URUGUAY.

 

¡Vamos por esta, Uruguay!

Por Enrique Ortega Salinas. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.

Porque la LUC no tiene ni una letra en contra de los delincuentes de cuello blanco y, por el contrario, les ayuda a lavar dinero.Porque el desalojo exprés es cruel e infame y planeado por gente que no tiene problemas de vivienda.Porque quiero que el INC otorgue tierras a quienes la trabajen y no a millonarios que viven en otra parte y pagan tres monedas a algunos peones para que ocupen su lugar.Porque no quiero un Zar manejando información secreta de todos los orientales.Porque no defiende a los buenos policías, sino a los prepotentes y abusadores.Porque es mentira que sin la LUC la Policía no podrá pedirte la cédula.Porque es mentira que si un delincuente entra a tu casa no podrás defender a tu familia.Porque quienes dicen defender a la Policía le han quitado salario real en dos años de gobierno herrerista.Porque es mentira que los delitos descendieron gracias a la LUC. Hicieron bajar los homicidios en los papeles porque de 80 muertes dudosas por año pasaron a 150. Hasta vimos diagnósticos de «muerte natural» en un muchacho de veinte y pocos años muerto en el penal.Porque quiero que los reclusos trabajen y/o estudien, dentro de un proceso de rehabilitación.Porque, aunque afirman defender a la educación pública, subrepticiamente, en la LUC, eliminaron el término «pública», aumentaron el poder de los políticos y desplazaron a los docentes.Porque es una maniobra para favorecer a los rompehuelgas y perjudicar a los trabajadores organizados para así poder imponer su política neoliberal hambreadora.Porque detrás de la LUC están aquellos que tuvieron récord de exportaciones a precios altísimos y se llevaron miles de millones de dólares para el exterior, mientras en Uruguay bajaban el salario a sus empleados.Porque viola el artículo 168, artículo 7mo., literal a de la Constitución, al haberse presentado como una ley cuando son centenares.Porque la LUC favorece a las empresas privadas que compiten con las públicas, a las que siempre el herrerismo quiso privatizar.Porque está hecha para favorecer a los poderosos y abusadores y mantener sometidos a los trabajadores.El 27 podemos perder; porque la lucha ha sido desigual; pero luchemos hasta el último segundo.No sea que, una vez más, tengamos que llorar mañana por lo que no supimos defender hoy.

Fuente:CarasyCaretas.

No Pudieron con La Gente

Por Juan Raúl Ferreira. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.

El pueblo llegó. Hemos vivido un proceso muy parecido a la juntada de firmas para convocar al Plebiscito del próximo domingo. Parecía que el titánico objetivo era imposible de lograr. Pero se lanzó la campaña porque creemos profundamente en la sabiduría popular. Estaba además la pandemia que hacia la tarea más difícil aún. Se pudo.

No solamente se llegó a las firmas necesarias para poner en funcionamiento el mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución. Algo más: el plebiscito del domingo próximo es el que ha sido convocado por mayor cantidad de firmas en la historia de Uruguay.

Vivimos en una democracia representativa. Pero nuestra Constitución, mas allá de ser perfectible, impone un juego de pesos y contrapesos que impiden la concentración del poder. Nos representan los legisladores. Más allá de que el régimen electoral a veces haga que la gente ni sepa a quién está votando (hojas sábanas, sublemas, cooperativas electorales, etc.), cuando la gente siente que el Parlamento no le representó o se excedió en su mandato, se pone en funcionamiento un procedimiento por el cual, por un día, todo ciudadano/a es legislador/a. Deroga o confirma una ley controversial. Es un mecanismo de democracia directa en el marco de un régimen representativo.

El domingo la gente podrá decidir sobre la ley de urgencia (LUC): deroga 135 artículos o los confirma. El soberano ejerce la titularidad de soberano, que en condiciones normales delega en los legisladores.

Así es el espíritu de nuestra Carta Magna: Separación de Poderes, pero la Suprema Corte (SCJ) puede declarar una ley inconstitucional, aunque solo para el caso recurrido. Los miembros de la SCJ, si logra las mayorías requeridas, son designados por el Parlamento. El Parlamento legisla, pero el presidente tiene iniciativa privativa en temas presupuestales. También tiene el poder del veto, pero el Legislativo puede levantarlo. Así es el carácter garantista de nuestro régimen constitucional. Ello permite que el

Domingo vivamos una verdadera fiesta democrática.

LLegamos con el caballo cansado, pero traemos “encendido y limpio el ideal que nos invitara a partir”.  Por eso es que tengo tanta confianza en el veredicto del 27 de marzo.

Aún en el medio rural, todos hemos hecho el puerta a puerta y hoy la gente sabe.

Sabe que con 3 días de retraso en el alquiler será moroso, y le podrán castigar con 60% de aumento y un “desalojo exprés” de seis días. Sabe que no será necesarios, para quienes adquieren campos de Colonización, vivir en ellos. Sabe que eso aumentará el despoblamiento de la campaña.

Las tierras las podrán adquirir los poderosos aunque vivan en Montevideo, Punta del Este o el Exterior. Durante su ministerio, Wilson quiso aplicar la obligatoriedad de residencia aún para los arrendamientos rurales. Y lo puso en Nuestro compromiso con usted, en el 71 y el 84.

Sabe de los aumentos de combustibles que autoriza la LUC. Y aunque el gobierno diga que a veces los va a bajar, no le creen. Un hombre con su casa en el medio del campo, a legua y media del vecino más cercano, me dijo: “Sube el combustible, sube todo. Pero si baja el combustible, lo que ya subió no va a bajar”.

Ya no es necesario, ni orden judicial, ni in flagrante delicto para ir preso. Basta conque un policía entienda que a su juicio una persona tenga “apariencia delictiva” para que termine en la comisaría. Referentes de enorme prestigio del Instituto Policial, retirados, se han manifestado contra estas normas.

Argumentos, el gobierno no tiene. Plata, sí: mucha. Se nota: cada diez balconeras del Sí puede aparecer una del No. Pero no hay tanda de TV en que no hagan lo que dijeron que no iban a hacer: utilizar el color celeste para insinuar que la camiseta juega con ellos.

Con plata y sin argumentos, el gobierno siembra el miedo. Creo que cuando se les quiere asustar con propaganda, los uruguayos reaccionan bien y encuentran la vuelta. Le prohíben la celeste, sale la Pantera Rosa, le prohíben la Pantera, salen sus pasos y su música. ¡Es un pueblo que le ganó un plebiscito a la dictadura!

La verdad es la verdad y se impone. Cuando se difunda este artículo habrá ya 65.000 hogares en situación de corte por retraso de pago a UTE. La plata la recaudan de los que menos tienen. Modelo viejo, agotado y perimido.

Por eso, esperamos con serenidad el resultado del escrutinio. Es la paz que, seguro, precede al festejo.

Fuente:CarasyCaretas.

Un voto por la democracia

Por Leandro Grille. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.

El maravilloso esfuerzo de una multitud fundamentalmente anónima le ha permitido a la sociedad uruguaya conocer y debatir un programa secreto, incluido arteramente en una ley de todas las cosas, aprobada por un procedimiento excepcional en el medio de una catástrofe sanitaria. Sin ese empeño encomiable de la gente, no habría referéndum ni polémica, ni títulos de prensa ni pronunciamientos de expertos, de políticos, de organizaciones sociales. Nos habrían cambiado las normas a lo bruto, aprovechando circunstancias terribles, estirando la Constitución como un chicle, sin posibilidad de apelación ninguna. Pero la gente organizada, esa maravilla de lo colectivo que sigue existiendo, pese a la constante prédica del individualismo, y la militancia, ese motor de lo social que no han podido derrotar con estrategias de mercadeo y dispositivos de propaganda, le puso freno a esa estrategia de oportunismo y ocultamiento y obligó a discutir, a mostrar todas las cartas sobre la mesa y a poner una fecha para que el pueblo, a través de las urnas, arroje el veredicto definitivo.

Este domingo tenemos que decidir sobre muchas cosas con un solo voto. Por cierto hay que decidir sobre los 135 artículos impugnados, pero también sobre una forma de gobernar que, en mi humilde opinión, no solo es inaceptable en términos constitucionales, es inadmisible en sentido moral: no se puede legislar así. No se puede utilizar la oportunidad de ejercer el poder para arrear con el poncho a todo el mundo, como si no tuviéramos derecho, con independencia de identificaciones políticas, a saber lo que se nos propone, a estudiar con detenimiento los cambios que afectan a nuestras vidas y a decidir con calma, tras un procedimiento sereno de diálogo, negociación y, en última instancia, votos de los representantes.

Este referéndum antes de la mitad del mandato se produce, en primer lugar, porque el presidente eligió el camino de la soberbia y la desestimación de los uruguayos que no lo votaron. Actuó desde el principio como si gozara de un respaldo descomunal, sin la humildad que aconsejaba la conciencia de que había ganado por un puñado de votos y en segunda vuelta. Acaso Lacalle Pou creyó que este era un juego de todo o nada, en el cual una ventaja exigua era lo mismo que un triunfo apabullante. Pero se equivocó y a partir del lunes, mucho más allá del resultado, es imperativo que revise su conducta y comience a considerar la legitimidad de los otros, los cientos de miles de uruguayos que no adhieren a su proyecto de hondas raíces conservadoras y neoliberales y que también existimos y tenemos derecho a ser oídos y tomados en cuenta.

Desde el arranque, este gobierno, y especialmente su presidente, eligió gobernar en una lógica de unos contra otros. Como si conducir Uruguay fuera una lucha contra un enemigo interno. Gobernar con rencor, con profundo desprecio por las organizaciones sociales, por el Frente Amplio, por los últimos 15 años, pero sobre todas las cosas, con un profundo desprecio de clase. Solo en esa lógica de razonamiento puede comprenderse que hayan dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la persecución, al hostigamiento organizado, al denuesto de los opositores, como si fueran enemigos a suprimir, a erradicar o, en su defecto, a ignorar olímpicamente.

Este domingo hay que resolver también sobre esas cosas. Porque la semana que viene sigue gobernando el mismo presidente, los mismos ministros y las mismas mayorías parlamentarias. Porque le quedan tres años de mandato y tres años es un montón de tiempo, más tiempo que el tiempo que lleva gobernando. Y es absolutamente indispensable que cambie su tesitura, que se baje del caballo de la arrogancia y desista de su obsesión por ensanchar una grieta que, en el seno de la sociedad, termina por afectar la convivencia cotidiana de la gente, envenenada por un odio absurdo e inconducente.

Se han vertido muchos argumentos sobre los artículos de esta ley, de esta mala ley en su contenido y peor aún en su gestación. Pero el argumento definitivo para anularlos no estriba ya en los cambios perniciosos introducidos en ella, sino una consideración central sobre el sentido de la democracia. Imaginemos qué sucedería si cada gobierno nuevo eligiera este procedimiento previsto para otros fines, para llevar adelante su programa total. Imaginemos un país donde, cada cincos años, un nuevo gobierno enviase una norma de 500, de 1.000, de 2.000 artículos sobre 50 o 100 temas que atañen al Estado y a la vida social. Imaginemos ese instrumento en manos de cada presidente, en las primeras semanas de se mandato, usado a discreción, cuando sabemos que se aprueba por defecto, es decir, sin necesidad de pronunciamiento de las cámaras, después de un tratamiento ridículamente corto, sin otra posibilidad de pataleo que salir a juntar 800.000 firmas en seis meses, para tener la chance de pronunciarse, aunque sea por un conjunto de sus artículos.

Esa no es la forma de cambiar, esa no es la forma de gobernar. Eso solo puede servir para destruir las bases mismas de nuestra democracia y cultivar el desencuentro, la incertidumbre y el odio.

Fuente:CarasyCaretas.

Mentiras del Sr. Lacalle Pou en su cadena

nacional

Por Sergio Rodríguez. Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.

Violando el Articulo 77 Nral 5to de la Constitución el presidente participo en un debate político solamente a cuatro días de llevarse a cabo la instancia de referéndum. Ese artículo solamente nombra al presidente y a los Ministros de la Corte Electoral prohibiéndole participar en contiendas políticas.

Alguno de ustedes se imagina alguno de los ministros emitiendo su opinión actualmente en el presente escenario?  Este  es un repaso de porque sostenemos que falto a la verdad casi que en forma permanente durante la emisión de su cadena.

Se debe tener presente que las preguntas estaban pautadas de antemano por lo que voluntariamente decidió no referirse a tema de combustibles ni a colonización. Arranca el discurso refiriendo a la cuarentena obligatoria que nada tiene que ver con el contexto del referéndum. Pone como eje y  cartel de su gestión la pandemia. Miente la Ley no tiene su base en los reclamos populares. Quien puede pedir ser desalojado en forma exprés, quien puede pedir que la policía tenga arbitrariedad para actuar. Insiste en un supuesto «respaldo jurídico» a la policía. El Instituto de Derecho Penal de  la Facultad de Derecho ha concluido que las normas referidas a la policía son repeticiones de otras ya existentes.

Respecto a la Educación habla de la gestión del Frente Amplio, dice que su gobierno  eligió  herramientas estas son: recorte de gasto, autoritarismo, división en el estatuto docente, debilitamiento de las instituciones públicas etc.

Refiere al capítulo Laboral, dice el que protege los dos derechos, pero miente: la LUC debilita la huelga, es inconstitucional esto ha sido sostenido por todos los especialistas en la materia. Sobre regla fiscal no defiende la LUC habla del concepto de regla fiscal. Omite claramente una extensa lista de recortes en gasto social que ha habido.

Sobre libertad financiera refiere a normas creadas en Montevideo, son argumentos de cantina de club, absolutamente inconsistentes, quien busca trabajo no tiene libertad de negociar sus condiciones de trabajo.

Sobre los alquileres incurre en el mismo error, no protege al inquilino sino que empeora al régimen anterior. Dar la libertad en el plazo del contrato no protege al débil. Los contratos de alquiler sin garantía de la LUC no se han generalizado.

Sobre adopciones otra vez MIENTE, las normas que van a referéndum NO AGILIZAN la adopción. La LUC NO ACELERA ADOPCIONES les quita transparencia. Demuestra absoluto desconocimiento de la materia de adopciones.

Dice el Sr. Presidente  que no se aprobó con apuro, realmente es insólito se aprobó en menos de 80 días, las delegaciones tenían quince minutos para exponer. Dice que es una buena Ley por el tiempo que ha transcurrido. Los perjuicios que se anunciaban no han sucedido… Realmente parece que el presidente vive en otro planeta. Los ciudadanos todos han perdido derechos y  garantías. Se han instalado procesos de privatizaciones incontrastables e indiscutibles.

ANTEL ya empezó a perder clientes. Esa fue su exposición, repitió eslóganes, dio la orden de que no hubiera más debates. Entre las preguntas pautadas se planteo que el referéndum no le permitía gobernar, el presidente valoro la LUC no contesto directamente la pregunta.

En síntesis esta columna es breve porque el presidente no aporto nada nuevo al debate, solamente violo la constitución se puso a la par de APARICIO MENDEZ quien llamo a defender la Constitución de la dictadura en 1980. Por eso el domingo 27 de marzo  los buenos blancos VOTAMOS SI.

Fuente:UyPress.

«A quien más impacta la LUC es a 

las mujeres»

Por Sofía Pinto Román. Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.

La Intersocial Feminista, que nuclea 30 colectivos que luchan por los derechos de las mujeres, lanzó la campaña #JuntasSíPodemos para militar por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en lo que denominan «un llamado a votar pensando en las mujeres que peor la están pasando».

Desde la Intersocial entienden que la LUC «es una ley inabarcable, votada a contrarreloj, orquestada de espaldas a la ciudadanía y presentada después de las elecciones. En sus 476 artículos trata 36 temas diversos; ninguno urgente». A las mujeres, «cuidar la calidad democrática de nuestro país nos moviliza. Por eso, desde la Intersocial Feminista definimos promover el referéndum de forma unánime».

Con esta campaña la Intersocial pone sobre la mesa una perspectiva importante: todos los temas son temas de las mujeres, y los temas que afectan especialmente a las mujeres son temas de todos. Camino a una elección obligatoria, la voz de mujeres organizadas se alza para hablar y posicionarse sobre temas universales; por supuesto, desde una mirada atravesada por las desigualdades de género.

«Mientras la incertidumbre nos encerraba en nuestras casas y el 100% de los medios transmitían la pandemia, el espacio para el intercambio y las modificaciones fue nulo. Si bien todo el proceso de la LUC es cuestionable, su tratamiento parlamentario dejó más que desear: la mayoría de las organizaciones y especialistas no tuvieron más de 10 minutos para presentar sus análisis y muchas, aun siendo expertas, no pudieron ser recibidas», justifica la Intersocial en el texto de lanzamiento de la campaña.

Armaron su propia convocatoria porque «tenemos la firme y estudiada convicción de que gran número de los 135 artículos seleccionados afectan de forma negativa la vida de las mujeres y especialmente la vida de las más vulnerables: afro, trans y las más pobres. Ganar este referéndum pensando en todas las mujeres sería nuestro tercer y mayor triunfo».

La Intersocial publicó una serie de placas en sus redes sociales con información sobre el impacto diferenciado de la LUC sobre las mujeres.

Si sube la nafta, sube todo

A quien más empobrece la LUC es a las mujeres jefas de hogar. Los aumentos en el precio de la nafta, aseguran, afectan a toda la cadena: comida, vivienda, educación y salud.

Planificar la economía «es justamente una tarea de gobierno. Ninguna familia puede aguantar subas mensuales de combustibles, no importa el transporte que utilicen. Los salarios e ingresos de la mayoría no suben mensualmente y de hecho están bajando».

Sobre los artículos 235, 236 y 237, referidos a combustibles, dicen: «No hay bolsillo que alcance y menos los de las mujeres, que en Uruguay estamos más desempleadas, tenemos más trabajos informales y ganamos un 25% menos que los hombres».

No significa lo mismo un aumento anual de los combustibles de un 20% en un hogar de un hombre que en el hogar de una mujer. La proporción de hogares monomarentales constituye un 11,1% versus un 1,9% masculinos, por lo que un sueldo de esas mujeres debe sostener toda la economía de la familia con un 20% menos que el año pasado.

Además, luego de diez años de tener el primer hijo, las mujeres sufren una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres de características similares sin hijos. Todo esto, sin entrar además en la pérdida de salario «que nos destruye la calidad de vida y tiene cada vez más infancias y mujeres en la pobreza».

Mujeres y microtráfico

El artículo 74 de la LUC agrava las penas de microtráfico en los casos en los que se ingrese droga en la cárcel o se venda droga en el hogar. Un delito que en el caso de las mujeres es cometido por personas en situación de vulnerabilidad, en muchos casos extorsionadas por parejas y familiares presos que demandan el ingreso de 15, 20 o 40 gramos de marihuana a las cárceles, aseguran desde la Intersocial.

La medida ha provocado una explosión de mujeres presas en el sistema carcelario, mujeres que dejan afuera hijos, que sin su cuidado, quedan en situaciones extremas y en muchas ocasiones son enviados al INAU.
El artículo establece, además de una pena que la organización califica como «sumamente excesiva, un régimen de una desigualdad muy grande con aquellos narcotraficantes que, por ejemplo, están esperando su juicio en situación de prisión domiciliaria».

Así, la LUC plantea «una doble injusticia sobre mujeres en situación de pobreza y de violencia de género, un castigo del sistema penal agravado por la Ley de Urgente Consideración».
El 50% de las mujeres que están presas en la actualidad están cumpliendo penas por microtráfico. La comparación 2019-2021, presentada en el gráfico de abajo, muestra aumentos considerables en el número de mujeres privadas de libertad.

Menos laica, menos gratuita y menos obligatoria

«Los cambios en la educación pública impactan en la vida de las mujeres en múltiples formas. Por un lado, se trata de un sector donde la mayor parte de quienes trabajan son mujeres, específicamente el 90% del cuerpo docente. Sin obviar a sus pares varones, maestras, profesoras, educadoras y adscriptas han sido y son las que hacen frente e implementan mayoritariamente las políticas impuestas por los gobiernos», aseguran desde la Intersocial.

Hay 34 artículos que impactan a la educación incluidos en los 135 que se someterán a referéndum el próximo 27 de marzo; la organización hace énfasis en tres: educación en primera infancia, participación y privatización de la educación.

En los últimos años, argumentan, el Estado estaba incrementando su corresponsabilidad en los cuidados y su atención a la educación en la primera infancia, expandiendo progresivamente la obligatoriedad de la educación. El artículo 140 de la LUC plantea que la educación para quienes cumplen tres años no es obligatoria a texto expreso.

¿Qué implica esto? Por un lado «pone en riesgo prestaciones ya existentes como las asignaciones familiares y las becas estudiantiles. Además, perjudica a niños y niñas de sectores vulnerados eximiendo a sus responsables de llevarlos a un centro educativo y así les impide recibir un estímulo psicomotriz que favorece el desarrollo a temprana edad».

En cuanto a la participación, los artículos 148 y 156 de la LUC eliminan los Consejos de Educación en inicial, primaria, secundaria y técnico profesional. Sustituye los Consejos por direcciones unipersonales, es decir, una persona en vez de un conjunto de personas tomará decisiones sobre un sistema que abarca a 700.000 estudiantes y 60.000 docentes. Estos cambios «empobrecen la política educativa concentrando en una persona decisiones complejas y diversas de gestión e implementación de políticas».

Haciendo obligatoria la educación en primera infancia «se vela por los derechos de las infancias de mayor vulnerabilidad social. Un Estado que anula esta posibilidad es un Estado que deja de aumentar e invertir y garantizar cupos en CAIF y otros centros educativos formales y no formales. Sin cupos en estos centros, el peso de los cuidados recaerá nuevamente sobre las mujeres y, sobre todo, en las mujeres sin recursos para costear una educación privada», sentencian.

Además, denuncian la privatización de la educación, que no significa que deja de ser pública, sino que «se jerarquiza la visión privada, la visión que viene del mercado y que establece que el acceso a un derecho solo es posible pagando una retribución».

En suma, «con la LUC se pierde la visión de las protagonistas de la comunidad educativa» y se pasa a una educación «más excluyente, menos participativa y menos pública».

Mujeres rurales sin acceso a la tierra

Los artículos 357 y 358 de la LUC permiten al colono o colona no vivir y no trabajar “directamente” la tierra y solamente “supervisar” el trabajo, «desvirtuando la naturaleza del Instituto», situación en la que podrían encontrarse jerarcas del gobierno y algunos legisladores, señala la Intersocial, y cabe recordar que hace unos días Búsqueda dio a conocer documentos sobre posesión de tierras de Colonización de la familia Manini Ríos-Moreira.

Los efectos de esta políticas «cortan nuevamente por el eslabón más débil: afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del BHU: pequeños/as y medianos/as productores/as que quedarían a merced del mercado de tierras y que, en un contexto de altos precios, serán presa fácil de los grandes capitales, nacionales y extranjeros», dice la Intersocial.

En Uruguay, aún se conservan inmensas brechas de desigualdad de género en el acceso a la tierra producidas en parte por años de historia en los que las mujeres no eran reconocidas como beneficiarias directas de la política de acceso a la tierra ni como trabajadoras rurales.

El 80,3% de las explotaciones están gestionadas por varones, mientras que apenas el 19,7% son lideradas por mujeres que ocupan solamente el 11% de la superficie.

En 70 años de historia del INC se entregaban tierras a familias en forma de titularidad individual, con las características que esto supuso en términos de relaciones de género. Recién en 2018, la Ley 19.781, consagra la titularidad conjunta de la pareja como forma de colonización. De esta manera se garantiza el acceso igualitario de la mujer a los derechos y obligaciones de la colonización, en particular la tierra y la vivienda.

La política de cotitularidad conyugal/concubinaria explica el ingreso del 84% (que corresponde a 115) de las mujeres titulares de tierra de unidades familiares solamente para el período 2015-2018. Según Cepal, la proporción de tareas no remuneradas que realiza una mujer rural es mayor a la de una mujer urbana, y mucho mayor que la de los hombres, sean urbanos o rurales.

El estudio destaca además que las mujeres juegan un rol fundamental en la transmisión del conocimiento, incluyendo la memoria histórica y los saberes técnicos como el manejo agroecológico, por lo que expulsando a esta población del campo el país pierde mucho más que puestos de trabajo, pierde memoria, cultura e identidad.
Para la Intersocial, «el INC es una de las pocas herramientas que tienen las mujeres rurales de acceder a la propiedad o usufructo de la tierra. Desmantelarlo las dejaría con las manos vacías».

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Fuente:CarasyCaretas.

Sordos en la Educación Pública: 

Inequidad, injusticia, insensibilidad

Por Adriana Riotorto. Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.

gual que en años anteriores, tanto en Montevideo como en el interior, los cursos en muchos centros de estudio con estudiantes sordos integrados dan comienzo sin la presencia ineludible de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya. Esta situación de vulneración de derechos no sólo contraviene la legislación vigente sino que, además, genera angustia e indignación entre los estudiantes sordos, sus familias y la comunidad sorda uruguaya.

Es marzo, un mes emotivo para un enorme grupo de personas. Comienzan las clases y con ellas ansiedad, reencuentros, expectativas, un nuevo ciclo.

Los centros educativos son el lugar para socializar, aprender y donde comenzar a visibilizar un proyecto de vida, porque la educación en definitiva nos ayuda a ser, a formarnos como seres humanos, como seres cívicos, porque las aulas nos obligan a convivir con las diferencias, nos enseñan a conocernos, a manejar las frustraciones, a ser empáticos y aprender que somos “el otro” de “los otros”.

Todo esto le es vedado a las personas sordas, les arrancamos sus sueños y la posibilidad de realizarse y realizarlos; porque, como todos los años, comienzan los cursos sin intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, por lo tanto, sus planes y expectativas, frustrados.

Los estudiantes sordos hoy no están en las aulas, una vez más, pero no por su voluntad ni por la de los intérpretes, sus mediadores en la comunicación y su instrumento para estar en ellas en igualdad de condiciones, sino por indiferencia, inoperancia y falta total de empatía de un grupo de personas que deberían velar por el cumplimiento de la “Ley de Educación”, del “Protocolo de Inclusión educativa para personas con discapacidad en centros públicos y privados” y, fundamentalmente, de la ley 18.651 de “Protección integral  de personas con discapacidad”.

Si hablamos de derechos, equidad, equiparación de oportunidades, inclusión, integración social, ésta es la vulneración de derechos más flagrante que puede sufrir una persona, es una vejación. Dejar a una persona sorda sin intérprete durante quince o veinte días, sin recibir información en su lengua, es no sólo dejarla aislada, es quitarle la oportunidad de ser educada y, lo que es más grave, dejarla en la situación de desigualdad más absoluta que se pueda imaginar, ya que su grupo de pares (el de los estudiantes oyentes) sigue adelante con sus estudios, sin ellos.

Son los intérpretes los que habilitan la comunicación pedagógica, esa interacción e influencia mutua entre profesores y estudiantes, entre iguales y con la institución educativa, para alcanzar aprendizajes significativos.

La mayoría, frente a esta realidad que desespera e impide acceder no sólo a la educación formal, sino también a todo lo que implica estar y pertenecer a un centro educativo, abandonan, decepcionados una vez más, por confiar en aquella promesa que todos como sociedad hicimos: la construcción de un país equitativo, que da las mismas oportunidades a todos, sin importar su capacidad, raza, origen o clase social.

Y les fallamos, una y otra vez, les fallamos.

Esa equidad existe sólo en papeles, las leyes no cambian realidades per se; sólo ayudan a hacerlo, siempre y cuando las personas nos apropiemos de ellas y las transformemos en parte de la realidad.

Los únicos que pagan las consecuencias de esta mala gestión son las personas sordas y los profesionales que los acompañan, los intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, que también las sufren al no poder tomar sus horas en tiempo y forma, y que, por razones totalmente ajenas a su voluntad, pierden la posibilidad de trabajar y, con ello, el salario, los beneficios sociales, la salud, entre otras cosas de no menor importancia.

No vemos ninguna otra cabeza rodar por esta atrocidad más que la de inocentes, que esperan una solución de quienes tienen el poder de hacerlo.

Las personas sordas son las que llevan la peor parte. Ellos, en situaciones normales, ya se encuentran en desventaja por habitar en un mundo hablante de otra lengua, con otra cultura, y van a tener que esforzarse el triple para, de alguna manera, tapar ese hoyo negro que forzosamente se genera como consecuencia de que todo el centro educativo siguió con su ritmo normal de aprendizaje, mientras ellos, en sus casas, esperan una solución; y es por ello que en un gran porcentaje abandonan sus estudios con esa tan conocida sensación de  impotencia, de hartazgo.

No hay justificativo posible para esta inequidad, esta injusticia, sólo la insensibilidad, el desconocimiento de la importancia que este hecho tiene y que afecta a una enorme comunidad sorda de todo el país, que durante décadas y décadas vio trunco su desarrollo académico por no contar con las herramientas mínimas que les permitieran ser parte.

Los ilusionamos a partir del año 1996, abriendo Secundara por primera vez con intérpretes, y UTU y la Universidad en el año 2006, pero en la realidad fue y es una gran pompa de jabón que explota cada año cuando en marzo suceden estas cosas y todas las promesas se esfuman en el vacío injustificable de la nada.

No más disfraces a situaciones de flagrante mal desempeño, de desinterés, de falta de empatía, de falta de profesionalismo.

Quiero, queremos, ponerles caras a los responsables. Hay culpables, no puede quedar impune el dolor causado a tanta gente.

Exijo, y deberíamos exigir todos, una solución ipso facto a esta situación.

No seriamos una sociedad justa y equitativa si así no lo hiciéramos.

NOTA: El dibujo que ilustra esta nota es obra del dibujante, ilustrador y diseñador, sordo de nacimiento, Rodrigo González.

Fuente:SemanarioVoces.

Observatorio de Udelar: tierras para

el INC afectadas por la LUC son de

“gran valor en el mercado”

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.

“Las fracciones afectadas por la LUC, que pueden ser puestas por los dueños a la venta sin restricciones, van a tener potencial de compra por el sector agroindustrial tanto de la agricultura como de la silvicultura (..) y no así por los pequeños productores”, concluye el informe del Observatorio de la Cuestión Agraria de la Udelar.

El Observatorio de la Cuestión Agraria (OCAU) de la Universidad de la República elaboró un informe que analiza los efectos territoriales de las fracciones establecidas en las Colonias del Instituto Nacional de Colonización (INC) que se ven afectadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC), en sus artículo 357 y 358.

El “informe de coyuntura” fue realizado en el marco del referéndum del próximo domingo 27 de marzo, en el cual la ciudadanía tendrá la opción de anular o ratificar 135 artículos de la LUC.

Desde el OCAU, señalan que actuaron amparados en el artículo 2 de la ley orgánica de la Universidad de la República (UdelaR), el cual establece que se debe “contribuir al estudios de problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia libertad, bienestar social, los derechos de las personas humanas y la forma

democrático-republicana de gobierno”.

Artículo 357

El primer artículo de la LUC referente al INC, analizado por el observatorio, es el 357. Éste versa sobre la declaración sobre parcelas que integran colonias:

“Sustituyese el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 18.756, de 26 de mayo de 2011, por el siguiente: “ARTÍCULO 5º.- Declárese que no están afectadas ni comprendidas por la Administración y el régimen instituido por la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, y sus modificativas, las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay”

Desde OCAU explican que estos predios formaban parte de la cartera de tierras del BHU antes de la creación del INC, “las cuales quedarán libres de enajenación, o sea que se podrán vender por fuera de la autorización del INC”.

Los predios aludidos representan unas 58.574 hectáreas y significan un 9,5% del total de gestión de tierras del INC.

A esto agregan que “si el INC tuviera dinero para comprar la venta de estas fracciones la tierra seguiría en manos del INC, pero la ley de presupuesto 19.924 y la ley de rendición de cuentas

19.996 no prevé partidas extras para la compra de tierras, por tanto, dichas fracciones podrán ser incorporadas al mercado sin previa autorización de compra por parte del INC”.

En un resumen del informe, el OCAU asegura que de estas tierras un 44,5% se concentran en la franja de precios de 30001 a 5000 dólares por hectárea y un 41% en la franja siguiente, de 50001 a 10.000 dólares por hectárea, es decir, que son “tierras con gran valor en el mercado”.

Asimismo, indican que “en relación al vínculo de las tierras con la cadena de la agricultura industrial (agronegocio)”, el 85,7% de esas tierras “pertenecen a grupos de suelos de fertilidad natural alta y muy alta”.

También hacen constar que el 24,9% de las fracciones afectadas se encuentran en suelos de prioridad forestal y casi de la mitad de éstas están a menos de 100 kilómetros de las empresas forestales UPM, Montes del Plata y Lumin.

Todos estos datos llevan al observatorio a concluir que “las fracciones afectadas por la LUC, que pueden ser puestas por los dueños a la venta sin restricciones, van a tener potencial de compra por el sector agroindustrial tanto de la agricultura como de la silvicultura (forestación) debido a sus características de suelos, de localización y del precio de la tierra y no así por los pequeños productores”.

“A su vez, la ley vigente permite que las colonias se fragmenten con interés netamente agroindustrial basado en uso privado y no social de la tierra”, añaden.

Artículo 358

El otro artículo de la LUC analizado es el 358. Su redacción redefine el concepto de colono:

“Sustituyese el literal B) del artículo 61 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, por el siguiente:“B) Trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados. El Directorio del Instituto podrá autorizar la excepción a la obligación establecida en el inciso anterior, cuando se trate de colonos que cumplan los siguientes requisitos:

1) Hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años.

2) Hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere.

3) Invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar. En caso de que se invocaren razones de salud debidamente fundadas antes de los diez años de radicación se podrá excepcionar de tal obligación con el voto conforme de cuatro miembros del Directorio”.

Desde OCAU entienden que la modificación “afecta la residencia de los colonos en las colonias, pasando a ser más flexible su radicación”.

El Observatorio parte de la hipótesis de que ambos artículos “presionan hacia la venta de las tierras afectadas y que van a ser vendidas por las y los actuales dueños, terminando en manos de sociedades anónimas o en medianos y grandes productores”.

Agregan que “en una competencia de mercado (las tierras afectadas) no serán apropiadas por productores pequeños/as que son quienes presentan mayores limitaciones al acceso de tierras en el país”.

“En definitiva, dichos artículos de la LUC terminan por afectar al Estado, a los pequeños productores que se ven limitados en el acceso a estas tierras, por tanto, se atenta contra el concepto de colonización definido en el artículo 1 de la ley misma de colonización (11.029) el cual sostiene que se debe de “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”, concluyen.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Fuente:CarasyCaretas.

Envio:RL