Piden juicio contra Marcos Levín, la pata civil de la dictadura militar en Salta
El fiscal general Carlos Amad pidió el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Marcos Jacobo Levín, ex dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta, y Enrique Víctor Cardozo, ex oficial de la misma dependencia.
Ahora el juez federal Julio Bavio, a cargo del Juzgado Federal Nº1, es quien debe expedirse respecto al pedido del fiscal Amad. Sería el segundo juicio contra Levín por delitos de lesa humanidad, pues anteriormente ya fue condenado a 12 años de prisión por secuestro y tortura a un empleado.
Levín está acusado como instigador, Grueso como partícipe y Almirón-Cardozo como autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas; y por su duración de más de un mes en el caso específico de un detenido (delegado gremial), en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, hechos cometidos en perjuicio de 17 empleados.
De acuerdo con el titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal de Salta, los hechos imputados fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la exComisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Las detenciones se produjeron en momentos en que los trabajadores prestaban servicio para la empresa, estaban en los domicilios particulares, o bien, se efectivizaron en la Comisaría, adonde habían sido previamente citados. Todo ello se desencadenó a partir de una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, que fue asimismo un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
En esa denuncia, Levín acusó a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la empresa, que nunca quedó acreditada judicialmente. Fuentes judiciales detallaron que, durante los operativos de detención, intervino personal policial uniformado y de civil, y se utilizaron tanto vehículos policiales no identificados como rodados provistos por la empresa.
Según el fiscal Amad, las detenciones ilegales se realizaron siguiendo una lista provista por Levín, a través de Grueso, tal como han hecho los civiles acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Todos los trabajadores terminaron en la Comisaría 4ta ubicada en calle Lerma 656. Allí los imputados decidieron sobre la situación de algunos de los detenidos, todo de manera extrajudicial.
“Específicamente, determinaron el tratamiento represivo que se aplicaría a cada una de las personas detenidas, tanto en lo referente a la privación de libertad como en cuanto a los interrogatorios y torturas a las que serían sometidas, en particular las víctimas de autos”, resaltó el fiscal en la acusación. Amad cita testimonios que afirman que Cardozo, bajo supervisión de Almirón y Levín, torturó a los empleados: les vendaron los ojos, los maniataron y los desnudaron.
Para ocultar los gritos de las personas torturadas a golpes, torcimiento de sus miembros, uso de picanas eléctricas en partes sensibles, los policías encendieron una radio a alto volumen y un motor. Durante esas torturas las víctimas fueron tildadas de «subversivas» y se las interrogó sobre actividades sindicales y sobre la persona del delegado gremial.
Como corolario, fueron obligadas a firmar declaraciones cuyo contenido no se les permitió leer, en las que se auto incriminaron o incriminaron a otras víctimas y reconoceron los ilícitos que Levín había denunciado, según surge del requerimiento a juicio de la Unidad Fiscal de Salta.
Contexto histórico
La fiscalía sostuvo que “los hechos tratados en este proceso no son, en modo alguno, delitos aislados cometidos por una o varias personas. Al contrario, las conductas aquí reprochadas forman parte de un plan organizado y sistemático de represión ilegal, concebido y ejecutado desde la cúpula del aparato organizado de poder del Estado, cuyos objetivos no se limitaron a la faz represiva, sino que se proyectaron a las instancias económicas, sociales y culturales”.
“Bajo esta categorización social se persiguió o se detuvo a gran cantidad de personas: principalmente, dirigentes sindicales, políticos, estudiantiles y sociales; una gran mayoría de trabajadores, estudiantes, y personas vinculadas; inclusive, personas sin ninguna vinculación o participación política o social; se las alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo dependencia o control de las fuerzas armadas, se las interrogó con torturas, se las mantuvo en cautiverio sufriendo condiciones inhumanas de vida y alojamiento y expuestas a todo tipo de agresiones a su integridad física y psíquica, por parte de sus captores”, agregó el escrito fiscal.
En la acusación se acreditó que la Federación de Empresarios Salteños del Transporte Automotor de Pasajeros (FESTAP) adoptó una estrategia abiertamente represiva y remitió notas al jefe de la Guarnición Militar de Salta, al jefe de la Policía de la provincia de Salta y al jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, para que aplicara a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la ley nacional N°20.840, conocida como “Ley de Seguridad Nacional”, con lo cual pretendió dar cobertura legal a las acciones represivas ilegales.
La fiscalía reseñó que Levín aportó la lista de trabajadores que quería que fueran detenidos y también dio información de inteligencia para proceder con las mismas. Además, puntualizó que el empresario formuló la denuncia como disparador de las detenciones ilegales y los otros delitos de lesa humanidad sobrevinientes, que fueron posibles gracias al aporte de la estructura empresarial, que destinó vehículos para esos fines.
En rigor, la prueba cúlmine de su participación en los hechos, en calidad de instigador, sin embargo, provino de las propias víctimas, quienes en sus testimonios dieron cuenta de la presencia personal de Levín a toda hora en la comisaría Cuarta y en la sala de torturas. A Grueso también lo ubicaron siempre al lado de Levín y como intermediario con la cúpula policial.
«Del análisis del conjunto de la prueba recabada, la fiscalía concluyó que la policía manejaba información de inteligencia sobre los trabajadores, y que la principal fuente de esa información era Grueso, razón por la cual la fiscalía consideró que fungió como “partícipe necesario” en los delitos imputados», señala la acusación. Y agrega que Almirón fue quien dispuso y ordenó, en su calidad de comisario a cargo de la comisaría, la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de tormentos en contra de las víctimas en calidad de coautor junto a Cardozo.
«El ex jefe policial, además, fue acusado de haber impartido las órdenes necesarias para que el personal bajo su dependencia orgánica y funcional procediera a detener sin orden judicial a las víctimas y a torturarlas en el interior de la dependencia a su cargo, para lo cual puso a disposición de los autores directos los medios materiales e ideológicos necesarios, a partir del control que ejercía sobre sus subordinados», continúa la acusación.
Y concluye que, en ese marco, Cardozo, como oficial auxiliar, tuvo un rol material en los hechos imputados, ya que -de acuerdo con las pruebas ponderadas por la fiscalía- fue el encargado de infligir las torturas a las víctimas.
Fuente:BUUFO
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