicos, y otra es la muy buena iniciativa que tuvo la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que alquiló un hotel completo para armar una residencia”.
En este sentido, D’Orazio agregó: “Ante la ausencia de departamentos la salida termina siendo o una residencia o una pensión. Años anteriores los estudiantes se agrupaban y alquilaban un departamento más grande, pero esto también es complicado porque es lo que menos ha construido la ciudad”.
En relación a los aspectos a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de alquiler, el representante de la Oficina del Consumidor recomendó: “Sugerimos fijarse que el contrato tenga un solo valor, que no se vulnere lo que establece la ley vigente, que no los obliguen a firmar por un plazo menor al mínimo legal -que es de tres años- y que una vez que entren a la propiedad, revisen que las condiciones en las que se encuentra sean las que están descriptas en el contrato, si no es así, en el plazo de dos semanas hay que realizar un inventario detallado del estado real de la propiedad para no tener problemas al momento de entregarla”.
LA MAYORÍA DE LOS ALQUILERES ESTUDIANTILES ESTÁN A CARGO DE LA FAMILIA
En noviembre de 2021, el Observatorio Económico Social de la UNR publicó un informe en donde analizó el impacto de la nueva Ley de Alquileres en el estudiantado. En este documento, se da cuenta de que el 34,83% del alumnado que paga un alquiler vive solo, mientras que el 24,08% lo hace con al menos un compañero.
En esta línea, se observa que un 10,09% de los estudiantes alquilan casas, y un 7,73% vive en pensiones. Agrupados, suman 17,82% de la totalidad del estudiantado, con lo que se puede afirmar que más del 80% de los alumnos que vienen de afuera habitan en departamentos.
“Al momento de decidir si el alumnado comparte (o no) gastos de alquiler con otra persona, la información presentada muestra que aproximadamente 35% de las familias disponen de margen presupuestario para no compartir gastos con otros, y que aproximadamente el 55% pueden no compartir gastos con personas ajenas a su familia”, detalló el informe.
Y agregó: “Los hogares que cubren los gastos por educación universitaria de sus hijos, tiene los suficientes recursos para mantener al menos a un miembro de la familia viviendo solo en algún tipo de vivienda. Aun pudiendo mantener a miembros de la familia dedicados a estudios universitarios, una parte importante de las familias buscan abaratar costos relacionados a la confección y monitoreo de contratos de alquiler, lo cual es un indicio de los límites presupuestarios que enfrentan las familias al momento de alquilar”.
Al considerar la totalidad de la encuesta -sin diferenciar de alquileres de casas o departamentos- un 40,85% del alumnado alquila por dueño directo y 59,15% lo hace por inmobiliaria.
Aclaración: Las letras «V» y «M» definen el sexo de los encuestados, mientras que los números se enfocan en las edades.
El relevamiento determinó que la tendencia en los alumnos menores de 22 años que asisten a la UNR es vivir solos. Se advierte, además, que este sector generalmente no es parte de la población económicamente activa, es decir, no trabaja o no busca activamente trabajo, por lo que se supone que no están en condiciones de hacerse cargo del alquiler.
“Un poco más de la mitad de las unidades alquiladas por menores de 22 años son pagadas por un miembro de la familia; 28,4% es de pago compartido; y solo 16,4% del alumnado mantiene los gastos de alquiler por sí mismos”, detalló el informe.
En lo que respecta al impacto de la pandemia en la decisión de continuar o discontinuar los contratos de alquiler, aproximadamente el 80% de los estudiantes encuestados no consideró realizar modificaciones, con independencia de si la unidad se mantuvo habitada o no.
Por otro lado, el 61,3% de los alumnos encuestados manifestó la posibilidad de discontinuar sus estudios en caso de que los alquileres aumenten considerablemente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario