La historia de los sobrevivientes que hicieron los juicios de lesa humanidad
—Ehhh, carpintero.
Así se presentaba Rufino Almeida, hijo de Daniel Adolfo Almeida y María Antonieta Pividal, nacido el 4 de mayo de 1956 en la ciudad de La Plata, ante la Cámara Federal de Apelaciones el 14 de marzo de 2001.
—En mi caso yo conozco lo que pasó, quiero que se busque la penalización de las personas que voy a mencionar como autores de los delitos que soy testigo —enfatizó entonces Almeida, desconociendo aún si se investigarían penalmente los hechos.
La declaración fue en el marco de los Juicios por la Verdad, una forma sui generis de proceso penales impulsados en 1998 en la Argentina por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos. Cuando se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 2003, dichos procesos aportaron las pruebas que sirvieron de sustento para los juicios de lesa humanidad.
Pasaron más de dos décadas de aquel testimonio y ahora Rufino habla con soltura de los acontecimientos. Trabajó en la fábrica Alpargatas, fue militante sindical, integrante del Frente Resistencia Libertaria, testigo en la denominada Causa 13 en el Juicio a las Juntas, denunciante en España y querellante en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Hoy, a pesar de los juicios realizados, sostiene que todavía queda mucho por contar.
“Los ‘80 y ‘90 fueron difíciles para los ex detenidos en la ciudad de La Plata. Pablo Díaz y Emilce Moler -sobrevivientes de los eventos conocidos como la Noche de los Lápices- fueron las primeras historias que trascendieron, por la película, algunos libros, pero no se nombraban bien las cosas aún”, reflexiona Rufino Almeida en su casa de Gonnet, donde vive con su esposa Claudia Graciela Estévez, junto a quien fue secuestrado el 4 de junio 1978 en el domicilio de sus suegros.
El sobreviviente cuenta que los ex detenidos convivían con estigmas. “Las familias tenían miedo y repetían siempre lo mismo: mi hijo era inocente, cayó por estar en una agenda, la culpa la tenía el novio o la novia que lo llevó”. Y agrega: “La reivindicación de la militancia política supo venir tiempo después, pero la condena a la llamada ‘subversión’, a la organización política, el ‘ustedes se la buscaron’ era muy fuerte en esos años”.
Sabiendo que había otros en su situación, salió a buscarlos. Sentía un mandato en dar a conocer esas historias. Como diría la ex detenida Nilda Eloy en 2006, en el juicio contra el ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Etchecolatz: “Fueron muchos años de silencio”.
En ese camino, Rufino se encontró con todo tipo de historias: personas que querían ser escuchadas y otras que se refugiaban en el silencio. “Así, entre tantos, di con Antonio Amuchástegui, el hermano del ‘Loco Fierro’. No tenía idea que había sido secuestrado”. El histórico líder de la barra del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata había sufrido la detención de sus hermanos. Antonio pasó varios meses del ‘76 en 1 y 59, en la sede de Caballería. Su hermana, Gladys Mabel, continúa desaparecida.
En Buenos Aires, ya había ocurrido un hecho paradigmático. En octubre de 1984 un colectivo de sobrevivientes formalizó la creación de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Sucedió luego de haberse conocido en los pasillos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y por denuncias posteriores contra ex centros clandestinos de detención. “Juicio y castigo a los culpables “, se leía en una bandera dispuesta en el escenario del Teatro Planeta durante su presentación en sociedad.
El camino fue complejo y difícil. En la primavera democrática primaba la teoría de los dos demonios y los militantes políticos que habían sobrevivido a la dictadura eran mirados de soslayo. Incluso dentro de algunos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, había recelo y distancia.
La misma Adriana Calvo, quien junto a Guillermo Lorusso, Jorge Watts, Inés Vasquez y Chacho Vasquez habían fundado la AEDD, convivió con el peso de la mirada ajena. Aunque fue uno de los testimonios con mayor exposición mediática en el juicio a las cúpulas militares, reconoció que tuvo que hacerse lugar en una sociedad que negaba su voz.
El año 1998 fue clave para la Asociación Ex Detenidos: se lanzó una gran convocatoria nacional a sobrevivientes que aún no estaban integrados en el colectivo. La cita fue en una quinta en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Rufino Almeida fue invitado, también Nilda Eloy. Según reconstruye Verónica Jeria, archivista de la AEDD, ese encuentro fue un antes y un después, “se gestó una mayor pertenencia”. Durante dos días compartieron el mismo espacio, hablaron y sobre todo: se escucharon. Lo vivencial lo reconocieron en el otro. Ese fue el relanzamiento y la explosión de la Asociación Ex Detenidos a nivel nacional, y La Plata no quedó afuera.
Para Almeida, uno de los integrantes del colectivo que hoy sigue con vida, reivindicar públicamente la militancia de los ‘70 llevó muchísimo tiempo. “Era una experiencia íntima”, señala. En el ‘97, cuando llevaron los restos del Che a Cuba, Rufino viajó con su esposa y los recibieron en una casa de familia. El anfitrión. combatiente con Ernesto Guevara en el Congo, los presentó a un amigo: “Ven, Juan, te voy a presentar unos compañeros revolucionarios argentinos”. Mientras recuerda la anécdota, Rufino llevanta las cejas como con picardía y continúa el relato: “Me hizo sentir bien, no me trataban peyorativamente. Acá en la ciudad éramos mal vistos, me sentía corrido, condenado”.
La movilización por los 20 años del golpe militar, la creación de la organización HIJOS, la confesión de Scilingo sobre los vuelos de la muerte y el inicio de las causas españolas que pedían la detención de Galtieri y Pinochet comenzaban a fisurar los discursos de impunidad.
Se venían nuevos cambios para el colectivo.
Nilda Eloy fue secuestrada a los 19 años de la casa de sus padres, en pleno centro de la ciudad de La Plata, el 1 de octubre de 1976. A las 23:45, un grupo de aproximadamente treinta personas se bajó de diversos autos en la inmediaciones de 56 y 13. Cargando armas largas y cortas rompieron la puerta del número 1866 e ingresaron a la vivienda perteneciente a José Miguel y Nilda Ema. Revolvieron toda la casa y encontraron a la joven Nilda en la pieza que compartía con su hermana. Tras maniatarla, los invasores preguntaban a los gritos por Jorge Falcone, según ellos “el marido de Nilda”. Las puertas de metal de la habitación, que daban al patio central de la casa, quedaron abiertas. Allí parado, de uniforme, se encontraba el entonces comisario Miguel Etchecolatz, comandando el operativo. Ella lo observó por casi una hora, él le devolvía la mirada. Aquella noche la hicieron vestirse, la subieron a un Dodge 1500 celeste, y la condujeron al que sería su primer destino: el centro clandestino de detención La Cacha.
El 3 de octubre Nilda fue trasladada en un camión junto con otras treinta personas. Antes de llegar a destino los bajaron en una especie de campo. Los sobrevivientes creen que era el Parque Pereyra Iraola, porque sentían humedad en los pies y pastos largos. Les hicieron un simulacro de fusilamiento y les gatillaron armas descargadas en la nuca. Luego siguieron camino al Pozo de Quilmes. Ahí se encontró con Emilce Moler. En ese entonces, tenía 16 años y era muy delgada. Cuando llegó a Quilmes, se le caían las esposas por entre sus diminutas manos y un guardiacárcel se puso de mal humor. “¿Qué hacen trayendo gente tan chica?”, se quejó.
Emilce, en cuanto tuvo oportunidad, se acercó a Nilda.
—¿De dónde sos? —le preguntó.
—De La Plata, estudiante de Medicina —contestó con voz tímida.
—¿Cuándo egresaste?
—En el ‘74.
—¿Vos sos Morticia?
La llegada de la primavera suele ser motivo de festejo en el secundario de Bellas Artes. Sus estudiantes están a cargo de la decoración. Cuelgan telas de los techos y carteles de colores estridentes sobre las paredes. En una de aquellas celebraciones, Emilce Moler sale apurada del buffet con un sánguche en la mano. Entra a un aula iluminada con luz tenue y una escenografía que simula la fachada de una mansión cubierta de telarañas. Un sillón en el centro y sentada en él una joven de ojos rasgados, cabellera larga y cuerpo delgado. Se mantiene erguida, mira de costado. Personificando a la madre de la familia Adams, Nilda Eloy se yergue soberbiamente en el centro del espacio. Emilce la conoce de los pasillos: siendo dos años mayor, es una suerte de referente estudiantil. La recuerda subiendo las escaleras del edificio de 7 y 61, levantando el tono y cantando. Hay, en la observación de Emilce cuando la reconoció en el Pozo de Quilmes, cierta fascinación por esa joven alegre y con tantas ganas de llevarse el mundo por delante.
Nilda fue “legalizada” en el traslado al penal de Villa Devoto a mitad de 1977, quedando “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, como se decía cuando blanqueaban a los detenidos. Recuperó su libertad en octubre, después de haber pasado por seis centros clandestinos de detención. Nunca tuvo una causa judicial en su contra. Salió con terror. Por varios años le hizo caso a los represores: no habló. Creyó que iba a guardar silencio para siempre. Con la llegada de la democracia, la Conadep y el primer Juicio a las Juntas, Nilda siguió callada.
En 1998, días antes del encuentro nacional de la Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida vigentes, el fiscal español Carlos Fernández Castresana viajó a la Argentina. Era el autor de las denuncias contra las Juntas Militares de Argentina y Chile ante la Audiencia Nacional de España. Lo acompañaban Carlos Carly Slepoy y José Luis Galán, los principales abogados de la acusación. Estuvieron alrededor de diez días dando conferencias en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y La Plata.
“En el itinerario se encontraba Rosario, pero por razones meteorológicas se suspendió”, cuenta el fiscal a este medio por mail desde Madrid.
Cada conferencia versaba sobre el mismo eje: juzgar los crímenes de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo. En la tertulia platense se habló de la estrategia judicial contra Augusto Pinochet. Todavía no se había detenido al ex dictador chileno, ese acontecimiento llegaría unos meses más tarde. Al término de la charla, Nilda Eloy se acercó al fiscal. Era su primera salida pública a un evento de esas características.
—Solo le digo… gracias — y comenzó a llorar.
El fiscal —que la saludó con gentileza— no recuerda este evento en particular, pero para Eloy fue fundamental. Esa noche, luego de rechazar por una década las invitaciones de Emilce Moler, aceptó, y se sumó a su primer encuentro con sobrevivientes. Entre abrazos y anécdotas, encontró el lugar en que —según ella— pudo “hablar y tener dolor sin tener que dar explicaciones”. Así comenzó a militar en la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, se asumió como sobreviviente y se propuso, por años, el desafío de demostrar que en la República Argentina se había perpetrado un genocidio.
En 1992 Graciela Daleo viajó de Uruguay a Buenos Aires, y de allí a La Plata. Era la primera vez que volvía a la Argentina desde que se había exiliado en el país vecino. Como miembro de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, había sido invitada por la flamante organización “Felipe Vallese” a participar de una charla junto a Reyna Diez en un local sindical. Dos años después, volvió a la ciudad y compartió panel con Envar Cacho El Kadri, el histórico dirigente de la izquierda peronista. Para Graciela, socióloga, ex detenida desaparecida en la ESMA y perseguida judicialmente en plena democracia, fue la vuelta al país, y la posibilidad de reivindicación militante. “A partir de esos eventos, volví siempre”, concluye la que tiempo después se convirtió en la presidenta del colectivo.
Entre 1996 y 2005, la AEED llevó adelante el seminario extracurricular “Argentina posdictatorial, ¿sociedad de sobrevivientes?”, una iniciativa que había nacido en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires fundada en 1994 bajo la dirección de Osvaldo Bayer, y que continuó en la Universidad Nacional de La Plata. El seminario se realizó en las facultades de Periodismo y Trabajo Social de la UNLP, y alguna clase tuvo lugar también en la Calle 30, sede de la Asociación Anahí.
El seminario planteaba la hipótesis según la cual “la Argentina durante la dictadura fue un gran campo de concentración, que involucró a todos los actores sociales de la República Argentina, desde roles y lugares diferentes”.
En una década, la del ´90, donde los crímenes de la dictadura no se juzgaban, y aun bajo el yugo del estigma social, las víctimas directas del genocidio no dejaron de encontrar vías para buscar justicia. Los ex detenidos ya no eran sólo testimonios vivientes, sino sujetos políticos como Adriana Calvo y Graciela Daleo que movilizaban reclamos y discusiones sobre jurisprudencia a nivel internacional.
En rigor, el seminario fue una “escuela de derechos humanos” para muchas personas que comenzaron a comprometerse más activamente con los organismos de derechos humanos y con las organizaciones políticas. Fruto del seminario, surgiría el equipo editorial que llevaría adelante la revista Tantas Voces Tantas Vidas. El primer número fue presentado el 27 de octubre del 2000 por Osvaldo Bayer.
La Asociación, si bien nunca existió formal ni legalmente en La Plata -aunque el mismo Almeida insistió sobre ello-, tomó muchísima relevancia local por distintas causas. Entre ellas, por las actividades de reivindicación militante que se realizaban en la ciudad platense, por el seminario antes mencionado, y, finalmente, por los Juicios por la Verdad, que tenía asiento en los Tribunales Federales de 8 y 50. En esos pasillos se conocieron Rufino, Nilda y Julio López.
Cuando Claudia Bellingeri ingresó en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), era la única familiar de desaparecidos que formaba parte del equipo. Con Nilda se conocían desde chicas —“de vista”— por medio de una prima. Alguna vez fue a comprar al kiosco que Nilda tenía junto a su madre en calle 56 entre 12 y 13. En ese mismo negocio la conoció Carlos Zaidman, otro ex detenido que tras la desaparición del testigo López acompañó de cerca a Nilda quien, con otros compañeros y compañeras, formarían la Unión por los Derechos Humanos.
Fue en el edificio de 56 entre 3 y 4, sobre los restos de la antigua construcción de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), donde Nilda y Claudia se reencontraron, muchos años después de su secuestro. La DIPBA fue disuelta en 1998, y la sede y archivo fue entregada a la CPM en el 2001, que modificó rotundamente los objetivos de la sede: memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los Derechos Humanos en democracia.
“Con Nilda trabajábamos en el Archivo, y ella a nivel personal me ayudó un montón. Tuve que abrir mi causa sola, presentarla en el juzgado del juez Rafecas aún cuando ya había declarado. Me contuvo, era muy amorosa”, cuenta Claudia.
Además de Claudia, otros compañeros del Archivo destacan la memoria “prodigiosa” de Nilda Eloy. “Siempre me corregía los apellidos que yo recordaba mal”, rememora Claudia y suelta una carcajada. “Además, sabía escuchar. En ese tiempo tomábamos declaraciones, venía mucha gente, y ella tenía un encanto especial para acompañar esos testimonios”.
Entre 2004 y 2013 se aprobaron leyes de reparación económica para víctimas de la dictadura. Esto hizo que la CPM fuera un espacio al cual se acercaban cientos de personas de todo el país; buscaban información que acreditara los delitos que habían sido cometidos en su contra. Algunas personas querían dar testimonio, otras simplemente solicitar pruebas sobre los acontecimientos. Las personas llegaban sueltas, sin redes de contención; en algunos casos, ni siquiera las familias estaban enteradas. Para muchas, fue la oportunidad de hablar por primera vez.
Claudia y Nilda compartían mates, y a veces iban a comer a La Modelo, en 5 y 54. Mientras esperaban la carta, Nilda se prendía un cigarrillo y Claudia la retaba: “Che, tenés que fumar menos”. Nilda levantaba los hombros, miraba para el costado y pedía su plato favorito de la carta: salchicha alemana con porción de chucrut.
“Hablábamos de todo”, dice Claudia. “A ella no le costaba sincerarse rápidamente, exponer sus problemas (yo era más reservada): situaciones familiares, su exilio con su compañero en España, de las causas judiciales, ¡de la doma! A Nilda le gustaban mucho los caballos. Yo no entendía cómo le podía agradar eso”. Para Claudia el dolor se mantiene intacto, pero sonríe cuando la recuerda.
Hace algunos meses, ordenando su casa, Claudia encontró una cámara digital que le había prestado a Nilda para un viaje. “Tenía todas las fotos de la doma, creo que era en Córdoba, un día de estos se las voy a dar a Nuria”, dice, refiriéndose a la hija de Eloy.
La abogada Guadalupe Godoy, quién representó a ex detenidos en juicios por delitos de lesa humanidad, señala que Adriana Calvo y Nilda Eloy eran la representación “del laburo sistemático, recopilaron toda la información posible, todos los testimonios, lo que hicieron sigue usándose al día de hoy”. Frente a una estructura judicial y normativa no preparada para juzgar un genocidio, para la abogada “Calvo interpelaba todo el tiempo, siempre con un porqué, y así siempre corrió el eje de lo posible.
El 18 de septiembre de 2006, abogados y abogadas de seis organismos de Derechos Humanos que patrocinaban a ex detenidos (Nilda Eloy, Julio López y AEDD) ingresaron al Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, donde se realizaba el juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, con dos certezas: el testigo Julio López no había llegado a la audiencia e iban a alegar pidiendo que se caratulara el juicio por genocidio, una caracterización que parecía imposible de seguir por los jueces federales. Acordar esa estrategia no fue tarea sencilla. Si bien diversos organismos, organizaciones políticas y familiares de víctimas lo señalaban de esa manera, que un tribunal acompañara la demanda no era tarea fácil.
No lo sabrían entonces, pero en aquel juicio sería la última vez que verían a Julio López.
Cinco meses antes del alegato, la abogada Liliana Mazea, de la Liga por los Derechos del Hombre, asistía a un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Allí disertaría sobre genocidio el sociólogo Daniel Feierstein, acompañado en esa oportunidad por el juez Lijo. Con este magistrado, Mazea mantenía una controversia penal, ya que ella representaba a seis campesinos paraguayos sobre los que pesaba un pedido de extradición. Había decidido concurrir al seminario pura y exclusivamente para tratar de hablar con Lijo, y le pidió a Adriana Calvo que la acompañara. Finalmente, el juez no se presentó. Pero el debate alrededor de la figura legal del genocidio, en esa jornada, había sido muy álgido. “Había un grupo sentado detrás nuestro que nos decía que esa acusación no iba a servir, que solo había que hablar de lesa humanidad. La discusión fue subiendo de tono”, cuenta Liliana. Las abogadas salieron más convencidas que nunca.
Luciano Angeleri, El Chino, cantante y frontman de Don Lunfardo y el Señor Otario, aguarda sentado sobre el césped de Plaza Moreno a la altura de 51 y 12. Es 19 de septiembre de 2006. De frente, cientos de banderas de partidos, organizaciones y organismos de Derechos Humanos se despliegan frente al Palacio Municipal. Cientos de personas agolpadas aguardan: el juicio a Etchecolatz está a punto de llegar a su fin. Un pequeño escenario, improvisado con maderas negras sobre la plaza, espera vacío al borde de calle 12..
—Chino, no se sabe a qué hora es la lectura de la condena, eh —advierte un militante devenido organizador del recital.
—No pasa nada, a nosotros nos llamó Nilda y esperamos. Largamos apenas se lea, sea la que sea.
Dentro del Salón Dorado, diez oficiales del Servicio Penitenciario y un médico rodean al represor Etchecolatz. El presidente del tribunal toma el micrófono y se dispone a leer la sentencia. Etchecolatz es condenado y se levanta desafiante. Los espectadores se toman las manos, abandonan sus sillas, aplauden, vociferan, los gritos invaden la sala. Bombas de pinturas caen sobre el ex comisario. Rozanski pide calma.
—Por favor, por favor, por favor —prosigue el juez con la lectura del fallo más importante de su vida—. Todos delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983…
Adriana Calvo junta las manos, las levanta al cielo, se rasca la cabeza y se tapa la boca. Sonríe eufóricamente. Exactamente 103 días antes, se sentaba frente a la computadora de una amiga, abría el correo electrónico, buscaba la lista de debate interno de la Asociación y tipeaba algunas tareas para las próximas semanas. en el último punto de ese mail, enviado el 8 de junio del 2006, se leía:
“Breve alegato inicial, que hablen todos los bogas enmarcando estos casos como parte del genocidio…lo vemos la próxima con más detalle. Saludos. Adriana”.
Rufino en la marcha del último 24 de marzo
“En aquellos días parecía imposible”, reflexiona Rufino Almeida, dieciséis años después, mientras cae la tarde de un sábado otoñal de 2022. “El terror sistemático rompió familias. Todavía hoy, aunque no parezca, hay personas que no hablaron. La historia hay que seguir escribiéndola”.
Con la agenda repleta de actividades por la Semana de la Memoria, en la vuelta de los encuentros presenciales después de la pandemia, Emilce Moler tiene poco tiempo. “Los sobrevivientes no tuvimos el reconocimiento en su momento, y eso que pusimos la voz y el cuerpo”, suelta, en una charla después del último 24 de marzo. Luego hace un silencio y deja unas últimas palabras: “Pero bueno, nosotros también hicimos los juicios, no es poco. Y también llegamos acá con nuestras amigas. Con Adriana y con Nilda”.
Fuente:ViveLaPlata
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